Mal que le pese a los españolistas, hoy 12 de octubre, como escribió el entrañable Eduardo Galeano, las venas de América Latina siguen abiertas. (La Jornada, Contraportada)
¿Superdelegados de AMLO en vías de desaparición?
Al parecer, la figura que va que vuela, si no a desaparecer sí a convertirse en un adorno, es la de superdelegados del gobierno federal. Al menos en Michoacán y en Sonora, ambas entidades gobernadas por Morena, los superdelegados ya no son necesarios. Nos detallan que el sábado, durante su gira de trabajo por tierras michoacanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla sería su representante y quien coordinará todas las acciones del gobierno federal en el estado. Ayer, nos hacen ver, Alfonso Durazo, gobernador morenista de Sonora, fue llamado a Palacio Nacional para sostener una reunión con el Presidente y con el gabinete, y ahí se le anunció que todas las acciones del gobierno federal en la entidad serán concentradas y coordinadas a través del mandatario local. Con estas declaraciones, las figuras de varios de los superdelegados salen sobrando.
Embajador de EU en el Senado
Por cuarta ocasión en menos de un mes, el canciller Marcelo Ebrard se reunió con senadores de la República. Esta vez, el secretario de Relaciones Exteriores tuvo una sesión de trabajo con los miembros de la Junta de Coordinación Política para hablar del diálogo sobre seguridad que el pasado viernes tuvieron funcionarios de alto nivel de México y Estados Unidos, y en el que sentaron las bases de un nuevo esquema de cooperación bilateral en la materia. Sin embargo, el canciller no fue el único diplomático en visitar el Senado, minutos antes estuvo en el recinto legislativo el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, quien sostuvo una reunión privada con el presidente de la Jucopo, el senador morenista Ricardo Monreal, y saludó también a la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero (Morena). El embajador, católico, tuvo la oportunidad de apreciar el sincretismo de la oficina de don Ricardo, en la que conviven con cercanía un gran cuadro de Benito Juárez y uno más pequeño del Santo Niño de Atocha. Ambos, nos dicen, son devotos del Santo Niño, cuya veneración en México nació en Fresnillo, Zacatecas, de donde es oriundo el senador. La familia del embajador Salazar, nos comentan, es creyente de esa imagen religiosa, por eso no fue extraño que, al despedirse de Monreal, el representante diplomático lo hiciera con un “¡Viva el Santo Niño de Atocha!”.
De capa caída, el exjefe del ejército de Servidores de la Nación
En Morena se alista un cambio. Dado que Sergio Gutiérrez es el presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, ya no puede permanecer como representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral. Nos cuentan que el exdiputado por Tabasco, Mario Llergo, cercano al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, es quien se perfila para ocupar el espacio ante el INE. Con ello se estaría apagando la aspiración que tiene el senador Gabriel García de ocupar ese cargo, y se estaría confirmando que el otrora poderoso jefe nacional de los superdelegados federales en los estados y líder del ejército de Servidores de la Nación, anda de capa caída.
La obsesión de Alito
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien también es diputado federal y presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), instaló ayer la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, de la que, para variar, también es presidente. Nos hacen saber que don Alito ha aprovechado bien su cargo en la dirigencia del tricolor para hacerse de cuanta representación puede, aunque al interior del partido hay quienes no ven bien que no quiera ceder ni un espacio. Alito, nos dicen, tiene una obsesión por las presidencias, incluida, desde luego, la presidencia mayor que se jugará en 2024. (El Universal, La 2 p.2)
HAGAN sus apuestas sobre cómo le hará Hugo López-Gatell para desacreditar la orden judicial de que todos los menores de 12 a 17 años sean vacunados contra el Covid-19. ¿Dirá que es un complot de Pfizer? ¿Acusará a los infantes de golpismo? ¿Se lavará las manos diciendo que no tiene suscripción de The Lancet? ¿Saldrá con que la OMS es un organismo neoliberal? Del subsecretario todo se puede esperar. Claro: falta ver si de nuevo lo invitan a la mañanera de hoy, porque ya lleva dos semanas que no aparece.
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¿NO SE SUPONÍA que era el Presidente de tooodos los mexicanos? La pregunta es porque Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que gobierna sólo para sus cuates. Así se vio en Michoacán, cuando dijo que ya nada le impedía visitar esa entidad, en referencia a la salida del perredista Silvano Aureoles. Y no es un problema de simpatías, sino de actitud de Estado.
COMO ya gobierna un morenista, Alfredo Ramírez Bedolla, ahora sí el gobierno federal anuncia apoyos en programas sociales, despliega tropas para reforzar la seguridad y hasta se hace cargo de la nómina de los maestros, para quitarle broncas al nuevo mandatario.
SEGURAMENTE las y los michoacanos se preguntan por qué si era tan fácil echarles la mano, ¡no lo hicieron antes! Tanto que le preocupa al Presidente cuidar la investidura… y miren cómo la trata.
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EN la cacería criminal de la FGR contra 31 científicos, hay un detalle que pocos conocen: que la denuncia por lavado haya sido tramitada por el procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, viola el reglamento de la Secretaría de Hacienda.
EL artículo 105 establece que el titular de la SHCP sólo puede ser suplido cuando haya pedido licencia o se encuentre de comisión, cosa que no ocurrió. Y quienes podrán firmar en su ausencia son los tres subsecretarios, el Oficial Mayor y, en quinto lugar, el procurador fiscal.
NO ES la primera vez que Romero Aranda se brinca a sus superiores, al meter los recursos en fin de semana. Lo mismo hizo con el facturero Víctor Manuel Álvarez Puga, cuya denuncia firmó el domingo 17 de enero. Pero no se lo cuenten a Rogelio Ramírez de la O.
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¡QUÉ bonito el bebé dinosaurio! Es idéntico a su abuelito. En los tiempos del PRIrreinato, nos recetaron la famosa “roqueseñal” cuando se aprobó el aumento al IVA. Ahora con Morena, es la “taiboseñal”, que no lleva ademanes, pero el mensaje es el mismo: las cosas son así y se aguantan.
LOS DICHOS de cantina de Paco Ignacio Taibo II sobre la reforma eléctrica revelan que la 4T no es un proyecto de nación, sino una revancha personal. Como que se le olvidó cuando escribía novelas policiacas y ya no hay misterio: es el poder para aplastar, no para transformar. Lástima: perdimos un buen escritor y ganamos un penoso funcionario público. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p.10)
El Rey Midas del oro negro. Las desviaciones de recursos han sido para Pemex un lastre histórico, una práctica casi común, pero hay casos de antología. Juan Carlos Reyna Carrera, gerente de Supervisión de Infraestructura Marina, habría obtenido ingresos inexplicables por más de 50 mdp entre 2015 y 2020, de acuerdo con el SAT. La fórmula es conocida: imponer a los vencedores de las licitaciones mediante el previo pago de moches y comisiones. Esta práctica le ha redituado no sólo millonarios recursos, sino impunidad por años, pues la realiza inclusive antes de la era Emilio Lozoya. Pero se le acabó. La pelota está en la cancha de Julián Alfonso Olivas, encargado de despacho en la Función Pública. ¿Qué hará al respecto?
Modelo a seguir. Disminuir la incidencia delictiva en una ciudad del tamaño de la de México es tarea titánica, y la policía capitalina va superando el reto. Esto, gracias a que a los policías que trabajan en campo se les ha dado todo el respaldo de la corporación, así como el trabajo coordinado con la Fiscalía de Justicia. Así, el gran trabajo de inteligencia para capturar a los criminales no se diluye en las mesas de ministerios públicos. “Hemos realizado, en lo que va del año, con la fiscal Ernestina Godoy, 700 cateos, y de 900 personas detenidas en esos cateos, 26 han sido objetivos prioritarios”, indicó Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. La capacidad se mide con resultados, y en la policía capitalina existen cotidianamente.
Firmeza. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mandó “a robar a otro lado” a quienes se oponen a la iniciativa de reforma eléctrica que dará el predominio del mercado a la Comisión Federal de Electricidad. Llamó a no hacer caso a las distorsiones que aseguran que se expropiarán las propiedades a las empresas. Insistió en que lo que se hizo en el pasado fue darle el monopolio del mercado eléctrico a las grandes corporaciones privadas y extranjeras para debilitar a la CFE y hacer que los usuarios comunes, que tienen un foco o dos en su casa, paguen más que una empresa con propósitos de lucro, centros comerciales, económicos y financieros. No hay vuelta atrás. Esto es el cambio. Y va.
Noticia internacional. Aunque no hace maletas con frecuencia, sobre todo en viajes al extranjero, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que viajará a Estados Unidos en noviembre, cuando México asuma la presidencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Adelantó que el daño que hace al mundo la corrupción será el tema principal de su participación en la ONU, que tiene su sede en la ciudad de Nueva York. Aclaró que, en lo que será su segundo viaje internacional en lo que va de su sexenio, no tiene previsto encontrarse con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Para los mexicanos, el orgullo de iniciar esa importante tarea requiere de la presencia presidencial. Hay liderazgo.
Esperanzada. Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles, la exsecretaria de Desarrollo Social y de la Sedatu, explicó que el amparo ganado para modificar la medida cautelar de prisión preventiva de su clienta tiene 14 opciones para cumplir, menos la prisión. Señaló que “los términos en los que se concedió el amparo es que la medida cautelar que en estos momentos tiene de prisión preventiva es excesiva”. Lamentó que tuvieran que pasar dos años para que las autoridades reconocieran que la licencia de conducir con la que presuntamente se demostraba que la exfuncionaria tenía más de un domicilio, y por lo cual argumentaban que podría escapar, era falsa. La pregunta que seguirá en el aire es, ¿y el resto del clan, seguirá libre e impune? (Excélsior, Nacional, p.13)
Nueva política…
Nos hacen saber que llevar a todo el gabinete a un estado para anunciar un plan general de apoyo, especialmente a los que tienen nuevo gobernador, será una constante del Gobierno Federal. De esta forma, el mandatario de Sonora, Alfonso Durazo, se alista para recibir al presidente Andrés Manuel López Obrador y a todo su equipo de colaboradores.
Pacto de silencio
Desde el PRI nos aclaran que, aunque se han mantenido con mucha discreción, los 71 integrantes de su fracción en San Lázaro tienen un criterio unánime en torno a la Reforma Energética. Su dirigente, Alejandro Moreno, y su coordinador, Rubén Moreira, han trazado con cautela una estrategia para que actores políticos externos no influyan sobre el voto.
No es lo mismo…
A diferencia de otros personajes de fama pública sujetos a proceso penal, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex en el sexenio anterior, puede visitar cualquier lugar porque un juez únicamente le prohibió salir del país, mientras que otro estableció que no puede salir del área conurbada de la Ciudad de México, y eso, gracias al gobierno de la 4T.
Molestia y extrañeza
Y a propósito del caso anterior, el senador Ricardo Monreal anunció que la Cámara alta pedirá una reunión con funcionarios federales para que explique los pormenores de la situación de Lozoya como testigo protegido. Lo cierto es que tanto el primer mandatario como algunos senadores se mostraron sorprendidos y molestos por la actitud del exfuncionario peñista.
Diferencias de criterio
Por falta de acuerdos en San Lázaro, a Morena se le cayó la intención de aprobar el próximo viernes la Ley de Ingresos 2022. Los desacuerdos prevalecen no sólo entre el bloque opositor. Morena y sus aliados también tienen diferencias de criterio muy importantes, por lo que no descartan que la ley se discuta y apruebe en la fecha límite, que es el miércoles 20 de octubre. (El Heraldo de México, La 2, p.2)
NL: más malandros los de El Bronco // Samuel García acusa // ¿Qué sigue en caso Lozoya? // Nahle: no a demandas por RE
Es de esperarse que no termine en una llamarada de TikTok el talante acusatorio que ha asumido el gobernador entrante de Nuevo León, Samuel García, sobre su siniestro antecesor Jaime Rodríguez Calderón, aspiracionalmente autodenominado El Bronco.
García ha acusado en conferencia de prensa a un pelado corriente que anda cobrando, a presunto nombre del nuevo gobernador, la cuota de 2 millones de pesos “que siempre había cobrado El Bronco” (https://bit.ly/3FNbxfk).
También dijo que hay un sinnúmero de comercios sujetos a extorsión durante la anterior administración, porque del tamaño del sapo era la pedrada: un restaurante de primer nivel, siempre lleno, eran 200, 300 mensuales; una fondita, un bar tranquilón, moderado, modesto, 50, 100 (se entiende que habla de cientos de miles de pesos). Había toda una red de cobro de piso, salieron más malandros los del gobierno que los mismos malitos.
El Bronco, sus familiares y cercanos, mencionados por Samuel García, se han deslindado declarativamente de las acusaciones. Falta ver si el nuevo gobernador, producto de frivolidades internéticas, como en su momento El Bronco, no deriva todo hacia alguna salida o arreglo al estilo fosfo fosfo y da una muestra de firmeza en cuanto al castigo a la corrupción, que sigue galopando en falsos caballos broncos, pero también lo podría hacer en mocasines juveniles o zapatillas de ensueño.
Ayer cerró en primera temporada el episodio gastronómico y fotográfico que protagonizaron la columnista Lourdes Mendoza y el presunto delincuente Emilio Lozoya Austin, con el fiscal Gertz (calmoso en lo que no le importa personalmente) como responsable indirecto tras bambalinas.
Ella detalló la manera en que llegó al restaurante Hunan y narró las peripecias que en alrededor de un minuto le permitieron tomar las gráficas que mostraban al ex director de Pemex en plácida convivencia en el oriental comedero de lujo; a su vez, la Fiscalía General de la República confirmó que Lozoya no está sujeto a arraigo domiciliario (aunque no explicó que tal falta fue propiciada por la propia FGR) y, por tanto, puede moverse libremente en la Ciudad de México, laxamente supervisado mediante un brazalete electrónico (laxa, tal vigilancia, como lo muestra que primero se haya enterado una periodista de la cena en el Hunan que la morosa Fiscalía).
El escándalo potenció las expectativas respecto a lo que sucederá al empezar el próximo mes, cuando termine el plazo extendido para que Lozoya afine sus delaciones contra Luis Videgaray Caso y Enrique Peña Nieto, como jefes del receptor de fondos corruptores de Odebrecht y partícipe en otro(s) negocio(s) dañino(s) al interés nacional, en específico la compra a precio inflado de una planta nacional desvencijada. Delaciones que alcanzarían a otros personajes de la clase política tradicional y que podrían llegar, por ejemplo, al ex ocupante de Los Pinos, Felipe Calderón Hinojosa.
Los incidentes con palillos chinos de estos días dan marco a la generalizada impaciencia e incluso enojo de sectores políticos y sociales que consideran ineficaz la gestión de Gertz Manero, fiscal presuntamente autónomo que pareciera especializado en entrampar procesos relevantes (salvo los que son de su interés) e ir gastando el tiempo sin los resultados deseables conforme a los compromisos justicieros de la llamada Cuarta Transformación, en cuyo contexto se dio su llegada primero a la Procuraduría General de la República y enseguida a la naciente FGR.
Astillas: la batalla por la distribución de gas para consumo domiciliario llegó ayer a niveles de riesgo durante un paro de labores de particulares, uno de los cuales, según el reporte oficial, habría abierto una manguera como protesta, lo que llevó a la detención del acusado de tal maniobra… Y, mientras Rocío Nahle, secretaria de Energía, confía en que exista buen entendimiento entre el gobierno y los concesionarios privados, de manera que no sea necesario para ninguno de los bandos recurrir a demandas por la reforma eléctrica (https://bit.ly/3v4Dg6j), ¡hasta mañana! (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p.10)
El polémico lienzo charro del góber
Apenas ayer comentábamos en este espacio la bola de nieve que se le puede venir encima a los aguascalentenses, debido al creciente endeudamiento en el que ha sumido el gobierno de Martín Orozco Sandoval a su estado en los últimos dos años y que aquéllos deberán pagar. Resulta que el equivalente a casi la tercera parte de los casi mil millones de pesos contraídos en el bienio es para la construcción de un pomposo lienzo charro, que estará listo el próximo mes, para la celebración del congreso nacional de esa disciplina. Ya Fernando Alférez Barbosa, consejero nacional de Morena, se encargó de expresar el sentir de muchos ciudadanos, nos comentan, de que la obra no será de elemental utilidad pública, agravia a la sociedad y obedece a un capricho del gobernador y sus amigos. Uf.
Con reconocimiento opositor
El que a tan sólo unos días de cerrar su administración sigue cosechando reconocimientos por el trabajo realizado es el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores. Y lo interesante, nos aseguran, es que las muestras de aprecio vienen de quienes se desempeñaron en la oposición. Ahora fue la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, quien le dijo: “En usted siempre he encontrado no al gobernante, sino al amigo, el que siempre está dispuesto a ayudar y resolver los problemas. Le tengo un gran aprecio, una sincera amistad y de lo que usted puede irse satisfecho es de que gobernó para todos”. El priista respondió la cortesía y le reiteró sus deseos de que le vaya bien. “Reconozco en ella a una mujer de convicciones y valores que trabaja con gran humildad”, señaló sobre Abelina.
Nombramiento de Morena para el INE
Nos cuentan que Morena alista que el diputado federal Mario Llergo Latournerie, ubicado como muy próximo al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sea designado hoy para ser el representante del partido guinda ante el INE. Esto luego de que al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, nos aseguran, se le hiciera bolas el engrudo por asumir al mismo tiempo el más relevante cargo de San Lázaro, pero también casi casi en sus ratos libres estuviera defendiendo los intereses partidistas de Morena en el INE. Por cierto que otro nombramiento relevante en el instituto es el de representante del Poder Legislativo, para el que está propuesto el senador Gabriel García, aunque en su caso no se sabe si tendrá los apoyos suficientes como para ocuparlo.
Operación “Calmando a los aliados”, del PRI
Las dudas que ha generado el PRI sobre el sentido de su voto en relación con la Reforma Eléctrica que presentó el Presidente llevaron a lo que algunos pudieran considerar, por sus características, como una “reunión histórica” en la sede del tricolor. Y es que para enfriar los ánimos entre los partidos de la alianza Va por México, nos comentan, el Revolucionario Institucional abrió sus puertas a los líderes del PAN y del PRD y a sus respectivos coordinadores parlamentarios en San Lázaro. Así que en el Salón Presidentes de la sede priista, con fotos de los dirigentes del partido en sus más de 90 años de historia, se registró el encuentro entre Alejandro Moreno, Marko Cortés, Jesús Zambrano, Rubén Moreira, Jorge Romero y Luis Espinosa Cházaro para ratificar que se mantendrán unidos… al menos por ahora.
Drones van por la libre
Luego de que se vinieran reportando en las últimas semanas agresiones perpetradas por medio de drones en su entidad, fue el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien dio a conocer que su estado no tiene la capacidad para neutralizar ese tipo de aparatos. El uso de los mismos, en diversos reportes, se le ha atribuido a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. “Michoacán no tiene estos instrumentos especializados para enfrentar y neutralizar drones, tenemos que adquirirlos, hay un descuido que tenemos que atender de manera inmediata”, refirió el mandatario estatal, lo cual fue interpretado por algunos como un mensaje para los malos de que mientras no se hagan del equipamiento la entidad en este aspecto, está en cierta vulnerabilidad. Así que, para empezar, a esperar la compra del equipo.
De presidenciables en el Senado
En menos de dos semanas, el canciller Marcelo Ebrard volvió a pisar el Senado. En esta segunda visita —la anterior fue por su comparecencia por la Glosa del Tercer Informe de Gobierno—, acudió a explicar en qué consiste el nuevo Entendimiento Bicentenario acordado con el gobierno de Estados Unidos. Aunque generó menos expectación y revuelo, porque sólo se efectuó con integrantes de la Junta de Coordinación Política, lo cierto es que en todo momento estuvo acompañado por el líder de los morenistas Ricardo Monreal, con quien comparte la idea de buscar la postulación a la Presidencia en el 2024. Lo cual llevó a que los medios le preguntaran sobre el tema. Nos cuentan entonces que el senador zacatecano evadió los cuestionamientos y empleando la cortesía política dejó que el invitado atendiera el tema. El titular de la SRE finalmente coincidió con lo que antes ya había declarado Monreal: En Morena debe haber piso parejo en la contienda por la candidatura presidencial, y para quien quiera tomar nota señaló: “Yo sólo decliné en el año 2000”. (La Razón, La Dos, p.2)
Que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, presidida por el priista Rubén Moreira, puso freno a la Comisión de Hacienda, encabezada por el verde Luis Armando Melgar, pues cuando ese grupo de trabajo se alistaba para llevar miscelánea fiscal y Ley de Ingresos 2022 a votación en el pleno el viernes 15, los líderes aplazaron ese debate al menos hasta el lunes 18, dos días antes del plazo para aprobar el paquete y turnarlo al Senado. Por lo pronto, a falta de materia legislativa, el pleno cameral en el Palacio de San Lázaro conmemorará hoy diversas efemérides, entre ellas el 54 aniversario del asesinato del Che Guevara, asunto que, según el petista Gerardo Fernández Noroña, “va a sacar lumbre”.
Que el nuevo embajador de EU en México, Ken Salazar, puso de manifiesto que como el líder de Morena, Ricardo Monreal, se ha hecho devoto del Santo Niño de Atocha, durante el paseo que el zacatecano le dio por el Salón de Plenos. Por cierto que la presidenta cameral, Olga Sánchez Cordero, trató temas de la agenda bilateral, en particular vinculados con la seguridad, las armas y la migración, con el diplomático, quien comentó que al igual que ella, fue secretario del Interior y senador, por lo que solo le falta ser ministro de la Corte.
Que en los próximos días se hará oficial el relevo del representante de Morena ante el INE, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien dejará el cargo al ex legislador federal por Tabasco Mario Llergo, cercano al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Quien se quedó esperando la designación fue Gabriel García, ex delegado federal de Programas Sociales. (Milenio, Al Frente, p.2)
A partir de noviembre, México presidirá por octava vez en su historia el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
El cargo le corresponde de forma rotativa, por un mes, como uno de los miembros (no permanentes) del organismo para el periodo 2021-2022.
El primer mexicano al que le tocó presidirlo fue el duranguense Francisco Castillo Nájera, en su calidad del secretario de Relaciones Exteriores del gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho, entre el 17 de junio y el 16 de julio de 1946.
Esa distinción le habría tocado al canciller Ezequiel Padilla, quien condujo el proceso de incorporación de México a Naciones Unidas, pero él decidió separarse del gobierno en octubre de 1945 para lanzar su candidatura presidencial.
Después de Castillo Nájera fueron presidentes del Consejo de Seguridad Porfirio Muñoz Ledo, en abril de 1980 y abril de 1981; Adolfo Aguilar Zinser, en febrero de 2002 y abril de 2003, y Claude Heller, en abril de 2009 y junio de 2010. Todos ellos, en su condición de embajadores de México ante la ONU. Los cancilleres Luis Ernesto Derbez, en abril de 2003, y Patricia Espinosa, en abril de 2009, también fungieron como presidentes durante sendas visitas a Nueva York.
Esta vez la presidencia mexicana recaerá en el embajador Juan Ramón de la Fuente, aunque no se descarta que el canciller Marcelo Ebrard pueda encabezar alguna sesión.
Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que acudirá a la sede de Naciones Unidas y dirigirá un mensaje al Consejo de Seguridad el próximo 9 de noviembre.
“Voy a hablar de lo que considero el principal problema del mundo: la corrupción que produce desigualdad, sobre eso va a ser mi mensaje”, detalló en su conferencia mañanera.
No es raro que jefes de Estado o de gobierno hablen ante el Consejo de Seguridad. Ayer mismo lo hizo el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, cuyo país lo preside este mes. El 9 de agosto lo hizo —de manera virtual, por las restricciones sanitarias— el primer ministro de India, Narendra Modi, durante la presidencia de su país. Sin embargo, la costumbre es que el tema a tratar tenga que ver con las funciones del organismo.
De acuerdo con el artículo 24 de la Carta de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad tiene “la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales”.
Todos los miembros de la ONU convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad. Es el único organismo de Naciones Unidas cuyas decisiones los Estados miembros, conforme a la Carta, están obligados a cumplir.
En su intervención de hace dos meses, el primer ministro Modi se refirió a las disputas marítimas entre países y a la necesidad de resolverlas “de forma pacífica, en el marco del derecho internacional”, en referencia a los conflictos que protagonizan China y Estados Unidos, que acaba de escalar con la firma del acuerdo de asistencia entre ese último país y el Reino Unido y Australia, conocido como AUKUS.
Esa sesión virtual, en la que se conectó el canciller Ebrard, fue atestiguada por los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Kenia, Uhuru Kenyatta, además del primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chính. Tal es el nivel de las discusiones en el Consejo de Seguridad, que México presidirá en noviembre.
Yo dudo, francamente, que el tema de “la corrupción que produce desigualdad” tenga un lugar en la agenda del organismo de la ONU, que vela por la paz internacional y que últimamente ha discutido sobre la guerra en la región etíope de Tigray, el lanzamiento de misiles balísticos norcoreanos, el monitoreo del programa nuclear de Irán, el conflicto árabe-israelí, el regreso al poder de los Talibán en Afganistán y la forma en que el cambio climático ha derivado en enfrentamientos armados.
Probablemente la corrupción sí tenga un lugar en otros espacios de la ONU, pero el anuncio del Presidente hace que uno se pregunte si México está dispuesto a arbitrar los grandes agarrones en el escenario internacional, que para eso está el Consejo de Seguridad. ¿O para qué era el asiento de primera fila? (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nacional, p.2)
No es común tener juntos a Marcelo Ebrard y a Ricardo Monreal en rueda de prensa. Los dos son de Morena. Los dos aspiran a la Presidencia de la República. Los dos saben que el dedo del presidente López Obrador apunta claramente hacia Claudia Sheinbaum.
Aunque el tema de la conferencia era el Acuerdo Bicentenario con Estados Unidos, que suple a la Iniciativa Mérida, la ocasión ofrecía una inmejorable oportunidad para preguntarles:
¿Qué harán en caso de que no haya “piso parejo” en el proceso interno para elegir al próximo candidato presidencial de Morena? El senador ya ha dicho públicamente que va a estar en la boleta en el 2024. Palabras que significan mucho. El canciller no se ha pronunciado al respecto.
Luego de escuchar la pregunta, el senador Monreal, que conducía la conferencia, anunció que “abusaría de su cortesía” —fueron las palabras que usó— y la bateó hacia el canciller, que quiso evadir:
“Cuando sean los tiempos y los momentos para eso, lo diremos. Hoy no ha sido objeto de esta reunión y yo creo que todavía, como ha dicho el senador Monreal, falta tiempo”.
– ¿Para ustedes, entonces, no es importante que haya piso parejo? —insistimos.
-Siempre, claro que sí. Eso es otra cosa.
-El senador Monreal ya ha dicho que estará en la boleta y por allí me aseguran que usted ha dicho que esta vez no va a declinar —reviramos.
-Nunca. Yo solamente decliné en el año 2000, cuando Andrés era candidato a jefe de Gobierno y el riesgo era que se perdiera la ciudad frente a Acción Nacional en esos momentos. Pero no está en mi horizonte ese tema.
No dijeron más. Ni él ni Monreal. Saque usted sus conclusiones.
* No sólo en México se sigue con lupa la reforma eléctrica. En el extranjero fue motivo de análisis y hasta de pronósticos sobre la posibilidad de que se apruebe en el Congreso de la Unión.
El Grupo Eurasia, que se dedica a detectar riesgos políticos para inversionistas extranjeros, sacó ayer un reporte que calcula en 30% las posibilidades de que se apruebe.
Hace su estimación a partir de que se trata de una reforma constitucional que requiere una mayoría calificada (dos tercios de los presentes). Es decir, necesita votos de la oposición, en concreto del PRI, que se ha mantenido ambiguo frente a la propuesta. Va textual lo que dice Eurasia, con presencia en cuatro continentes y matriz en Nueva York:
“Es poco probable que se apruebe. Han surgido divisiones dentro del PRI sobre si apoyar la reforma eléctrica de la administración López Obrador.
“Varios legisladores priistas se han manifestado en contra de las declaraciones del presidente nacional de su partido, Alejandro Moreno, sobre su voluntad de analizar la propuesta.
“Además, los legisladores del PRI en el Comité de Energía expresaron su escepticismo por la falta de compromiso de Morena para tener sesiones parlamentarias abiertas transparentes que incluyan a inversionistas privados”.
Morena necesita el apoyo de 56 legisladores de oposición para lograr el número mágico de votos en San Lázaro: 334. El PRI tiene 70 diputados. Pero también requiere de 10 votos opositores en el Senado. El grupo priista tiene 13. “La apuesta del Presidente es dividir ese partido”, sintetiza Eurasia.
Y toma nota de que tanto el presidente de la Comisión de Energía en San Lázaro, Manuel Rodríguez, como el líder de la mayoría del Senado, Ricardo Monreal, han sugerido apertura a la negociación. Pero AMLO se muestra inflexible en contra de cualquier cambio significativo y exige el apoyo del PRI sin concesiones importantes.
* A partir del reconocimiento de que se han equivocado en su estrategia electoral, su política de alianzas y las resoluciones sobre las candidaturas, entre otras cosas, el PRD anunció ayer su relanzamiento, de cara al Congreso que celebrará en diciembre próximo que decidirá, en definitiva, si cambian de nombre. Ante los dirigentes de las distintas expresiones del partido que encabeza Jesús Zambrano, fueron firmados 29 compromisos por la unidad y la transformación democrática de la agrupación política que abraza la ideología social-demócrata y quiere dar la pelea al “populismo autoritario”.
“La síntesis de lo que queremos es lograr el bienestar, pero sin cancelar libertades”, nos dijo Jesús Ortega, exdirigente nacional del partido, fundador de la Corriente Nueva Izquierda. “La rectoría del Estado no quiere decir estatismo”, puntualizó.
En el exconvento San Hipólito, donde se celebró el evento, nos encontramos al empresario Claudio X. González, cliente asiduo de las críticas de AMLO, y al conocido publicista Carlos Alazraki, entre otros muchos invitados. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p.4)
Las fotografías que difundió la columnista Lourdes Mendoza el sábado donde figura Emilio Lozoya cenando en uno de los mejores restaurantes de la Ciudad de México, provocaron una indignación generalizada que no pudieron frenar los ataques de las cuentas del gobierno en las redes sociales para descalificar a la mensajera, la periodista. La molestia se derivó de las percepciones: ¿cómo un delincuente confeso como Lozoya se muestra en un entorno de opulencia?, ¿qué blindaje gubernamental tiene para dejarse ver en público sin mayor recato?, ¿se siente tan impune el exdirector de Pemex que le importa muy poco lo que piense de él la opinión pública? Pues sí. Tiene la protección del gobierno, con el que construyó al alimón acusaciones sobre sobornos en el sexenio pasado, como su testigo joya en la cruzada contra la corrupción.
Las fotografías generaron una reacción adicional, expuesta por Mendoza en su columna de este lunes en El Financiero. En su reguilete de acusaciones, Lozoya señaló que le había entregado, por instrucciones de Luis Videgaray, en ese entonces secretario de Hacienda, una bolsa Chanel de 5 mil dólares, comprada en su tienda de Polanco. La periodista lo demandó por difamación moral al demostrar que la tienda señalada había cerrado dos años antes de la supuesta venta. Lozoya tenía que presentarse a una audiencia para el desahogo de pruebas, pero se ausentó, justificando que estaba en arraigo domiciliario.
Lozoya le mintió al juez, lo que motivó una nueva discusión jurídica sobre un posible fraude procesal, que es cuando se engaña a un juez a partir de una mentira, y cuyo delito implica cárcel. Otra línea de pensamiento de abogados es que no se trata de fraude procesal, sino que, en todo caso, pudo haber incurrido en dar informes falsos a la autoridad judicial. Pero al no haber acudido a desahogar su confesional, agregó un penalista, se le tiene por confeso fictamente.
Si hubiera un pleno Estado de derecho en este país, Lozoya habría perdido la demanda interpuesta por Mendoza. Pero no hay Estado de derecho pleno ni, en el caso de Lozoya, ley alguna que estorbe la persecución de una parte de la élite política emprendida por el fiscal Alejandro Gertz Manero, en cumplimiento de los deseos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Gertz Manero negoció directamente con el exdirector de Pemex y con su padre, Emilio Lozoya Thalman, desde que estaba preso el primero en España, los temas y los términos en los que debían formularse las acusaciones.
En la oficina de Juan Ramos, subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales, se trabajaron los documentos e, incluso, se corrigieron las declaraciones que haría Lozoya antes de ser repatriado a México. La condición para todo ello es que el exdirector de Pemex no pisaría la cárcel, lo que hasta ahora ha sucedido. Tiene un brazalete para impedir que salga de la Ciudad de México, lo que no le impide asistir a reuniones y fiestas –la cena tuvo el impacto por la difusión inmediata de las fotografías–, ni tampoco, teóricamente hablando, que pueda violar la restricción legal al amparo de la protección del fiscal.
Una vez en México, Lozoya, su padre y el equipo de Ramos, en particular María Luisa Zúñiga, directora de la Fiscalía Especializada en Control Competencial, con quien directamente construyeron, maquillaron y entregaron al fiscal asignado al caso, Kristian Jiménez Hernández, de la Unidad de Investigación B de la Coordinación General de Investigación de la Fiscalía General. Los procesos, antes de ser presentados formalmente al juez, se le suelen enseñar para que les señale errores que puedan corregir antes de que los presenten formalmente. Este mecanismo es ilegal, pero la Fiscalía General tiene el control de dos jueces a quienes presenta sus casos, que le obsequian las órdenes de aprehensión que soliciten.
La denuncia original de Lozoya contra 17 políticos, exfuncionarios y Mendoza, es una amalgama de imputaciones. La fiscalía les ordenó a qué políticos panistas incluir, cuales imputaciones a priistas minimizar y olvidar los presuntos actos de corrupción de perredistas convertidos en morenistas. Igualmente, él pudo haber incluido sus propias fobias, como contra Videgaray, quien le pidió dos veces al expresidente Enrique Peña Nieto que lo cesara por el desaseo administrativo en Pemex, o contra José Antonio Meade y José Antonio González Anaya, quienes, como secretario de Hacienda y director de Pemex, presentaron la primera acusación en la PGR contra Lozoya por los presuntos sobornos que recibió de Odebrecht. En el caso de Mendoza, una presunta vinculación con Videgaray pudo haber sido el motivo de su difamación.
Pero más allá de las razones, toda la lista fue revisada, corregida y palomeada por Gertz Manero, y presentada al presidente López Obrador, quien ayer calificó como “inmoral” e “imprudente” la aparición pública de Lozoya en el restaurante el sábado, que consideró también como “un acto de provocación”. López Obrador, no obstante, recordó que el exdirector de Pemex estaba ayudando al gobierno a descubrir la corrupción de Odebrecht que, aseguró, financió campañas políticas y sirvió para pagar sobornos para la aprobación de la reforma energética. O miente abiertamente el Presidente, o sus rencores le impiden ver las cosas como son.
Hasta hoy, con información judicializada en Brasil y Estados Unidos, el único corrupto con dinero de Odebrecht es Lozoya, y el dinero brasileño no roció los bolsillos de políticos, sino que se encuentra en sus cuentas en Alemania. Odebrecht le dio 10 millones de dólares para obtener contratos en la refinería de Tula y por presentarle empresarios en México. La única campaña reconocida por Odebrecht donde inyectaron 500 mil dólares fue en Veracruz, para Javier Duarte que buscaba la gubernatura.
Hasta ahora, mientras se sigue esperando que Lozoya aporte evidencias, el exdirector de Pemex sigue siendo el único corrupto y mentiroso, y de no ser porque es lo único que tiene Gertz Manero para saciar el ánimo de venganza del Presidente, estaría en la cárcel como delincuente confeso. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, p.32)
El célebre pato laqueado del restaurante Hunan que se comió el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, la noche del sábado, lo pagamos todos.
Paga la imagen del Presidente López Obrador que anuncia a diario la extinción de la impunidad en México. La del Fiscal general Alejandro Gertz también, porque cada una de las cuatro fotografías ilustran a una Fiscalía lenta, complaciente e ineficiente.
Paga el ánimo social que paladea, una vez más, el amargo sabor de la impunidad efectiva con un toque de corrupción confesa al gusto.
Emilio Lozoya robó, huyó y lo pescaron–en España–. Ofreció hundir al expresidente Peña Nieto y a su alter ego Luis Videgaray. La FGR lo trata como a un príncipe, no ha pisado un ministerio público, sus activos intactos, “inmoral” libertad que no le quita la fea costumbre de mentirle a autoridades varias.
La periodista Lourdes Mendoza tiene entablada una demanda por perjuicio y daño moral contra Lozoya, por haberla imputado en su “suculenta” delación ante la Fiscalía –que le regaló un bolso Chanel, carísimo, por orden de Videgaray–. Cuando fue citado a declarar y a aclarar, argumentó que estaba arraigado, que no podía.
El jonrón informativo de Mendoza demostró enésimo fraude procesal de Lozoya Austin, mintió para no acudir. Tan podía, que su opípara cena fue sólo inmoral, no ilegal. Cierto, él no está bajo arresto domiciliario –nomás faltaba– como Elba Esther Gordillo, tampoco en prisión preventiva oficiosa como Rosario Robles –hay clases, diría– no, lo suyo es el beneficio de un criterio de oportunidad establecido como tal por el doctor Alejandro Gertz Manero.
Y le pega al proceso sucesorio del Presidente AMLO. Abrió otra ventana para el agudo senador Ricardo Monreal que apunta: “Ser testigo protegido, no da una libertad tan amplia… desde el senado llamaremos a la FGR”. Si suma la iniciativa de Monreal el fin de semana para que las candidaturas de Morena –incluida ya sabe cual– se definan con el voto directo y secreto, no por encuestas patito, ni siquiera del Hunan… parque para quien está decidido a desafiar designios sucesorios, y no va solo, el canciller acompaña. Caro pato el de Emilio Lozoya.
Gaseros en pie de guerra. Mientras México debate la iniciativa de reforma constitucional eléctrica, si el PRI se atomiza, entrega o resiste; si su única posibilidad de subsistencia, dicen, es aliarse de facto a Morena que le paga más que la coalición con PAN y PRD con quienes ni una gubernatura salvó; los distribuidores minoristas de gas licuado de petróleo (gas LP) estallan ante la imposición gubernamental de fijar precios máximos al litro del vital combustible.
Amenazan con paro indefinido a nivel nacional, hasta lograr al menos tres pesos de margen por cada litro que distribuyen. Sin esa ganancia, no les conviene, dicen, seguir operando.
Por lo pronto, Martí Batres, secretario de gobierno de la CdMx, trabaja como mediador en tema ajeno para impedir que el descontrol de piperos incendie –políticamente hablando– la pista de despegue de Claudia Sheinbaum. (Carlos Urdiales, La Razón, México, p.5)
Hace unos días, el fiscal general de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, aceptó separarse del cargo en el que debía permanecer hasta 2024.
Según documentos dados a conocer por la revista Espejo, el fiscal señaló que su “proyecto de vida” consistía en terminar su periodo de siete años, por lo que solicitó que se le jubilara como si tal cosa hubiera ocurrido, y con sueldo de magistrado del Poder Judicial, luego de haber pasado 15 años y 3 meses en servicio: primero como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, y desde 2017 como fiscal general el estado.
Ríos Estavillo abandona el cargo “debido a las expresiones que se han efectuado por diversos actores públicos sobre la viabilidad o no de continuar”, y poco después de que el gobernador electo, el morenista Rubén Rocha Moya, exigiera la conclusión anticipada de su periodo al frente de una fiscalía general que se supone “autónoma”.
A fines de septiembre pasado, Rocha reveló que había trabajado un acuerdo con el gobernador saliente, el priista Quirino Ordaz, a través del cual se había pactado la salida del fiscal.
Poco antes, Rocha Moya había dado a conocer que su secretario general de Gobierno iba a ser el expresidente del Supremo Tribunal de Justicia, Enrique Izunza Cázares, enemigo político del fiscal Ríos Estavillo desde hace al menos una década.
Ríos Estavillo fungía como titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos cuando Izunza Cázares comenzaba a dirigir el Tribunal. Desde la Comisión, el hoy fiscal se convirtió en un crítico severo de la administración de justicia en Sinaloa.
En 2011 había tela de dónde cortar: la guerra de Felipe Calderón se hallaba en su apogeo. Las denuncias por tortura eran cosa de todos los días, pero todo iba morir al tribunal debido a los altos niveles de corrupción.
Ríos Estavillo saltó de la Comisión de Derechos Humanos a la Fiscalía General del Estado en 2017. Desde ahí, la confrontación siguió.
A principios de 2018 el fiscal filtró una denuncia por acoso sexual que involucraba al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Izunza Cázares.
Este se defendió acusando presiones desde el gobierno de Quirino Ordaz, a fin de restar autonomía al poder judicial, aseguró que ni siquiera conocía a la funcionaria que había interpuesto la denuncia —una jueza de control de Mazatlán—, y acusó al fiscal de cometer un delito federal al hacer pública la denuncia y violar la reserva de las investigaciones.
El acusado anunció que renunciaría al fuero constitucional y se puso incluso a disposición de las autoridades, aunque el escándalo mediático no cesó a lo largo de tres meses y cimbró hasta sus cimientos la vida política del estado.
En julio de ese año, la funcionaria ofendida le otorgó el perdón al presidente magistrado. Poco después, en entrevista con el portal Línea Directa aclaró, sin embargo:
“La carpeta se cerró pues porque a mí no me dieron más opción, este señor pues sí se estuvo moviendo por cielo, mar y tierra. Vino a Mazatlán, fue a mi domicilio, a casa de mis padres, se introdujo a casa de mi abuela, fue y buscó al hermano de mi papá… Yo fui a otorgarle el perdón: no cerró (la carpeta) por carecer de elementos”.
Agregó: “A estas alturas sí tengo miedo, porque realmente estoy ante personas sumamente poderosas”.
Durante el proceso electoral pasado se documentó plenamente la manera en que el Cártel de Sinaloa intervino para favorecer en el estado el triunfo de Morena y de su candidato: Rubén Rocha Moya.
En los días anteriores al 6 de junio el crimen organizado autorizó y descartó candidatos en prácticamente todos los municipios del estado. Durante la jornada electoral los miembros del cártel se adueñaron de las casillas e incluso secuestraron a los operadores de otros partidos.
Rocha Moya admitió en una entrevista con Carlos Loret que era imposible gobernar Sinaloa sin tratar “con los señores”.
Cualquiera que haya sido el trato, el Cártel de Sinaloa se robó aquel día la elección y Morena y la mayor parte de sus candidatos obtuvieron el triunfo con facilidad.
En ese contexto se da la salida de Ríos Estavillo, que al gobierno de Rocha le resultaba incómodo. Una salida acordada entre los gobernadores entrante y saliente, que no hace otra cosa que probar la “autonomía” en que se encuentra la fiscalía general del estado.
Para cerrar el ciclo de las venganzas con broche de oro, se filtra además el documento en el que el fiscal pide que lo jubilen como si hubiera cubierto el término constitucional de su cargo.
Pobre Sinaloa. (Héctor De Mauleón, El Universal, Nacional, p.5)
El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió dedicar la mañanera de ayer a una presentación especial sobre la reforma eléctrica que ha enviado al Congreso. Invitó a Rocío Nahle, secretaria de Energía, y a Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad.
La secretaria Nahle hizo una amplia presentación y argumentó, como le tocaba, en favor de la propuesta. Terminó la secretaria y el Presidente abrió el momento de las preguntas.
Tres preguntas sobre Lozoya y el Hunan… la cuarta, una comparación con la persecución de los científicos. De ahí, no me pregunten por qué, al Tren Maya y luego algo del aeropuerto y… se acabó el tiempo.
La secretaria Nahle y Bartlett se quedaron tranquilos, nadie preguntó nada y el Presidente tuvo que defender al fiscal Gertz; dijo que Lozoya era un testigo de la corrupción, que si la inmoralidad, es decir, ayer Lozoya fue un estorbo para la agenda del Presidente.
La fiscalía salió unas horas después a decir que el 3 de noviembre se vence la fecha para que Lozoya presente pruebas de todo lo que dijo y que le ha permitido andar comiendo pato tan tranquilo en la ciudad.
Hasta hoy hay un video que trajo a otro testigo colaborador que ayudó para poner en prisión a un senador. Tendríamos que pensar que Lozoya se guardó un montón de pruebas para el Día de Muertos. Pero si uno ve, por ejemplo, lo que ha publicado Ricardo Anaya, todo indica que detrás de aquellas declaraciones no habrá mucha prueba. (Lo cual, por cierto, no implica que algunas de esas cosas no hayan pasado, nada más que no son judicializables).
Lo que sí tenemos es un delincuente confeso que hoy, todo indica, gusta de la comida china mientras parte de su familia anda perseguida por la justicia. Y además miente en sus asuntos judiciales, como en la demanda que le puso Lourdes Mendoza.
No dudo que cualquier cosa, por nimia que sea, la utilizará la fiscalía para emprender procesos contra algunos de los mencionados, pero ¿qué va a pasar si los jueces batean lo que Lozoya entrega por inservible como prueba? ¿Qué va a pasar si Lozoya no tiene más que sus dichos?
El ángulo mexicano del “escándalo de corrupción internacional más grave que ha habido en América Latina” —la FGR dixit— está en manos de quien, después de confesar la trampa, no tiene empacho en ir a comer unos dumplings un sábado cualquiera en un restaurante famoso.
No, pues suerte para la FGR. (Carlos Puig, Milenio, al Frente, p,2)
Gertz y López Obrador nos quieren dar gato por liebre. Andrés Manuel señaló que la aparición de Emilio Lozoya (criminal confeso) en el restaurante Hunan no es ilegal pero sí inmoral. Se quedó corto en su intento por justificar al fiscal.
Lo que estamos presenciando es también —y lo más importante, en un Estado de derecho— ilegal. El comunicado que sacó la FGR, luego del llamado de AMLO, no tiene desperdicio. Es impreciso, tramposo y cínico.
Para empezar, la constante prórroga para la apertura del juicio y declaración de Lozoya, validadas por el poder judicial, rompe con el principio de publicidad y continuidad que busca el sistema de justicia penal, establecido en el Artículo 20 de la Constitución.
Para continuar, de acuerdo con el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el criterio de oportunidad no puede aplicarse a delitos que tienen como sanción la privación de la libertad o que afectan gravemente el interés público. Los crímenes cometidos por Lozoya son tan importantes para el interés público que el propio López Obrador promovió, después, una reforma para que los hechos de corrupción tengan prisión preventiva oficiosa.
Para colmo, la FGR incumplió en solicitar esta medida cautelar para el ex funcionario. No le importó que estuviera prófugo y que fueran las autoridades españolas las que lograron su captura.
Para cerrar, la periodista Lourdes Mendoza publicó el documento en donde Emilio declaró que no podía acudir a una audiencia, pues se encontraba arraigado en su domicilio.
Las indagatorias de Odebrecht y Agronitrogenados, entre otras, se han quedado en “tiritititos” —considerando el tamaño del desfalco y la cantidad de involucrados— contra solo unos cuantos opositores del régimen actual. Lo que hasta ahora revelan estos casos es impunidad y, peor aún, aplicación selectiva de la justicia.
Nada más es cuestión de echar un ojo al trato que se le dio a Rosario Robles, a los 31 científicos perseguidos y a la pariente política de Gertz Manero, Alejandra Cuevas, en comparación con la atención vip que recibió Lozoya Austin o el despliegue para liberar a Cienfuegos.
Como aderezo a todo este entramado están los añejos vínculos entre Lozoya y Gertz, quienes compartían abogado.
Lo grave no únicamente es el mal desempeño del titular de la FGR, sino la complicidad de los tres poderes. ¿O qué hará el Senado que nombró a Gertz y autorizó su desafortunada reforma a la ley orgánica?. ¿Se sumará a la “generosa” tolerancia del juez y al apapacho del Ejecutivo federal? (Elisa Alanís, Milenio, La Frente, p.2)
Es tal el desaseo del caso más emblemático de corrupción, tan salpicado de mentiras y ahora envenenado con la ofensiva imprudencia culinaria del único acusado confeso, que se antoja improbable que la Fiscalía General de la República logre presentar sólidas acusaciones contra tres ex presidentes, dos ex secretarios de Estado, seis ex senadores, un ex candidato a la Presidencia y otras cinco personas, una de las cuales, la periodista Lourdes Mendoza, desenmascaró en Las Lomas la patraña del “arraigo domiciliario” de Emilio Lozoya.
Desde el punto de vista político, mueven a risa quienes dicen que, con los sobornos de Odebrecht y el sobreprecio de Agronitrogenados (algo menos de 14 millones de dólares), los neoliberales Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto “entregaron a extranjeros” la soberanía petrolera y que en el enjuague chapalearon los ex titulares de Hacienda José Antonio Meade y Luis Videgaray, tanto beneficiándose del dinero como “comprando” el apoyo de un puñado de legisladores del PAN y uno del PRI.
¿Quién toma en serio que se requería de moches para convencer a quienes eran los primeros interesados en que se aprobara la reforma energética? Solo la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero, la misma que además de moros con tranchetes ve “delincuencia organizada” en 31 foristas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y que usó una falsa licencia de manejo para encarcelar a Rosario Robles.
Uno de los prominentes implicados por Lozoya, Ricardo Anaya, con datos precisos de la copia oficial de su expediente, ha demostrado que el soborno de casi siete millones que se le achaca haber recibido es una falacia demencial porque habría sido para que votara en San Lázaro… cuando no era diputado. También ha evidenciado los cambios de fechas y datos a que se ha prestado el Ministerio Público Federal para darle tardía verosimilitud a la declaración de Lozoya, y expuesto argumentos, en apariencia firmes, de que los diez o diez y medio millones de dólares que Odebrecht le depositó a Lozoya no fueron repartidos, sino que él los conserva. Es el “pago” de la 4T por empinar a los 17 señalados, aventura con temeridad Anaya.
De los ex presidentes, el que más fácil parece tenerla es Carlos Salinas de Gortari, porque habría que comprobársele no solo que cometió un delito relacionado con Lozoya sino haber sido, como afirma el testigo superprotegido “comisionista y cabildero del Partido Acción Nacional”.
Lo bochornoso del caso llega al grado de que dos testigos de oro para demostrar los dichos de Lozoya, su ex secretario particular y el ex jefe administrativo de la Dirección General de Pemex (Rodrigo Arteaga Santoyo y Francisco Olascoaga Rodríguez), ante el MP negaron haber sido quienes repartieron y grabaron los sobornos, pero a los que la Fiscalía supone “amenazados”.
Desinflado que ya estaba el caso, el envidiable hallazgo de Lourdes Mendoza reanima el interés por un predecible final de pastelazo. (Carlos Marín, Milenio, Política, p.7)
Reunión de poco más de 70 personas. Puerta cerrada. Hace poco más de una semana. El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, y su coordinador de bancada, Rubén Moreira, ante los diputados que tienen en agenda la discusión y votación de la contrarreforma eléctrica de López Obrador. Empiezan a explicar la postura oficial de la dirigencia del partido… y brota la rebelión, según me cuentan fuentes que estuvieron ahí.
Hablaba Alito: “Hay que darnos tiempo, hay que esperar, hay que analizar, no hay que definir ahorita…”, lo que ha sido su posición desde que se abrió esta discusión: coquetear con el gobierno y Morena, sin dejar de estar casado con el PAN y el PRD en la Alianza.
En eso, levanta la mano uno de los diputados. Se expresa entre la ironía y el reclamo: ¿nos están diciendo que en una de esas vamos a poder votar que sí a esta reforma, votarla al lado de Morena?
Se levanta otra voz: ¿o sea que vamos a dejar solos a esos p…. del PAN para que ellos sean la única oposición?
La discusión se fue calentando, me relatan. Con varias voces que intervinieron hasta que, subiendo el tono, el dirigente nacional soltó a la audiencia, con algún acento de enojo: ah, pues si quieren anuncien su voto en contra, hagan lo que quieran, pero luego no vengan a pedirme a mí que les pare su expediente en la UIF o en la Fiscalía…
La anécdota, reflejo de una reunión parlamentaria priista, pinta de cuerpo entero las vulnerabilidades de un partido que está dividido y un poderoso presidente que está tratando de acentuar esas divisiones. Uno, hay priistas estatizadores y otros neoliberales. Hay los que se identifican más con Morena y otros con el PAN. La mayoría de los legisladores se la debe a su dirigente nacional, pero hay quienes se la deben a sus gobernadores o incluso a algunas figuras pro-panistas que terminaron en el PRI por el reparto de candidaturas y siglas en la Alianza. Hay priistas con cola que les pisen, que si los extorsionan con sus expedientes pueden doblarse. Y hay quienes no tienen cola, o están dispuestos a que se las pisen y dar la pelea.
Hay en el priismo varios bandos. Son enemigos el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y el gobernador priista más relevante, Alfredo Del Mazo. Lo curioso en este partido de oposición es que la competencia entre estas dos figuras principales no es por ver quién está más lejos del presidente, sino quién está más cerca. Eso sí: les rebasa por cómodo margen otra personalidad tricolor, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. En cambio, en línea dura se manifiestan el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, y el grupo de senadores coordinado por Miguel Ángel Osorio Chong.
El desafío está lanzado. A ver qué pasa con el PRI. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p.7)
La escena de Emilio Lozoya departiendo tranquilamente en el restaurante Hunan con empresarios y herederas multimillonarias no es la primera ni la única desde que la Fiscalía General de la República (FGR) le extendió la ‘cortesía’ para que enfrente su proceso jurídico en una especie de libertad condicional.
Apenas aterrizó extraditado de España en la Ciudad de México, el 17 de julio del año pasado, fue llevado a un hospital privado y de ahí a una de sus casas en Lomas de Chapultepec, a sólo 10 minutos del restaurante en el que fue fotografiado la noche del sábado por la periodista Lourdes Mendoza.
Días después su amigo, cómplice y testigo colaborador de la FGR –por increíble que parezca–, Froylán Gracia, quien fue su mano derecha durante los años en los que se sentían dueños de Pemex, le organizó varias reuniones de bienvenida con los vinos caros que tanto le gustaban. Una de esas bienvenidas fue relatada en estas páginas por el periodista Carlos Loret de Mola.
Al convite acudían lo mismo algunos excolegas de Pemex, abogados que se convirtieron en amigos y empresarios con los que alguna vez hizo negocios. Lozoya seguía diciendo en esas reuniones que todo era fabricado, que era un chivo expiatorio y que, tras el acuerdo con el fiscal Alejandro Gertz Manero, obtendría su libertad. “Peña y Videgaray me dejaron solo, por eso los delaté, para salvarme”, les decía, palabras más, palabras menos, según me cuentan personas que acudieron a las reuniones.
El caso, sin embargo, se fue complicando. Lozoya no logró reunir las pruebas para imputar a por lo menos 17 de las 70 personas a las que “delató” en su denuncia. Los videos que dijo tener como evidencia no se los quisieron “soltar” quienes los tenían, o simplemente no existen. Fue así como el fiscal Gertz y el padre de Lozoya, quien facilitó la extradición de su hijo, se dieron cuenta de que ellos también habían sido engañados.
Los meses transcurrieron y Lozoya intentó seguir haciendo una vida relativamente normal: se deshizo de propiedades en el extranjero, peleó con sus abogados algunas otras en México, se reunió con empresarios para analizar inversiones y visitó despachos de litigantes con influencias en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para pactar su libertad.
Desde sus inmuebles de la CDMX, y a veces en Valle de Bravo, Lozoya buscaba recuperar su vida, confiado de que una negociación, incluso a través de una reparación del daño, como la de su amigo Alonso Ancira, lo liberaría y le permitiría irse de México para siempre. Lo escandaloso de su caso lo hizo divorciarse de su esposa multimillonaria, distanciarse de sus hijos, su hermana y sus padres. Algunos de sus conocidos dicen que por meses se hundió en la depresión, aunque su personalidad petulante y narcisista lo hacían reponerse para asegurar que podía salir librado.
La cena del Hunan no fue su primera comida en un lugar público desde que se le impusieron medidas cautelares, pero sí la primera en la que lo captaron las cámaras de celular. Lozoya iba a bares y restaurantes, pero tenía un perfil muy bajo. Desde hace por lo menos tres meses también acudía cada quince días a la FGR y visitaba despachos de abogados y casas de amigos.
Confiado en que los jueces y la FGR le permitirían extender, como lo hizo ya cinco veces, la fecha límite de presentación de las pruebas contra 17 personas para obtener el criterio de oportunidad, Lozoya se aprestaba a recuperar su vida… hasta que el tiempo y una de sus denunciadas lo alcanzaron.
El próximo 3 de noviembre es la nueva fecha límite, un día después de la celebración del Día de Muertos.
Posdata
Una de las historias que, por cuestión de tiempo no alcancé a incluir en mi libro sobre el exdirector de Pemex (Lozoya, el traidor. Editorial Planeta, 2020), pero que describe, como muchas otras, que sí están contenidas en las 216 páginas del texto, la personalidad y el manejo de Emilio Lozoya dentro de Pemex, sucedió en 2013, en plena discusión de la reforma energética.
Lozoya había sido invitado a una reunión de alto nivel con consejeros y el presidente mundial de uno de los bancos más importantes del mundo, cuya sede en México está en Paseo de la Reforma. El entonces director de Pemex hizo esperar varios minutos a los presentes, hasta que desde el cristal de la sala de juntas del edificio se miró a lo lejos un helicóptero despegar de la torre de Marina Nacional, para después aterrizar casi arriba del piso donde se llevaba a cabo la reunión.
Lozoya entró a la reunión, escuchó brevemente a los consejeros, y luego se disculpó y se fue. Al concluir la reunión, el presidente del banco preguntó cómo era posible que el director de una empresa estatal use el helicóptero de la empresa en una distancia tan corta. También se sorprendió con su reloj: ¡cuesta casi lo mismo que el helicóptero en el que llegó!, exclamó. (Mario Maldonado, El Universal, Certera, p.2)
Está claro que es la sociedad la que pide la revocación de mandato de un jefe de gobierno y éste su ratificación.
Pero en México es el mundo al revés: es el Presidente quien promueve su revocación y sus adversarios los que se oponen.
La iniciativa que envió López Obrador, aprobada en el Congreso en diciembre de 2019, establece justamente eso: la revocación, no la ratificación que promueve Morena.
Originalmente, López Obrador quería hacer este ejercicio cada dos años. Cuando el 3 de mayo de 2018, como candidato presidencial participó en Tercer Grado de Televisa, le pregunté sobre el caso, reveló: mejor lo voy a hacer cada tres años.
—¿Cada tres años…? —le dije. Será al tercer año.
—Sí, eso —reaccionó—, al tercer año porque no me voy a reelegir.
Su idea ya era encajarlo en el proceso electoral de 2021 para estar en la boleta, pero la oposición lo rechazó y será en marzo del año que viene
Así se da la contradicción: el Presidente promueve la revocación de su mandato y la oposición lo rechaza, sin darse cuenta que, se cumpla o no el requisito constitucional de una participación de 40 por ciento del padrón electoral, mayoritariamente la gente votará por su permanencia y él podrá celebrar su primera reelección: la ratificación popular de su gobierno, sus programas y la 4T, para el tramo final de su presidencia, siempre el más difícil, el peor.
RETALES