Un día después de que el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, había sido llamado de “emergencia” a una reunión en Washington con su contraparte, el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, ocurrió un hecho pocas veces visto en la historia reciente del país: agentes armados de la Secretaría de Marina tomaron posesión de las oficinas de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), hasta donde los marinos llegaron sorpresivamente el pasado jueves 30 de septiembre, para controlar no sólo el edificio del organismo de la Secretaría de Salud, sino también para destituir a varios funcionarios en posiciones clave y nombrar en su lugar a militares que asumieron las funciones de la dependencia sanitaria.
La toma militar de la institución civil, que tomó por sorpresa a los trabajadores y directivos de la Cofepris, incluyendo su titular Alejandro Svarch Pérez, obedeció a una orden directa de la Presidencia de la República, luego de que el fiscal Gertz Manero notificara de la exigencia directa del fiscal Garland de Estados Unidos, para que el gobierno de México controlara los permisos para la importación de fentanilo que estaba otorgando la comisión sanitaria. Y es que, en sus oficinas de la Fiscalía en Washington, Garland le mostró al fiscal mexicano una investigación de la DEA que documentaba la existencia de una banda que estaba fabricando pastillas de fentanilo en México y que las distribuía en Estados Unidos, y las pruebas de que parte del químico utilizado en la elaboración de esa droga letal había sido adquirido por los narcotraficantes a través de permisos oficiales de la Cofepris.
A partir del informe del fiscal Gertz, que acusaba la existencia de una red de corrupción en la Cofepris, a través de la cual se estaban dando permisos de importación de fentanilo que luego terminaba en manos del crimen organizado, el presidente López Obrador ordenó que la Secretaría de Marina tomara el control físico del edificio y que se hiciera una limpia profunda en los principales cargos de la institución, permitiendo que incluso en algunas áreas clave, que tienen que ver con la revisión y otorgamiento de permisos de importación de sustancias, se nombrara a funcionarios de la Marina.
Desde ese jueves 30 de septiembre, cualquier trabajador, directivo o visitante que desee entrar a las instalaciones de la Cofepris, ubicadas en la colonia Nápoles frente al edificio del World Trade Center, tiene que pasar por los filtros de revisión donde hay marinos armados con armas largas que revisan cuidadosamente todos los ingresos. También las bases de datos y padrones de empresas y particulares que tienen permisos para la instalación de sustancias como el fentanilo, que se utiliza legalmente en la industria farmacéutica, fueron puestas a disposición de las áreas de inteligencia de la Semar que revisa detalladamente a todos los involucrados en el manejo e importación de esta sustancia.
La limpia y los cambios en la Cofepris comenzaron un par de días antes de la toma militar de la Cofepris con el nombramiento de Bertha Alcalde Luján como titular de la Comisión de Operación Sanitaria; en tanto que Hermilo Domínguez Zárate fue designado al frente de la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos. Esos dos nombramientos, anunciados el martes 28 de septiembre, significaron la remoción de funcionarios vinculados al subsecretario Hugo López-Gatell y fueron la primera parte de la sacudida que continuaría con la destitución de la directora de la Comisión de Autorización Sanitaria, América Azucena Orellana Sotelo, otra cercana al subsecretario, en cuyo lugar fue designado el pasado 7 de octubre el médico Natan Enrique Ríos.
La llamada urgente del fiscal de Estados Unidos, Merrick Garland, al fiscal mexicano Gertz Manero se produjo el 28 de septiembre pasado, en donde le pedía que viajara de inmediato a Washington, luego de que un día antes, el 27 de septiembre, la DEA lanzara una “Alerta Nacional de Salud Pública” por la circulación en los 50 estados de la Unión Americana de pastillas falsas con fentanilo, producido mayoritariamente en México a partir de precursores químicos importados de China, algunos de contrabando ilegal, pero otros incluso con permisos oficiales otorgados por la Cofepris.
Esta fue la primera “Alerta Nacional de Salud Pública” emitida por la agencia antidrogas estadounidense en 6 años y tuvo que ver primero con la detección de estas pastillas de fentanilo altamente adictivas que se vendían con etiquetas de medicinas fabricadas en México, y segundo con el alarmante incremento en el número de muertos que se registran todos los días en Estados Unidos a causa de una sobredosis que, de acuerdo con el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) es de 255 cada 24 horas.
Las pruebas que le mostraron a Gertz en la oficina del fiscal estadunidense, sobre presuntos actos de corrupción en la Cofepris en el otorgamiento de permisos para importación de fentanilo desde China, junto con la exigencia de que el gobierno mexicano actuara de inmediato para frenar ese tema, fue lo que motivó la toma militarizada de la Cofepris, que todavía hoy, si bien es dirigida por civiles, sigue bajo el control y la supervisión de la Marina, sobre todo en los temas que tienen que ver con el otorgamiento de permisos para la importación de precursores químicos.
Eso, junto con los compromisos adquiridos en Migración, para que México siga aceptando la aplicación del polémico Capítulo 42 y la reedición de facto del “Remain in México”, aceptando recibir a todos los migrantes indocumentados que soliciten asilo en los Estados Unidos, explica en parte por qué los recientes apapachos que la Casa Blanca le ha concedido al gobierno de López Obrador, primero con la apertura de la frontera común a partir del 8 de noviembre, después de año y medio que permaneció cerrada, y el lunes pasado con la visita del enviado de Joe Biden para el Cambio Climático, John Kerry, que vino a elogiar el programa “Sembrando Vida” del gobierno lopezobradorista y a ofrecer apoyo para implementarlo en Centroamérica.
Nada es nunca gratis en la relación con Estados Unidos y, si se tienen que militarizar las instituciones civiles, está claro que López Obrador lo hará sin ningún problema, como ya lo hizo en muchos otros casos y ahora con la Cofepris. El problema es que los marinos podrán controlar la importación legal de fentanilo, pero no han podido evitar, y se ve difícil que lo logren, que sigan entrando toneladas de contrabando ilegal de fentanilo y otros precursores químicos utilizados por los cárteles mexicanos para la producción de drogas que son enviadas a Estados Unidos y distribuidas también en México. Ese contrabando ilegal continúa en los puertos mexicanos, principalmente Manzanillo y Lázaro Cárdenas, con todo y que a la Secretaría de Marina el Presidente ya le entregó también la administración de las aduanas marítimas. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p.9)
El actual gobierno mexicano planteó primero al presidente Donald Trump y después a Joe Biden, la necesidad de realizar programas de desarrollo económico en los países centroamericanos para retener a la población que actualmente emigra.
Trump ignoró la propuesta, pero Biden la asimiló decidiendo destinar más de 600 millones de dólares a la asistencia de Guatemala, Honduras y El Salvador. Asimismo pidió al Congreso de su país la autorización por 861 millones de dólares en el año fiscal 2022 para iguales propósitos.
Dice un comunicado del presidente Biden al presidente López Obrador: “Espero trabajar con usted para ampliar nuestra cooperación, específicamente aumentando la inversión en el sur de México y el norte de Centroamérica (…), como lo discutió la vicepresidenta Harris con usted, abordar las causas fundamentales de la migración es una de las principales prioridades de nuestra administración”.
La migración es un fenómeno derivado de las deplorables condiciones socioeconómicas, además de otras perversidades asociadas como son el narcotráfico y la inseguridad.
Un ejemplo patético es el de cientos de migrantes que hacen fila en Tapachula, Chiapas, para presentar solicitudes de refugio.
De enero a septiembre de este año se registraron 90,000 solicitudes mientras que en el mismo periodo del año anterior fueron 27,000. Del total de peticiones de este año, 26,000 son de haitianos, el resto centroamericanos, cubanos y venezolanos.
La cuestión es grave porque México sólo puede absorber a una parte de su población que anualmente se incorpora a la población económicamente activa. Otra parte queda sobreviviendo en el subempleo o la dependencia familiar. Esto plantea la imposibilidad de ofrecer empleo a la población que ha emigrado a nuestro país con la esperanza de irse a Estados Unidos (EU). Sólo puede ofrecer un refugio temporal y limitado.
México también tiene su propia problemática con sus migrantes que se han ido a EU y que explica una población de 38 millones de personas de origen mexicano en aquella nación.
El migrante mexicano sufre persecución policiaca, miedo, inseguridad. La alternativa de regresar no es opción apetecible porque aquí no hay condiciones ocupacionales favorables.
Pero además hay una política de repatriación en EU que este año se ha endurecido. Hubo 149,000 deportados de origen mexicano de enero a agosto y se espera que para todo el año se presente la mayor ola de repatriaciones de la última década.
Si sumamos a los repatriados mexicanos con la estancia en México de inmigrantes estaremos hablando de una población flotante adicional de 230,000 personas cuya demanda diaria mínima es de desayuno, comida y cena. Los albergues existentes están saturados.
La cuestión migratoria es de muy difícil solución porque los países expulsores de población no han tenido, hasta ahora, la forma de retenerla. Y el país receptor, EU está contagiado de una ola racista que evita que surja una reforma migratoria.
El racismo es la pasión humana más baja, la más cruel y antiestética. Resulta notable el ejemplo que ofrece el gobernador de Texas, que tiene 2,000 millones de dólares para llevar a cabo una política antiinmigrante.
En el mundo, el único operativo eficaz para resolver los problemas migratorios. particularmente de población proveniente de los países árabes y africanos es la Unión Europea, que mediante una canalización de recursos a Turquía, este país recibe a los migrantes legales para después canalizarlos a los países de la Unión Europea según sus capacidades. Esto ha significado una disminución importante de los flujos migratorios hacia Europa. (Sergio Mota Marín, Economista, Opinión, p.7 )
México y Estados Unidos siguen instalados en un tren de acuerdos, como ayer lo señalamos en este espacio, y una noticia que se conoció ha venido a refrendarlo. Y es que resulta que México recuperó la certificación del camarón (garantizando la protección de la tortuga) con lo que se reactiva la exportación del producto al país vecino. Para que se diera esta decisión, nos cuentan, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a cargo de Víctor Villalobos, debió detonar y mantener una negociación relevante con su contraparte en EU, la cual se vio reforzada por el trabajo de otras dependencias como la Secretaría de Marina, del almirante Rafael Ojeda, la de Relaciones Exteriores, de Marcelo Ebrard, la de Economía, de Tatiana Clouthier, la de Medio Ambiente, a cargo de María Luisa Albores, por conducto de la Procuraduría de Protección al Ambiente. Nos dicen que también fue central el rol que desempeñó el embajador de México en EU. Por lo pronto, los arreglos permitirán un beneficio para más de 63 mil pescadores mexicanos y sus familias. (La Razón, La 2, p.2)
¿Y Mancera cuándo? // Francia investiga a Iberdrola // Esperando la reapertura de la frontera
Esperando la reapertura
Tijuana tiene la fama de ser la garita más grande del mundo. Millones de personas se movilizan vía terrestre entre Estados Unidos y México cada año, en ambos sentidos. Para los viajeros que usan avión, hay un paso de paga, su nombre es CBX, que por unos dólares te llevan del aeropuerto de Tijuana a Otay, del lado estadunidense. Está anunciado que abrirá el 8 de noviembre, aunque todavía no tiene todos los detalles sobre los requisitos, aparte de pasaporte, visa y vacunación completa. Esa es la buena noticia. La mala es que los pasaportes que expide la Secretaría de Relaciones Exteriores subirán de precio a partir del primer día de enero. El de 10 años aumentará a 3 mil 506 pesos, el de seis años a mil 988, el de tres años a mil 471 pesos, en tanto, que el de un año costará 754 pesos. (Enrique Galván Ochoa, La Jornada, Política, p.6)
Trump: invadir militarmente a México // DEA, Ovidio, LeBarón // Declarar terroristas a cárteles // Otro apuro para García Luna
A principios de noviembre de 2019, según lo que ahora reporta The New York Times, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionaba a miembros de su equipo de trabajo para organizar acciones militares invasivas a México.
Tenía el antecedente inmediato del deplorable asesinato de nueve miembros de las familias LeBarón, en un lugar de confluencia entre Sonora y Chihuahua, el 4 de noviembre de ese año. Eran tres mujeres adultas y seis menores de edad, mexicanos a la vez que estadunidenses, por lo cual Washington consideró tener derecho a enviar fuerzas militares a México para combatir y castigar a los narcotraficantes acusados de ejecutar esa masacre.
Las operaciones en México tendrían como referente a Afganistán y Pakistán, donde se rastreó y asesinó a personas clasificadas por Estados Unidos como terroristas. Luego del asesinato de los miembros de la familia LeBarón, Trump llamó al presidente mexicano para ofrecer ayuda directa, lo que diplomáticamente fue rechazado.
El habitante de la Casa Blanca llegó a tuitear que si México necesita o solicita ayuda para limpiar estos monstruos, Estados Unidos está listo, dispuesto y capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva, conminando a declarar la GUERRA (mayúsculas en los tuits correspondientes) a los cárteles locales.
Más adelante, Trump coqueteó con la idea de declarar terroristas a los grupos mexicanos del crimen organizado, lo cual, a su descontrolado entender, le facultaría para intervenir directamente en el país vecino. Algunos miembros de la familia LeBarón apoyaron la posibilidad de esa declaratoria de terrorismo (Astillero: Cárteles terroristas/ Coartada para EU https://bit.ly/3n2QQDi). Ayer mismo, Adrián LeBarón, al conocer el reporte del NYT sobre la pretensión gringa de entrar a México militarmente, declaró que sería benéfico para México aceptar ayuda extranjera.
Dieciocho días atrás, el 17 de octubre del mismo 2019, se había producido lo que luego se conoció como el Culiacanazo o el Jueves Negro. El cumplimiento de una orden de aprehensión, solicitada por Estados Unidos con fines de extradición, pudo haber provocado una explosión de violencia que según los cálculos del propio Presidente de México habría significado unas 200 muertes, entre familiares de militares y civiles.
Y un mes antes del Culiacanazo, la reconocida revista Ríodoce publicaba una nota de Marcos Vizcarra sobre la discreta e insólita visita a la capital sinaloense de Uttam Dhillon, director interino de la agencia estadunidense para el control de drogas, la DEA, a invitación del gobernador Quirino Ordaz (propuesto ahora para embajador en España).
El propósito, se dijo, era mostrar a Dhillon datos de la disminución de homicidios y otros delitos en Sinaloa y explicarle las estrategias utilizadas en ese propósito. En esa sesión estuvieron los mandos locales de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, y de la Guardia Nacional (Astillero: Culiacán: jugar con fuego // Un mes atrás: la DEA https://bit.ly/2Z86up2./
Una secuencia en poco tiempo: solicitud de extradición de Ovidio Guzmán, visita de la DEA a Culiacán, detención y liberación del citado hijo de El Chapo, más el terrible ataque mortal a los LeBarón, con el entonces presidente de Estados Unidos explorando la posibilidad de enviar 250 mil soldados a la frontera con México, para frenar la migración, e incluso de entrar a territorio mexicano para ajusticiar narcotraficantes; propósitos, ambos, de los que se desistió ante los reparos de algunos de sus funcionarios y asesores. Todo ello fue en 2019, uno de los años en que México ha estado en peligro a causa del imperio vecino.
Y, mientras en un juzgado de Estados Unidos se ha declarado culpable de narcotráfico Iván Reyes Arzate, quien fue mando de la Policía Federal y parte importante del equipo de Genaro García Luna durante el calderonismo, ¡hasta mañana! (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p.8)
El paradigma internacional siempre es susceptible al cambio dependiendo de las tendencias que imperan en las naciones, sobre todo las más influyentes. El caso de Estados Unidos es un gran ejemplo de ello. En la medida en la que la Gestión Trump se enfocó en una postura que llamó patriótica, pero era discriminadora y xenófoba, varios otros países se beneficiaron de mantener posturas más conservadoras. Ahora, la Administración Biden está trabajando intensamente en revertir el impacto que tuvo la política nacionalista que llevó a Estados Unidos a salir de varios acuerdos y organismos internacionales y retomar una posición de liderazgo que busca unificar en lugar de dividir o segregar.
La semana en que se reunió la Asamblea General de la ONU, Biden aseguró que la unidad es la única manera de avanzan en contra de los males que aquejan al mundo en la actualidad. Con una frase icónica para nuestros tiempos “Las bombas y las balas no defienden del COVID-19 ni de sus futuras variantes [ni del cambio climático]. Para combatir esta pandemia necesitamos una acción colectiva de la ciencia y la voluntad política”. Con esta postura –además de su compromiso por no usar la fuerza y buscar la cooperación internacional–, refleja de manera práctica algo que en la realidad es mejor, pero bastante más complejo, unión.
Como siempre ha manifestado la ONU, las naciones deben trabajar juntas para atender los asuntos urgentes que se presentan y esta vuelta a la cooperación de parte de Estados Unidos sigue concretándose, no solo con el regreso de ese país a los Acuerdos de París, que estarán por revisarse y actualizarse en la COP 26 a finales de mes en Glassgow. Biden y su equipo siguen demostrando esta firme intención de actuar por la paz, a través de la cooperación y no de las armas. El regreso de Estados Unidos al Consejo de Derechos Humanos dejó constancia de ello, y en las palabras del Secretario de Estado Antony Blinken “Estados Unidos debe sentarse a la mesa y desempeñar en toda su extensión su papel de punta de lanza en la diplomacia”.
Este hecho es alentador frente a un pasado que ha sido cuestionable en términos de derechos humanos, con grandes crímenes y violaciones a estos como los casos de Guantánamo, Abu Ghraib e incluso el trato que se les da a las personas migrantes y las terribles imágenes de niñas y niños migrantes separados de sus familias y hacinados en supuestos refugios. La salida de Afganistán es otro botón de muestra sobre como la administración estadounidense esta fortaleciendo su política exterior de “diplomacia implacable” y marcando el punto de inflexión sobre la inercia que la gestión anterior había generado.
Discurso y hechos dan vuelta a la hoja y se refuerza la postura de que el futuro colectivo impera. Esta nueva cara de la política exterior es alentadora. Esperemos que pongan por delante, en todos los aspectos, la defensa y promoción de los derechos humanos, impulsándolos hacia el mundo entero. (Claudia Corichi, El Sol de México, Análisis, p.15)
El presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard recibieron el lunes pasado al enviado especial para el clima del gobierno estadunidense, John Kerry. Durante la visita, que transcurrió en un tono de franca cordialidad, el ex secretario de Estado tuvo la oportunidad de conocer de primera mano el funcionamiento e impacto del programa Sembrando Vida, con el cual el gobierno de México impulsa simultáneamente la reforestación de amplias franjas del territorio nacional, el bienestar de las familias beneficiadas, la producción de alimentos y un nuevo enfoque del fenómeno migratorio dirigido a sus causas. Respecto a este proyecto y a la posibilidad de extenderlo a las naciones centroamericanas expulsoras de migrantes, Kerry expresó que no toca solamente el tema de la reforestación, es un programa que se concentra en el pueblo, en la vida de la gente, en el trabajo, en la posibilidad de quedarse donde usted vive, la posibilidad de estar conectado con la tierra como parte de su futuro.
Quien también fuera candidato presidencial demócrata fue más allá en el estrechamiento de lazos que ha marcado los meses recientes de la relación bilateral, al apuntar que el presidente López Obrador se concentra en erradicar la corrupción y asegurarse de que la gente realmente reciba la respuesta directa y la ayuda correcta; así que, en nombre del presidente Biden, les quiero decir que ustedes pueden contar con nosotros.
La parte mexicana se mostró igualmente comprometida en trabajar por los objetivos comunes, comenzando por lanzar un trabajo conjunto en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Escocia, del 1º al 12 de noviembre. Asimismo, según informó el canciller, se acordó acelerar las contribuciones que podríamos hacer para reducir las emisiones de gas metano y cumplir con todas las metas que nos hemos propuesto en reducción de gases de efecto invernadero, además de analizar nuevas iniciativas para el desarrollo de la economía verde.
En conjunto, las declaraciones y los acuerdos surgidos del encuentro desmontan la falacia de que el gobierno federal carece de política en materia ambiental o que impulsa una agenda antiambientalista. En el entorno de las oposiciones política y mediática se han generado falsedades, distorsiones y medias verdades para colocar esa idea en la opinión pública, pese a que el Plan Nacional de Desarrollo publicado el 12 de julio de 2019 ya establecía el impulso del desarrollo sostenible como un insoslayable mandato ético que guía los programas centrales de la Cuarta Transformación.
Se diga lo que se diga, lo cierto es que el gobierno mexicano se ha colocado en el bando de la lucha global contra el cambio climático por medio de Sembrando Vida, pero también con la rehabilitación de plantas hidroeléctricas y la construcción de proyectos de energía fotovoltaica, como el más grande de su tipo en América Latina que se desarrolla en Puerto Peñasco, Sonora.
En suma, el del lunes fue un encuentro fructífero de cara a la urgente tarea de contrarrestar el cambio climático y asegurar el futuro de las próximas generaciones, pero además dejó claras repercusiones de política interna al exhibir la sinrazón del discurso opositor pretendidamente ecologista y neutralizar un argumento usado para invocar el injerencismo en los asuntos internos del país. (La Jornada, Editorial, p.2)
Durante la segunda mitad del siglo XX mexicano, los empresarios del crimen organizado fueron ganando un lugar significativo en la economía del país, en la estructura administrativa del Estado y también en la sociedad. No se trató sólo de un fenómeno local, sino de uno con alcances globales, y que, visto en esa magnitud, ha merecido la categoría de crimen organizado trasnacional.
Los empresarios del crimen organizado manejan una diversidad de negocios que incluye venta de armas, secuestro, extorsión, trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico de recursos naturales, lavado de dinero, tráfico de drogas y una veintena más de delitos. Para realizar todos estos negocios es necesaria una amplia y compleja red de corrupción que abarca diferentes estructuras del aparato de Estado y redes bancarias y empresariales. La información que ha salido a la luz con los Panama Papers y los Pandora Papers es apenas un esbozo del problema que protagonizan élites políticas, empresarios y figuras del espectáculo.
La estrategia militarista y de combate adoptada por el gobierno de Felipe Calderón en 2006, significó expandir una cruenta guerra a todo el territorio mexicano y a todos los sectores sociales. Con la guerra no sólo vino la tragedia y el dolor para millones de familias, sino también vinieron las ganancias para el empresariado criminal: incorporaron a jóvenes empobrecidos a la industria criminal y creció el negocio de las armas ilegales, miles de campesinos abandonaron la siembra de sus cultivos tradicionales y empezaron a sembrar mariguana y amapola, esto a la par de que el mercado de drogas exigía más mercancías y el dinero continuaba lavándose para incrementar las ganancias de las burguesías trasnacionales.
La llegada de un nuevo gobierno en 2018 a México abrió la esperanza en muchos para que esta situación cambiara. Sin embargo, a pesar de la aplicación de algunas medidas de inteligencia financiera y de anticorrupción, tanto los empresarios del crimen organizado como los escenarios y situaciones de guerra han continuado extendiéndose con sus asesinatos, sus desplazamientos y sus desapariciones forzadas. Lo que sucede hoy en Chiapas es prueba de ello, pero también pasa en Guerrero, Michoacán, Sonora, Guanajuato…
La expansión del empresariado criminal encontró en el corrimiento de las fronteras un incentivo para fortalecer su presencia en Chiapas: al volverse México un país de contención de personas migrantes, Chiapas, el estado por el que ingresan al día miles de personas en su camino hacia Estados Unidos, se volvió un punto clave para la trata de personas.
El cártel Jalisco nueva generación, el cártel del Golfo y el cártel de Sinaloa, los tres grupos que, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, tienen presencia en Chiapas, encontraron importantes aliados en cárteles locales y grupos de poder de la región amparados por partidos políticos y estructuras oficiales de gobierno. Asimismo, los empresarios del crimen organizado hallaron un terreno fértil para intereses en un estado en que el Ejército Mexicano financió, entrenó y dio armas a grupos paramilitares para combatir y cercar la rebelión zapatista y a comunidades solidarias y en resistencia. A estos grupos paramilitares se suman otros como la Orcao, grupo que con toda impunidad secuestra, incendia casas y dispara contra comunidades bases de apoyo zapatistas. La violencia narcoparamilitar hoy parece ser la continuación de la misma guerra del pasado, pero reforzada con nuevos actores.
Esta enredada amalgama entre empresarios legales e ilegales y aparato de Estado, que ha estado presente en todo el país y que hoy tiene a Chiapas al borde de la guerra civil, se combina con otros elementos como la crisis de las estructuras reales y formales de gobierno, los actos represivos que ha cometido el gobierno de Rutilio Escandón, así como la adelantada disputa por la gubernatura del estado hacia 2024.
A este complicado escenario hay que sumar que Chiapas es uno de los estados con mayor presencia de efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional, lo que no se ha traducido en la disminución del crimen organizado, sino todo lo contrario: los empresarios criminales hoy son capaces de enviar a sus ejércitos de jóvenes precarizados y explotados a desfilar disparando al aire en ciudades como San Cristóbal de las Casas, exhibiendo así su capacidad de movilización y poder de fuego.
Militarización, paramilitarización, crimen organizado, represión, impunidad y complicidad son algunos de los problemas que tienen a Chiapas al borde de la guerra. Mientras, los pueblos y sus organizaciones hoy intensifican sus procesos para sobrevivir como personas, como pueblos y como organizaciones, llegando al punto incluso de organizar grupos de autodefensa: su vida está en riesgo y no dudarán en defenderla ante el abandono cómplice de los gobiernos.
Chiapas está al borde de la guerra y ojalá, como cantaba Mercedes Sosa, no nos sea indiferente. (Raúl Romero*, La Jornada, Opinión, p.24)