En los meses recientes, el fenómeno de la migración ha cambiado y se ha intensificado. Las afectaciones económicas generadas por la pandemia obligaron a muchas más personas a desplazarse. Buena parte de la atención la han tenido las caravanas de centroamericanos que empezaron a ser frenadas desde la frontera sur. Están también los haitianos que, ante la terrible crisis económica, social y política de su país, buscan desesperadamente oportunidades de empleo en Estados Unidos o en México.
Sin embargo no hay que perder de vista a los migrantes mexicanos. Este país sigue expulsando a miles de personas por razones económicas y, cada vez más, obliga a muchos a emigrar por la terrible violencia que azota a algunas regiones. Basta recorrer los albergues a lo largo de la frontera para encontrar a personas de Guerrero, Michoacán y otros estados que han tenido que huir por las amenazas de los criminales.
Hay familias enteras, pero hay también muchas mujeres que viajan solas con sus hijos. Hablé con algunas que se han instalado en un improvisado campamento en Tijuana. Me compartieron sus historias en medio de una gran tristeza, aunque aliviadas porque ya no están en ese riesgo permanente en el que vivían. Paradójicamente, aunque duermen en carpas sin acceso siquiera a servicios básicos, agradecen la tranquilidad de su nueva situación.
El campamento se instaló hace unos meses junto al punto fronterizo de El Chaparral. La idea de los centroamericanos que lo iniciaron era presionar a las autoridades migratorias a atender sus casos con más celeridad. Pensaron que quedándose día y noche junto a la oficina donde se define su futuro, tendrían una respuesta más veloz. Con el paso de los días el plantón se transformó en una especie de albergue improvisado en el que son cada vez menos los que llegan desde Centroamérica y más los que vienen de poblaciones devastadas por la violencia en México.
Muchas de las mujeres que sobreviven ahí huyeron de la doble violencia: el esposo golpeador dentro de casa y las bandas criminales fuera. Las que tienen hijos adolescentes, se fueron para evitar que ellos fueran reclutados por el crimen organizado. Están las viudas que perdieron a su pareja en alguno de los ya cotidianos enfrentamientos a balazos. Todas han visto la muerte de cerca. Todas han perdido amigos y familiares por la violencia. Todas huyeron para salvar a sus hijos de ese horror. En sus lugares de origen no pudieron acudir al gobierno para buscar ayuda porque el control de facto la ejercen los criminales. Lo dejaron todo ahí y tienen que empezar de nuevo. No existen condiciones para que salgan solas adelante. Son madres que necesitan ayuda urgente. Las autoridades mexicanas no pueden seguirlas ignorando. (Paola Rojas, El Universal, Opinión, A20)
El gobierno estadounidense anunció a finales de la semana pasada su intención de retomar el programa “Permanezca en México”, que ha obligado a decenas de miles de inmigrantes a esperar en México, en condiciones terribles, la resolución de sus procesos de solicitud de refugio en Estados Unidos. Después de la sentencia de la Suprema Corte que dispuso la reinstalación de la polémica política, la administración Biden ha tratado de vender la decisión como un deber. La realidad es distinta. Enfrentado con una crisis migratoria que le complica la vida en un ambiente político polarizado rumbo a las elecciones legislativas del 2022, el gobierno de Estados Unidos ha optado doblar las manos, ir contra su propia promesa moral en el tema migratorio y retomar la que fue una de las más tóxicas políticas antinmigrante de Donald Trump. La sentencia de la Corte le vino como anillo al dedo: ahora Biden puede adoptar políticas migratorias reprobables y escudarse, en este caso, en el mandato judicial.
La decisión es doblemente lamentable porque había una salida. Las cortes incluyeron una válvula de escape que Biden podría haber usado si de verdad hubiera querido acabar con el programa (que prometió eliminar): para reinstalar “Pemanezca en México”, el gobierno de Estados Unidos necesita de la colaboración explícita del gobierno mexicano. De acuerdo con distintas versiones periodísticas, el gobierno de México ha exigido una serie de mejoras al programa a cambio de su cooperación, entre ellas el perfeccionamiento del sistema mediante el cual los solicitantes de asilo atienden a sus citas con el sistema de cortes migratorias en Estados Unidos. El gobierno estadounidense piensa invertir alrededor de 25 millones de dólares para construir y operar cortes temporales en la frontera. Se trata de un buen principio, pero no es ni de lejos suficiente.
El gobierno de México debe negarse a participar de nuevo en “Permanezca en México” a menos de que su contraparte en Washington esté dispuesta a convertirse en un verdadero socio para garantizar el mínimo bienestar de los migrantes que estarán en México. Los antecedentes son terribles. La versión anterior del programa –ideado por Trump y apoyado por López Obrador– hundió en la miseria, el desamparo y la violencia a decenas de miles de seres humanos. Muchos se vieron obligados a vivir en campamentos de enorme insalubridad y riesgo. No hay organización internacional de derechos humanos que no condene lo que fue, a todas luces, una vergüenza histórica para ambos países.
México no puede permitir que se repita esa historia.
En la agenda migratoria, el gobierno lopezobradorista tiene la sartén por el mango. El presidente de México sabe que Biden lo necesita en el tema. Hasta ahora, López Obrador ha aprovechado esa ventaja en el tablero diplomático para desplantes del estilo de la visita de Díaz Canel. Ahora puede usarla para algo que realmente importa y que puede, y esto es crucial, mejorar la vida de los inmigrantes que López Obrador prometió cuidar en aquella distante campaña del 2018. Si a Biden le urge comenzar de nuevo a enviar miles de migrantes a México, el gobierno mexicano debe exigir apoyo para garantizarle a toda esa población una vida digna y segura. Si el regreso del “Permanezca en México” vuelve a derivar en historias de robo, extorsión, secuestro y violación sexual, el gobierno de México habrá perdido la oportunidad –una vez más– de estar a la altura de su promesa de renovación moral. (León Krauze, El Universal, Nación, p. 10)
La directora de la Lotería Nacional, MARGARITA GONZÁLEZ SARAVIA CALDERÓN, tuvo un dilema: ¿dónde será la mejor manera de promocionar a la institución? ¡En el deporte!, resolvió. Pero en cuál, ¿el más popular y masivo que ven millones: el fútbol?, no; ¿en el fútbol americano que arranca motores?, no; ¿en el tenis de Indian Wells y sus emocionantes finales?, tampoco. Concluyó que la mejor manera de invertir el dinero de la institución para anunciarse era, casualmente, aquél que más le gusta… al Presidente: el béisbol… Fue así que todo el fin de semana vimos por televisión, en varios momentos, las ¡cónicas “LN” atrás de los bateadores de los Medias Rojas de Boston y de los Astros de Houston, llamando de manera subliminal a la audiencia a comprar cachitos de la suerte. ¿Seguro que era la mejor opción para anunciarse o nada más quisieron quedar bien?
Y hablando de estrategas de comunicación, en la Cámara de Diputados debe haber otro que recomienda a sus legisladores liberar los documentos más importantes de la gobernanza pública los fines de semana por la noche, cuando garantizan una pobre cobertura de prensa. Eso fue lo que sucedió con el “sabadazo fiscal” de anteayer, cuando la comisión de Hacienda y Crédito Público, que encabeza la panista Patricia Terrazas, dio a conocer los proyectos de dictamen con su proyecto de decreto de Miscelánea Fiscal, Ley de Ingresos y la Ley General de Derechos para el próximo año, pasadas las ocho de la noche. ¿Para qué maximizar la difusión de los documentos, si se pueden lanzar en lo oscurito?
El IEPS de las bebidas alcohólicas funciona así: las bebidas con una graduación alcohólica de hasta 14° pagan una tasa de 26.5% ; de 14° a 20°, una tasa de 30%; y a las de más de 20° se les grava con 53% sobre el precio de venta final. El grupo que impulsa la llamada “modernización” del IEPS, integrado por empresas como Diageo y Pernod Ricard, sostiene que el modelo actual es injusto para quienes producen bebidas de gama alta, pero en muchas ocasiones con el mismo grado de alcohol, o para pequeños productores, puesto que ello contribuye a que se vendan bebidas adulteradas o se facilita el contrabando y la evasión fiscal. Lo cierto es que es un falso argumento, pues de aprobarse sería tanto como cobrar la misma tenencia para un auto de mega lujo que para un modesto modelo compacto simplemente por pesar lo mismo. Pasaría lo mismo entonces con el IEPS que pagaría alguien que quiere comprar un tequila de 2 0 0 pesos que uno de alta gama que supera los mil pesos. Por lo pronto, la titular del SAT, Raquel Buenrostro ha sido contundente en señalar que el cambio no va, pues representaría una caída en la recaudación fiscal.
Lo sucedido este fin de semana es una nueva lección para el Instituto Nacional de Migración, que dirige Francisco Garduño Yáñez, que tiene en sus protocolos, desde siempre, deportar a viajeros internacionales que lleguen al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sin papeles en regla, así deseen pedir asilo político. Se les regresa y punto. La presión de las redes sociales y de organizaciones como el Instituto para las Mujeres en la Migración lograron, en este caso, evitar su deportación, pero lo cierto es que muchos otros migrantes no han corrido con la misma suerte. (A la Sombra, El Sol de México, República, p. 2)
Es una pesadilla que decenas de barcos de carga con medio millón de contenedores con todo tipo de insumos y productos estén varados en las bahías de los puertos más importantes del mundo.
La pesadilla se convirtió en realidad debido a la ausencia de miles de estibadores, que la pandemia envió a sus casas. Lo mismo ha sucedido con los operadores de transportes de carga por carretera, los de trenes y todos aquellos que en alguna forma tienen relación con la transportación y distribución de mercancías.
El resultado es que el complejo y altamente tecnificado proceso conocido como cadena de abastecimiento se ha roto, ocasionando el encarecimiento de los bienes necesarios para la vida cotidiana. Los componentes de los autos no llegarán a tiempo a las fábricas en donde deben ser ensamblados; el trigo, el café, los plátanos y otros productos perecederos se perderán en los barcos anclados en las bahías de los puertos; los camiones que transportan insumos y productos permanecerán estacionados por falta de quien los maneje. Esa amplia gama de elementos son parte de una cadena que se ha paralizado por la ausencia de uno de ellos: los trabajadores. A ese vital componente no se le ha dado la importancia que merece. Su ausencia ha roto la continuidad de todo el proceso, con un resultado propio de una novela de ficción que se convirtió realidad en un mundo envuelto en una vorágine de integración que de repente se colapsó.
Hace algunos años, un estudio de la organización RAND sobre la integración de las cadenas de abastecimiento mencionaba que la capacidad de puertos, carreteras y ferrocarriles estaba llegando a sus límites, y la consecuencia de su estrangulamiento impediría la distribución de bienes y el crecimiento económico. La predicción se ha concretado por una vía no prevista en el estudio: la llegada de un virus cuyos devastadores efectos nadie imaginó. Su principal víctima fue el componente más delicado y valioso en las cadenas de distribución: los trabajadores. No ha sido ni será fácil la sustitución de muchos de ellos, en algunos casos porque se fueron para siempre, en otros porque permanecen aislados y en otros porque, simple y sencillamente, no están dispuestos a regresar a sus antiguos empleos porque exigen mejores condiciones salariales y de beneficios. Por esas razones, en Estados Unidos, 5 millones de trabajadores se han ausentado del mercado laboral.
Una de las consecuencias de la alta demanda de mano deobra y su escasez relativa es que los trabajadores estarán en mejores condiciones de negociar sus derechos, lo que, por añadidura, fortalecerá el movimiento sindical. Pudiera ocurrir también que ante la necesidad de trabajadores la frontera se abriera a la migración, como ya ha sucedido en otros momentos. La presión que las empresas ejerzan sobre el Congreso será clave en la demanda de una reforma migratoria que beneficiaría a quienes se les ha impedido cruzar la frontera.
Nadie atina a vaticinar cómo será la nueva normalidad. Pudiera ser vía para el mejoramiento de la sociedad en su conjunto, empezando por los trabajadores. Sería el derrumbe de un modo de vida de millones acostumbrados a las conveniencias, que se derivan de una festinada integración que acentuó la desigualdad y, en muchos casos, la pobreza.
La otra posibilidad es que la distopía se convierta en realidad y el destino nos alcance en una carrera en la que a la larga todos perderemos. (Arturo Balderas Rodríguez, La Jornada, Política, p. 17)
En 1998, Centroamérica fue devastada por el huracán Mitch, considerado como uno de los meteoros más destructivos de la historia moderna. Su impacto dejó al menos 22 mil personas fallecidas y pérdidas económicas estimadas en alrededor de seis mil millones de dólares.
Desde entonces quedó claro que los efectos del cambio climático en los países con menos capacidades serán siempre mucho más devastadores que en aquellos con mayores recursos de resiliencia. Y, sobre todo, que el curso de desarrollo estaba condenando a los más pobres a vivir, una y otra vez, los efectos del proceso de transformación climática más severo de los últimos 12 mil años.
De acuerdo con datos del Migration Policy Institute, la migración centroamericana hacia los Estados Unidos de América se ha incrementado aceleradamente. En efecto, entre 1980 y 1990 se estima una migración de aproximadamente 1.13 millones de personas; entre 1990 y el año 2000, el total de personas de origen centroamericano en nuestro vecino del norte creció a 2.026 millones; entre 2000 y 2010 la cifra llegó a 3.53 millones; mientras que para el 2019 se estima que se ha alcanzado un total de 3.78 millones.
Lo anterior se ha agudizado en los últimos dos años, sobre todo a partir de los efectos de la pandemia, que igualmente todas y todos los expertos subrayan que es producto de la destrucción y alteración de los ecosistemas.
México ha sido históricamente el territorio de tránsito de estas personas; sin embargo, también hemos sido la opción para muchos de ellos. En efecto, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, en el país hay poco más de 132 mil personas de origen centroamericano y de El Caribe con residencia legal; sin embargo, diversos especialistas señalan que, por cada uno de ellos, habría al menos cinco adicionales que han arribado en los últimos meses en las diferentes olas migratorias y que están a la espera de la resolución de su estatus migratorio, tanto aquí como en EU.
Desde la década de los 90 del siglo pasado se han impulsado diferentes estrategias de desarrollo regional, buscando generar soluciones estructurales que permitan reducir la migración forzada de esos países. Pero en todos hay una falla estructural: pues, más allá de pretensiones injerencistas, lo cierto es que no habrá una integración y un desarrollo sostenible regional sin que haya un definitivo tránsito a la democracia y al fortalecimiento institucional, tanto en México como en los países centroamericanos.
Suponer que sólo mediante inversiones o la “exportación” de ciertos programas sociales se va a detener la migración resulta a todas luces equívoco, pues en naciones como El Salvador, uno de los principales factores de expulsión, además de la pobreza, es la violencia; ahí, la tasa de homicidios, aunque reporta tendencias a la baja, en 2015 se situó en 105 víctimas por cada 100 mil habitantes, y en 2019 en 52. Para dimensionar el nivel, en México la tasa de 2019 fue de 29 por cada 100 mil.
Por su parte, en Nicaragua el gobierno autoritario de Daniel Ortega está generando una nueva época de violación a los derechos civiles y políticos más básicos, que impediría una lógica de cooperación importante, sin contribuir al menos indirectamente al fortalecimiento de un régimen con características cada vez más dictatoriales.
Las condiciones de esos países, comparadas con las de Costa Rica y Panamá, son, por decir lo menos, contrastantes. Lo cual evidencia la enorme complejidad que existe para construir una nueva etapa de entendimiento, cooperación y estrategias compartidas de desarrollo para la región.
La cuestión es entonces cómo podemos repensarnos frente a las naciones centroamericanas, y cómo puede avanzarse hacia una nueva lógica de fortalecimiento de la democracia, de los derechos humanos y de un nuevo curso de desarrollo, que se sustente en el pluralismo democrático y en la comprensión de que el futuro depende de transformar a nuestra región de manera sustentable. (Mario Luis Fuentes, Excélsior, Nacional, p. 14)
Nunca ha sido ni fácil ni enteramente tersa la relación entre dos vecinos tan cercanos, como paradójicamente distantes. Las asimetrías y las visiones encontradas en temas comunes han determinado, históricamente, los fines, los modos y los medios empleados en las estrategias de los Estados Unidos y de México.
No resulta fácil entender los evidentes cambios de actitud de la diplomacia mexicana entre las dos administraciones del vecino país del norte con las que ha tenido que convivir, sobre todo, tomando en cuenta las marcadas diferencias en el comportamiento de una y otra hacia nuestro país, al menos en el plano declarativo.
Amenazas, vituperios y presiones caracterizaron la presidencia de Donald Trump hacia México. El muro fronterizo fue la expresión material de la percepción del controvertido mandatario hacia los mexicanos que, a pesar de ello, fue objeto de elogios de nuestros máximos representantes.
Una vez más se tuvo que optar entre inconvenientes, elección racional, y dócilmente se respondió a la presión para frenar el flujo de migrantes procedentes de Centroamérica y el Caribe con pretensiones de encontrar mejores condiciones de vida en los Estados Unidos, lo que ha representado, hasta el día de hoy, un serio dolor de cabeza para el gobierno mexicano, al que no se le ve una pronta solución y sí una alta probabilidad de agravamiento, dados los incidentes violentos que se han registrado en la frontera sur.
El cambio en la administración norteamericana, con el arribo del presidente Biden, ha dado muestras inmediatas del interés que su país tiene sobre la situación en México, interés que se expresa abierta y privilegiadamente en el tema de la seguridad.
Por ello no resultan extrañas las frecuentes visitas de altos funcionarios norteamericanos responsables de esos temas, exploratorias quizás las primeras, que han desembocado en la reciente reunión de alto nivel en materia de seguridad que, según se ha declarado, no llegó a resultados concretos ni satisfactorios para ambas partes.
El gobierno mexicano había anunciado previamente el fallecimiento de la llamada “Iniciativa Mérida” que desde la administración de Felipe Calderón se constituyó como el mecanismo de colaboración en materia de seguridad binacional, cuya efectividad fue seriamente cuestionada, a la luz de los resultados obtenidos.
El Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad, recientemente inaugurado entre los dos países, marca, pretendidamente, el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales, cuyo eje central es el respeto a las soberanías, pero, no debe dejarse de lado que, en una relación tan compleja, la generación de confianza es fundamental.
Un aspecto trascendente que sin duda motiva las preocupaciones de los vecinos es la situación de violencia creciente motivada por los cárteles de la droga y el tratamiento que las autoridades mexicanas dan a la cada vez mayor actividad del crimen organizado en nuestro territorio, acompañado de una serie de adiciones a la reglamentación respectiva que restringe de manera específica la actuación de agentes extranjeros en suelo mexicano.
La nueva relación que se inaugura en materia de cooperación para la seguridad, evidentemente se verá catalizada por los factores económicos y sociales de manera determinante, como ha sido en el pasado.
El poder blando y el duro del que puede hacer uso Estados Unidos es innegable y el tema de las soberanías relativo en una relación tan compleja y obligada, donde el balance de fuerzas es enteramente asimétrico y la confianza mutua definitivamente frágil. (Gerardo René Herrera Huízar, El Financiero, p. 33)
Mago
El gobierno que encabeza López Obrador dejará una mayor deuda pública al país. El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, detalló que el endeudamiento interno neto para el 2022 será de 848,807 millones de pesos, 146,681 millones más que en el 2021. Lo anterior, mencionó, confirma que la promesa del Presidente de no endeudar más al país y no pedir prestado, es “otra mentira más de las muchas que a diario receta a los mexicanos en las mañaneras”, afirmó.
Escapista
Más de 181,000 paisanos fueron repatriados de EU desde el 1 de enero hasta el 14 de octubre de este año. Más de 145,000 son hombres, 17,000 menores de edad y 18,000 mujeres que buscaban mejorar su vida. El Instituto Nacional de Migración detalló que implementará acciones orientadas a la reincorporación de las y los paisanos al desarrollo nacional, impulsando la valoración de sus habilidades y promoviendo su incorporación al mercado productivo.
Equilibrista
Es una vergüenza que padres de menores de 12 a 17 años tengan que ampararse para que sus hijos e hijas sean vacunados contra Covid-19, expresó Jesús Zambrano Grijalva, quien indicó que desde el inicio de la pandemia no hubo respuesta inmediata por parte de las autoridades federales para hacerle frente y disminuir contagios. El dirigente del PRD está seguro que durante la tercera ola de contagios y decesos el sector más vulnerable fueron las y los niños. (La Gran Carpa, El Economista, p. 62)
Para el Presidente estadounidense, la dificultad inmediata es que un tribunal rechazó su intento inicial de acabar con la política de la era Trump
La siempre enrevesada cuestión migratoria se ha convertido en una piedra de toque para el gobierno de Joe Biden, que enfrenta una complicada situación política, encerrada por sus promesas y las limitaciones que le impone la realidad y los tribunales.
El problema quedó ilustrado el sábado, cuando “decenas de defensores de la inmigración” abandonaron una reunión virtual con varios de los principales colaboradores de Biden como protesta por su decisión de continuar las políticas fronterizas promulgadas por el abiertamente antiinmigrante gobierno de Donald Trump.
Según una publicación en politico.com, antes de un encuentro virtual con los funcionarios, incluso Esther Olavarria del Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca, los activistas leyeron un comunicado en el que acusaban a la administración de “jugar a la política con vidas humanas” y anotaban que ya no podían “entrar a las conversaciones con buena conciencia”.
La reunión y la posterior salida fueron motivadas por los planes de la administración para restablecer los Protocolos de Protección al Migrante, es decir la política de “Permanecer en nuestro país”.
Para el gobierno de Biden, el problema inmediato es que un tribunal rechazó su intento inicial de acabar con la política de la era Trump y su anuncio de que restablecerá en noviembre la práctica de obligar a los presuntos migrantes a esperar sus audiencias de asilo en México.
La decisión judicial no sorprendió a nadie. Durante su gobierno, Trump se apresuró a llenar posiciones judiciales federales, de las más bajas, como los jueces de distrito, hasta las más altas, en la Suprema Corte, para asegurar una visión ideológica, si no partisana.
Trump nombró 226 jueces en cuatro años; de los cuales 54 en Cortes de Apelación y tres de nueve en la Suprema Corte. Por vía de comparación, su predecesor, Barack Obama, designó en sus ocho años a 320 magistrados, incluso 55 en las Cortes de Apelación.
Esto implica que grupos de activistas busquen asegurarse audiencias favorables al presentar sus demandas. Un grupo liberal plantearía sus demandas ante la Novena Corte de Circuito, en San Francisco, considerada como una de las más, si no la más liberal, del país.
Los grupos conservadores, especialmente los antiimigrantes o antiaborto, por su parte, suelen acudir a tribunales federales establecidos en Texas, con los juristas más conservadores. Así, no es ningún accidente que las demandas para sostener la política trumpista de “permanecer en México” hayan sido aprobadas por una corte de Texas y apoyadas el 21 de agosto pasado por la Suprema Corte de Justicia estadounidense, donde el ala conservadora tiene seis de los nueve jueces.
El gobierno de Biden apeló a las restricciones, pero está obligado a seguir la ley en vigencia.
No obstante, es probable que sea más fácil negociar con México y apoyar programas económicos y sociales en Centroamérica que cambiar la situación en EEUU. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 35)
Hasta antes de la aparición de la pandemia, la frontera entre nuestro país y Estados Unidos era la más transitada del mundo. El Covid 19 provocó su cierre, mismo que duró aproximadamente 20 meses, derivado de la decisión tomada en el ocaso del gobierno del presidente Donald Trump, el 21 de marzo del 2020.
La restricción de cruces terrestres excluía aquellos relacionados con las actividades económicas esenciales, por razones médicas o de educación. La restricción no aplicó a los viajes aéreos, por ferrocarril de carga o aquellos emprendidos por mar.
Los esfuerzos realizados por distintos actores, principalmente el avance en la vacunación de las comunidades fronterizas mexicanas encabezado por la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, traen consigo la reapertura de la frontera a partir del próximo 8 de noviembre, siendo indispensable demostrar el haber sido vacunado para conseguir el ingreso.
La relación y dinámica que se vive en la frontera son profundas e intensas. Las interacciones sociales, comerciales y económicas definen la vida de las familias fronterizas. Cerca de 3 mil kilómetros unen a los dos países, 48 condados en los Estados Unidos colindan con 94 municipios en nuestro país. Los estados colindantes del lado mexicano son Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; del lado estadounidense Texas, Nuevo México, Arizona y California.
Las afectaciones directas del cierre de la frontera se concentran en la economía local estadounidense, que dejó de recibir el ingreso de las personas que solían cruzar la frontera de manera regular. En contraparte, la no restricción para que ciudadanos estadounidenses ingresaran a nuestro país durante el periodo en cuestión, no sólo permitió que la economía de los municipios fronterizos no vieran disminuidos sus ingresos, sino que además se vio beneficiada por el consumo local que los mexicanos solían realizar en el país vecino. Es decir, los que solían ir a Estados Unidos para surtirse de mercancías se vieron obligados a consumir en los negocios locales; los giros mayormente beneficiados fueron la ropa, el calzado, la tecnología y los combustibles.
La relación entre ambos países resulta fundamental y estratégica. Nuestro país se ha consolidado como el primer socio comercial de Estados Unidos; durante los primeros meses de este año, nuestras exportaciones al vecino del norte alcanzaron los 218 mil millones de dólares, por arriba de las provenientes de Canadá y China. Con esta reapertura, México inicia un nuevo capítulo en un contexto enormemente complicado, marcado por la migración de miles de centroamericanos que buscan alcanzar los Estados Unidos atravesando nuestro territorio. Se prevé que las entidades federativas mexicanas mayormente beneficiadas con esta determinación, por el incremento en el consumo proyectado y el número de cruces, serán Tamaulipas y Baja California; sin embargo, a todas luces, el mayor beneficio lo recibirán las unidades económicas de Mc Allen, El Paso y Laredo, por el gran número de mexicanos que por vía terrestre cruzarán la frontera para reiniciar su consumo. (David E. León Romero, La Razón, México, p. 10)
En México todo cambió en tres años para los migrantes centroamericanos y caribeños que buscan alcanzar Estados Unidos.
El país que les ofreció un campamento en el estadio Jesús Martínez ‘Palillo’ de la Magdalena Mixiuhca, en la CDMX, con cobijas, agua, alimentos calientes y hasta una serenata, ahora, en 2021 registra escenas opuestas: los migrantes que buscan seguir la ruta de 2018 son agredidos a patadas, jalones e insultos.
El paraíso del 18, con todo y los ‘ángeles’ que alegaban su derecho de tránsito y presumían al mundo el trato ejemplar que se les daba, se convirtió en un infierno, en el que también aquellos seres comprensivos y solidarios se transformaron en una especie de ‘demonios’ que justifican esos abusos y hasta condenan a las personas que se atreven a pasar ilegalmente la frontera mexicana.
El sábado, 24 HORAS reveló que el Gobierno de México adjudicó entre 2020 y 2021, de manera directa, dos contratos a Magnicharters con un tope máximo de 420 millones de pesos para repatriar a los migrantes. Una medida que se toma en la frontera México-EU cuando después de varios días de caminata, grupos de centroamericanos han sobrevivido a la sed, al hambre, a la delincuencia organizada y a los abusos de algunos agentes del Instituto Nacional de Migración.
¿Qué pasó en tres años? ¿Cómo se transforma así de pronto el paraíso en donde hasta música te llevan, en un infierno en donde tus derechos se esfumaron?
La respuesta se resume en dos premisas: 1) No es lo mismo ser oposición que gobernar; y 2) Solo era propaganda.
Ahora, aquellos que con el apapacho a los migrantes, con música y baile incluidos dieron imágenes a los traficantes de personas para convencer a sus clientes de que no todo es tan malo al cruzar el territorio mexicano, ya son Gobierno, y enfrentan la molestia y las demandas de Estados Unidos… Hasta elementos de la Guardia Nacional para contener el flujo migratorio se destinaron.
#LoboSapiens
La carrera por Puebla
Las tomas de protesta de Eduardo Rivera Pérez, como alcalde de la capital poblana, y de Ignacio Mier Bañuelos, de Tecamachalco, convocaron a una parte de la élite política a ese estado, este fin de semana. Hay que ponerle lupa a esas dos administraciones de aquí al 2024.
Con Rivera Pérez, en la ciudad de Puebla estuvo el gobernador, el morenista Luis Miguel Barbosa quien auguró para su administración en el municipio “tres años de progreso”; además estuvieron el ex presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala; y los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Josefina Vázquez Mota, Nancy de la Sierra, Alejandro Armenta y Miguel Ángel Mancera.
A Tecamachalco acudieron: el coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier Velasco, padre del ahora presidente municipal, a quien le dedicaron el grito, “¡gobernador, gobernador!”; también los mandatarios entrante y saliente de Sinaloa, Rubén Rocha y Quirino Ordaz; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, y el coordinador del Partido Verde en San Lázaro, Carlos Puente… ¡Aaarrrraaancannn!. (Alberto González, 24 Horas, p. 5)
Durante la administración federal de Enrique Peña Nieto fue muy marcado el que los viajeros mexicanos que salían al extranjero, con necesidad de cambiar pesos a moneda extranjera, se enfrentaban a una serie de “candados” que en muchos casos resultaba molesto, como el no poder cambiar más de 9 mil dólares en casas de cambio, además de dar toda clase de información para poder hacer la compra.
Se dice, esas acciones tenían como fin evitar el lavado de dinero en este país y, según la Unidad de Inteligencia Financiera, nada más de 2016 a 2020 se lavó en México / billón de pesos por diversas vías, lo que ha provocado una serie de investigaciones, cuyo resultado no se ha dado a conocer aún, pero sí que más de 17 m il cuentas, tanto de la delincuencia organizada como “de otros”, de los que se presume algo pero no tienen nada claro en su contra.
Lo cierto es que hoy, cualquiera puede cambiar pesos a dólares o viceversa, sin que sea señalado o investigado, la pregunta es: ¿ qué no es esta una forma fácil de lavar dinero?, peor aún, cuando se quiera investigar a alguien, pues será un tanto difícil porque no habrá registro de compradores y vendedores de divisas, aunque existe la “posibilidad” de que se fabriquen culpables para “comprobar” esos millones de pesos que salen y entran a México a través de las casas de cambio, principalmente las que se encuentran en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Esos, querido lector, son “los cambios” que se han dado durante la presente administración y que no se dan a conocer, pero la facilidad para comprar y vender divisas se convierte en un arma de doble filo para la seguridad de nuestro país. Esta flexibilidad denota un interés mezquino hacia el hampa que opera en México, donde solo se pone contra la pared “a unos cuantos” mientras que a los que tienen que ser detenidos, les dan todas las facilidades para que sigan ”trabajando en México” pese a la inseguridad y violencia que ya se recrudece en todo el país…
JÓVENES, “CARNE DE CAÑÓN” PARA MANIPULACIÓN PO LÍTICA
Y lo que es la “incongruencia”. Por un lado, no se pide NADA para comprar o vender divisas en casas de cambio, dando pie a que los delincuentes “que parecen ser cuates de los de arriba “, por otro lado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pretende “marcar a los jóvenes mexicanos” cuando estos, a partir de los 18 años se vean obligados a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes.
Dicha “propuesta” ha provocado gran malestar, calificándola de “terrorismo físcal”, pues con esta pretenden cinchar a quienes o no han terminado la escuela o simplemente no tienen aún un trabajo formal que les obligue a pagar impuestos y, pese a que aseguran no se les obligará a pagar impuestos en tanto no inicien su vida laboral, sí quieren tenerlos en “sus bases de datos” para que no se les escapen y, en su momento, tenerlos “bajo control” para los fines de manipulación económica de los mexicanos.
Por su parte, el SAT asegura que la propuesta no obligará a los jóvenes a hacer declaraciones o pagar impuestos si no trabajan, pero que al final, los jóvenes deben tener un RFC para tramitar su cédula profesional, y si obtuvieran una beca, requerirán de una cuenta bancaria, que igual requiere de un RFC y más aún, cuando los padres depositan a los chicos para su mesada, también necesitan una cuenta bancaria, pero sabemos de varios testimonios que, efectivamente, muchos jóvenes que radican en otros estados o países por sus estudios, reciben en una tarjeta dinero de sus padres, pero muchos de estos han sido afectados con el bloqueo de sus cuentas porque, se les figuró a las autoridades que podían estar involucrados en algunos ilícitos.
O sea, al final, si lo que buscan es ¡controlar.’ a los jóvenes, para en un momento dado, las autoridades manipularlos a su antojo y ponerlos contra la pared, quedando invalidada aquella idea de que “los jóvenes son el futuro de México” cuando en realidad “serán el futuro de un partido político”, de ahí preguntar: qué futuro pueden tener nuestros hijos, cuando cumplan 18 años en M éxico? De verdad esperamos no llegar al punto de tener que “esconder a nuestros jóvenes” para evitar sean “carne de cañón política y electoral” para satisfacer la voracidad de unos cuantos. Pero hay un “pretexto”: el evitar robo de identidad, ya que las factureras utilizan como “pantalla” a jóvenes o a adultos mayores como prestanombres y que figuren como socios o representantes de las empresas…
TRAICIONAN A MEXICANOS DESEMPLEADOS, CONTRATANDO MANO DE OBRA “BARATA”, PERO EXTRANJERA
Y, para terminar, resulta un acto de traición contra los mexicanos, el que se les esté otorgando CURP a los inmigrantes, sobre todo haitianos, pues es un pretexto para mantenerlos a favor de un partido político, pero más que eso, querido lector, para que estos, que utilizan a nuestro país “de paso” para dirigirse hacia Estados Unidos, puedan “encontrar trabajo” cuando millones de mexicanos se encuentran en la misma situación que estos inmigrantes ¡desempleados! El pretexto es “contratarlos como mano de obra barata”, cuando ya de por sí a los mexicanos se les paga una miseria cuando apenas los toman como “obreros” y, peor aún, que los utilizan un tiempo para luego despedirlos sin remuneración alguna.
Ese, sí es un acto de traición. Contratar extranjeros porque les pagan “menos que a un mexicano”, robando, literalmente, la oportunidad para los connacionales a quienes, por cierto, “prometieron” sacar de la miseria cuando, en realidad, los habrán de sumir más en ella para poder “tener el control de sus vidas”. Ni en Estados Unidos, querido lector, donde los indocumentados consiguen trabajo, les pagan tan poco como aquí en México y ¿los traicionan dando trabajo a haitianos a quienes ya tienen hasta su CURP? Creemos esa sí es una verdadera burla para quienes creen que “de verdad” su vida cambiará “pronto”. Qué lástima, pero no cabe duda de que al mexicano, al pobre, al que menos tiene, sí lo consideran “un idiota” a quien “mantienen con una bolsita de arroz”, mientras a otros, les dan todas las facilidades. Qué pena de verdad, pero esa, querido lector, sí es una ¡verdadera traición!… (Karina A. Rocha Priego, Unomásuno, p. 5)