¿Con qué autoridad moral –se presentó Felipe Calderón al congreso del conservador Partido Popular en España– a decir que nosotros tenemos trato con la delincuencia organizada, si su secretario de Seguridad está en la cárcel?, cuestionó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y repuso que si tiene pruebas de lo que fue a decir, que las presente.
En su conferencia de prensa, celebrada ayer en la ciudad de Puebla, respondió al ex presidente panista, quien forma parte de los 10 o 20 millones de conservadores en el país, que tienen como doctrina la hipocresía, no necesariamente los más ricos, también en sectores de clase media, aspiracionistas. Hay más pensamiento conservador en la colonia Del Valle que en las Lomas.
Tras el portazo del que fue objeto en Huachinango, cuando encabezaba una reunión para revisar el programa de apoyo a los afectados del huracán Grace, anunció que a partir del 20 de noviembre se abrirán los actos políticos públicos, con una concentración en el Zócalo, donde dirigirá un mensaje.
El tabasqueño se disculpó con Ifigenia Martínez, porque no acudirá a la ceremonia de entrega de la medalla Belisario Domínguez a la sede del Senado. Dio lectura a la carta que le envió. Su inasistencia obedecerá a la convocatoria de la panista Lily Téllez: no puedo exponer la investidura presidencial y no voy a ir a que se me falte al respeto y se haga un escándalo, imagínense. Pero qué necesidad, subrayó.
En una de sus respuestas abrió el tema de Felipe Calderón: cuando me dicen: es que Calderón fue a decir a España que el pedir perdón o el ofrecer perdón por los agravios cometidos a las comunidades indígenas es una cortina de humo, es para desviar la atención porque nosotros tenemos trato con la delincuencia organizada, con el narcotráfico, imagínense eso. ¿Con qué autoridad moral, si su secretario de Seguridad Pública está en la cárcel, acusado de proteger a narcotraficantes? Nosotros no somos iguales. Si tiene pruebas de lo que fue a decir, que las presente. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. (Roberto Garduño, Fabiola Martínez y Néstor Jiménez, La Jornada, Política, P.7)
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó anoche que la comparecencia del presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, sea el 5 de noviembre ante el pleno de San Lázaro.
Al ajustar el calendario de reuniones con el gabinete presidencial, se pasó para el 9 de ese mes la cita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López y definió que las comparecencias por la glosa del tercer Informe del presidente Andrés Manuel López Obrador empiecen con el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, el 13 de octubre ante comisiones.
Al día siguiente irá el titular de Agricultura, Víctor Villalobos, mientras el secretario de Salud, Jorge Alcocer, acudirá el 26.
El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, acudirá ante comisiones esa misma fecha y el 27 el titular de Comunicaciones, Jorge Arganis, así como el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero.
En noviembre irán, entre otros María Luisa Albores, Zoé Robledo y Delfina Gómez. (Enrique Méndez, La Jornada, Política, P.9)
Un juez federal desechó el amparo que buscaba que el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna fuera juzgado por tortura.
El juicio de garantías fue promovido por Alejandro y Juan Carlos Cortez Vallarta, sobrinos de Israel Vallarta Cisneros, señalados como presuntos integrantes de la banda de secuestradores Los Zodiaco, a la cual también se vinculó en su momento a la francesa Florence Cassez.
Ambos fueron detenidos el 7 de mayo de 2009 y llevados a la delegación de la Procuraduría General de la República en Chalco, estado de México, donde fueron torturados hasta que se declararon culpables.
Con base en este único elemento pasaron siete años en la prisión federal de Tepic, Nayarit, hasta ser liberados por falta de pruebas.
Desde 2019 los hermanos solicitaron a la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura que diera trámite a su denuncia contra García Luna, pero la Fiscalía General de la República (FGR) determinó el no ejercicio de la acción penal. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, P.10)
El juzgado tercero de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México concedió la protección de la justicia federal a Rosario Robles Berlanga contra el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, por violar su derecho de presunción de inocencia.
El impartidor de justicia ordenó que el fiscal tome todas las medidas necesarias para que en lo subsecuente se abstenga de realizar manifestaciones o juicios de valor respecto de la culpabilidad o responsabilidad de la aquí quejosa en los hechos materia de las investigaciones que se integran en su contra.
En agosto del año pasado, durante una videoconferencia con académicos de El Colegio de México, Gertz Manero explicó que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, recibía un trato diferente al de la ex jefa de Gobierno porque él primero aceptaba los cargos, estaba cooperando y ofreciendo pruebas, en cambio ella no ha colaborado y rechaza las imputaciones.
Incluso la defensa legal de la ex secretaria de Estado presentó en un disco compacto el video que comprueba las declaraciones de Gertz; por esa razón, en mayo de este año se interpuso la demanda de garantías ante el juzgado decimoquinto de distrito de amparo que lo aceptó, pero después declinó competencia y turnó el caso.
Robles permanece en el penal de Santa Martha Acatitla desde agosto de 2019 por su presunta responsabilidad en el ejercicio indebido del servicio público con un daño al erario por más de 5 mil millones de pesos, razón por la cual se solicita una pena de 21 años de prisión. (César Arellano García, La Jornada, Política, P.12)
La difusión de documentos relacionados con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa no pone en riesgo las investigaciones para esclarecer el caso, por el contrario, es bueno que se ventilen al debate público, pues aún existe más información que replanteará toda la indagatoria, sostuvo el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
Entrevistado en el marco de la disculpa pública del Estado mexicano a un joven discapacitado procesado injustamente, Encinas agregó que en la actualidad se cuenta con más de 18 mil documentos entregados por la Secretaría de la Defensa Nacional que, si bien se generaron en el gobierno de Peña Nieto, como secuela de los hechos, fueron entregados en esta administración.
–¿No pone en peligro los avances en la investigación la difusión de estos documentos? –se le cuestionó.
–No creo que lo tenga en lo particular esta información. Yo tengo mi criterio jurídico sobre esto. No comparto lo que han dicho algunas personas. Estoy consciente de que no va a dañar de ninguna manera, sino que puede alentar el avance en las indagatorias. (Alonso Urrutia, La Jornada, Política, P.13)
La empresa Carso Infraestructura y Construcción (Cicsa) pidió a la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México requerir al gobierno capitalino toda la información disponible sobre la rehabilitación de la Línea 12 del Metro en 2015 para determinar si hubo sobrecarga en la estructura del tramo que colapsó en mayo pasado.
Cicsa solicitó a la Secretaría de Obras y Servicios de CdMx poner a disposición del Ministerio Público los estudios, análisis, anteproyectos, proyectos ejecutivos, memoria de cálculos, listado de materiales y planos relacionados con el proyecto de rehabilitación.
“El estudio sobre el apuntalamiento definitivo para recibir las trabes existentes, entre los apoyos 40 y 41 de la Línea 12, emitido por Colinas de Buen, SA de CV, señaló expresamente que el tramo fue sometido a una sobrecarga (con motivo de las obras de rehabilitación de 2015) por lo que se presentó una deformación que rebasó los límites elásticos del material del que fueron fabricados”, señaló.
En los datos de prueba enviados por el apoderado legal de Cicsa, Fernando Francisco Gómez Mont, a la fiscalía, la empresa requirió a la representación social designar peritos en materia de ingeniería, para definir si los materiales usados en la rehabilitación fueron los idóneos.
“A efecto de conocer si el peso y/o densidad de los materiales utilizados durante dicha rehabilitación, fue acorde con las memorias de cálculo correspondientes, así como definir si la existencia de dichos trabajos de rehabilitación realizados con maquinaria pesada sobre el viaducto, pudieron haber generado algún deterioro estructural, que requiriera trabajos correctivos, en la estructura del tramo elevado de la línea 12”, destacó. (Gaspar Vela y Silvia Arellano, Milenio, Política, P.12)
Enclavado en la zona zapatista de Chiapas, el pueblo de Altamirano se ha declarado en rebelión contra sus autoridades. Empuñando principalmente machetes, pero cargando también palos y armas de fuego, hombres y mujeres de la comunidad asumieron las funciones del gobierno municipal y rechazan la llegada de la edil electa, Gabriela Roque.
Rechazan, también, las acusaciones que han surgido en redes sociales en que los responsabilizan de haber secuestrado al alcalde saliente, Roberto Pinto, pareja sentimental de la nueva alcaldesa. Ambos llegados al puesto de la mano del Partido Verde.
“Eso es pura mentira, secuestrado no está. La verdad, él tiene atención médica, tiene alimentos y todo. Está detenido, pero ¿por qué está detenido? Porque queremos la presencia del licenciado (Andrés Manuel) López Obrador para que él ponga cartas en este asunto”, explicó uno de los pobladores participante en el levantamiento.
MILENIO pudo ingresar al poblado que se mantiene bajo un estricto control de seguridad ante el temor de que un comando intente liberar a Pinto y ayudar a Roque a tomar posesión.
Insisten en que Pinto está detenido debido a que el Consejo de Barrios exige que se legitime un gobierno de usos y costumbres, además de acusar al ex alcalde de narcotráfico y otros delitos, como un desfalco al erario y la compra de votos en favor de su esposa. (Adyr Corral y Abraham Jiménez, Milenio, Política, P.10)
La entrada en vigor de la NOM-237 pondría en jaque a las escuelas particulares, ya que no tendrían dinero ni para ampararse.
Esto, entre otras cosas, porque obliga a los colegios a tolerar durante tres meses el incumplimiento de pago antes de poder suspender el servicio. Además de que los planteles tendrán costos administrativos extra.
“Desde el instante mismo de la publicación de la NOM- 237, en el caso de que se hiciera, en cifras muy conservadoras, por lo menos 18 mil escuelas particulares del Sistema Nacional de Educación estaríamos en una gran desventaja, porque no podríamos, no sólo cubrir los costos que la nueva norma nos obligaría; tampoco podríamos defendernos de esta decisión mediante un juicio de amparo, por los altos precios de judicializar nuestro reclamo”, indicó José Rogelio Varela, presidente de la Federación de Escuelas Particulares del Norte de Sonora.
El 6 de septiembre pasado, un grupo de integrantes de la Federación de Escuelas Particulares advirtió que la norma “obligaría a las instituciones particulares a incrementar sus colegiaturas entre 12 y 15%, sólo para cubrir financiamientos por el atraso de hasta tres meses, sin contemplar los costos administrativos y operativos que se generarán”.
Estimaciones de los representantes de asociaciones de colegios privados, argumentan que, si se toman como referencia 18 mil escuelas, con un promedio mínimo de 35 alumnos, la cantidad de menores que se quedarían sin continuar con sus estudios serían 630 mil.
“Si a ellos se les cobra un promedio de mil 200 pesos al mes, las instituciones particulares dejarían de recibir al año 9 mil 72 millones de pesos, lo que implicará el cierre del empleo para 54 mil docentes; lo que nos daría la cifra de 99 mil empleos afectados”, detalló. (Laura Toribio, Excélsior, Nacional, P.8)
Por segunda ocasión el excandidato presidencial Ricardo Anaya consiguió un mes más para preparar su defensa contra la acusación que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene preparada por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero.
Esta acusación derivó de la denuncia de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, quien señaló a varios políticos de corrupción y en especial al panista por supuestamente recibir sobornos para la aprobación de la reforma energética.
Ayer, Anaya Cortés compareció por videoconferencia en una audiencia en la que la FGR tenía previsto formular imputación y pedir su vinculación a proceso.
Sin embargo, el pasado viernes 1 de octubre la FGR entregó a la defensa del panista un legajo de mil hojas que agregó a la investigación.
Por ello, Eduardo Aguilar, abogado de Anaya Cortés, solicitó al juez más tiempo para revisar los documentos que le fueron entregados a la defensa, por lo que la audiencia fue reprogramada para el próximo 8 de noviembre a las 9:00 horas.
Durante la diligencia, el juez observó que los abogados y Anaya Cortés se conectaron desde sitios distintos, por lo que los exhortó a que en la siguiente audiencia comparezcan conectándose desde el mismo lugar físico. (Diana Lastiri, El Universal, Nación, P.A11)
Tequisquiapan.— Esta ciudad se encuentra en semáforo rojo debido a que siguen creciendo los niveles de agua en la zona turística, la cual se encuentra inundada desde el domingo pasado.
La creciente de agua es producto de los escurrimientos que capta el río San Juan y de la presa Centenario, situada en esta población, cuyo cuerpo se encuentra en 134.8% de su capacidad de almacenamiento, según reporta la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Protección Civil Municipal de Tequisquiapan informó que actualmente la presa Centenario tiene una descarga por vertederos de 199.7 metros cúbicos por segundo, “lo que ha ocasionado “un reconocimiento de inundación más fuerte”.
Hasta ayer, la zona con niveles más altos de agua abarcaba ocho fraccionamientos, 11 hoteles, un viñedo, 39 comercios y una clínica médica.
En la zona centro de la ciudad hay afectaciones. Reportan anegaciones en los barrios de la Magdalena y de San Juan, además de que se mantienen cerradas diferentes vialidades. También hay daños por las inundaciones en las comunidades de San Nicolás y Bordo Blanco.
Entre los damnificados está la familia Santos Hernández, que dejó su hogar en el Barrio de la Magdalena hace dos días y aún no puede regresar.
“El agua subió horrible, pusimos los costales de arena antes de irnos pero yo creo que no sirvieron de nada, el agua entró a todas las casas y creemos que también nuestra vivienda está inundada, la cosa es que no podemos entrar aún porque la anegación todavía está muy alta, vamos a esperar a que baje un poquito”, comenta Eugenia Santos Hernández, quien espera a unos metros de su hogar, sentada sobre costales de arena colocados en una zona donde al agua disminuyó. (Sirse Rosas, Montserrat Márquez y Alma Gómez/ Corresponsales, El Universal, Estados, P.A19)
El calendario de comparecencias avalado ayer por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados no incluye al Canciller Marcelo Ebrard y al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.
El acuerdo de los coordinadores establece que las comparecencias por la glosa del tercer Informe de Gobierno y el análisis del proyecto de Presupuesto 2022, iniciarán el 13 de octubre y concluirá el 30 de noviembre.
No obstante, la lista no incluye a Ebrard, pues según el coordinador de Morena, Ignacio Mier, dejaron el espacio de la comparecencia al Senado, ni a Gertz, quien ha sido criticado tras solicitar una orden de aprehensión en contra de 31 científicos.
La Junta avaló iniciar las comparecencias el 13 de octubre con la presencia ante la Comisión de Vigilancia de la ASF del titular de la Función Pública, Roberto Salcedo.
Un día después, comparecerá ante el pleno el Secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, al igual que el titular de Salud, Jorge Alcocer, el 26 de octubre.
El mismo día acudirá a San Lázaro el director de la CFE, Manuel Bartlett, quien se reunirá con los integrantes de las comisiones unidas de Energía e Infraestructura.
El 27 de octubre asistirán los titulares de Comunicaciones, Jorge Arganis, y de Pemex, Octavio Romero Oropeza, en tanto que el 28 le corresponde al de Desarrollo Agrario, Sergio Meyer.
Para noviembre, las comparecencias iniciarán el día 5, con la Secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, y el presidente del INE, Lorenzo Córdova.
El 9 comparecerá ante el pleno el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el 17 el titular del IMSS, Zoé Robledo, ante la Comisión de Seguridad Social.
Los días 18 y 23 se presentarán los titulares de Bienestar y de Educación, Javier May y Delfina Gómez.
A la titular de Cultura, Alejandra Frausto, y el director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez, les toca el 24 de noviembre, y al día siguiente a la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.
La Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, asistirá el 30 de noviembre. (Martha Martínez, Reforma, Nacional, P.5)
La llegada de Iván Pliego Moreno a la presidencia de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) prendió las alertas entre especialistas.
Lo anterior porque es el primer salto de un directivo de una Afore pública a un órgano regulador en 14 años de historia, hecho que podría repercutir en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) del País, además de que se incumplió con la ley.
La Ley del SAR es clara y establece que el presidente de la Consar no debe ser agente de los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, ni desempeñar cargo de elección popular, ser accionista, consejero, funcionario o comisario.
De acuerdo con su artículo 10, que habla de los requisitos que debe reunir un presidente de Consar, su nombramiento hecho el 3 de septiembre por el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, infringe lo establecido.
Ese día, el consultor financiero Mario Di Costanzo señaló que la designación es ilegal, ya que el nuevo presidente de Consar viola las fracciones II y V del artículo 10 de la Ley respectiva porque no cumple con los requisitos.
Iván Pliego Moreno, viene de ser vocal ejecutivo de PensionISSSTE, así que de regulado pasará a tener acceso a toda la información de las otras nueve Afores privadas.
Este acceso incluye estrategias comerciales, capacidades operativas y de inversión, riesgos a los que se enfrentan, información financiera, entre otros rubros y condiciones.
La Ley enlista como una de las facultades del presidente de la Consar la de realizar la regulación y supervisión de los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, lo cual es un proceso que da acceso a la entraña operativa de las Afores. (Charlene Domínguez, Reforma, Negocios, P.1)