Marcelo Ebrard escogió un buen momento el pasado miércoles para lanzar su campaña jurídica contra la exportación ilegal de armas de Estados Unidos. Con independencia del mérito político relativo a la figura de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el horno esta listo para semejante paso. El legajo con cientos de páginas reclamando daños a las empresas norteamericanas que fabrican y comercian armas ha sido cuidadosamente preparado y tiene serios fundamentos.
Las estadísticas que citó Ebrard de más de 200,000 muertos y 80,000 desaparecidos son básicas y vienen acumulándose desde años y tienen directa relación con la otra faceta de problemas que tenemos con nuestros vecinos al norte.
Las indemnizaciones que reclama la acción anunciada podrían ser de 10,000 millones de dólares. El negocio de las armas incluye el contrabando que se calcula alcanza el orden de alrededor de 340,000 millones de dólares cada año, valiéndose de la porosidad de la frontera. Una parte considerable de municipios, asi como la selección de candidatos exitosos, está gobernada por las temibles mafias.
Ahí está la legislación norteamericana, fortalecida por las disposiciones del presidente Bush, quien confirmó la prerrogativa que gozan los fabricantes de armas apoyándose en una enmienda constitucional para armar a los colonizadores blancos.
Nosotros, durante todo el siglo XIX también libramos en el norte de la República una guerra contra los indios “bravos”. La diferencia está en que esa época ya terminó mientras que, en Estados Unidos, pese a lo anacrónico, esa ley aún en vigor, tiene la inicua función de amparar el multimillonario negocio de las armas que se expenden en miles de tiendas y hasta supermercados, muy especialmente en la zona fronteriza con nuestro país.
El crecimiento de la actividad de las numerosas mafias mexicanas coincide con el crecimiento de los polos de pobreza aguda que los datos que nos deja el Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (Coneval) en su informe de esta semana. Tan es indispensable que cambie la estrategia que el gobierno ha aplicado en los tres últimos años en materia de combate a las mafias, como es necesario que utilice nuevas fórmulas para resolver la aguda pobreza que divide a México en las pocas zonas de relativo crecimiento económico y las demás que no logran traspasar el muro de la miseria.
No se han encontrado las estrategias que acaben con las mafias que cuestan cientos de miles de vidas y roban miles de millones de pesos. Toda la experiencia mundial confirma que la benevolencia no basta. El problema requiere la acción fulminante, la policial profesional, de la que carecemos, acompañada de la judicial. Lo que anuncia Marcelo Ebrard es un ejemplo de lo que hay que hacer: una acción internacional clara y valiente.
La acción contra la pobreza extrema es diferente. La experiencia en todos los países enseña que el progreso económico requiere, en su etapa inicial, del respaldo de préstamos sencillos y asequibles tanto para los pequeños productores como el comercio.
El gobierno insiste acertadamente en apoyar pensiones y dádivas personales y familiares, pero abandona el financiamiento público a las unidades que dan empleo sin entender que no debe temerse un endeudamiento si se dirige a la actividad que produce y anima consumo. La acción también tiene que ser internacional. (Julio Faesler Excélsior, Opinión,p.13)
El gobierno del presidente López Obrador tiene un nuevo enemigo. Se trata de un villano que tuvo a mal competir con su aliado y amigo Donald Trump —ese megalómano que impulsaba políticas racistas y antimigrantes y decía que los mexicanos éramos violadores y secuestradores—.
Estamos hablando de ese hombre que asumió las riendas de la economía más grande del mundo tras un periodo de incertidumbre global. Alguien que defiende la libertad de prensa y los principios democráticos. Que se pone a trabajar en lugar de estar culpando a su predecesor.
Y es que la hostilidad hacia la administración de Joe Biden ha sido clara desde el principio. El mandatario mexicano no sólo apoyó al candidato perdedor, sino que después se rehusó a aceptar su victoria y su acercamiento ha sido claramente frío.
El único puente real entre ambos gobiernos fue la visita de Kamala Harris en junio pasado, en la cual la vicepresidenta le puso un “estate quieto” a López Obrador al decirle que dejara trabajar a la prensa y a las organizaciones de la sociedad civil.
Para la política exterior mexicana, inexplicablemente, en este momento es más importante ser cercano a regímenes represores, como el de Cuba o Venezuela, que hacer alianzas con el principal socio de México en el concierto internacional. Con aquel país con el que no sólo compartimos 3,142 kilómetros de frontera y el 75% de nuestras exportaciones, sino con el cual también tenemos problemas comunes que sólo se pueden solucionar por medio de una aproximación coordinada, como en el tema de la delincuencia organizada.
En lugar de estar viendo la manera de estrechar la alianza entre las dos naciones, busca atribuir a aquel país el desastre que se tiene en materia de seguridad, argumentando que la culpa exclusivamente es de las armas, ignorando las erradas decisiones que su gobierno ha tomado en materia de seguridad.
Incluso, el gobierno mexicano parece no medir las posibles consecuencias que pueden tener los acercamientos a China y Rusia, que tal vez no son bien vistos por Estados Unidos.
Además, poco a poco se acrecienta una percepción internacional hacia México como un país adverso a las inversiones y el capital extranjero, lo que dificulta la recuperación a una economía fuertemente golpeada, tanto por la pandemia como por las malas decisiones.
Mientras tanto, otros países están haciendo lo sensato. En su viaje por Europa de hace poco más de un mes, Joe Biden estrechó relaciones con sus aliados occidentales. Acordó un impuesto corporativo global, cerró acuerdos en materia militar y de seguridad y llegó a compromisos para apoyar la cooperación internacional en vacunación.
Parecería que el equipo del presidente López Obrador no ha logrado —o podido— transmitirle que los temas fundamentales para el éxito de su gobierno no se pueden resolver sin una agenda fuerte con Estados Unidos, especialmente en materia económica y de seguridad. En su lugar, opta por una vecindad pasiva y hostil.
En el fondo, el gobierno mexicano no entiende la relación bilateral. Y su estrategia no sólo es torpe, sino que genera consecuencias que ni puede vislumbrar. (Ricardo Alexander Márquez Excélsior, Nacional, p.17)