Mazatlán, Sin., Habitantes de la comunidad de Santa María de Gracia, municipio de El Rosario, advirtieron al presidente Andrés Manuel López Obrador durante la visita que realizó la tarde del sábado para verificar los avances de la presa que se construye desde 2013, que no abandonarán sus viviendas para trasladarse al nuevo centro poblacional en Los Otates, luego de que ya fueron advertidos por las autoridades locales que en octubre empezaría el desvío del río y la inundación del lugar que ahora ocupan sus casas.
José Juan Rendón Gómez, secretario de bienes comunales de Santa María y anexas, abordó al mandatario para denunciar que se han violentado sus derechos como comunidad, ya que nunca se desistieron del juicio de amparo 517/2019 promovido en agosto de 2019 con el propósito de frenar los trabajos del embalse, sino que en realidad se falsificaron las firmas de los anteriores secretario y tesorero de la mesa directiva en el convenio para reiniciar trabajos de la presa en diciembre de 2020.
Dijo al mandatario que lo han engañado, pues no ha recibido la información verdadera sobre lo que sucede en esta población. Señaló que no es verdad que ya se haya construido el templo de la Purísima Concepción, el cual sustituirá al recinto de más de 200 años que quedará bajo el agua. Todavía no hay nada, reprochó. (Irene Sánchez, La Jornada, Política, p.8)
En la propuesta de proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, el gobierno federal destaca que la salud es una prioridad y constituye un derecho fundamental, por lo que se buscará la consolidación de un sistema con enfoque integral, transversal e intersectorial que garantice el acceso efectivo y gratuito de toda la población a servicios de calidad en ese rubro.
En la exposición de motivos indica que, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2019 México destinó mil 133 dólares por habitante para el gasto en salud, cifra muy por debajo de los 9 mil 54 dólares que utiliza Estados Unidos y también inferior a la de países latinoamericanos como Colombia y Chile, con mil 276 y 2 mil 232 dólares, respectivamente.
Resalta que el gobierno federal continuará con este gran esfuerzo de vacunación contra el Covid-19, para eso el proyecto del PEF 2022 prevé recursos por 11 mil 632.8 millones de pesos para la contratación de personal que contribuya a la atención de la población afectada por el Covid-19 y se prevé destinar recursos por 26 mil 500 millones a la adquisición de vacunas e insumos para su aplicación.
Asimismo, se indica que en virtud de que La Ley General de Salud prevé como derecho de la población no cubrir ningún costo de recuperación por los servicios, seguirá el impulso a las compras consolidadas de medicamentos y materiales de curación a fin de asegurar el abasto del sector, con especial cuidado en surtir oncológicos y vacunas en el que se procuren las mejores condiciones de oportunidad bajo procesos licitatorios transparentes que generen ahorros al erario. (Víctor Ballinas, La Jornada, Política, p.10)
El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el aborto en Coahuila supera los alcances de otros casos en los que el máximo tribunal se ha manifestado sobre el tema, porque ahora sí se reconoció el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, afirmó Alex Alí Méndez Díaz, abogado y activista.
“En el fondo la diferencia es la pregunta constitucional que se responde. En la acción de 2007 la pregunta que respondió la Corte fue si la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México podía modificar la definición de aborto, del delito, y dijo sí, sí lo puede modificar, y por eso validó la reforma al Código Penal local.
En el caso de Coahuila ahora la pregunta fue: ¿pueden los códigos no dejarle un plazo a la mujer para que decida?, y la Corte respondió: no pueden eliminar este derecho, esta posibilidad de que las mujeres decidan, explicó Méndez, quien llevó varios de los primeros amparos sobre el aborto, que llegaron hasta la SCJN.
El abogado se refiere a las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y 147/2007 promovidas contra las reformas al Código Penal del entonces Distrito Federal, en donde se definió que no se comete el delito de aborto cuando ocurre antes de la decimosegunda semana de gestación.
Hasta ahora, la Corte había resuelto varios amparos y juicios constitucionales sobre el tema, pero en ellos sólo se manifestó sobre las facultades de los legislativos locales para normar su práctica o el derecho individual de las mujeres para acceder a esta intervención. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p.12)
De 2019 a la fecha, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha sancionado a 23 magistrados de circuito y 18 jueces de distrito por comportamientos deshonrosos, entre ellos, hostigamiento sexual y laboral, nepotismo, así como corrupción.
En respuesta a una solicitud ciudadana de información pública, el Registro de Servidores Públicos Sancionados del CJF reportó 15 suspensiones del empleo, cargo o comisión, siete apercibimientos públicos y cuatro privados, seis amonestaciones, tres destituciones, dos inhabilitaciones temporales, así como una sanción económica, por mencionar algunos en contra de los impartidores de justicia.
La política de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del CJF, a partir de la presidencia de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ha sido denunciar y dar seguimiento a estos casos. Asimismo, en su momento ha declarado que mantienen el compromiso de cero tolerancia a la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones.
Incluso la semana pasada, Arturo Zaldívar aseguró que desde que llegó a la presidencia del CJF se han iniciado más de 50 denuncias por acoso sexual y que hay tres jueces suspendidos, y no sólo eso, también dijo que dos jueces son investigados por el Poder Judicial de la Federación debido a que llevaban años violando a trabajadoras.
Entre los asuntos más trascendentes de los impartidores de justicia castigados por alguna irregularidad, se encuentra el caso del magistrado federal Fernando Reza Saldaña, integrante del Tribunal Colegiado en materia Administrativa y de Trabajo en Querétaro, a quien en enero de 2020 el pleno del CJF lo destituyó e inhabilitó por 10 años, acusado de hostigar de manera sexual a 10 mujeres y por contratar a la esposa del juez de Distrito de su mismo circuito, Javier Loyola Sosa, en acuerdo y beneficio personal de dicho juez. (César Arellano García, La Jornada, Política, p.15)
En el Senado avanzan reformas a diversos ordenamientos, a fin de regular y agilizar la alerta de violencia de género, ya que hoy día se debe seguir un largo proceso burocrático para tramitar el mecanismo.
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Malú Micher, señaló que el hecho de que no exista una regulación específica sobre el funcionamiento de esa alerta y no se cuente con los recursos requeridos, ha producido tensiones entre la sociedad civil y los gobiernos, y dificulta proteger a mujeres de todas las edades de agresiones que llegan al feminicidio.
En una reunión conjunta de su comisión y la de Estudios Legislativos Segunda se aprobó ya un dictamen conformado por siete iniciativas de senadoras de diversos grupos parlamentarios, para modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como tres minutas sobre esa alerta, remitidas por la Cámara de Diputados, precisó.
En el dictamen se obliga a la Federación, estados y municipios, a poner en marcha las medidas extraordinarias de carácter presupuestal y administrativo necesarias, para que ese mecanismo pueda operar con rapidez y eficiencia.
De entrada se define como el conjunto de acciones gubernamentales coordinadas, integrales, de emergencia y temporales realizadas entre las autoridades de los tres órdenes y niveles de gobierno, para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado. (Andrea Becerril, La Jornada, Política, p.18)
La Guardia Nacional (GN) mantiene su despliegue de auxilio a la población civil debido a los desastres naturales ocurridos la semana pasada en el cerro del Chiquihuite, en Tlalnepantla, estado de México, y en Tula, Hidalgo.
En el primer sitio la corporación colabora con autoridades de los tres órdenes de gobierno para recorrer la colonia Lázaro Cárdenas y advertir a sus habitantes sobre el riesgo persistente.
Los especialistas señalaron que alrededor de 260 construcciones están en peligro, y sólo 50 por ciento de las familias han sido desalojadas.
Junto con personal de servicios públicos de Tlalnepantla, los elementos de la Guardia Nacional colocan sacos de tierra y escombros para estabilizar las piedras que se desgajaron del cerro y así contener los escurrimientos causados por las lluvias.
La Guardia Nacional, personal del Ejército, protección civil, funcionarios estatales y municipales recorren casa por casa para pedir a los habitantes que se trasladen a los refugios temporales, con el fin de evitar riesgos.
Custodia en albergues
Cerca del lugar se mantienen dos albergues, uno en la Parroquia Corazón de Jesús, con 56 personas de cinco familias –de las cuales 13 son adultos mayores, 29 adultos, y 14 menores de edad–, y otro en el salón Kamakiri, donde pernoctaron 20 integrantes de tres familias, quienes 12 son adultos y ocho menores de edad.
Mientras, en Tula, Hidalgo, la Guardia Nacional colabora con las autoridades locales de protección civil que atienden los albergues temporales instalados en las escuelas públicas Felipe Carrillo Puerto, Nezahualcóyotl, Melchor Ocampo y Odón Zaragoza. (Redacción, La Jornada, Política, p.22)
Ante el temor de que la pandemia se recrudezca, al menos 14 estados celebrarán a puerta cerrada y de manera virtual el aniversario del inicio de la Independencia, mientras que otros como Sinaloa, Campeche, Durango, Coahuila y municipios de Puebla y Chiapas se arriesgarán con aforos reducidos.
El festejo por el 211 aniversario de la gesta dará un respiro a las restricciones sanitarias en Puebla, donde los restaurantes pueden ampliar su horario hasta la medianoche, aunque la ocupación se mantendrá en 30 por ciento.
En el primer cuadro de la capital poblana se realizarán conciertos de las sonoras Dinamita y Matancera, obras de teatro, juegos pirotécnicos y muestras gastronómicas, que significarán una inversión de 4 millones de pesos.
Con Grito y desfile festejarán en Campeche. El 15 de septiembre a las 11 horas se hará el bando solemne del inicio del nuevo gobierno; por la noche la morenista Layda Sansores dará el Grito y ofrecerá un mensaje frente a menos de 2 mil personas. Al día siguiente presidirá el desfile militar.
El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, anunció que sí habrá fiesta del 15 de septiembre en el Palacio de Gobierno, pero “con mucho orden” y aplicando filtros de seguridad. En Durango habrá Grito y una representación de la gesta heroica “para mantener y fomentar los valores patrios”, pero con un cupo limitado de personas y se trasmitirá de manera virtual, igual que en Coahuila, donde el aforo lo determinarán los alcaldes.
Con el fin de contener la pandemia, Michoacán, Querétaro, Tlaxcala, Chihuahua, Nuevo León y Baja California Sur suspenderán las fiestas patrias, además de que el gobernador oaxaqueño, Alejandro Murat, llamó a aplicar la ley seca.
A esta determinación se suma la mayoría de los municipios de Veracruz (solo en 20 se prevén festejos públicos); en la capital de Chiapas el Grito será sin público y en Nayarit, a puerta cerrada y sin desfile. En Colima las fiestas serán a distancia y se cancela el desfile. Sin la presencia de gente en la Plaza de los Mártires y con un tiempo limitado de 15 minutos, el Estado de México trasmitirá estas ceremonias en redes sociales.
Los festejos en Jalisco tampoco tendrán asistentes, igual que en Baja California; Tamaulipas tendrá festejos híbridos. Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Guerrero aun no han anunciado si habrá festejos patrios. (Redacción, Milenio, Política, p.10)
Algunas parecen obra negra y otras ni a tabique llegan, las paredes son malla de construcción; algunas están pintadas con colores vivos y otras ni a piso de cemento llegan, tienen a la vista los precios y otras tienen cartulinas con la leyenda “En servicio”, así son las gaseras irregulares que operan en la Ciudad de México y Estado de México. Según el gremio gasero, “por cada estación regular hay 20 irregulares en el perímetro, generando una competencia desleal”.
De acuerdo con información proporcionada a MILENIO, grupos de gaseros han reportado, desde 2020, ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), la operación de estaciones clandestinas de gas LP, argumentando que no cumplen con la normatividad para poder operar legalmente.
En varios escritos presentados ante ambas instancias, sostienen que “no han considerado impactos ambientales ni cuentan con las medidas de seguridad propias de una estación de carburación”.
De 2020 a la fecha, empresarios del ramo han entregado, por lo menos tres escritos a la ASEA y a la CRE (25 de agosto de 2020, 2 de diciembre de 2020 y 16 abril de 2021) pidiendo su intervención. Además de la solicitud, han entregado ubicaciones y material fotográfico de las estaciones clandestinas a fin de clausurarlas y emprender las acciones correspondientes; sin embargo, las autoridades no han atendido su petición.
A esto hay que sumarle la existencia de grupos vinculados a la comercialización del gas LP y que generan extorsiones, cobro de piso y agresiones en la Zona Metropolitana del Valle de México.
En una investigación realizada por MILENIO, Tecámac tiene siete gaseras clandestinas. En este punto operan la Alianza de Autotransportistas y Comerciantes Metropolitanos (ACME), Sindicato Libertad y Unión de Gaseros de Tecámac (Los Selectos 09). Le siguen Coacalco y Ecatepec, con cuatro cada una. En esta zona también está manejada por ACME y el Sindicato Libertad (para Ecatepec de Morelos).
La Alianza de Autotransportistas también se encuentra en Tultepec y Tultitlán, municipios que tienen cuatro gaseras irregulares (dos cada una), mientras que en Zumpango hasta el momento cuenta con una. En Nicolás Romero existen dos y en esta zona del estado está manejada por la Organización de pipas, Portalitos de Gas LP y Transporte en General (AGUM).
Con la información recabada, se detectó que en la capital del país dos estaciones de servicios operan de forma irregular, una se encuentra en Xochimilco, donde está asentada la Asociación de Gaseros Zona Sur Xochimilco y Tláhuac, aquí, el grupo que opera es la AGUM.
Empresas del sector han denunciado que otros grupos relacionados con el manejo del gas LP son: Movimiento Unificado de Gaseros de la Zona Oriente (Muzgo), Asociación de Gaseros Zona Oriente Agrícola, Unión de Gaseros de Cuautepec (UGC), Asociación de Gaseros 2020 y Unión de Gaseros de Teotihuacán. (Michelle Mejía, Milenio, Política, p.12)
La Guardia Nacional debe entregar la versión pública de los reportes pormenorizados que ha generado por uso de la fuerza de sus elementos, entre mayo de 2019 y marzo de 2021.
Así lo ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), tras resolver una impugnación interpuesta por un particular, a quien le negaron dichos datos.
“Tiene una especial relevancia porque expone la doble dimensión del derecho de acceso a la información, ya que, por un lado, permite a la ciudadanía acceder a datos con respecto de uno de los controles del uso de la fuerza que existen en nuestro país y, por otra, permite también evaluar si las acciones de determinada institución de seguridad pública se apegan a los principios legales nacionales e internacionales, para verificar su eficacia en términos del desempeño de la responsabilidad de esos cuerpos policiacos”, detalló el comisionado Adrián Alcalá Méndez, quien estuvo a cargo del caso.
De acuerdo con la relatoría, el particular requirió los reportes que elaboró la Guardia Nacional entre el 27 de mayo de 2019 y el 10 de marzo de 2021.
“Estos reportes deben contener, como mínimo, el nombre, adscripción, datos de identificación del agente, así como el nivel de fuerza utilizado, las circunstancias de tiempo, modo, lugar de los hechos y las razones que motivaron la decisión del agente de emplear dicho nivel de fuerza, entre otros, en caso de haber utilizado armas letales”, detalló Alcalá Méndez.
En respuesta, la Guardia Nacional reservó de manera íntegra los informes policiales homologados, al considerar que su publicidad dañaría la seguridad pública y pondría en peligro a servidores públicos operativos y, adicionalmente, a juicio del sujeto obligado, afectaría las funciones en materia de prevención y de persecución de los delitos.
Inconforme con la clasificación de la información, la persona solicitante presentó un recurso de revisión ante el Inai.
Alcalá Méndez dijo que fue posible concluir que no es procedente la reserva íntegra de todos los documentos como lo dio en respuesta la Guardia Nacional, pues resultó evidente que había datos que no se pueden clasificar. (Antonio López, La Jornada, Nación, p.A2)
Un juez ordenó reducir de 10 millones de pesos a sólo un millón la garantía que debe presentar Judith Aracely Gómez Molano, ex Oficial Mayor de la PGR, para enfrentar en libertad la acusación por un contrato supuestamente ilegal de 800 millones de pesos por vehículos con equipos de espionaje.
En una audiencia presidida por Alberto Torres, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, se acordó la reducción del monto al considerar que el original era desproporcionado con relación al patrimonio de la procesada.
Por las mismas razones, apenas unos días antes el mismo juez tomó una decisión similar con relación a Vidal Díazleal, ex jefe de la Policía Federal Ministerial de la PGR (hoy FGR), también procesado en el mismo caso, pues acortó la garantía de 10 millones a sólo 2 millones 575 mil pesos.
A los ex funcionarios les imputan haber participado en el sexenio pasado en un contrato de la PGR para adquirir equipamiento de informática, comunicaciones e inteligencia, incluidas 24 camionetas Van con dispositivos de espionaje.
La dependencia pagó 800 millones a Acumen Telecomunicaciones y Vans y Suvs de Lujo, con recursos de la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional, presuntamente sin justificar las condiciones de urgencia, riesgo o confidencialidad que exige la normatividad.
Gómez Molano tiene ya dos procesos en curso, ya que a principios de 2020 le iniciaron un procedimiento por la supuesta compra con sobreprecio de un avión Bombardier Challenger CL-600 en 19.6 millones de dólares.
El sobrecosto fue estimado en 3.2 millones. (Abel Barajas, Reforma, Nacional, p.2)
CHILPANCINGO.- El director de la Policía Municipal de Pilcaya, Jaime Guatemala Niño, murió a balazos durante un enfrentamiento contra integrantes de un grupo delictivo en esa región donde tiene presencia la Familia Michoacana, informó la Secretaría de Seguridad de Guerrero.
La balacera se reportó la tarde del sábado en la comunidad de San Antonio.
Guatemala Niño era un comandante de la Policía Estatal que estaba comisionado como director de la Policía Municipal de Pilcaya.
“La tarde del sábado se atendió un reporte sobre la presencia de civiles armados en el poblado de San Antonio, municipio de Pilcaya”, estableció el informe oficial.
“En este hecho, y tras un intercambio de disparos entre elementos y los presuntos delincuentes, falleció el comandante de la Policía Estatal, comisionado como director de Seguridad Pública del municipio de Pilcaya, Jaime G”.
Las autoridades dieron cuenta del decomiso de dos armas de fuego, sin precisar su calibre, y un vehículo con reporte de robo.
“La Policía Estatal y demás corporaciones mantienen un operativo en busca de los individuos armados, quienes podrían estar lesionados derivado del intercambio de disparos, ya que en la zona se localizaron manchas de sangre”, indicó la dependencia.
El 11 de agosto, en un ataque un grupo armado identificado con la Familia Michoacana perpetró contra la Alcaldesa panista de Pilcaya, Sandra Velázquez, dos policías estatales murieron. (Jesús Guerrero, Reforma, Opinión, p.12)
Dentro de las proyecciones que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para la fuerza de trabajo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), se estima un recorte de mil 504 plazas laborales en 2022.
Para la dependencia, que encabeza Jorge Arganis Díaz Leal, se proyectaron 48 mil 749 puestos, una reducción de 3 por ciento, respecto a las 50 mil 253 que se aprobaron para 2021.
Las principales bajas se planean en el sector central de la dependencia, con un recorte de 4.8 por ciento y mientras que en las oficinas de los Centros SCT, se observa una reducción de 4.1 por ciento.
En la oficina central, donde se ubica el titular de la dependencia, subsecretarios, directores y subdirectores de área, jefes de departamento, enlaces y personal ejecutivo, pasa de 13 mil 189 plazas a 12 mil 550, es decir, 639 lugares menos.
En los Centros SCT se considera eliminar mil 342 plazas laborales, para registrar a sólo 31 mil 759 empleados.
En organismos descentralizados, como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; Aeropuertos y Servicios Auxiliares; Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos; Telecomunicaciones de México; Servicio Postal Mexicano; o la Agencia Espacial Mexicana, se reporta un aumento de 477 sitios de trabajo en las distintas oficinas.
Además, en otras dependencias del gobierno hay incrementos en plazas laborales, pues, por ejemplo, en la Secretaría de la Defensa Nacional los puestos de trabajo pasan de 244 mil 499 a 259 mil 698, un aumento de 6.2 por ciento.
El recorte en el personal sucede pese a que se propuso un incremento en el presupuesto de la SCT de 17.2 por ciento, en términos nominales. (Everardo Martínez, El Heraldo, Merk-2, p.20)