Arrumbado en el sótano de la política, Anaya quiere erigirse en personaje central de una tragicomedia mexicana. (Contraportada, La Jornada)
A LA 4T le llovió sobre mojado ayer y no precisamente por los efectos del huracán “Grace” en buena parte del país.
LA ALIANZA “Va por México”, conformada por el PAN, el PRI y el PRD, anunció que llevará ante la OEA una denuncia por la intervención del crimen organizado en las elecciones federales de junio ante la complacencia del gobierno federal.
EN TANTO, el ex candidato presidencial panista Ricardo Anaya anunció su autoexilio acusando que hay una persecución política en su contra y que Andrés Manuel López Obrador lo quiere “fregar a la mala” y meter a la cárcel para que no pueda buscar la Presidencia en el 2024.
PARA rematar, el diputado federal reelecto por el PT Francisco “Paco” Huacus anunció que no comenzará la nueva legislatura en esa bancada y que se sumará a la del PRD, con lo que se debilita la ya de por sí mermada fuerza que tendrán Morena y sus satélites en San Lázaro.
Y AUNQUE una golondrina no hace verano, cuentan por ahí que no es el único diputado electo del bloque cuatroteísta que está viendo con buenos ojos pasarse del lado de la oposición.
POR CIERTO, la coalición legislativa “Va por México” dejó ver ayer que va en serio su objetivo de trabajar como un bloque en la Cámara de Diputados y ya se pusieron un par de tareas importantes como prioridad.
LA PRIMERA es quedarse con al menos el 40 por ciento de las presidencias de las comisiones y comités legislativos, y con el mismo porcentaje de las áreas administrativas con el fin de frenar la discrecionalidad con la que Morena manejó los recursos en la legislatura que termina.
Y LA SEGUNDA es dar la batalla para reorientar el presupuesto federal para 2022 y que se deje de destinar tanto dinero para lo que ellos mismos califican como “caprichos presidenciales”.
EN EL DISCURSO, suena como un contrapeso positivo para el equilibrio de poderes, ahora falta ver que el bloque opositor aguante, pues es bien sabido que el PRI ha apoyado a Morena en varias ocasiones y, con un coordinador como Rubén Moreira, no sería raro que los tricolores vendieran caro -o hasta barato- su amor… y sus votos.
CON TODO y que ganó la reelección apenas en junio, cuentan que la presidenta municipal de Cancún, Mara Lezama, podría dejar el cargo antes de que termine el año para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Quintana Roo para las elecciones del 5 de junio de 2022.
Y ES QUE las precampañas comienzan en enero, por lo que a lo mejor no completa ni los primeros tres meses de su segundo periodo que iniciará el 30 de septiembre próximo, antes de solicitar licencia. Primero lo primero, pues. (F. Bartolomé, Reforma, p. 9)
Hacen fuchi a México por Covid-19
Las restricciones de viaje que algunas naciones han impuesto, con el fin de evitar la propagación del Covid-19, han comenzado a molestar al gobierno mexicano. En la Secretaría de Relaciones Exteriores, que dirige Marcelo Ebrard, se tiene listo un anuncio para dar a conocer que México no participará en la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, por las restricciones de viaje que existen.
La cumbre se llevará a cabo en noviembre próximo, en Reino Unido, país que ha puesto a México en la lista roja de países con respecto a la enfermedad del coronavirus. El discurso mexicano es que las restricciones profundizan las desigualdades. Todo el fin de semana se ha analizado esta situación en Relaciones Exteriores. Si la Presidencia de la COP, que está en manos de Reino Unido, no logra convencer a México de asistir de manera presencial al encuentro, con todo y restricciones, la delegación mexicana no asiste.
El show AMLO-Anaya
Después de que no ha pasado nada con Emilio Lozoya ni con los expresidentes, pese a la costosa Consulta Popular, ahora el presidente se dejó llevar por un nuevo frente mediático llamado Ricardo Anaya. Desde su quinta en Palenque Chiapas, Andrés Manuel López Obrador interrumpió la redacción de su discurso para el III Informe de Gobierno y no dejó pasar el señalamiento de persecución política del cual lo acusó el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés.
Nos recuerdan que a diferencia de señalamientos anteriores, que pasan desapercibidos por el tabasqueño, ahora el mandatario acusó de recibido y dio respuesta de que “puede haber políticos presos, pero no presos políticos”. ¿A quién le beneficiará más la exposición al final del día? Algunos ganan más cuando hay ruido que cuando se producen nueces.
Narcomensajes en la 4T
En otro frente político, el próximo lunes, los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés; del PRI, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano, viajarán a Washington para presentar una queja ante la Organización de Estados Americanos (OEA), y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para acusar que el gobierno de López Obrador toleró una “narcoelección” en los pasados comicios del 6 de junio. Nos cuentan que, además de la queja, los dirigentes nacionales llevarán pruebas y una relatoría de hechos para sustentar la intervención del crimen organizado en las elecciones. Mientras esto ocurre, el envejecido narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo y el presidente de la República se intercambian mensajes de amor y paz.
En busca del fuero
Vaya maniobra que intentará hacer el PRD en la Cámara de Diputados. Nos cuentan que están pensando solicitarle a la Mesa de Decanos que el próximo 28 de agosto les permita tomarle protesta como legislador federal a Rogelio Franco, detenido en Veracruz y que señalan como “preso político” por oponerse al gobierno de Cuitláhuac García. Nos adelantan que quieren que muchos legisladores federales ese día rindan protesta a distancia para evitar contagios y, claramente, Franco podría hacer lo mismo e incorporarse a la bancada del Sol Azteca a partir del 1 de septiembre. (Bajo Reserva, El Universal, Nación, p. A2)
Sigue alianza electoral
Nos adelantan que la alianza legislativa sellada ayer por los dirigentes del PAN, PRI y PRD, Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, respectivamente, es apenas el inicio de una amplia agenda. El siguiente paso es acordar coaliciones para las elecciones de 2022. Contemplan, al menos, ir juntos en Quintana Roo, Tamaulipas e Hidalgo.
Dávila le salta a Marko
Emitió el PAN la convocatoria para renovar su dirigencia nacional el próximo 24 de octubre, y la primera en levantar la mano fue la diputada Adriana Dávila. Hasta ayer era la única rival de Marko Cortés, quien va por la reelección, porque el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, aún evalúa sus posibilidades de ir por algo más grande.
Se van entendiendo
Teje los primeros acuerdos el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, para abordar la Ley Federal de Revocación de Mandato justo cuando arranque la LXV Legislatura. Asegura tener la palabra de su homólogo priista, Rubén Moreira, para empezar a discutir el tema a partir del 1 de septiembre, y trabajar en los lineamientos de esa reglamento.
Uno menos
Otra baja en el bloque de la 4T en San Lázaro: ahora el reelecto diputado Francisco Huacus Esquivel renunció a la bancada del PT para incorporarse a la del PRD. A primera vista una golondrina no hace verano, pero su decisión se da una semana después de que el TEPJF le quitó tres curules al grupo encabezado por Morena. Y se ha visto que un voto sí hace la diferencia.
Eligen a su coordinador
No le alcanzó a Héctor Díaz-Polanco su campaña para hacerse de la coordinación de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Por consenso, la fracción morenista decidió que sea José Luis Rodríguez Díaz de León su próximo líder parlamentario. Sin embargo, a don Héctor lo van a proponer para presidir la Mesa Directiva. (Redacción, Sacapuntas, P.2)
En todos los sexenios han existido marionetas que las manejan, utilizan, y que se prestan a ese juego con tal de obtener algo a cambio. Sin embargo en este sexenio como en ningún otro ser marioneta es la regla, y como en toda regla hay excepciones, presentaremos a Delfina Gómez, que servirá de ejemplo de lo que pretende construir Andrés Manuel López Obrador.
A pesar del ridículo que el Presidente le hizo protagonizar en esta semana con el desatino de la carta responsiva para el regreso a clases, y el fingido desconocimiento de la misma, que en cualquier parte del mundo implicaría su renuncia, aquí, la maestra Delfina como ni siquiera tiene capacidad de entender, lo deja pasar sin más, y sigue en lo suyo tropezando, mintiendo y enredándose de manera vergonzosa.
Tal como le sucedió a Pinocho, la marioneta de madera, que en el camino aprendió a la mala, le robaron y lo cabeza hueca le hacía caer y repetir errores profundos, la maestra Delfina se aferró a la promesa que le hicieron en Palacio Nacional: la gubernatura del Estado de México. Por supuesto que ella camina hacia allá sin consciencia y sin dimensionar el pleito profundo y complejo que ha venido redoblando el Presidente de la República con la clase media, y que la utilizará como conejillo de indias, para probar su modelo final hacia la elección de 2024.
Porque Andrés Manuel López Obrador ya tiene un candidato ganador, se llama Alejandro Encinas, probado en la entonces Delegación Álvaro Obregón y su clase media y alta; como interino en la Jefatura de Gobierno; Senador y Diputado Federal, entre otros. Aunque le insista en que despachará pronto desde Bucareli cuando termine de extraer lo poco que le queda a la actual titular, y que Delfina es su opción para el Estado de México.
López Obrador en primer lugar apuesta a que la alianza no se organice, principalmente porque Enrique Vargas neceará, y el PRI sí tiene con que competir a partir de los históricos resultados, además de los recientes del pasado 6 de junio de 2021. En segundo lugar, que cualquiera de esos partidos presenten a un candidato junior o fifí con quién contrastar, y en tercer lugar a que su estructura y el recurso federal le aporten más de dos terceras partes de la elección. Justo ese escenario será el óptimo para probar si Claudia Sheinbaum gana el país caminando con el mismo modelo, o Marcelo Ebrard tendrá un rayito de esperanza.
Los factores que se añaden es la posición del partido Verde, gran ganador con la estrategia del diputado local José Cottulenc y el espacio en el Senado que le pedirá a Morena a cambio de ir en alianza a gobernador, el siempre presente chantaje del PT a cambio de migajas, más el auxilio de MC que ya es más que evidente a través del senador Juan Zepeda. Es decir, la pulverización de los votos y buscar la primera minoría para obtener el triunfo a la gubernatura.
Sin duda que la lógica y cómo funciona el presidente López Obrador es preocupante, porque en el camino la educación de nuestro país que ha sido absolutamente abandonada por este gobierno, los niños y los maestros son los que pagarán los platos rotos. Es reprobable que en el peor momento de la pandemia el Presidente de la República este probando su fuerza contra la clase media en el estado más poblado del país.
Las marionetas suelen salir muy caras, pero en este sexenio dónde más prevalecen, será de lo que tengamos que recuperarnos durante décadas.
Y no es pregunta. (Martha Gutiérrez, El Heraldo de México, p. 17)
Clausewitz debería añadir un capítulo a su obra maestra De la Guerra, a la luz de los acontecimientos recientes, entre los cuales el más impresionante fue la victoria aplastante conseguida por el ejército de Azerbaiyán contra las fuerzas armenias: guerra ultra moderna contra defensiva clásica, por lo tanto, anticuada y rebasada. Enjambres de drones armados, o sea aeronaves teleguiadas, dieron la victoria a los “modernos” contra los antiguos.
Anteriormente fueron drones los que atacaron la empresa petrolera saudita Aramco en 2019; un dron mató al general iraní Soleimani en Irak el año pasado; Rusia proporciona drones a los separatistas del Donbass que los usan de manera puntual contra Ucrania; Israel emplea ese material y los grupos yihadistas también; los drones turcos salvaron, en primavera 2020, al gobierno legítimo libio sitiado en Trípoli por las fuerzas del mariscal Haftar y sus mercenarios rusos y africanos. Primero en Libia, luego de manera masiva en el Alto Karabaj, la guerra de los drones pasó del uso para misiones de observación o golpes precisos sobre un solo blanco, a una nueva etapa.
Ese capítulo II de la guerra de los drones ha sorprendido y preocupa a los Estados Mayores de los principales ejércitos. En consecuencia, empieza una carrera contra reloj para enfrentar la nueva amenaza.
Los especialistas analizan de la siguiente manera la guerra relámpago del Alto Karabaj, en otoño 2020: el ejército azerí empleó masivamente los drones turcos e israelís al mismo tiempo que misiles suelo-suelo y tiros de artillería, lo que tuvo un efecto devastador para los armenios.
“El fenómeno era inédito en el marco de un conflicto entre Estados que oponían ejércitos de tercer rango. Los azerís demostraron su dominio de esas técnicas, en operaciones en red (explotando las redes informáticas militares) que eran hasta ahora monopolio de los occidentales”. (Le Monde, 27-27 de junio, por Élise Vincent).
Un informe del Centro (francés) de Estudios Económicos y de Política Extranjera subraya, a la luz de las guerras de Libia y del Alto Karabaj, que “Turquía considera los sistemas militares sin piloto y la guerra robotizada como algo que es mucho más que una simple modernización (tecnológica), como una oportunidad para estar a la vanguardia del próximo cambio geopolítico”.
La prensa turca ha saludado con legítimo entusiasmo el éxito de la industria militar turca, especialmente en cuanto a drones. En unos años Turquía se ha situado entre los principales productores mundiales y les hace la competencia a China, Israel y los Estados Unidos.
En la historia de la guerra, cada vez que se descubre una nueva arma ofensiva, surge un nuevo escudo; Israel, en la vanguardia de los drones, acaba de experimentar exitosamente un laser aéreo para destruir drones y también obuses y misiles balísticos. No para el “progreso”. Por lo pronto, Turquía puede enorgullecerse de su famoso Bayraktar TB2 que persiguió y golpeó duramente a las fuerzas armenias en octubre y noviembre del año pasado. Lógicamente, su material se vende muy bien: Azerbaiyán, Qatar, Ucrania (algo que preocupa mucho a Moscú), Túnez, Polonia —miembro de la OTAN como Turquía— compran el TB2 y varios otros países han manifestado su interés.
En su presente ofensiva de seducción hacia Europa y Estados Unidos, el presidente turco presenta sus intervenciones militares en Siria y Libia, su apoyo a Ucrania y Azerbaiyán y la venta de sus drones como medios para frenar a los rusos en Europa del Este, el Mediterráneo y el Cáucaso.
Así, Turquía ha engendrado un nuevo concepto estratégico y táctico que llevará las escuelas de guerra a redactar un capítulo suplementario en sus manuales, y los Estados Mayores a pedir a sus gobiernos los recursos para enfrentar la nueva guerra electrónica susceptible de ser empleada tanto por los Estados, como por actores no estatales: guerrilleros, terroristas, criminales. (Jean Meyer, El Universal, Opinión, p. 10)
El incremento de la pobreza es muy mala noticia. Es aún peor el hecho de que cerca de la mitad de la población está en condición de pobreza desde hace años.
Hay que superar la reacción automática de buscar la culpa en los “programas sociales”. Pues tampoco son la solución. Urge “entrarle al toro por los cuernos”, pues, como muestran los datos de Coneval, la raíz de la pobreza está en el sistema laboral.
Para millones de personas, el trabajo se convierte en una fábrica de pobreza. Alrededor de dos tercios de las personas ocupadas trabajan sin ingreso suficiente para cubrir el costo de dos canastas básicas. Y, alrededor del 60 por ciento trabajan sin seguro social. Estas dos carencias explican el crecimiento y magnitud de la pobreza.
Los programas sociales pueden contribuir a romper barreras en el ejercicio de derechos sociales. Si están bien diseñados y ejecutados. Pero ningún programa social puede sustituir al trabajo como la vía sostenible de salida de la pobreza.
Por tanto, hay dos ingredientes indispensables en la fórmula México sin Pobreza, además de la educación de calidad con equidad: 1) Trabajo digno, con remuneración suficiente y derechos laborales plenos; y 2) Sistema universal de salud y protección social, no condicionado ni vinculado a las prestaciones laborales.
En la dimensión económica, la solución de fondo es colocar los derechos laborales en el centro del modelo económico, para que el trabajo digno sea palanca de crecimiento, productividad y competitividad. Es un cambio de paradigma. Sustituye la pretensión de lograr crecimiento económico únicamente con base en exportaciones. Y desecha la política de crear competitividad con base en salarios bajos y violación de derechos laborales.
En la dimensión social, la solución de fondo es construir un auténtico régimen de bienestar, con un sistema de protección social universal, no condicionado, progresivo y financiado con impuestos generales. Un sistema que establezca un “piso” universal para garantizar derechos sociales a todas las personas.
Este sistema universal de protección social incluye, al menos, (i) el acceso a servicios de salud de calidad, (ii) un nuevo sistema nacional de cuidados y (iii) garantías de ingreso vital de emergencia a quienes pierden su fuente de ingreso o no pueden trabajar.
Lograr la cobertura universal de salud y construir un “piso” de protección social garantizado requiere una reforma fiscal progresiva. Le da sentido y propósito a esa reforma, que puede ser gradual y cuando sea oportuna.
Desde la sociedad civil, consideramos que la pobreza y la desigualdad son “problema país”. Requieren la participación de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales, sin distinción de partidos o intereses grupales. Es una causa noble y urgente que posibilita la colaboración plural y la construcción de acuerdos.
Por eso hacemos un llamado en particular a quienes toman decisiones en los ámbitos político y económico, a dialogar y construir acuerdos que nos permitan ir a la raíz. Porque además de educación de calidad con equidad, la fórmula México sin pobreza tiene dos ingredientes indispensables: trabajo digno y sistema universal de salud y protección social.
En ese sentido, proponemos 10 acciones urgentes: 1) Salario mínimo igual a dos canastas básicas. 2) Reparto de utilidades adelantado. 3) Fomento a la economía social. 4) Ajuste a Jóvenes Construyendo el Futuro. 5) Acelerar implementación de reforma laboral. 6) Fortalecer inspección y sanción de la STPS. 7) Adoptar estándares laborales del T-MEC. 8) Cobertura universal de salud iniciando por la atención primaria. 9) Aprobar sistema nacional de cuidados y crear 100 mil espacios en estancias infantiles. 10) Ingreso de emergencia. (Lucila Servitje, Pilar Parás y Rogelio Gómez Hermosillo, Reforma, p. 8)
Mañana lunes, bajo el cabalístico día 111 desde la tragedia del 3 de mayo, la jefa del Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, presentará un nuevo reporte sobre el derrumbe en la Línea 12 de Metro que causó la muerte de 26 personas y heridas a decenas más, muchas de ellas con afectaciones que lastrarán al resto de su vida.
De acuerdo con versiones allegadas a este espacio, se tratará de un reporte final -no habrá uno tercero, contra lo anunciado el 16 de junio pasado- basado en investigaciones de la empresa noruega Det Norske Veritas (DNV), sobre cuya contratación crece una oscura nube de cuestionamientos.
Esta compañía, de acuerdo con información obtenida, ha reportado tener contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) desde septiembre de 2020, a través de Pemex Exploración y Producción (PEP). Con ésta desarrolla servicios de “análisis y procesos peligrosos (PHA, por sus siglas en inglés) y planes de respuestas a emergencias (ERP), con un monto de facturación que aún no es público.
Una profusa consulta sobre referencias de DNV la presenta como entidad líder mundial en certificación y valuación de negocios y gestión de riesgos en las industrias marítima, petrolera, de gas y energética. Nada sobre dictaminar accidentes en sistemas de Metro.
En el debate sobre la L12 flota la duda sobre si el país -y las víctimas de la tragedia- puede esperar suficiente imparcialidad de una empresa no especializada (DNV) y, además, con intereses con el gobierno mexicano; si fue contratada por un actor imparcial o, como ocurrió, por una parte implicada: el gobierno de la ciudad. Además, si es legal que esta contratación la haya hecho la Secretaría de Protección Civil capitalina y no la Fiscalía General de la ciudad o, por las implicaciones del caso, la fiscalía federal.
Las fuentes consultadas sobre el reporte que será presentado mañana por la señora Sheinbaum anticiparon que el mismo sostiene la hipótesis central del daño de origen en la obra encomendada a un grupo de empresas encabezado por compañías de Carlos Slim, durante el gobierno de Marcelo Ebrard (2006-2012).
Slim ha corrido con el mayor desgaste en esta historia, en la cual, en forma singular, se ha buscado excluir a otros consorcios, como ICA y Alstom. El magnate mexicano ha negado fallas de origen, pero extrañamente ofreció pagar las reparaciones que el daño implique.
Las versiones anticipadas sobre el informe de mañana aseguran que se descartará cualquier responsabilidad de los trabajos posteriores o falta de mantenimiento durante la administración de Miguel Ángel Mancera (2012-2018), que no recibió la obra durante 11 meses, tras múltiples auditorías.
También se desestimará que haya habido negligencia en ese mismo periodo por desatención a daños provocados durante el terremoto de 2017. Ninguna responsabilidad surgirá tampoco, de acuerdo con estas fuentes, sobre la administración de la señora Sheinbaum, que el 29 de junio debió cesar a su directora del Metro, Florencia Serranía, ante un escándalo por señalamientos de incompetencia, omisiones en las áreas de mantenimiento y conflictos de interés que, sin embargo, no le atrajeron imputación legal alguna.
Será importante conocer si también se ofrece un balance de la atención a las víctimas; el avance de los trabajos para rehabilitar la L12 y ponerla a funcionar en un año, como ofreció el presidente López Obrador, de los cuales ha corrido casi la tercera parte. Para eso se formó un Comité Técnico formado por seis reconocidos expertos mexicanos, de cuyos trabajos sabemos poco.
Pero la verdadera duda será: ¿Estamos hoy, o no, más cerca de conocer la verdad y aplicar justicia ante lo ocurrido en la L12? ¿Usted qué cree? (Roberto Rock, El Universal, Nación, p. A9)
La entrada de los talibanes a la capital de Afganistán el 15 de agosto y la dramática y caótica evacuación de los extranjeros que habían apoyado a los vencidos más parte de sus colaboradores locales, lleva una vez más a reflexionar sobre las complejidades de las políticas imperiales, especialmente cuando los aparentemente débiles terminan por imponerse sobre los evidentemente fuertes.
Algo no muy distinto a los eventos que hoy se están desarrollando en el Oriente Medio tuvo lugar en México a raíz de la aventura francesa de 1862 a 1866. Los cálculos militares, políticos y económicos de Napoleón III en torno a México fallaron espectacularmente y sus tropas se reembarcaron sin haber conseguido lo que pretendían.
Los “datos duros” de la aventura afgana actual son contundentes: los norteamericanos empezaron esa guerra en octubre de 2001 para eliminar a Al-Qaeda, la organización islamista que había llevado al cabo la destrucción de las torres gemelas de Nueva York. Al-Qaeda no era una organización afgana ni talibán, pero ahí había encontrado refugio y apoyo.
En unos seis meses los norteamericanos diezmaron a Al-Qaeda y aunque su líder, el saudita Osama Bin Laden se refugió en Pakistán, en mayo de 2011 un comando norteamericano lo ejecutó. Sin embargo, Estados Unidos y sus aliados decidieron permanecer en Afganistán. Ese empeñó costó la vida a 2,448 norteamericanos y 1,145 de la OTAN. Del lado afgano el cálculo es de 164 mil muertos entre combatientes del gobierno y del talibán más civiles. A lo anterior hay que añadir una cifra muy superior de heridos más 133 mil millones de dólares gastados por Washington, (AP, 14/08/21).
De los intentos por conquistar y dominar Afganistán tenemos noticias desde Darío el Grande en el 500 a. C., pasando por Alejandro Magno y los mongoles hasta llegar a las guerras anglo-afganas de los siglos XIX y XX, a la invasión soviética de 1979 y la norteamericana que acaba de concluir. Sus éxitos fueron relativos y sus fracasos completos.
Si, como señalan los teóricos, algunas guerras llegan a generar y consolidar naciones –Prusia o la guerra civil norteamericana– Afganistán es un contraejemplo: a esa región montañosa y semiárida le han sobrado guerras, pero siempre le ha faltado un Estado.
La guerra norteamericana de veinte años en Afganistán tuvo un objetivo inicial claro –castigar el atentado del 11 de septiembre en Nueva York ejecutado por Al-Qaeda– y poner fin a esa organización pero, alcanzado el objetivo, Washington no se dio por satisfecho.
Un documento interno del gobierno norteamericano de 2,000 páginas que resume el contenido de más de 400 entrevistas a generales, embajadores y diplomáticos en torno a ese tema y publicado por el Washington Post, (“The Afganistan Papers”) muestra que nunca se informó verazmente al público sobre el conflicto y que se incurrió en errores sorprendentes.
Para empezar, nunca se formuló un objetivo claro, lo que resultó en tácticas múltiples, pero sin la estrategia que les diera coherencia. Nunca se definió claramente al enemigo y, por tanto, tampoco hubo forma de saber cuándo se le podría declarar derrotado. Como nunca se logró entender a fondo la naturaleza de la sociedad afgana fallaron las políticas diseñadas por Washington. Se gastaron enormes sumas para “rehacer Afganistán”, pero lo que se logró fue alimentar la maquinaria de corrupción de un Estado fallido. Crear un ejército nacional efectivo fue una “misión imposible” lo mismo que erradicar la producción del opio en sus montañas.
Una columna de opinión publicada por un excapitán de marines concluyó: en Afganistán “nos sacrificamos por una mentira” (New York Times, 18/08/21). Ese “nos” debe incluir a los afganos cuyo sacrificio no sólo ha sido mayor, sino que van a seguir cargando con las consecuencias. (Lorenzo Meyer, El Universal, Nación, p. A5)
En cuestión de protección al ambiente, las acciones de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad rayan en la negligencia.
La petrolera, por ejemplo, desde 2018 ha incumplido sus metas de reducción de emisiones. Las razones están expuestas en informes internos: el cumplimiento de normas ambientales aumenta el costo de operaciones y limita la capacidad de extracción, lo que resulta en menores ingresos y representa “un riesgo” que puede afectar la continuidad de la empresa como negocio.
En la misma línea, la CFE expone que la normatividad ambiental aumenta sus costos, debido a que pueden requerir erogaciones significativas de recursos. Actualmente, en la generación de energía, la CFE utiliza combustóleo con alto contenido de azufre, por encima incluso de la Norma Oficial Mexicana 106. La situación más grave se da en la termoeléctrica de Tula.
Ambas empresas del Estado declinaron sumarse a la cruzada que lanzó el Programa para el Medio Ambiente de ONU en noviembre de 2020. En esa fecha 62 grandes empresas de la industria petrolera y de gas —estatales y privadas— acordaron una forma más transparente de reportar sus emisiones al medio ambiente, con el fin de abordar una de las mayores causas del cambio climático.
Muy lejos quedaron las declaraciones oficiales de 2018 sobre cumplir los compromisos internacionales en materia ambiental, en especial el Acuerdo de París.
Hace menos de dos semanas, expertos de Naciones Unidas integrantes del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático lanzaron una alerta mundial porque el cambio climático “es peor y más rápido”. Para 2030 —10 años antes de lo estimado— se puede alcanzar un aumento en la temperatura global de 1.5 grados, con riesgos de desastres “sin precedentes” para la humanidad.
La alerta de la ONU es de hace 13 días, el informe de Pemex es de principios de mes y los datos de CFE son anteriores. Cuando las empresas estatales los elaboraron no conocían la alerta lanzada por la ONU. Queda la esperanza de que haya un cambio y que, además, el gobierno federal encabece una intensa política en pro del cuidado ambiental, pues en el sector privado hay también empresas que requieren regular sus emisiones al ambiente.
La actual es una visión corta, sin visión a futuro, de largo plazo. Lo que hoy se ponga en marcha será una inversión para conservar la vida en este planeta como la conocemos. Lo que se deje de hacer —con el argumento de falta de recursos— puede poner en riesgo la viabilidad del país y afectar la salud de millones de mexicanos. ¿Qué es más importante? (Editorial, El Universal, Opinión, p. A10)
“La justicia está por encima de todo. Si hay que optar entre la ley y la justicia, no lo piensen mucho, decidan en favor de la justicia”. Son palabras de AMLO del 17 de abril del 2019. Tiene razón.
Como lo ha argumentado George Klosko (https://bit.ly/3y02hiR), el ciudadano no debe obedecer las leyes, independientemente de su contenido sustantivo, solo porque las emitió el Estado. Éste debe dar razones morales para justificar cualquier ley. Si no nos convence, no estamos obligados moralmente a obedecerla. El grueso de los ciudadanos tiende a pensar así: importa más la justicia (o su percepción de justicia) que la legalidad.
Esto es desde el punto de vista moral, porque el Estado puede usar su capacidad de coerción para hacer cumplir leyes aunque sean injustas. También puede inventar delitos a su conveniencia violando sus propias leyes.
Un Estado democrático debe tener leyes percibidas como justas por una mayoría de la población. Ello no sólo por razones morales, sino por cuestiones prácticas, para que se cumplan. Como bien decía Rousseau, la ley más importante de todas no está grabada en mármol, sino en el corazón de los ciudadanos.
La autoridad no puede elegir si una ley le parece justa o no. AMLO debe obedecer la ley por ser la máxima autoridad. Llegó al poder dentro de un marco legal. Está obligado a sujetarse a éste. Lo contrario sería la arbitrariedad de quien tiene el poder y va determinando qué es justo y qué no. Así era el autoritarismo.
AMLO critica leyes que le parecen injustas, sin embargo, su gobierno ha acatado las sentencias del Poder Judicial. No ha elegido cumplir únicamente las que le parecen justas. Ha prometido cambiar leyes que le parecen injustas. Está en su derecho.
Tras varias decisiones de las autoridades electorales, anunció que cambiará la Constitución para que se “vayan todos”. No hay evidencia de que Morena haya sido medido con otra vara que el resto de los partidos. Pero les enoja verse afectados por el poder legítimo y legal de un tercero. No les gustan las enormes restricciones que impone la ley, propuestas por ellos cuando eran oposición, ahora que son autoridad.
Buscan también que existan menos diputados de representación proporcional, para poder tener una mayor sobrerrepresentación en el Congreso, y depender menos de sus aliados. Después de la elección, Morena junto con sus aliados, el PT y el PVEM, con el 42.8 por ciento del voto, tendrán el 55.6 por ciento de los diputados.
Si la autoridad logra los votos para cambiar la Constitución, lo puede hacer. Pero si quiere tener procesos electorales con legitimidad debe convencer a un amplio segmento de la población que la actual ley es injusta y luego a muchos legisladores opositores, dado que no tienen la mayoría constitucional requerida.
Hasta ahora, todas las reformas electorales han sido demanda de la oposición. El gobierno las aceptaba para darle legitimidad al proceso. Cuando en el 2003 nombraron consejeros electorales sin los votos del PRD, abonaron al cuestionamiento de la elección presidencial del 2006.
A AMLO no le gustan los actuales consejeros, pero de los 11 que conforman el Consejo General del INE, 4 fueron electos por consenso en este gobierno. En el 2023 vencen otros 4, incluido su presidente. AMLO no necesita cambiar la ley para tener una amplia mayoría de consejeros electos durante su mandato.
El gran activo que tiene AMLO es su credibilidad personal y la legitimidad de su triunfo. ¿Querrá que su sucesor no la tenga? ¿Está dispuesto a imponer a su delfín o delfina con una ley electoral a modo? ¿No le importa si en el camino destruye la legitimidad del proceso electoral?
Como líder que pretende tener autoridad moral, tiene que actuar con justicia. Como gobernante que tiene que asegurar procesos electorales legítimos, debe buscar el consenso para reformar la Constitución en esta materia. (Carlos Elizondo Mayer-Serra, Reforma, P.8)
AFGANISTAN ESTA MUY lejos de América Latina (ÁL) y es uno de los países de Asia Central que menos puntos de contacto tiene con nuestra región, afirma Pedro Brieger. Resumo su magnífica nota: las diversas culturas y tradiciones étnicas afganas son casi incomprensibles para nuestro acervo cultural, de la misma manera que las culturas andinas deben ser misteriosas para quienes viven en Afganistán.
LA TOMA DEL poder por los Talibán en 1996 y su amplia repercusión mediática incorporó la palabra talibán a nuestro lenguaje como sinónimo de “fanatismo”, aunque en el idioma pastún es simplemente el plural de talib, que significa “estudiante”.
LAS IMÁGENES DEL retiro de las tropas estadunidenses de ese país después de 20 años de ocupación no deberían ser extrañas a nuestros ojos, aunque las invasiones estadunidenses en el siglo XX en AL y el Caribe no tuvieran la misma repercusión por falta de las modernas tecnologías, que permiten ver lo que sucede al instante en Kabul.
El mundo no pudo ver en vivo y directo el derrocamiento de Arbenz en Guatemala en 1954, la invasión a Cuba en 1961 o a República Dominicana en 1965, entre tantas de una larga lista.
DEMONIZAR AL ENEMIGO por parte de Estados Unidos (EU) no distingue ideologías, como bien se ha visto en tantas películas de Hollywood, para generar consenso en la población estadunidense de que es alguien a quien es imperioso destruir y que cualquier método se justifica para lograrlo; incluyendo las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki.
Lo novedoso en las décadas recientes es la incorporación de nuevos conceptos vagos y difusos desde EU como “guerra global contra el terror”, “estados fallidos” o “narcoestado”, para estigmatizar a quienes adversan las políticas estadunidenses.
LOS CASOS DE Venezuela y Colombia son paradigmáticos.
Mientras Colombia es hace años el mayor productor y exportador de cocaína, en la mayoría de los grandes medios repiten que Nicolás Maduro está al frente de un “narcoestado”.
AFGANISTÁN PARECE ESTAR muy lejos de AL, pero no tanto
Después del atentado del 11 de septiembre de 2001, EU evaluó bombardear América del Sur (https://bit.ly/3jlTKYh). (Ángel Guerra Cabrera, La Jornada, p. 20)