Ha quedado claro que en México nos falta mucho por aprender sobre los derechos de los migrantes y nos falta más para entrenar a nuestra Guardia Nacional para respetarlos, incluso al mismo Instituto Nacional de Migración, que se ha percibido bastante extraviado.
Y es que esta semana, el tema de la Caravana Migrante en Chiapas se puso feo, feísimo, y no ha hecho más que empeorar.
Conversé con Luis Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, poco después de salir el comunicado del Instituto Nacional de Migración del 1 de noviembre, donde aseguraba haber detectado 6 casos de dengue en la Caravana Migrante.
“Primero decirte que no es cierto lo que dice el Instituto Nacional de Migración. Los comunicados oficialistas dicen mentiras y no muestran pruebas, al decir que hay 5 niños con dengue”.
“Nunca presentaron las pruebas, porque nunca se las hicieron. Personalmente yo llevé a los niños, y el director de la clínica —de apellido Huitrón— negó la atención a los niños, de tal manera que tuvimos que llevarlos a la clínica de Pijijiapan, y ahí es donde pudimos ver a los heridos de la balacera…”.
Además están negando la atención a las mujeres y a los niños migrantes y están tergiversando la ley y han ocasionado un verdadero problema al señalar en sus comunicados oficiales cosas que son totalmente mentira”, me dijo furioso el activista, quien ha acompañado a la movilización migrante en su paso por México.
“…No hay un solo documento que diga que (los niños) tenían dengue. Ellos presumieron por la sintomatología de los niños que había dengue, pero nunca les hicieron las pruebas, no tienen ni para hacer las pruebas de Covid, no tienen recursos, es un hospital rural”… me dijo Villagrán, quien asegura que en dicha clínica ni siquiera les alcanza para atender a los pacientes mexicanos, mucho menos a los migrantes.
Y lo que son las casualidades, todo esto sucedió la misma semana en la que se llevó a cabo la Conferencia Nacional por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, donde distintos defensores de Derechos Humanos coincidieron —otra vez— en la falta de atención a los menores que forman parte del fenómeno migratorio.
Se subrayó particularmente que, niños, niñas y adolescentes no deben ser considerados como migrantes, sino como “población en movilidad forzada”, pues la mayoría —si no es que todos— no tienen capacidad de decidir si quieren o no dejar su lugar de origen.
Melissa Vértiz Hernández, representante del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, señaló que la llaga está abierta desde hace muchos años en México, porque se incumplen tres aspectos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes:
Y es la piedra con la que las autoridades mexicanas se tropiezan una y otra vez, al no considerar a los niños como individuos, sino como responsabilidad de sus familias y no del Estado.
Estamos hablando de por lo menos mil 500 niños, niñas y adolescentes dentro de la Caravana Migrante, según las cuentas del Centro de Dignificación Humana.
Las imágenes de los migrantes que se defienden de la policía con palos y piedras, con sus hijos en brazos, son desgarradoras, producto de una estrategia agresiva, diseñada para contener el flujo de personas en las fronteras del sur, donde la desconfianza en las autoridades se hace cada vez más evidente.
Los niños migrantes en su mayoría pertenecen a Honduras, El Salvador, Guatemala y Venezuela, y de acuerdo al Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, existen constantes violaciones a sus derechos humanos, empezando por su total desamparo ante el uso excesivo de la fuerza y la separación de sus familias.
“La ley obliga al Instituto Nacional de Migración, sin ningún pretexto y excusa, a dar residencia permanente a personas en alto grado de vulnerabilidad en calidad de movilidad humana”, subraya Luis Villagrán, y tiene razón, pero la realidad es que el sistema mexicano está rebasado.
El 3 de noviembre pasado, en ese hospital de Pijijiapan nació Keby, el bebé de una pareja de migrantes haitianos, que sólo representa el primer parto de los 60 embarazos contabilizados en la caravana migrante.
Quién sabe cuántos de ellos alcancen a nacer en México, convirtiéndose en esa parte de la infancia que muy pocos quieren voltear a ver, adentro, mientras que afuera, ya muestra una de las peores caras de nuestro país… (Mónica Garza, La Razón, Opinión, p.11)
Resulta complejo darle a la Guardia Nacional (GN) el valor que realmente tiene. La razón de lo anterior es, la dinámica comunicacional, informativa, social y política, en la que se ve inmersa, aun y a pesar de que, por su propia naturaleza no debiera estar en un juego político que visto está, a nadie le ha hecho bien.
Se podrá decir “misa” respecto al actuar de la GN, o bien a su origen y futuro inmediato, pero al ver a las imágenes de migrantes centroamericanos golpeando implacablemente, -con la ventaja de ser una turba- a guardias nacionales, el sentimiento mínimo que llega es impotencia al observar la premeditación y alevosía de los atacantes.
Por ahí, se quiere evidenciar la brutalidad y exceso de fuerza hacia los migrantes por parte de la GN, lo que para algunos disuelve lo sucedido antier a los guardias golpeados.
La estrategia y la autoridad migratoria en México no son de la Guardia Nacional; son el Instituto Nacional de Migración (INM) y al mencionarlo, no pretendo que si hay un exceso por parte de elementos de la GN, no deba ser castigado, sin embargo, la Guardia está cumpliendo una responsabilidad exclusiva de lo que ordena la política actual de la Nación y en ello, no existe ilegalidad o controversia, es decir, la GN opera en coadyuvancia con el INM con certeza jurídica, pero sobre todo en la total convicción de que sus acciones son por el bien de México y de los mexicanos.
Los resultados positivos de la GN en materia de seguridad pública federal, ahí están. Sus mandos operativos, a pesar de enfrentarse en muchas partes del país a un sistema policial municipal y estatal abandonado, infiltrado, corrupto, ineficiente y sin una ruta profesional de largo plazo, han logrado coordinarse y enfrentar al crimen y a la violencia.
GN, no solamente enfrenta a la delincuencia, ni la seguridad fronteriza, u operativamente, un sinfín de responsabilidades, también tiene la responsabilidad de armar, amunicionar, uniformar, equipar y pertrechar a sus elementos, a pesar de que la variante Delta del COVID, ha frenado para sus proveedores, una gran cantidad de insumos y materias primas que han retrasado y encarecido sus entregas. Sin embargo, ese binomio de las áreas usuarias de GN, con las administrativas de la SSP, han sabido apoyar a sus proveedores para que las y los elementos de GN, solo tengan lo mejor.
El equipamiento de un elemento, es la diferencia entre la vida y la muerte y GN como la SSP, saben bien lo anterior.
Viene un año 2022 harto difícil en materia de seguridad pública. La GN no es la única solución, pero lo que será un hecho, es que será a la primera que se responsabilice por los resultados.
Las y los guardias nacionales, estarán presentes y contundentes.
¡Sin duda!
Cabo de Guardia
En un orden de ideas completamente diferente, a pesar de sentirme por mucho más joven de mis 52 años recién cumplidos, los mismos ya están cobrando factura.
Como consecuencia del Covid tan grave que sufrí hace ya casi un año, hace poco, me diagnosticaron vértigo postural paroxístico, lo que no le deseo a nadie.
Mi reconocimiento al Mayor Médico Cirujano Isaac Calderón Solís, especialista en audiología, otoneurología y foniatría, quien me ha sacado adelante de una manera profesional y acertada. (Juan Ibarrola, Milenio, Al Frente, p.3)
Para darnos una idea de la magnitud del problema migratorio, basta revisar los datos de migrantes ingresados en las estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) bajo el procedimiento administrativo de presentación por no acreditar su situación: de enero a septiembre de 2021 fueron 190,476 personas; el número mayor de eventos se dieron en Chiapas (58,460), Tabasco (21,945) Tamaulipas (18,528) y Veracruz (16,116) y, los flujos migratorios más grandes provienen de Haití, Guatemala, El Salvador y Honduras.
Desde que inició esta administración, se ha vuelto cotidiano ver en los noticiarios, grandes caravanas de personas que quieren llegar a la frontera norte y cruzar hacia los Estados Unidos. La expectativa no es menor, la violencia y el incremento de la pobreza en sus lugares de origen (agudizada por los efectos de la pandemia), los alienta a perseguir el llamado sueño americano. La creencia de que sus vidas y la de sus familias pueden ser mejores parece no estar errada, si consideramos que el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, reconoció en su Informe de Gobierno, los extraordinarios ingresos que nuestro país percibe por concepto de remesas. Lamentablemente, desde siempre, cruzar de la frontera sur a la del norte, ha sido un verdadero infierno para los migrantes. Tan sólo el 24 de enero de este mismo año, se encontraron calcinados 19 cuerpos de guatemaltecos en Tamaulipas, sin que, hasta la fecha, se haya dado a conocer el estatus de la investigación. ¿Quién o quiénes los asesinaron? ¿Por qué? Quizás nunca lo sabremos.
Pero el problema mayor de los migrantes ya no son sólo los grupos criminales, sino la política de contención que ha implementado el gobierno federal y para la cual ha destinado a miles de integrantes de la Guardia Nacional (GN). Cabe mencionar que dichas acciones no corresponden con lo que establece la Ley de Migración, la que por cierto ha sido reformada en cinco ocasiones de 2019 a 2021 para ampliar el reconocimiento de los derechos de los migrantes. Por ejemplo, el derecho a la unidad familiar que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de noviembre del 2020 (con lo que se reconoce la necesidad de proteger a los niños, niñas y adolescentes).
No obstante que las reformas se hicieron acordes con el discurso del presidente López Obrador y establecen que serán garantizados los derechos humanos de los migrantes conforme a los tratados internacionales y los mandatos de la propia Constitución, los derechos de éstos han sido transgredidos. Diversas imágenes dadas a conocer por las redes sociales o medios de comunicación han consignado cómo algunos niños y niñas han sido separados de sus padres y también, lamentablemente, han sido evidenciados los actos de violencia física por parte de los funcionarios de migración y de la GN. Esta misma semana, mientras la mayoría de los mexicanos disfrutábamos del megapuente por el Día de Muertos, la Guardia Nacional (el 31 de octubre) en Pijijiapan, Chiapas, abrió fuego contra una camioneta en donde viajaban 12 migrantes, uno murió y cuatro fueron heridos. No obstante que, el Presidente condenó este hecho, la crisis migratoria ha crecido desde que inició su mandato en el 2018. De acuerdo con notas de EFE, hasta agosto del 2021, 46 migrantes han muerto durante su pasó por México. Esta situación inédita para México ha polarizado las opiniones de los ciudadanos y al igual que sucedió en algunas regiones de Europa, las expresiones de odio contra los migrantes están creciendo. Un ejemplo de esto es lo que sucedió el jueves por la tarde. En esta ocasión, se observa a la GN siendo repelida a pedradas por un grupo de migrantes. Las reacciones polarizadas en redes sociales no se hicieron esperar, pero la mayoría fueron expresiones de odio en contra de los migrantes, toda vez que se difundió un video en donde se ve que están agrediendo a un integrante de la GN y que quedó inconsciente en el suelo. Por supuesto que es reprobable la violencia por parte de los migrantes, pero ¿quién garantiza su derecho a no ser violentados? (Ruth Zavaleta Salgado, Excélsior, Nacional,p.12)
Gorrón es un adjetivo que se usa para designar a una persona que vive a costa de los demás. El término es perfecto para nombrar la actitud que tomó el gobierno mexicano a la hora de enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia.
Las mexicanas y mexicanos que vivimos al sur del río Bravo nos beneficiamos de las remesas que enviaron nuestros familiares, quienes a su vez recibieron un apoyo considerable gracias a los programas gubernamentales de emergencia financiados por las personas contribuyentes que viven al norte del mismo río.
No es cómodo aceptar la realidad y sin embargo es de gente decente reconocer que abusamos.
Desde marzo del año pasado las remesas comenzaron a crecer en forma espectacular. Solamente entre febrero y marzo de ese año se multiplicaron en 35 por ciento. El flujo durante 2020 superó los 40 mil millones de dólares, una cifra nunca antes vista que salvó de la precariedad a cerca de 3 millones de familias mexicanas.
Este fenómeno continuó en 2021. El pasado jueves 4 de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de todas las mañanas, presumió que este año el monto por remesas rosaría los 50 mil millones de dólares.
Aprovechó también la ocasión para “enviar un saludo fraterno, solidario, a las paisanas y paisanos, porque siguen apoyando a México.”
¿Cómo explicar este crecimiento tan impresionante en plena pandemia? El lugar común lleva a razonar el milagro, como lo hizo el Presidente, a partir de la solidaridad proverbial de las personas migrantes. Sin embargo, este razonamiento no responde por qué las personas migrantes de Jalisco o Baja California son notoriamente más fraternas que las de Chiapas, Tabasco o Yucatán.
En efecto, ¿cómo explicar que la ciudad que mayor ingreso tuvo por remesas en todo el país haya sido Tijuana y que Jalisco haya aprovechado esta coyuntura para colocarse en el primer lugar entre todas las entidades federativas, por encima de Michoacán?
La solidaridad paisana tampoco explica porqué fueron más generosas las personas migrantes de California o Texas que quienes habitan, por ejemplo, en Nueva York o en Ilinois.
Claramente el crecimiento de las remesas no fue homogéneo. Según reportes de Banco de México, el centro y el centro norte del país fueron notoriamente beneficiados por esta derrama extraordinaria. En contraste, el sur de México sufrió un descalabro importante.
Los hogares del sur padecieron durante 2020 una contracción en el consumo de alrededor de 12 por ciento, el cual se explica, entre otros motivos, por la caída de las remesas.
Además de la solidaridad, otros factores definieron el comportamiento de las remesas: destacan los apoyos tanto federales como estatales, del gobierno estadunidense, entregados a las personas migrantes mexicanas.
El viernes 27 de marzo de 2020 el entonces presidente Donald Trump firmó el primer paquete de estímulos fiscales conocido como el Cares Act (Coronavirus Aid, Relif and Economic Security Act).
A diferencia de la administración de López Obrador, el gobierno vecino se endeudó para inyectar recursos a su economía por 2 mil millones de dólares, es decir 10 por ciento del PIB anual de su país.
Con este dinero otorgó préstamos a las empresas, ayudó a proveedores y transfirió recursos a la población general, en particular a quienes quedaron desempleados. Acaso una de las estrategias más ambiciosas fue el estimulo para personas solteras y familias con el objeto de que protegieran sus ingresos y animaran el consumo nacional.
De acuerdo con datos oficiales del gobierno estadunidense, 83 por ciento de la población latina recibió estas transferencias; cabe suponer que igual número de personas migrantes mexicanas fueron atendidas por esta estrategia.
Sin embargo, tales recursos no fueron repartidos de idéntica manera entre migrantes. En California, por ejemplo, las leyes prohíben distinguir entre personas con documentos legales de quienes no los tienen. Esto explicaría porqué las remesas provenientes de California destacaron sobre el conjunto. Y también porqué las comunidades mexicanas que viven en ese estado de la Unión Americana tuvieron mejor suerte, siendo el caso de las poblaciones michoacanas o las de Jalisco.
A este respecto también destaca el caso texano. En ese estado, 50 por ciento de la población migrante mexicana cuenta con una situación laboral regular. Tal circunstancia explicaría porqué también sus comunidades mexicanas obtuvieron apoyos y alguna parte de ese dinero fue enviado a sus familias radicadas en el centro norte y centro del país.
No gozaron de igual suerte las familias de Chicago o de Kansas.
En marzo de este año el total de las remesas volvió a crecer en 31 por ciento respecto del mes anterior. De nuevo coincide este hecho con el paquete de estímulos que, en esta ocasión, promovió el presidente demócrata Joe Biden. Tal como cabía esperar, las remesas se multiplicaron en la misma proporción a los apoyos recibidos por la población migrante.
Suele decirse que estas transferencias entre familias permiten enfrentar los ciclos económicos adversos, son contracíclicas como las llaman quienes saben de economía. En esta ocasión México se vio beneficiado gracias al apoyo contracíclico de las y los contribuyentes estadunidenses que, al solidarizarse con las comunidades migrantes, salvaron la economía mexicana de un barranco peor al que fue arrojado México por la pandemia de coronavirus.
El gobierno de López Obrador pudo evitar endeudarse, apoyar al sector productivo, estimular el consumo, subsidiar a las personas desempleadas y proteger el ingreso de la mayoría de la población, entre otros motivos, porque el gobierno de los Estados Unidos lo hizo por él.
Cabe, sin embargo, preguntarse por lo que habría sucedido si, en vez de haberse comportado como un gorrón con un patrimonio que era de las personas migrantes, el gobierno mexicano hubiese seguido una estrategia similar a la de los vecinos. Muy probablemente a todas las partes nos habría ido mejor o, por lo menos, nos habríamos comportado con mejor solidaridad quienes vivimos de este lado del río. _ (Ricardo Raphael, milenio, Política, p.12)
Ha querido la suerte que el tiempo presente sea un tiempo de infortunios para quien irá en breve a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Escasean todo tipo de empleos y de medicinas, ni extranjeros ni nacionales quieren invertir en el país, pues no tienen confianza; los huracanes arrecian y numerosas regiones se inundan o los vientos barren con lo que encuentran; incendios y explosiones de gas, y huachicol aquí y allá; las vacunas Cansino aplicadas a profesores y estudiantes no cumplen con las expectativas; las deudas de haber derrumbado el semiconstruido aeropuerto de Texcoco cada día son mayores; Pemex y la CFE siguen perdiendo sumas extravagantes; la Guardia Nacional es vapuleada por pordioseros migrantes de Haití, El Salvador, Guatemala y hasta de Brasil y África; la Auditoría Superior de la Federación detecta faltantes e irregularidades por más de 12 mil millones de pesos sólo el año pasado, y, sobre todo, sea por efectos de la pandemia o por la inexplicable excesiva tolerancia ante los criminales, los cadáveres suman cifras impensables que sólo son superadas por el dolor y el desamparo de sus deudos. (Raúl Cremoux, Excélsior, Nacional, p.13)
Si bien la atención de Estados Unidos en materia de inmigración se ha centrado principalmente en la gran cantidad de centroamericanos que llegaron a la frontera suroeste en los últimos años, los mayores flujos migratorios en el Continente en realidad ocurren más al sur.
Como demostró el arribo de miles de haitianos a Del Rio, Texas, en septiembre, EU bien podría empezar a ver muchos más migrantes de países fuera de las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica.
Más de un millón de haitianos viven en otros países del Continente Americano. Más de 300 mil se mudaron a Brasil y Chile después del terremoto que devastó Haití en el 2010, atraídos en gran medida por la perspectiva de empleos y estatus legal ofrecidos por esos países.
Casi 5 millones de venezolanos se han mudado a otros lugares de las Américas desde el 2015 al tiempo que la economía de su País implosionaba y el conflicto político se intensificaba; ahora hay más de 1.7 millones en Colombia, un millón en Perú y casi medio millón en Ecuador y otro medio millón en Chile.
Más de 500 mil nicaragüenses se han asentado en la vecina Costa Rica, muchos de los cuales llegaron luego de una ronda de represión que comenzó en el 2018. Y los cubanos han estado emigrando desde hace años, echando raíces donde pueden.
Al tiempo que la pandemia del Covid-19 ha golpeado particularmente fuerte a las economías sudamericanas, decenas de miles de migrantes que se habían asentado están de nuevo en movimiento, muchos de ellos mirando al norte. En el caso de los inmigrantes haitianos, la creciente hostilidad hacia los inmigrantes en Brasil y Chile también incitó a algunos a dirigirse a EU.
Con el aumento de la migración en el Continente, la política fronteriza ya no basta para controlar la inmigración. EU debe reclutar a otros países del Hemisferio para que se conviertan en socios en medidas para prevenir las crisis políticas y humanitarias recurrentes que obligan a las personas a huir de sus países de origen.
Antony Blinken, el Secretario de Estado de EU, y Marta Lucía Ramírez, la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, convocaron hace poco a una conversación hemisférica para iniciar este proceso. Blinken reconoció que “el reto migratorio que enfrentamos en nuestro Continente no es un problema de un solo país -es nuestro problema compartido y no puede ser resuelto por un solo país”.
La tentación será crear un nuevo arreglo regional para hacer que las fronteras sean más difíciles de cruzar al aumentar la aplicación de la ley y las deportaciones. Sin embargo, puesto que los haitianos y otros migrantes ya están arriesgando sus vidas para cruzar el Tapón del Darién, una jungla en la frontera entre Colombia y Panamá tan intimidante que nadie ha intentado construir una carretera a través de ella, es probable que la disuasión sea inútil.
Y la cooperación en torno a la disuasión es particularmente difícil de mantener entre países con diversas capacidades para acoger a los migrantes y distintas preocupaciones sobre la migración.
Pero eso no significa que los países de la región no deban aspirar a alcanzar un entendimiento común de lo que significa la cooperación en torno a la migración. Sin embargo, es casi seguro que tengan que ser principios amplios más que acuerdos específicos, que deberán negociarse en torno a cuestiones mucho más específicas con países que comparten preocupaciones y enfoques similares.
Por ejemplo, las vías legales tienden a quitarle presión a la migración irregular al brindar a las personas alternativas a las que pueden aspirar, un principio de partida clave. EU, México y Canadá han tratado conjuntamente de ampliar las visas laborales de corto plazo para centroamericanos, para darles otra opción además de la migración irregular. El programa de “parole” cubano también hizo esto al permitir que cierto número de cubanos viajara legalmente a EU cada año.
El Gobierno de EU también podría pensar en abrir un programa especial de “parole” -entrada legal exprés- a un número limitado de haitianos que quieran mudarse a EU y reabrir el programa para cubanos, que ha estado suspendido en la práctica durante cuatro años. Si algunos haitianos que viven en Chile y Brasil fueran elegibles para ingresar a EU bajo este método, muchos decidirían evitar un viaje peligroso por el Tapón del Darién.
Un programa así también facilitaría que el Gobierno de EU negociara que los migrantes haitianos que llegan a la frontera regresen a esos países, donde muchos han vivido durante años, en vez de regresar a Haití. Éste es otro principio útil: la idea de devolver a las personas a los países donde tienen muchos años de haberse establecido, en lugar de regresarlos a los países de origen que se hallan en una profunda crisis.
Otro principio podría ser la carga compartida. EU y Canadá ya han tratado de expandir sus esfuerzos de reasentamiento para centroamericanos en peligro. Acelerar este proceso y extenderlo a los venezolanos y otros proporcionaría otra alternativa importante a la migración irregular para aquellos en peligro inminente.
Mientras tanto, los legisladores de EU también podrían hacer mucho más para ayudar a los países de la región a recuperar la salud económica. Y la comunidad internacional puede proporcionar recursos adicionales a los países anfitriones con grandes poblaciones de migrantes y refugiados para que aceleren el acceso al estatus legal, la educación y la atención médica, que siguen siendo problemas importantes en la asimilación de los recién llegados.
Al trabajar juntos, los países de la región podrían empezar a crear flujos migratorios más ordenados y mucho más seguros, y brindar cierta esperanza como baluarte contra la desesperanza que tan a menudo impulsa a las personas a emprender viajes peligrosos.¨ (Andrew Selee, Reforma, The NYT, p. 15)