Trascendió
Que la magistrada Mónica Soto no se hallaba en el Tribunal Electoral, pues asistió a la Sala Superior a respaldar a su amigo José Luis Vargas para estar puntualmente en la “reunión de trabajo” a la que convocó, cuando se enteró de que sus compañeros estaban con el ministro presidente Arturo Zaldívar en la Suprema Corte. El dilema de ella es ahora cómo desmarcarse de su colega, cuando es evidente el espaldarazo que tuvo ayer Reyes Rodríguez Mondragón para quedarse en la presidencia no solo porque el G5 dejó plantado al inconforme, sino que a éste incluso no le ha tomado la llamada el número uno del Poder Judicial.
Que los 16 diputados federales electos del PRD celebrarán este fin de semana su reunión plenaria en Morelia y acompañados por su dirigente nacional, Jesús Zambrano, respaldarán al gobernador Silvano Aureoles ante la embestida de la 4T y ratificarán la designación de Luis Espinosa Cházaro como su coordinador para la 65 Legislatura. No obstante, hay quienes desde el interior de esas filas acusan a la dirección del partido de imponer ilegalmente al diputado pues, dicen, pesan sobre él señalamientos de corrupción vinculada con la compra de propiedades.
Que el caso del eventual desafuero del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, está escalando y la oposición asegura que de concretarse sentará un precedente para que cualquier gobernador, como ahora se presume hace Cuauhtémoc Blanco, pueda operar para tener procuradores carnales. Por lo pronto ya en Guanajuato se ha hablado de destituir al titular del MP mientras que en BC el gobernador saliente promueve una ampliación. (Milenio, Al Frente, p.2)
Templo Mayor
HABRÁ QUE estar muy al pendiente el día de hoy de la agenda de Arturo Zaldívar. El ministro presidente dará su primera conferencia de prensa en casi dos años, de manera presencial. Llama la atención que no hay un tema definido para la cita, pero sin duda hay muuucho de que hablar.
POR SUPUESTO el asunto más caliente es la crisis en el Tribunal Electoral federal; su reunión con los cinco magistrados que depusieron a José Luis Vargas; y, por supuesto, su repentino desayuno con el vecino de Palacio Nacional.
EL OTRO tema aún importante es el de la reforma que extiende su mandato por dos años. Si se cumple un acuerdo entre los integrantes de la SCJN, el ministro Fernando Franco estaría entregando hoy a sus colegas su proyecto sobre el llamado “regalazo”.
SI BIEN no hay fecha para discutir el tema y falta revisar las impugnaciones de senadores y diputados, no hay duda de que cada vez está más cerca la definición sobre este asunto fundamental para la vida del Poder Judicial.
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MÁS TRISTE que la salida de Messi del Barcelona es ver la manera en que el gobierno de México sigue dando bandazos en materia económica, especialmente en el tema energético. Ahora ya salió el Presidente con que planea vender ¡gas natural!
SEGÚN lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, en el país “tenemos” excedentes en grandes cantidades de gas natural. La realidad, sin embargo, es muy distinta, pues no “tenemos”. Lo que hay son contratos de suministro de gas para alimentar plantas en el noroeste, de las cuales algunas no se construyeron.
ES DECIR, México no está usando todo el gas que p-o-d-r-í-a importar. Pero de ahí a que sea “nuestro”, pos’ nomás no. Una cosa es tener la posibilidad de comprarlo y usarlo (inclusive para venderlo), pero otra muy distinta es que “tengamos” excedentes, instalaciones para almacenarlo y capacidad para comercializarlo. Pero, bueno, ¿cuándo la realidad ha sido obstáculo para este gobierno?
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LA PREGUNTA del día: ¿qué tienen en común la escritora Susan Sontag, la izquierdista Ifigenia Martínez, el ex presidente Barack Obama, el chelista Yo-yo Ma; Gerardo Esquivel, el subgobernador del Banxico, y el empresario Mark Zuckerberg? Que todos ellos fueron a Harvard a aprender cómo robar. Al menos esa es la idea que tiene el Presidente de quienes tienen la oportunidad de estudiar en el extranjero. Esta universidad, por ejemplo, cuenta en su historia con más de 150 ganadores del Premio Nobel, pero nadie se lo recuerda al mandatario. Preocupa, sin duda, su desprecio por el conocimiento y la educación. Pero más inquieta que, ¡hasta en eso!, AMLO anda buscando polarizar y dividir a las y los mexicanos en buenos y malos. Alguien en Harvard debería hacer un estudio al respecto. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)
Frentes Políticos
Sin pausa. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ha tenido una semana de logros y va por más. Anunció el registro de adultos a partir de los 65 años, quienes podrán recibir la pensión del gobierno que nació como un programa y hoy es un derecho constitucional. Realizó reuniones urgentes con el gabinete de seguridad para dar seguimiento a la distribución del gas LP, respondiendo con rapidez a la crisis momentánea; logró liberar a la señora Isabel San Agustín, encarcelada injustamente 11 años, después de haber sido torturada. Y este domingo inaugura la línea 2 del teleférico, acompañada de los gobernadores morenistas. Poder de convocatoria y resultados, justo lo que necesita la transformación.
En llamas. El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, explicó que su nombramiento y la remoción del cargo del magistrado José Luis Vargas fue una decisión responsable. Afirmó que la decisión “es resultado de una secuencia de acontecimientos que nos llevaron a tomar una decisión con toda responsabilidad y de cara a la ciudadanía”. Fuentes del máximo tribunal indicaron que el magistrado sostuvo una reunión privada con el ministro presidente Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escandalosa llegada para restaurar lo que queda del Tribunal. ¿Puede?
Oficialía de partes. A pesar de que Fernando Alférez, consejero nacional de Morena, se empeña en seguir las directrices de la transformación y se haya subido al tren de ataques partidistas en contra del INE, por “hacer sin hacer” una consulta popular, su fama no le da para mucho. Junto con su esposa, Nora Ruvalcaba, deambularon por los alrededores de Palacio Nacional con un óleo de Ricardo Flores Magón, pintado por Alférez que, según él, ya le había regalado al presidente Andrés Manuel López Obrador un año antes, pero venían a entregárselo personalmente. Desesperados buscaban cuál puerta se abriría, pero como hay de personajes a personajes, el cuadro sí ingresó; ellos no. ¿Será porque se dicen de izquierda… pero cobran con la derecha?
Tramposo en la 4T. Armando Ayala Robles, alcalde de Ensenada, se cree muy listo. Después de perder una votación entre regidores, en contra de la creación del organismo operador del agua, 8-7, dejó pasar unos minutos y volvió a llamar a una reunión sin los ocho disidentes y volvieron a votar los que estaban a su favor. Para no dejar dudas, amenazaron a los otros regidores. El morenista olvida los postulados de su partido: no mentir, no robar y no traicionar. Y ante la intención de aprobar la Ley del agua, que municipaliza los organismos operadores, diputados locales ya interpusieron una acción de inconstitucionalidad. En este líquido tema emerge lo peor de algunos miembros de la 4T: en Ayala, la ilegalidad, lo antidemocrático… lo grotesco de la política.
Cochinero. Al gobernador Carlos Miguel Aysa González no se le dan los números. Entregó cuatro minipatrullas para la capital de Campeche, con un costo de un millón 845 mil 467 pesos, pero días después, en Ciudad del Carmen entregó seis más, es decir, dos extras, pero el costo se le elevó misteriosamente a 5 millones 962 mil 751 pesos. Las patrullas son eléctricas y darán servicio al sector turístico. La intención quizás sea buena, pero esa fuga de recursos es inaceptable. ¿Quién o quiénes son los beneficiados? Porque a pesar de rediseñar el Plan de Desarrollo para abatir a la delincuencia, en este rubro el gobierno estatal no sólo está reprobado, sino que sigue a la baja. Como en todo. El hartazgo es inocultable. (Excélsior, Opinión, p.13)
Duda razonable / Los resultados de la arrogancia destructiva
No ha sido una buena semana para el Presidente y el gobierno de México.
Como siempre, si uno solo ve la mañanera no se enteraría porque, según lo dicho ahí, la mayor preocupación de los mexicanos son los baches que, en épocas de lluvias, pues sí, sí son una joda.
Pero dos reportes de instituciones que llevan muchos años haciendo bien su trabajo muestran resultados que —seré generoso— no son muy halagadores. La encuesta ingreso y gasto de los hogares del Inegi y el reporte de pobreza del Coneval.
El reporte del Inegi señala que el considerable aumento en el presupuesto de programas sociales y becas desde 2018 tenía un pequeño detalle. Casi el mismo porcentaje había dejado de llegar a los que más los necesitan: el 10 por ciento más pobre del país.
Una explicación es que la arrogancia del nuevo gobierno había desechado un esfuerzo de muchos años para crear algo que, con apoyo de decenas de millones de dólares, el Banco Mundial había apoyado y que se llamaba Sistema de Información Social Integral, que por fin se concluyó en 2018 y que integraba un sistema de focalización, un padrón único de beneficiarios y un sistema de información social georeferenciada.
Gabriel García Hernández dijo no, eso ha de ser neoliberal y conservador. Haremos el nuestro, como si fuera sencillo en este país hacer algo así en unos meses. Pues ahí están los resultados y el destino del ex encargado de los programas de bienestar.
Algo parecido sucedió en salud que, como muestra el informe de Coneval dado a conocer ayer, es un verdadero desastre. Hace muchos años que nuestro sistema de salud está en líos. Entre otras cosas por su fragmentación: que si el IMSS, el Issste, los sistemas estatales, los institutos nacionales, los sistemas de Pemex o de las fuerzas armadas… en fin. Para intentar llenar huecos y ampliar coberturas se creó el Seguro Popular. ¿Qué es eso? Preguntaron en el nuevo gobierno; adiós, se respondieron. Ahora Insabi. Pues ahí están los resultados, porque sí, pues no es tan sencillo reconstruir un sistema tan dañado.
En medio de estas decisiones hay también un desprecio a servidores públicos de nivel medio que llevaban años comprometidos con crear y mejorar esos sistemas.
Ni el reparto de programas ni el seguro popular eran perfectos, ¿qué lo es? Y eran corregibles, limpiables de corrupción, modificables en foco o población.
Pero empezar de cero… pues ahí están los resultados. (Carlos Puig, Milenio, Al Frente, p.2)
Jaque mate / Armas culpables
Las razones que han llevado al gobierno de México a demandar a los fabricantes de armas de Estados Unidos son políticas. El proceso dará difusión a la afirmación que las autoridades mexicanas han ofrecido por décadas de que la violencia en México no es culpa del gobierno nacional sino de las armas que vienen de la Unión Americana. Y eso que nos dicen que no son iguales.
El canciller Marcelo Ebrard afirmó en Twitter: “Presentamos demanda contra fabricantes y vendedores de armas utilizadas para segar vidas en México. Buscamos reparación del daño y que abandonen su negligencia e irresponsabilidad. Será resuelta en los tribunales de Boston, EU”.
En la Unión Americana el derecho a poseer y portar armas está garantizado por la segunda enmienda de la Constitución. En México el artículo 10 constitucional, que viene desde la carta liberal de 1857, garantizaba el “derecho a poseer armas”; pero una enmienda de 1971, impulsada por Luis Echeverría, extinguió ese derecho y le dio a México una de las leyes más restrictivas en el mundo en materia de armas.
Si la libertad en la posesión o el comercio de armas fuera realmente la causa de la violencia, Estados Unidos tendría niveles muy superiores a los de México, pero no es así. En 2018 Estados Unidos registraba 5 homicidios por cada 100 mil habitantes (Banco Mundial); México sumó 29 en 2020, casi seis veces más (INEGI).
Es interesante que México haya decidido presentar su demanda en Estados Unidos y no en México o en los tribunales internacionales. La rentabilidad puede ser mucho mayor. El gobierno nacional pedirá una compensación de 10 mil millones de dólares a los fabricantes de armas.
Algunas decisiones recientes de los tribunales estadounidenses motivaron sin duda la decisión del gobierno mexicano. Apenas el 22 de julio varias empresas farmacéuticas ofrecieron pagar 26 mil millones de dólares a gobiernos estatales estadounidenses para evitar que continúen unas demandas por la promoción de opioides legales. Este sería el primer caso, sin embargo, en que un gobierno extranjero demande a empresas estadounidenses. No hay precedentes y esto hace más difícil prever el resultado.
El presidente López Obrador afirmó ayer que ganar el juicio “ayudaría mucho, ayuda mucho el control de las armas” para reducir la violencia. Sin embargo, no hay ninguna relación entre el control de armas y el nivel de violencia. La prohibición de las armas de 1971 en México no llevó a una reducción en los homicidios. Las series estadísticas actuales, que empiezan en 1990, muestran una caída moderada en los índices de homicidios dolosos entre 1991 y 2007 y un fuerte aumento después, sin que el incremento haya sido precedido por algún cambio en la situación legal de las armas.
Culpar a Estados Unidos de los problemas de México es una vieja tradición en nuestro país. En este caso ocultaría los fallos del gobierno nacional en su responsabilidad para poner fin a la violencia. Aun suponiendo que se pudiera frenar el ingreso de armas desde Estados Unidos, estas seguirían llegando de otros lugares por las porosas fronteras mexicanas. El que la prohibición de las armas en México no haya tenido ningún efecto sobre la violencia ratifica que ahí no radica el problema.
La única manera de tener éxito en la lucha contra la violencia es eliminar la impunidad con la que se cometen estos actos. Pero como no es un problema que se pueda atribuir a Estados Unidos, parece no importarle al gobierno mexicano.
Las cifras del Coneval han ratificado lo que esperábamos. La pobreza en México aumentó de 41.9 a 43.9 por ciento de la población entre 2018 y 2020; la pobreza extrema, de 7 a 8.5 por ciento. Es en parte producto de la pandemia, pero las malas políticas sociales de los últimos dos años no han ayudado. (Sergio Sarmiento, Financiero, Opinión, p.8)
Bitácora del director / Demandar, sí, pero también decomisar
Hace unas semanas tuve que hacer un viaje por tierra de Hermosillo, Sonora, a Tucson, Arizona.
De ida, pasé por el retén militar de Querobabi, ubicado a 108 kilómetros al norte de la capital sonorense, donde un soldado, bandera en mano, me indicó que continuara mi camino. Más tarde, en el puesto fronterizo de Mariposa, cumplí con el trámite para entrar a EU. Unos 45 kilómetros más adelante crucé por el arco de control de la Patrulla Fronteriza, en Amado, sobre la Interestatal 19, dotado de cámaras de vigilancia y perros policía, donde los agentes hacen revisiones aleatorias.
El trayecto de regreso fue otra cosa. Casi no detuve el auto desde que salí de Tucson, a no ser por algunos semáforos. Eso incluye el paso por la frontera, para volver a México. Allí me quedé con el pasaporte en la mano, esperando que alguien me lo solicitara, y dispuesto a que me revisaran la cajuela, en la que sólo traía artículos de aseo y muda de ropa. El retén militar que me encontré en la ida no existe para el tramo norte-sur de la autopista. Llegué a Hermosillo sin que nadie me inspeccionara.
Me quedé pensado sobre los riesgos que eso implica para la seguridad del país. Yo podría haber sido un muyahidín en fuga o un narcotraficante y nadie me hubiera preguntado quién era, dónde vivía y con qué propósito quería ingresar al país. Podría haber tenido la cajuela repleta de rifles de alto poder, municiones y explosivos o grandes cantidades de dinero en efectivo y mi única perturbación habría ocurrido al pasar junto a los letreros que, en el lado estadunidense de la frontera, advierten que está prohibido llevar armas a México.
Entiendo la estrategia del gobierno de México de demandar en EU a los fabricantes de armas. Me parece que existe razón en decir que esas empresas deben responsabilizarse por el hecho de que miles de mexicanos mueren asesinados cada año por medio de sus productos. Creo que si bien la ruta legal es complicada, vale la pena recorrerla, así sea sólo para presionar a las autoridades de aquel país y a los armeros para poner restricciones en la venta. Dicho eso, México también tiene que hacer su parte, controlando mejor lo que entra al país y decomisar las armas que logran pasar.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dados a conocer en 2019 –en el contexto de las negociaciones con EU para echar a andar la operación Frozen–, cada año ingresan ilegalmente en México entre 200 mil y 250 mil armas. ¿Sabe usted cuántas de ellas se aseguran? Una mínima parte. De acuerdo con una solicitud de transparencia, las autoridades federales decomisaron un total de 270 mil armas a lo largo de dos sexenios, entre 2006 y 2018. Es decir, poco más de las que entran un solo año. De esas, 162 mil las capturaron las Fuerzas Armadas y el resto la PGR, hoy Fiscalía General de la República.
Luego de haber alcanzado su pico en 2011 –con 32 mil 500–, el aseguramiento de armas ha ido a la baja en México. Eso incluye el actual sexenio. En 2019, el número de armas puestas a disposición del Ministerio Público Federal fue de 15 mil 305 y en 2020, de apenas 6 mil 593. En tanto, los delitos cometidos con armas –incluyendo los homicidios– han seguido la trayectoria inversa.
Es cierto, se trata de un fenómeno binacional, lo cual hace necesario que EU haga su parte, como perseguir y castigar a quienes integran la cadena del tráfico ilegal de armas a México, pues los criminales que envían drogas al norte de la frontera usan armas estadunidenses para proteger su negocio ilegal. Pero para poder exigirle al vecino, nuestro país está obligado a mostrar que puede aplicar la ley en su territorio y eso incluye intensificar los patrullajes –no disminuirlos, como ha venido sucediendo– y llevar a juicio a quienes cometen delitos con armas de fuego, sean de origen estadunidense o cualquier otro.
BUSCAPIÉS
A menos de que esta madrugada la selección olímpica de futbol haya derrotado a Japón para quedarse con el tercer lugar, nuestro país concluirá su participación en Tokio 2020 con sólo tres medallas de bronce, la peor cosecha de preseas desde Atlanta 1996. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Opinión,p.2)
Alto mando / Gobierno demanda a un gigante de las armas
Sorprendente, por no encontrar algún otro adjetivo para calificar las acciones que el gobierno de México ha tomado contra 11 empresas fabricantes de armamento en los EU. La apuesta judicial que ha decidido el gobierno de López Obrador emprender en contra de la empresa más poderosa de Estados Unidos dejó sorprendidos a propios y extraños, nunca en la historia de los EU y de México había habido una acción que responsabilizara a los gigantes de las armas de los acontecimientos violentos en territorio mexicano.
El tráfico de armas es una práctica conformada por una gran cadena de responsables, de ahí su complejidad. Lo cierto es que más allá de culpar a fabricantes por los cientos de miles de muertos que su uso ha ocasionado, está la corresponsabilidad de ambos países en cada una de sus fronteras. No me queda ninguna duda de que la experiencia del canciller Marcelo Ebrard le permitió contemplar todas las aristas e implicaciones del caso para presentar en una Corte norteamericana una demanda a un poder político y económico como son los fabricantes de armamento y solicitar, además, una fuerte indemnización por daños causados en todos los ámbitos que el crimen organizado ha logrado trastocar. Enormes cantidades en recursos para infraestructura en seguridad, pérdidas comerciales, industriales y turísticas, así como la descomposición del tejido social entre otras. Y sí, es verdad, la ola de criminalidad que crece ha dañado la confianza de inversionistas, de turistas e interrumpido la movilidad en territorio mexicano, fundamental para la vida económica del país.
Es claro que el armamento ha atentado contra el bienestar de México y ha puesto en pausa el desarrollo de casi 17 estados controlados por criminales, pero de eso a culpar a quienes las fabrican o venden y señalarlos como el problema principal es subjetivo. No es competencia de las fábricas negar la venta de lo que producen, el dinero ilegal con el que las adquieren se obtiene en nuestro país. El tráfico de armas es responsabilidad de ambas fronteras por la corrupción que existe allá y acá, pero el ingreso de armas a nuestro país es absoluta responsabilidad de México al no protegerlas. Aunque el canciller trate de evitar que dicha demanda ponga en juego la relación entre ambos países, si bien es cierto que no se desea intervenir en las políticas de armas del gobierno de Biden, la realidad es que tanto las fábricas como los distribuidores están legalizadas y cumplen con sus propias leyes. En todo caso, si hubiera argumentos legales posibles para exigir una indemnización a estas empresas, México tendría que tener primero la autoridad moral de que combate al crimen de manera frontal y que tiene bajo control territorios de los cárteles más sangrientos en la historia del narcotráfico. Pero la realidad es otra, existen municipios en donde se proclaman como autoridades bajo el principio de usos y costumbres o los mismos delincuentes, como en Chiapas y Michoacán. Es evidente para EU que López Obrador implementa una estrategia pasiva y permisiva con el discurso de pacificar a través de abrazos y no balazos. Con esta política y acciones como esta demanda a fabricantes o de armamentos, está trasladando su responsabilidad a territorio ajeno.
DE IMAGINARIA
La creación de complejos de seguridad como el C5 evidencia los esfuerzos y el alto costo que tendrán que invertir los gobernadores en construir infraestructura en seguridad, como es el caso de Carlos Joaquín en Quintana Roo. La tecnología aplicada para combatir al crimen organizado hoy será la mejor inversión que los estados hagan en al ámbito de la autonomía y de su condición de estados libres y soberanos, a fin de construir la paz con sus propias estrategias que sólo se limiten por la legalidad pero que enfrenten al criminal con toda la fuerza de sus estados. (Miguel Ángel Godínez García, Excélsior, Opinión, p.11)
La diplomacia frente a las armas de EU
Hace rato que la política exterior mexicana tiene una finalidad clara, de importancia estratégica para el país y la región. Se construyen mecanismos de apoyo y diálogo con América Latina, área en la que nuestra nación tiene una responsabilidad ineludible y que requiere de nuevos esquemas de cooperación. Recientemente, la Cancillería promovió una demanda contra las principales empresas fabricantes de armas en Estados Unidos por realizar prácticas que facilitan su tráfico y uso ilegal en México. En la misma se solicita una compensación económica por el daño causado al país por el hecho de que más de dos millones y medio de armas hayan cruzado la frontera sin autorización.
Anteriormente, el gobierno mexicano solamente se quejaba de dichas prácticas, ahora se actúa por la vía legal. En el ámbito político, los términos de la discusión se llevan al terreno correcto, se deja en claro que el país que realmente está pagando los costos de la guerra contra las drogas es México, porque no existe control alguno del tráfico de armas desde Estados Unidos. De hecho, las empresas armamentistas promueven de manera directa su uso ilegal, plasman imágenes y mensajes en las propias armas que aluden al narco y trabajan con distribuidores especializados en proveer de ellas al crimen en México, sin ser sujetos de investigaciones en los Estados Unidos.
Ioan Grillo, colaborador del NYT y autor de un celebrado libro sobre tráfico de armas, señala que, de manera increíble, no existe una ley federal en los Estados Unidos que prohíba de manera específica el tráfico de armas. Afirma que ese es el motor de los asesinatos en ambos lados de la frontera y que es parte esencial de la operación del narco, que cuenta con una logística que sirve para llevar drogas a Estados Unidos y luego para traer armas a México. Grillo señala que el presidente Biden debería de empujar la aprobación de la legislación para establecer controles en la compra masiva de armas. Una iniciativa bipartidista, por cierto, ya fue aprobada por la Cámara de Representantes, solo falta que se discuta en el senado.
Grillo cita encuestas en las que se encuentra que ese tipo de controles son apoyados por la mayoría de la población. Álvaro Santos, profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown, me comentó que este tipo de demandas efectivamente pone a la defensiva a Estados Unidos en la agenda de seguridad y es especialmente pertinente en un momento de debilidad de la Asociación Nacional del Rifle, que se encuentra en banca rota, enfrenta demandas muy serias y no es especialmente popular en un gobierno demócrata. Algo similar declaró Carl Tobias, profesor de derecho de la Universidad de Richmond, al NYT, quien piensa que la demanda es muy contundente en sus argumentos y en los casos que se citan para documentar el daño al país, será de gran ayuda para impulsar una mejor legislación de control de armas en Estados Unidos.
En realidad, la propia Casa Blanca se ha pronunciado por reformar las leyes que protegen a los productores de armas de no hacerse responsables de promover su uso por parte del crimen organizado, de acuerdo con lo declarado por Michael Gwin, un vocero de la presidencia, como reacción a la iniciativa del gobierno mexicano.
La demanda abre en Estados Unidos una oportunidad para llamar a cuentas a los productores de armas por los abusos cometidos, que sirven para incrementar el nivel de la violencia en los dos países, pero, sobre todo, ayuda a impulsar las iniciativas de ese país para regular el comercio de armas. Es una iniciativa que no ha pasado desapercibida en los Estados Unidos, y que cuenta con el apoyo de actores locales, como Jonathan Lowy, presidente del Consejo del Brady Center to Prevent Gun Violence y es asesorada por Hilliard Shadowen, un importante despacho legal de acciones colectivas. Esto es, sin contramatar al gobierno norteamericano, México actúa para tener influencia en la agenda del vecino país, en favor de nuestros intereses. (Vidal Llerenas Morales, El Economista, Opinión, p.46)
Astillero
Que se vayan los magistrados // Riesgo de dejar puerta abierta // Carta de Víctor Toledo a AMLO // Diputados exigen haya desafueros
Aun cuando los personajes (los magistrados electorales) y el motivo de la pelea (el control del tribunal electoral federal) pudieran parecer menores en relación con el complicado escenario nacional, lo cierto es que el quinteto de juristas que busca derrocar a José Luis Vargas Valdez (quien tiene su historia, sobre todo en cuestión de riqueza bajo sospecha) están tratando de dejar abierta una puerta supuestamente institucional para eventuales acciones similares en relación con otros poderes, como el Legislativo pero, sobre todo, el Ejecutivo, que se ejerce de manera unipersonal.
Hay varias maneras de referirse a esa puerta que abren los cinco magistrados, muy relacionados con intereses priístas, panistas y calderonistas. Puede hablarse de golpe de Estado (el propio Vargas Valdez usa este término), golpe a las instituciones o golpe de mano, pero lo que se convalidaría, de triunfar la acometida de los cinco, sería la posibilidad de que, desde el Poder Judicial, facciones políticas pudieran descarrilar o exterminar opciones de poder popular, progresista o de centro-izquierda moderada que no fueran del agrado de poderes económicos y políticos desplazados.
La historia latinoamericana ha conocido este tipo de acciones judiciales, impulsadas por intereses extranjeros y locales. En México, la desesperada oposición al obradorismo, que no ha encontrado vías para crecer, podría alentar maniobras de justicia. En realidad, los magistrados electorales deberían desahogar los pendientes inmediatos, renunciar y dar paso a una recomposición de ese turbio poder en el que se incluye a la parte todavía dominante del Instituto Nacional Electoral.
El ex secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) Víctor M. Toledo envió una carta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con el título El retiro de León Jorge Castaños de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), una tragedia nacional. La carta dice así: Estimado señor Presidente, si alguno de los funcionarios del actual gobierno está a la altura de usted, por su entrega, sabiduría, sobriedad, capacidad de trabajo y amor por las comunidades rurales y por la naturaleza, ése es el ingeniero León Jorge Castaños, apóstol forestal, quien encabezó la Conafor con el nuevo régimen.
Continúa la carta: La historia de defensa y buen manejo de los bosques y selvas del país está marcada por sus aportes internacionales a la forestería comunitaria. Cuántas veces no le vi en pleno campo, no en la oficina, revisando un proyecto, enfrentando un incendio o asesorando programas nuevos. Por desgracia, la 4T repite, una vez más, las vergüenzas neoliberales: los burócratas mediocres sumando poder por poder sin importarles el prestigio y eficacia de la función pública, y en este caso, el papel de la Conafor y la situación de las comunidades de las regiones forestales. Yo le conmino, de manera respetuosa, a reconsiderar esa acción de despido totalmente injustificada que mina lamentablemente nuestra fe en su gobierno.
Treinta y dos legisladores federales exigen en un comunicado que no haya más retraso en la discusión camaral de “los desafueros de los diputados Mauricio Toledo y Saúl Huerta, así como el dictamen en relación con el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, personajes señalados por las fiscalías de la Ciudad de México y la General de la República, respectivamente, por actos constitutivos de delitos graves.
En un tono abiertamente crítico, conminan los 32 diputados federales a la mesa directiva de la Comisión Permanente, a los coordinadores de los grupos parlamentarios y a todas y todos los legisladores de la Comisión Permanente a no poner pretextos, no retrasar, no evadir más y no obstaculizar por ningún motivo la discusión y aprobación para que la Cámara de Diputados se constituya en un periodo extraordinario como jurado de procedencia y concluya con este pendiente que tenemos con todas y todos los mexicanos (https://bit.ly/3lxUHZZ). ¡Hasta el próximo lunes! (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p.8)
México SA
México: crece inversión extranjera // Segundo lugar en América Latina // Más de 31 mil millones de dólares
Con todo y pandémica sacudida, en 2020 México registró un aumento de 6.6 por ciento en inversión extranjera directa (IED), lo que coloca al país como segundo receptor (casi una tercera parte del total) en Latinoamérica. El monto captado fue de 31 mil 365 millones de dólares, casi 2 mil millones más que en 2019, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que pronostica para 2021 un registro más favorable.
El organismo especializado de la ONU divulgó ayer su informe anual sobre inversión extranjera directa en la región, en el que detalla que sólo cinco países recibieron más capitales extranjeros en 2020, un año afectado en su mayor parte por la pandemia, en comparación con 2019. Fueron Bahamas y Barbados, en el Caribe, Ecuador y el Paraguay, en América del Sur, y México, el segundo mayor receptor de la región tras Brasil (en esta nación la IED cayó 35.4 por ciento).
En Centroamérica, el flujo foráneo de capitales se redujo en todos los países. El caso más notorio fue el de Panamá, que tras una década de recibir cada vez más inversiones en 2020 registró cifras negativas en todos los componentes de la IED. En el Caribe, las entradas se redujeron menos que en el promedio regional.
En su informe anual, la Cepal dedica un apartado temático especial para nuestro país (México sortea un escenario de alta incertidumbre), del que se toman los siguientes pasajes: en 2019 recibió 18 por ciento del total regional; en 2020 casi una tercera parte. A pesar del entorno de bajo crecimiento e incertidumbre resultante de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia, ha logrado atraer una cantidad importante de inversiones extranjeras. En estos resultados, un factor muy importante ha sido la ratificación del T-MEC.
En 2020, al igual que en los tres años anteriores, la IED en el sector de los servicios superó la recibida por la manufactura. Los servicios fueron responsables de 56.4 por ciento de la inversión foránea total, mientras la manufactura alcanzó 38.2 por ciento y los recursos naturales el 5.3. En la industria manufacturera, las inversiones más importantes, como ha sido la tendencia histórica, fueron las realizadas en el subsector de fabricación de equipos de transporte, seguidas del sector de bebidas y tabaco, y de la industria química.
A lo largo del año pasado las entradas provenientes de Estados Unidos representaron 37.1 por ciento del total de la IED recibida por México, seguidas por las que tienen su origen en la Unión Europea (28 por ciento). En relación con este bloque, los flujos provenientes de España ocuparon el primer lugar, con 52 por ciento de las inversiones europeas. Japón es el país asiático más importante.
En 2020, las principales fusiones y adquisiciones materializadas en México por parte de empresas extranjeras se concentraron en dos actividades: las concesiones de infraestructura y el sector farmacéutico. En un contexto marcado por la incertidumbre, las fusiones y adquisiciones fueron escasas. Varias de ellas consistieron en que una empresa extranjera vendiera sus operaciones en México a otro inversionista extranjero. Por ejemplo, en abril de ese año dos administradoras de fondos de pensiones canadienses compraron 40 por ciento de la empresa Ideal (de Carlos Slim), en una transacción por 2 mil 718 millones de dólares con el Grupo Financiero Inbursa.
Se estima que 2021 podría ser más favorable para las inversiones en México. El crecimiento de la economía estadunidense impulsaría las exportaciones mexicanas, sobre todo las del sector manufacturero. Las grandes empresas tendrán mejor acceso a financiamiento, lo que les permitirá desplegar planes de inversión más ambiciosos. La ratificación del T-MEC entrañaría un marco más propicio para aprovechar las iniciativas desplegadas por el gobierno de Biden con miras a una recuperación económica basada en una política industrial. (Carlos Fernández-Vega, La Jornada, Economía, p.20)
En Privado / Empinando al Presidente
Ante la crisis inédita que vive el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo pleno removió el miércoles a su presidente, José Luis Vargas, y designó en su lugar a Reyes Rodríguez Mondragón, Andrés Manuel López Obrador, a quien esto le viene como anillo al dedo, dijo que ante su descomposición todos los magistrados deben renunciar.
Me enteré —dijo— que se reunieron los magistrados y destituyeron al presidente y resulta que al que eligieron en una ocasión me insultó, y lo comento para probar el nivel moral de los magistrados electorales del organismo que es la última instancia, cuyas resoluciones son definitivas, clave en la democracia de México. No sé —dijo sabiendo, a su vocero Jesús Ramírez— si tienen por ahí el tuit —que claro que tenían— que puso el magistrado, con todo y cómo lo puso, y como arte de magia, en el paredón de la mañanera apareció un texto del supuesto tuit de Ramírez Mondragón que llenó todo el salón Tesorería y que decía: Ojalá ya se muera ese viejo culero de Palacio Nacional.
El silencio por la descalificación, el texto más ofensivo que se ha leído contra un presidente, delante de él y en Palacio Nacional, llenó el espacio.
Ya quítalo, ordenó a Ramírez, que lo había puesto sin decirle que el magistrado Rodríguez Mondragón lo denunció como falso desde el mismo día que se subió, el pasado 5 de octubre, y que además denunció ante la FGR.
Fue así como el mismo López Obrador documentó que alguien de su primer círculo lo engañó y empinó públicamente, dando por cierto algo falso, de lo que el Presidente, que no sabía, fue la doble víctima.
¿Es que no le pueden decir la verdad? ¿Quién está atrás, o al frente, de ese complot interno para exhibirlo? Alguien ahí en Palacio Nacional lo sabe.
RETALES