El costo en la dilación para aprobar la reforma eléctrica no se pagará en el Zócalo, sino en todo el país. (La Jornada, Contraportada)
ESO DE que Andrés Manuel López Obrador quiere blindar sus megaobras suena bien, pero sería bueno saber si realmente las quiere blindar contra la privatización… o contra la transparencia.
EL TALANTE militarista del Presidente lo lleva a creer que si no es en el Ejército o la Marina, no se puede confiar en los servidores públicos. Y en cuestión de rendición de cuentas, no suena muy tranquilizador que les haya dado a las Fuerzas Armadas el control del Tren Maya, del proyecto del Istmo de Tehuantepec y de los aeropuertos de Santa Lucía, Palenque, Chetumal y Tulum.
CON el pretexto de la seguridad nacional, prácticamente tooodo lo que hagan la Secretaría de la Defensa, la de Marina y la Guardia Nacional se puede esconder como “información reservada”. Ahí está, por ejemplo, el caso de las pipas para el operativo contra el huachicol. Se compraron con sobreprecio y sin licitación, pero todos los detalles se reservaron como si esos camiones fueran… ¡secreto de Estado!
SE VE difícil que no apliquen la misma secrecía con el manejo del tren y los aeropuertos; poniéndolos bajo una inexpugnable muralla de color verde olivo.
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A PROPÓSITO de la opacidad en la 4T, habrá que estar muy al pendiente de la respuesta que dé el INAI a la investigación de María Elena Pérez-Jaén sobre la costosa y fallida contratación de la UNOPS para el abasto de medicamentos.
EN SU PLEITO con las empresas mexicanas, el gobierno federal acudió a ese organismo y erogó 6 mil 135 millones de dólares, de los cuales 130 millones fueron la comisión de la UNOPS. Sin embargo, mientras el desabasto es evidente, no lo es tanto la eficiencia del gasto.
DE AHÍ que se está pidiendo al INAI que obligue al gobierno y a la propia UNOPS a transparentar cómo se usaron esos recursos, que son de todos los mexicanos.
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LA INTROMISIÓN del Conacyt en la vida académica del CIDE ya escaló a un nuevo nivel: el personal académico inició acciones de protesta debido al incumplimiento de su contrato colectivo. Los maestros de la institución exigen que se les liquiden adeudos que, en algunos casos, vienen desde hace un año.
LA FALTA de pago obedece a que el Conacyt, por sus pistolas, no ha querido liberar las nuevas reglas de operación, por lo que ni siquiera han obtenido el visto bueno de Hacienda. El colmo es que los fondos ahí están, pero nadie puede cobrar lo que le corresponde.
A ESO se suma un fuerte reclamo por la remoción de Alejandro Madrazo del campus Región Centro, ubicado en Aguascalientes, a quien se destituyó no por su desempeño, sino por… ¡sus opiniones! Si hubiera un Premio Nobel por inventar problemas, seguramente María Elena Álvarez-Buylla lo ganaría.
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NO TODO es malo para Emilio Lozoya. Aun en la cárcel, podría hacerle publicidad a Rappi o a Uber Eats: “Si el pato de Hunan a casa lo hubiera pedido, en la celda no habría dormido”. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión,p.8)
Que las fracciones de Morena y PT en la Cámara de Diputados alistan el “linchamiento público” del titular del INE, Lorenzo Córdova, durante su inédita comparecencia de este viernes ante el pleno, por lo que el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, el priista Rubén Moreira, instó en reunión privada a los otros líderes parlamentarios a privilegiar la prudencia y la civilidad de sus bancadas. Los coordinadores de los grupos legislativos acordaron asimismo convocar a los otros 10 consejeros electorales como invitados a la sesión, a partir de las 10 de la mañana.
Que a propósito, Lorenzo Córdova va tranquilo a la comparecencia de la Cámara de Diputados pero muy mentalizado en que lloverán acusaciones, críticas, viejos resbalones, cancelaciones de registros, dolores de Morena, ardores de otros partidos como el PVEM y hasta de la misma Margarita Zavala por las decisiones del INE, por lo que se prevé que todo el Consejo General se presente a respaldar a su presidente con la esperanza de convencerlos de que sí necesitan 24 mil millones por el tema de la revocación de mandato.
Que después de que el miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó el recurso legal que Francisco Javier García Cabeza de Vaca interpuso para terminar con una orden de aprehensión en su contra, el gobernador de Tamaulipas aún tiene bajo revisión otros tres trámites en el mismo tribunal, por lo que el Congreso local, con mayoría de Morena, ya prepara una ofensiva contra los blindajes que impuso el panista cuando tenía el control cameral y que ahora se combaten desde FGR, Senado y UIF. (Milenio, Al Frente, p.2)
Algo pasó de lunes a martes con la propuesta presidencial de la reforma eléctrica que legisladores de Morena le batearon hasta abril y ayer jueves corrigieron: será este año, el mes que viene.
Las interpretaciones apuntan hacia Washington, donde no es bien vista esta iniciativa que llevó, el mismo martes, al primer secretario de Hacienda de López Obrador, Carlos Urzúa, a afirmar que ese sería el peor error de este gobierno, superando el de la cancelación del aeropuerto de Texcoco.
En realidad, la única presión real que cuenta, lo local no pesa, es la que viene de EU, por la presión que a su vez está recibiendo Joe Biden de las grandes empresas a través de sus legisladores, que el miércoles, cuarenta de ellos, enviaron una carta a cuatro de sus secretarios para denunciar la discriminación a firmas norteamericanas y violaciones al T-MEC y a otros tratados.
Pero el remate lo vino a dar con un solo tuit, lo que habla de su fuerza, el embajador aquí, Ken Salazar, al referirse a sus reuniones con funcionarios mexicanos: (les) expresé serias preocupaciones para Estados Unidos. Nos comprometimos a continuar nuestro diálogo sobre estos temas críticos.
Y en medio de todo esto, el coordinador de la bancada de Morena, el diputado Ignacio Mier, enmendó ayer: la reforma saldrá en diciembre, lo que la víspera se había descartado, pero el Presidente les corrigió: Es este año. Es ya, lo que no modifica la presión de Washington para frenarla o reformarla, al contrario.
A ver quién aguanta más, a pesar de que Salazar compare los programas sociales de López Obrador con los de Roosevelt, como dijo anoche.
RETALES
Acercamiento. El canciller Marcelo Ebrard dijo que antes de que Estados Unidos fije su postura sobre la reforma eléctrica debe conocer bien de qué se trata. Precisó que las reuniones que el embajador Ken Salazar ha tenido con funcionarios del gobierno de México, relacionadas con la iniciativa presidencial, como la del miércoles con el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, son para que conozca de primera mano los cambios que se proponen en el sector. “Hubo una primera sesión y habrá otras; el objetivo de esas reuniones es que tenga claro qué es la reforma”. Información es poder. Ya se pospuso la discusión… ¿Va o no va la reforma?
Codo a codo. Será porque es el mejor calificado, o porque es de quienes se aplican en su deber, pero Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, está participando activamente en la COP26. Estuvo en un encuentro con el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. Además de Vila, estuvieron presentes la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon y los primeros ministros de Irlanda del Norte, Paul Givan; de Gales, Mark Drakeford, y de Vietnam, Pham Minh Chính. En el marco de la COP26, Vila Dosal explicó que en Yucatán se están dando pasos muy importantes para frenar el calentamiento global y un ejemplo es la reciente creación y aprobación de la Ley de Cambio Climático para el estado. Queda claro, hay niveles. Y el de Vila es alto.
El apresurado. Poco le interesa a Manuel Espino lo que suceda a su alrededor, pues tiene los ojos puestos en ser candidato para el gobierno de Durango. El comisionado del Servicio de Protección Federal manifestó hace unas semanas sus intenciones políticas y hoy anunciará su afiliación a Morena. Así dejaría de ser un posible candidato externo y se convertirá en un militante activo. Piensa que tiene todo políticamente calculado, pero olvida que botó el encargo encomendado y no sólo eso, sino que ante sus subordinados y en fuego interno, culpó a las secretarías de Hacienda y de Seguridad de no contratar policías, cuando esto le corresponde a él. Con fallas así no llegará muy lejos. Del PAN a Regeneración Nacional. Chapulines, les dicen.
Continuamos. Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, adelantó que su bancada cuestionará al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, por el presupuesto que solicita para la consulta sobre revocación de mandato, al considerar que es excesivo. Indicó que su bancada sí cuestionará el presupuesto que solicita el INE para el próximo año. “Creo que pudiera ser más austero y traemos comentarios de otras partes del presupuesto del INE que no nos parece”, expresó. La revocación de mandato existirá como han existido las consultas, los plebiscitos y las elecciones. ¿Podríamos llegar a ese día en un ambiente menos hostil?
Consistencia. Apenas acabó octubre y las cifras reflejan resultados positivos en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Los homicidios dolosos disminuyeron casi 30% en comparación con el mismo mes, pero del año pasado. Según el reporte que elabora el gobierno de México, se tuvo registro de 67 asesinatos en la capital durante el mes recién concluido, mientras que, en el mismo lapso de 2020, fueron 95, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir, 29.4% menos. Desde 2015 no se había registrado una cantidad menor de homicidios dolosos en octubre. Omar García Harfuch y su equipo en lo suyo, la vocación. (Excélsior, Opinión, p.13)
Apoyo en seguridad fluye a Guerrero
Con la novedad de que el Gobierno federal le está cumpliendo a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, el ofrecimiento de darle todo el apoyo a su administración, y no sólo eso, sino que lo hizo en un tema relevante como lo es la seguridad. De lo anterior dio cuenta la propia mandataria estatal, quien ayer atestiguó el arranque del Operativo Refuerzo Guerrero 2021, que tiene el respaldo de la Secretaría de Marina, a cargo del almirante Rafael Ojeda. En la Octava Región Naval, con su sede en Acapulco, Salgado refrendó el compromiso que tendrá su gobierno de ser aliado de “todas las estrategias que tengan como objetivo la paz y el bienestar del pueblo guerrerense”. Por lo pronto, la medida implica el arribo de más personal naval, que se suma a 100 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero y 100 de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco.
Por un tema de cortesía, nos comentan, el vicecoordinador de la bancada del PAN, José Elías Lixa, propuso en la reunión de la Jucopo de ayer en Diputados que a la comparecencia del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, que se realizará este viernes, se invitara a los otros 10 consejeros del órgano electoral. El planteamiento provocó posiciones diferenciadas y fue el petista Gerardo Fernández Noroña quien inclinó la balanza al avalar que fueran convocados. Ciertamente esa decisión provocó que se levantaran algunas cejas; sin embargo, lo que anoche llamaba aún más la atención era que después de haber recibido la invitación, cuatro consejeros no se habían sumado a hacer lo que algunos interpretaban como un cierre de filas institucional. ¿A poco en el INE hay dos INE? Uf.
Entre varias entrevistas que a últimas fechas ha dado Ricardo Monreal, aspirante al 2024, vale destacar la que hizo ayer la periodista Mónica Garza. Va el registro de algunos datos: el senador se visualiza como Presidente desde que tenía 8 años, y lleva 44 luchando por el sueño. Recuerda que ha sido tres veces diputado, tres senador, gobernador y alcalde en la CDMX. Pide no satanizar a ningún partido y recuerda su paso por el PRI, el PRD, el PT, MC y ahora por Morena. Acusa recibo de quienes lo señalan de ser promotor de la oposición, pero no se prende: “Soy promotor de la concordia, del acuerdo, soy promotor del consenso. No soy vociferante, no soy extremo, no soy trasnochado, veo al país de manera distinta y soy feliz”. Y ofrece profundizar el proceso de transición que vive el país.
Como para refrescar la agenda del priismo nacional como partido de oposición y de cara a la discusión del Presupuesto, la diputada federal del tricolor Carolina Viggiano presentó una iniciativa en la que propone la creación del Instituto para Devolverle al Pueblo sus Programas Sociales, a fin de que las personas vulnerables accedan a estos apoyos al margen de los tiempos electorales y de quien ocupe la Presidencia de la República y evitar que se conviertan en moneda de cambio. La propuesta de la legisladora del estado de Hidalgo pretende impulsar la modificación del artículo 26 constitucional, para conformar un organismo autónomo, apartidista y que no tendría costo, ya que se haría con el mismo dinero que está operando la Secretaría de Bienestar.
El que mucho olvida, mucho promete… O, ¿cómo era el proverbio?, se preguntan en Aguascalientes, luego de que el gobernador Martín Orozco Sandoval se comprometió a seguir impulsando proyectos que marcarán el futuro de la entidad, como lo hizo con la recién inaugurada Arena San Marcos y su inversión de casi 270 millones de pesos. Nos comentan que nadie duda en la entidad de que las decisiones del mandatario marcarán el futuro de los aguascalentenses, quienes tendrán que cargar una deuda pública de dos mil 500 millones de pesos hasta el 2036, o al menos ése es el monto al que la administración orozquista apunta al llegar al final del sexenio, luego de haber incrementado la deuda pública del estado en casi 40 por ciento en menos de tres años. Uf.
Quien fue vehemente ayer al dar cuenta de la atención que está dando a los hechos ocurridos en Puerto Morelos, donde se suscitó un tiroteo en pleno espacio vacacional, fue el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. “Es evidente el deseo de dañar los procesos de recuperación de las familias quintanarroenses, por estos grupos irresponsables, de poca valentía, de cobardía, trabajando de esta manera y generando una situación complicada”, refirió. Ha quedado claro, nos comentan, que además del reforzamiento de la seguridad que implica el suceso, el gobierno estatal se concentrará en evitar que haya impunidad en el caso, porque representa, además, dijo el mandatario estatal, un fuerte golpe para el desarrollo de la entidad.
Prioridades presidenciales
Nos cuentan que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado se reunió ayer con el presidente López Obrador. Hablaron sobre el presupuesto que se discutirá y votará la próxima semana, la reforma eléctrica y la consulta de revocación de mandato. Son los tres temas prioritarios para la Presidencia, y el líder del partido no quiere decepcionarlo.
Nueva terna para la Corte
El presidente López Obrador está por enviar al Senado su terna de candidatos a suplir al ministro de la Corte Fernando Franco, quien culmina su periodo el próximo 11 de diciembre. Se barajan los nombres de Eva Verónica De Gyves Zárate, Loretta Ortiz y Bernardo Bátiz, aunque todo indica que la balanza se inclinará por De Gyves, porque es la única juzgadora.
Diputado confundido
Mucho ruido metió el presidente de la Comisión de Energía de San Lázaro, Manuel Rodríguez, con las fechas de discusión de la reforma energética. Él da por hecho que el 15 de diciembre próximo será aprobada en el Pleno, pero en el Senado tienen otros datos: el líder de la Jucopo, Ricardo Monreal, consideró pertinente que se haya aplazado a abril de 2022.
Córdova lleva su acordeón
Con números bajo el brazo va el presidente del INE, Lorenzo Córdova, a San Lázaro. A sabiendas de que en la comparecencia de hoy lo cuestionarán sobre su plan de presupuesto para 2022, el consejero lleva tablas comparativas para acreditar su solicitud. Incluye, nos dicen, datos precisos y exactos sobre el costo de la consulta de revocación de mandato.
Ofrecen civilidad
Por cierto, nos adelantan que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, que coordina Ignacio Mier, quiere dar un ejemplo de civilidad en la comparecencia de Lorenzo Córdova. Habrá cuestionamientos fuertes, pero siempre, nos dicen, sustentados y documentados. Sobre todo, en lo referente al manejo de recursos en el instituto. (El Heraldo de México, La 2, p.2)
El presidente López Obrador desperdició una oportunidad prácticamente única para conocer a los principales líderes mundiales, tanto en la reunión del G20 que se realizó en Roma como en la apertura del COP26 sobre cambio climático en Glasgow. Al Presidente no parecen importarle los grandes temas globales y puede seguir pensando que la política interior es la mejor política externa, pero resulta que eso no es verdad a la hora de relacionarse con los gobiernos y los conflictos de un mundo global en el que México, aunque no le guste al Ejecutivo federal, pertenece de todas las formas posibles.
Ir la próxima semana a Nueva York a una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, que este mes le toca presidir a nuestro país, no significa lo mismo que hubiera implicado ir al G20 y a la COP26. En Roma y en Glasgow estuvieron los líderes mundiales y el presidente López Obrador hubiera podido reunirse con ellos, mirarlos cara a cara, medirlos y ser medido.
El que el Presidente no hable inglés no es, como no lo será en la ONU, en Nueva York, un impedimento, para eso se utilizan traductores. Hay otros líderes que no lo hablan y han tenido notables participaciones en este tipo de encuentros. Por citar a dos políticos en las antípodas, ahí están José María Aznar, cuando era presidente del gobierno de España (Aznar, cuando concluyó su gestión, se fue varios meses a Estados Unidos con el objetivo de aprender a hablar bien inglés, su acento sigue siendo muy castizo, pero lo logró plenamente), lo que no le impidió hacer acuerdos de fondo con George W. Bush y Tony Blair, cuando fue la intervención en Irak; el otro es Luiz Inácio Lula da Silva, el exmandatario de Brasil, un hombre sin formación académica, pero que tuvo participaciones muy importantes en estos y muchos otros foros durante su mandato.
En el Consejo de Seguridad estarán los representantes de los países que lo integran, pero ningún otro mandatario y la repercusión del discurso presidencial, que girará en torno a la corrupción y la desigualdad social, será, por lo menos, escasa, porque el tema no está en la agenda del Consejo. Se podrá pensar o no que esos son algunos de los grandes temas globales, pero lo cierto es que en el Consejo se aborda otra agenda mucho más ligada a las crisis o conflictos coyunturales: la confrontación entre Estados Unidos y China, con uno de sus epicentros en Taiwán, es uno de esos temas, y México, pese a la demanda constante en ese sentido de la Unión Americana, no ha tomado posición al respecto, incluso en un tema tan delicado como la ciberseguridad (y no tomar posición es una forma de tomarla y distanciarse de Estados Unidos); los grandes conflictos en Oriente Medio o la crisis que se vive en Afganistán después de la evacuación de Estados Unidos. Incluso la situación en Venezuela o en Cuba, que es parte de los principales conflictos potenciales en la región. O la migración, que va mucho más allá de la política fronteriza entre México y Estados Unidos.
Sería interesante ver cómo el gobierno mexicano usaría su presidencia del Consejo de Seguridad para abordar, por ejemplo, alguno de estos temas, no lo hemos hecho en estos tres años y todo indica que no lo haremos. Recordemos, por ejemplo, cómo se dañó la relación entre los presidentes Bush y Fox, cuando México, en el Consejo de Seguridad, entonces representados por el fallecido Adolfo Aguilar Zinser, decidió no apoyar la intervención de Estados Unidos en Irak. Esos son los verdaderos temas centrales de ese organismo global.
Porque, además, alguien informa muy mal al primer mandatario de ciertos temas internacionales. Un ejemplo claro es el del acuerdo contra la deforestación asumido por un centenar de países en la COP26. El miércoles, el Presidente sostuvo en la mañanera que ese acuerdo estaba basado en el programa Sembrando Vida. Incluso se mofó de sus críticos porque decían que México se había tardado casi 24 horas en suscribir el acuerdo. Cómo nos vamos a tardar, se preguntó, si nosotros lo impulsamos. No es verdad, el acuerdo de reforestación no está basado en Sembrando Vida, tiene mucha mayor relación en impedir, por ejemplo, que Brasil siga deforestando el Amazonas, es un acuerdo que lleva años negociándose, desde antes de que López Obrador asumiera la Presidencia de México, nuestro país no lo propuso en la COP26 y sí nos tardamos horas en adherirnos, quizá porque la reunión comenzó desde el lunes en los hechos y hasta la semana próxima no llegará a Glasgow la jefa de la delegación mexicana, la secretaria de la Semarnat, María Luisa Albores. Quizá también porque estamos a años luz de cumplir con nuestras responsabilidades medioambientales: apenas hemos cumplido con el 22% de las metas fijadas en los Acuerdos de París, firmados en diciembre del 2015 y cuyo cumplimiento se está evaluando en la COP26.
Si una afirmación como la de Sembrando Vida puede generar un fuerte debate en el contexto interno, sería un desastre expresarla en una cumbre presidencial.
No se puede subestimar el peso de lo externo en la política interna. Si alguien no lo entiende así tendría que ver las repercusiones que tuvo la última ronda de visitas del embajador Ken Salazar ante legisladores, funcionarios y el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, para abordar, entre otros, el tema de la contrarreforma energética. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p.10)
Tal vez —sólo tal vez— fue por el puente del Día de Muertos que el 2 de noviembre pasó inadvertida en México la conmemoración del Día para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.
Pero todos sabemos que no es así. Con o sin días “festivos”, la falta de respuesta frente a las agresiones contra quienes ejercemos esta profesión es uno de los temas que permanece debajo de la alfombra.
Aunque hay grupos y organizaciones que hacen todo para visibilizar este lamentable fenómeno, pocos, o casi ningún sector del gobierno, ni los ve ni los oye. No es una apreciación, ni una suposición. Es una realidad.
En el primer semestre de 2021, la organización Artículo 19 documentó 362 agresiones entre las y los profesionistas que cubren temas relacionados con política, corrupción, seguridad y justicia, y derechos humanos.
Pero por si eso resulta poco, de los casos registrados en los últimos tres años, 90 por ciento no están resueltos. Los responsables, autores de asesinatos, desapariciones y agresiones viven en la impunidad.
Lo reconocen Gobernación y la Presidencia; sin embargo, la pura aceptación no frena la evolución del problema.
De acuerdo con un balance que hizo la Alianza de Medios Mx, de la cual forma parte El Heraldo de México, suman 49 los comunicadores asesinados en lo que va de la presente administración. Sólo hay sentencia en cinco casos. Con ocho “incidentes”, Sonora encabeza la lista con más periodistas ultimados en el país, entre diciembre de 2018 y septiembre de 2021, seguido por Guerrero, con seis; Veracruz, cinco; Michoacán, cuatro; Estado de México, tres, y Oaxaca, tres.
“La realidad en México es espantosa en términos de crímenes contra la prensa”, sentenció el representante en México del Comité de Protección de Periodistas, Jan Albert-Hootsen. Y esa realidad la reconocen en la 4T. Lo malo es que no saben cómo resolverla, a pesar de que tienen los recursos legales, jurídicos, políticos y económicos para hacerlo. Ni qué decir de los funcionarios encargados de atender el tema. Ni un mensaje de solidaridad con los periodistas desaparecidos y sus familias.
Es muy probable que el fiscal General estuviera atendiendo asuntos más relevantes, igual que Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, fiscal para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión; Juan Carlos Chávez, director general; y Nahum Pedro Zarate, director adjunto, o Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y coordinador del mecanismo para “proteger” a periodistas de la Segob.
FUEGO AMIGO. El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, fue uno de los panistas que salió a echar en cara a Marko Cortés sus declaraciones sobre una derrota adelantada en las elecciones de 2022. El mandatario panista, me dice un dirigente del blanquiazul, tiene razones suficientes para estar enojado. Teme que desde el CEN le quieran imponer a la diputada Tere Jiménez como candidata del PAN a la gubernatura de su estado. Ella fue alcaldesa de la capital y, a pesar de ser panista, toda su gestión estuvo peleada con Orozco.
El otro candidato podría ser el senador Toño Martín del Campo. Y en ambos casos dejarían de lado al mandatario. Esa es la razón por la que incluso atribuyen a Orozco la filtración del audio contra Cortés, dejando ver que cuando la perra es brava, hasta a los de casa muerde.
DIAMANTE NEGRO. El actor y empresario Roberto Palazuelos anda muy activo en el ámbito de la política. En días recientes estuvo en la CDMX buscando acercamientos con diversos actores de la vida política. Se reunió con el coordinador del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, para explorar la posibilidad de contender por la gubernatura de Quintana Roo en 2022, como abanderado del PRI, PAN y PRD.
Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “¡Contra la injusticia y la impunidad!, ni perdón ni olvido”. (Alfredo González, El Heraldo de México, País, p.7)
Si en vez de pato laqueado en un sitio picudo Emilio Lozoya hubiera comido tacos de lengua en la calle, habría mostrado congruencia con su victimista coartada de haber sido usado (“instrumentalizado”) por Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, y evitado que Lourdes Mendoza lo atrapara pasándosela bomba como cualquier alto clasemediero y no como el ex funcionario federal que mejor ejemplifica la corrupción.
Aunque para decidir encarcelarlo el juez (José Artemio Zúñiga) dijo no haber tomado en cuenta las fotografías que la periodista le tomó el 9 de octubre, tiene su peso específico el alegato del representante de la Fiscalía General de la República, en el sentido que su desliz mostró el “poco pudor procesal” del acusado (lavado de dinero, asociación criminal y cohecho) por el soborno de 10 millones de dólares que recibió de la constructora Odebrecht.
Favorecido por la medida cautelar de libertad condicionada de que venía gozando desde que lo trajeron de España (julio del año pasado), Lozoya declaró ministerialmente que la fortuna mal habida la repartió entre legisladores y ex funcionarios, incluidos sus ex jefes (Peña y Videgaray), e implicó a los ex presidentes Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari.
Todo el entramado fue, sostuvo, para aceitar la aprobación de la reforma energética que rechaza el gobierno actual.
Sin embargo, el dinero que recibió, según han declarado sus corruptores, tuvo como único propósito que se comprometiera a darles contratos de obra para la refinería de Tula.
Con la voluminosa copia de la carpeta de investigación en su contra, uno de sus prominentes difamados, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya, denuncia que Lozoya lo hace diputado cuando no lo era; que conserva el monto del soborno y que la FGR ha acomodado fechas y circunstancias a discreción para levantarle las acusaciones que lo empujaron a irse del país.
En los 15 meses de su blablablá, el único discutible “pez gordo” que la Fiscalía ha conseguido enchiquerar y a quien está por demostrarse en tribunales que fue beneficiado con sobornos del sobornado es el ex senador de Acción Nacional Jorge Luis Lavalle Murray.
De los diez (o diez y medio como también se dice) millones de dólares, ni siquiera un peso ha sido entregado por el ex director de Pemex como “reparación del daño”.
Por eso mismo, los acusadores de la FGR, Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda le pidieron al juez dictar la orden de encarcelarlo, asegurando que hay nueva información en el sentido de que Lozoya posee y tiene acceso a dos millones de euros o dólares (ni en la precisión pueden ponerse de acuerdo), así como relaciones que le facilitarían huir por segunda ocasión.
El escandaloso caso Lozoya que comenzó a destaparse en el sexenio anterior (Videgaray no lo soportaba y tardó más de un año en convencer a Peña de correrlo), desde los primeros indicios, prometía ser una bomba pero hasta hoy no ha pasado de manifestarse como una triste pompa de jabón. (Carlos Marín, Milenio, Política, p.7)
A Emilio Lozoya se le acabó la suerte. La paciencia en la Fiscalía General de la República (FGR) se agotó, la presión presidencial y de la opinión pública creció, y el exdirector de Pemex esta donde nunca imaginó estar, y a donde quizá debió llegar hace mucho: la cárcel.
El caso Lozoya se le salió de las manos al fiscal Alejandro Gertz Manero que, con tantos frentes abiertos, no resistió más los embates. Necesitaba un respiro. Y Lozoya se lo dio.
15 meses y 18 días después de llegar extraditado desde España puso un pie en un juzgado. Ese mismo día, también pasó su primera noche en el Reclusorio Norte, en el dormitorio 10. Hasta ese lugar fue llevado por agentes de la policía procesal que lo detuvieron en la sala de audiencias el pasado miércoles. Lozoya no imaginó que ese día lo terminaría en una celda.
El buen humor con el que llegó al juzgado, poco a poco se apagó tras oír los duros señalamientos de la Fiscalía General de la República que, le advirtió, lo acusará por lavado, delincuencia organizada y cohecho. “No ha mostrado intención en cooperar”, le espetaron. “Son impúdicas las fotografías (cenando en el Hunan)”, reclamó el representante de Pemex que acudió a la audiencia.
Antes de ser llevado al reclusorio, mientras escuchaba la decisión del juez, Lozoya tomó de la mano a su madre, Gilda Margarita Austin, quien estuvo a su lado. Poco antes de las 15:30 horas fue acompañado al penal. No lo esposaron.
El extitular de Pemex fue sometido a una revisión médica, se le aplicó una prueba para detectar COVID-19 y cenó como el resto de los más de siete mil internos. Esta vez no hubo pato laqueado.
Entre sus compañeros de prisión, hay varias caras conocidas, que se encuentran en el módulo de ingreso, donde vivirá por ahora. Pero ni el cruce de miradas con Javier Duarte o Juan Collado despertará tanto morbo como el encuentro con el exsenador Jorge Luis Lavalle, quien está detenido a raíz de las acusaciones del propio Lozoya.
Como los demás personajes célebres, Lozoya tiene un custodio para vigilarlo. Es monitoreado por cámaras de seguridad. Duerme solo, sin compañeros de estancia. Podrá salir al patio, pero no convivirá con el grueso de la población penitenciaria.
Las circunstancias y la narrativa desde el poder, que habían jugado en favor de Lozoya, se modificaron, y con ellas, la suerte del exdirector de Pemex.
La cascada de yerros que apabullaba al fiscal Gertz Manero, jugó en su contra.
A diferencia de hace meses, hoy ya no había nadie que quisiera a Lozoya en libertad.
A nadie le servía. A nadie convenía. Por eso está donde está. Por eso se quedará ahí, hasta que sea útil nuevamente. O quizá, ya dejó de serlo. (Manuel López San Martín, El Heraldo de México, País, p.10)
En su nueva defensa del fiscal general Alejandro Gertz Manero, quien tuvo la ambición suicida de esperar casi 16 meses a que el exdirector de Pemex Emilio Lozoya documentara decenas de acusaciones de corrupción en el sexenio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador le expresó su confianza y recordó que, al encontrarse en la última etapa de su vida –tiene 82 años de edad–, querrá terminar con dignidad. Gertz Manero ya desperdició un año y medio de esa fase por las mentiras de Lozoya, y va en camino de perder otro tanto.
Gertz Manero, un fiscal cuya autonomía es relativa, actuó conforme a los lineamientos públicos y privados que le indica el Presidente, como el cambio de privilegios a prisión preventiva justificada para Lozoya, resultado de la gran molestia del Presidente tras la comentada cena en el restaurante Hunan, que puso en aprietos al fiscal. Hombre vanidoso, también a él le hirvió la sangre, que de acuerdo con lo que ha trascendido, sintió la imprudencia del exdirector de Pemex como un agravio personal que había afectado su reputación.
El jueves, en este espacio, se publicó que la solicitud de prisión preventiva justificada, ante la posibilidad de que se fugara, sorprendió a la defensa de Lozoya. Nueva información permite ahondar en esta versión. La prisión preventiva fue discutida durante dos horas el lunes pasado en las oficinas de Gertz Manero con Emilio Lozoya Thalman, padre del delincuente confeso de corrupción, y quien encabeza de manera real la defensa de su hijo. También estaba el subprocurador especializado en Investigaciones de Delitos Federales, Juan Ramos, que ha sido con quien Lozoya ha trabajado los detalles de los acuerdos, antes de que pasen para el visto bueno del fiscal.
Ambos funcionarios están indignados con Lozoya desde la cena el 9 de octubre pasado, y en diversas ocasiones, particularmente a través de Ramos, que se reúne frecuentemente con Lozoya Thalman, se lo han mandado decir al exdirector de Pemex. Aun así, en la reunión del lunes, Lozoya Thalman quiso negociar con ellos para evitar que le dictaran la prisión preventiva justificada a su hijo, sabiendo que por la relación existente con el juez encargado del caso, Artemio Zúñiga, una vez que lo pidieran los ministerios públicos federales, se la otorgarían. No está claro que Lozoya y el abogado que lo acompañó a la comparecencia estuvieran al tanto de ello.
La irritación del Presidente, junto con la molestia exacerbada de Gertz Manero, hacía imposible incluso que se discutiera. Ninguno de los tres entró en los detalles de cómo transcurriría el proceso, que le encargaron afinar al ministerio público federal responsable del caso por parte de la subprocuraduría, Christian Jiménez, y a Alejandro Rojas, otro de los abogados de Lozoya. Revisaron el libreto de lo que sucedería en la audiencia del miércoles, y de acuerdo con la nueva información sobre lo sucedido esta semana, quedaron en el entendido de que la solicitud de prórroga por 60 días para aportar más pruebas a sus dichos, sería autorizada sólo por 30 días, y que entonces la fiscalía pediría la prisión preventiva justificada.
No había márgenes de maniobra para Gertz Manero, ante la presión política y social que causó la imprudencia de Lozoya al ir al Hunan, que transmitió la realidad que, aun sin acceder al criterio de oportunidad y haber incumplido repetidamente con la presentación de pruebas y el desdén para comparecer en casos de difamación que le han presentado otros de sus imputados, lo que había mostrado era impunidad, discrecionalidad de la justicia y burla para el gobierno.
En ese contexto, los abogados Jiménez y Rojas quedaron en principio, tal y como planteó la fiscalía, que Lozoya permanecería en el Reclusorio Norte todo el mes que tiene para presentar más pruebas, y una vez que las ofreciera en una nueva comparecencia, se cancelaría la solicitud de prisión preventiva justificada y reanudarían la colaboración. Es decir, la cárcel en noviembre para Lozoya servirá para aliviar las presiones, evaporar las críticas al Presidente por su inacción en el tema de la corrupción, y salvarle la cara a Gertz Manero. También fue para satisfacer la exigencia de Santiago Nieto, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, para mantener su colaboración con la fiscalía. De ahí el mensaje de apoyo a la fiscalía en Twitter, celebrando la prisión para Lozoya.
Dentro de la fiscalía están ciertos de que Lozoya no va a presentar pruebas para apoyar su dicho, porque no tiene, pero Gertz Manero no va a permitir que 16 meses de espera se vayan a la basura. Tampoco está dispuesto sólo a recortar sus pérdidas y que el principal caso contra la corrupción en México se reduzca a condenar a quien era su testigo estrella, arrollando su prestigio y lastimando al propio Presidente. Lo que se va a hacer, trascendió, es lo que hicieron con Rosario Robles, la exsecretaria de Estado en el gobierno de Enrique Peña Nieto, fabricar pruebas para pedir órdenes de aprehensión contra un selecto grupo de imputados.
La fiscalía irá construyendo las pruebas que va a presentar Lozoya al juez, de acuerdo con la nueva información del caso, pero no van a ir en contra de todos los imputados originalmente por Lozoya. Dejarán fuera al expresidente Enrique Peña Nieto, y se enfocarán en el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, el exdirector de Pemex José Antonio González Anaya –para satisfacer al actual director de la empresa, Octavio Romero Oropeza, quien tiene un diferendo personal con él– y el excandidato presidencial Ricardo Anaya, a quien López Obrador quiere en la cárcel, como revelaron sus colaboradores hace meses.
Ninguna acusación contra ellos tres le garantizaría el acceso al criterio de oportunidad –aun cuando se demostrara su culpabilidad– si se aplica la ley, porque ninguno de ellos era su superior inmediato, como se requiere para lograr el beneficio. Pero el caso Lozoya nunca ha tenido que ver con la justicia, ni con la lucha contra la corrupción. Tiene que ver con política, elecciones y venganza. En este cajón, lo hemos visto, todo cabe. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, p.40)
Sus apariciones públicas eran un desfile de modas. Bolsas, ropa, zapatos, Chanel, Gucci, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana. Había lujos y se veía despilfarro. Rosario Robles estaba en la plenitud del poder. Manejaba el millonario presupuesto de la Cruzada Contra el Hambre. Había contratos por aquí y por allá que se compensaban con jugosos regalos. Y la Estafa Maestra, que comenzó a las dos o tres semanas de haber iniciado el sexenio, tenía ya varios años operando con la precisión de un reloj suizo, nutriendo bodegas de cash para las necesidades y aspiraciones del gobierno de Peña Nieto.
Para Rosario Robles, atrás habían quedado los tiempos de crisis económica. En la entrega del miércoles de estas Historias de Reportero le relaté que la pareja de Robles, el empresario Carlos Ahumada, logró corromper el círculo más íntimo de López Obrador. Los videograbó recibiendo dinero. Y eso no se lo perdonó el tabasqueño. Cuando él se encumbró, la arrojó al basurero político donde estuvo varios años hasta que, de la mano de Carlos Salinas de Gortari, se coló al gabinete en 2012.
En ese gobierno, los oficiales mayores de las Secretarías los ponía el todopoderoso secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Pero a Rosario le dejaron colocar ahí a uno de sus incondicionales: Emilio Zebadúa. Él operaba con Hacienda y aterrizaba el flujo de dinero. El otro hombre clave, Ramón Sosamontes, jefe de oficina, se encargaba de alinear a los rectores de universidades que participaban en el esquema de la Estafa Maestra. Y las bodegas de cash que se cosechaban como frutos de esos desvíos, eran supervisadas por Luis Miranda, subsecretario de Gobernación primero, secretario de Desarrollo Social después, íntimo amigo del entonces presidente Peña.
La dupla Zebadúa-Sosamontes, aunque peleados entre ellos, operaban con eficacia para su jefa: no sólo cumplían con las tareas encomendadas para el gobierno, sino que se encargaban de que nada faltara a ella, a su familia, a sus cercanos. Y el que parte y comparte… a Zebadúa se le atribuye la compra de varios departamentos en Miami, aún se recuerda su mega-boda en Acapulco a la mitad del sexenio y se sabe que fueron sus declaraciones las que condujeron a su jefa a prisión.
Muchas fuentes me aseguran que si bien Rosario Robles vivió un sexenio de lujo —muy al estilo del peñismo—, no salió multimillonaria como otros, al grado que hoy no tiene para pagar a sus abogados. Lleva dos años en la cárcel en un proceso que, sin considerarla inocente, incluso personajes afines al gobierno opinan que es un abuso de poder de López Obrador, una venganza personal contra quien fue su compañera de partido y considera que lo traicionó. Tan personal, cuentan, que cuando se estaba amarrando el Pacto AMLO-Peña, López Obrador vetó la candidatura de Rosario al Senado por el PRI, pues la consideraba una afrenta. Desde ahí se vio que tenía planes para ella. (Carlos Loret de Mola, El Universal, nación, p.5)
De acuerdo con la encuesta publicada esta semana por El Financiero, seis de cada diez personas saben poco o nada de la propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica planteada por el presidente López Obrador.
Sin embargo, a pesar de no entenderla, un 51 por ciento la respalda frente al 31 por ciento que la rechaza.
Por lo pronto, la definición del tema ya se pospuso para otro momento, o quizás no, en medio de afirmaciones y dementidos. Lo que es claro es que hay mucha confusión respecto a las fechas.
Si la votación fuera en abril sería una buena noticia porque da espacio para una discusión más amplia.
El hecho es relevante por la paradoja revelada por la encuesta. ¿Cómo puede ser que se respalde algo que no se conoce ni se entiende?
Se trata al final de cuentas de un acto de fe.
Hay que recordar que el respaldo que recibe el presidente López Obrador sigue siendo mayoritario, de un 60 por ciento, no importa que la calificación de algunas de sus políticas sea reprobatoria.
Los ciudadanos no califican al presidente en función de los resultados que ofrece, sino que lo hacen a partir de su identificación con él y de lo que les transmite en sus frecuentes comunicaciones.
Esto implica también una simpatía por algunas de sus iniciativas más emblemáticas.
En el tema de la reforma eléctrica, el presidente construyó una narrativa mediante la cual contó la historia de una serie de cambios que se presentaron en el 2013 con la reforma energética de Enrique Peña con los cuales, un puñado de grandes empresas obtuvo pingües beneficios mientras que los ciudadanos de a pie no obtuvieron ninguno.
Aquel comparativo difundido en una de las conferencias mañaneras, con el cual comparaba el precio promedio de la electricidad pagado por diversas empresas comerciales, que parecía ser muy inferior al precio pagado por las familias, es quizás el ejemplo claro de esta narrativa.
Obviamente, nunca se precisó en la misma conferencia mañanera que el precio promedio que pagan la mayoría de los hogares mexicanos, en virtud de que la tarifa está subsidiada, es apenas una fracción de las tarifas que pagan los comercios.
Como quien dice, los datos estaban manipulados.
El dato que se dio a conocer y que escandalizó, es en realidad el que pagan quienes tienen la tarifa de alto consumo (DAC), lo que significa una cantidad insignificante de hogares respecto al total, por cierto los de más altos ingresos.
Más allá de la falacia de las cifras que se informaron, se logró posicionar esa narrativa, lo que contribuyó a obtener un respaldo importante de la población.
Veremos ahora lo que sucede en los siguientes meses dada la posposición de la votación de esta reforma.
En tanto reforma constitucional, necesita una mayoría calificada que no podría obtener sin todos los votos del PVEM y una parte importante de los votos del PRI.
Una de las estrategias de Morena había sido hasta ahora lograr que el PRI, o al menos algunos priistas, consideraran que pueden atraer la simpatía de una parte importante de los electores, respaldando la propuesta presidencial.
Ahora veremos qué sucede hacia adelante.
Los datos también hablan de la incapacidad que hemos tenido quienes hemos criticado a esta reforma para transmitir de manera sencilla y clara sus problemas y desventajas.
Con el nuevo calendario, sobre todo si la votación se va hasta el siguiente año, las coordenadas de la discusión serán diferentes.
Por lo pronto, el acuerdo parlamentario eliminó la posibilidad de que se presente un madruguete legislativo. (Enrique Quintana, El Financiero, La 2, p.2)
El 4 de noviembre de 2019, tres mujeres y seis menores de edad fueron asesinados en la colindancia entre Sonora y Chihuahua. Las víctimas, eran integrantes de las familias LeBarón, Langford, Miller y Johnson. Todos eran ciudadanos mexicano-norteamericanos que vivían en Bavispe, Sonora, al norte de nuestro país. Las víctimas fueron interceptadas por grupos delincuenciales y les fueron arrebatados su futuro, sus risas, sus esperanzas, su vida.
Desde hace dos años la familia LeBarón ha buscado justicia y verdad para esclarecer lo ocurrido aquél día. Las autoridades ministeriales abrieron diversas carpetas de investigación. Algunas fueron por delincuencia organizada, por homicidio, por complicidad y tolerancia de las autoridades. Incluso se han detenido a más de veinte personas, sin embargo, aún se desconoce qué motivó estos asesinatos.
Ayer en su conferencia matutina, el Presidente López Obrador afirmó que “se avanzó en la investigación, están detenidos los responsables, se hizo justicia en este caso lamentable de los niños y las señoras que perdieron la vida en Bavispe”. Como es su costumbre, mintió sobre esta tragedia, porque la realidad es que hasta hoy, no ha habido ninguna persona sentenciada y esta masacre sigue impune.
México está de luto. Según cifras oficiales, desde que inició esta administración, se han asesinado de forma violenta a más de 100 mil personas y casi 25 mil personas han desaparecido en estos 3 años de gobierno. Los homicidios, las masacres y las desapariciones no han cesado y el país está sumido en una ola de violencia descontrolada.
Vamos a la mitad del mandato de López Obrador y ha sido el tiempo más violento en la historia reciente de México. El plan de “abrazos y no balazos” no es suficiente para detener el derramamiento de sangre que hay en nuestro país. Se necesita una estrategia clara y pronta.
Miles de familias han perdido a sus seres queridos y este gobierno ha sido indolente e ineficiente. El llamado es urgente y el Estado mexicano debe garantizarles justicia, verdad, reparación y no repetición.
Sirvan estas líneas para honrar la memoria de las miles de personas que han perdido la vida, así como para recordar a las víctimas de la masacre de Bavispe, Sonora: Rhonita María Miller, Christina Marie Langford, Dawna Ray Langford, Howard Jacob Miller, Krystal Ballaine Miller, Titus Alvin Miller, Tiana Gricel Miller, Trevor Harvey Langford y Rogan Jay Langford.
Es de reconocerse la convocatoria del día de ayer de la familia LeBarón a una velada en el Monumento a la Revolución. Para que el 4 de noviembre sea un día de luto nacional por todas las víctimas de nuestro país. Para que el 4 de noviembre sea un día que dé esperanza a las familias. Para que el 4 de noviembre nos reencontremos y pidamos un México en paz, libertad y armonía. Porque el 4 de noviembre es un día que no se debe olvidar. (Kenia López Rabadán, El Universal, Opinión, p.17)
La corrupción estructural con su red de complicidades y colusiones es la que hoy desvirtúa de manera integral al Estado, al mercado y a la sociedad. En las evaluaciones nacionales e internacionales se ha demostrado que la alternancia en el poder en nuestro país no ha significado una reducción significativa en este flagelo que mina todos los tejidos sociales, políticos y económicos. El sismo transformador que México experimenta en la actualidad lo está llevando a un peligroso escenario de deterioro de la relación Estado-sociedad. El resultado no es difícil de pronosticar: un México frente a un futuro de balcanización. En el escenario ya común de normalizar la impunidad y la corrupción, particularmente la de las élites políticas y económicas, los tenues logros de la cuatroté quedaron desdibujados ante el tiradero del caso Emilio Lozoya. El empantanamiento de la rendición de cuentas en estos tres años coincide con el mugrero político-jurídico del arreglón con el exdirector de Pemex. De no ser por la foto —cortesía de Lourdes Mendoza— del delincuente confeso cenando plácidamente con amigos en un lujoso restaurante desafiando al presidente y su tonada contra la corrupción y la sepultura del demoniaco periodo neoliberal, Lozoya Austin seguiría sin ser molestado con el pétalo de un citatorio.
Salvar cara ante esa prepotencia de sentirse protegido por oscuros pactos ha salido carísimo en tiempo y en formas. En unos días López Obrador estará en Nueva York en la sede de la ONU: “Voy a ir a Naciones Unidas el 9 de noviembre y voy a participar en una reunión, voy a hablar de lo que considero el principal problema del mundo: la corrupción que produce desigualdad”, espetó recientemente. El timing de la FGR, después de la ira presidencial, e hilar fino en estas semanas para que Lozoya pisara la cárcel tampoco debió ser tarea fácil. La imagen del fiscal Gertz Manero minada por revanchas personales y desgastada por los pocos resultados en el caso que debió ser el nítido ejemplo de la transformación en el combate a la corrupción, ha sido incorporada al pedestre manual titulado “No es falso, pero no es verdadero”, faltaba más.
El discurso presidencial en la sede de la ONU sobre el principal problema del mundo podría no tener el impacto deseado gracias a la fotografía y al menú del Pato laqueado. Los hechos lapidan las palabras y en ese sentido también transitó el asunto de la Reforma Eléctrica no sólo en la arena legislativa. La misiva firmada por 40 congresistas de Estados Unidos dirigida a cuatro integrantes del gabinete de Joe Biden expresando una “grave preocupación” y los ires y venires del embajador Ken Salazar al palacio alrededor del mismo tema, debieron prender más que una alerta en la relación bilateral que continúa en modo tensión latente en una coyuntura de amplia complejidad.
Hace tiempo que existe una comprensible erosión de la confianza ciudadana en la función gubernamental. Emilio Lozoya en la cárcel no reivindica la propaganda contra la corrupción, pero es una bocanada de aire en el escenario de la normalización de la impunidad definido por la anulación de la rendición de cuentas y el arraigo de la corrupción institucional.
El desenlace del efecto dominó y de las consecuencias de permanecer encerrado en un penal no son difíciles de pronosticar. El affaire Lozoya está lejos de haber finalizado. (Marcela Gómez Zalce, El Universal, Nación, p.7)
El presidente Joe Biden no consigue arrastre político y todo lo que representa Donald Trump parece cobrar vuelo.
Mucho, en verdad, mucho está por definirse aún, empezando con sus líos con la justicia, ¿pero quién puede descartar un posible regreso a la política del ex mandatario estadounidense?
Ayer, Pablo Hiriart, en su columna Uso de Razón, refirió los malos resultados para los Demócratas en batallas electorales recientes. Pueden buscar argumentos adicionales en este título devastador:
“El proyecto de ley de Reconciliación Presupuestaria Masiva no es un proyecto de ley sobre el clima, es una colección de malas políticas de todo, menos el fregadero de la cocina”, ¿el autor? La cámara empresarial más poderosa del mundo, la US Chamber Of Commerce, representante de las más grandes empresas de ese país, que así, desde septiembre, marcó en un texto el destino de la propuesta legislativa del presidente Biden.
¿Qué tiene que ver eso con Donald Trump?
Sucede que antes de dejar el liderazgo de esa cámara en manos de su actual presidenta Suzanne Clark, el histórico director general de la organización Thomas Donohue, encauzó su grupo en favor de los Demócratas, después de lo cual, Biden ganó la presidencia. (https://wapo.st/3GSWVLF)
La agenda puesta en manos de los siguientes gobernantes estaba clara: aprobar un ambicioso paquete de infraestructura, que incluso ya superó el Senado. Pero Biden defendió otro proyecto que se trabó incluso entre representantes de su propio partido.
Por eso, la US Chamber dejó claro que la iniciativa de una “Reconciliación Presupuestaria” solicitada por el actual presidente, no debería pasar.
“Un camino mucho más productivo es seguir el modelo del proyecto de ley de Infraestructura Bipartidista que pasó en el Senado y está en la Cámara (de Representantes)”, divulgó el gremio empresarial.
Dicho en otras palabras, los Demócratas parecen haber perdido el apoyo que los llevó de regreso a la Casa Blanca y a la relativa mayoría legislativa. Mala tarde para el presidente Biden.
El próximo año los estadounidenses van a elecciones nuevamente para elegir precisamente legisladores. Luce complicado su panorama.
¿Un eventual regreso al poder de Donald Trump o del Partido Republicano que domina, sería una mala noticia? Cada quien tiene su respuesta.
Por el lado económico, esa situación potencial coloca al mundo nuevamente bajo amenazas de aranceles y barreras contra todo país que provoque al ex mandatario. Pero la US Chamber ya lidió con eso en el pasado y en lo sustantivo, contuvo a Trump.
Estamos en días de una decisiva COP 26. ¿El medio ambiente enfrentaría un escenario fatal? Durante su mandato, el republicano habló más de los productores de carbón que lo que hizo realmente por ellos.
Nuevamente, el poder del equipo de Suzanne Clark quedaría de manifiesto y en su cámara abogan por encargar el asunto al mercado, pero vean esto: defienden una propuesta para establecer un Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono.
¿Qué significa eso? Que al igual que Europa, los vecinos quieren evitar que sus empresas vayan a producir a otros países cuando en casa les imponen reglas ambientales. Eso podría significar barreras de importación de productos para naciones que produzcan, por ejemplo, electricidad con combustibles fósiles (https://bit.ly/3q8HWr6).
¿Y las soluciones? También las esperan del capitalismo. Después de todo es la empresa Tesla la que promete sustituir con energía solar, toda la que hoy depende del petróleo. (Jonathan Ruiz Torre, El Financiero, Política, p.25)