Chihuahua, Chih., El gobierno de Javier Corral Jurado convirtió lo que fue la Casa de Gobierno en un centro de operaciones policiacas y ministeriales, donde se integraban los conocidos aquí como expedientes x en contra de sus opositores de antaño y de quienes veía como futuros competidores políticos.
Allí, funcionarios, empresarios y ciudadanos fueron obligados a convertirse en testigos colaboradores para que sus testimonios sirvieran como elementos para enjuiciar a aquellos que decidiera el gobierno de Corral Jurado.
Para ello, fiscales estatales aplicaban tortura sicológica y presionaban hasta que ya no se podía más. Te quebraban y, rendido, clamabas a los ministerios públicos: ¡dígame qué quiere que declare! ¡Ponga en el papel lo que desee, pero termine ya!, narra uno de los afectados.
La Jornada entrevistó a cinco ex funcionarios que sirvieron a distintos gobiernos y a quienes obligaron a convertirse en testigos colaboradores e imputar a altos servidores públicos u otros personajes de la política, rivales del ex mandatario chihuahuense.
Algunos laboraron en el gobierno de Chihuahua incluso antes de la administración del priísta César Duarte Jáquez (2010-2016) y otros se convirtieron en proveedores de esa administración, pero a todos –aseguran– se les amenazó con acusarlos de haber participado en el desvío de recursos públicos que se imputa al ex mandatario priísta.
Como testigos debían señalar a personas, aunque en algunos casos no las conocieran. Si no cooperaban, la amenaza era la cárcel, destruir a sus familias o catear los domicilios de padres o hermanos porque algo se encontraría para inculparnos, como si hubiéramos participado en algún delito.
Uno de ellos refiere: “Desde el primer interrogatorio se era culpable, un ratero, aunque los fiscales reconocían que no había nada extraño en nuestras finanzas. Aun así terminaban con el prestigio y la calma, que era lo más valioso que teníamos. (Gustavo Castillo García, La Jornada, P.p)
Un objetivo de la propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica es eliminar privilegios de 77 mil grandes consumidores privados y llevar a 43 millones de familias energía a precios accesibles, afirmó Héctor Sánchez López, miembro independiente del consejo de administración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En entrevista con La Jornada, planteó que la sobreoferta de permisos otorgados a generadores privados de energía constituye un riesgo de colapso del sistema eléctrico nacional por la gran cantidad de plantas que se tienen en el país, y ello llevaría a la creación de un monopolio de electricidad de privados.
El primero de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma eléctrica, la cual implica otorgar una cuota de mercado de generación eléctrica de 54 por ciento a la CFE, elimina los contratos vigentes de generación eléctrica otorgados y los de compraventa de electricidad con el sector privado, y propone desaparecer los órganos reguladores.
Actualmente hay 77 mil grandes consumidores que compran energía barata; ellos generan y luego vuelven a vender a la CFE a alto costo y eso provoca que los precios a las familias ahora sean caros. Es momento de eliminar eso, de beneficiar a 43 millones de familias que compran en este momento al valor que quieren los privados, sostuvo el consejero.
Detalló que la empresa productiva del Estado se enfoca en generar utilidades y esa no es su misión ni la visión que se tiene por parte del gobierno, lo que se requiere es que se concentre en generar electricidad y venderla a las familias al costo real. Así, explicó, al eliminar los permisos y concesiones a privados, la CFE se dedicará a generar la electricidad necesaria para vender a las familias al precio real. La CFE y las familias dejarían de subsidiar a los grandes consumidores y así bajaría el precio a los particulares, los precios bajos están con los grandes consumidores y no con los pobres, refiere. (Julio Gutiérrez, Política, La Jornada, P.p)
En 2022, el gasto en inversión en México será de 982 mil 288 millones de pesos y representará el 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), con lo que no superará los niveles prepandemia ni el mínimo recomendado por el Banco Mundial.
De acuerdo con el Paquete Económico 2022 presentado por el Jefe del Poder Ejecutivo ante el Congreso, ese monto destinado a la inversión será el equivalente al 13.9 por ciento del gasto público neto total.
Se trata de un gasto que se compone principalmente de construcción y rehabilitación de obras, así como compra de materiales, suministros, bienes inmuebles e inversiones financieras.
La cifra para 2022 se quedará por debajo de los montos otorgados entre 2014 y 2019, cuando este gasto alcanzó el 4.3 por ciento del PIB en promedio, alertó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) en su análisis “Implicaciones del Paquete Económico 2022”.
Y aunque el monto es 14.3 por ciento mayor a lo aprobado en 2021, se queda por debajo de los niveles observados entre 2014 y 2017, cuando alcanzó un promedio de mil 304 millones de pesos, y es inferior al 4.5 por ciento del PIB recomendado por el Banco Mundial.
Christopher Cernichiaro, coordinador de finanzas públicas locales del CIEP, mencionó que es de celebrarse que haya un incremento, sin embargo, éste tendría que ser mayor.
El bajo nivel, inferior a la proporción recomendada por el Banco Mundial, puede repercutir negativamente en el crecimiento económico y el desarrollo para los ciudadanos en salud, educación y acceso a agua limpia, entre otras, señala el centro en su análisis.
Además, lo actualmente destinado a inversión está concentrado en el sector energético, lo que implicaría menos recursos para el desarrollo social.
Para energía, el Gobierno federal propone destinar 660 mil 97 millones, 67 por ciento del gasto en inversión.
En contraste, para vivienda y servicios comunitarios lo destinado en el proyecto representará el 20.6 por ciento, mientras que los sectores salud y educación pública apenas recibirán 1.7 por ciento y 1.8 por ciento del gasto federal, respectivamente.
“La inversión que se destinaría a estos sectores sería 15.7 veces menor que lo dirigido a energía”, advierte el CIEP.
En su análisis, el centro explica que la infraestructura puede ser de tipo económico, misma que engloba las obras en los sectores de comunicaciones, energético y transportes y es a la que el Gobierno federal apuesta más recursos, y que incluye lo destinado a sus obras prioritarias, entre ellas el Tren Maya y la refinería Dos Bocas. (Azucena Vásquez, Reforma, P.p)
Cada minuto en la CDMX, ocho automovilistas exceden el límite de velocidad permitido por el Reglamento de Tránsito.
Según los Datos Abiertos de la Ciudad, los primeros 59 días del año hubo 678 mil 614 multas por violar el Artículo 9 del Reglamento, que regula las velocidades máximas permitidas en avenidas.
Eso representa ocho infracciones por minuto en promedio, las cuales fueron registradas por radares fijos y móviles o por policías con dispositivos electrónicos y con registros impresos.
Roberto López, un automovilista que sumó infracciones por exceder la velocidad en Periférico y acudió a la biciescuela en febrero, consideró que sería mejor capacitar antes.
“Te explican todo muy detallado y te dan un curso muy completo, luego tuve que hacer trabajo comunitario. Y mi pregunta es: ¿por qué hay que esperar a que la gente exceda la velocidad?”, cuestionó.
En el registros de las fotocívicas, durante los primeros seis meses del año sumaron un millón 823 mil 357, el 91 por ciento por exceder los límites de velocidad, que son la principal causa de muertes de tránsito, seguidas por exceso de alcohol en la sangre. (Amallely Morales, Reforma, P.p)
Abarca, Marro, Vallarta… 70% de reos en el Altiplano, sin sentencia
En el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, siete de cada 10 presos no han recibido una sentencia que determine su inocencia o culpabilidad, de acuerdo con estadísticas del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Según la información contenida en diversas solicitudes de información realizadas por MILENIO, el centro penitenciario ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, se posiciona como el reclusorio con el mayor porcentaje de reos en espera de una resolución judicial entre los centros federales de readaptación social del país.
Entre los casos más relevantes que todavía no han sido resueltos por un juez se encuentra el de José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, Guerrero, acusado por delincuencia organizada y quien recibió auto de formal prisión en diciembre de 2020 por su presunta responsabi lidad en ese delito y en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
También el de José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, ex líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, quien tras un año preso todavía está en espera de sentencia luego de ser vinculado por robo de hidrocarburos y delincuencia organizada.
En la lista también está Florián Tudor, presunto líder de la mafia rumana en México, quien fue arrestado en Cancún, Quintana Roo, a finales de mayo y permanece en el país debido a que sus abogados promovieron un amparo.
El caso de Israel Vallarta ha llevado más de 15 años. En 2005 fue capturado en el rancho Las Chinitas, ubicado en la carretera México-Cuernavaca, junto con su pareja de entonces, la francesa Florece Cassez, por presuntamente secuestrar a tres personas; sin embargo, hasta ahora no se le ha dictado una sentencia por secuestro. (Rafael López Méndez, Milenio, Política .P.p)
Durante 15 meses la Fiscalía General de la República (FGR) no se ha opuesto a las peticiones del ex director de Pemex Emilio Lozoya, quien ha logrado aplazar en cinco ocasiones que procesos, porque argumenta que se encuentra recabando datos de prueba para su defensa.
Este trato no lo han recibido personajes denunciados por el ex funcionario que se escondió en España y que estuvo sujeto a un proceso de extradición, del cual finalmente se desistió y que a su llegada al país no pisó la cárcel porque alegó estar mal de salud. Su vinculación a proceso por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, en julio de 2020, por los casos de Agronitrogenados y Odebrecht, se hizo a través de comparecencias en línea.
La FGR no se opuso a que Lozoya goce de una medida cautelar que le permite moverse libremente; sin embargo, otras personas denunciadas por él, y que accedieron presentarse ante el juez, como el ex senador panista Jorge Luis Lavalle, enfrentan prisión preventiva justificada y llevan meses en el Reclusorio Norte, pese a que los delitos son los mismos por los que es procesado el ex director de Pemex.
Lavalle fue imputado por recibir un soborno de 97 millones 190 mil pesos y por lavar 52 millones 390 mil pesos para aprobar la reforma energética. (Rubén Mosso Milenio, Política, P.p)
Íker tiene seis años y no sabe qué es un recreo ni tomar distancia en la fila para entrar al salón de clases; no ha hecho honores a la Bandera y tampoco ha tenido la oportunidad de sentarse con un grupo de niños y niñas de manera presencial para aprender de una maestra.
Para él tomar clases significa “prender el celular”. Cuando se le pregunta si recuerda cómo era asistir a la escuela, responde que “no”.
Íker es uno de los rostros del vacío que la pandemia dejó en la educación pública.
Ni siquiera ha podido opinar si desea volver o no a la primaria; continúa estudiando en casa, porque su escuela está entre las 60 mil primarias y secundarias que fueron abandonadas o vandalizadas en la pandemia.
A los pocos días de que los padres de Íker lo inscribieron por primera vez en un sistema educativo público, descubrieron que la estancia infantil donde entró a sus tres años, era una empresa fantasma. No contaba con un seguro de gastos médicos mayores y tenía registrados a 30 alumnos, pero en realidad, asistían diez.
En 2019, en las más de 42 mil supervisiones que realizó el Sistema Nacional DIF en las 9 mil 582 estancias infantiles registradas, sólo encontró a 244 mil 886 niños, es decir, había 80 mil niños que no existían. (Claudia Solera, Excélsior, Nacional, P.p)
En un nuevo intento por vender el avión presidencial, en desuso desde diciembre de 2018, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) contrató a la empresa Global Jet Mónaco con sede en este principado europeo para que lleve a cabo la promoción y enajenación de la aeronave, que fuera adquirida en 2012 por el entonces presidente Felipe Calderón y utilizada oficialmente entre febrero de 2016 y noviembre de 2018 por Enrique Peña Nieto.
El contrato que otorgó la UNOPS a Global Jet Mónaco el pasado 4 de agosto, bajo la referencia ITB/2021/19079, ascendió a 28 mil 704 dólares (588 mil 432 pesos) para que en un plazo de 16 semanas prorrogables a otras 16, es decir hasta marzo de 2022 realice actividades de promoción y publicidad del avión, nacional e internacional, como también la identificación de las alternativas viables para su enajenación.
“Fundada hace más de 20 años, el compromiso de Global Jet con el lujo y la excelencia es conocido en todo el mundo de la aviación privada. Como fuerza pionera en la industria de ventas de aviones, hemos negociado cientos de acuerdos y adquirido numerosos aviones para una variedad de clientes exigentes, incluidas instituciones financieras, corporaciones internacionales, compradores y empresarios privados y gobiernos”, se anuncia GJM en su página electrónica https://globaljet.aero/en/boeing-b787-8.
“Boeing B787-8 Haz una oferta”, se muestra en la pantalla con una imagen elegante de fondo del avión. (Enrique Sánchez, Excélsior, P.p)
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván (PAN), aseguró que su antecesor, el también panista Javier Corral Jurado le dejó un desorden financiero en el estado, con una deuda de 75 mil millones de pesos, y lo acusó de ser displicente y de no hacer nada para evitar que se robaran el dinero o para malgastar los recursos de los chihuahuenses.
Ejemplificó que el Congreso del estado de Chihuahua aprobó durante cinco años un presupuesto de egresos deficitario, y a la nueva administración le heredaron una deuda de 14 mil millones de pesos con proveedores.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Campos Galván indicó que no habrá una cacería de brujas contra su antecesor, pero adelantó que serán las instancias correspondientes las que determinen si el exmandatario Corral Jurado y sus funcionarios terminarán en la cárcel o no.
Agregó que su antecesor nunca tuvo un solo elemento que probara la supuesta relación de ella con el también exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, y detalló que Corral Jurado no quería que fuera gobernadora porque tenía pavor de que se diera cuenta de la displicencia, omisión y corrupción que hubo en su gobierno: “[Javier] Corral nunca entendió lo que era gobernar. Se obsesionó con César Duarte y olvidó al estado”, subrayó.
Calificó a la Alianza Federalista como un pretexto y una cortina de humo, que creó Javier Corral Jurado para no hacer su labor, porque el tema federalista y de coordinación fiscal está en el Poder Legislativo, pero mientras se busca una mayor distribución de recursos, no puedes cruzarte de brazos y dedicarle el 100% a esa organización, por lo que adelantó que ella no se va a adherir este mecanismo de gobernadores. (Horacio Jiménez, El Universal, P.p)
La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha registrado un mayor incremento en los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes en redes sociales, como son acoso, sexting, grooming, ciberbullying, difusión de contenidos sexuales sin consentimiento y pornografía infantil; estos crímenes representan apenas 5% de los 3 mil reportes mensuales que ingresan a dicha unidad.
Elizabeth Melchor, especialista y policía adscrita a la unidad de la Policía Cibernética, explicó que este tipo de delitos han registrado mayor incidencia entre este sector de la sociedad, debido a que la pandemia por Covid-19 hizo que muchos migraran sus actividades escolares a internet.
La especialista dijo que con esta modalidad muchos de los ciberdelincuentes han encontrado la manera de iniciar un ciclo de persuasión con niñas, niños y adolescentes para obtener información y utilizarla para chantajes, extorsión, amenazas, y en algunos casos, concretar diversos encuentros físicos. (Kevin Ruíz, El Universal, P.p)
Entre el caos vial, provocado por los cortes en el camino y la saturación tanto de camiones de carga como de transporte público, decenas de espectaculares y lonas de compra de propiedades se asoman en las inmediaciones de la Base Aérea de Santa Lucía, en el municipio de Tecámac.
La venta de lotes y terrenos a un costado de la terminal aérea se disparó. En redes sociales y al visitar la zona, se ofrecen de dos mil 250 a cuatro mil 350 pesos por metro cuadrado o más; si el predio está en tierra plana, cuesta cinco mil pesos.
Los precios se han cuadruplicado, ya que en 2015 el metro cuadrado fluctuaba entre mil y dos mil pesos, de acuerdo con vecinos de esa región. La zona más cotizada hasta ahora es la que se ubica sobre la carretera federal México-Pachuca, principal punto de acceso a este punto.
Desde mayo pasado, El Heraldo de México documentó una alza en el precio de los terrenos para naves industriales, que pasaron de 350 a tres mil pesos.
Ahora, en las ofertas también existe la oportunidad de conseguir una casa de tres recámaras a partir de 688 mil pesos, donde resaltan el privilegio de vivir a cinco minutos de la futura terminal aérea, la cual se proyecta que tendrá conectividad mediante el Tren Suburbano, Mexibús y una red de segundos pisos viales.
De acuerdo con páginas de ofertas inmobiliarias, la venta de terrenos planos, así como espacios para bodegas industriales -donde hay pastizales– los vendedores piden hasta cinco mil pesos el metro cuadrado. (José Ríos, El Heraldo de México, P.p)
Ante la recuperación en del precio del petróleo este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aumentó de manera significativa el estímulo fiscal que se otorga al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de gasolinas, de acuerdo con los datos preliminares del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
De enero a septiembre de este año, el gobierno ha otorgado 53,882 millones de pesos en estímulos fiscales a estos combustibles, lo cual es 15.6 veces mayor a lo que la Secretaría de Hacienda otorgó el año pasado, de 3,446 millones de pesos.
El SAT especificó que, de este monto, 38,538 millones son del estímulo fiscal a las importaciones de combustibles automotrices, 36,196 millones de pesos más que de enero a septiembre del 2020, esto para mitigar el incremento en el precio de los combustibles.
Los 15,345 millones de pesos restantes son el estímulo fiscal que se otorgó en los primeros nueve meses del año por la enajenación de combustibles, 14,240 millones de pesos más que el año pasado, de acuerdo con el cálculo realizado por el SAT con los datos de las declaraciones provisionales de Pemex.
El incremento significativo de este estímulo –que se otorga para evitar un impacto en el bolsillo del consumidor– se explica por la recuperación que este año se ha presentado en los precios internacionales del petróleo, luego de que el año pasado la crisis provocada por el Covid-19 pusiera estos precios, incluso, en terreno negativo, señalaron analistas.
“Lo que estamos viendo es que, al aumentar de manera importante el precio del petróleo en lo que va de este 2021, el precio de las gasolinas también va en aumento y, para que el consumidor no se vea tan afectado, Hacienda da un estímulo al IEPS, a fin de que los precios se mantengan relativamente estables”, señaló Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico de Monex. (Belén Saldívar, El Economista, Fianzas y Dinero, P.p)
El gobierno de Estados Unidos se pronunció por primera vez desde la presentación de la iniciativa de reforma constitucional para el sector eléctrico que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 30 de septiembre al Congreso de la Unión.
La subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, sostuvo una llamada introductoria con el recién nombrado representante comercial adjunto de EU, Jayme White.
De entre los temas tocados durante la llamada, destacaron los puntos de la política energética mexicana y los biotecnológicos agrícolas.
“El embajador White enfatizó varios asuntos bilaterales vigentes, incluyendo la política energética de México y la importancia de que las autoridades mexicanas reestablezcan la autorización para productos agrícolas biotecnológicos”, informó la Oficina del Representante Comercial de EU en un comunicado enviado el viernes.
La política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha vuelto un punto de contención tanto al interior como al exterior de México. El empresariado estadounidense y funcionarios de su gobierno se han sumado a las voces que expresan su desacuerdo con la reforma constitucional que terminaría con los contratos de generación eléctrica vigentes con empresas privadas.
Expertos han advertido incluso que existe el riesgo de entrar en conflicto con la letra de varios acuerdos comerciales, entre ellos el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El panorama es similar para el tema de los biotecnológicos. Desde la administración de Donald Trump, Washington presiona para que México apruebe el uso de productos agrícolas biotecnológicos. Según las autoridades comerciales de EU, es un compromiso pendiente del gobierno mexicano e insisten en que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) es el principal obstáculo para su cumplimiento, ya que no ha tomado una decisión sobre este tipo de productos desde mayo de 2018.
Ambos temas ya se encontraban en la mira de la Casa Blanca. En su más reciente Reporte Sobre Barreras al Comercio, el Departamento del Comercio de Estados Unidos señaló a ambos puntos como potenciales baches en la relación comercial de ambos países. (César Cantú, El Financiero, P.p)
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador propone recortar 79 por ciento el presupuesto al programa de leche Liconsa para el año 2022, que se destina a menores de seis años de edad pertenecientes a las familias más pobres del país, advierte un análisis del Pacto por la Primera Infancia.
La iniciativa ciudadana, integrada por 450 organizaciones de la sociedad civil, solicita a la Cámara de Diputados que restituya esos recursos para la protección de la niñez en México.
Además de Liconsa, las organizaciones detectaron reducciones en otros cuatro programas: uno que ofrece leche fortificada; otro orientado a la atención en clínicas y hospitales; uno más enfocado en la dotación de medicinas gratuitas y vacunas del cuadro básico y finalmente otro para que los niños y niñas cuenten con actas de nacimiento.
En total, los cinco programas presentan una reducción de más de 19 mil 434 millones de pesos, los cuales cubren necesidades de salud, alimentación, educación e identidad de 12 millones 226 mil 266 recién nacidos y hasta los seis años de edad.
Luz Serrano, coordinadora del Movilización y Procuración del Pacto por la Primera Infancia, indicó que enviaron una carta a la Cámara de Diputados para revertir el recorte.
Según la organización, en el anexo 18 de la propuesta de presupuesto que envió la Federación al Congreso, el gasto para atender a la primera infancia presenta un incremento general de 82 por ciento, pero un análisis más a detalle muestra que no todos los programas enfocados a la niñez corrieron con la misma suerte. (Nurit Martínez, El Sol de México, P.p)
La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, asegura que por el momento no es necesaria una reforma fiscal, y considera que el adecuado cobro de los adeudos que tienen los 12 mil grandes contribuyentes del país da para recuperar recursos durante 13 años —“son dos administraciones”, acota—, si se considera que la capacidad de revisión de la institución es de 890 cada año.
En entrevista con La Razón con motivo de la propuesta de paquete económico para 2022, con el cual la meta es recaudar 3.9 billones de pesos, destacó que el sistema fiscal actual servirá para impulsar la reactivación económica del país, tras el desplome de 8.5 por ciento en 2020, a consecuencia del impacto de la pandemia de Covid-19.
Precisó que desde el año pasado el SAT ya había investigado a algunas de las personas o empresas que tienen sus fortunas en paraísos fiscales, cuyos nombres aparecieron recientemente en la investigación periodística “Papeles de Pandora”, y detalló que por instrucción presidencial dará seguimiento a la información, porque también hay contribuyentes de los cuales el organismo desconocía estas operaciones.
En las oficinas centrales del organismo fiscalizador, donde desde su nombramiento en diciembre del 2019 ha recibido a grandes deudores para regularizar su situación fiscal, destacó la “limpia” que se ha llevado a cabo en el SAT, pues uno de cada 10 servidores públicos ha sido removido por actos de corrupción. (Ivonne Martínez, La Razón, P.p)