Rocío Nahle presuntamente violó acuerdos de explotación petrolera
Pese a un contexto de reuniones de alto nivel que sugiere mayor cercanía y entendimiento, señales desde el gobierno norteamericano de Joe Biden anticipan una etapa dura, como acostumbran a operar ante gobiernos incómodos los demócratas cuando ocupan la Casa Blanca: tersa en apariencia, pero poblada por halcones que ejercen presiones en múltiples niveles.
Esta directriz podría estarse demostrando en estas mismas horas, al retomarse en los hechos el llamado “Título 42” instaurado por el gobierno Trump para deportaciones exprés de migrantes, que estaba en virtual suspenso con Biden.
Más allá del tema diplomático, el mensaje en materia económica es que Washington no alentará acciones legales, pero tampoco frenará a corporaciones del vecino país que se dicen atropelladas por políticas energéticas y comerciales en México. Muestra de ello es la multimillonaria demanda anunciada el pasado 3 de septiembre por el gigante “Talos Energy” para impugnar ante paneles del T-MEC decisiones de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, señalada por presuntamente violar acuerdos de explotación petrolera del llamado megayacimiento Zama, frente a las costas de Tabasco.
Hay una cortina de humo generada por el hecho de que no se ha renovado la visa para estar en México a un puñado de efectivos de la oficina antinarcóticos DEA. Poco más de una docena de ellos, de un total que excede el número de 60 operando en territorio nacional, está en esa condición desde la breve detención en la Unión Americana —que cumplió un año este fin de semana— del general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa.
En realidad, la DEA está ejecutando una rotación a fondo de sus agentes aquí para colocar perfiles más experimentados en temas de crimen organizado y terrorismo, de acuerdo con lo que compartieron con este espacio fuentes diplomáticas asentadas en nuestro país.
Lo mismo ha empezado a ocurrir con funcionarios ligados a temas de seguridad e inteligencia acreditados por la embajada estadounidense que encabeza Ken Salazar. Entre los relevos se hallan ya quienes son los ojos y oídos de agencias como el FBI, y se prevé que lo mismo ocurra con lo que corresponde a los sistemas de aduanas, migración, armas y frontera.
Desde instancias del gobierno mexicano se filtra la versión de que tener en suspenso las citadas visas de los agentes de la DEA se debe a un reclamo de Palacio para que agentes mexicanos también tengan acceso a oficinas clave en el sistema de vigilancia e inteligencia norteamericano.
Esta postura, expresada desde inicios de la administración Peña Nieto, debe despertar perplejidad en Washington, porque tras el inicio del gobierno López Obrador ha ocurrido lo contrario: fue desmantelada la presencia de representantes que operaban con sus contrapartes estadounidenses en áreas sensibles, como la intercepción de naves —aéreas y marítimas— sospechosas de transportar drogas, armas y otros materiales peligrosos. Lo mismo ocurre en otras tareas estratégicas (aduanas, frontera, armas), en las que los espacios de colaboración están vacíos.
Gabriela Justina Tapia permaneció en Washington durante meses a inicios de la actual administración, proyectada como representante de la Policía Federal Preventiva (PFP), pero cayó en un hoyo negro administrativo durante la gestión de Alfonso Durazo —hoy gobernador de Sonora— como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En ese limbo estaba cuando en diciembre de 2019 fue detenido en Estados Unidos, Genaro García Luna, con quien ella colaboró como directora del Centro de Alertas y Riesgos, dentro de la División de Inteligencia de la propia PFP. Acabó regresando a México, donde en marzo de 2020, Durazo la hizo directora general de Inteligencia de la Guardia Nacional. (Roberto Rock L, El Universal, Nación, p. 8)
La reapertura de la frontera con EU alienta la expectativa de recuperación económica, pero también la vuelta a la “nueva normalidad” se acompaña del regreso de políticas migratorias más agresivas que en la era de Trump y “fatalmente defectuosas”. La expulsión de migrantes y solicitantes de asilo moviliza la preocupación en los puntos más calientes del trasiego de personas por el crecimiento del secuestro en estados fronterizos en que la violencia se presenta con altísimos niveles de brutalidad y temen nuevas tragedias como la de San Fernando, Tamaulipas, en Juárez o Nuevo Laredo.
El optimismo del comercio por abrir el tránsito en la frontera el próximo 8 de noviembre contrasta con las malas perspectivas de la crisis migratoria presente en los 19 meses de confinamiento, con escenas inhumanas como en la expulsión de haitianos a México. La pandemia deja un gran descontento y más de 50 millones de pobres en Latinoamérica, listos para el periplo de la desigualdad, a pesar de que Biden olvidó su promesa de “enmendar la vergüenza moral y nacional del gobierno anterior” y aplica medidas aún más severas, como negar el derecho al asilo con el título 42 de la ley de salud. Este año van más de 148,000 mexicanos deportados, en la expulsión más grande desde 2019 con Trump: la migración es una metáfora de la desigualdad.
En ese contexto, las restricciones sanitarias y programas antiinmigrantes, como Permanecer en México, se traducen en combustible para el mercado de la migración. Las fronteras se vuelven sistemas de clasificación social y dispositivos de necropolítica. Tan sólo en Ciudad Juárez, líder en impunidad en el país, el negocio se estima en 30 millones de dólares mensuales por delitos asociados a la migración, como la extorsión y el narcomenudeo.
En esa ciudad fronteriza de Chihuahua, junto con otras de Tamaulipas, se concentra la mayor cantidad de retornos de migrantes de EU y esperan que la apertura también traiga datos explosivos de secuestros de los expulsados en número creciente. El crimen y la deportación aumentan en paralelo, Human Rights First contabilizó hasta agosto pasado más de 6,000 secuestros y otros delitos en ciudades mexicanas, que, como Juárez pasaron de cero a más de cinco denuncias de plagio de migrantes, a pesar de una cifra negra casi total.
Los haitianos, hondureños, salvadoreños y muchos otros latinoamericanos que nutren las caravanas de migrantes por México hacia EU abandonan “Macondo” —como dice el informe Latinobarómetro 2021— para incorporarse al mundo elevando sus demandas de oportunidades del mundo global. Pero lo hacen por los caminos más peligrosos de la deportación, sobre las zonas más inseguras de la frontera en las que es “imposible proteger a los solicitantes de asilo”, como reclaman 29 grupos de inmigración, encabezados por el American Immigration Council, al gobierno de Biden.
La crisis migrante estalló en la cara de Biden con una decisión judicial que lo obligó a restaurar Permanecer en México, de la era de Trump, que desde 2019 ha devuelto a 70,000 solicitantes de asilo hasta determinar su caso. Pero la “papa caliente” está en las manos del gobierno mexicano, que deberá decidir si acepta el retorno de miles de personas sin estatus migratorio, como ya hizo con Trump cuando nos convirtió de facto en tercer país seguro.
Oxfam y Doce, organizaciones civiles, presentaron en la Corte un amicus curiae para frenar la participación de México en el programa por ser una política que viola el derecho al asilo y los compromisos internacionales del país. El silencio que hasta ahora ha guardado al respecto es abrumador, mientras en los puntos calientes de la frontera la inacción y la omisión es el sello distintivo de la atención a los casos de desaparición de migrantes. De acuerdo con las pocas denuncias de migrantes, los cárteles de la droga están metidos en las redes de polleros, que los obligan a pasar droga por la frontera y otros delitos asociados como la extorsión, la trata y hasta el tráfico de órganos. Y se advierte de la colusión de las autoridades para silenciar el tema. Por eso la preocupación de que este “coctel criminal” acabe por conducir a otro horror como el de la matanza de migrantes en San Fernando, pero esta vez en Juárez o en Nuevo Laredo donde se recrudece el secuestro. (José Buendía Hegewisch, Excélsior, p. 12)
En su reciente visita a México el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken anunció que México y su país iniciarían un nuevo capítulo en su relación.
Se supone que tal capítulo se centrará en un esfuerzo conjunto —“como socios igualitarios”— para enfrentar la actividad criminal transfronteriza.
Bienvenida la propuesta, aunque las dudas son inevitables. De este lado del Bravo es imposible no tener en cuenta que los capítulos que anteceden al nuevo y salvo en circunstancias excepcionales, eso de “socios igualitarios” no ha sido realidad.
Y es que en las relaciones históricas la vecindad entre una gran potencia —en este caso la mayor en el sistema internacional— y un país que no lo es, lo que domina es la política del poder y quiérase o no, en ese campo la asimetría siempre ha impuesto sus reglas.
La ONU es un ejemplo perfecto de los límites de una pretendida equivalencia entre desiguales. En su Asamblea General rige la ficción de la igualdad entre los miembros, pero esta desaparece cuando entra en juego el veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad o cuando simplemente una gran potencia ignora impunemente la voluntad mayoritaria. Como sea, esta vez y a lo largo de nueve meses México negoció con Washington los términos del acuerdo que sustituirá a la inoperante “Iniciativa Mérida” de 2008: el “Entendimiento Bicentenario” (EB). En este caso Washington aceptó explícitamente que el EB funcione dentro de un marco de igualdad por lo que hace a su materia: la seguridad. Está por ver cómo y por cuanto tiempo funcionará la imposible simetría entre desiguales.
En la siempre difícil relación con Washington en materia de seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha insistido una y otra vez en los conceptos de soberanía e igualdad, especialmente tras el inesperado arresto en Los Angeles del ex secretario de Defensa de México en octubre de 2020. En este incidente la posición de México se impuso y Estados Unidos tuvo que devolver la presa que la DEA ya tenía en sus fauces (hoy la DEA sigue aguardando las visas mexicanas para volver a operar formalmente en nuestro país).
En su reacción ante el EB, la prensa norteamericana echó de menos que al anunciarse el nuevo acuerdo y resaltarse lo que hoy más interesa a México: frenar la violencia de los carteles que surten de droga al mercado norteamericano y el flujo de armas y dinero de norte a sur, no se hubiera subrayado con igual énfasis el control de la migración indocumentada en la frontera México-Estados Unidos pues en el corto plazo lo prioritario para Washington es detener o disminuir la presencia de los “sin papeles” en su frontera, (The New York Times, 08/10/21). En fin, que por ahora fueron por delante las prioridades del actor más débil.
Y en relación a ese complejo problema de la migración internacional que busca cruzar el Bravo conviene resaltar el contenido de las cartas intercambiadas en septiembre y octubre entre AMLO y el presidente Joseph Biden. El primero sugirió al segundo enfocar el problema en su raíz en el norte de Centroamérica invirtiendo ahí en programas generadores de fuentes de trabajo. El mexicano sugirió proyectos como “sembrando vida” y “jóvenes construyendo el futuro” puestos en marcha por México más visas de trabajo temporal en Estados Unidos. La respuesta de Biden fue positiva y subrayó que su gobierno ya invirtió 600 millones de dls. en esa región pero que puede y debe hacerse más.
En conclusión, entre países vecinos muy dispares la pretensión de igualdad ha sido y sigue siendo solo eso, una pretensión. Sin embargo, con inteligencia, decisión y suerte, tal pretensión puede en ciertas coyunturas traducirse en una ventaja real para México. Estamos obligados a propiciar tales coyunturas. (Lorenzo Meyer, El Universal, Opinión, Nación, p. 6)
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2. Días de acuerdos. México ha sido siempre un gran anfitrión, pero lo que se vivirá este lunes merece mención aparte. John Kerry, el enviado especial del presidente Joe Biden para atender los asuntos relacionados con el cambio climático, visitará Balancán, Tabasco, en compañía del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando el gobierno federal anunció el programa Sembrando Vida, y después sugirió aplicarlo en otros países, llamó de sobremanera la atención. Kerry analizará los logros conseguidos en la región. Justo a eso vino. Se reabre la frontera el 8 de noviembre, las reuniones fluyen con inusual frecuencia, y emerge la buena relación bilateral. Marcelo Ebrard, la Unidad para América del Norte y la Embajada de México en Estados Unidos, a nivel excelencia. (Frentes Políticos, Excélsior, Nacional, p. 11)