La incapacidad de las autoridades del Trabajo es cada vez más peligrosa, y si no, pregúntenle a los mineros. (La Jornada, Contraportada)
EN LO QUE es el mayor tropiezo de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador se vio obligado a meter a la congeladora su contrarreforma eléctrica. ¿Qué llevó al Presidente a bajarle el switch? Sólo él sabe sus razones, pero la decisión vino justo después de que Ken Salazar estuvo en Palacio Nacional.
EL embajador estadounidense confirmó que acudió para expresar la seria preocupación del gobierno de Joe Biden sobre la peligrosa iniciativa. Su reclamo se suma a una larga lista de voces que también se alzaron desde Estados Unidos para advertir los riesgos de que se aprobara la contrarreforma.
HAY QUIENES creen que posponer la discusión es una mera estrategia para hacer de la contrarreforma el tema de campaña de Morena, de cara a las elecciones de junio. La realidad es que los números no les daban en el Congreso para aprobar una modificación constitucional.
SEA COMO SEA, la movilización de la sociedad civil fue fundamental para que AMLO se echara para atrás. Organismos ecologistas, círculos académicos, agrupaciones empresariales y ciudadanos por su cuenta, reaccionaron y alertaron sobre los graves efectos ambientales, energéticos y económicos que tendría la contrarreforma. Que alguien le pase un té de tila a Manuel Bartlett.
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POR CIERTO que mientras la 4T construye una refinería y le apuesta al combustóleo para generar electricidad, empresas mexicanas como Bimbo y Cemex están dando pasos concretos hacia la sustentabilidad y la transición energética. La cementera, por ejemplo, acaba de anunciar una fuerte inversión para un desarrollo de energía solar. Y la empresa del osito anunció que reducirá en 50 por ciento sus emisiones netas para 2030, lo cual incluye que para 2025 todo su consumo eléctrico será de fuentes 100 por ciento renovables. La iniciativa de ambas compañías demuestra que México no es ajeno a esta crisis global y que en el cambio climático no existen otros datos.
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DIFÍCILMENTE se puede ver el encarcelamiento de Emilio Lozoya como un triunfo de la lucha contra la corrupción. La realidad es que el ex director de Pemex no durmió en una celda por el buen trabajo de la FGR, sino por un berrinche presidencial.
EL ESCÁNDALO que se desató por las fotografías de Lozoya en el Hunan pegó fuerte en AMLO, quien de plano calificó la cena como una provocación. Y, ¡abracadabra!, por arte de magia el fiscal Alejandro Gertz Manero de pronto se dio cuenta de que Lozoya había convertido el criterio de oportunidad… en criterio de impunidad.
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POR SI alguien tenía dudas, Claudia Sheinbaum ya aclaró que no anda en campaña. Lo dijo después de su road show por Guanajuato, Tlaxcala, Campeche, Guerrero, Baja California y Colima. Si la jefa de Gobierno no anda promoviéndose, ¡lo disimula muy bien! (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)
Lozoya, una cena muy cara
¿Cara? Carísima le costó la cena que en un sábado de octubre pasado tuvo el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Nos hacen ver que por 15 meses la Fiscalía General de la República consintió a don Emilio. Que nadie lo viera a su llegada a México, que no pisara la cárcel, esos y varios otros privilegios, le fueron extendidos a Lozoya —confeso de participar en un esquema de soborno y de haber recibido millones de dólares en cohechos por parte de la constructora brasileña Odebretch—, a cambio de que él entregara pruebas para llevar a la cárcel a sus superiores, específicamente el expresidente Enrique Peña Nieto, y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray. Sin embargo, aquella noche en el exclusivo restaurante Hunan, en las Lomas de Chapultepec, generó escándalo e indignación, al grado de que esa cena, calificada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de “inmoral”, cambió la historia y Lozoya acabó por pagar el pato. La falta de cumplimiento de sus promesas de entregar evidencias y su exhibición en público, llevaron a Lozoya a que sus próximas cenas sean en el comedor de presos del Reclusorio Norte. Al menos, nos hacen ver, ahí la comida es gratis.
Ahora Ana Guevara quiere controlar el COM
Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), nos aseguran, realiza esfuerzos para colocar a alguien en la presidencia del Comité Olímpico Mexicano y con ello tener el control de todos los organismos deportivos nacionales. Ya lo logró en la Confederación Deportiva Mexicana donde impuso a Francisco Cabezas y ahora va por el COM, buscando imponer en ese cargo a Norma Olivia González Guerrero, actual directora del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, órgano que otorga el registro a las federaciones deportivas, sin el cual éstas no pueden acceder a ningún apoyo gubernamental. La planilla oficial se enfrenta a la candidatura independiente de la clavadista olímpica Mary José Alcalá, quien tiene apoyo mayoritario entre las federaciones deportivas. Nos dicen que en su intento por hacerse del COM, doña Ana ha echado mano de todo, desde amenazar a las federaciones con quitarles recursos si no votan por la señora González, hasta intentar cambiar las reglas del proceso electivo o pretender involucrar al Congreso para intentar frenar a Alcalá. La elección es el próximo 11 de noviembre, habrá que ver si la velocista se logra sumar ese triunfo a su palmarés.
Acuerdan cooperación entre la Corte y los EU
Ayer, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, estuvo de visita por el Centro Histórico de la Ciudad, y en el centro del poder del país. Se reunió por separado con los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial. En el caso del encuentro con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Zaldívar, nos comentan que el encuentro resultó muy provechoso para ambos países pues coincidieron en que viene un tiempo de gran entendimiento y cooperación entre el Poder Judicial de la Federación y el gobierno de los Estados Unidos en temas como el de los retos en materia del sistema de justicia penal acusatorio y la implementación de la reforma laboral, entre otros.
Perdón presidencial
Quien ayer estaba feliz, feliz, feliz y lo que le sigue fue Gabriel García Hernández, exjefe de los superdelegados y servidores de la nación, al ser ratificado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como el encargado de llevar a buen puerto el proyecto Agua Saludable para La Laguna. Fue muy notoria la sonrisa que le provocó a don Gabriel que el presidente López Obrador lo llamara a su oficina de Palacio Nacional y lo sacara del congelador al que lo mandó para encargarle una tarea. Aunque el encargo no tiene nada que ver con aquel inmenso poder que García amasó en Presidencia, al menos ya obtuvo el perdón presidencial. (El Universal, Nación, p. 2)
Pasito. Euforia excesiva ha causado entre aliados y opositores de la 4T la detención de Emilio Lozoya, quien finalmente durmió en la cárcel. El mismo Mario Delgado, líder nacional de Morena, dijo sobre la detención del exdirector de Pemex que “rompe con el círculo vicioso de la impunidad en México”. No se necesita mucho para entender que la prisión preventiva sólo es un mecanismo para que durante el proceso no salga del país. Nadie cante victorias que aún no llegan, y que inclusive podrían verse lejanas, pues aún no existe sentencia de “culpable” ni condena para Lozoya, sólo se trata de una medida cautelar, y ya. Dicen que una golondrina no hace verano, o sea… ¿Y los demás?
No se adelanten. Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, afirmó que es inocente de los cargos que le imputa la Fiscalía General de la República y ofreció reparar el daño, aunque no haya tenido responsabilidad. Durante la audiencia solicitó la palabra para argumentar a su favor. Lozoya es señalado de recibir un soborno de 10.5 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht, para facilitar la firma de contratos. Pensaba pedir una sexta prórroga de 60 días para reunir elementos que presentar, como testigo colaborador, pues, además, Lozoya llevaba varios meses sin aportar prueba extra alguna. La UIF dio un espaldarazo a la decisión de detenerlo. Donde lo querían, ahí está. Será el buque insignia contra la corrupción y habrá que ver si su poder económico le permite librar a la justicia.
Apuntados para Oaxaca. La dirigencia nacional de Morena quiere realizar de dos a tres encuestas para que la militancia elija el mejor perfil para disputar la gubernatura de Oaxaca, hoy en manos del PRI, con la mira puesta para que en diciembre se tengan los resultados. Quienes aspiran a la candidatura son los senadores Susana Harp y Salomón Jara Cruz; Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del ISSSTE (hijo del exgobernador Heladio Ramírez López, del PRI), Adelfo Regino Montes, director del INPI, y Alberto Esteva, quien fue alcalde sustituto en Álvaro Obregón. Además de Raúl Bolaños Cacho Cué, senador del PVEM, y el diputado federal Benjamín Robles Montoya, del PT, que quieren ir en alianza con el guinda. Pero, según algunos sondeos preliminares, Esteva lleva buena marca. De los siete, que quede la mejor opción.
Nada cambia. A pesar de las intenciones transformadoras, hay temas inamovibles. María Elena Pérez-Jaén denunció trampas en el Inai y opacidad en diversas dependencias del gobierno que niegan información sobre compras de medicamentos, con un argumento: “es inexistente”. Exigió a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos transparentar adquisiciones por 6 mil millones de dólares. Sostuvo que necesitamos saber quiénes, cómo y por qué el abasto de medicamentos de México se encuentra entrampado en la UNOPS. Cuestionó: “¿O acaso sólo le importa su millonaria comisión?”. Alertó la consultora de transparencia que esta opacidad no tiene precedente. Fuertes declaraciones. Procede investigar. ¿No que ya no?
Tras bambalinas. El gobernador panista de Aguascalientes, Martín Orozco, reveló que su líder nacional, Marko Cortés, también anticipó que el partido perderá la elección presidencial de 2024. “Yo dije: ¿entonces qué andas haciendo buscando la presidencia del partido, si me dices que se va a perder el 22 y el 24? Me adelantó que el 24 también lo iba a perder. No lo dije, pero o sea, pues qué descaro y desfachatez porque en ese momento andaba buscando la reelección. ¿Y dónde cabe reelegirse un presidente con esta visión de derrota?”. En un audio Cortés afirmó que el PAN sólo lograría en 2022 ganar la gubernatura de Aguascalientes, perdiendo cinco. De ese tamañito está el líder del partido. (Excélsior, Nacional, p. 15)
Que mientras la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aclaró que no anda en precampaña y que ella paga sus viajes, Ricardo Monreal dijo que el Senado ya espera el nombramiento de Quirino Ordaz como embajador en España, pese a la reticencia del PRI, sobre el que sin embargo planteó: “Alito ha sido inteligente y sus consejeros están haciendo su mejor esfuerzo por fortalecerse”. Esa porra sí se ve.
Que hablando de precandidatos, la cosa está que arde entre los morenistas de Tamaulipas, donde Maki Ortiz y el senador Américo Villareal pelean palmo a palmo en las consultas internas, perseguidos por el alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera, y el superdelegado en la entidad, Rodolfo González Valderrama, quienes apuestan al apoyo de los munícipes de ese partido, que gobiernan a más de 70% de la población.
Que diputados de la oposición como Mariana Gómez del Campo, Jorge Triana y Jorge Álvarez celebraron en redes sociales el aplazamiento de la reforma eléctrica hasta 2022, como lo perfiló el morenista Ignacio Mier, aunque otros como Manuel Rodríguez calificaron de falsa la versión y sostuvieron que se aprobará sí o sí en el actual periodo de sesiones.
Que al presentar su libro El nuevo Sistema de Justicia Laboral, Sergio Javier Molina, consejero de la Judicatura, expuso que a 12 meses de comenzada la sustitución de las Juntas de Conciliación, los tribunales tardan en resolver los conflictos cuatro meses y medio, cuando antes les llevaba más de cuatro años. En el acto, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, destacó que en los estados donde ya entró en vigor la reforma 75% decide solucionar sus conflictos por mediación. (Milenio Diario, Al frente, p. 2)
Espino salió espinado
Pésimo quedó ante sus subordinados y jóvenes aspirantes el director de Servicio de Protección Federal, Manuel Espino, al culpar a las secretarías de Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O, y de Seguridad, de Rosa Icela Rodríguez, por la falta de reclutamiento y contratación de policías, que es su responsabilidad. Pero él se la pasa en Durango. Basta checar sus redes sociales.
De regreso al Zócalo
A tambor batiente cerrará el presidente López Obrador su primera mitad de gestión. El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, adelanto, durante una visita a Heraldo Media Group, que el mandatario realizará un acto masivo el 1 de diciembre en el Zócalo capitalino, por los tres años de su gobierno. Ya trabaja en su discurso que, prometen, será memorable.
Los temas del embajador
Muy activo está el embajador de EU en México, Ken Salazar, haciendo ver la preocupación de su país por la reforma eléctrica. Ayer fue a Palacio Nacional a plantear sus dudas e inquietudes. También se reunió con el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, con quien, además, habló sobre la consolidación del sistema penal acusatorio y la reforma laboral.
Piden más presupuesto
Empezó el desfile de gobernadores por la Cámara de Diputados para gestionar recursos a sus entidades en el Presupuesto 2022. Ayer fue el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. El verde ecologista pidió seis mil millones de pesos más de participaciones federales, y confió en que se los concederán, pues recordó que su gobierno es parte de la 4T.
Ni lo topan
Oficializó el ex panista Germán Martínez Cázares su renuncia a la bancada de Morena en el Senado. Ayer se dio a conocer la carta en la que el integrante del nuevo “Grupo Plural” de legisladores informa a Servicios Parlamentarios su separación de la fracción en la que, nos dicen, ya no era tomado en cuenta. Como salió del PAN, sale de Morena: por la puerta de atrás. (El Heraldo de México, La dos, p. 2)
Contratos sin problema
Fue la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, la que ayer respondió fácilmente a una pregunta, en la conferencia mañanera, sobre los procesos de adquisición de patrullas. Por cierto que la pregunta, nos dicen, sólo señalaba a un proveedor. Sin embargo, la funcionaria explicó, primero, que las revisiones de procesos de años pasados siguen su curso en las instancias correspondientes; y segundo, sobre un concurso reciente, que ante la falta en el mercado de las unidades que se requerían, al final se adquirieron las disponibles y al precio más bajo. Además, “en ningún caso fue un proceso opaco, fue abierto, público y transparente”. Y sí, ahí está todo, para quien guste pasar a ver, nos comentan.
La UNOPS, a rendir cuentas
Resulta que la excomisionada del entonces Ifai, María Elena Pérez-Jaén, presentó un escrito ante el Inai para solicitar que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, mejor conocida por sus siglas como UNOPS, se convierta en un sujeto obligado de transparencia. Pérez-Jaén argumentó que, si bien es un organismo internacional, ha usado recursos públicos nada más por 6 mil mdd para la compra de medicamentos y material de curación, cuyo proceso ha sido deficiente y ha generado desabasto. Y es que señaló que la UNOPS fue “blindada” por el Gobierno, incluso con inmunidad diplomática, lo cual no la exenta de presentar obligaciones de transparencia. Se espera que en una semana el Inai dé su respuesta a la excomisionada.
“Lección para el INE”
Con la resolución del TEPJF sobre la revocación de mandato, en la que ordenó al INE aceptar los formatos en papel y en aplicación móvil para la firmas de apoyo para la realización de este ejercicio, el Senado dio por cerrado el proceso legislativo que seguía para que la autoridad electoral modificara sus lineamientos. En palabras del presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal, la resolución de los magistrados electorales es una lección para el INE, para que los consejeros aprendan que no pueden ponerse a legislar y establecer criterios que no fueron fijados por el Congreso. La sugerencia que el líder de la mayoría les hizo a los miembros del Consejo General es que, en adelante, no actúen “con arrogancia, ni pensando que son los únicos”. Uf.
La Reforma Eléctrica, sin vuelta atrás
Sobre la encerrona que tuvieron ayer los coordinadores de Morena, Ignacio Mier; del PVEM, Carlos Puente, y del PT, Alberto Anaya, con sus 277 legisladores, nos detallan que éstos acordaron una serie de fechas que culminarán con la aprobación total de la Reforma Eléctrica a mediados de abril. La primera escala será entre el 15 de diciembre y el 15 de febrero, lapso en el que tienen previsto pasar por el Congreso. Y de ahí hasta mediados de abril iría pasando por 17 Congresos locales que se requieren para una reforma constitucional. Hubo muchos que lo vieron como una posposición. Como sea, nos dicen, se trata de un proceso, ahora ya arrancado, en el que la iniciativa podría tener cambios, pero que, ésa es la señal, no tiene vuelta atrás.
En el INE seguirán sin tope salarial
Así que autoridades del INE promovieron y ganaron un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permitirá que altos funcionarios y consejeros del organismo electoral mantengan en 2022 sus salarios por encima del establecido para el Presidente de la República, luego de una votación dividida de tres contra dos, en contra de la decisión adoptada en julio pasado por el ministro
Fernando Franco González, quien negó en ese mes la suspensión. Sin embargo, al igual que otros funcionarios del IFT y la Comisión Federal de Competencia Económica, seguirán con sus ingresos intactos, con el argumento principal de que cualquier afectación económica, violentará su autonomía. Una de cal, nos comentan. ¿Pero será episodio cerrado?
PAN, de la tunda al pleitazo
Con la novedad de que el llamado a la unidad que hizo el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, en respuesta a la tunda que recibió de correligionarios —tras señalar que, de seis, su partido sólo tiene posibilidades de ganar la elección de Aguascalientes—, no fue suficiente para calmar a sus críticos dentro de la casa. Y fue ahora el gobernador de esa entidad, el albiazul Martín Orozco, quien reveló que Cortés en algún momento reconoció no sólo que perderá cinco elecciones en juego en 2022, sino también en 2024. Sólo que al mandatario estatal Cortés sí le compró el pleito y le reviró en las mismísimas benditas redes: “No le hagas el juego a López Obrador, la gran batalla y el adversario está afuera, no adentro del partido. Ganamos en Aguascalientes en 2019 y 2021, no por ti, sino a pesar de ti, y ganaremos en 2022”. Uf. (La Razón, La dos, p. 2)
Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador regañó al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, al ser pillado el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, cenando en un restaurante de lujo, dejando en ridículo al gobierno, las cosas cambiaron para todos. Gertz Manero fue varias veces a Palacio Nacional para hablar con el Presidente y el coordinador de consejeros, Lázaro Cárdenas, y un grupo militar empezó a vigilar a Lozoya para evitar que se fugara. Este miércoles, como colofón, los fiscales pidieron la prisión preventiva justificada, desvaneciendo el halo de impunidad vigente, y la Guardia Nacional, no la Policía Federal Ministerial, lo detuvo.
Los privilegios cesaron, por ahora, y no era para menos. Los regaños del Presidente, pese a respaldar públicamente a Gertz Manero, hicieron temer entre los colaboradores que estaba en el umbral de la remoción. Su cambio no se llegó a discutir en Palacio Nacional, pero en la Fiscalía General tenían claro que tenían que salvar cara y debían mostrar que la cena, como apuntó Denise Maerker en el programa “Tercer Grado”, tuvo consecuencias.
Las vimos. El juez Artemio Zúñiga, que tiene una relación muy estrecha con los fiscales que llevan el caso Lozoya e incluso les corrige los borradores de los documentos que le van a enviar para evitar errores, obligó al exdirector de Pemex a comparecer de manera presencial. En sincronía, la Fiscalía General no pidió autorización para que pudiera entrar al Reclusorio Norte en su automóvil, por lo que se tuvo que bajar en la calle y caminar en medio de un enjambre de periodistas.
La Fiscalía General, que trabaja de manera coordinada con la defensa de Lozoya, sabía desde la semana pasada que iba a solicitar una prórroga para la entrega de evidencias, y el exfuncionario estaba en el entendido de que no pisaría la cárcel. Pero Gertz Manero y Juan Ramos, subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales, cabeza del caso Lozoya, le aplicaron lo mismo que le hicieron al exsenador Jorge Lavalle, otro imputado falsamente por el exdirector de Pemex, que no había de qué preocuparse porque era una audiencia para ampliar el plazo. La defensa de Lozoya fue engañada. Confió en el fiscal y su principal colaborador, sin saber que, por primera vez en 16 meses, no iban a estar del mismo lado, sino que habían saltado la verja.
La comparecencia comenzó de acuerdo al libreto acordado. La defensa del delincuente confeso de haber recibido sobornos de Odebrecht pidió una prórroga de 60 días porque no había recibido respuesta de la fiscalía brasileña, a la que le pidió si el exdirector de Odebrecht para México, Luis de Meneses Wyell, había ratificado o no su declaración donde afirma que los únicos sobornos que dio la constructora en México fueron para Lozoya. El juez le dio la prórroga, pero por 30 días.
Después de eso, en el principio de lo inesperado para Lozoya, los fiscales le pidieron al juez imponerle la prisión preventiva justificada por considerar que podía fugarse. Dijeron que la cena en el restaurante mostró que tenía las redes de apoyo que pudieran ayudarlo a fugarse de México, y que disponía de 2 millones de euros en una cuenta en Liechtenstein, que por razones desconocidas no ha sido congelada, con lo que podía financiarlo. Los argumentos eran baladíes, y parecían una burla a los mexicanos, incluido el propio presidente López Obrador, a quien Gertz Manero le hizo creer que Lozoya era la llave para mostrar la corrupción del pasado.
La cena en el restaurante Hunan no había sido la primera con sus amigas y amigos influyentes en el mundo empresarial, aunque sí fue donde lo atraparon en flagrancia. El dinero de las redes empresariales que había tejido, o sus multimillonarios patrocinadores rusos que lo protegieron en Rusia y España, le han permitido moverse en todo el gran Valle de México, mantener su relación con la novia rusa que le plantaron y tener a su disposición, si quisiera, los recursos para fugarse de México. No había sido algo que pensara necesario, por la negociación con Gertz Manero, pero tras la cena, hoy se ve, cambió la ecuación. Emilio Lozoya Thalman, su padre y cabeza de la defensa, no lo creía, pese a que su relación con Ramos se agrió, y actuaba como si el pacto con el fiscal mantuviera sus términos.
En la audiencia, los argumentos que adicionalmente esgrimieron los fiscales ante el juez también fueron mentirosos. Dijeron que carecía de arraigo porque su esposa alemana e hijos están en Alemania, y que su familia política, que es multimillonaria, podría resguardarlo. La familia política, lo sabe Gertz Manero, no quiere saber nada de Lozoya, y su esposa inició el proceso de divorcio y tiene la custodia de sus hijos. Esto no era un engaño al juez, sino a la opinión pública.
Los fiscales explicaron que, ante la exigencia de una reparación de daño por más de 7 millones de dólares, que Pemex había exigido como prerrequisito para que la Fiscalía General le otorgara el criterio de oportunidad, Lozoya no negoció, lo que es falso. Lozoya quería repararlo con dos propiedades, en Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, y en Ixtapa Zihuatanejo, pero el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, las rechazó por insuficiente. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, p. 32)
Cuando hace unas semanas, una fuente me dijo que la FGR se disponía a quitarle la condición de “testigo protegido” a Emilio Lozoya para meterlo a la cárcel, no lo creí. Le dije que eso sería una derrota brutal del presidente López Obrador: su combate a la corrupción sólo tiene ese caso y su contra-reforma energética está basada en los dichos de Lozoya.
Pues eso que no creí, sucedió ayer. La peor derrota del discurso presidencial en lo que va del sexenio: La FGR pidió al juez que retirara a Lozoya el privilegio del “criterio de oportunidad” (testigo protegido) que le permitía no estar en la cárcel, y que lo enviara a prisión ante el peligro de fuga. La FGR fue secundada por la UIF y por Pemex.
Es el gobierno dando marcha atrás, es el gobierno aceptando que no hay pruebas de lo que dijo Lozoya. Y lo que dijo ha sido columna vertebral del discurso del presidente López Obrador. Se le acabó el show. Se esfumó su cortina de humo favorita:
1.- Emilio Lozoya Austin fue extraditado de España a México en el momento de más baja popularidad del Presidente. Tras sus desastrosos manejos de las protestas de las mujeres y del inicio de la pandemia, la popularidad de López Obrador venía en grave picada. Los peores registros del sexenio. En ese momento, activó el tema Lozoya para recordarle al pueblo lo malo y corrupto que era el gobierno anterior, y así tapar lo malo y corrupto que es el gobierno actual. La estrategia funcionó: repuntó la popularidad del Presidente.
2.- Emilio Lozoya Austin fue dejado en libertad a cambio de declarar lo que el Presidente quería que dijera. La redacción de la confesión del ex director general de Pemex —acusaciones, montos, nombres— fueron negociadas entre Lozoya padre y el fiscal Gertz Manero. No importaba si era verdad o mentira. Tampoco si había pruebas o no. Lo que quería el presidente López Obrador —director de esta patética orquesta— era tener parque para disparar contra sus adversarios. Los tejemanejes en la declaración de Lozoya fueron de tal magnitud que motivaron un rompimiento con el que era su abogado, Javier Coello Trejo, quien no estuvo de acuerdo.
3.- Se dejó correr la idea de que Lozoya tenía 18 horas de videos. Que aparecían los más encumbrados políticos del “PRIAN” recibiendo dinero en efectivo. No hubo tales. El único video del caso muestra a un par de operadores políticos panistas de medio pelo recibiendo maletas de cash. ¿Cuándo se difundió ese video? Justo cuando el presidente AMLO supo que saldría a la luz el video de su hermano Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo clandestinamente.
4.- El caso Lozoya ha servido para desviar la atención del debate de fondo sobre la contra-reforma energética del Presidente. Quiere quedarse con todo, acaparar todo, a costa de que suban las tarifas, hayan más apagones y se contamine más. Quiere dinero para hacer política y lo quiere sacar de la CFE, con Bartlett a la cabeza. Para esconder eso, ha usado las declaraciones de Lozoya para argumentar que la reforma energética se negoció corruptamente, por lo que había que desmantelarla. Esa acusación se cayó ayer. Y al Presidente se le desmoronó el discurso. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. 2)
Para quienes hemos tenido experiencias desagradables, por poner un calificativo no tan drástico, con policías de tránsito, municipales, locales o incluso federales, la generalización del gremio y la distancia que deseamos mantener con ellos parece irremediable. Después de ver y sentir, Una película de Policías, de Alonso Ruizpalacios, no volverá a sucederme. Porque esta película no sólo se ve, sino que remueve prejuicios, ilustra la realidad en la que las y los policías mexicanos están inmersos.
El desprecio que buena parte de la ciudadanía tiene por la policía del tipo y del nivel que sea, no es gratuito. La institución está levantada sobre andamiajes de complicidad con la delincuencia y abuso de la fuerza. México es el segundo país de Latinoamérica donde los ciudadanos se sienten menos seguros y desconfían más de la policía, el primero es Venezuela; de acuerdo con datos de la encuesta realizada por Gallup –una empresa estadounidense de datos y análisis–.
Es la experiencia la que marca esta percepción degradante. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana estima que el 45.6% de los ciudadanos que estuvieron en contacto con la policía en lo que va del año ha sido víctima de un acto de corrupción por parte de las autoridades.
No es exageración, revisemos algunas de las groseras condiciones con las que laboran: De acuerdo con el primer levantamiento de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial (Enecap) 2017, las policías municipales trabajan, en promedio, 67.5 horas a la semana; 5% no tiene comida suficiente todos los días; sólo un policía de cada diez tiene lo suficiente para pagar la renta; tres policías de cada diez no pueden pagar las medicinas y atención médica suya y de sus dependientes económicos ni cubrir las necesidades escolares de sus hijos; casi una cuarta parte pagan cuotas de su bolsillo para tener equipo de protección y conseguir al menos una prenda de su uniforme por cuenta propia; hay policías con responsabilidades altas que reciben 1,500 pesos semanales de salario.
Por lo menos 95% de las carpetas de investigación que se inician al año deben ser atendidas por las autoridades municipales y estatales. De acuerdo con la encuesta a población general que realizó el World Justice Project (WJP) para su Índice de Estado de Derecho en México 2017. El 60% de las personas que buscan ayuda son atendidas por integrantes de una policía municipal, seguido de las policías estatales con 9.15 % de este tipo de contactos voluntarios. La Policía Federal, cuyo lugar ocupa la Guardia Nacional, no alcanza ni 5 % de las interacciones con víctimas o testigos. Esto puede explicar también que el desprestigio de la Guardia Nacional no sea todavía el de las policías.
Una película de policías nos muestra a dos seres humanos que te pudiste haber cruzado en un puente peatonal, en una patrulla, en una oficina policial. Su historia y su auténtico interés de compartir lo que atravesaron siendo policías, los hace entrañables y cercanos. Vivir su experiencia a través de la pantalla incomoda, al grado de querer cambiar ahora mismo y de fondo las condiciones paupérrimas con las que son entrenados, contratados y controlados.
El deliberado descuido en el que la estrategia de seguridad nacional ha colocado a las y los policías, puede ser una de las múltiples explicaciones del fortalecimiento del crimen organizado. La precariedad laboral de los agentes de la seguridad debe ser considerada la principal causa de la corrupción en la institución.
México tiene la urgencia de que haya una mayor atención a la formación de policías profesionales. Que sepan cosas básicas como primeros auxilios, entrenados correctamente, hasta que sean retribuidos de manera justa por su labor.
Su tarea es protegernos, así que definitivamente tendríamos que garantizarles condiciones dignas y ofrecer los suficientes incentivos para que formar parte de un cuerpo de policías signifique una honrada retribución al respeto y orgullo que deben representarnos. (Maité Azuela, El Universal, Nación, p. 7)
Una imagen que tardó un año y cinco meses en llegar: Emilio Lozoya Austin, detenido por miembros de la Guardia Nacional, ingresó a la prisión del Reclusorio Norte, luego de que el juez federal le dictara la prisión preventiva oficiosa por riesgo de fuga. 17 meses después de haberlo protegido y privilegiado como su testigo colaborador, la Fiscalía General de la República, en un giro sorpresivo y radical, le retiró el criterio de oportunidad a Lozoya y le pidió al juez modificar la medida cautelar para que se quedara en la cárcel, entre otras razones, por su “provocación” de haber cenado en un restaurante de lujo y no haber mostrado ningún interés en reparar el daño por 7.3 millones de dólares causado al erario federal.
El Lozoya que ayer llegó temprano al Juzgado, en medio de una nube de reporteros y cámaras que lo acosaban y le cerraban el paso, era muy distinto al que el pasado 10 de octubre cenaba Pato a la Pekín en un restaurante de Las Lomas totalmente relajado y con una risa cínica que le costó muy cara. Esa cena fue mencionada por el representante de la UIF en la audiencia, Antonio López, y por el fiscal del caso Manuel Granados, como el principal elemento para presumir una “conducta inapropiada y una provocación” del exdirector de Pemex, además de una muestra de que, al cenar con sus amigos empresarios, tenía una red de personas pudientes que podían ayudarlo a escapar.
Cuando salió esposado del juzgado para ser fichado, consignado e internado en el reclusorio, como cualquier presunto delincuente acusado de delitos graves, era evidente que los días del Lozoya que vivió como príncipe durante el gobierno de Peña Nieto, que aún en su fuga de la justicia se dio vida de rico entre Alemania, Rusia y Málaga, y que con un misterioso y millonario acuerdo con la FGR, negociado por los abogados del despacho del juez Baltasar Garzón en España, había conseguido regresar extraditado a México con todos los privilegios: nunca pisar la cárcel, seguir su proceso en libertad y solo con un brazalete electrónico y acogerse al criterio de oportunidad, habían terminado.
El pacto de impunidad que existió por casi año y medio entre la FGR y el principal involucrado en la corrupción de Odebrecht del sexenio peñista, se hizo ayer añicos. Enojados luego de que el juez Artemio Zúñiga le diera una nueva prórroga de un mes a Lozoya, el fiscal y el representante de la UIF tronaron contra el que fuera “testigo consentido” de la Fiscalía. “Es sabido que se encontraba en un restaurante, no se ajusta al comportamiento de una persona sujeta a proceso penal y, si bien no tiene un impedimento, su presencia en el restaurante es una provocación a las instituciones públicas”, dijo Antonio López, mientras el fiscal Manuel Granados remató: “Su actitud ha sido evasiva, grosera (…) no ha manifestado su intención de reparar el daño y no es posible en esas condiciones un criterio de oportunidad, al no reparar el daño, sólo ha logrado que el proceso se haya alargado de manera injustificada, por eso es que estamos ante una necesidad de cautela muy elevada”.
Desde ese momento Emilio Lozoya se había quedado solo y sin la protección que por 17 meses le dispensó la FGR. Sus abogados, Miguel Ontiveros y Alejandro Rojas intentaron distintas maniobras y hasta ofrecieron vender propiedades para reparar el daño de 7.3 mdd, pero el juez Zúñiga fue implacable en su fallo: Lozoya Austin merecía desde la primera audiencia del 28 de agosto de 2020 la prisión justificada; hoy por la penalidad de 12 a 35 años por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, y por las redes familiares que tiene dentro y fuera del país, generan la posibilidad de que pueda evadirse de la justicia.
Antes de que el juez lo mandara a prisión, cuando ya era un hecho que no volvería a salir ni a comer en los restaurantes de lujo que tanto le gustan, Emilio Lozoya pidió al juez que le diera la palabra y con voz grave y apesadumbrada dijo: “Yo no me fugué. Yo vine un 1 de mayo de 2019 y tuve reuniones con altos funcionarios del Gobierno de México y me regresé a trabajar como financiero internacional. Cuando sacaron la orden de aprehensión yo nunca me evadí de la justicia… Cuando se ejecutó la orden de aprehensión yo ya tenía la plena intención (de colaborar con las autoridades). Ya estábamos en diálogos con la FGR”, argumentó un Lozoya que se dijo “víctima de una persecución en la opinión pública” y negó haber recibido un trato privilegiado de la Fiscalía porque su madre Gilda Austin estuvo presa en Alemania y lleva 2 años en prisión domiciliaria.
El Lozoya que hablaba desde el estrado judicial ya había empezado la metamorfosis de aquel funcionario poderoso, altivo y soberbio que dirigía Pemex y gustaba de lujos, excesos y mujeres extranjeras. Conforme decía que era víctima de un “asesinato por carácter” y aseguraba que “nunca me van a encontrar un solo ingreso ilegal ni antes ni después de que fuera servidor público”, Emilio ya no miraba a todos hacia abajo como siempre lo hizo. Y para cuando insistía en que “hay muchos intereses que no quieren que se sepa la verdad” sobre los sobornos que recibió y repartió, y que él sólo fue un “instrumento de un aparato de Estado organizado”, ya lo esperaban los integrantes de la Guardia Nacional con las esposas para conducirlo a la celda en la que pasó ayer su primera noche.
Ayer por la tarde sus abogados emitieron un comunicado donde dicen que “mantiene su firme colaboración con la FGR” para seguir buscando el criterio de oportunidad que solicitó cuando lo trajeron de España en junio de 2020. Pero era claro que para la Fiscalía ese criterio de oportunidad ya no tiene interés y que, a juzgar por lo dicho por el fiscal Granados en la audiencia, la instrucción de su jefe, el fiscal general Alejandro Gertz Manero fue romper cualquier trato con Lozoya y pedirle al juez que lo mandara a la cárcel para continuar con su proceso bajo prisión justificada.
Está claro que ayer Gertz Manero lanzó un “¡ya basta!” ante las duras críticas que le costó la imagen de Lozoya cenando en aquel restaurante y que el regaño presidencial que recibió por aquellos días el fiscal surtió su efecto. Se acabó el pacto de impunidad, Emilio Lozoya difícilmente saldrá de la cárcel, al menos en lo que resta de este sexenio. No habrá más Pato a la Pekín ni trajes de diseñador para el exdirector de Pemex. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p. 12)
Si alguien en este país tenía alguna duda de cómo nuestro aparato de justicia tiene muy poco que ver con la justicia y todo que ver con la política y el poder en turno, ayer quedó confirmado para siempre.
Vamos por partes. En el sexenio pasado fue Raúl Cervantes, Procurador General de la República, a quien le tocó hacer la investigación de Odebrecht. De repente renunció —es un decir—, pero ese día dice: “la Procuraduría ha concluido las investigaciones respecto a uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y en México se hayan visto.
El complejo esquema para corromper funcionarios, obtener contratos públicos de manera indebida y luego tratar de esconder el dinero mal habido en paraísos fiscales puso a prueba nuestra determinación y a nuestras instituciones. Ya con ello, en los siguientes días, se harán las imputaciones correspondientes ante el Poder Judicial Federal”.
Las imputaciones, con la PGR en manos de un hombre de confianza de Los Pinos, nunca se hicieron. Nada raro. (Carlos Puig, Milenio Diario, Al frente, p. 2)
Desde hace tiempo, una voz en Palacio Nacional insistía en que si Emilio Lozoya no aportaba las pruebas de sus acusaciones perdería el criterio de oportunidad y tendría que ir a la cárcel.
Pero otras voces también cercanas insistían que eran más importantes las acusaciones del ex director de Pemex contra personajes del pasado que el prurito legal. Y así se la llevaron, cuando un pato laqueado se le cruzó en el camino la noche del sábado 9 de octubre y la periodista Lourdes Mendoza lo retrató cenando en el Hunan, lo que cambió el ánimo del presidente López Obrador.
Ayer, a menos de un mes del pato, al ser citado presencialmente por el juez José Artemio Zúñiga en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte, donde resolvería su petición de la sexta prórroga para presentar las pruebas de sus acusaciones, el fiscal federal determinó que no había cumplido con las circunstancias de la medida cautelar aceptada en octubre de 2020, entre ellas la reparación del daño, y que la había utilizado para retrasar el proceso en su contra.
Y así se consumó cuando la FGR, con el total apoyo de la UIF, pidió al juez, y éste concedió, la prisión preventiva justificada, por lo que Lozoya fue enviado directo del juzgado al interior del Reclusorio Norte para seguir, desde ahí, el proceso por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero, lo que es un vuelco al caso.
Lo que no entendí fue el comunicado de sus abogados, anoche, diciendo que Lozoya mantenía una colaboración sólida y permanente con las instituciones de justicia penal y con la Presidencia de la República.
Y pregunto, ¿Cuál es la relación sólida de Lozoya con la Presidencia de la República y para qué? Ojalá hoy la detallara López Obrador. (Joaquín López Dóriga, Milenio Diario, Al frente, p. 3)
Al final el costo político de mantener en libertad a Emilio Lozoya fue demasiado alto. El juez Artemio Zúñiga decidió decretarle prisión preventiva justificada ante la petición de la FGR por la posibilidad de que pudiera darse a la fuga. Lo que preocupa es la discrecionalidad con la que se ha pasado de la decisión de permitirle enfrentar su proceso en libertad a la de encarcelarlo.
La propia FGR argumentó que las condiciones habían cambiado, pero desde un punto de vista legal, no hubo nada nuevo, fuera del hecho de que Lozoya había sido captado cenando en un restaurante de lujo.
“Su comportamiento, es sabido, que se encontraba en un restaurante, no se ajusta al comportamiento de una persona sujeta a proceso penal, y si bien no tiene un impedimento, su presencia en el restaurante es una provocación a las instituciones públicas, porque ha sido interpretado por la ciudadanía que ciertas personas imputadas en casos sensibles pueden obtener unas medidas cautelares y otras no. Él tenía obligación de un comportamiento diverso al que ha venido reflejando”, afirmó ayer Antonio López García, representante en la audiencia de la Unidad de Inteligencia Financiera. (Sergio Sarmiento, Reforma, Opinión, p. 8)
Recuperar la calificación de seguridad aérea llevará a México todavía un buen rato. Según cálculos de especialistas en la materia y conocedores de las entrañas del Seneam (Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano), esto ocurrirá hacia mediados del año entrante, en el mejor de los casos.
Corregir el deterioro de los últimos 10 años–en capacitación de personal, supervisión, mejoría de salarios– tomará entre seis y ocho meses. Y eso, si les dan el presupuesto necesario, y los cursos indispensables (además de la experiencia que requieren obligadamente ciertas posiciones, como la de inspector).
Para dar una idea: las observaciones que hizo la FAA (Administración Federal de Aviación) de Estados Unidos a México, en 2010, fueron 18. Ahora anotaron 28. Es decir, en 10 años “no aprendimos nada”. Al contrario, se dieron pasos hacia atrás.
Sin embargo –y ese es el gran error del gobierno actual–, todo esto lo sabían los obradoristas desde que tomaron las riendas de la administración. (Martha Anaya, El Heraldo de México, País, p. 6)
Es probable que cuando se mire en retrospectiva el caso Lozoya su inexplicable y ostentosa cena termine por ser la razón por la cual se le acabó la paciencia a las autoridades.
Fue un desplante sin sentido que quizá llevó a la Fiscalía a entender que el personaje les estaba viendo la cara. Lo paradójico podría ser que una cena haya provocado una toma de conciencia mayor que el no darse cuenta que durante más de un año Lozoya ofreció poco o nada.
Por más que tuviera el espacio legal para poder ir a cenar, el hecho mismo resultó una cachetada a la Fiscalía y si nos apura (definir) en el camino a todos. Poco le importó hacerlo, porque se sentía intocable en función de lo que se presumía sabía y que le permitiría a las autoridades actuar en contra de una serie de funcionarios representantes, a decir del Presidente, de la corrupción que ha dominado en el país a lo largo de décadas.
La cena de Lozoya y sus cuates no solamente fue un golpe a las autoridades, sino que además puso en evidencia los marcos legales, porque resultaba inconcebible que un personaje que está siendo acusado por sus altos niveles de corrupción, tenga cómplices o no, y que anduviera impunemente por las calles prometiendo otorgar información que nomás no llega.
La decisión de la Fiscalía de pedir la prisión preventiva a Lozoya, la cual fue otorgada, es la prueba de que se rompió la confianza y también la evidencia del desaseo y de la falta de escrupulosidad en su trabajo. (Javier Solórzano, La Razón, La dos, p. 2)
En agosto de 2020, el Departamento de Alimentación, Medioambiente y Asuntos Agrícolas del gobierno británico envió una iniciativa al Parlamento para obligar a grandes importadores de productos agrícolas a probar que sus compras de soya, aceite de palma, cacao, carne de res, cuero y hule no contribuyen a la deforestación de los países de origen.
Dicho documento es la base de la Declaración sobre Bosques y Uso de la Tierra que fue anunciado el lunes pasado en el marco de la cumbre climática de la ONU en Glasgow, la cual recoge preocupaciones similares en la Unión Europea y Estados Unidos, donde se están procesando proyectos de ley semejantes a los de Reino Unido.
Ayer, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó para México la paternidad de dicho acuerdo mundial. “No van a reconocerlo, pero ¿qué fue lo más significativo de ese encuentro en la Gran Bretaña? Fue la firma, sí, para sembrar árboles. A ver, para que se enojen, ¿de dónde creen que salió esa idea? De Sembrando Vida”, afirmó. “El programa lo propusimos nosotros”.
Lo cierto es que la Declaración de Glasgow se concretó sin la participación activa de México. A diferencia de países latinoamericanos, que estuvieron desde el principio en su gestación –como Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay–, México no suscribió los “principios de colaboración” de mayo, ni apareció entre los primeros firmantes del documento que se dio a conocer en el marco de la COP26.
Al final, México se subió a la Declaración, y qué bueno –porque hubiera sido penoso no hacerlo–, pero no estuvo entre 105 firmantes originales (al momento de escribir estas líneas iban 128, es decir, se habían agregado 25). Así que no fue promotor ni inspirador del acuerdo. Las cosas como son. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nacional, p. 2)
Jesús Zambrano sabe que la permanencia de la alianza Va por México hasta el 2024 no sólo depende del voto del PRI en la reforma eléctrica, sino de que los tres partidos logren ponerse de acuerdo en un candidato común para las elecciones presidenciales.
El presidente nacional del PRD coincide en que un candidato presidencial externo transitaría más fácilmente en los tres partidos que integran la alianza opositora que uno interno.
Para nadie es un secreto que la oposición no tiene, hasta hoy, una figura como López Obrador, pero a la inversa. Alguien que capitalice el descontento creciente que hay en buena parte de la sociedad.
Chucho admite que en el seno de esa coalición se ha hablado incluso de la posibilidad de platicar con Ricardo Monreal, en caso de que sus diferencias con el presidente López Obrador terminen con la salida del zacatecano de Morena.
El senador ha dicho que va a estar en la boleta en el 2024. Quiere ser candidato de Morena. Lo ha repetido. Pero tiene claro que el dedo de AMLO apunta hacia otra parte y que, sin el apoyo del Presidente, la cosa está cuesta arriba. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p. 4)
Se tardó 14 meses, pero finalmente Emilio Lozoya dormirá en la cárcel. No la tocó ni siquiera cuando llegó deportado de España. Llegó a acuerdos con la FGR para denunciar a 70 personas, políticos, funcionarios, legisladores, periodistas, y desde entonces no ha podido mostrar una sola prueba contra ellos. Contó con la tolerancia de la propia Fiscalía y de los jueces que le otorgaron siete prórrogas consecutivas, incluyendo la otorgada ayer por un mes más, poco antes de que la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera pidieran la prisión preventiva y la propia Fiscalía reconociera que Lozoya, hasta ahora, no ha aportado prueba alguna. Pero el dato duro, el que es imposible de debatir, es que el único que está comprobado que cayó en actos graves de corrupción es el propio Lozoya.
Hay que recordar que toda la demanda del caso Odebrecht se basa en la declaración que hizo, ante autoridades de Brasil y Estados Unidos, Luis Meneses Weyll, quien fue el responsable por esa empresa de construir y administrar el andamiaje de sobornos a distintos funcionarios de varios países de América latina. Sobre la declaración de Meneses Weyll, se construyó también la denuncia contra Lozoya, a partir de la cual el exdirector de Pemex, ya acusado formalmente y detenido en España, negoció su regreso a México, adhiriéndose al llamado criterio de oportunidad, en otras palabras convirtiéndose en testigo protegido.
Las acusaciones que hizo Lozoya se basan, a su vez, en que Odebrecht le depositó 10.5 millones de dólares para, según Lozoya, financiar la campaña de Peña Nieto y para pagar sobornos que permitieran sacar la reforma energética, durante esa administración. Agregó que también se pagó para aprobar una planta de etileno durante el gobierno de Calderón. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 12)
Se cerraron todos los plazos para que el gobierno de López Obrador solvente las observaciones que le hizo la Auditoría Superior de la Federación sobre los recursos ejercidos de la Cuenta Pública 2019 y se corroboraron irregularidades en los programas estrella de la federación, como Sembrando Vida del primer año de administración de la 4T.
No se conoce en qué o cómo se gastaron más de mil 832 millones de pesos tan sólo de ese programa, que busca atender el problema de la pobreza rural y la degradación ambiental, a pesar de que durante casi un año la ASF esperó facturas, documentos y argumentaciones legales que comprobaran el ejercicio honesto y transparente de los recursos.
Los resultados finales de la fiscalización 2019 coinciden con la segunda entrega a la Cámara de Diputados del ejercicio 2020, que cuenta, de ahora en adelante, con un año para solventar las observaciones. Sobre el caso de 2019, una vez que han sido agotados los plazos se puede hablar de que hay corrupción en Sembrando Vida por mil 832 mdp de un total de 15 mil mdp que fueron presupuestados para el primer año de gobierno, de acuerdo con un análisis, en poder de este espacio, de legisladores de oposición.
Aunque no se conoce el destino de más de 12 por ciento del presupuesto de ese programa, López Obrador comentó en la mañanera que el acuerdo del COP26 para reducir la deforestación surgió de Sembrando Vida. Pero, visto desde otra perspectiva, siembra sospechas y corrupción. (Alejandro Sánchez, El Heraldo de México, País, p. 7)
Sí, Lozoya; pero, ¿Peña? // ¿Cárcel cancela delaciones? // Ken Salazar: EU, preocupado // Abrazo envenenado de Fox
Es un intento de control de daños, ante la indignación social reconcentrada a partir del video de la periodista Lourdes Mendoza, que el pasado 9 de octubre mostró a Emilio Lozoya Austin degustando un platillo oriental en el restaurante Hunan, de gran lujo, en las Lomas de Chapultepec.
En rigor jurídico, el ex director de Petróleos Mexicanos podría haber comido diariamente donde le diera la gana, siempre y cuando se mantuviera en la Ciudad de México y con su brazalete electrónico activado. La Fiscalía General de la República (FGR), en uno más de los extraños giros de esta historia, ni siquiera había pedido recluir al ex funcionario peñista en una cárcel o en su domicilio; extraña omisión que el propio juez del caso hizo ver en su momento, al establecer que él no debía imponer medidas cautelares que los acusadores no solicitaran.
Las imágenes del Hunan tuvieron tal impacto político y social que obligaron a cambiar el trato al acusado. La primera medida, ya presagiosa, consistió en exigir su comparecencia física, no más por la privilegiada vía virtual. Así, hubo de poner pie en una cárcel por primera vez en este proceso, al inicio para una diligencia judicial, luego ya para quedar formalmente tras las rejas. (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p. 12)
Han pasado dos años en los que la vida de una familia resultó trastocada en la masacre cometida contra inocentes en Bavispe, Sonora, y que llenó de indignación a todo un país e incluso más allá de nuestras fronteras.
Pese a los 25 detenidos que han sido implicados en su caso, la familia LeBarón teme que la impunidad se imponga en el crimen que se cometió en su contra y que costó la vida de nueve de sus integrantes.
Para los LeBarón, la tragedia que los sacudió hace exactamente dos años, les ha llevado desde el vivir con temor y zozobra, pero también los ha hecho incursionar en el activismo en demanda de justicia, para que lo que a ellos les golpeó, no se vuelva a repetir para más inocentes que se ven de pronto en medio del fuego cruzado de una guerra que nunca supieron en qué momento fue declarada ni qué desenlace va a llegar a tener.
Hay 25 detenidos, pero ninguno de ellos ha sido sentenciado, y los LeBarón reprochan que, pese a ser las víctimas y los principales interesados en que los hechos se esclarezcan lo más apegado a lo que en realidad ocurrió, no se les deje participar en las investigaciones. Deploran que se les haga a un lado y no se tome en cuenta la valiosa información que ellos podrían aportar para dar con los autores intelectuales y materiales del crimen, y precisar los verdaderos móviles que motivaron la terrible agresión en contra de la familia.
Si bien reconocen que sí se les ha brindado protección, también lamentan que, en su experiencia, el acceso a la justicia en México no exista. Con todo, aseguran que tratarán de agotar todas las instancias en el país antes de acudir a los organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la que buscarán llamar la atención fuera del territorio mexicano sobre lo acontecido hace dos años y exponer el clima de terrible inseguridad y delincuencia organizada que azota a los mexicanos.
Al parecer la masacre de Bavispe, que se dio en una zona en la que se cruza una disputa por territorios entre los distintos cárteles que buscan imponer su dominio en la región, y en la que la familia LeBarón podría haber sido víctima meramente circunstancial, es muestra de una descomposición social que deja en claro el avance y atrevimiento del crimen organizado, que no duda en atentar contra inocentes que se crucen en su camino. Que la lentitud de la justicia no sea el abono de la impunidad. (Editorial, El Universal, Opinión, p. 20)