En los pasados dos meses las grandes farmacéuticas mundiales involucradas en la investigación y fabricación de las vacunas para combatir el Covid-19 perdieron más de 122 mil millones de dólares; sin embargo, aún mantienen un balance positivo, debido a que la pandemia les ha dejado un beneficio de casi 270 mil millones de dólares.
De acuerdo con información bursátil, el valor global de mercado de Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, BioNtech y Novavax es de alrededor de 955 mil millones de dólares, monto 11 por ciento inferior respecto al billón 76 mil millones de dólares que alcanzaron en agosto pasado.
El pico de más de un billón de dólares en valor de mercado que alcanzaron las gigantes farmacéuticas se dio gracias al impulso que generó el inicio de la vacunación, llevando el precio de sus acciones a máximos sin precedente.
Posteriormente, conforme la población era vacunada, las acciones de los conglomerados perdieron fuerza disminuyendo el valor bursátil del sector; no obstante, en los días recientes han recobrado inercia al alza debido a la posibilidad de que las personas necesiten más de dos dosis de la vacuna, como en el caso de Moderna.
Antes de la pandemia, el valor conjunto de las seis farmacéuticas involucradas era de alrededor de 685 mil millones de dólares, lo que significa que con todo y la pérdida de los pasados dos meses acumulan un aumento de 40 por ciento, equivalente a aproximadamente 270 mil millones de dólares. (Braulio Carbajal, La Jornada, P.p)
Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró ayer que buscará demostrar la inocencia y lograr la libertad de su diplomático Alex Saab en todos los organismos internacionales, y calificó su extración de Cabo Verde a Estados Unidos de injusticia innoble y secuestro.
La defensa de Saab, acusado de ser testaferro de Maduro, denunció el atropello que representa la entrega del también empresario, de 49 años, a la justicia estadunidense, que lo acusó de lavado de dinero en julio de 2019.
Los abogados de Saab aseguraron que fue trasladado a Estados Unidos sin notificación del Tribunal Constitucional a la defensa.
Al respecto, Maduro relató: llegó un avión, se bajaron unos matones, lo buscaron y lo sacaron a golpes del lugar donde cumplía casa por cárcel y se lo llevaron sin avisar a los abogados, a la familia, ni nadie. ¡Un secuestro en toda la línea del gobierno de Estados Unidos!
Durante un discurso televisado, Maduro informó que su gobierno se está moviendo en la Organización de Naciones Unidas, en Nueva York, en Ginebra, en todos los organismos de derechos humanos para lograr la liberación de Saab.
Agregó que el enviado especial de Venezuela consiguió alimentos, gasolina, medicamentos para diabéticos y tratamiento para personas con cáncer, en medio de las sanciones que enfrenta su país. (Sputnik, Afp, Europa Press, Reuters y Ap, Política, La Jornada, P.p)
Cuatro ex presidentes nacionales del PRI coinciden en que votar por la reforma eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador es regresar al pasado y el partido podría extinguirse.
“Qué importa si está (el PRI) en el Gobierno o en la Oposición; nunca debe estar en contra de lo que está sucediendo en el mundo. Debe verse en el espejo. Un retroceso o quedarse petrificado en el pasado significa su verdadera extinción. El PRI debe jugársela con el futuro”, señala Manlio Fabio Beltrones.
“Si aprueba una reforma tan radical y tan estatista como ésta no va a haber diferencia con Morena. El PRI se va a convertir en un partido satélite de un nuevo partido hegemónico del siglo 21”, indica Pedro Joaquín Coldwell.
“La iniciativa del Presidente López Obrador no tiene reparación, no tiene compostura alguna; es necesario que quede o en el ‘congelador’ o simple y llanamente sea desechada por quienes tienen compromiso con el futuro de México”, dice Dulce María Sauri.
“Honrando sus documentos básicos existentes, el PRI debe de avanzar en la ruta de defender al medio ambiente, a los servicios públicos, a la salud pública y a la ciudadanía de percibir los beneficios de la transformación energética que vive México en el mundo, no cerrarle la puerta”, juzga Enrique Ochoa.
En conversación con Grupo REFORMA, los cuatro líderes llaman a los legisladores priistas a votar en contra de la iniciativa presidencial que no dudan en calificar como una contrarreforma que pone en riesgo el medio ambiente, la competitividad, la calidad de los servicios y que causaría millonarias pérdidas económicas al País.
“La contrarreforma que se está proponiendo ahora en el Congreso, cambia el orden de despacho y pone por adelante de las energías caras y contaminantes, desplazando las energías limpias que son el presente y el futuro de la humanidad”, explica Ochoa, líder del PRI entre 2016 y 2018. (Roberto Zamarripa, Reforma, P.p)
Con reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el Paquete Económico 2022, el Gobierno federal impedirá la deducibilidad de donativos de 5 mil 100 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) a las que arrebatará 8 mil millones de pesos para trabajo comunitario.
“Se van a afectar rubros tan relevantes como la asistencia, la educación, la cultura y el medio ambiente, entre muchos otros en los que las OSC son cinco veces más eficientes que el Gobierno federal”, advirtió Agustín Landa García Téllez, presidente de Comunalia -la alianza de Fundaciones Comunitarias de México-.
Estas medidas afectarán no sólo a las personas atendidas por estas organizaciones, sino hasta las mismas finanzas del Gobierno federal y las entidades.
“La atención en estos temas apenas serán cubiertos en una quinta parte de lo que ahora abarcan, pues el costo para que el Gobierno federal y las entidades asistan a las personas afectadas por las nuevas disposiciones será de al menos cinco veces más”, indicó.
La reforma al artículo 151 del ISR pretende eliminar dos rubros, uno que permite deducir donativos hasta por el 7 por ciento del ingreso anual de los contribuyentes personas físicas o de aportaciones extraordinarias al fondo de ahorro para el retiro.
“El SAT propone eliminar estos dos rubros para que entren dentro del tope de deducciones que tienen los contribuyentes personas físicas para deducir gastos hasta por 163 mil pesos anuales para seguro de gastos médicos, gastos médicos, intereses reales de hipotecas, transporte escolar, parte de colegiaturas y gastos funerarios”, expuso. (Alfredo González, Reforma, P.p)
La Fiscalía General de la República (FGR) busca imputar el delito de delincuencia organizada al ex presidente Enrique Peña Nieto, así como a 16 políticos más como Luis Videgaray y Ricardo Anaya, quienes fueron denunciados por Emilio Lozoya como parte de la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Hasta el momento el Ministerio Público de la Federación solo ha acusado a los involucrados de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, tal como ocurrió con el ex candidato presidencial Ricardo Anaya, el ex director de Pemex Carlos Treviño y el ex senador panista Jorge Luis Lavalle.
A más de un año de indagatoria, ahora la FGR de Alejandro Gertz Manero recurre a uno de los delitos más graves que implica cárcel forzosa y una pena que alcanza hasta 60 años de prisión.
El 2 de septiembre la unidad de investigación a cargo de este caso emitió un acuerdo con el que remitió a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada la carpeta de investigación FED/SEIDF /CGI-CDMX/0000865/2020, iniciada por la denuncia de Lozoya en agosto del año pasado.
“Esta representación social de la Federación considera que los hechos investigados pueden constituir alguno de los delitos de delincuencia organizada, competencia de esa fiscalía especializada”, detalla el documento del que MILENIO tiene copia. Un día después, a través del oficio UIL-B-CGI-175/2021, la fiscalía especializada a cargo de Alfredo Higuera, integró la carpeta de investigación. (José Antonio Belmont, Milenio, Política .P.p)
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó su invitación al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, para integrarse a su gabinete una vez que concluya su mandato el próximo 1 de noviembre.
¿El gobernador Bonilla, para dónde? —interrogaron reporteros al tabasqueño.
Adonde él quiera, lo está pensando —respondió en medio de los rumores sobre la eventual designación de Bonilla como titular de la Secretaría de Bienestar.
“Lo queremos mucho y le agradecemos por su trabajo, no solo por lo que ha hecho en estos últimos dos años como gobernador, sino por lo que ha hecho desde hace mucho tiempo para que se creara conciencia de la necesidad de un cambio en Baja California”, agregó el Presidente.
Durante un acto en Playas de Rosarito, López Obrador llamó al bajacaliforniano precursor de la llamada cuarta transformación. Bonilla se suma al grupo de gobernadores convocados, como Adán Augusto López, quien solicitó licencia a la gubernatura de Tabasco para asumir como secretario de Gobernación.
El Presidente invitó asimismo al gobernador priista de Sinaloa, Quirino Ordaz, a ocupar la embajada de México en España, y al ex mandatario panista de Nayarit Antonio Echevarría a integrarse al gobierno federal, sin descartar la incorporación del priista Héctor Astudillo, ex gobernador priista de Guerrero.
Posteriormente López Obrador firmó el acuerdo por el que se regularizarán los vehículos conocidos como “chocolate” en los estados fronterizos del norte. En el municipio de Ensenada dijo que con este acuerdo se recaudará hasta mil 300 millones en Baja California, pues hay alrededor de 500 mil autos irregulares. (Omar Brito, Milenio, Política, P.p)
El principal objetivo de plantear que todos los mexicanos mayores de 18 años tengan que tramitar de manera obligatoria su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es evitar el robo de identidad de jóvenes por parte de factureras para simular y hacer fraudes.
Así lo explica en entrevista Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien asegura que no se busca cobrar multas, sino proteger a los jóvenes. Afirma también que uno de cada tres RFC presenta actividad irregular, lo que implica 30 millones de contribuyentes.
Detalla que entre las actividades irregulares destacan personas con diversos patrones en diferentes estados de la República, a las que varias empresas fantasma les hacen pagos de hasta 80 millones de pesos en un mes.
Sobre la Miscelánea Fiscal que se discutirá hoy en la Cámara de Diputados, Buenrostro señala tres ejes principales: no aumento de impuestos, por lo que se enfocarán en seguir combatiendo la evasión, elusión e informalidad; simplificación administrativa para facilitar el pago de impuestos, y equidad de género para los productos de gestión menstrual.
Respecto a la revisión de aportaciones de grandes contribuyentes, considera que hay un espacio de recaudación de billón y medio de pesos al asegurarse de que éstos paguen impuestos pulcramente. (Rodrigo Pacheco, Excélsior, P.p)
La tasa de desocupación hospitalaria no es algo que en este momento sea un factor de alerta para el Gobierno de la Ciudad de México, de cara a la entrada hoy del semáforo epidemiológico verde y por ende del fin de la tercera ola de contagios de la pandemia.
Sigue disminuyendo la hospitalización, a veces tienen (los pacientes) más estancia en los hospitales, es más largo el tiempo, pero no es algo que genere alarma en este momento”, aseguró ayer la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
La jefa de Gobierno respondió así a la nota publicada por este diario ayer, en la cual se señaló que la tasa de desocupación hospitalaria actualmente es de 36 pacientes diarios, mientras que al finalizar la segunda ola de covid-19 era de 49.4.
Así lo expuso Sheinbaum en entrevista después de visitar el Centro de Salud T III Villa Milpa Alta, mientras que la secretaria de Salud local, Oliva López, expuso que regresaremos a semáforo verde con 5 por ciento de positividad (en las pruebas covid), además de que ha ido disminuyendo la demanda por realizarse pruebas de covid en los quioscos de salud. (Georgina Olson, Excélsior, P.p)
Para el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, la impunidad es el gran problema de México y mientras no se combata la corrupción política, afirma que seguirán existiendo factureras, empresas fachada, cárteles y otros grupos delictivos protegidos desde el poder.
Durante un foro realizado por EL UNIVERSAL, Nieto Castillo reconoció que existen grupos con vínculos políticos y empresariales que forman parte de la corrupción, como ocurrió —dijo— con el abogado Juan Collado y sus nexos con el PRI.
“La impunidad en todos los casos, desde feminicidios hasta alta corrupción, es el gran problema de este país, mientras no llevemos a los responsables a los tribunales, los modus operandi de las organizaciones delincuenciales van a seguir funcionando.
“Finalmente, a estos grupos se les tiene que atacar por varios flancos: primero, hay que acabar con el sicariato, pero si no se combate la corrupción política que es la que protege a las empresas, a los factureros, a los cárteles, no se va a llegar a ningún lugar”.
Así lo afirmó durante el foro en el que también participó la consejera electoral Carla Humphrey, quien al recordar que el Instituto Nacional Electoral (INE) aún tiene pendiente el tema Odebrecht, reprochó la “falta de dientes” para sancionar a instituciones que no tienen voluntad política para colaborar con la información que les es requerida, obstáculo que han vivido con la Fiscalía General de la República (FGR) en este caso de corrupción. (Diana Lastiri, El Universal, P.p)
“Aquí a veces vemos a la Comisión Nacional Forestal, pero a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, jamás”, explica una mujer de unos 30 años, de familia de madereros de Michoacán. “Vienen a clausurar talleres y la gente los recibe muy agresivos. Hace 20 años hasta trajeron helicópteros y se montó una batalla campal. Entonces ya no vienen”. Su narración la confirman otros dueños de aserraderos ilegales y taladores sin permiso al este de la entidad. “Aquí no entra la Profepa”. No es un caso único.
Viven en una zona de 895 kilómetros cuadrados que para la procuraduría es una de las 122 “áreas forestales que presentan procesos críticos de deforestación por la alta incidencia de tala clandestina relacionada con grupos de delincuencia organizada”. Suponen al menos 313 mil 500 kilómetros cuadrados del millón 970 mil de superficie terrestre del país. Un 15% del país está dentro de esas zonas donde “es requerido invariablemente el resguardo de fuerzas de seguridad pública que garanticen los actos de inspección al personal actuante”.
Entre 2002 y 2020, México perdió 662 mil hectáreas de bosque primario y 4.2 millones de hectáreas de cobertura arbórea, la cantidad de capas de hojas y ramas que cubren el suelo cuando se observa desde altura. Del total, 228 mil hectáreas de bosque primario y un millón de hectáreas de cobertura forestal desaparecieron de estas 122 áreas. (Carlos Carabaña, El Universal, P.p)
El riesgo por la legalización de los autos chocolate es latente para la industria automotriz, ya que, de seguir el camino a la regulación general, las ventas de autos romperían récords mínimos, no vistos desde hace 12 años.
Y es que la Iniciativa Privada y legisladores advierten que la regulación de los vehículos chocolate impactaría negativamente en las ventas, y se dejarían de vender poco más de 420 mil autos nuevos, y con ello se caería a un mínimo de hasta 636 mil unidades vendidas en un año, es decir, 40 por ciento menos de lo que se vende anualmente.
Esa cifra no se registra desde 2009, cuando las ventas de autos tuvieron un duro golpe debido a la economía y se contabilizaron 754 mil 925 autos vendidos, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este año, según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) se estiman ventas de un millón 60 mil unidades.
La estimación en pérdida de ventas podría ser incluso peor de lo que fue en la pandemia por COVID-19, ya que en 2019 se vendieron 1.3 millones de automóviles ligeros en el país, mientras que en 2020 las ventas fueron de 950 mil 63 unidades.
Desde 2019, el Senado había frenado la legalización de los autos chocolate, ya que advirtió un severo daño a la industria automotriz.
La senadora Nancy de la Sierra, quien se encargó de fijar el posicionamiento del PT en 2019, ya advertía que se afecta a la industria automotriz al reducir las ventas de coches nuevos a menos de 900 mil unidades.
En entrevista con El Heraldo de México, la senadora De la Sierra (Grupo Parlamentario Plural) sostuvo que el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, firmado el fin de semana, ayudaría para tener un registro de autos chocolates por cuestiones de seguridad, pero si la medida se sale de control, el riesgo es que cualquier persona pueda introducir un automóvil de Estados Unidos para regularizarlo en México, lo que ocasionará afectaciones a la IP. (Misael Zavala, El Heraldo de México, P.p)
La Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados, ya tiene listos los dictámenes a discutir para este lunes sobre la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), Miscelánea Fiscal y Ley Federal de Derechos (LFD) para el 2022, en los cuales hace algunas precisiones sobre temas que han sido controversiales, como el RFC obligatorio para mayores de edad, el Régimen Simplificado de Confianza, así como la regularización de los autos chocolate.
Sin modificación alguna a la meta de ingresos planteada por el Ejecutivo Federal para el siguiente año, de 7.08 billones de pesos, 8.6% mayor a lo aprobado para este 2021, el dictamen de la LIF para el 2022 considera prudente incorporar a esta ley un artículo transitorio para etiquetar los recursos que se obtengan por la regularización de los llamados autos chocolate.
La modificación hecha por la Comisión de Hacienda señala que los recursos que se adquieran por esta acción en la zona fronteriza, en donde se toma en cuenta a los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California Sur, serán considerados como ingresos excedentes.
“Los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para acciones de pavimentación en los municipios que correspondan, conforme a una distribución porcentual basada en el número de vehículos regularizados y registrados de acuerdo con el domicilio con el que se haya realizado el trámite respectivo, en términos de las disposiciones que emita dicha Secretaría”, se lee en el dictamen que espera ser aprobado este lunes en la Comisión de Hacienda, junto a la LFD y la Miscelánea Fiscal, para pasarlos al pleno hoy mismo.
El sábado pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó en Baja California, un decreto para regularizar los vehículos de procedencia extranjera que entran a territorio nacional de manera irregular. La cuota por la regularización de estos vehículos, dijo el mandatario, será de 2,500 pesos y el dinero recaudado se usará para mejorar las vialidades de los estados.
La regularización de autos chocolate es un tema que ha estado en la agenda del gobierno de López Obrador, pese a las críticas que ha recibido por parte de la industria automotriz. Hace dos años, en la discusión de la Ley de Ingresos un legislador de Morena añadió modificaciones para la regularización de estos automóviles, lo que generó un intenso debate entre las Cámaras. (Belén Saldívar Y Santiago Nolasco, El Economista, Finanzas y Dinero, P.p)
(Felipe Gazcón, El Financiero, P.p)
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) invertirá ocho millones de pesos en adquirir maquinaria y equipo para desarrollar sus propios cohetes aéreos de práctica, llamados Mixcóatl, a fin de “contrarrestar el bajo índice de adiestramiento e incrementar la pericia de los pilotos aviadores al realizar un mayor número de disparos con cohetes aire-tierra”.
Para justificar el gasto, la dependencia indica que la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) necesita mil 500 cohetes anuales para entrenar a un estimado de 375 pilotos aviadores, es decir, cuatro por piloto.
Sin embargo, el armamento aéreo actualmente se compra en el extranjero porque no existen proveedores en el mercado nacional, lo que resulta muy costoso. Es por eso que sólo se adquiere un cohete al año para las prácticas de cada piloto aviador, lo que además de afectar su adiestramiento incrementa los riesgos en diversas operaciones militares.
Además, las gestiones administrativas para la compra de las aeromuniciones en el extranjero son prolongadas y difíciles de concretar y hay pocos países oferentes que vendan cohetes calibre 70 mm, que son los prototipos que los pilotos de la FAM requieren, indica la ficha técnica del proyecto a la que El Sol de México tuvo acceso.
“La totalidad de los cohetes requeridos para el adiestramiento debido a restricciones presupuestales es insuficiente. La adquisición de las municiones del armamento aéreo resulta costosa, y no es genérica; se debe comprar exclusivamente con los proveedores autorizados y las compras se encuentran restringidas por las políticas de tratados internacionales.
“Por lo que se ha establecido como medida de ahorro el consumo individual por piloto aviador de un cohete por año, incumpliendo las metas establecidas en el adiestramiento de personal de pilotos aviadores, repercutiendo en el alcance de las destrezas deseadas en maniobras de tiro desde una aeronave armada para el personal en instrucción de pilotos aviadores”, señala el documento.
A fin de contrarrestar el déficit de material balístico para la formación de los pilotos militares, la Sedena invertirá en la compra de herramientas, maquinaria y equipo para fabricar en México un lote piloto de 200 cohetes de práctica y dos lanzadores de siete bocas, derivado de un proyecto de investigación y desarrollo de aeromuniciones (cohetes de práctica, sin capacidad explosiva), hecho por científicos y técnicos mexicanos, que se tiene contemplado materializar entre 2021 y 2022. (Saúl Hernández, El Sol de México, P.p)
En México, donde hay más de 92 mil desaparecidos y el número de homicidios dolosos llega a los 102 mil, desde diciembre del 2018, hay 9.7 expertos forenses por cada 100 mil habitantes, mismos que no se dan abasto para atender las solicitudes de dictamen, en comparación con los homicidios que se cometen, y sólo pueden concluir cuatro por ciento de los casos que les toca.
De acuerdo con el informe “Hallazgos 2020” de México Evalúa, publicado este mes, a nivel federal cada perito atiende cerca de 160 solicitudes de dictamen, de las cuales resuelve sólo 6.4, mientras que a nivel local, de los 448 casos que les toca, sólo dan dictamen final en 17.92.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), actualmente en el país hay cuatro mil 111 peritos oficiales asociados a actividades relativas a la identificación humana, de un total de seis mil 242 reportados hasta finales del 2019 (dos mil 131 menos), según el más reciente informe de Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (Movndmx).
En la actualidad, de acuerdo con cifras oficiales, hay alrededor de 52 mil cuerpos no identificados en los servicios médicos forenses o inhumados de forma anónima en cementerios públicos de los 32 estados, 60 por ciento de esas personas yace en fosas comunes en cementerios públicos. En 2019, se habían localizado tres mil 631 fosas clandestinas, de las cuales entre 2018 y 2019 se habían exhumado mil 124 cuerpos. (Roberto Cortez, La Razón, P.p)