Integrantes y ex militantes del PAN manifestaron ayer tener sospechas de que la caída del sistema electoral en 1988 fue producto de un “amasiato” entre ese partido y Carlos Salinas de Gortari, como declaró Manuel Bartlett, al recordar el constante ir y venir del entonces dirigente Luis H. Álvarez a las oficinas del candidato priísta, así como la molestia que ello generó en Manuel J. Clouthier, abanderado del blanquiazul.
La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, rechazó ayer comentar la afirmación de Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Entrevistada al concluir su comparecencia en el Senado, sólo respondió: “Como dijo Sicilia, el silencio también es respuesta”. No quiso añadir nada más sobre esa elección en la que contendieron su padre, Manuel de Jesús Clouthier y Cuauhtémoc Cárdenas.
En tanto, en entrevista aparte, el ex panista Jesús González Schmal declaró que tuvo sospechas sobre la existencia de ese acuerdo, sobre todo cuando se dio cuenta de que Álvarez estaba realizando componendas sin consultar al partido.
“Sabíamos que Álvarez, Carlos Castillo Peraza y otros se comunicaban continuamente y tenían juntas secretas con Salinas y Bartlett”, agregó el abogado, quien abandonó las filas del blanquiazul junto con otros militantes inconformes con el rumbo que había tomado bajo el mando del político chihuahuense. (Georgina Saldierna, Andrea Becerril y Víctor Ballinas, la Jornada, Ocho Columnas)
La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que la denuncia presentada por Emilio Lozoya Austin por la trama de sobornos en el caso Odebrecht se trató de un “acto espontáneo” por parte del ex director de Pemex, cuyos dichos calificó de “libres” y “voluntarios”.
El Ministerio Público de la Federación desestimó cualquier posibilidad de haber forzado a Lozoya a cambio de beneficios y también rechazó que, durante su detención en España y posterior trasladado a México, se le haya “sugerido” realizar el escrito en el que acusó de actos de corrupción a los ex presidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, así como a una decena más de actores políticos de primer nivel, como el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray y el ex candidato presidencial panista Ricardo Anaya, entre otros.
Durante la audiencia de vinculación a proceso de Jorge Luis Lavalle Maury, único detenido como consecuencia de la denuncia de Lozoya, uno de los agentes del Ministerio Público de la Federación encargado del caso defendió la denuncia del ex director de Pemex, cuestionada en su legalidad por la defensa del ex senador del PAN.
“Esa relatoría de Emilio Ricardo Lozoya Austin ingresa en forma de denuncia a través de una Oficialía de Partes de nuestra Fiscalía General de la República sin que para ello nosotros le hubiéramos requerido, sin que para ello nosotros le hubiéramos citado, sin que nosotros le hubiéramos sugerido hacerla, es decir, se trata de un acto espontáneo de comunicación de hechos que esta fiscalía ignoraba que iba a ser presentada. (José Antonio Belmont, Milenio, Ocho Columnas)
La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, está satisfecha con la Miscelánea Fiscal recién aprobada por el Congreso, la cual asegura que no es recaudatoria y no incluye incremento ni nuevos impuestos.
En entrevista para MILENIO plantea que, al contrario de lo que se ha dicho, traerá beneficios a las clases media y baja “porque lo que propusimos fue una simplificación administrativa”.
Sin embargo, durante la discusión legislativa se argumentó que impactaría en los ingresos de las organizaciones de la sociedad civil al limitarse las deducciones de los donativos que realizan las personas físicas, además de que se estaba agregando a la base de contribuyentes a jóvenes a partir de los 18 años por la fuerza. Ante dichas críticas, perfila aclaraciones:
¿Qué irregularidades detectaron en las donaciones de personas físicas que deducen de impuestos para establecer un límite?
Las empresas son las que donan más cantidad. El 84 por ciento de los donativos que reciben todas las donatarias y organizaciones sociales viene de personas morales, a eso hay que sumarle el 15 por ciento de personas físicas que aportan menos de 30 mil pesos. (Alejandro Domínguez, Milenio, P.p.)
De no aprobarse la reforma eléctrica, las tarifas de la luz subirán “peor que en España” al final del sexenio y “todos vamos a perder”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Si no se ordena el mercado eléctrico va a producirse un caos como en España y, a lo mejor, peor. Entonces, ¿para qué es la iniciativa? Para poner orden”, dijo en su conferencia matutina luego de agradecer al Congreso de la Unión la aprobación de la Ley de Ingresos 2022.
Reiteró que los contratos otorgados con anterioridad en materia de energía eléctrica no se cancelarán, pero se debe pensar en el futuro.
“Vamos a ordenar el mercado eléctrico, ya no es posible que, de manera irresponsable, se mantengan esos contratos porque vamos a perder todos, todos”, aseguró.
Los paliativos para mantener bajas las tarifas podrán seguir durante dos o tres años, pero después ya no, agregó. “¿Y hacia adelante? Quiebra por completo la Comisión Federal de Electricidad, se va a venir una situación gravísima; ¿por qué no ordenamos?”, señaló. (Isabel González, Excélsior, Ocho Columnas, Néstor Jiménez y Roberto Garduño, La Jornada, P.p.)
WASHINGTON.- Las emisiones de carbono de México podrían dispararse hasta en un 65 por ciento a la par de los costos de la electricidad si el País aprueba las reformas que otorgan al Estado un mayor control sobre el mercado eléctrico, alertó ayer el Departamento de Energía de Estados Unidos.
Según un informe del Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL, en inglés) los cambios a la Constitución propuestos por el Gobierno mexicano para otorgar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) una mayor participación en el mercado energético resultarían en un menor uso de parques solares y eólicos de México.
La NREL explicó que se aumentarían las emisiones de carbono entre un 26 y un 65 por ciento. Además, aumentarían los costos de generación de electricidad entre un 32 y un 54 por ciento.
“Estas reformas podrían potencialmente distorsionar el principio de despacho económico al aumentar los costos de producción y amenazar los compromisos de cambio climático del país a corto plazo”, señala un borrador del estudio al que tuvo acceso Bloomberg News. (Reforma Staff, Reforma, Ocho Columnas)
La CFE no sólo será un monopolio al tener el control de todo el mercado eléctrico, también se convertirá en un monopsonio al ser el único comprador de energía privada y el único vendedor a usuarios finales.
Montserrat Ramiro, ex comisionada de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), explicó que en un monopolio una sola empresa genera un bien o servicio, pero se convierte en monopsonio cuando es la única que puede comprar el producto.
Expuso que esto le permitirá a la CFE determinar el precio, a quiénes y bajo qué condiciones se compra.
“Esto es peligroso porque imagina que los empresarios de algún estado están ejerciendo algún tipo de presión política y se quejan continuamente del servicio, pues simple y sencillamente (CFE) podría decidir no venderles energía y prácticamente apagar a un estado o a una industria”, advirtió. (Diana Gante, Reforma, P.p.)
El gobierno federal prepara una nueva reducción de la carga fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex), al tiempo que en la práctica asume la garantía por la deuda de la petrolera, aseguró Octavio Romero Oropeza, director general de la empresa estatal en comparecencia con diputados.
El funcionario destacó que la reforma energética (del gobierno anterior) no cumplió con las expectativas que se buscaban, pues a siete años de su puesta en marcha, Pemex extrae nueve de cada 10 barriles que se producen en el país.
La petrolera estatal tiene una gran viabilidad, respondió Romero Oropeza al cuestionamiento de la situación financiera de la empresa, hecho por el diputado de Movimiento Ciudadano, Manuel Herrera, en la sesión que duró casi seis horas.
Explicó que para rescatar a Pemex, el gobierno federal decidió reducir la carga fiscal y hacerse cargo de las amortizaciones de la deuda de aquí en adelante, lo cual le dará fluidez en los próximos años. (Alejandro Alegría, La Jornada, P.p.)
La apuesta del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador por el sur-sureste del país ya se materializa en el sector de la construcción de esta región, particularmente en el estado de Tabasco.
Mientras a nivel nacional esta industria no se recupera de los efectos negativos del Covid-19 ni de la falta de recursos federales en el resto de México, las entidades de Tabasco, Oaxaca y Chiapas superaron los niveles prepandémicos y se encuentran en la cima de crecimiento en su valor de producción.
Una de las obras insignia de la actual administración federal es la Refinería Dos Bocas (inversión de casi 9,000 millones de dólares), cuyos recursos públicos destinados, más los estatales, se reflejan en el valor de construcción de Tabasco, que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ascendió a 15,818 millones de pesos en los primeros ocho meses de este año.
Dicha cifra significó para el estado ubicarse en tercer lugar nacional por monto de producción de este sector, detrás de Nuevo León (21,856 millones de pesos) y el Estado de México (19,707 millones). Es la primera vez, según la base de datos actualizada del Inegi, que ocupa el podio; por ejemplo, en el 2006 se posicionó en el escalón 13. (Rodrigo A. Rosales Contreras, El Economista, Ocho Columnas)
“Tenemos otros datos”, advirtieron académicos e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en respuesta a las declaraciones que hizo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que desde la administración de Carlos Salinas (1988- 1994) “se cooptó a académicos” que “se convirtieron en ideólogos del neoliberalismo”, dejando de abordar los grandes y graves problemas nacionales.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Jorge Cadena Roa, miembro del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, subrayó que el Presidente no ha sido bien informado sobre lo que hace la Universidad.
“La UNAM, todos los centros de investigación y otras universidades han publicado una gran cantidad de trabajos sobre el conjunto de problemas nacionales, se ha mantenido la atención en la pobreza, el agua, la discriminación y la democracia, entre otros, sin contar seminarios, congresos, conversatorios”, puntualizó. (Antonio López, El Universal, Ocho Columnas, A. Cruz, R. Garduño y N. Jiménez, La Jornada, P.p.)
Debido a que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue puesta al servicio del régimen neoliberal y se olvidaron los grandes problemas del país, la máxima casa de estudios debe reformarse, planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal consideró que una parte de la comunidad universitaria fue atrapada por ideología neoliberal, lo que la alejó de la realidad y de la sociedad mexicana.
Aseguró que aún con todos los cambios que se han llevado a cabo en los últimos tiempos en el periodo neoliberal, la UNAM es una gran universidad, y que no han podido destruirla por su gran formación social desde el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).
López Obrador expuso que la UNAM ha resistido los intentos privatizadores y de imponer cuotas para terminar con la gratuidad de la educación, como en 1999. (Francisco Nieto Paris Alejandro Salazar, El Heraldo de México, Ocho Columnas)
Zvi Tal, embajador de Israel en México descarta que Tomás Zerón y Andrés Roemer gocen de protección en su país y detalla además en qué etapa está cada caso.
En entrevista para EL UNIVERSAL, afirma que si bien Israel no tiene un tratado de extradición con México ello no es impedimento para realizar extradiciones con base en tratados internacionales.
¿La extradición de Tomás Zerón será posible? ¿En qué condición está el asunto?
El caso está siendo examinado por el Ministerio de Justicia, que es el que tiene la competencia en materia de extradiciones. Tiene un canal abierto con las autoridades mexicanas, para examinar el material y una vez que se revise, imagino que se presentará la solicitud de extradición y veremos cuál será la decisión del juez.
¿La solicitud formal de extradición no está aún?
No. Se tiene que revisar todo el expediente.
¿Tomás Zerón se encuentra en Israel con algún tipo de protección?
No, no tiene ninguna protección, pero tiene el derecho de estar en Israel hasta que exista un pronunciamiento sobre el caso. (Redacción, El Universal, P.p.)
Tomás Pliego Calvo ahora está al frente de Morena en la Ciudad de México. El diagnóstico sobre su partido da claridad sobre los errores que llevaron a esa organización política a perder la mitad de las alcaldías en los pasados comicios y asegura que el epicentro de los conflictos y las malas decisiones están en las dirigencias; en las bases no hay confusión, saben cuáles son las metas.
El dirigente no pone condiciones, se somete a una entrevista para dejar en claro que Morena tiene como obligación la continuidad de la tarea por la que se ganó la Presidencia de la República y anuncia una labor de saneamiento dentro de ese partido y una lucha frontal contra la derecha.
“Lo primero es reorganizarnos, irnos a la calle, dejar la burocracia y la grilla; tener todos tareas, tener todos metas, combatir ferozmente la desinformación que se está dando y que tuvo su impacto y su efecto en la elección de junio pasado”.
Al recapitular, reconoce que en esta capital su partido se quedó sin conducción, sin timón. (Miguel Ángel Velázquez, La Jornada, Contraportada)
Cuatro de los principales colaboradores de Javier Duarte en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefipan) de Veracruz fueron vinculados anoche a proceso por un presunto desvío de 2 mil millones de pesos del sector educativo en 2012.
Se trata de Tomás José Ruiz González y Fernando Charleston Hernández, ex Secretarios de Finanzas; Gabriel Deantes Ramos, ex subsecretario de Finanzas, y José Francisco Díaz Valenzuela, ex subdirector de Operación Financiera de la dependencia.
Francisco Enrique Manuel Negrete Márquez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Xalapa, Veracruz, procesó a los cuatro ex funcionarios por el delito de peculado y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, informaron fuentes del Poder Judicial de la Federación.
Este es hasta ahora el presunto desvío de mayor cuantía que la Fiscalía General de la República (FGR) ha llevado ante los tribunales contra ex colaboradores del ex Gobernador de Veracruz, preso en el Reclusorio Norte. (Abel Barajas, Reforma, P.p.)
Ayer se instaló el Grupo Especializado en la Prevención y Lucha contra la Corrupción (GEPLC) de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), cuya presidencia ocupa México.
Los secretarios de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, así como el auditor superior de la Federación, David Colmenares Páramo, y ministros encargados del combate a la corrupción en los países miembros de la Celac, señalaron que la cooperación regional es fundamental para concertar posiciones que hagan de América Latina y el Caribe un referente mundial en la lucha contra esta práctica.
El GEPLC tendrá como misión principal el análisis e intercambio de buenas prácticas, experiencias e información, así como promover y facilitar la concertación política regional y la colaboración entre los estados miembros, según un comunicado. Contará con representantes técnicos de cada nación y se reunirá periódicamente para cumplir los objetivos, compromisos y acuerdos, con estricto respeto a la soberanía de cada uno de los países.
Los representantes de los países aprobaron el primer programa de trabajo para 2022, enfocado en temas anticorrupción prioritarios para la región, como el fomento de la ética en el servicio público, la integridad empresarial, gobierno y datos abiertos, así como la protección a denunciantes y alertadores de la corrupción. Todo ello con perspectiva de género y de respeto a los derechos humanos. (Arturo Sánchez Jiménez. La Jornada, P.p.)
El 27 de agosto, cuando arrancó en Iztapalapa la venta de Gas Bienestar, el precio del cilindro de 20 kilos era de 400 pesos; ayer, en su arranque en la alcaldía Azcapotzalco (la segunda en implementar el servicio), ya era de 490, debido a los “precios internacionales”.
Cabe destacar que los precios máximos por kilogramo publicados para esta semana en la Ciudad de México por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) es de 25.03 pesos por kilo.
Es decir, un tanque de 20 kilos puede venderse máximo en 500 pesos con 60 centavos; con ello, el ahorro del Gas Bienestar respecto a este precio es de apenas 10 pesos con 60 centavos.
Lejos queda la letra de la cumbia del Gas Bienestar, que desde los megáfonos de los camiones de reparto reza: “Para que no gastes de más, para que puedas ahorrar, ya llegó el gas que sí puedes pagar”. (Armando Yeferson, 24 Horas, ocho Columnas)
Alrededor de 100 llamadas diarias realizan los capitalinos a la Unidad de Contacto con el Secretario (UCS), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con el fin de recibir apoyo sicológico o jurídico por problemas familiares, ya sea por haber padecido algún tipo de violencia o situación de otra índole.
La UCS es un área de la policía capitalina en la que los ciudadanos pueden ingresar denuncias, quejas y sugerencias que llegan hasta el titular de la SSC, Omar García Harfuch. Se busca ofrecer a las personas atención no sólo sicológica, sino jurídica y de trabajo social.
También hay una ventanilla única para la recepción de todo tipo de solicitudes.
Los usuarios que buscan atención comienzan el contacto a través de la aplicación de Mi Policía y, en ocasiones, no requieren apoyo para ninguna emergencia, sino “para ser escuchados”, dijo Adriana Muñoz, sicóloga de la UCS.
“Tenemos una gran necesidad de ser escuchados.
“En muchísimas ocasiones no hay ninguna emergencia, pero ellos [los usuarios] tienen esa necesidad de sentir que alguien no los va a enjuiciar, que no los va a señalar, a criticar, [que] los pueda escuchar. Además, logran la confianza de abrirse y contar la problemática que están manejando”, dijo. (Kevin Ruiz, El Universal, P.p.)
Inició la Sesión Pública del Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para elegir al nuevo presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México para el periodo del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2025.
Los dos contendientes son el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra Álvarez, y la magistrada Celia Marín.
Tras pasar la lista de asistencia, en la que 78 magistrados de 79 gritaron “presente” inició la votación de los magistrados presentes quienes pasarán en tres bloques distintos por orden alfabético.
El número de votos necesarios para declarar al nuevo presidente o presidenta es de 40 votos.
Concluido el proceso, se hará el conteo de los votos para determinar al ganador de la votación de este miércoles.
Terminada el conteo se hará la declaratoria formal del ganador, quien ejercerá el cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura locales, y el cual, deberá rendir la protesta de ley en la primera sesión de Pleno público a celebrarse en la primera semana hábil de 2022. (Jorge Almaquio Guerra, El Heraldo de México, P.p.)
De las 32 entidades del País, solamente tres de ellas podrían pagar su nómina con recursos tributarios propios, el resto depende de las transferencias federales para hacer frente a este compromiso, reveló Emilio Barriga, Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Al participar en las mesas del Parlamento Abierto para el Presupuesto 2022 dijo que existen entidades como Guerrero que dependen casi al 100 por ciento de los fondos que les envía la Federación.
“Solamente la Ciudad de México, Quinta Roo y Querétaro serían capaces de financiar su nómina o su capítulo de gasto de servicios personales utilizando sus ingresos tributarios. Por el contrario, existen nueve entidades federativas que son el extremo y cuyos gastos en servicios personales superan más de siete veces lo que recaudan ingresos tributarios”, detalló.
Esta presión sobre las finanzas públicas locales, señaló, provoca que las entidades desvíen recursos que son destinados para otros fines para cubrir los pagos a su burocracia. (Rolando Herrera, Reforma, P.p.)
La voz de la maestra Beatriz Juárez denota rubor y arrepentimiento: “Llevaba ya varios años dando clase en escuelas privadas, pero buscaba algo más estable. Por el dicho de colegas, supe de un maestro que decía tener buenos contactos con autoridades y podía conseguir una plaza a nivel telesecundaria. Me dijo, había que soltar de arranque 110 mil pesos y, cuando llegara el nombramiento, otros 110 mil. Como pude los junté y se los di”…
No es el único testimonio. Son decenas, cientos… Casos relacionados con la venta de plazas magisteriales se han documentado en distintas partes del país, pero hoy el escándalo se ha desbordado en Oaxaca, uno de los estados con menor nivel educativo, con más intermitencia en clases (derivada de marchas, protestas y paros) y, de forma paradójica, con mayor presupuesto para el ramo.
De acuerdo con datos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), en 2021 la entidad recibió 24 mil 552 millones de pesos, un monto sólo inferior al del Estado de México y Veracruz.
Y ahí, en territorio oaxaqueño, las plazas se ofertan por doquier. La Fiscalía General del estado abrió ya una investigación en torno al tema: apunta a una red en la cual están involucrados directivos e integrantes del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEEPO) y dirigentes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). (Daniel Blancas Madrigal, La Crónica de Hoy, Ocho Columnas)