El primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito declaró infundado el recurso de queja que interpuso la Fiscalía General de la República (FGR) contra la decisión de un juez federal que admitió a trámite la demanda de juicio de amparo que promovió el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contra la orden de aprehensión que se libró en su contra por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Es infundado el recurso de queja interpuesto por el FGR y el titular de la Policía Federal Ministerial, ambos con sede en la Ciudad de México, contra del auto dictado el 24 de mayo de 2021, emitido por el juez octavo de distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad.
Este es un nuevo revés para la FGR, quien argumentó que el juez Faustino Gutiérrez Pérez, titular de dicho juzgado, no tenía que admitir el juicio por improcedente, pues la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de procedencia para el desafuero del mandatario estatal, decisión que es inatacable.
Sin embargo los magistrados declararon infundados los alegatos de la fiscalía. Se advierte que el juez de distrito admitió la demanda constitucional atendiendo a que los actos reclamados afectan la libertad personal del quejoso y pueden ser violatorios de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 16 constitucional.
Además, sostuvieron que el togado no expresó que García Cabeza de Vaca conservaba su fuero, como tampoco señaló que el acto reclamado consistía en el desafuero o en el retiro de inmunidad procesal, como pretende la fiscalía en sus agravios.
El fallo indica que Francisco Javier García Cabeza de Vaca expuso en los antecedentes de los actos reclamados, que las autoridades responsables no han esperado a que concluya su mandato como gobernador de Tamaulipas, lo cual acontecerá dentro de poco más de un año, en octubre de 2022, y que si bien la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, erigida en jurado de procedencia, determinó retirarle el fuero, no se cuenta con la homologación respectiva del Congreso del estado de Tamaulipas; además, señaló, que los efectos de la declaratoria de procedencia realizada por los legisladores federales, se encuentran impugnados a través de la controversia constitucional que promovió el propio quejoso. (César Arellano García, La Jornada, Política, P.16)
La Secretaría de Gobernación, informó que como parte de los trabajos de cooperación y coordinación internacional para el caso Ayotzinapa, se llevó a cabo una reunión de trabajo con la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño, en la que se acordó dar continuidad del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI).
El subsecretario Alejandro Encinas , resaltó que el compromiso del Presidente con los padres de los 43 jóvenes desaparecidos es mantener la participación del GIEI durante este proceso y hasta que se tengan resultados. Arosemena de Troitiño, reconoció la voluntad política del gobierno, con la creación de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. (Redacción, La Jornada, Política, P.16)
Un juez federal otorgó una suspensión provisional que ordena a las autoridades de Salud del gobierno federal aplicar la vacuna contra el covid-19 al menor con discapacidad identificado como “Y. S. T.” y a otros que están en la misma situación.
Martín Adolfo Santos Pérez, juez octavo de Distrito en Materia Administrativa, concedió la medida cautelar a los menores con discapacidad para que no corra riesgo su salud ante un posible contagio del coronavirus.
El próximo 17 de septiembre el juzgador celebrará la audiencia incidental donde resolverá si concede la suspensión definitiva a los menores de edad.
La resolución puede ser impugnada por las autoridades de Salud federal a través de un recurso de queja para que un Tribunal Colegiado determine si es fundada o la resolución del juez. Adolfo Santos se sumó al bloque de jueces que han concedido suspensiones para se vacune a los menores de 18 años.
A finales de agosto un tribunal federal echó abajo el fallo de un juez y ordenó vacunar a una menor de 16 años de edad contra el covid-19, además de que estimó pertinente que las autoridades de salud del gobierno federal comiencen con la inoculación de menores a partir de los 12 años para no poner en peligro su vida ante el regreso a clases.
El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito señaló que el Estado está obligado a garantizar la salud de los menores y recordó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) avaló la autorización de la vacuna Pfizer-BionTech a partir de los 12 años. (Rubén Mosso y Anahy Meza, Milenio, Política, P.15)
La empresa noruega DNV entregó ayer el dictamen final sobre el desplome de un tramo de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Ciudad de México.
Añadió que será presentado públicamente hoy a las 11:00 horas, en las oficinas de dependencia y será publicado de forma inmediata en el portal de internet de la misma, así como en el sitio de Transparencia de la Línea 12.
La dependencia indicó que, en términos generales, el dictamen técnico final incluirá: antecedentes, alcance del trabajo, resultados, análisis estructural y conclusiones finales del mismo.
Por último, en un comunicado, el gobierno capitalino y las dependencias involucradas en este proceso, reiteraron su compromiso de continuar aportando la información necesaria y detallada que nos permita determinar el análisis de las fallas de los materiales, e identifique las causas directas e indirectas de dicho incidente.
Hace dos semanas, el 23 de agosto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum informó que la empresa DNV había solicitado un tiempo adicional para la entrega del segundo informe de resultados sobre el desplome de la línea dorada.
Hace unos días, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceavi) informó que a la fecha se ha otorgado a 26 familias un recurso indemnizatorio por un millón 870 mil pesos para cada caso, de los cuales 24 ya lo recibieron y dos apoyos están en resguardo en el Fondo de Víctimas, por lo que hasta el momento se han ejercido 48 millones 620 mil pesos.
En un comunicado, la Ceavi detalló que se procedió a la indemnización diferencial de 99 personas lesionadas, cuyo monto se estableció de acuerdo con los dictámenes de salud, así como las afectaciones, trascendencia y extensión temporal de su rehabilitación médica total. (Alma Paola Wong, Milenio, Política, P.17)
Sonora registró la mañana de ayer una serie de enfrentamientos entre sicarios y policías estatales en los municipios de Pitiquito y Altar, en la región norte del estado, lo que dejó un saldo de cuatro civiles abatidos, tres elementos heridos, así como un agente desaparecido, se confirmó en información oficial.
Al mismo tiempo, en redes sociales fue difundido un video en donde se observa que elementos de la Guardia Nacional estuvieron frente a integrantes de un grupo criminal en esa misma zona, sin embargo los agentes los dejaron huir.
Cuatro sujetos con armas largas, chalecos antibalas y granadas de fragmentación fueron grabados al momento de gritarle a los uniformados sobre la vía federal 2, quienes sólo los observaron a la distancia y con las manos les indicaron que podían retirarse.
“Ey, ey, todo bien compa. ¡A la verga!”, les gritaron los sicarios a los elementos de la GN a bordo de una camioneta oficial estacionada a unos metros de distancia.
Se presume que los sicarios del video, así como los que se enfrentaron a balazos ayer, forman parte de “La Gente Nueva del Cazador”, como se le conoce al brazo armado del Cártel de Sinaloa (CDS) en esta región de Sonora.
De acuerdo con reportes locales, los incidentes en la zona de Pitiquito, Santa Anna y Altar comenzaron desde aproximadamente las 5:00 horas, con el enfrentamiento entre sicarios y policías estatales en las inmediaciones de la calle Zaragoza.
Posteriormente, una camioneta blanca Tahoe intentó escapar del municipio,
pero fue interceptada a balazos por patrullas de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) a la altura de la calle Cuauhtémoc, junto a una estación de gasolina colindante con la carretera federal.
En videos e imágenes registrados por habitantes se retrató cómo quedaron dañadas las viviendas aledañas a la zona, así como la estación de gasolina, y también cómo cuatro sujetos quedaron abatidos dentro de la camioneta blindada Tahoe.
Un último enfrentamiento ocurrió a la altura del municipio de Altar, donde tres elementos estatales fueron heridos y al menos dos camionetas quedaron con impactos de bala, y una de ellas se incendió.
Después de las balaceras, autoridades estatales y federales intensificaron los operativos en la zona por la búsqueda de un elemento de la corporación estatal, quien se encuentra extraviado.
Hasta anoche, la Guardia Nacional no había confirmado la autenticidad del video ni su fecha de grabación. (Redacción, Reforma, Nacional, P.8)
Jóvenes de Iztapalapa, de 18 a 29 años, consideraron que sufren de discriminación y violación a su derecho a la salud, al no haber recibido ninguna dosis de la vacuna contra el Covid-19.
Ciudadanos afectados, miembros del Frente por la Dignidad de Iztapalapa (FDI), interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la que piden vacunas para las más de 300 mil personas, de esas edades, que viven en la demarcación.
El FDI aseguró que el Gobierno discrimina a los iztapalapenses, al rezagarlos mientras en otras demarcaciones las personas de 18 a 29 años ya recibieron la primera dosis y, en algunos casos, tienen el esquema completo.
Ayer, en la Arena Ciudad de México, se aplicaron segundas dosis del biológico Sinovac para jóvenes de esas edades y que residen en Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero.
“Por ejemplo, a los (jóvenes) de Iztacalco ya les pusieron sus primeras dosis. A Iztapalapa, como siempre, por ser la más poblada, la de mayor marginación, la de mayor pobreza, siempre la dejan al último”, dijo Rosa de la Vega, vocera del FDI.
En la CDMX aún faltan otras cuatro demarcaciones de aplicar dosis a jóvenes de 18 a 29 años: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán y Cuajimalpa. En el Estado de México, los jóvenes de Ecatepec tampoco han sido vacunados.
De la Vega destacó que Iztapalapa concentra una gran parte de contagios y consideró que no existe ni un criterio epidemiológico para vacunar primero a otras demarcaciones, que no tienen la misma marginación y cuentan con menos densidad poblacional, y menor cantidad de contagios.
“Lo mismo pasó con adultos mayores, y ahorita otra vez no hay noticia de para cuándo, por eso pedimos que se priorice la salud antes que el balizamiento, el alumbrado y otras obras que se están haciendo en la Alcaldía”, afirmó la vocera del FDI.
No obstante que la distribución de las vacunas es de orden federal, y dichas obras de carácter local.
La queja interpuesta ante la CNDH también fue por negar el derecho humano a la salud y a la vida, reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se detalla en el documento.
“Solicitamos la intervención inmediata de esta Comisión, para que las autoridades garanticen un trato igualitario a los jóvenes de Iztapalapa ya que, por el hecho de vivir en la Alcaldía con mayor densidad poblacional, pobreza y desigualdad, han sido excluidos”, se asienta en el oficio.
Personal de la CNDH recibió la queja y prometió mandar a los jóvenes un correo electrónico para darle seguimiento al caso, luego de que los miembros del Frente dieran una conferencia de prensa frente a las instalaciones para exigir los biológicos. (Amallely Morales, Reforma, Ciudad, P.2)
Aguascalientes.— Ciudadanos aguascalentenses presentaron dos denuncias en la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del estado, y ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de 27 miembros de la actual Legislatura local por estar presuntamente implicados en el desvío de 140 millones de pesos de recursos públicos.
Francisco Aguirre, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Aguascalientes, dijo que las denuncias se basan en los pagos que realizaron los diputados locales a 22 empresas fantasma por servicios administrativos, pero en junio pasado se hizo una investigación y se comprobaron diversas irregularidades.
Sin embargo, el Congreso local negó haber realizado dichos pagos, de una suma facturada que equivale a 70% del presupuesto anual que recibe el Poder Legislativo, pero no existen pruebas que demuestren lo contrario y transparenten la aplicación de esos recursos pertenecientes a una bolsa de casi 150 millones de pesos, aseveró el denunciante.
Dijo que las empresas involucradas en estas transacciones, según se desprende de la investigación, tienen relación directa con empresas fantasma o son compañías que tras haberse investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fueron bloqueadas debido a nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Incluso, agregó, algunas de ellas son investigadas por el gobierno de España, por estar presuntamente involucradas en el desvío de recursos para el partido Podemos en las campañas de Morena en México.
Por ello, afirmó, se presentaron las denuncias ante las fiscalías estatal y federal, que tienen como objetivo que, durante el litigio, puedan constituirse los ciudadanos como víctimas del delito y coadyuvantes de la investigación y proceso, viabilizando que este presunto acto de corrupción no quede impune. (Redacción, El Universal, Estados, P. A 15)
A una semana del inicio de clases presenciales, dos escuelas de Nuevo León y una de Chiapas se sumaron a los estados con escuelas que han registrado casos de Covid-19.
El secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, informó que desde el inicio del ciclo escolar 2021-2022, el lunes pasado, se han confirmado dos casos de Covid-19 en igual número de planteles del estado.
El funcionario estatal señaló que se trata de dos colegios, cuyos nombres se reservó. El primer caso es el de un alumno de segundo grado de primaria que presentó síntomas correspondientes a la enfermedad viral, por lo cual sus familiares lo llevaron a hacerse la prueba el viernes y resultó positivo.
Añadió que ese día el menor ya no fue a clases. Se determinó aislar a tres maestros a quienes se les hizo la prueba PCR y están negativos. Asimismo, dijo que quienes estuvieron en contacto con el menor no han presentado síntomas y están en resguardo.
El plantel trabajaba de forma mixta (presencial y a distancia), pero a raíz de este caso de contagio por al menos 14 días laborará en la modalidad de educación a distancia.
El segundo caso es de una alumna de primero de secundaria que estudiaba en modalidad presencial y que también estará por al menos 14 días con educación en línea.
Por la mañana, el Colegio Euroamericano, plantel Valle, de Monterrey, dio a conocer que tuvo un caso de contagio por Covid-19, por lo cual la dirección de la institución privada anunció el regreso al aprendizaje a distancia de manera temporal. (David Carrizales y Óscar Guzmán/ Corresponsales, El Universal, Estados, P. A 14)
CIUDAD DE MÉXICO. La banda dedicada a la fabricación de placas de circulación falsas tenía toda una línea de producción bien establecida, narró a Excélsior el agente a cargo del equipo de inteligencia de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana (SSC) que logró desarticular la red.
La falsificación estaba dividida en tres partes: la primera era un área donde se confeccionaban las placas, se cortaban y se les adicionaba los números.
Después pasaban a una área de pintado y recubrimiento, donde les colocaban la cromática y partes plásticas que simulaban matrículas de diversas entidades del país.
Después, pasaban a una tercera área donde le agregaban los candados de seguridad y tarjetas de circulación que ellos mismos elaboraban.
Según la investigación, vendían unos 600 juegos de placas por semana, cada par con un costo de entre tres mil y seis mil 500 pesos.
En este mismo taller se confeccionaban tarjetas de circulación, engomados y licencias de conducir, todo era apócrifo”, detalló el agente, quien pidió el anonimato.
Ayer informó la Fiscalía que los dos hombres y tres mujeres detenidos en Tlalpan por receptación y posesión de placas falsas fueron vinculados a proceso. (Jorge Gutiérrez Chamorro, Excélsior, Comunidad, P.23)
CIUDAD DE MÉXICO. Una serie de temblores atemorizó a gran parte del estado de Guanajuato este fin de semana y hasta el lunes. Los sismos se sintieron en León, Guanajuato, Silao, Celaya y en Irapuato, así como en los municipios de Cuerámaro y de San Felipe, en donde de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional se registraron los epicentros.
En total y al cierre de la edición, se han registrado 27 temblores. De ellos el más potente fue de 4.6 grados Richter con epicentro en San Felipe, a las 21.35 horas del pasado domingo.
El 30% de los habitantes del municipio de San Felipe abandonó sus viviendas para literalmente huir del “desastre” que implicaría la caída de la cortina de la presa La Chirimoya, en San Bartolo, de acuerdo con su alcalde Eduardo Maldonado García.
Los temblores reverberaron los temores de los habitantes de comunidades rurales en torno al llamado Cerro del Gigante, en el municipio de León, ya que aseguran escuchar “bramidos” y sentir vibraciones desde hace una semana.
En la ruta vial subterránea de la ciudad de Guanajuato, autoridades revisan los túneles para evitar cualquier desgracia.
En el municipio de Cuerámaro, la gente salió a las calles espantada a las 4:30 de la madrugada del 4 de septiembre, ya que el temblor sacudió la zona.
A esto, las autoridades locales y estatales han pedido calma, desplegando operativos en diferentes puntos de la entidad.
La secretaria de Gobierno de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, ponderó que la gente debe estar pendiente de las fuentes oficiales para recibir información, ya que puede haber más movimientos telúricos.
La secretaria de Gobierno aseveró que ya se investigan los hechos, y que especialistas del Sistema Sismológico Nacional trabajan en ello. (Andrés Guardiola, Excélsior, Nacional, P.20)
Los ensayos para el desfile militar del 16 de septiembre ya comenzaron y se prevé que este año se lleve a cabo con los agrupamientos completos, lo que no ocurrió hace un año, debido a la pandemia.
Las compañías militares realizan sus prácticas por separado en el Campo Militar No. 1, para que en días posteriores pasen revista en un ensayo general encabezado por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y demás autoridades militares.
Ahí se conocerá el total de elementos que conformarán este año las agrupaciones de la tradicional columna del desfile militar.
Hace un año, por razones de la pandemia de COVID-19, la logística del desfile se modificó por una ceremonia y una pequeña representación que desfiló cumpliendo todas las medidas sanitarias, sin público y en una transmisión virtual.
Este año, sin descuidar las medidas sanitarias, se espera que la columna del desfile militar marche completa, pues se ha convocado a elementos castrenses de varios estados, que como cada año conforman las diversas compañías.
Los militares que desfilarán formarán las corporaciones de Plan DN-III-E, COVID-19, Infantería, Caballería, Policía Militar, Agrupamiento de Banderas, Batallón de Tropas femenino, Banda de Guerra, y otras.
La Banda de Guerra, por ejemplo, se elije a través de un concurso que realizan las corporaciones militares a nivel nacional. (Moisés Sánchez, El Heraldo de México, País, P. 11)