Opinión Migración 261021
A la Sombra
Dicen los que saben que el fin de semana, tanto el canciller Marcelo Ebrard, como el secretario de Gobernación ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, preocupados, cruzaron llamadas para ponerse de acuerdo en el manejo que se le dará a la caravana de migrantes que entró por la frontera sur y que se puso como destino la Ciudad de México. No quieren violencia, justo a dos semanas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador viaje a la ONU a hablar, justamente, de protección de migrantes.
Por lo pronto organizaciones, redes y colectivos de México y Centroamérica lanzaron la campaña #ProtecciónNoContención, llamando al Estado mexicano – en particular al Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN)— a poner fin a lo ellas denominan “represión, contención y deportación de personas con necesidades de protección” y anticipan que las violaciones a los derechos de las personas migrantes se denunciarán ante la CIDH hoy en la audiencia “Protección de personas en movilidad humana en Estados Unidos, México y Norte de Centroamérica”. Nuestro país estará en el centro de las denuncias. (A la Sombra, El Sol de México, p. 2)
La Gran Carpa
Globos
El programa Héroes Paisanos del Instituto Nacional de Migración fue destacado con el reconocimiento de prácticas de Transparencia Proactiva 2021. Este programa permite disminuir asimetrías y facilita a las personas migrantes mexicanas optimizar la toma de decisiones y mejorar el acceso a trámites y servicios durante su entrada, tránsito o salida del país. Es la quinta ocasión consecutiva que se hace acreedor del reconocimiento. (La Gran Carpa, El Economista, El foro, p. 62)
César Montes, una vida en peligro
César Montes es una leyenda viva. Durante 36 años guerreó con las armas en la mano. Se enfrentó a los kaibiles en su natal Guatemala, combatió a la contra nicaragüense en apoyo al sandinismo y, haciéndose pasar por un médico mexicano, peleó en la revolución salvadoreña en Guazapa, en las filas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Sin embargo, el 9 de octubre de 2020, sufrió un duro golpe: autoridades mexicanas lo entregaron a las autoridades judiciales guatemaltecas, que lo acusan de un delito que no cometió.
César Montes es el nombre con que Julio César Macías Mayora ha vivido desde que nació en la guerrilla guatemalteca a inicios de la década de 1960. De 79 años de edad, orgulloso hijo de padre mexicano, maestro de primaria, estudiante de medicina en Cuba –donde conoció personalmente al Che Guevara–, escritor y poeta, fue fundador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ejército Guerrillero de los Pobres.
Su trayectoria es sorprendente. Participó en las protestas de mayo de 1968 en Francia. En Vietnam, al lado del Viet Cong, luchó contra los invasores estadunidenses. Allí conoció a Ho Chi Minh y recibió lecciones de la forma en la que un país pobre de campesinos, derrotaba a la potencia militar más grande del planeta. En 1970, trabajó con Rafael Mendoza, como educador higiénico, en la jurisdicción sanitaria de Toluca. Fue promotor agropecuario en Tlaxcala, con Carlota Botey, y participante en el Sistema Alimentario Mexicano (SAM). Organizó redes de cooperativas de calzado en México. Los últimos años de su vida los ha dedicado a organizar en Guatemala movimientos campesinos y populares desde la Fundación Turcios Lima.
Montes fue acusado en su natal Guatemala, sin prueba alguna, del asesinato de tres marinos en septiembre de 2019. Los decesos acaecieron en un enfrentamiento entre uniformados y campesinos en la aldea Semuy II, municipio de El Estor, en el que resultaron heridos varios labriegos. Ese día, Montes se encontraba a centenares de kilómetros del lugar de los hechos. Meses después, en abril de 2020, se le imputó organizar la invasión de tierras e incendiar el casco de una hacienda, a pesar de que ya no estaba en su país.
En medio de una verdadera cacería en su contra, el comandante solicitó refugio político en México el 9 de noviembre de 2019. La Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) no rechazó la petición. El Fondo de Cultura Económica lo contrató para que escribiera una nueva versión de su autobiografía y le facilitó un espacio para trabajar.
Once meses después, el 9 de octubre, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Marina lo detuvieron. De nada le valió su condición de refugiado. Cuando él argumentó que estaba protegido por la 4T, el agente le respondió: Yo soy policía. Eso es política. La 4T me vale… Fue trasladado vía aérea a Tapachula y entregado, sin proceso de extradición, a las autoridades judiciales de su país. Hoy, es un preso político.
Personaje de luces y sombras como muchos guerrilleros de la época, Montes es muy crítico de los acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto armado en Guatemala.
Desde su punto de vista, con los acuerdos no se cambió el sistema político electoral. Y lo que emergió fue un sistema de partidos corrupto donde narcos, empresarios y trasnacionales financian las campañas. En Guatemala, denuncia, la narcopolítica ha establecido sus reales.
La detención de Montes levantó una ola de júbilo en el mundo empresarial guatemalteco que apoyó a los gobiernos militares. Entusiasmadas, las organizaciones patronales felicitaron por el arresto al presidente Alejandro Giammatei. Ahora, además, lo acusan de organizar a los ex soldados que trataron de tomar la Cámara de Diputados para presionar al mandatario guatemalteco, y amenazan con otro juicio.
Aunque tras las rejas la vida de César Montes corre peligro, él no pierde el optimismo. “No se puede encarcelar a un alma libre como la mía, ni podrán amedrentarme –escribió–; ellos me temen aun estando en la cárcel. No es por mí mismo, es porque encarno el espíritu de rebelión de los pueblos, es por el respaldo organizativo de miles de pobres de la tierra”. (Luis Hernández Navarro, La Jornada, Opinión, p. 23)
Recuento de los daños // México, prisión migratoria de EU
Génese salió de Haití en 2017 y vivió cuatro años en Chile. En el verano inició su camino al norte. Desde julio está en México con su hija de tres años, chilena de nacimiento.
Hoy viven en un albergue de Ciudad de México, donde esperan la resolución a su solicitud de refugio. Génese se siente atrapada.
“Es bonito, pero como una prisión”, me dice al explicar que solo le permiten salir dos horas al día. Afuera teme que la detengan y la deporten.
Ella es una de los 26 mil 7 haitianos que han solicitado refugio en México en lo que va de 2021. Pero solo 3 mil 216 han sido resueltos y nada más a mil 417 se les otorgó la protección.
Los haitianos, centroamericanos, cubanos, migrantes de El Congo y de otras nacionalidades son obligados a esperar dentro de albergues o en la ciudad en la que iniciaron algún trámite de protección migratoria, la mayoría en Tapachula, Chiapas.
De lo contrario, serán devueltos a los países de los que vienen huyendo. Así, México se ha convertido en la prisión migratoria de Estados Unidos.
Al gobierno de Joe Biden le conviene que México le haga el trabajo sucio. Los republicanos ya utilizan el caos fronterizo como propaganda contra la administración demócrata.
Con el pretexto de la pandemia de covid-19, bajo el Título 42, Estados Unidos ha devuelto a miles de migrantes a México y lo seguirá haciendo. Aunque una Corte ordenó detener esas expulsiones, ya viene la reinstalación del “Permanece en México” para el cual nuestro país ya puso sus condiciones y, si se cumplen, a mediados de noviembre comenzarán a regresar a México a los solicitantes de asilo mientras sus juicios se resuelven.
Así se acumularán los migrantes que Estados Unidos regresa al norte, los que a diario entran por el sur y los que esperan en algún lugar de México por el permiso, protección o refugio solicitados.
Como los migrantes se están cansando de esperar, el fin de semana iniciaron una caravana desde Chiapas. ¿México acelerará los procesos para evitar que se sientan prisioneros? ¿O bajo qué condiciones y por cuánto tiempo estará dispuesto a seguir siendo la prisión migratoria de Estados Unidos? (Alejandro Domínguez, Milenio Diario, Al frente, p. 3)
Pepe Grillo
Otro portazo
La nueva caravana migrante avanza a jaloneos hacia la CDMX. Sus coordinadores adelantaron que aprovecharán la plataforma mediática de la capital del país para hacer una serie de denuncias.
Mientras preparan sus acusaciones, recibieron la noticia de que el gobierno de Joe Biden no piensa dejarlos pasar.
De modo que se repetirá la historia: los migrantes que logren llegar a la frontera se estrellarán con la Border Patrol y entonces el problema será para México que sigue en los hechos pagando todos los días los platos rotos, sin ningún tipo de beneficio que se conozca,
Estados Unidos se limita a cerrar la puerta y le dice a México: arréglate como puedas y en esas andamos, haciendo lo que se puede. (La Crónica de Hoy, Nacional, p. 9)
Quebradero // Quieren hacerse visibles
La caravana migrante que viene de Tapachula a la CDMX es una protesta cargada de desesperación.
A lo largo de meses los migrantes, mayoritariamente haitianos, han buscado encontrar la manera en que pueda definirse su estatus. Han pasado por muchas vejaciones porque las autoridades mexicanas han instrumentado acciones en las que en más de alguna ocasión ha prevalecido una singular aplicación de la “contención” que se ha “pedido” desde EU.
Algo tenían que hacer los migrantes, no se pueden quedar congelados en el tiempo en Tapachula. La situación interna en la ciudad es cada vez más tensa el gran número de migrantes que ha llegado le ha cambiado la dinámica; la convivencia se ha hecho por momentos imposible.
Todo esto ha provocado confrontaciones internas en que se ha ido perdiendo inevitablemente el espíritu solidario que distingue a Tapachula. La ciudad está saturada y la convivencia es cada vez más complicada entre los más de 400 mil habitantes de la ciudad chiapaneca.
Desde hace varias semanas alertamos sobre la posibilidad de que los migrantes rompieran los retenes para dirigirse a la capital del país con el objetivo de que resolvieran sus problemas bajo la idea de que quizá alguien en Palacio Nacional los atendiera. Los forcejeos de ayer en las carreteras son prueba de que los migrantes ya no están dispuestos a esperar.
Quién sabe si sean recibidos, pero el hecho de que cientos de ellos hayan salido de Tapachula buscando hacer visibles a los invisibles ha sido un gran paso, hecho que debiera obligar al gobierno a mirar de otra manera el tema, suponemos, que en EU debieran hacer acuse de recibo.
Si bien México es parte central del fenómeno es claro que es un asunto multilateral que incluye a toda la región; sin embargo, mientras EU no tenga una reforma migratoria todo seguirá empantanado sin que se resuelva nada, como se ha visto hasta ahora.
El gobierno está haciendo el trabajo sucio lo cual es cuestionable en más de un sentido, a lo que se suma que su papel es reactivo más que activo. Para resolver al menos parte del asunto se requiere que EU decida qué hacer con las miles de solicitudes de asilo, lo cual no se vislumbra.
El tema tiene atrapados a sus legisladores, porque por más buena voluntad que puedan tener algunos de ellos el asunto está estancado. Barack Obama por más promesas que hizo no lo destrabó. Donald Trump le dio largas en medio del silencio de Peña Nieto y tiempo después de López Obrador.
En tanto que la enjundia que en campaña y en los primeros meses de su gobierno mostró Joe Biden está entrando en una muy inquietante desaceleración, la cual tiene que ver con una confrontación interna, cargada de altas dosis de racismo.
Cada vez hay más indicios de un agotamiento y división entre los migrantes. Las organizaciones de ayuda están preocupadas porque no hay indicios sobre cuál puede terminar por ser el destino de los migrantes. No se ve futuro y muchos de ellos seguramente serán deportados para regresar de nuevo a sus lugares de origen los cuales son otra de sus pesadillas.
Alejandro Solalinde le dijo ayer a La Razón que ve en la caravana “mano negra” y un plan de EU contra el gobierno a pocos días de que López Obrador vaya a la ONU, “buscan exhibirlo como represor”.
No vemos elementos de esta naturaleza en la caravana sin pasar el uso político que se le pueda dar. El hecho es que los migrantes están hartos, los tienen “contenidos” y no ven solución alguna; con todo lo que se puede interpretar al final decidieron hacerse visibles. (Javier Solórzano, La Razón, La dos, p.2)
Duda razonable // La caravana y las muchas que vienen
En algo nunca visto, el jueves pasado el gobierno estadunidense publicó una serie de informes de varias de sus agencias, incluyendo uno de la Casa Blanca, en donde analizan y advierten de las consecuencias del cambio climático en la migración y la seguridad nacional de Estados Unidos, así como otras consecuencias en la política y estabilidad internacional.
Es la primera vez que el Departamento de Seguridad Nacional y de Defensa, el Consejo de Seguridad Nacional y el director de Inteligencia Nacional comunican de manera conjunta los riesgos que prevén.
No es un panorama halagador. En los próximos 25 años podríamos ver el desplazamiento de 150 millones de personas debido al cambio climático en América Latina, el sur de Asia y África subsahariana. Olas no vistas de calor, sequías, mayor intensidad de tormentas y huracanes, y sus consecuencias económicas pondrán a varias zonas del mundo en crisis, provocando inestabilidad política y posible violencia, dicen los reportes hechos públicos.
Aunque los documentos hacen análisis y proyecciones para los próximos 30 años, también señalan, como es obvio, que los problemas ya están aquí.
No en la magnitud que se esperan, pero aquí están.
El número récord de migrantes detenidos en la frontera entre México y EU en los últimos 12 meses es una probadita de lo que viene. Los análisis y reportes señalan con claridad a los países centroamericanos y algunos del caribe como de los más afectados en el mundo, y esos ciudadanos buscarán seguir viajando al norte.
El documento de la Casa Blanca señala rutas y planes para intentar mitigar, primero, el cambio climático en sí mismo, después sus efectos y, tercero, el de los desplazamientos y migraciones masivas. Y recomienda “establecer un proceso de política interinstitucional permanente sobre cambio climático y migración, para coordinar los esfuerzos del gobierno de EU para mitigar y responder a la migración resultante de los impactos del cambio climático, que reúna a representantes de los elementos científicos, de desarrollo, humanitarios, de democracia y derechos humanos, y de paz y seguridad del gobierno de EU”.
Pocos detalles, no sabemos cuánto dinero. Por lo pronto, una nueva caravana… y las que faltan. (Carlos Puig, Milenio Diario, Al frente, p. 2)
Desde afuera // Migración, problema creciente
Paso a paso, kilómetro a kilómetro, el avance de una caravana de migrantes centroamericanos desde el sur de México y rumbo al norte, es seguido por los medios de prensa estadounidenses como reflejo del brutal debate que rodea su llegada y la presencia de solicitantes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos.
El tema es un choque fundamental en la conciencia estadounidense, respecto al país que es y el que quieren ser. Y ese debate tiene resonancia en México. En Estados Unidos, algunos desean una mayor apertura, pero también una mejor formulación en cuanto a llegadas.
Ese es, en parte, el origen de los problemas del presidente Joe Biden, que envió confusos mensajes al principio de su gobierno y ahora enfrenta la insatisfacción de aliados y adversarios.
Por conveniencia política o por convicciones cercanas a la xenofobia y al racismo, un sector de la población estadounidense suele culpar a los migrantes de todos los problemas que enfrenta su sociedad.
Los republicanos han sido hace décadas los abogados de un mayor control migratorio y eso los ha llevado a vincularse, e incluso, buscar el voto y la asociación con grupos supremacistas y neonazis.
No son los únicos, por cierto. En Europa se ven las mismas tendencias en varias naciones, incluso algunas que a su vez fueron antes emisoras de migrantes; en varios países asiáticos se han visto sentimientos similares y el continente americano no es la excepción: en Chile, un candidato presidencial de derecha propone cavar fosos en las fronteras.
México no es ajeno al problema, ni como emisor, ni como receptor, ni como punto de paso. Su situación es más compleja por su vecindad con EEUU, imán para una buena parte de los migrantes del mundo y en especial para latinoamericanos.
En ese sentido, el trato a las caravanas y a los migrantes ya acampados o apilados en la frontera con Estados Unidos es un foco de atención. Una bienvenida abierta es negativa y ayuda a los argumentos de quienes favorecen medidas de fuerza, como la construcción de un muro en la frontera.
Pero un cierre y un trato hostil resultaría en un choque con grupos que han sido tradicionalmente aliados de México en la defensa de sus migrantes en EEUU, amén del contraste en la forma en que los mexicanos se ven a sí mismos, la realidad de las odiseas y su impacto en la relación con otros países latinoamericanos.
Las complicación es tanto mayor por el rejuego de los grupos interesados en México, donde hay amparos y medidas cautelares para asegurar el respeto a los derechos humanos de los participantes de las caravanas.
El problema es que los factores ecológicos y económicos que empujan a los migrantes de Centroamérica –en especial–, pero también del Caribe, no se reducirán, sino más bien aumentarán en el futuro previsible. Eso obliga a una respuesta coordinada de los gobiernos de EEUU y México, más allá de los intereses político-partidistas del momento. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 35)
Rompecabezas // Un negocio redondo: la migración
Por décadas, la migración ha sido parte de la realidad de México, tanto como país expulsor como receptor. Cómo olvidar aquel Programa Bracero, durante la Segunda Guerra Mundial, o como refugio de españoles, judíos, sudamericanos y un sinfín de personas que también visualizaron a nuestro país como un lugar para ser libres y alcanzar sus sueños.
Estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) revelan que en 2020 había en el mundo más de 281 millones de migrantes internacionales, es decir, 3.6% de la población mundial.
Contrario a lo que pensamos, no es América del Norte (Estados Unidos y, en menor medida, Canadá) la mayor receptora de migrantes, el primer sitio lo ocupan Europa y Asia, que acogen a seis de cada diez migrantes internacionales.
Pero, ¿por qué la migración es un negocio? Seamos claros, desde las remesas que envían a sus lugares de origen, la mano de obra barata en los países de acogida, así como las grandes ganancias que representa el tráfico de personas, es un tema bastante controversial, pero, sobre todo, ríspido.
Tan sólo en 2020, las remesas que ingresaron a México sumaron 40,607 millones de dólares, 11.4% más que en 2019. ¿Acaso algún gobierno en su sano juicio impediría tan jugoso negocio que supera el presupuesto de tres de sus secretarías más importantes? O en países como El Salvador, donde este ingreso representó 23% de su Producto Interno Bruto, de acuerdo a datos de esa nación, sin contar las remesas a decenas de países alrededor del mundo que expulsan migrantes.
Aunque el beneficio no sólo es para países expulsores de migrantes irregulares como el nuestro, también lo es para los receptores, por ejemplo: pagan impuestos en todos los servicios y productos que consumen, pero no reciben ningún beneficio social a cambio.
Sin embargo, no sólo los gobiernos se benefician con este fenómeno, su campo de acción e influencia es tan alto, que, lamentablemente, el crimen organizado también recibe su tajada. La trata de personas es en México el tercer negocio ilegal más lucrativo, sólo después del tráfico de drogas y armas.
Un coyote o pollero puede ganar por cruzar sólo a una persona a Estados Unidos de 15 a 20 mil dólares, a lo que se debe descontar los sobornos que se dan a autoridades mexicanas o estadunidenses, que oscilan entre los 500 y dos mil dólares o más.
Con todo eso, ¿no le queda duda del negocio redondo que representa la migración?
Para reducir las cifras de la migración irregular y sus riesgos, no sólo se necesita de voluntad política o ganas de hacer las cosas bien; se requiere que los países expulsores brinden la certidumbre a sus ciudadanos de que quedarse es una opción viable con oportunidades de desarrollo y seguridad.
Mientras sigan existiendo brechas salariales tan profundas, la migración no cesará. México es el ejemplo más claro de esta disparidad: en nuestro país, el salario promedio diario es de 141.70 pesos por día, prácticamente el sueldo mínimo de un trabajador en Estados Unidos, pero por hora. (Kimberli Armengol Jensen, Excélsior, Global, p. 25)
¿Habrá instituciones para la migración?
Las caravanas y crecientes flujos migratorios que se observan tanto en nuestra región, como en otras partes del mundo, derivados de la expansión de la violencia, la pobreza, el cambio climático o la inseguridad alimentaria, nos obligarán a repensar las alternativas multilaterales para promover el crecimiento económico global incluyente o, cuando menos, condiciones mínimas de bienestar en sociedades tradicionalmente excluidas del desarrollo, a fin de mantener a miles de personas en sus lugares de origen.
Lo paradójico es que el cambio de criterios no vendrá de la visión propositiva enarbolada desde la Organización de las Naciones Unidas, la cual naufragó primero hace varios años con el incumplimiento de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, y ahora carece de la suficiente voluntad política de sus integrantes para garantizar el alcance de las metas planteadas en el marco de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Nada de qué extrañarse, pues la falta de cooperación entre gobiernos se encuentra muy en sintonía con lo acontecido en otros acuerdos relevantes, como el de París, a pesar de que la emergencia climática provoca cada vez mayores estragos alrededor del mundo.
Todo apunta a que el cambio de criterios en la asistencia internacional, para contener los múltiples flujos migratorios, habrá de surgir entonces desde la aspiración de sobrevivencia política de los jefes de gobierno de las principales economías globales, así como del interés de darle viabilidad de largo plazo a su agenda programática frente a la animadversión ciudadana.
Basta tomar como ejemplo el del presidente estadunidense Joe Biden, quien desde que tomara posesión del cargo en el arranque del presente año, no ha conseguido recuperar una aprobación ciudadana mayoritaria hacia su trabajo.
De acuerdo con la encuestadora Gallup, al inicio de su gobierno, seis de cada diez estadunidenses concedían una evaluación aprobatoria de su gestión. En contraste, casi ocho meses después —octubre de 2021—, tan sólo cuatro de ellas sostienen esa calificación positiva. En todo este tiempo, su popularidad ha crecido una sola vez y por debajo del margen de error, mostrando una caída de 15 puntos en términos porcentuales a lo largo del periodo. Los especialistas la atribuyen, en gran medida, a que no se le percibe con la política pública adecuada para contener la inmigración masiva e irregular que pelea por acceder a los beneficios esperados del “sueño americano”.
Al presidente Biden en poco le ayuda la narrativa heredada de su predecesor, Donald Trump, en el sentido de que la inmigración constituye una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos. Relato que tras cuatro años de insistencia no sólo encontró eco en grandes segmentos de votantes a lo largo y ancho del territorio, sino que mantiene su amplificación discursiva en varios gobernadores y legisladores republicanos, especialmente los que representan a los estados de su frontera sur.
Como tampoco ayuda, al mismo mandatario, las oleadas de migrantes que están traduciéndose en récords de detención por parte del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza estadunidense. Hace unos cuantos días esta institución difundió que realizó más de 1.7 millones de detenciones en el último año, principalmente provenientes de Honduras, Guatemala, El Salvador, Haití, Venezuela y, muy a nuestro pesar, México. Magnitud migratoria que, en los hechos, fortalece la postura de los sectores más reaccionarios de la Unión Americana.
Debemos reconocer además que estos desafíos no son exclusivos de Estados Unidos. Europa, de manera reciente, ha estado al borde de una crisis migratoria y de refugiados; al igual que otras naciones de América Latina, como Chile, Colombia y México se han visto sobrepasadas en sus capacidades institucionales para disuadir o asimilar a los grupos multitudinarios de personas provenientes de los países más vulnerables de la región. El último ejemplo de ello es la caravana de alrededor de 3 mil personas centroamericanas y haitianas que actualmente se encuentran en la caminata de Tapachula a la Ciudad de México, con la demanda de regularizar su situación en nuestro país. Ello sin olvidar los distintos campamentos que persisten asentados en ciudades de nuestra frontera norte.
El fenómeno muestra que la estrategia de la contención migratoria es una aspirina para la epidemia de violencia e incertidumbre que se vive en un alto número de localidades.
Primero, porque existe una opinión pública en los países de tránsito cada vez más adversa a la migración, lo cual favorece la instrumentación de políticas punitivas. Segundo, porque el destino final de estas personas sigue siendo los países desarrollados, con un entorno aún más crítico hacia ellas.
Por ello se entiende el cambio de criterios al que apelaba al inicio de la columna. Éste se orienta hacia la inversión humanitaria en las comunidades expulsoras. No en balde Estados Unidos plantea en su estrategia temporal de seguridad nacional una cuantiosa transferencia de recursos a los países centroamericanos. Aquí la pregunta es si esta región cuenta con las instituciones para operar esos recursos e impulsar finalmente el bienestar de sus comunidades. (Maximiliano Cortázar, Excélsior, Nacional, p. 15)
Café Político / Disputa por la Nación: ¿radicales 1-0?
Notas en remolino
La balanza de la justicia ha funcionado en la Suprema Corte de Justicia que ha declarado inconstitucionalidad la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, fraude fiscal y uso de facturas falsas. Un hasta aquí a los abusos de la figura de “delincuencia organizada” … Seremos prudentes, ha dicho el canciller Marcelo Ebrard, al hablar sobre las caravanas de migrantes que marchan desde Chiapas… Ahora prohíbe Estados Unidos la entrada de cebolla del estado de Chihuahua. Así poco a poco los intereses norteamericanos presionan y presionan fuerte… No importa que diga Fonatur, no todos los amparos contra trabajos de la obra del Tren Maya son por intereses de los “adversarios” … Me entero del fallecimiento del gran periodista Ángel Trinidad Ferreira, de quien recibí generosa atención en momentos decisivos. Queda sólo aquello de Alberto Cortez: “…cuando un amigo se va, queda un espacio vacío…” Descanse en paz… (José Fonseca, El Economista, Política y Sociedad, p. 55)
Puentes y cruces // La relación con Canadá: una prioridad de México
El día de hoy comienzo una visita de trabajo a Canadá. Después de un largo periodo de restricciones por la pandemia, y tras la más reciente victoria del primer ministro Justin Trudeau, el viaje de trabajo representa la importancia que tiene Canadá para nuestra política exterior.
La visita da continuidad al diálogo con nuestros amigos y socios canadienses, tras la llamada entre el presidente López Obrador y el primer ministro Trudeau, el pasado 7 de octubre. Y busca, asimismo, abonar a las relaciones trilaterales hacia la configuración de una nueva agenda norteamericana. Fortalecer las cadenas de valor en el marco del T-MEC y tras el paso del SARS-CoV-2 es un objetivo estratégico de México. De manera complementaria, la 17 Reunión Anual de la Alianza México-Canadá será la oportunidad para enfatizar algunos temas claves de la agenda bilateral con Canadá.
Por ejemplo, encontrar mecanismos para fortalecer la perspectiva de género en las acciones de cada uno de los ocho grupos de trabajo que forman parte de la alianza, desde el medio ambiente hasta la innovación de nuestras economías.
Otro punto de coincidencia entre ambos gobiernos son nuestros esfuerzos de reconciliación con los pueblos indígenas, incluyendo la petición de perdón por agravios pasados y el restablecimiento de tierras. Destacan los esfuerzos de nuestra red consular para acercar los servicios consulares a 25 lenguas indígenas, una buena experiencia para compartir con las autoridades canadienses. Tras una intensa agenda en Ottawa, la visita de trabajo incluye una serie de reuniones en Montreal y en Quebec. Además, por supuesto, de una visita a la embajada de México en Canadá y al Consulado General de México en Montreal, encabezadas por nuestros embajadores del Servicio Exterior Mexicano, Juan José Gómez Camacho y Alejandro Estivill. Gracias a su formidable trabajo, estoy convencido que la visita será un éxito para la relación entre México y Canadá.
En otro tema de gran importancia, ayer los directores generales del Servicio Exterior Mexicano y de Recursos Humanos, Moisés Poblanno, y de Servicios Consulares, Jaime Vázquez Bracho, así como el autor de este texto, acompañamos al canciller Ebrard al anuncio de un nuevo plan de atención a nuestras comunidades en Norteamérica. Destacaría la implementación de jornadas extraordinarias sabatinas y dominicales; presencia de más consulados móviles y sobre ruedas; un aumento de 22% en la emisión de pasaportes en comparación con las cifras de 2019 y más de 1.5 millones de citas atendidas en lo que va del año.
Además de estos avances, ayer anunciamos una estrategia de mejora muy puntual. Buscaremos contar con nuevos consulados de México, tanto en Nueva Jersey como en la Ciudad de Oklahoma. Tendremos más consulados móviles en poblaciones geográficamente remotas, como Hawái y Alaska.
Hemos reconfigurado las circunscripciones, los límites de atención de cada consulado, a fin de distribuir las cargas de trabajo de manera más equitativa y brindar mejor atención a nuestros paisanos. Y también ofreceremos un aumento de 10%, en promedio, a las percepciones de los prestadores de servicios profesionales independientes. Son resultados muy claros que reflejan nuestro compromiso, instruido por el presidente López Obrador y el canciller Ebrard, con nuestros connacionales en el exterior.
Esta nueva estrategia de atención consular es integral, pues pone sobre la mesa mejoras desde ángulos distintos.
Las comunidades más remotas recibirán atención con mayor periodicidad. En los casos de Oklahoma y Nueva Jersey, plantearemos abrir nuevos consulados para las crecientes comunidades que ahí residen. Los recursos con que contamos también los utilizaremos de la mejor manera, con la redistribución de las cargas de trabajo a partir de la nueva configuración de las circunscripciones consulares. Y reconocemos el valor de nuestros prestadores de servicios profesionales independientes, a través de un alza salarial significativa. Por supuesto, reconozco y agradezco a los embajadores de México en Estados Unidos y Canadá, Esteban Moctezuma y Juan José Gómez Camacho, a las y los titulares de nuestros consulados y a la Dirección General de Servicios Consulares por su compromiso para poner en marcha este nuevo plan de la Secretaría de Relaciones Exteriores. (Roberto Velasco Álvarez, Excélsior, Nacional, p. 18)
Periodistas y defensores de derechos humanos
El mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas se creó en 2012 como una medida extraordinaria ante la falta de atención de la autoridad, de las omisiones de las fiscalías y el incremento de las agresiones contra estos sectores de la población.
Al inicio de la actual administración, se encontraban incorporadas al Mecanismo 798 personas, a la fecha están registradas 1,506 personas (827 hombres y 679 mujeres), lo que representa un incremento superior al 88%. De éstas, 495 son periodistas y 1,011 personas defensoras, quienes se concentran en 10 entidades federativas: Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.
De 2018 a septiembre de 2021 han sido asesinadas 96 personas defensoras de derechos humanos, 2 de ellos incorporados al Mecanismo y 47 periodistas; de los cuales 7 estaban incorporados. En el caso de defensoras solo se han emitido dos sentencias, es decir, existe 99% de impunidad; en el caso de periodistas, existen solo 5 sentencias con una impunidad del 89.37%, lo que envía un mensaje de impunidad a los agresores. A ello se suma la combinación entre corrupción e impunidad; el incumplimiento de las obligaciones de los estados y municipios en la materia, así como la intolerancia y la falta de cultura política sobre la labor periodística y de personas defensoras de derechos humanos.
Seis entidades concentran 67% de los homicidios a personas defensoras de derechos humanos (63): Guerrero (21), Oaxaca (14), Chihuahua (8), Chiapas (8), Veracruz (8) y Michoacán (8). Las entidades que concentran el 61% (29) de los homicidios de periodistas son: Sonora (8), Guerrero (5), Veracruz (5), Michoacán (4), Estado de México (3) y Oaxaca (3).
El perfil de los agresores está vinculado principalmente a servidores públicos municipales en el 43% de los casos, seguido de la delincuencia organizada con 33.5%. El crimen organizado ha permeado en los gobiernos municipales y estatales lo que ha incrementado los riesgos de las labores de defensa de derechos humanos, principalmente en la defensa del territorio y el medio ambiente, así como la labor periodística.
Ante la falta de respuesta de las autoridades locales, el mecanismo se ha vuelto un espacio de primer contacto. El 85% de las medidas otorgadas por el mecanismo recaen en el presupuesto federal. Es importante mencionar que algunos gobiernos locales no solo no quieren asumir su responsabilidad, sino que además son parte del problema.
El mecanismo no tiene dentro de sus atribuciones implementar directamente acciones de prevención del delito, no investiga delitos ni le corresponde abatir la impunidad. Tampoco cuenta con atribuciones para erradicar la violencia en las entidades federativas.
La política de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas debe de ser una política de Estado, que involucre a las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Una política de coordinación interinstitucional para implementar acciones que logren disminuir las agresiones que en su mayoría provienen de autoridades municipales, en muchos casos en complicidad con el crimen organizado, quienes hoy son el principal factor de riesgo.
Es necesario establecer los marcos normativos en la materia a nivel federal y estatal; crear un Sistema Nacional de Prevención y Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; fortalecer el combate a la impunidad y garantizar el acceso a la justicia; estableciendo convenios de coordinación con las 32 entidades federativas para la prevención, atención y erradicación del fenómeno, enviando un mensaje contundente de cero tolerancia a los perpetradores de estos delitos.
En tanto no exista voluntad en los gobiernos locales, las fiscalías y los jueces, así como una cultura política democrática en los municipios, para combatir la impunidad, la corrupción y falta de justicia, la violencia que enfrentan estos sectores difícilmente podrá ser erradicada. (Alejandro Encinas, El Universal, Opinión, p. 20)
Cartón
Marcha Migrante
(Perujo, El Economista, El Foro, p. 63)
- Autor:
- Instituto Nacional de Migración
- Fecha de Publicación:
- 25/10/2021