Acusado de violentar reglamentos internos y de actuar de manera discrecional, el Magistrado José Luis Vargas fue destituido ayer como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Cinco de los siete integrantes de ese organismo votaron por la remoción del Magistrado Vargas a sólo nueve meses de que asumió las riendas del Tribunal Electoral y a cinco días de que fue reabierta la investigación de enriquecimiento ilícito que presentó en su contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Los Magistrados Janine Otálora, Felipe Fuentes, Indalfer Infante y Reyes Rodríguez avalaron la propuesta del Magistrado Felipe de la Mata de poner a discusión el desempeño de Vargas.
Los juzgadores enlistaron una serie de agravios y abusos en el actuar de Vargas al frente del Tribunal Electoral, como discrecionalidad al momento de distribuir los expedientes a revisión, falta de respeto a los miembros de órganos administrativos y descalificación a las votaciones de sus pares, a quienes hace una semana acusó de votar “en manada”. (Guadalupe Irízar, Reforma, P.p. Alonso Urrutia, La Jornada, Contraportada)
La crisis que ha vivido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desde hace meses terminó ayer en una rebelión de cinco de los siete magistrados que integran su Sala Superior, que llevó a que, hoy, este órgano jurisdiccional tenga dos presidentes, en medio —todavía— de la discusión de impugnaciones sobre el reciente proceso electoral.
Y es que, ayer, la magistrada Janine Otálora y los magistrados Felipe Fuentes, Felipe de la Mata, Indalfer Infante y Reyes Rodríguez buscaron que se incluyera en la sesión pública un punto para discutir el desempeño del magistrado presidente, José Luis Vargas, con miras a su destitución. El punto fue presentado por el magistrado Felipe de la Mata. Vargas Valdez y la magistrada Mónica Soto, se opusieron.
En consecuencia, el magistrado presidente decretó un receso de la sesión. La magistrada Janine Otálora, entonces, hizo uso de su facultad de magistrada decana del TEPJF y convocó a todas las magistraturas a sesión.
En una nueva reunión en la que no estuvieron presentes el magistrado presidente, José Luis Vargas, ni la magistrada Mónica Soto, los otros cinco magistrados votaron por unanimidad la destitución del titular, al que calificaron de poco ético, de incumplir con obligaciones legales, constitucionales y reglamentarias, así como de faltar el respeto a los integrantes del pleno, entre otros. (Ariadna García, El Universal, P.p.)
El “golpe de Estado” se consumó, y hoy, el Tribunal Electoral tiene dos presidentes. El magistrado José Luis Vargas Valdez fue destituido por una mayoría que lo acusó de traiciones y abusos, y él desconoció a Reyes Rodríguez Mondragón como su sustituto y alegó ejercicio indebido de funciones.
En el transcurso de este miércoles, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvo tres presidentes: una decana, un expulsado y otro con nombramiento exprés. Y nadie tiene la absoluta certeza de cuál es el constitucional y cuál se quedará sólo como legítimo.
Aún más, Vargas Valdez informo que recurrirá a la SCJN para que defina quién es el presidente del Tribunal electoral.
Este diferendo entre los integrantes del TEPJF se da a semanas de que deban resolver en definitiva las impugnaciones de las elecciones de gobernador como Guerrero y Michoacán.
Después de que hace una semana Vargas Valdez acusó a sus compañeros de votar en manada, ayer por la tarde lo sorprendieron en sesión pública con la petición de Felipe de la Mata Pizaña de agregar en el orden del día el análisis de sus desempeño, lo que los llevó a un debate de una hora que el entonces magistrado presidente dio por concluido de manera unánime ordenando suspender la transmisión que cientos de personas veían como pocas veces, para analizar en privado si sometía a votación o no la petición. (Jannet López Ponce, Milenio, P.p. Arturo Ramos Ortiz, la Crónica de Hoy, P.p. Magali Juárez, La Razón, P.p. Aurora Zepeda Rojas Excélsior, P.p.)
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se sumergió en una crisis a causa de la división de dos grupos, lo que culminó en la definición de que el máximo órgano electoral lo presiden dos magistrados: José Luis Vargas Valdez y Reyes Rodríguez Mondragón.
Cinco de los siete magistrados dieron un albazo para remover a Vargas Valdez como presidente de la Sala Superior del órgano electoral y sustituirlo por Rodríguez Mondragón.
Ayer, al arrancar una sesión ordinaria del Tribunal, los magistrados Felipe Fuentes, Janine Otálora, Indalfer Infante, Felipe de la Mata y Reyes Rodríguez presionaron para meter de manera sorpresiva un punto para analizar el desempeño de Vargas Valdez al frente del Tribunal.
En ese momento, Vargas Valdez ya advertía un intento de “Golpe de Estado” en su contra y adelantó que no renunciaría a su cargo. Tras una hora de debate y al ver que los cinco magistrados seguían presionando, el presidente suspendió la sesión.
Más tarde, los cinco magistrados convocaron a una nueva sesión de la Sala Superior, bajo la conducción de la magistrada Janine Otálora —sin la presencia de Mónica Soto, ni José Luis Vargas—, donde se definió remover al presidente del TEPJF y ahí mismo asumió Rodríguez Mondragón. (Misael Zavala, El Heraldo de México, P.p.)
En México, la variante Delta del virus SARS-CoV-2 presenta una mayor circulación en siete entidades, alertó Sylvain Aldighieri, Gerente de Incidente para covid-19 de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
No obstante, aclaró que aunque dicha variante tiene una elevada transmisibilidad, no existe evidencia científica en torno a que pueda ser más peligrosa, ni que esté asociada a una mayor gravedad en pacientes adultos, en jóvenes o en menores de edad.
Con 67 por ciento, la variante Delta ha venido desplazando a las variantes Gama y Alfa que contaban con un 14 y 25 por ciento respectivamente de las secuencias acumuladas.
La mayor circulación de Delta se ha observado en Sinaloa, Baja California Sur, Quintana Roo, Hidalgo, Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México, en este contexto, México mantiene una vigilancia genómica activa que está articulada con la vigilancia epidemiológica que permite un monitoreo de detección temprana de incremento inusual de casos”, explicó.
Por su parte, Carissa F. Etienne, Directora de la OPS, señaló que en la región de las Américas los contagios se están acelerando debido al repunte de la pandemia en diversos países, por lo cual, la enfermedad, ya ha cobrado la vida de más de dos millones de personas. (Patricia Rodríguez, Excélsior, P.p.)
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó del rápido crecimiento de la variante Delta del coronavirus en México.
Los reportes señalan que se registra en el 67 por ciento de muestras secuenciadas en México, según datos de las últimas ocho semanas epidemiológicas.
Sylvain Aldighieri, Gerente de Incidente para Covid-19 de la OPS, informó que la mayor circulación de esta variante se observa en Nuevo León, Sinaloa, Baja California Sur, Quintana Roo, Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México.
Carissa Etienne, directora de la OPS, dijo que la variante Delta se disemina más fácilmente y aumenta las infecciones. Al 2 de agosto, 22 países de América han detectado la presencia de esta variante y muchas de las detecciones se vincularon con viajeros.
“Vemos el contagio comunitario de la variante Delta en Ecuador, México y los Estados Unidos”, alertó. (Natalia Vitela, Reforma, P.p.)
México reportó 20 mil 685 casos más respecto al reporte anterior, para un total de 2 millones 901 mil 94. Es la cifra más alta de contagios en la tercera ola de COVID-19.
La cifra de casos registrada este miércoles es la más alta desde el 22 de enero, cuando se reportaron 21 mil 7 casos en 24 horas.
Al corte de este 4 de agosto, se estima que hay 130 mil 534 casos activos de la enfermedad en el país.
Además, se agregaron 611 muertes más, con lo que el acumulado de decesos por el nuevo coronavirus subió a 242 mil 547, según cifras de la Secretaría de Salud. (Redacción, La Razón, P.p.)
La pandemia de Covid-19 registró ayer un récord con más de 20 mil nuevos casos, un aumento en la tendencia de la curva de 20 por ciento en relación con la semana previa, y 130 mil 534 personas que iniciaron con síntomas de la infección por coronavirus en los pasados 14 días. Estas últimas son 7 mil 425 más que las reportadas el martes pasado.
En su informe sobre el comportamiento de la pandemia en el país, la Secretaría de Salud (Ssa) indicó que con 20 mil 685 nuevas confirmaciones de Covid-19, el registro nacional subió a 2 millones 901 mil 94 casos. También se sumaron 611 decesos, con lo que el acumulado se ubicó en 242 mil 547 personas que han perdido la vida por complicaciones graves de la enfermedad. En el periodo del 18 al 24 de julio, la ocupación en hospitales se mantuvo en 49 por ciento de camas generales y 40 por ciento de las que tienen ventilador.
Sobre el avance del plan de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, la dependencia federal indicó que el martes se aplicaron 708 mil 476 dosis, para un acumulado de 68 millones 825 mil 948. Esta cifra equivale a 54 por ciento de la población en México que ha recibido al menos una dosis de los biológicos disponibles. (Ángeles Cruz Martínez, La Jornada, Contraportada)
La cadena de conflictos en la distribución del gas tiene su primer eslabón en las trabas burocráticas que inhiben la competencia.
Cualquier empresa que desee vender y distribuir gas LP en México debe obtener un permiso del Gobierno federal, en un procedimiento que debería ser expedito.
En teoría, de manera virtual puede hacerse un pre-registro ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE), cuya respuesta no debería demorar más de 30 días.
“La CRE está cerrada de facto, fiscaliza pero no contesta nada”, explicó una fuente de la industria que solicitó el anonimato. (Reforma Staff, Reforma, P.p.)
El paro convocado por vendedores finales de gas licuado de petróleo (LP) en varios estados de la república concluyó este miércoles, tras un día y medio, y pocas horas después que el gobierno federal anticipó acciones para restablecer el abasto a los hogares, incluida la participación de la Guardia Nacional.
La decisión de reanudar la venta de gas LP, el utilizado en siete de cada 10 hogares del país, fue tomada de manera unilateral por los comisionistas –los intermediarios entre las empresas gaseras y el consumidor final–, sin que hubiera un acuerdo con el gobierno federal sobre su margen de ganancia, el cual quedó reducido por la política de fijación de precios iniciada la semana pasada, informó José Adrián Rodríguez, líder de la Unión de Gaseros del Valle de México. No hubo acuerdos con el gobierno federal, pero tampoco se trata de dejar a los mexicanos sin el servicio de combustible, dijo.
Rocío Nahle García, titular de la Secretaría de Energía (Sener), informó que hay suficiente gas para abastecer todo el consumo que se requiere en el país. No hay escasez ni falta del energético en el territorio nacional.
El gobierno trabaja para garantizar que la distribución sea ordenada y con precios regulados en apoyo a la economía familiar, agregó la funcionaria. (Alejandro Alegría, La Jornada, P.p.)
Luego de 36 horas, este miércoles finalizó el paro que realizaron los comisionistas del Valle de México de gas licuado de petróleo (LP) contra el tope de precios al consumidor que impuso la Comisión Reguladora de Energía (CRE) el domingo.
José Adrián Rodríguez, presidente del Gremio Gasero Nacional, recientemente formado, informó que desde las 14:00 horas se reanudó la distribución del combustible en la Ciudad de México en una reunión emergente extraordinaria en la delegación Tláhuac.
En entrevista por la tarde en Grupo Fórmula, Rodríguez afirmó que el paro se llevó a cabo porque el nuevo control de precios máximos “los deja fuera del negocio”, pues de tener una comisión de entre 10% y 20% –según el volumen de ventas– “ahora quedó resumida a 30 o 50 centavos por litro”.
Y agregó que “necesitaría vender 6,000 litros de gas diarios para poder operar, mantener el costo de los tripulantes de la pipa y mis costos de operación”. El llamado Gremio Gasero Nacional dice agrupar a unos 8,000 camiones repartidores en el Valle de México, que conforman ocho de cada 10 unidades de reparto en la zona. (Karol García y Lilia González, El Economista, P.p. Y. Ordaz, L. Lugo y L. Padilla, Milenio, P.p. I, Noé Cruz Serrano y Pedro Villa y Caña, el Universal, P.p.)
Empresas y distribuidores de gas operan territorialmente como una mafia en la comercialización del combustible.
Las unidades no están certificadas ni sus placas registradas, y sus empleados no están capacitados.
Las agrupaciones que operan en el Valle de México controlan las calles y defienden sus territorios incluso con violencia.
Entre otras se encuentran la Unión Iztapalapa, Movimiento Unificado de Gaseros de la Zona Oriente, Unión de Gaseros de Tecámac, Portatileros de Gas LP, los ACME y el Sindicato Libertad. (Iris Velázquez, Reforma, P.p.)
San Cristóbal de Las Casas, Chis., Alrededor de 400 indígenas desplazados por el conflicto en Pantelhó retornaron este miércoles a la comunidad de San José El Carmen.
Los tsotsiles estaban refugiados desde hace casi un mes en las comunidades de Yabteclum, Acteal y Acteal Alto, en el vecino municipio de Chenalhó.
Las 86 familias retornaron en una caravana de camionetas de carga acompañados por el párroco de Chenalhó, Enrique Sánchez Díaz, y por integrantes de la mesa directiva de la organización Sociedad Civil Las Abejas, aunque no pertenecen a ella.
El contingente salió a la una de la tarde y una hora después arribó a San José El Carmen, situado a un kilómetro de donde representantes de las 86 comunidades indígenas y los 18 barrios de Pantelhó mantienen un bloqueo carretero, además de que ocupan la alcaldía y controlan el poblado.
Casi a la mayoría de desplazados nos tocó retornar hoy, pero como se ha dicho, no están contentos porque sigue el conflicto; todavía no está resuelto el problema, dijo José, uno de los indígenas que regresó. Salimos el 7 de julio, cuando hubo el enfrentamiento; tuvimos miedo y salimos; nos refugiamos en un local de la parroquia de Chenalhó, en Yabteclum. (Elio Henríquez, La Jornada, Contraportada)
La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de entregar becas directas a jóvenes de escuelas normales y con ello desaparecer los comedores e internados no es más que otra estrategia para aniquilar a las normales rurales, lo que no vamos a permitir. Y si es necesario, estudiantes de las 16 normales rurales del país vendrán a manifestarse a la capital del país, aseguraron alumnos de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, quienes desde el pasado 7 de julio permanecen en plantón en el Zócalo capitalino.
En un mitin frente a Palacio Nacional, donde reiteraron su exigencia de libertad absoluta para sus 95 compañeros sujetos a proceso penal desde mayo pasado, recordaron que no sólo los normalistas de Mactumactzá han enfrentando las acciones de represión del Estado; también hay 66 compañeros de la Normal rural de Tiripetío, Michoacán, sometidos a proceso penal. Y sigue impune la muerte de dos compañeras de la de Teteles.
Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, advirtió que es preocupante la propuesta del presidente López Obrador de desaparecer algunos internados de las normales rurales. El objetivo del gobierno es desaparecer el internado, que es el eje principal que permite la organización política estudiantil y la concientización de los alumnos. (Laura Poy y Sergio Ocampo, La Jornada, Contraportada)
En la semana de arranque del proceso electoral en Nicaragua el régimen de Daniel Ortega hizo un nuevo arresto contra la oposición, el primero contra una candidata inscrita formalmente ante el Tribunal electoral, agravando la crisis que comenzó en mayo pasado.
A sólo unas horas de inscribirse de manera oficial, la aspirante a la vicepresidencia Berenice Quezada, de la fórmula de Oscar Sobalvarro, se convirtió en la octava aspirante bajo arresto acusada de incitar al odio, provocación y conspiración para cometer actos terroristas, por lo que permanece bajo custodio policial. (Redacción, La Razón, P.p.)
Lima. El presidente de Perú, Pedro Castillo, cesó a la cúpula de las fuerzas armadas y designó a nuevos jefes en las tres ramas (ejército, marina y aviación) al cumplirse ayer la primera semana en el poder del mandatario izquierdista. La Defensoría del Pueblo envió ayer un oficio al gobernante solicitando que revalúe las designaciones de los miembros de su cuestionado gabinete con el fin de evitar una crisis política.
Castillo nombró, además, un nuevo jefe del Comando Conjunto de las fuerzas armadas, cargo que estaba vacante desde hace 15 días. La jefatura recayó en el general Manuel Gómez de la Torre. El mandatario realizó los cambios por renovación, de acuerdo con la resolución publicada en la gaceta oficial.
En Perú cuando asume su mandato un presidente, éste puede cambiar o ratificar a los altos mandos de las fuerzas armadas.
En el ejército, José Vizcarra fue nombrado comandante general de la institución, en la marina el almirante Alberto Alcalá y en la aviación el teniente general Jorge Chaparro. (Afp y Sputnik, La Jornada, P.p.)