
La situación en México de los albergues para atender a los miles de migrantes que buscan asilo ha alcanzado un punto crítico en la frontera norte, donde se encuentran al borde de la saturación, afirmó el nuevo representante de la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados (Acnur) en México, Giovanni Petri. En esta coyuntura confluyen dos factores: un incremento en la deportación de migrantes desde Estados Unidos y el crecimiento exponencial de solicitudes de asilo en México.
Recién llegado al cargo, Petri dimensionó la situación actual del país: en julio, las autoridades mexicanas recibieron 12 mil solicitudes de asilo, esto equivale a las peticiones acumuladas entre 2013 y 2017. Un aumento sin precedente que augura, casi seguramente, un año histórico en México en este renglón, pues se proyecta la recepción de 100 mil peticiones.
En entrevista con La Jornada, Petri sostuvo que esta tendencia va contracorriente de la que se registra a escala mundial. Sacudidos por la pandemia, gran parte de los países en el mundo cerraron sus fronteras al ingreso de personas y esto canceló en este periodo las opciones para quienes migran a pesar de que esta coyuntura ha sido detonante para agudizar las causas para los desplazamientos forzados: aumento de la pobreza, recrudecimiento de la violencia y adversas condiciones ambientales.
Tengo que resaltar que México ha sido una excepción y es positiva porque nunca ha cerrado sus fronteras y la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados no ha suspendido esta posibilidad a las personas que necesitan protección, de solicitar asilo en México. Ha seguido recibiendo las peticiones, algo que en muchos otros países no ha pasado.
–¿El cierre de fronteras a nivel mundial redujo el número de refugiados?
–No redujo el número de refugiados, ha reducido el número de personas que han podido efectivamente cruzar fronteras para pedir asilo. La cifra de personas con necesidad de protección internacional se mantiene, incluso las que se registran como desplazamientos internos en sus países. Un dato relevante para contextualizar la solidaridad y la necesidad de un apoyo global, de distribuir la responsabilidad. Más de 85 por ciento de los refugiados, están en países que ya tienen muchas dificultades económicas y sociales. Sólo 15 por ciento se han asentado en países desarrollados, por eso hay que ver la atención a este fenómeno como una responsabilidad compartida.
n México, la situación es diferente, pues se ha pasado de recibir 2 mil peticiones en 2013 a proyectar 100 mil solicitudes para 2021. Eso explica que actualmente la Acnur financie o coordine acciones con 105 espacios, aunque hay más que opera la sociedad civil.
–¿Se han incrementado los albergues con esta demanda en México?
–Han aumentado o, como en Tapachula, hemos incrementado su capacidad construyendo anexos pero están de nuevo llenos, esta es la mala noticia, sobre todo en la frontera norte donde recibimos alertas de que ya no hay cupos en los albergues, a pesar del Covid-19 porque algunos tienen capacidades reducidas, pero están llenos, no hay cupo más.
“Hay una potencial alerta por el aumento en los flujos: de llegada y de retornos desde Estados Unidos, desde otros países, de desplazamiento interno. Estamos llegando a un momento crítico de capacidad de respuesta de la sociedad civil y la necesidad de reforzar esta reacción, pues el albergue no es sólo cama, comida y ducha; es también un lugar de protección, donde los migrantes que solicitan asilo esperan o deciden cuál es su opción.
Si bien la pandemia impacta actualmente a gran escala en el norte, también lo hace en las comunidades de origen al recrudecer las causas de movilidad y agudizar las condiciones de vulnerabilidad de quienes se desplazan forzadamente.
En México se da lo que se llama flujos migratorios mixtos, que involucran a personas que han huido de sus comunidades por persecución, proteger su vida, que calificarían en el proceso de análisis como refugiados y hay personas cuya razón principal de salida está ligada a la economía o al medio ambiente.
En este contexto, ha aumentado la presencia de mujeres, niños y menores no acompañados, que se constituyen en los grupos más vulnerables y a quienes la Acnur confiere tratamiento especial.
–¿Proporcionalmente hay muchos menores?
–Sí, muchos, hay una composición demográfica que varía bastante entre nacionalidades pero hay muchas familias y menores no acompañados. (Alonso Urrutia, La Jornada, P.p.)

Al convertirse en el nuevo representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Giovanni Lepri advirtió situaciones críticas en la frontera con Estados Unidos y planteó que cada país debe hacerse responsable de las personas que pidan asilo.
“Un tema muy importante es que cada país asuma y responda, y tome su parte, su responsabilidad, frente a las personas que piden asilo en el país”, comentó en entrevista.
“Si cada país lo hiciera de manera eficaz y completa, se vería también una distribución y una solidaridad y un compartir de responsabilidades frente a la protección internacional mucho más equitativa”.
Para el italiano, una situación crítica es que Estados Unidos mantiene cerrada su frontera sur para el acceso a las solicitudes de refugio y quienes buscan esa protección son expulsados hacia México bajo el Título 42, activado con motivo de la pandemia de Covid-19.
Aunque reconoció que no se puede esperar que Estados Unidos abra su frontera sur totalmente de un día para otro, consideró que se deben comenzar a permitir las peticiones de refugio en el país del norte, pues las necesidades son evidentes.
Nacido en Milán, Lepri cuenta con más de dos décadas de trayectoria en el sector humanitario y posee experiencia en dinámicas complejas en América Latina, Europa y África, donde ha seguido de cerca operaciones de emergencia como las de Chad, Sudán, Mali o Níger.
Con esas credenciales, Giovanni Lepri toma las riendas de la ACNUR en México en un momento en el que la cifra de solicitantes de refugio han roto todos los récords, con más de 64 mil peticiones recibidas entre enero y julio de este año.
“México se encuentra en una posición geopolítica muy particular y uno de los temas que estamos viendo es que el flujo mixto de poblaciones extranjeras que está llegando a México ha venido aumentando mucho”, refirió.
“El desafío para México tiene varios aspectos, uno es el hecho que es un país históricamente de tránsito pero más y más se está volviendo un país de destino, de asilo, donde las personas pueden encontrar protección”.
Aunque advirtió un incremento exponencial en los solicitantes de protección en México en los últimos años, el especialista consideró que su atención no debería ser un problema para un país de 130 millones de habitantes y que se encuentra entre las 15 economías más grandes del mundo.
De acuerdo con cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), en lo que va del año el 41.4 por ciento de los solicitantes -26 mil 557 personas- provienen de Honduras, mientras que otro 20.6 por ciento -13 mil 255-, de Haití.
Maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Londres y en Ciencias Políticas por la Universidad de Milán, Giovanni Lepri destacó que no todas las personas que piden asilo tienen razones fundadas para recibir la protección internacional.
“Ahí el punto clave es qué otra alternativa hay de regularización migratoria para personas que no necesitan protección internacional pero no pueden regresar a su país”, comentó.
“Si no hay alternativas y la única para regularizarse es a través del sistema de asilo, es lógico que hay un riesgo de que haya mucha más gente de la que pediría asilo”.
Ese es uno de los desafíos que Lepri observa para evitar que el sistema de asilo en México se congestione.
En ese sentido, destacó que la mayoría de los haitianos que están llegando a México no vienen directamente de la isla, sino que son personas que ya han vivido varios años en otros países, como Brasil y Chile, y que incluso varios de sus hijos ya tienen la nacionalidad de esos países.
“Hay personas que necesitan protección, hay personas que no la necesitan o no la quieren pedir en México”, agregó.
“Sí hay entre la población haitiana, pero no sólo en esa, personas que frente al ofrecimiento de una alternativa no estarían pidiendo asilo en México”.
Ante el incremento en el número de solicitudes de refugio, Lepri llamó a acelerar los procedimientos para evitar impactos negativos en la vida de Tapachula, Chiapas, donde se reciben más del 70 por ciento de la peticiones de asilo de todo el País. (César Martínez, Reforma, Nacional, p. 12)

(Ronda Estatal, El Sol de México, República, p. 14)

Toluca, Méx.— En el Estado de México, en lo que va del año, han sido recibidas 500 personas en condición de refugiadas y asilo político, de ahí la importancia para garantizar sus derechos durante su estancia y retornos asistidos, informó Cristel Yunuen Pozas, procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
En la entidad sólo hay un espacio habilitado para recibirlos y duran en promedio 30 días, pues no cuentan con partida presupuestal para este fin.
Es así que debido al incremento del flujo de migrantes, especialmente de niñas, niños y adolescentes en México y en el estado, la Comisión legislativa para la Atención a Grupos Vulnerables del Congreso local avaló por unanimidad la iniciativa de la diputada Isanami Paredes Gómez (PAN), para que en la entidad los sistemas DIF les otorguen servicios de salud, educación, transporte y alojamiento.
La procuradora dijo que el proyecto analizado cumple con los estándares internacionales de protección a este sector.
Detalló que las distintas organizaciones sociales desde 2017 promovieron amparos, a fin de que el cuidado de los niños y adolescentes migrantes cuenten con un modelo de atención especializado y, por tanto, en noviembre pasado avanzó una reforma federal, que involucra a estados y municipios.
“La intención es que la estancia en el país sea armónica, pero también que durante los retornos asistidos se garanticen los derechos de los migrantes. También propicia la protección internacional que deriva del asilo político y calidad de refugiado”, dijo.
La iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes plantea que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) y los Sistemas Municipales DIF brinden servicios a niñas y niños migrantes que se localicen en la entidad, con lo que se busca garantizar los derechos básicos que el Estado reconoce a la niñez.
En tanto, la diputada Alicia Mercado Moreno, presidenta de la comisión, expresó que preocupa la seguridad de las y los menores provenientes principalmente de El Salvador, Guatemala y Honduras que buscan mejores condiciones de vida o reunirse con sus familiares en Estados Unidos. (Claudia González, El Universal, Metrópoli, p. A18)
Tampico. La Administración para el Control de las Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) reconoció la labor desarrollada por el Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) de la Policía Estatal de Tamaulipas por las acciones tácticas y de inteligencia desarrolladas contra la delincuencia organizada.
Arturo Rodríguez Rodríguez, director del Gopes, recibió el reconocimiento de la DEA y del departamento de Investigaciones en Seguridad Nacional (HSI) en una ceremonia en el consulado estadounidense en Matamoros.
Las agencias estadounidenses destacaron la labor de la agrupación en el combate a la delincuencia y la cooperación interinstitucional que llevan a cabo desde 2018, año en que inició la Campaña de Seguridad y Prosperidad entre el gobierno tamaulipeco y siete agencias federales de Estados Unidos, que tiene como objetivo promover la denuncia ciudadana en ambos lados de la frontera para frenar o prevenir acciones criminales.
En el marco de estas acciones, los efectivos de Gopes han logrado relevantes aprehensiones de líderes prioritarios de la delincuencia organizada que operan en el estado de Tamaulipas.
Mediante este Grupo la Policía Estatal de Tamaulipas ha preparado a personal altamente calificado y especializado.
Mediante este Grupo la Policía Estatal de Tamaulipas ha preparado a personal altamente calificado y especializado en inteligencia. (Antonio Sosa, El Sol de México, República, p. 7)

Estados Unidos exigirá que miles de agentes fronterizos lleven cámaras corporales, según dos funcionarios y documentos gubernamentales, un importante cambio que podría intensificar la supervisión de los elementos y también ayudar a captar actividades delictivas.
Se espera que las cámaras se desplieguen en partes de Texas y Nuevo México durante el verano boreal y después en Arizona, California, Vermont y el ajetreado Valle del Río Grande de Texas en otoño e invierno, según una reciente evaluación del gobierno sobre cómo los dispositivos podrían afectar a la privacidad.
Los activistas proinmigrantes probablemente acogerán con satisfacción la mayor supervisión de una agencia que algunos han criticado por el uso excesivo de la fuerza y el racismo institucional.
Un sindicato de agentes de la patrulla fronteriza también apoya las cámaras, pues dice que podrían ayudar a las investigaciones criminales y a demostrar que los agentes actúan profesionalmente.
La Unión Americana de Libertades Civiles y otros grupos han pedido a la Patrulla Fronteriza que use las cámaras para mejorar la rendición de cuentas a raíz de varios tiroteos mortales.
Brandon Judd, presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, subrayó que los agentes deberían tener acceso a las grabaciones, incluso cuando un agente es acusado de haber actuado mal.
“No hay forma de borrar las grabaciones, no hay forma de manipularlas, así que no hay razón para que los agentes no tengan acceso”, dijo en una entrevista. (Reuters, El Heraldo de México, Orbe, p. 25)
(Reuters, Europa Press y Afp, La Jornada, Mundo, p. 23)
(EFE, El Sol de México, Mundo, p. 32)

Encino, Texas.— Una camioneta sobrecargada que transportaba a unos 30 pasajeros se estrelló ayer en una carretera remota en el sur de Texas, matando al menos a 10 personas e hiriendo a más de una docena, dijeron las autoridades.
El accidente ocurrió después de las 4:00 de la tarde de ayer en la US 281 en Encino, Texas, a unas 50 millas (80 kilómetros) al norte de McAllen.
El alguacil del condado de Brooks, Urbino Martínez, señaló que la camioneta, diseñada para llevar a 15 pasajeros, pesaba en la parte superior y se volcó cuando el conductor perdió el control en una curva.
Martínez dijo que creía que la mayoría de los pasajeros eran migrantes. El sargento Nathan Brandley, del Departamento de Seguridad Pública de Texas, calculó el número inmediato de muertos en 11 y más de una docena de heridos.
Se mencionó que iban a bordo al menos 27 hombres y tres mujeres. Entre los que fallecieron tres eran de México, uno, de Guatemala, y el resto, de Honduras.
Brandley mencionó que han estado en contacto con el consulado mexicano. No hay niños pequeños, pero probablemente algunos adultos jóvenes estaban a bordo. Según los informes, un testigo vio una camioneta Ford a toda velocidad por la carretera; cuando el conductor trató de girar, el vehículo se estrelló contra un poste de electricidad, declaró Brandley a la cadena KTRK, una estación de televisión de propiedad y operación de ABC.
Encino es una comunidad de unos 140 habitantes y está a unas 2 millas (3.22 kilómetros) al sur del puesto de control de la Patrulla Fronteriza de Falfurrias.
A principios de marzo de este año, al menos 13 personas, incluido el conductor, murieron después de que una camioneta con al menos 25 migrantes indocumentados chocó con un camión cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, en California.
La camioneta del accidente de ayer no parecía estar involucrada en una persecución, dijo Martínez al medio The Monitor. “Meter a docenas de personas en vehículos de ocho pasajeros y conducir imprudentemente para evitar ser detectados muestra un total desprecio por la vida humana”, dijo el fiscal federal interino Randy Grossman en un comunicado de marzo.
“Encontraremos y procesaremos a los contrabandistas que usan estos métodos y causan tales muertes trágicas y evitables”, indicó en ese caso.
El Departamento de Justicia demandó al estado de Texas y al gobernador Greg Abbott el viernes pasado por una orden ejecutiva que exigía a los policías estatales detener vehículos sospechosos de transportar migrantes no autorizados bajo custodia federal.
La orden fue bloqueada el miércoles por un juez federal.
Victor M. Manjarrez Jr., director del Centro de Derecho y Conducta Humana de la Universidad de Texas, campus El Paso, comentó al Dallas Morning News que las organizaciones criminales reclutan a los conductores de Austin, Dallas y Houston.
Otros son del área de El Paso, mientras que algunos más vienen de zonas de Latinoamérica plagadas de corrupción policial.
“Les dicen: ‘Si te atrapan, te va a ir mal’”, comentó.
Los eligen de entre un grupo de migrantes que buscan un paso seguro a través de la frontera a cambio de un descuento en su cuota de contrabando, señaló Manjarrez, y añadió que les dicen que sigan un vehículo de exploración. “No está mal para unas cuantas horas de trabajo”, declaró Manjarrez.
Visados
También en Estados Unidos se anunció una nueva política que permitirá negar los visados a funcionarios actuales o antiguos de los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, así como a otras personas señaladas de socavar la democracia y el Estado de derecho en esos países.
En un comunicado, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dio a conocer la medida bajo la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, en inglés), en vigor desde 1952. (Redacción, El Universal, Mundo, p. A14)
(Afp, La Jornada, Política, p. 9)
(Redacción, Milenio, Política, p. 11)
(Ap, Excélsior, Global, p. 28)
(redacción, Reforma, Nacional, p. 12)
(Redacción, El Financiero, Mundo, p. 22)
(Redacción, La Razón, Mundo, p. 18)
(Redacción, Ovaciones, P.p.)

Más de dos meses y medio han transcurrido desde la entrada en Ceuta desde Marruecos de entre 10.000 y 11.000 personas, más de un millar de ellas menores, a través de los pasos del Tarajal –sobre todo- y Benzú. Hoy, el municipio fronterizo de Fnideq, que sus vecinos siguen llamando Castillejos, en otro tiempo bullicioso confín de Marruecos, hogar de miles de empleados ceutíes, puerta del contrabando y escenario de ilusiones y decepciones, dormita en la plenitud del verano.
No hay rastro de la toma de esta ciudad de casi 80.000 habitantes –una población similar a la de Ceuta– por parte de miles de familias y jóvenes procedentes de todo Marruecos –magrebíes y subsaharianos– que llegaron hasta aquí espoleados por los rumores de una inminente apertura fronteriza y que acabaron adentrándose en la ciudad autónoma gracias a la permisividad de las fuerzas de seguridad marroquíes.
Marruecos ha levantado nuevas varias vallas y concertinas –las que España no quiere– en el Tarajal y Benzú y sus fuerzas de seguridad vigilan férreamente los accesos a unas fronteras cada vez más fantasmales. En la playa del Tarajal se han instalado hasta tres nuevas vallas en los dos últimos meses. Las autoridades del país magrebí no parecen estar dispuestas a que se repitan escenas como las de los días 17 y 18 de mayo ni a que se vuelva a poner en duda sus compromisos con la UE en la vigilancia fronteriza. Entretanto, la crisis abierta con España desde entonces sigue instalada en una fría calma y sin haberse superado.
Fuerte presencia policial
Si las calles de Fnideq están poco concurridas durante la jornada, las zonas más próximas a la frontera, en especial la rotonda de Bab Sebta –punto de concentración de quienes regresaban de la ciudad española y quienes seguían esperando entrar–, lucen desérticas. Varios furgones de las fuerzas auxiliares y de la Policía Nacional marroquí vigilan la zona desde puntos estratégicos, incluidos los montes cercanos a la verja –lugar de refugio de los jóvenes subsaharianos–, y establecen un cordón permanente en la ruta de algo más de un kilómetro que, desde la citada rotonda, conduce hasta la misma verja. El despliegue de las fuerzas de seguridad y militares marroquíes se hace presente en todo el municipio. Gestos palpables, en fin, de un Marruecos que sigue esperándolos de las autoridades españolas.
Solo la caída del sol anima a los vecinos de Fnideq a salir en número considerable a la calle, y lo hacen para tomar el fresco en el paseo marítimo. Hay familias enteras con muchos niños jugando. Disfrutan de placeres sencillos como pasear, sentarse a beber té a la menta en los cafés o comer pipas mirando al mar. La tarde es también la hora de los comerciantes, que apuran la hora del toque de queda –las once de la noche– con los puestos abiertos.
Aunque el género de origen español ya no llega desde Ceuta –las autoridades marroquíes acabaron con la aduana en octubre de 2019–, sino desde el puerto de Tánger Med, es abundante en los mil y un comercios que salpican los barrios más próximos a la frontera. Como cuando reinaba el contrabando, abundan productos de limpieza y la higiene personal, dulces y snacks procedentes de España. «Ahora llegan por el puerto, pagando sus impuestos, por eso es más caro todo que antes», explica a este diario un comerciante de la cornisa de la ciudad. Además, la radio española suena en cafetines y taxis, ultramarinos y tenderetes o puestos de guardia de la autoridad local, ya sean las noticias o los programas futboleros.
“Lo intentaremos a la primera que podamos”
Precisamente la zona más próxima a la costa de Fnideq es reflejo, con sus numerosos apartamentos de nueva construcción, del boom turístico nacional que experimenta este tramo de la costa mediterránea marroquí, avivado por la proximidad de la ciudad autónoma y por la elección de la cercana M’diq o Rincón como destino vacacional del rey Mohamed VI y comprometido ahora por el cierre fronterizo y la crisis.
¿Y qué piensan transcurridos dos meses los jóvenes de Castillejos y la comarca? Los tetuaníes hermanos Belarbi, que lograron pasar una noche en Ceuta antes de ser expulsados en caliente por la Guardia Civil, aseguran a LA RAZÓN – desde la peluquería del barrio de Semsa donde trabaja Jaouad, de 13 años – que volverían a probar suerte. «Lo intentaremos a la primera que podamos».
El fin del contrabando y cierre de la frontera debido a la pandemia han supuesto un fuerte golpe a la economía de la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas, donde miles de familias vivían directa o indirectamente de la actividad comercial de la ciudad autónoma, lo que se suma a la falta de expectativas que percibe la juventud del norte marroquí, especialmente deprimido en relación a otras zonas del país pese a los esfuerzos de Rabat por impulsar su desarrollo en los últimos años.
A juzgar por el ambiente relajado de las calles de Fnideq, pareciera que aquí nunca pasó nada, pero lo cierto es que mucho ha ocurrido –y se ha dicho– desde los días 17 y 18 de mayo. La mayor oleada migratoria en un plazo semejante de toda la serie histórica en los registros, la mayor crisis política entre Marruecos y España desde el episodio de Perejil en el verano de 2002, la retirada sine die de la embajadora marroquí en España, la declaración del Parlamento Europeo contra las autoridades marroquíes, el cruce de declaraciones entre representantes de uno y otro gobierno, la exclusión de los puertos españoles de la Operación Paso del Estrecho y el mantenimiento del cierre de las fronteras terrestres entre Marruecos y España, el anuncio de la repatriación por parte marroquí de sus menas en suelo europeo –sigue sin concretarse–, los planes de Madrid de integrar a las ciudades autónomas en el espacio Schengen y exigir visado –hasta ahora los vecinos de las zonas de Tetuán y Nador estaban exentos– a los marroquíes, la destitución de Arancha González Laya, etc.
Entretanto, al otro lado de la frontera, en Ceuta, continúa la preocupación por la posibilidad de que vuelvan a registrarse situaciones como la de hace dos meses dada las malas relaciones entre Madrid y Rabat y por la suerte de las 3.000 personas –200 de ellas malviven en la calle- que aún siguen en la ciudad desde su entrada aquellas 48 horas de mayo. Según cifras del Ministerio del Interior, entre el primero de enero y el 15 de julio de 2021, las entradas por vía terrestre en Ceuta se incrementaron un 146% –sin tener en cuenta las que lo hicieron entre el 17 y el 18 de mayo, sigue sin haber datos oficiales de aquellos días– y un 424% por vía marítima en relación al año anterior. Por otra parte, un reciente sondeo del CIS arrojaba el dato de que un 20,3% de los encuestados estaba convencido de que Ceuta y Melilla serán marroquíes dentro de 20 o 25 años.
Dos meses después de los sucesos de Ceuta, la bella silueta de la ciudad autónoma española en suelo africano, cuyas autoridades pugnan hoy más que nunca por defender su europeidad, se observa con la misma nitidez de siempre desde el lado marroquí, aunque pareciera que han pasado mil años desde todo aquello y que la frontera en el Tarajal no fuera un modesto espigón sino todo un abismo. “Marroquíes y españoles somos hermanos, son muy pocos kilómetros, no podemos seguir enfadados, es malo”, nos recuerda con sinceridad un taxista, gremio termómetro del ánimo, la microeconomía y diplomacia. (A. Navarro, La Razón, La Razón-España, p. 2)
Se espera que funcionarios del gobierno y la oposición venezolanos se reúnan la próxima semana en la Ciudad de México para iniciar las negociaciones destinadas a poner fin a un enfrentamiento político antes de las elecciones regionales de noviembre, según personas con conocimiento directo del asunto, reportó Bloomberg.
El líder de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el gobernador del estado de Miranda, Héctor Rodríguez, negociarán en nombre del presidente Nicolás Maduro, mientras que la oposición enviará al exlegislador y alcalde de Baruta, Gerardo Blyde, junto con un representante de cada uno de los principales partidos, dijeron las personas.
Se espera que los políticos se reúnan el 13 de agosto para firmar un memorando de entendimiento para establecer un marco para conversaciones más detalladas en septiembre que conducirían a acuerdos sobre las condiciones y términos de la votación a finales de este año, se indicó.
Noruega, que medió en las negociaciones en 2019, supervisaría las conversaciones junto con las delegaciones de Rusia y Francia, que ayudarán a negociar por Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó, respectivamente, dijeron tres de las personas.
Argentina y Holanda también han sido invitados, dijeron las fuentes al medio.
La participación de la oposición se considera una prueba clave para Maduro mientras intenta convencer a Estados Unidos de que alivie las sanciones económicas levantando las prohibiciones a políticos y partidos.
Rodríguez y Blyde declinaron comentar sobre las perspectivas de viajar a México la próxima semana o los detalles de las conversaciones, mencionó el medio.
Se seleccionó a México porque se considera un lugar neutral para albergar las conversaciones. Un portavoz de la Cancillería mexicana dijo que no tenía información sobre si se estaban planificando negociaciones, indicó Bloomberg.
La publicación señaló, también, que no está claro si el exvicepresidente de la Asamblea Nacional Stalin González, un aliado cercano del excandidato presidencial Henrique Capriles, asistirá al diálogo.
El bloque liderado por Capriles insiste en que antes de iniciar la negociación la oposición debe decidir si inscribe candidatos. El periodo de inscripción se extiende desde el 9 de agosto hasta el 29 de agosto.
“Esta vez, habrá inclusión de mujeres en el diálogo de parte de la oposición. Las negociaciones que incluyen mujeres tienen 34% más de posibilidades de éxito, según datos de la ONU”, indicaron las fuentes a la Voz de América.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró el 22 de julio que está listo para sentarse a negociar con la oposición en México, país que hasta ese momento no había sido confirmado como sede de las negociaciones, pese a que el gobierno lo ha mencionado en varias ocasiones.
“Estamos listos para ir a México, ya el doctor [presidente del Parlamento] Jorge Rodríguez, el doctor [gobernador del céntrico estado Miranda] Héctor Rodríguez le han comunicado a todas las delegaciones de la oposición y del gobierno de Noruega que estamos listos para ir a México”, dijo el mandatario.
Maduro no especificó en ese momento la fecha o detalles de quiénes participarían. Destacó como un “buen gesto” el que los líderes de la oposición estén confirmando su participación en los comicios regionales de noviembre.
El pasado 12 de julio, Maduro anunció que México sería sede de las negociaciones que se impulsan con la oposición, aunque lo condicionó al levantamiento de sanciones internacionales y el cese de supuestos planes para derrocarlo. “Hemos propuesto tres condiciones para ir a México (…) Uno, que Estados Unidos y la Unión Europea levanten todas la sanciones; dos, que todos los sectores políticos al sentarse reconozcan la validez y funcionamiento de los poderes públicos y la constitucionalidad del país y sus autoridades legítimas, y tres, que todos los sectores renuncien a planes violentos con delincuentes, golpes de Estado, magnicidio y otros caminos de la violencia”, añadió en ese entonces.
El régimen acusa a la oposición de estar detrás de la violencia de pandillas que sacudió Caracas recientemente y el 12 de julio detuvo al exdiputado Freddy Guevara, cercano colaborador del líder opositor Juan Guaidó, acusándolo de “traición a la patria” y “terrorismo”. (Agencias y Redacción, El Universal, Mundo, p. A15)
(Estefanía Escobar, Reforma, Nacional, p. 12)
(Reuters, Excélsior, Global, p. 29)
Haitianos, hondurenos, salvadoreños, cubanos y hasta connacionales hicieron fila para recibir su dosis de Pfizer, uno de los requisitos que él gobierno de Estados Unidos exige a los migrantes que solicitan asilo humanitario, al tiempo en el Centro Integrador del Migrante Carmen Serdán de Tijuana, fuera detectado un brote de varicela y uno de covid donde más de 500 extranjeros se encuentran a la espera de poder ingresar al vecino país.
Respecto al tema del brote de enfermedades en el albergue federal, el delegado de Bienestar, Jesús Ruiz Uribe, informó que “tenemos 510 personas en ese centro y tenemos dos brotes, uno de covid y uno de varicela que reducen mucho la capacidad del propio centro”.
La jornada en la que fueron vacunados más de jóvenes y adultos que conviven alrededor de la garita de El Chaparral tuvo lugar en el campamento montado en febrero pasado, a fin de exigir al gobierno de Joe Biden agilice las citas de asilo.
Alrededor de 500 vacunas anticovid destinó la Secretaría de Salud de Bája California para inmunizar a las personas mayores de 18 años de origen centroamericano y del sur del país del campamento de El Chaparral.
Las personas en situación de movilidad que buscan ingresar a Estados Unidos a través de la solicitud de asilo político se formaron para recibir la primera dosis.
Y es que según las autoridades sanitarias, faltan alrededor de 400 migrantes de El Chaparral por recibir la vacuna. (Redacción, Excélsior, Alerta Coronaviris, p. 8)

Washington.- El repunte de Covid-19 que sufre Estados Unidos es culpa del Presidente Joe Biden por sus políticas migratorias que han disparado los cruces ilegales en el linde con México, acusaron los Gobernadores republicanos de Florida, Ron DeSantis, y de Texas, Greg Abbott.
Las fronteras, sin embargo, no están abiertas, como denuncian, y la Administración expulsa a la mayoría de indocumentados que arresta.
Los comentarios de los republicanos llegan luego de que Biden, un demócrata, les pidiera el martes “quitarse del camino” si no iban a ayudar a contener la nueva ola del virus, al criticar su renuencia a reimponer un mandato de mascarillas cuando la variante “Delta” se extiende por la nación, en especial en las entidades del sur.
“(Biden) ha importado más virus de todo el mundo al tener una frontera sur abierta”, enfatizó DeSantis.
“Quién sabe cuántas variantes nuevas hay allá afuera, pero te puedo decir que las variantes que haya están entrando por la frontera sur”.
DeSantis reiteró que Florida es un estado libre y respondió directamente a las declaraciones del martes de Biden.
“Me interpongo en tu camino. No voy a dejar que te salgas con la tuya”, subrayó el republicano.
En respuesta a DeSantis, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, indicó que la Administración está haciendo “todo lo posible” para ayudar a la gente de Florida.
“Esperamos que el Gobernador se una a nosotros en esta lucha”, manifestó.
El texano Abbott, por su parte, acusó que el Gobierno de Biden no solamente está permitiendo a los migrantes cruzar desde México, sino que muchos de ellos están infectados y, pese a ello, son liberados dentro de Estados Unidos.
“Mientras que la Administración contempla más controles draconianos en estadounidenses, está permitiendo a migrantes ilegales con Covid-19 entrar libremente a nuestro territorio”, dijo el Gobernador en una entrevista en Fox News.
Ante el creciente flujo ilegal de indocumentados, que alcanzó un récord en julio con más de 210 mil detenciones, según estimaciones oficiales, las entidades republicanas se han movilizado con diversas políticas que buscan ponerle un freno a los cruces.
DeSantis comprometió recursos estatales para hacer cumplir la ley en junio para apoyar los esfuerzos de Texas y Arizona para asegurar la frontera.
Y Abbott está presionando para implementar una medida que permitiría a policías estatales detener vehículos con migrantes sobre la base de que podrían propagar el Covid-19. La política fue temporalmente bloqueada por una jueza federal.
Florida actualmente tiene alrededor de 1 de cada 5 hospitalizaciones por el virus en Estados Unidos y es la entidad que durante las últimas semanas ha registrado más infecciones con un promedio de casi 18 mil al día.
Texas, en tanto, es el segundo estado con más personas internadas, con una media de 6 mil 800, y con más contagios con casi 11 mil por jornada.
Entre ambos concentran 31 por ciento de los 92 mil casos diarios que reporta todo el país. (Staff, Reforma, Internacional, p. 14)
El gobierno de Estados Unidos estudia vacunar a parte de los migrantes que cruzan irregularmente la frontera sur con México, informó el martes el diario The Washington Post.
La medida afectaría solo a los migrantes que quedan temporalmente bajo custodia de las autoridades y no a los que se deporta de inmediato. Para hacer el proceso eficiente, la vacuna que el gobierno planea administrar es la de Johnson & Johnson, que tan solo requiere una dosis. (Redacción, La Crónica, Mundo, p. 15)
(Redacción, Ovaciones, Nacional, p. 9)
El gobierno del presidente Joe Biden está elaborando un plan para exigir a todos los visitantes extranjeros a Estados Unidos la vacunación completa contra Covid-19, como parte del eventual levantamiento de las restricciones a los viajes, revelaron ayer fuentes de la Casa Blanca. El gobierno de Biden tiene grupos de trabajo entre instituciones laborando “con el fin de tener un nuevo sistema listo para cuando podamos reabrir los viajes”, dijo el funcionario que pidió su anonimato. “Un enfoque gradual que con el tiempo significará, con excepciones, que los extranjeros que viajen a EU de todos los países tienen que estar completamente vacunados”, expuso la fuente. (Redacción, El Financiero, p. 2)
(Ap, Reforma, Internacional, p. 14)
(Ap, Excélsior, Alerta Coronavirus, p. 9)

México presentó ayer ante una corte federal de Estados Unidos una demanda en contra del comercio negligente e ilícito de armas en aquel país. Los denunciados son los fabricantes de armamento, a quienes México reclama una compensación económica para reparar los daños sufridos por sus prácticas negligentes, pero la principal motivación radica en que las empresas asuman una responsabilidad y adopten estrictas medidas de autorregulación para evitar el tráfico ilícito.
Un día después del segundo aniversario del tiroteo en un Walmart de El Paso, Texas, que dejó 23 muertos, muchos de ellos mexicanos, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que la demanda civil interpuesta ante un tribunal de Boston, Massachusetts,tiene como objetivo que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño y muertes en México.
El argumento central del litigio es que, desde hace varias décadas, las empresas demandadas son conscientes de que las armas que comercializan son traficadas y usadas en actividades ilícitas en México, inclusive en ataques en contra de las autoridades. Sin poder ignorar el uso que se da a ese armamento en México, los demandados promueven su venta al público en general destacando sus características militares, permiten ventas múltiples a un solo comprador y facilitan las ventas entre particulares, en las que no se efectúan revisiones de antecedentes del comprador o del origen del arma. En una conferencia transmitida en línea por la SRE, Ebrard informó que una de las exigencias de México es que los productores de armamento desarrollen e implementen estándares para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores que participan en el tráfico ilegal de sus artefactos. Las firmas saben esto, pero argumentan que cuando sus productos salen a la venta ellos ya no tienen ninguna responsabilidad, pero sí la tienen. Por supuesto que tienen la información precisa de quién compra armamento pesado, subrayó Ebrard.
También se demanda que los fabricantes incorporen mecanismos de seguridad en sus productos para prevenir que sean usados por personas no autorizadas o vinculadas a la delincuencia, y que paguen estudios y campañas en medios enfocadas para prevenir el tráfico ilícito de pistolas, fusiles de asalto, armas de alto poder y otros pertrechos.
Ebrard aseguró que esta demanda no sustituye otros esfuerzos que se hacen y que es obligatorio continuar para prevenir el tráfico de armas. México debe hacer más y mejor para controlar su frontera. Añadió que sin una demanda como esta, y si no la ganamos, no van a entender y vamos a seguir viendo lo mismo, vamos a seguir teniendo muertos todos los días en nuestro país.
México confía en la calidad de los argumentos legales que presentó, expuso Ebrard, y manifestó que se ganará el litigio. Agregó que México tiene razón jurídica y moral en esta demanda, por lo que no prevé ninguna diferencia diplomática con Estados Unidos derivada del procedimiento judicial.
El abogado responsable del caso, Steve Shadowen, del despacho Shadowen PLLC, manifestó que la demanda es un litigio estratégico con el que se dará cuenta de lo que no se ha hecho en materia de tráfico de armas, por lo que vale la pena destacar las áreas de oportunidad, como la responsabilidad de los productores y distribuidores de armas, toda vez que ellos cuentan con información y datos en tiempo real respecto a quiénes compran armas y en dónde.
El consultor jurídico de la cancillería, Alejandro Celorio, aseguró que esta demanda no es en contra del gobierno de Estados Unidos, a quien le reconocemos el esfuerzo y el ánimo de tratar de detener el tráfico ilícito y su convicción de establecer regulaciones; sin embargo, mencionó que estas acciones no han sido suficientes para evitar el trasiego de armas de alto poder.
El senador Ricardo Monreal sostuvo que la demanda es un hecho sin precedente. Con el recurso se busca la reparación del daño, pero también evitar que se siga generando esta tragedia que México vive.
Drogas y corrupción, verdaderas causas, responden
La estadunidense Asociación Industrial del Comercio de las Armas rechazó las acusaciones del gobierno de México y afirmó que se busca un chivo expiatorio. Las acusaciones carecen de fundamento. El gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras, sostuvo Lawrence G. Keane, vicepresidente senior y asesor jurídico de NSSF. “La actividad delictiva de México es resultado directo del tráfico de drogas, la trata de personas y los cárteles del crimen organizado que plagan a los ciudadanos de México. Son estos cárteles los que hacen un uso indebido delictivo de armas de fuego importadas ilegalmente a México o robadas al ejército mexicano y a las fuerzas del orden público”, afirmó la NSSF. (Arturo Sánchez Jiménez, La Jornada, 8 Columnas)
(Adyr Corral y Juan A. Vázquez, Milenio, P.p.)
(Ariadna García, El Universal, P.p.)
(César Martínez, Reforma, Nacional, p. 2)
(Enrique Sánchez y Manuel Ocaño, Excélsior, P.p.)
(P. Pineda, I. Rodríguez Y J. Monroy, El Economista, P.p.)
(Otilia Carvajal y Magali Juárez, La Razón, P.p.)
Diana Benítez, El Financiero, P.p.)
(Paris Salazar, El Heraldo de México, P.p.)
(Cecilia Higuera Albarrán, La Crónica, P.p.)
(Roxana González, El Sol de México, 8 Columnas)
(Roxana González, La Prensa, P.p.)
(Marco Fragoso y Karina Aguilar, 24 Horas, 8 Columnas)
(Rita Magaña, Ovaciones, P.p.)
(Índigo Staff, Reporte Índigo, P.p.)

Con la demanda en materia civil que presentó el gobierno de México en contra de empresas de producción y distribución de armas en Estados Unidos no sólo se busca la reparación del daño por el tráfico ilegal de armamento, sino evitar la tragedia de violencia que padece México.
Así lo afirmó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, al participar ayer en la presentación del litigio.
La denuncia es correcta, oportuna, valiente y justa, afirmó el legislador, quien acompañó al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
En el encuentro, el senador de Morena recordó que hace unas semanas fue aprobado por unanimidad un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores medidas para frenar el fenómeno del tráfico ilícito de armas y los efectos de la violencia armada.
Desde una perspectiva de seguridad nacional y seguridad pública, es necesario generar una agenda pública bilateral y multilateral para emprender acciones puntuales como el intercambio de información o el despliegue de operativos coordinados transnacionales en puntos de salida, tanto de personas, como de carga, incluyendo puertos marítimos, aéreos y vías férreas, agregó.
Estoy seguro de que muchos de nuestros problemas en materia de violencia son provocados por el uso e introducción ilegal de armas a nuestro país”, indicó el legislador morenista.
Al tráfico ilegal de armas, acotó, se le atribuyen no sólo el aumento de la violencia, el empoderamiento de los cárteles y grupos criminales que dedican al narcotráfico, sino también los secuestros, asesinatos, homicidios y muchos otros delitos relacionados con el uso de armas introducidas ilegalmente.
El líder de la mayoría legislativa en el Senado felicitó al titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por la demanda que se interpuso ante una corte federal en Boston, Massachusetts, “porque ha puesto el dedo en la llaga. Éste es un gran problema que tenemos que atacar”.
Subrayó que México no puede mantenerse callado, ni silencioso, por lo que el litigio que inicia la Secretaría de Relaciones Exteriores y el gobierno federal “es oportuno y correcto”.
Lo he platicado con la mayoría legislativa y avalamos las decisiones que se han tomado por el gobierno mexicano y el seguimiento puntual que le ha dado el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, indicó el senador. (Redacción, Excélsior, Nacional, p. 6)
(Otilia Carvajal, La Razón, México, p. 7)
(Redacción, El Economista, p. 37)
(Rubén Arizmendi, Reporte Índigo, Reporte, p. 5)
Cada año más de 500 mil armas cruzan ilegalmente la frontera de Estados Unidos a México, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
En 2019, con esas armas se cometieron 17 mil homicidios dolosos en territorio mexicano. Se estima que los daños derivados del tráfico de armas pueden ascender a 1.5 por ciento del producto interno bruto.
El litigio entablado por el gobierno mexicano incluye como demandadas a fabricantes y distribuidores de fusiles calibre .50 y rifles de asalto como los AR-15 y WASR-10, modelos frecuentemente decomisados por autoridades mexicanas.
Casi todas las armas recuperadas en las escenas del crimen en México –entre 70 y 90 por ciento– fueron traficadas desde Estados Unidos.
Las afectaciones que reclama México incluyen proyectos de vida, familias y comunidades truncadas, altos costos por atención médica, afectación a infraestructura y equipos de seguridad, y pérdida de ingresos por comercio y turismo, entre otras. (Arturo Sánchez Jiménez, La Jornada, Política, p. 3)
La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que tras la demanda interpuesta contra miembros de la industria de comercio de armas en Estados Unidos era de esperarse que éstos trataran de deslindarse; sin embargo, la dependencia a cargo de Marcelo Ebrard aseguró que “en el litigio se probará que las empresas demandadas incurren en prácticas ilícitas y negligentes.
“Se esperaba que tratarían de litigar el asunto en medios y no en cortes, donde ante un juez se tendrá que valorar la evidencia que existe actualmente. La Corte conocerá los hechos y las evidencias, no los mensajes superficiales que pretenden legitimar su enriquecimiento desmedido a costa de la muerte de cientos de personas”, señaló la dependencia a través de un comunicado.
La secretaría detalló que entre 70% y 90% de las armas recuperadas en las escenas del crimen en México fueron traficadas desde Estados Unidos.
La Cancillería recordó que desde el año 2001 el gobierno federal de Estados Unidos ya había solicitado a los demandados monitorear, supervisar y establecer condiciones razonables en sus sistemas de distribución para evitar el suministro de armas a criminales, pero los demandados se negaron.
“El demandado Smith & Wesson llegó a un acuerdo de conciliación con el gobierno federal de Estados Unidos y varias ciudades de Estados Unidos, comprometiéndose a reformas específicas de su sistema de distribución, diseñadas para evitar el suministro de armas al mercado criminal. Bajo la presión de otros en la industria, Smith & Wesson incumplió el acuerdo”, puntualiza el informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El gobierno mexicano detalló que la Suprema Corte de Estados Unidos reconoce que un gobierno extranjero puede demandar en cortes estadounidenses: “Esta demanda es respetuosa de la legislación de ese país y no pretende atentar contra la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos”, aseveró.
La demanda, afirmó la Cancillería, “lo que busca es un comercio responsable en donde si en verdad las empresas demandadas se rigieran por la ley tendrían prácticas comerciales más estrictas”. (Antonio López Cruz, El Universal, Nación, p. A4)
La industria armamentista de Estados Unidos respondió a la denuncia que presentó México contra el sector. En un comunicado, la Fundación Nacional de Tiro Deportivo (NSSF, por sus siglas en inglés) rechazó que se cometan “prácticas de negocio negligentes”. “Las acusaciones de tráfico transfronterizo de armas al por mayor son evidentemente falsas”, indicó.
Lawrence G. Keane, vicepresidente senior y asesor jurídico de NSSF, indicó que “el gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras.
“La actividad criminal de México es un resultado directo del tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y los cárteles del crimen organizado que plagian a los ciudadanos de México. Son estos cárteles los que hacen un uso indebido delictivo de armas de fuego importadas ilegalmente a México o robadas al Ejército Mexicano y a las fuerzas del orden público.
“En lugar de buscar el chivo expiatorio de las empresas estadounidenses que respetan la ley, las autoridades mexicanas deben concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia. El gobierno mexicano, que recibe una ayuda considerable de los contribuyentes estadounidenses, es el único responsable de hacer cumplir sus leyes, incluidas las estrictas leyes de control de armas del país, dentro de sus propias fronteras”, mencionó.
“Esta demanda presentada por un grupo estadounidense de control de armas que representa a México es una afrenta a la soberanía estadounidense y una amenaza a los derechos de la Segunda Enmienda de los estadounidenses respetuosos de la ley a poseer y portar armas. Un derecho denegado al pueblo mexicano que no puede defenderse de los cárteles”, siguió.
En el comunicado se destacó que “el gobierno de Estados Unidos también vende armas de fuego directamente al gobierno mexicano. Los soldados mexicanos continúan desertando para trabajar para los cárteles de la droga, llevándose consigo sus rifles de servicio fabricados en Estados Unidos.
“En los últimos años el número de deserciones se ha disparado a más de 150 mil. Según los cables del Departamento de Estado de Estados Unidos, las armas más letales utilizadas por los cárteles mexicanos provienen de los arsenales centroamericanos”, aseveró. (Redacción, El Universal, Nación, p. A4)
(José Díaz Briseño, Reforma, Nacional, p. 2)
(Manuel Ocaño, Excélsior, Nacional, p. 6)
(Redacción, La Razón, México, p. 6)
(Alberto García, La Crónica, Nacional, p. 9)
Al asumir el cargo de Presidente de Estados Unidos, Joe Biden puso como una de sus prioridades en la agenda el control de la compra-venta y tráfico de armas, y el 23 de junio pasado, sin el respaldo del bloque republicano, presentó una primera parte, unilateral, de un plan general.
“Joe Biden sabe que la violencia con armas de fuego es una epidemia de salud pública. Casi 40 mil personas mueren cada año en los Estados Unidos a consecuencia de lesiones por armas y muchas más resultan heridas”, se puede leer en su plataforma de campaña.
Y es que las principales ciudades estadounidenses sufrieron 30% más homicidios en 2020 que en los últimos 25 años, de acuerdo con la Casa Blanca.
Y el paso se dio hace seis semanas, cuando presentó ante el Congreso una estrategia que consistía, principalmente, en la creación de cinco unidades para enfrentar el tráfico de armas, centradas en Nueva York, Chicago, Los Ángeles, San Francisco y Washington, donde se ha registrado una fuerte alza en los homicidios.
Bajo este plan, reunirían a fiscales federales, policías especializados y representantes locales para investigar y desmantelar redes criminales que hacen llegar las armas a las comunidades, explicó ese día el fiscal general de EU, Merrick Garland.
Otras medidas que buscan endurecer la normatividad para tener acceso a un arma de fuego siguen pendientes ante la reticencia de los republicanos, tradicionalmente cercanos a la Asociación Nacional del Rifle estadounidense, que defiende a capa y espada la segunda enmienda constitucional de la Unión Americana sobre el derecho de portar y poseer armas. (Luis Fernando Reyes, 24 Horas, México, p. 3)
Con el fin de poner fin a las demandas contra los fabricantes de armas, el Congreso de EU aprobó desde 2005 la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (Plcaa), que otorgó a fabricantes y vendedores inmunidad de responsabilidad derivada del uso indebido de las mismas.
En los años previos a la aprobación de la ley, víctimas de violencia armada, organizaciones cívicas y alcaldes de grandes ciudades iniciaron procesos por molestias públicas contra la industria. La inmunidad no es absoluta, como en el caso de que un vendedor “a sabiendas viole un estatuto estatal o federal aplicable a la venta o comercialización” de armas.
Tribunales de apelación en Nueva York y California han rechazado el argumento de que empresas y vendedores han violado las leyes de molestias públicas, sosteniendo la inmunidad dada por la ley. (Redacción, Milenio, Política, p. 10)
Diseño, fabricación y comercialización de armas hechas para criminales, ventas múltiples a un mismo comprador sin revisión de antecedentes, publicidad dirigida a grupos delincuenciales. Estas son algunas de las prácticas comerciales negligentes de las que el gobierno mexicano acusa a Smith & Wesson, Barrett, Colt, Glock y otros fabricantes de armamento.
El canciller Marcelo Ebrard expresó ayer que México va en contra de los fabricantes y vendedores que comercializan pertrechos para el narco. Hay armas hechas para eso, para que las compren (los criminales). Son más valiosas, tienen diferentes tipos de arreglos desde el punto de vista estético y de uso, declaró al dar a conocer una demanda interpuesta por el gobierno federal ante una corte estadunidense en contra de las prácticas que auspician el tráfico ilegal de pertrechos a México.
De acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se observan con frecuencia modelos de armas cada vez más letales, sin dispositivos de seguridad o trazabilidad, personalización de armas para atraer a grupos delictivos, ventas múltiples a un solo comprador y sin revisión de antecedente, entre otras prácticas.
Funcionarios de la SRE refirieron ayer que las empresas, distribuidores y vendedores de arsenales están enfocados en el mercado del sur de la frontera de Estados Unidos y diseñan sus productos y publicidad para un comprador que no es el medio estadunidense.
Si se busca por Internet es fácil encontrar, por ejemplo, pistolas como una Colt .45 semiautomática llamada El jefe de jefes, vendida por Seattle Engraving Center LLC, que la anuncia como una obra maestra bañada en oro de 24k y con un diseño de herencia mexicana.
En la presentación del litigio ante los medios de comunicación, Ebrard y el consultor jurídico de la cancillería, Alejandro Celorio Alcántara, señalaron que las empresas demandadas fomentan el acceso a armas de alto poder como las utilizadas en ataques masivos y en incidentes de violencia en México. Las empresas demandadas por el gobierno mexicano son: Smith & Wesson Brandis, Inc; Barrett Firearms Manufacturing, Inc; Beretta USA Corp; Beretta Holding SPA; Century International Arms, Inc; Colt’s Manufacturing Company LLC; Glock, Inc; Glock GES MBH; Sturm, Ruger & Co, Inc, y Witmer Public Safety Group, Inc. (Arturo Sánchez Jiménez, La Jornada, Política, p. 4)
(Mario D. Camarillo y Arturo Ramos, La Crónica, Nacional, p. 8)
En el momento en que un hombre de nacionalidad colombiana posiblemente despojaba a una mujer de sus pertenencias con un arma punzocortante, en calles de la colonia Gertrudis Sánchez Segunda Sección, alcaldía Gustavo A.
Madero, fue detenido por oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.
Los hechos ocurrieron cuando los efectivos de la SSC, realizaban sus recorridos de vigilancia por la calle Norte 82-B y avenida Henry Pord, y vieron que un hombre descendió de una camioneta color negro y se dirigió a una mujer que caminaba por el lugar, a quien con un arma punzocortante amenazó para que le entregara sus pertenencias.
Al presenciar un posible acto delictivo, los oficiales intervinieron al momento y detuvieron al hombre cuando pretendía abordar el vehículo en el que se desplazaba y, en la revisión preventiva, realizada conforme a los protocolos de actuación policial, le encontraron un arma punzocortante, un teléfono celular y dinero en efectivo, que la parte afectada reconoció como de su propiedad.
Motivo por el cual, el hombre de 36 años, quien dijo ser originario de Colombiana, previa lectura de sus derechos de ley, fue trasladado, junto con la camioneta, el arma punzocortante y las pertenencias recuperadas, ante el agente del Ministerio Público, quien se encargará de definir su situación legal y dará inicio a la carpeta de investigación correspondiente.
Cabe destacar que, de acuerdo con el cruce de información, al parecer, tanto el detenido como la camioneta asegurada, están relacionados con dos eventos de robo a casa habitación, uno ocurrido el pasado 14 de noviembre del año 2020 en la alcaldía Alvaro Obregón, y el otro el pasado 01 de agosto en la calle Botticelli, colonia Santa María Nonoalco, alcaldía Benito Juárez, en este último se cometió el robo de equipos de cómputo, plumas y relojes de alta gama.
Además, de acuerdo con el sistema de rastreo satelital, GPS, con que cuenta una computadora portátil robada de este último evento, apuntó hacía un domicilio ubicado en la colonia Gertrudis Sánchez, donde ocurrió la detención de la persona extranjera, quien se presume pertenece a un grupo dedicado al robo a casa habitación en diferentes alcaldías de la Ciudad de México. (Redacción, Ovaciones, Seguridad, p. 11)
En julio, los aeropuertos del País se acercaron o superaron los niveles de movilización de pasajeros previos a la pandemia.
Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), que administra nueve aeropuertos, movilizó 3 millones 43 mil pasajeros en julio, 4.8 por ciento menos que en igual mes de 2019.
No obstante, el aeropuerto de Cancún, que opera Asur, recibió 931 mil viajeros, 1.9 por ciento más que dos años antes.
El de Cozumel creció 7.5 por ciento, con 22 mil viajeros.
En contraste, el de Veracruz reportó sólo 94 mil pasajeros, 27 por ciento menos que en 2019.
El tráfico de pasajeros de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que opera 12 aeropuertos de México y dos en Jamaica, se redujo 2.1 por ciento en julio, con 4 millones 364 mil viajeros.
Algunos aeropuertos que administra superaron los niveles prepandemia, como Puerto Vallarta, que creció 14.4 por ciento respecto a julio de 2019; Los Cabos, 11.1 por ciento, y Tijuana, 10.7 por ciento.
Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), a cargo de 13 aeropuertos, entre ellos el de Acapulco, movilizó un millón 935 mil pasajeros, 13.9 por ciento menos que el mismo mes de 2019.
El aeropuerto de Mazatlán creció 10 por ciento, seguido de Ciudad Juárez y Reynosa, ambos con un aumento de 7 por ciento. (Azucena Vásquez, Reforma, Negocios, p. 5)
La compañía guatemalteca TAG Airlines anunció el inicio de operaciones en México a partir de agosto, con vuelos de Guatemala a Tapachula y Cancún. El CEO de TAG, Julio Gamero, indicó que la región sureste de México es de importancia para los viajeros de placer y de negocios, y la relevancia que tiene el área para el crecimiento económico. TAG operará 27 vuelos diarios a Honduras, El Salvador, Belice y México. (Redacción, Milenio, Negocios, p. 20)
(Redacción, La Jornada, Economía, p. 20)
(Redacción, El Financiero, Empresas, p. 16)
(Azucena Vásquez, Reforma, Negocios, p. 1)
Ciudad de México. Ante el aumento de contagios por Covid-19 y la posible propagación de sus variantes, Reino Unido actualizará su “lista roja” de países de riesgo para ingresar a su territorio, en la cual incluirá a México.
De acuerdo con un anuncio en sus redes sociales, la embajada británica en nuestro país detalló que a partir de las 4 de la mañana del domingo 8 de agosto las personas que no cuenten con la ciudadanía o residencia británica no podrán ingresar al Reino Unido desde México, mientras que las personas con ciudadanía o residencia británica (incluyendo visas de más de seis meses de duración) deberán realizar una cuarentena administrada en un hotel.
De acuerdo con la prensa inglesa el Gobierno británico tiene previsto actualizar este jueves su lista sobre viajes internacionales, en la que cataloga a los países en verde, ámbar o rojo, en virtud del riesgo de covid.
Antes de la actualización México se encontraba en la categoría ámbar.
Covid no cesa en México
El gobierno requerirá a los viajeros con nacionalidad británica o irlandesa o con derechos de residencia realizarse una prueba de Covid-19 y reservar un hotel aprobado por el gobierno para permanecer en cuarentena luego de haber estado en un país o territorio en la lista roja, incluido México, en los últimos 10 días.
México vive la tercera ola de la pandemia alcanzando un máximo en contagios. (Redacción, El Economista, P.p.)
Durante el segundo trimestre de 2021 las remesas que ingresaron a la región sur del país se dispararon 46 por ciento respecto de igual periodo del año anterior, e incluso en algunas entidades el incremento anual fue superior a 80 por ciento, revelan las cifras más recientes del Banco de México (BdeM).
En los nueve estados que componen la zona sur de México, la cual no se caracteriza por ser receptora de remesas, el flujo de divisas entre abril y junio pasados ascendió a 3 mil 40 millones de dólares, cuando en el mismo periodo del año pasado fue de 2 mil 81 millones.
El aumento en el ingreso de dólares enviados por migrantes mexicanos registrado en Chiapas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán es superior a la media nacional, que en el segundo trimestre de 2021 fue de 31 por ciento respecto de igual lapso de 2020.
Se trata de una región en la que históricamente las remesas no son significativas, dado que los habitantes de los estados que la comprenden se desempeñan principalmente en actividades relacionadas con el turismo, justamente uno de los sectores más afectados por la pandemia de Covid-19.
Ante dicha afectación económica, explicó Marcos Daniel Arias, analista económico de Monex y especialista en remesas, una mayor cantidad de habitantes del sur-sureste del país han optado por migrar a Estados Unidos en búsqueda de oportunidades laborales.
Las alzas en el sur-sureste son encabezadas por tres entidades: Tabasco, donde se dispararon 92 por ciento al pasar de 56 millones de dólares en el segundo trimestre de 2020 a 108 millones en el mismo periodo de 2021; Quintana Roo, 84 por ciento, al pasar de 43 a 79 millones, y Yucatán, 83 por ciento, al avanzar de 45 a 83 millones de dólares.
Luego están Chiapas, con un incremento de 73 por ciento, que pasó de 255 a 443 millones de dólares en el periodo referido; Campeche, 46 por ciento, de 25 a 37 millones; Guerrero, 45 por ciento, al ir de 452 a 658 millones; Oaxaca, 42 por ciento, al avanzar de 419 a 598 millones, Veracruz, 33 por ciento, de 378 a 505 millones, y Puebla, 29 por ciento, al ir de 405 a 525 millones de dólares.
Arias destacó que aunque se trata de estados con un peso relativamente pequeño en el flujo total de divisas que tiene México, detrás hay un tema fundamental: la fuerte caída económica que ha tenido la región sur-sureste, enfocada principalmente en actividades de servicios turísticos.
Los estados más vinculados con el turismo han sido los más afectados. Aún no tenemos cifras concretas, pero pensamos que la caída económica en esa región ha ocasionado un mayor flujo de migrantes de su población a Estados Unidos. Por ejemplo, hemos notado que Chiapas ha perdido por tema de migración, y eso está ligado directamente a las afectaciones económicas, apuntó. (Braulio Carbajal, La Jornada, Economía, p. 19)