La regulación de los flujos migratorios y la consolidación del libre comercio en América del Norte son los asuntos primordiales en la agenda que la Cuarta Transformación ha planteado al gobierno Demócrata de Estados Unidos. La colaboración con México —han aclarado los funcionarios de la administración Biden— también debe fortalecerse en materia de seguridad.
La contención de la pandemia llevó al cierre de los cruces no esenciales en la frontera y también impuso controles más estrictos, por parte del ICE y del Instituto Nacional de Migración. Hace tres años, cuando AMLO asumió la Presidencia, propuso un programa de subsidios y construcción de infraestructura en la República mexicana y Centroamérica para frenar las oleadas de indocumentados que entonces trataban de obtener visas humanitarias en las Cortes estadounidenses.
Sembrando Vida, el Tren Maya y el Corredor Interoceánico han dado empleo a residentes en los estados del Sureste, pero no han detenido los flujos migratorios. Las cortinas de desarrollo todavía fueron enarboladas por López Obrador en su más reciente gira por Ciudad Juárez.
Los estados fronterizos tienen otras propuestas para reactivar la economía en ambos lados del Río Bravo. Allí está, para mejor ejemplo, el plan maestro para el transporte entre Texas y México que además de mejorar la capacidad y las operaciones de la infraestructura multimodal existente está enfocado en facilitar el comercio internacional, el comercio electrónico, reducir los impactos ambientales y mejorar la calidad de vida de los residentes en la región .
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio el visto bueno al corredor ferroviario que conectará al municipio de García con Aeropuerto Internacional de Monterrey, en Nuevo León, donde además se edificará la Carretera Interserrana que conectará a cuatro entidades huastecas. Ambas obras serían proyectos de asociación público-privada.
En Baja California, también han acelerado el paso en la construcción de la infraestructura que acrecentará el intercambio comercial en el punto fronterizo más transitado del mundo. La SCT anunció la inversión de 2,800 millones de pesos para construir un nuevo cruce internacional en la Mesa de Otay II que además de mejorar la atención a vehículos particulares y de carga ofrecerá un tiempo de espera de 20 minutos aproximadamente a la primera revisión por parte de EU.
Y en el corto plazo está expansión del Cross Border Express en terrenos aledaños al aeropuerto internacional de Tijuana. Inaugurado hace seis años, el CBX ha sido cruzado por más de 10 millones de pasajeros y su ampliación, que estaría en funcionamiento en octubre del 2022, está enfocada al procesamiento de las aduanas y la protección fronteriza en el lado estadounidense, con la duplicación de la capacidad actual.
Las nuevas edificaciones —de acuerdo a las fases contempladas por el proyecto de ampliación— también contemplan la construcción de un mall, hoteles, restaurantes, estaciones de servicio y un nuevo estacionamiento. Dentro de 15 años, según las proyecciones, siete millones de turistas ingresarán a EU por ese puente.
La reapertura fronteriza y la negociación de un nuevo Programa Binacional para el Desarrollo Económico eran las prioridades del presidente anfitrión. Y así lo enfatizó durante audiencia que anoche concedió a la delegación estadounidense, en Palacio Nacional. El secretario Mayorkas y el consejero Sullivan escucharon atentos el mensaje que llevarán a la Casa Blanca. (Alberto Aguilar, El Economista, Política, p. 38)
Los números oficiales no mienten, la cantidad de migrantes que quieren llegar a Estados Unidos desde México y Centroamérica se ha elevado seriamente en los últimos meses.
La pandemia, el desastre de los gobiernos centroamericanos donde no hay a cuál irle, la violencia, el cambio climático y lo que ha provocado en aquellos países, hacen que difícilmente lo que hemos visto recientemente vaya a cambiar. Esa es la mayor preocupación en la Casa Blanca respecto a México.
Ayer en su reporte de la llamada con el presidente López Obrador, la oficina de la vicepresidenta enfatizó, antes que nada, que ese fue el tema de la conversación:
“La vicepresidenta Harris y el presidente López Obrador discutieron la cooperación bilateral para enfrentar la migración que llega a la frontera entre México y EU; la vicepresidenta subrayó que enfrentar la migración irregular en nuestra frontera común es una de las prioridades de la administración Biden-Harris.
La vicepresidenta actualizó al presidente López Obrador en los esfuerzos estadunidenses, incluyendo la publicación el 29 de julio de la estrategia estadunidense para enfrentar las causas raíz de la migración centroamericana.
Estuvieron de acuerdo en la necesidad de enfocarse en hacer más fuertes a las economías de Centroamérica, principalmente a través de inversiones en agricultura y resistencia al cambio climático”.
Después reporta que el presidente López Obrador le agradeció la ayuda por covid.
Y ayer nos enteramos de una visita a México de una importante delegación en temas de seguridad nacional encabezada por el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, al que acompaña el secretario de Seguridad Interior Alejandro Mayorkas, Juan González, director para el Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional y Ricardo Zúñiga, que es el enviado especial para el Triángulo del Norte de Centroamérica.
No, no creo que se hable mucho de covid. Como había escrito aquí, el plan de reactivación en Centroamérica del 29 de julio no suma demasiado.
Poco dinero, pocas ideas. Por lo que el problema en la frontera seguirá y causará cada vez mayores problemas porque Biden no se puede dar el lujo de dejarlos pasar ni tiene la fuerza para cambiar la ley en el Congreso.
Frente a esas circunstancias ¿qué hará México? Más allá de seguir sirviendo como la migra antes de la migra. Porque ese es el tema que importa allá. (Carlos Puig, Milenio Diario, Al frente, p. 2)
Diplomacia de altos vuelos. Contrario al pesimismo de algunos que pensaban que la relación bilateral con Estados Unidos entraría en su faceta más crítica, la realidad los ubica en la justa dimensión. No sólo marcha, sino que va muy bien. Primero, la llamada entre el presidente López Obrador y la vicepresidenta Kamala Harris para confirmar el envío de 8.5 millones de vacunas. Y ayer el canciller Marcelo Ebrard recibió una delegación de funcionarios de alto nivel, encabezados por Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden, y Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional. Fortalecer la amistad lo mejora todo, comenzando por la economía, la salud, la seguridad… Relaciones impecables, las de ahora. (Excélsior, Nacional, p. 13)
Que después de la visita de la comitiva de Seguridad Interior encabezada por el asesor de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y el secretario Alejandro Mayorkas, el jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco, confirmó que hay la posibilidad de un encuentro AMLO-Biden, pero sin fecha concreta, y se sabe que lo que está descartado ahora es la reapertura de la frontera. (Milenio Diario, Al frente, p. 2)
Preparan reunión
Nos hacen saber que uno de los principales objetivos de la visita a México del jefe del Consejo de Seguridad Nacional de EU, Jake Sullivan, fue acordar una reunión entre los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. El encuentro, se dice, está planeado para este mismo año, y sería el mexicano quien viajaría a Washington para concretarla. (El Heraldo de México, La Dos, p. 2)
La reunión que viene
Así que antes de que finalice el año se prepara una reunión entre los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, que representaría la primera desde que ambos son Jefes de Estado. Nos comentan que la visita sorpresiva de Jake Sullivan, asesor en Seguridad Nacional del gobierno estadounidense y cercano colaborador de Biden, tuvo ese propósito especial: concretar el encuentro entre ambos mandatarios. Por lo pronto, son muchos los temas que deberán poner sobre la mesa de la reunión: desde migración, inversiones en infraestructura en la frontera sur de México para frenar este fenómeno, seguridad, combate al Covid-19 y vacunas. De pasadita el tema de la demanda de nuestro país contra fabricantes de armas y otros tantos que quizá lo que falte para tocarlos todos seguramente sea tiempo. (La Razón, La Dos, p. 2)
Extraña sincronía
Imposible separar la amable llamada de la vicepresidenta Kamala Harris anunciando el envío a México de millones de dosis de vacunas anti COVID, de la visita de los más altos funcionarios en materia de seguridad de la administración Biden a Palacio Nacional.
Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional y Jake Sullivan, consejero de Seguridad de la Casa Blanca visitaron al presidente escoltados claro por un nutrido contingente del Servicio Secreto.
La visita ocurre pocos días después de que el gobierno mexicano emprendiera una acción legal contra los fabricantes de armas de Estados Unidos que han inundado con sus letales artilugios el territorio nacional.
Ese, el de las armas, es nuestro tema. El tema de ellos, obsesión diríase, es blindar la frontera con México. ¿Qué tipo de acuerdo alcanzaron? (La Crónica de Hoy, Nacional, p. 9)
Reuniones México- EU en puerta
De los encuentros que se celebraron ayer entre funcionarios mexicanos y de Estados Unidos surgieron dos importantes reuniones que habrán de celebrarse en los próximos meses. La primera será el 9 de septiembre en sede por definir, del Diálogo Económico de Alto Nivel, para promover el comercio, el empleo y las inversiones. La segunda será una cumbre en materia de seguridad, a la que asistirían los gabinetes de seguridad de los dos países. No hay fecha aún para su realización, pero tendría lugar en otoño y definiría las nuevas estrategias binacionales. Así que hay mucha tarea derivada de la cita de ayer. (El Financiero, Nacional, p. 33)
Durante su gira por Chihuahua, López Obrador informó que sostendría una llamada telefónica con la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, para seguir con la agenda binacional entre México y Estados Unidos, misma que está conformada por la situación migratoria, reapertura total de la frontera, donación de vacunas y, se le añade el tema de la regulación de la compra-venta de armas de fuego.
Y es que parece indicar que este encuentro telefónico se apresuró por el señalamiento realizado el pasado 4 de agosto, por el canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien indicó que 11 productoras y distribuidoras de armas en EU incurren en prácticas “negligentes e ilícitas que facilitan el tráfico ilegal de armas a México”.
La importancia de esta demanda es porque, según datos del gobierno mexicano, cada año llegan más de 500 mil armas de fuego a nuestro país procedentes del vecino del norte, y en 2019 fueron responsables de aproximadamente 17 mil homicidios dolosos.
Sin embargo, en la escueta información de la llamada con Harris, López Obrador y Marcelo Ebrard no mencionan nada de este tema de gran relevancia, desde hace más de una década, y sólo se ciñeron a la información oficial vía Twitter diciendo que: “la llamada fue cordial y en buenos términos para ambas naciones”.
En la mañanera de ayer, el Presidente ahondó y dio el anuncio del acuerdo para que México reciba alrededor de 8.5 millones de vacunas Moderna y AstraZeneca.
Reveló las reuniones con los funcionarios estadounidenses “Jake Sullivan, el secretario Mayorkas, y el secretario González, tiene que ver con la vacunas y la gestión de la frontera…”, pues se prevé que dicha reapertura no podrá ser el 21 de agosto a causa de los rebrotes de COVID. Es de celebrarse que exista una positiva relación entre ambos países y que la comunicación fluya entre la Casa Blanca y Palacio Nacional, en temas urgentes como lo son la donación de vacunas. Asimismo, la reapertura comercial de la frontera es un tópico que afecta a miles de comerciantes y a los habitantes de ambas naciones.
Sin embargo, las problemáticas añejas y estructurales siguen presentes y habrá que abordarlas de manera frontal y profunda.
En este sentido, considero que (al menos hasta donde sabemos), en esta comunicación se quedó en el tintero el tema de la migración –mexicana y centroamericana–, atender sus causas y mitigar los efectos; transparentar el proceso de la regulación de compra-venta de armas de fuego, y endurecer estas prácticas para tener una mayor y mejor vigilancia de cuál es el destino de dicho armamento; informar de manera clara y concisa los procedimientos en materia laboral, agrícola y energética correspondientes al T-MEC; revisar las acciones realizadas por el Estado mexicano y la contraparte estadounidense y canadiense.
Así, el gobierno mexicano deberá ser alto de miras para lo que resta de la administración cuatroteísta en sus relaciones exteriores, siempre persiguiendo un trato menos asimétrico entre las partes, y por fin regular las problemáticas que aquejan a nuestros coterráneos. (Adriana Sarur, El Heraldo de México, País, p. 12)
El 3 de Agosto de 2019, Patrick Crusius, un joven supremacista blanco y simpatizante de Donald Trump, disparó contra clientes de un Walmart de El Paso, Texas, provocando la muerte de varios estadunidenses de origen mexicano.
Minutos antes posteó en 8chan un manifiesto en el que prometía defender a su natal Texas de la invasión de los migrantes latinos que, según él, buscaban alterar su cultura y forma de vida.
Tres meses después en La Mora, Sonora, un grupo armado disparó cientos de balazos contra tres camionetas en las que viajaban 16 mujeres y niños mexicanos de origen estadunidense cuando se dirigían a Tucson, Arizona; nueve personas murieron asesinadas.
Según la versión oficial, se trató de una confusión entre dos cárteles rivales que, como Crusius, presuntamente buscaban “defender su territorio”.
Ambos casos aún abiertos han sido denunciados como actos de terrorismo, tanto en EU y México, por algunos políticos, activistas, periodistas y académicos. Sabemos el riesgo de usar una palabra como “terrorismo” para catalogar uno u otro hecho; sin embargo, las dinámicas de violencia y hostilidad de este tipo no han disminuido en ambos lados de la frontera.
Mientras los familiares de las víctimas de los dos casos exigen justicia, ambos gobiernos y el de Canadá firmaron un nuevo Tratado de Libre Comercio para una cada vez más contundente integración económica, cultural y política de Norteamérica, la cual está generando al mismo tiempo un agresivo fenómeno de obstrucción cada vez más preocupante.
Crusius, el atacante del Walmart, espera una casi inevitable sentencia de muerte, mientras que los sicarios de La Mora son rastreados en México. En medio de este proceso, ¿cómo debemos nombrar esta nueva violencia y cómo hay que afrontarla? Por ahora, esta adversidad ha generado la unión de pocos grupos ciudadanos de ambos lados de la frontera. Más allá de eso, diplomáticos y agentes de México y EU se han involucrado en las respectivas investigaciones.
¿Cómo enfrentarán realmente los gobiernos este nuevo tipo de atrocidades emergiendo en la frontera de México y EU?, ¿qué hará la sociedad civil transfronteriza para impedir que supremacistas y otros especímenes saboteen la fusión binacional de sus territorios? (Diego Enrique Osorno, Milenio Diario, Al frente, p. 2)
Solemos ver el diálogo entre el presidente de México y la Vicepresidenta de Estados Unidos como si éste fuese a dictar el destino económico entre México y Estados Unidos. No es que sea irrelevante, pero ayer quedó más claro quién manda aquí en realidad.
Una vez, puede ser excepción. Dos veces seguidas, coincidencia, pero tres… eso ya tiene otro nombre.
Tres solicitudes explícitas han establecido los líderes de la poderosa US Chamber of Commerce, la Cámara de Comercio de EU, y las tres les han sido concedidas.
Ahora empujan una cuarta: una reforma migratoria que con muy poco margen de error, es posible decir que ya está en camino.
Eso podría propiciar que ustedes o su vecino, tengan una oportunidad de trabajar legalmente en el país vecino al norte.
Ubíquense en 2017, en esos días, Enrique Peña Nieto habitaba Los Pinos y Donald Trump, la Casa Blanca.
La US Chamber defendía la necesidad de una reforma fiscal ¿Su argumento? Menos impuestos permitirían a las empresas invertir más. El crecimiento genera más impuestos y… todos ganan.
“El momento de la reforma fiscal es ahora”, decía públicamente Neil Bradley, directivo de la organización, en septiembre de ese año. Tres meses después, la re forma fiscal fue aprobada y desde 2018, las empresas estadounidenses pagan menos impuestos.
También en 2017, el líder histórico de la organización pedía a Trump detener la loca idea de acabar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En todo caso, decía el mismo Tom Donohue, habría que modernizarlo.
“Retirarse del TLCAN sería devastador para los trabajadores, las empresas y las economías de nuestros países”, argumentaba el director general de la organización que defiende a compañías como Ford o Facebook.
El 1 de julio de 2020 entró en vigor el Tratado México Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, que sustituyó al TLCAN sin acabar con el comercio regional. Vendría entonces, la tercera propuesta.
“A principios de año, una coalición de más de 100 organizaciones nacionales y locales, lideradas por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y el Centro de Política Bipartidista, lanzaron la coalición ‘Construir antes del 4 de julio’ para presionar a la administración Biden y al Congreso a aprobar un paquete de infraestructura fiscal y ambientalmente responsable”, rezaba hace unos días un texto en el sitio del gremio empresarial.
Ayer, el Senado estadounidense aprobó este paquete con el que el gobierno invertirá 1.2 billones (trillions) de dólares en “remodelar” todo Estados Unidos en materia de transporte, telecomunicaciones y electrificación.
El fiscal, el comercial y el de infraestructura, fueron tres tiros certeros que trascendieron el cambio en la Casa Blanca y en la administración de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, ahora presidida por Suzanne Clark, quien expresó en su cuenta de Twitter: “Aplaudimos al Senado por aprobar el proyecto de ley bipartidista de infraestructura y ponernos un paso más cerca de un logro histórico para nuestro país.
Instamos a la Cámara de Representantes a enviarlo a @POTUS (el presidente) sin retraso.
#InfrastructureNow”. Ahora, a lo que sigue: “Ser una nación de inmigrantes no es solo parte de la identidad de Estados Unidos, es parte del motor de crecimiento que nos ha convertido en el país más poderoso y próspero del mundo. Pero hoy nuestro sistema de inmigración está roto y necesita una reparación desesperada”, advierte desde hace dos semanas un artículo en el sitio de la US Chamber of Commerce, llamado “Why Immigration Reform Matters to Local Communities”. Así, comenzaron las otras exitosas peticiones. Es cuestión de tiempo.
Hay 9.2 millones de puestos vacantes en la nación vecina. “Los Estados Unidos no pueden cubrir la demanda de trabajadores temporales. En la primera mitad de 2021, el Departamento del Trabajo certificó que patrones estadounidenses no pudieron cubrir 126 mil 943 plazas (de este tipo)”, revela el texto referido.
Pronto hablaremos de quiénes demandan más gente y para qué.
(Jonathan Ruiz, El Financiero, Empresas, p. 21)
La demanda contra seis fabricantes de armas y un distribuidor mayorista es una buena decisión del gobierno de la 4T. Reconoce que las amenazas a nuestra seguridad también pueden venir del norte e inicia una ofensiva jurídica en Estados Unidos.
La ecuación es simple: 1) empresas estadounidenses se aprovechan de la tolerancia de Washington para vender material bélico a los cárteles; 2) los presidentes mexicanos se han quejado en el discurso, pero nunca han tomado medidas enérgicas. Dolia Estévez me dio copia de los contratos firmados en 2010 por el gobierno de Felipe Calderón con dos bufetes estadounidenses para demandar a fabricantes de armas. Por razones nunca aclaradas Calderón reculó.
En seguridad la subordinación ha sido la norma. En 1947 Miguel Alemán fundó la Dirección Federal de Seguridad, que fue entrenada y tutelada por el FBI y la CIA. La DFS ayudó a Estados Unidos en la lucha contra la amenaza comunista, pero falló en la defensa de los intereses mexicanos porque excluyó a Estados Unidos de la agenda de riesgos a nuestra seguridad. La relación binacional se caracteriza por las tonalidades grises, sin blancos y negros. Reconozcamos las consecuencias positivas de la vecindad y combatamos lo nocivo. Y el tráfico de armas es la parte de la relación más letal para nuestra sociedad.
Estos antecedentes enmarcan la demanda civil interpuesta por el gobierno mexicano contra seis fabricantes de armas y un mayorista que las distribuye. La tesis central del documento es que dichas empresas actuaron con dolo porque sabían que las armas terminarían en manos de sicarios. La demanda de 139 páginas proporciona evidencia que justifica solicitar al juez una compensación económica. Las empresas respondieron inmediatamente, lo cual indica que estaban enteradas de su existencia. Responsabilizan al gobierno mexicano de usarlas como chivo expiatorio para ocultar la responsabilidad mexicana en el auge de la violencia criminal. Las dos interpretaciones enriquecerán el debate porque saldrá información ignorada sobre las catacumbas de la relación binacional.
¿Prosperará la demanda? Algunos analistas enfatizan los obstáculos. Soy más optimista. Aunque es un caso difícil, se presenta en una coyuntura favorable para los intereses mexicanos. El gobierno de Joe Biden y los demócratas desean poner controles a la venta indiscriminada de armas de uso militar para frenar las periódicas masacres en su territorio; la poderosa y arrogante Asociación Nacional del Rifle (NRA) está a la defensiva por las acusaciones de la procuradora del estado de Nueva York sobre malos manejos de sus recursos; finalmente, el litigio es bastante común en el estilo de vida americano y se considera normal que una persona o institución utilice las leyes para defender algún derecho o causa.
En tanto sabemos si el juez falla a favor del gobierno de México, hay mucho por hacer. Si la 4T ha sido incapaz de construir una estrategia integral de seguridad, tiene ahora la oportunidad de armar una buena política para combatir el contrabando de armas. Eso sí fomentaría el “abrazos sí, balazos no”. Ello supone fortalecer a las porosas aduanas mexicanas y tomarse en serio el sistema de rastreo de las armas utilizadas en algún delito. El gobierno de Estados Unidos podría dar una cantidad enorme de información sobre el origen de las armas que circulan de manera ilegal en nuestro país.
Si la Cancillería promovió la demanda, debe completarla con una política orientada a exigir modificaciones en el número de agentes estadounidenses en la frontera común. En 2019 la Patrulla Fronteriza tenía 16,731 agentes frenando migrantes. En 2012 (último año con información disponible) la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) tenía solo 421 agentes. La asimetría es ofensiva y reveladora de la hostilidad conservadora a la ATF.
Si el Presidente desea revitalizar su alicaída agenda de seguridad, tiene a la mano una política integral contra el tráfico de armas. De no implementarla, languidecerá en los corredores de la justicia estadounidense. Por ahora es una jugada positiva porque sacude la pasividad y reconoce que en Estados Unidos pueden originarse amenazas a nuestros intereses. En asuntos de seguridad nacional, asimetría no significa indefensión. (Sergio Aguayo, Reforma, Opinión, p.11)
Nos decía Judith Butler que todas las vidas son precarias porque pueden ser fácilmente eliminadas, voluntaria o accidentalmente, y que es deber de todos los órdenes políticos disminuir ese riesgo de mortalidad. Cuando esos órdenes incumplen su obligación de proteger ciertas vidas, nace la precaridad (sí, escrita así): aquella que designa esa condición políticamente inducida, en la que ciertas poblaciones están diferencialmente más expuestas a los daños, la violencia y la muerte.
La distribución de la vulnerabilidad de los seres humanos es altamente desigual. Ciertas vidas están muy protegidas, vale la pena llorarlas cuando se pierden y generan mucha indignación. Otras, por el contrario, no son dignas de atención ni de ser lloradas, simplemente se deshumanizan. Así, ciertas poblaciones son efectivamente objetos para lastimar o desechar, y es ese tipo de señalamientos, implícitos o explícitos, los que pueden justificar que se les haga daño.
Casi siempre, las y los migrantes encajan en esa categoría de personas a las que no es necesario proteger, puesto que son el “otro”, uno en el que no me reconozco, de otra raza, de otra nacionalidad, más pobre, con menos redes de apoyo. Su cuerpo no es tan valioso como el mío porque no encaja en la significación colectiva de lo que es una vida que valga la pena, casi siempre dictada por el hombre blanco.
Ese hecho de definir la importancia de ciertas personas, por sobre otras, es un acto completamente político y define nuestra estructura social. Como bien señala Butler, es necesario interrogarnos sobre las condiciones bajo las cuales se establece y se mantiene la vida que vale la pena, y a través de qué lógica de exclusión y de qué prácticas de borramiento y nominación.
Sin embargo, esos cuestionamientos suceden cuando hay un nosotros, cuando esa comunidad es capaz de resistir y levantar una voz conjuntamente. Es en la resistencia donde es posible negociar condiciones de vida digna, pero las y los migrantes parecen no tener derecho a ello. Aunque están vivos no están amparados bajo un sistema de no violencia.
Cualquier queja de su parte puede ser sinónimo de deportación o de una pena mayor, por lo que el reclamo por sus derechos, si es que se hace, será siempre tímido.
En pocas ocasiones los y las migrantes pueden contar sus historias, más que para aparecer muertos en su intento por cruzar una frontera, violadas sistemáticamente en su recorrido, o señalados de los aumentos de la delincuencia en el lugar al que migran.
Del joven abusado por los “influencers” en Jalisco no sabemos mucho más que su terrible necesidad económica. Esta vez había una cámara, —casi nunca la hay—, la de los perpetradores, para evidenciar que los migrantes siguen siendo ciudadanos de tercera categoría y que pareciera valen menos que un like. Las Chiquirrucas, como se hace llamar el grupo, son una basura, pero también son la viva estampa de cómo le entregamos a cada ser humano el lugar que creemos que le corresponde en el espacio público, casi sin ponerlo en duda. (Daniela Pacheco, Milenio Diario, On line)
Justicia y dignidad nacional impulsan la acción judicial interpuesta por el Estado mexicano en la Corte de Boston, Massachusetts, Estados Unidos, al estar miles de mexicanos enlutados por el asesinato de sus familiares a causa del brutal tráfico ilícito de armas que fabrican las principales armadoras de Estados Unidos y que, sin control alguno, distribuyen y venden las casi 10 mil tiendas instaladas a lo largo de la frontera del río Bravo.
El uso de armas está regulado en nuestro país y corresponde al personal autorizado de las instituciones su permisibilidad para el desempeño de sus tareas; como lo es proteger a la población. El uso de la fuerza y de las armas de fuego sólo deben emplearse bajo este principio.
Felipe Calderón y sus impresentables colaboradores tomaron la irresponsable decisión de declararle la guerra al crimen organizado y acordaron, en lo oscurito, programas de colaboración, como el Rápido y furioso, con el Departamento de Justicia del vecino país.
Así, se multiplicaron los grupos delincuenciales; creció la extorsión, el secuestro, la tortura y las desapariciones forzadas. Ahí están las fosas clandestinas y las miles de víctimas que han sobrevivido a los horrores de la violencia ejercida por los cárteles de la droga, donde los sicarios gozan de un mejor armamento y de más alto poder que el de la Guardia Nacional, las policías estatales y municipales. Los homicidios fueron 9 mil en 2004 y pasaron a 36 mil en 2020. (Juan Carlos Sánchez Magallán, Excélsior, Nacional, p. 12)
Está en México Avelino Meza, secretario general de Fuerza Migrante (Nueva York, EU), y se va a reunir con representantes de la banca comercial, agentes financieros no bancarios, funcionarios de gobierno y ONG para negociar comisiones más benévolas por el envío de remesas a las familias de migrantes. Avelino Meza junto con Jaime Lucero quieren que los bancos en el país cobren menos de los 10 dólares actuales por cada envío de Estados Unidos a México. Buscan que las remesas lleguen completas y a tiempo a su destino.
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Entre ellos se comenta que en el nuevo Congreso, a través de los diputados, propondrán un par de iniciativas para reconocer los derechos políticos de cerca de más de 10 millones de mexicanos en la nación que gobierna Joe Biden y regular la transferencia de 40 mil millones de dólares de remesas cada año y con crecimientos del 20 por ciento anual. (El Sol de México, República, p. 2)