Ciudad Juárez, Chih., La verdadera contienda con los jefes de los grupos delictivos es ofrecer opciones a los jóvenes para que no se los lleven y no formen parte de un ejército de reserva de la delincuencia, y eso sólo se logra al atenderlos y con el combate a la pobreza, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Mencionó que ahora en Ciudad Juárez los muchachos son contratados como aprendices y reciben el equivalente a un salario mínimo, de 213 pesos, para que no sean enganchados por la delincuencia.
Durante la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en este municipio fronterizo, el mandatario llamó a la unidad a los gobiernos estatales para enfrentar a la delincuencia y sostuvo que el apoyo de las fuerzas armadas es un gran respaldo a su gobierno. Por eso hablo de dos instituciones fundamentales del Estado, son las que más me están apoyando para llevar a cabo, entre todos y desde abajo, la transformación de México.
En su presentación hizo una amplia referencia a los programas sociales que se han aplicado en Ciudad Juárez y, tanto en su discurso como en un video que más tarde subió a sus redes sociales, detalló que se trata de hechos y no palabras.
En él resalta que en su gobierno ya no hay gasolinazos. Me da mucho gusto poder decir que hemos cumplido con el compromiso de no aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, de la luz.
El Presidente se detuvo en una estación para mostrar que en esta ciudad el litro de Magna está en 15.20 pesos. Aquí y en toda la frontera la gasolina es más barata porque hice el compromiso de reducir los precios de los combustibles. También, en toda la línea divisoria, se paga menos de impuestos. El IVA es de 8 por ciento, el ISR se redujo a 20 por ciento y aumentamos el salario mínimo casi al doble, es de 213 pesos, y en el resto del país, aunque ha subido casi 50 por ciento en este gobierno, es de 141 pesos. (Jesús Estrada, Política, La Jornada, P.p)
En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora hoy, la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea) –conformada por 48 comunidades y organizaciones de asentamientos originarios, campesinas y civiles–, hizo un llamado enérgico al Estado mexicano para que avance decididamente en la reforma constitucional sobre sus derechos.
El Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, de Campeche; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de Atenco, estado de México, y la Red Ambiental en Defensa de los Humedales, de San Cristóbal, Chiapas, entre otros, destacaron que avanzar esta reforma implica saldar una deuda histórica para hacer cumplir los acuerdos de San Andrés Larráinzar sobre derechos y cultura indígena –firmados en 1996–, y dar paso a una relación de respeto e igualdad entre los pueblos y el Estado.
En este sentido, exhortaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y al Congreso de la Unión a que esta iniciativa sea presentada a comienzos de la siguiente legislatura y se establezca como tema prioritario.
También denunciaron que las formas de gobierno de los pueblos indígenas, los sistemas normativos y la integridad de sus territorios así como de sus bienes comunes siguen siendo amenazados y violentados. El riesgo, agregaron, ya no está sólo en los proyectos de muerte, sino que ahora incluye redes de criminalidad y corrupción en complicidad con gobiernos, cacicazgos locales y actores empresariales. (Jessica Xantomila Política, La Jornada, P.p)
A Laboratorios Solfrán la vetaron hace dos años de las compras públicas, pero eso no impidió que los medicamentos fabricados por la empresa del ex súper delegado en Jalisco Carlos Lomelí se siguieran vendiendo al Gobierno federal.
Solfrán utilizó una red de intermediarias para eludir la sanción aplicada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en septiembre de 2019, la cual le impedía vender sus productos por haber falseado información al participar en contrataciones públicas.
Tan sólo 7 de sus distribuidores obtuvieron 57 contratos posteriores a la sanción, por 11.5 millones de pesos, para vender los fármacos de Solfrán al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Sólo uno de esos contratos se dio por licitación, los otros 56 fueron adjudicaciones directas.
La empresa de Lomelí vendió sus medicamentos a través de una red nacional de intermediarios, ubicados en Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Aguascalientes y la Ciudad de México.
Documentos obtenidos por MCCI muestran que a los pocos días de que la SFP anunció la sanción, el laboratorio propiedad del ex candidato a Gobernador de Jalisco por Morena emitió oficios de respaldo a dos de sus distribuidores, para que enviaran cotizaciones al IMSS de su producto Kendragel, una medicina para la acidez estomacal registrada por Solfrán ante la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). De esa forma, pudo seguir vendiendo su producto, pese a la inhabilitación.
En mayo de 2019, MCCI informó que 9 empresas farmacéuticas vinculadas con Carlos Lomelí, habían obtenido en 7 años más de 2 mil 263 millones de pesos en contratos gubernamentales.
De las nueve empresas, sólo cuatro fueron reconocidas por Lomelí como propias, una de ellas Solfrán.
La SFP inició una investigación sobre los contratos y el 13 de septiembre de 2019 publicó en el Diario Oficial de la Federación una resolución en la que ordenó a cualquier dependencia gubernamental abstenerse de contratar a Solfrán por un plazo de 2 años y medio.
Ese mismo día, la SFP precisó en un comunicado que se había castigado a Solfrán por haber falseado información al participar en contrataciones públicas.
Lomelí fue diputado federal entre septiembre de 2015 y febrero de 2018; renunció a su cargo para ser candidato a Gobernador de Jalisco por Morena. Tras su derrota, el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo nombró delegado federal de su gobierno en Jalisco.
El político y empresario jalisciense promovió amparos contra la inhabilitación. El 14 de enero de 2020, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) le otorgó una suspensión. La SFP impugnó y durante más de un año continuó el litigio.
Finalmente, el 23 de marzo de 2021, el Tribunal anuló la sanción que la SFP había impuesto a Laboratorios Solfrán desde septiembre de 2019. MCCI pidió entrevista a Carlos Lomelí pero no hubo respuesta. (Verónica Ayala y Vanessa Cisneros / Especial MCCI, Reforma, P.p)
Conforme la pandemia de Covid-19 en México vive una tercera ola de contagios y hospitalizaciones, resulta cada vez más evidente para los expertos la necesidad de vacunar no sólo a adultos y adolescentes, sino a niñas y niños.
Mientras en un principio los niños no llegaban a presentar cuadros severos de la nueva enfermedad con la misma alta frecuencia que las personas adultas, esto ha comenzado a cambiar, en especial a partir del surgimiento de nuevas variantes más infecciosas y agresivas, como es el caso de Delta.
“Sí se deben de vacunar, obviamente los niños se tienen que vacunar, porque ya se está viendo que la variante Delta sí está enfermando a niños, se están enfermando cada día más”, consideró la doctora en biología molecular Roselyn Lemus, quien desmitifica esa idea de que los menores no enfermen gravemente o incluso fallezcan por este mal.
Hasta el 25 de julio pasado, en México se habían contagiado 57 mil 490 menores de entre 0 y 17 años, y habían fallecido 595, de acuerdo con cifras oficiales.
Para el doctor en química Mauricio Comas García, colíder del desarrollo de una vacuna contra el SARS-CoV-2 en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), lo más probable es que las agencias reguladoras internacionales aprobarán la vacuna para esta población, lo cual resultará muy importante para poder cortar la transmisión de un virus que puede mutar en cada nueva infección y permitiría garantizar un regreso mucho más seguro a clases presenciales. (Israel Sánchez, Reforma, P.p)
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y las áreas de delitos financieros de España y Canadá rastrean movimientos inusuales del magistrado José Luis Vargas Valdez que puedan aportar elementos adicionales en las dos denuncias que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y triangulación de recursos con empresas fachada, que superan los 140 millones de pesos.
El siguiente paso en este proceso será bloquear sus cuentas bancarias, una vez que la UIF obtenga información relevante de otros países, de esta manera la investigación en contra de Vargas Valdez se convertiría en una indagatoria internacional.
MILENIO confirmó que la UIF está en espera de que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen, por sus siglas en inglés) les informe si detectaron movimientos inusuales fuera de México que haya realizado el magistrado Vargas, a quien la semana pasada la mayoría de la Sala Superior lo destituyó de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La UIF solicitó apoyo a Estados Unidos, España y Canadá por ser los países a los que Vargas ha viajado con más frecuencia en los últimos años mientras su patrimonio se elevaba de manera inexplicable. México sigue a la espera de la información que le permita ampliar las investigaciones contra el magistrado.
Las denuncias que la UIF presentó en contra de Vargas en 2020 ante la Fiscalía General de la República representan irregularidades y movimientos inusuales por más de 36 millones de pesos. Mientras que la interpuesta el 12 de junio y, que ahora incluye a su esposa Mónica Bauer Mengelberg, a su cuñado Peter y a las empresas Inmobiliaria Pasavaba, Inmobiliaria Schlafrau, Nerix, Consorcio de Litigio Estratégico y Asesoría Estrategia Total, señala movimientos irregulares por más de 106 millones de pesos y la alerta de que algunas de estas compañías tienen características de fachada. (Jannet López Ponce, Milenio, Política, P.p)
El operativo que terminó con la muerte de Arturo Beltrán Leyva en 2009 marcó el principio de la extinción de la organización criminal que dirigía; diez años después, surgieron del mismo grupo al menos 10 fracciones antagónicas y sin nexos, dispersas en trece estados de la República.
El fenómeno se replicó cuando desaparecieron Los Zetas, el Cártel Del Golfo, la Familia Michoacana, o incluso con la detención del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, sucesos que habrían dado pie a la restructuración de los 227 grupos criminales que se tienen identificados en México y que hoy se disputan el control de mercados ilícitos.
El avispero pateado con la política gubernamental de captura y abatimiento de líderes criminales habría representado una reconfiguración en el mapa criminal mexicano hoy acaparado por dos cárteles y 73 células afines, 49 escisiones y 29 bandas, pandillas o familias, a los que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido enfrentar con “abrazos y no balazos”.
Así lo muestra el Mapa Criminal 2019-2020, elaborado por Lantia Intelligence, que desde 2008 ha recabado informes gubernamentales, investigaciones y estudios académicos, notas periodísticas verificadas y un continuo monitoreo de redes sociales para desmenuzar las actividades del crimen organizado que ha puesto énfasis en operaciones de narcotráfico, narcomenudeo, extorsión, cobro de derecho de piso, delitos de alto impacto (robo a transportistas, ferrocarril o trata de personas) y robo de hidrocarburos.
Según el informe, hasta diciembre de 2019, el liderazgo en cuanto a organizaciones criminales lo tendrían el Cártel de Sinaloa con 37 células en 28 entidades, y el Cártel Jalisco Nueva Generación con 36 células en todo el país con excepción de Sinaloa -y una escisión, el Cártel Nueva Plaza-, organizaciones con presencia en Asia, América Latina, Estados Unidos y Europa. (Amílcar Salazar Méndez, Milenio, Política, P.p)
CIUDAD DE MÉXICO. A partir de hoy, representantes del magisterio revisarán escuela por escuela para conocer sus condiciones y reportar a las autoridades qué infraestructura y servicios necesitan para un retorno seguro a clases presenciales.
Tras avalar el regreso a las escuelas para el 30 de agosto, Alfonso Cepeda, secretario general del SNTE, dijo que la discusión ya no es si se vuelve o no a las aulas, sino cómo es más seguro hacerlo.
No podemos ni rendirnos ni resignarnos a mantenerlas cerradas. Vamos a conocer la situación de las escuelas, que previamente hemos detectado con alguna necesidad, para aportar a las autoridades datos actualizados. Convocaremos a la comunidad educativa a sumarse a esta gran labor para que el regreso de nuestros niños y jóvenes sea seguro”, dijo este fin de semana al reunirse con los órganos de gobierno y secretarios generales de las secciones sindicales de todo el país.
El 14 de mayo, Excélsior dio a conocer que 50% de las escuelas en el país habían sido vandalizadas o robadas durante el abandono de la pandemia, de acuerdo con un diagnóstico del SNTE. (Laura Toribio, Excélsior, P.p)
Ciudad De México. Aunque todas las fuerzas políticas representadas en el Senado expresaron que no permitirán la impunidad en los delitos por los que se acusan a los diputados federales Mauricio Toledo y Saúl Huerta, los casos de ambos tienen divididos en dos grandes bloques a senadores y diputados federales, al grado que, hoy, cada voto será fundamental.
Hasta el momento, los votos de Morena y PAN, que son las dos fuerzas políticas que han dejado en claro que votarán por el periodo extraordinario de la Cámara de Diputados, son suficientes para abrir el extra, al sumar entre ambos 25 voluntades, pero el PRI y Movimiento Ciudadano argumentan que no se puede ir a un extraordinario si se incluye al fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, e incluso en el PRI hay quien considera que el proceso legislativo referente a Mauricio Toledo está lleno de irregularidades.
Este lunes, el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión intentará por cuarta ocasión concretar la convocatoria a la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para quitar la inmunidad procesal a ambos legisladores federales. (Leticia Robles De La Rosa, Excélsior, P.p)
Hace unos días el titular del Poder Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el Poder Judicial está podrido. Hoy, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, prefiere decir que el Poder que él encabeza libra una batalla contra la corrupción, el nepotismo, el acoso sexual y la discriminación de mujeres, que aunque no era generalizada, sí lo suficientemente grave. Y asegura que la mayoría de los juzgadores son personas honestas y honorables que sirven al pueblo de México.
El ministro presidente Zaldívar Lelo de Larrea revela, en entrevista con EL UNIVERSAL, que redes familiares en el interior de ese poder, así como redes de corrupción encabezadas por afamados despachos privados, además de diversos grupos políticos que tenían cotos de poder dentro de juzgados, han intentado oponer resistencia al proceso de limpia del Poder Judicial de la Federación (PJF).
“Se cometían muchos excesos y también muchas irregularidades que seguiremos combatiendo con determinación”, dice Zaldívar tras dos años y medio de estar a la cabeza del PJF, y habla de los resultados en materia de lucha contra la corrupción y algunas otras prácticas nocivas, las cuales, asegura, han disminuido sensiblemente. (Carlos Benavides, El Universal, P.p)
La recuperación de los niveles de pobreza que existían antes de la pandemia podría ser más rápida que en la crisis anterior, pero dejará secuelas en materia de educación y salud que van a tardar más tiempo en superarse, advirtió John Scott, investigador académico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
De 2018 a 2020 el número de pobres en México aumentó en 3.8 millones de personas, cifra un poco mayor a los 3.3 millones que se generaron por la crisis financiera internacional de 2008-2009. Sin embargo, esta contingencia resultó distinta y falta ver la evolución del virus.
“Es difícil de predecir cuánto tiempo vamos a tardar para regresar a los niveles de 2018, porque depende de cosas que no son económicas. Si puede durar, pero no creo que tanto como la última crisis, que fue macroeconómica global, en la que la recuperación fue más lenta que ésta, y esa nos llevó apenas en 2017 a recuperar los niveles de pobreza que teníamos en 2008”, dijo el investigador en entrevista con EL UNIVERSAL. (Rubén Migueles, El Universal, P.p)
En 2020, cuatro millones 825 mil 505 hogares retiraron inversiones, ahorros y recursos de tandas, entre otras partidas de dinero, muchos de ellos para enfrentar la pandemia de COVID-19. La cifra fue 43.56 por ciento mayor que en 2018, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Así como mucha gente tuvo la oportunidad de ahorrar durante la pandemia, muchos se vieron en la necesidad de recurrir a sus ahorros para salir adelante, sobre todo aquellos que se quedaron sin empleo, le recortaron el salario o tuvieron que cerrar sus negocios”, comentó Mario Di Contanzo, expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
Mario Correa, analista independiente, explicó que la escasez de liquidez que generó la crisis económica y la falta de apoyos gubernamentales para enfrentar sus efectos, obligó a muchas personas a sacar sus ahorros y, los que no tenían, a endeudarse.
El monto trimestral obtenido fue de 39 mil 163 millones de pesos, 39 por ciento mayor al de hace dos años, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).
Otros dos millones 400 mil hogares obtuvieron préstamos de más personas o de alguna institución, 3.1 por ciento más que dos años atrás.
Según la ENIGH, 18 millones 446 mil 619 hogares (52 por ciento del total) registraron ingresos por percepciones financieras y de capital, 9.84 por ciento más que en 2018.
Además de los retiros de inversiones, y ahorros y préstamos personales o de instituciones, esta partida incluye percepciones patrimoniales en especie; otros ingresos financieros y de capital, así como transferencias en especie no regulares de otros hogares.
En 2020, 90 por ciento de los hogares del país registró una reducción de sus ingresos, principalmente, a causa de la crisis económica que desató el virus del coronavirus. Con excepción del decil I (el de menores recursos). (Fernando Franco, El Heraldo de México, P.p)
En julio el ensamble de la industria automotriz en México descendió 26.5% a 221,843 vehículos ligeros, el volumen más bajo en los últimos 14 meses, en un entorno de desabasto de componentes electrónicos que no cede.
Las marcas con los mayores desplomes productivos fueron General Motors con 53%, Volkswagen con 52% y Ford con 47%, luego de que realizaron paros técnicos ante la insuficiencia de semiconductores.
Esta situación también dio pie a que las exportaciones de vehículos cayeran 23.6% a 202,021 unidades, esto es 62,499 autos menos comparado con igual mes del 2020, cuando se exportaron 264,520 unidades, de acuerdo con el reporte mensual del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi). Los envíos al mercado estadounidense disminuyeron 25.7% a 162,021 unidades.
En cuanto a las exportaciones totales, Ford fue la marca más perjudicada con una disminución de 75.5% de sus exportaciones, seguido de Volkswagen con una baja 64.5% y General Motors con un desliz de 44.5%, mientras que Mercedes Benz mostró una contracción de 43.3% en merma de envíos.
América del Norte es la región que mayor afectación ha presentado por la falta de semiconductores, lo cual ha llevado a que la industria automotriz pare o que ralentice la actividad en sus fábricas por la ausencia de semiconductores, cuya problemática se mantendrá a lo largo de agosto, como es el caso de GM en su planta de San Luis Potosí.
Aun cuando se estimaba que hubiera una regularización en la oferta de estos insumos, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) prevé que será hasta finales de año cuando se normalice el suministro de semiconductores a nivel mundial.
La situación preocupa al sector automotor puesto que conforme avance la demanda de autos eléctricos, también habrá una mayor dependencia de chips en los próximos años, ya que de los 100 componentes electrónicos que puede llevar un auto actualmente, entre 20 y 40 microcontroladores, representan el 35% del costo del vehículo. (Lilia González, El Economista, P.p)
Para evitar la pobreza en la vejez se deben ajustar parámetros claves como la edad de retiro, y reducir las oportunidades para sacar fondos ahorrados en las Afores antes de la jubilación, recomienda el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria.
También sugiere aglutinar todos los sistemas públicos de ahorro para el retiro que existen en un solo sistema público integral, que a su vez se integre a un Sistema de Seguridad Social a construir gradualmente.
Enrique Díaz-Infante Chapa, director del Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), explicó en entrevista que en dicho Grupo participan ocho organizaciones de la sociedad civil y ocho legisladores de diferentes partidos, quienes elaboraron varios documentos entre los que destaca el de Reforma al Sistema Universal de Pensiones, el cual subraya que es urgente atender el reto de la insostenibilidad financiera del sistema de pensiones, de la reducida cobertura y las bajas tasas de remplazo.
El texto, dijo, emite una serie de recomendaciones a los legisladores con miras a que sean consideradas para reformar el sistema pensionario, entre las que destaca que para aumentar la cobertura se debe introducir un esquema obligatorio para que empleados y autoempleados aporten para su retiro y puedan recibir el beneficio a la jubilación. (Felipe Gazcón, El Financiero, P.p)
Kansas City Southern (KCS) suspendió a partir de este año las nuevas inversiones en Michoacán, esto a raíz de los constantes bloqueos de grupos sociales a las vías ferroviarias en la entidad, confirmó el presidente de la compañía en México, Óscar del Cueto.
En entrevista con El Sol de México, el directivo dijo que de los 118 millones de dólares que la empresa tiene comprometidos para mejorar su infraestructura ferroviaria en el país durante este año, sólo una pequeña parte se destinará al mantenimiento de infraestructura en Michoacán, pero a partir de este año se cancelaron nuevos proyectos en el estado.
“Hay una afectación en la imagen y percepción para nuevas inversiones (…) Para proyectos de crecimiento no tenemos nada para Michoacán desde este año”, refirió el directivo de la ferroviaria.
Desde el pasado 31 de julio, maestros de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon las vías del tren a la altura de Uruapan, por tiempo indefinido, según informaron.
El bloqueo había afectado hasta el fin de semana el tránsito de 16 trenes con 95 mil 554 toneladas de carga.
Datos de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC) estiman que el bloqueo tiene un impacto económico de 50 millones de pesos diarios para la entidad.
Sin embargo, Óscar del Cueto asegura que esta cifra puede ser dos o tres veces mayor si se consideran los daños a distintas industrias. (Juan Luis Ramos, El Sol de México, P.p)
A año y medio de haber entrado en operaciones, la afiliación en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) se desplomó un 38 por ciento, respecto al Seguro Popular.
Cifras del Gobierno federal indican que en diciembre de 2018 hubo una afiliación histórica al Seguro Popular de 53 millones 530 mil 359 personas pero para 2021, ya con el Insabi implementado, los registros de usuarios disminuyeron a 32 illones 842 mil 765 registradas, según el reporte del Inegi actualizado en marzo de 2021.
De acuerdo con los nuevos lineamientos, más 20 millones de personas que ya no cuentan con el Seguro Popular, no han solicitado atención en el nuevo sistema de salud, ya que de haberlo hecho, se habría generado un registro en automático para integrar el expediente del solicitante.
La Razón consultó con la oficina de prensa del Insabi, que vía WhatsApp respondió brevemente que “para Insabi no se requiere afiliación así que ese dato no es correcto”; sin embargo, el Inegi tiene registrados a más de 32 millones de afiliados, es decir, los que ya solicitaron los servicios de Salud. Además, en su respuesta por WhatsApp, se aclaró que “no han autorizado entrevistas hasta el momento”.
“La suma de los afiliados en las distintas instituciones de Salud, puede ser mayor al total por aquella población incorporada en más de una institución”, aclara el Inegi en su página oficial.
Cuando arrancó en enero de 2020, el Insabi destacó en su página oficial que las personas sin seguridad social solamente tendrían que acudir a su centro de salud más cercano y presentar: CURP, acta de nacimiento o credencial del Instituto Nacional Electoral. (Lucero Méndez, La Razón, P.p)