Con la experiencia de estar al frente del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, con sede en Tlapa, Guerrero, donde la guerra sucia tuvo sus capítulos más crudos, Abel Barrera, integrante de la comisión de la verdad recién creada, sostiene: Es la oportunidad propicia para abrir los archivos de la represión y dignificar a las víctimas. Lo importante es conocer su paradero, abrir nuevas líneas de investigación sobre casos tan graves como ejecuciones extrajudiciales, tortura y desplazamiento forzado.
Han pasado 31 años desde que concluyó ese periodo (1965-1990), pero la justicia no ha llegado, por eso me involucré, para hacer un trabajo cercano a las víctimas y exigir que la justicia se haga realidad. Es una apuesta para hacer un trabajo con la sociedad civil, los movimientos de desaparecidos, que encontremos apertura y eco para lograrlo, dice en entrevista.
En esa lógica, la reivindicación de las víctimas y la reparación del daño tanto individual como colectivo, porque se trastoca la vida en varias regiones, sería importante contar con una ley de memoria que defina mecanismos para lograrlo y haya un compromiso de no repetición. Debe haber un memorial de reconocimiento a las víctimas para eliminar su estigmatización y, sobre todo, reivindicar el movimiento social que trajo demandas históricas para la transformación. (Alonso Urrutia y Jessica Xantomila, La Jornada, P.p)
Para que México llegue a la meta de deforestación cero en 2030, planteada a nivel internacional y en sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), se requiere más que el programa Sembrando Vida (SV); se debe atacar la deforestación anual de casi 213 mil hectáreas en promedio que había hasta 2019, restaurar ecosistemas, reforestar e impulsar el aprovechamiento sostenible de bosques y selvas, indicaron varias organizaciones.
Para esto debe recuperarse el presupuesto del sector ambiental y fortalecer sus instituciones, dijeron. Simplemente, los recursos fiscales en la Comisión Nacional Forestal, organismo encargado de las selvas y bosques del país –cuya extensión en el país es de alrededor de 64 millones de hectáreas–, han ido a la baja: este año dispuso de 2 mil 351 millones de pesos (2 mil millones menos que en 2018). En contraste, SV contó con 29 mil 446 millones de pesos, cifra que ha ido en ascenso desde 2019 cuando empezó con 13 mil 500 millones de pesos, indican datos oficiales.
Sumado a ello, SV por sí solo, en 2030, tendría capacidad de mitigar 8 del 20 por ciento de las emisiones GEI del sector Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura (USCUSS), que se plantea en las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) y que el gobierno mexicano presentó en el contexto del Acuerdo de París para reducir emisiones que ocasionan el cambio climático, indicó World Resources Institute (WRI) México. (Angélica Enciso y Fernando Camacho, Política, La Jornada, P.p)
Sin una regulación concreta para su venta, la oferta de negocios dedicados a productos a base de cáñamo o cannabis en el País aumenta.
El cultivo de esta planta tiene un gran potencial económico en México por las condiciones climáticas aptas para su desarrollo.
Sin embargo, la discusión sobre su regulación se alarga y de los tres usos perseguidos -lúdico, medicinal y de investigación e industrial- es el segundo, el medicinal, el de mayores avances, aunque con ciertas limitaciones que dejan poco margen de acción a jugadores, pues se concentra en grandes farmacéuticas.
“Los usos industriales del cáñamo que están por debajo del uno por ciento de THC (sustancia psicotrópica del cannabis) no están debidamente regulados”, explicó Juan Francisco Torres-Landa, socio del despacho legal Hogan Lovells.
“Ahí caben cosméticos, alimentos, suplementos, tinturas y otros productos que aguardan esa regulación para evitar un vacío legal o mercado negro”.
La industria refirió que ante una falta de voluntad política para resolver el tema, por cuestiones ideológicas e intereses, México perderá mercado y la oportunidad de ser potencia contra países que ya se abrieron la comercialización, como Uruguay, Paraguay o Argentina. (Renata Tarragona, Negocios, Reforma, P.p)
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará a un juez federal que el ex candidato presidencial Ricardo Anaya permanezca interno en el Reclusorio Norte por su probable responsabilidad en un soborno de 6 millones 800 mil pesos para aprobar la reforma energética en el sexenio pasado.
Funcionarios del gobierno federal indicaron que la FGR requerirá al juez de control que obligue a Anaya a presentarse físicamente al Centro de Justicia Penal Federal para el debate de las medidas cautelares, una vez que sea imputado.
La estrategia de la Fiscalía para evitar que el panista “escape”, comentaron, será la misma que se utilizó con el ex senador Jorge Luis Lavalle Maury, quien tras comparecer por videoconferencia se le pidió acudir al centro de justicia para el debate de las medidas cautelares, esto mientras se resolvía su situación jurídica.
Sin embargo, al presentarse Lavalle se le decretó prisión preventiva justificada, ante el riesgo fundado de fuga, la cual lo mantiene interno desde hace siete meses en el Reclusorio Norte.
El juez de control avaló hace un mes que Ricardo Anaya compareciera por videoconferencia, pero dejó claro que tiene que hacerlo en Ciudad de México y acompañado por su abogado.
Los funcionarios consultados mencionaron que si el ex candidato presidencial no comparece la FGR pedirá que se le declare sustraído de la justicia.
Posteriormente, pedirá que se gire una orden de aprehensión, lo que también abre la puerta para que se pida a Interpol la emisión de una ficha roja para su localización y captura.
En octubre, el juez tomó la decisión de que la audiencia inicial se reprogramara para este 8 de noviembre, porque la FGR entregó de última hora al panista mil fojas más que forman parte de la carpeta de investigación.
El juez exhortó al abogado Eduardo Aguilar Sierra para que, en la sesión de hoy, esté junto con su cliente, porque en la comparecencia en línea del mes pasado no estuvo acompañado.
La FGR judicializó la carpeta de investigación contra Anaya por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa.
La carpeta se inició a partir de la denuncia presentada por el ex director de Pemex Emilio Lozoya, quien reveló un supuesto esquema donde se entregó dinero a legisladores federales panistas para que aprobaran las reformas estructurales en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Emilio Lozoya aseguró que recibió instrucciones “superiores” para entregar los más de 6 millones de pesos a Anaya.
Según diligencias ministeriales, el dinero fue enviado al panista por una persona de confianza del propio Lozoya, es decir, por Norberto Gallardo, cantidad que supuestamente la recibió en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en 2014. (Rubén Mosso, Milenio, Política .P.p)
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la inversión de 60 mil millones de pesos para la construcción de una planta coquizadora en la refinería de Tula con la finalidad de abastecer los combustibles que demanda el mercado interno, además junto con la producción de las seis ya existentes, la nueva de Dos Bocas y la comprada a Shell en Texas, permitirá dejar de importar gasolinas en 2023.
En un video grabado durante su visita a la refinería de Tula para constatar el reinicio de las obras de construcción de la coquizadora, detenidas desde hace cinco años “por cuestiones de corrupción” vinculadas a la empresa brasileña Odebrecht, el mandatario confirmó la inversión de 60 mil millones de pesos, sin recurrir al endeudamiento, para producir 30 mil barriles diarios de gasolinas.
Acompañado por los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López; de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; de Energía, Rocío Nahle, y el director de Pemex, Octavio Romero, el Presidente señaló: “Acaba de reiniciarse esta obra y la vamos a terminar, como todas, para finales de 2023, y ya con esta coquizadora vamos a tener los combustibles que demanda el mercado interno, es decir, ya no vamos a comparar las gasolinas en el extranjero”.
“No vamos a estar vendiendo petróleo crudo y comprando gasolinas, lo que se hizo durante años, así era la concepción, la mentalidad tecnocrática corrupta que prevaleció durante cuatro décadas”, afirmó. Tras escuchar una explicación de la secretaria Nahle sobre las obras de construcción de la coquizadora, el presidente López Obrador puntualizó: “Es importante señalar que no podríamos rescatar Pemex, porque eso es lo que estamos haciendo, un rescate de Pemex y de la CFE, porque eran empresas públicas que querían tronar los neoliberales corruptos, querían destruirlas por completo, por eso habían dejado de invertir en las refinerías”. (Fernando Damián, Milenio, Política, P.p)
(Isabel González Aguirre, Excélsior, P.p)
Luego de que hace dos meses la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso fin a la criminalización del aborto, las carpetas de investigación iniciadas a nivel nacional por esta práctica mantienen el mismo nivel que otros años.
Además, en los Congresos estatales hay pocos o nulos avances para tratar de armonizar sus legislaciones locales con el histórico fallo del máximo tribunal.
Estadísticas oficiales con corte a septiembre indican que desde enero se han iniciado 547 carpetas de investigación por aborto, un número similar al que se registró en años recientes completos, como 2015 (544 indagatorias), 2016 (562) y 2017 (547).
Incluso en 2018 y 2019 se iniciaron más, con 604 y 717 causas penales por aborto, respectivamente. Para 2020, el primer año de la pandemia, la cifra fue de 633, casi dos al día en promedio, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Además, tan sólo en el mismo mes que tuvo lugar la determinación de la SCJN, en México se iniciaron 67 indagatorias por abortos, poco más de dos diarias.
El 7 de septiembre, en un fallo histórico y unánime, los 11 ministros de la Corte protegieron el derecho de las mujeres o personas gestantes que de manera libre decidan interrumpir su embarazo. (Andrés Mendoza, Excélsior, P.p)
Aunque María Elena Álvarez-Buylla, titular del Conacyt, declaró que no está para “acusar absolutamente a nadie”, y que el Conacyt afirmó que “presentó una denuncia de hechos, sin señalar a persona alguna”, eso no sucedió así. De hecho, en esa denuncia, los 31 científicos y ex funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (FCCyT) no fueron los únicos miembros de la comunidad científica imputados. En una primera lista, Conacyt señaló a 52, entre ellos a Víctor Manuel Villalobos Arámbula, actual secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). Sin embargo, ese listado disminuyó a 36 e incluía a Leticia Myriam Torres Guerra, científica muy cercana a Álvarez-Buylla y nombrada en esta administración como directora del Centro de Investigación en Materiales Avanzados (Cimav), pero al final, ambos personajes cercanos a la autonombrada Cuarta Transformación quedaron fuera de la investigación.
El 10 de julio de 2020, Rosenda Cruz Vixtha, apoderada legal del Conacyt, inició un proceso contra del FCCyT, bajo el argumento de que el organismo fue constituido como asociación civil y operaba fuera de la norma desde su creación en 2002.
Cruz Vixtha presentó una denuncia ante la FGR y en ella enlistó 24 hechos con los nombres de 52 científicos, adjuntó 30 “elementos probatorios” e indicó que por la situación descrita en la denuncia, los mencionados habrían estado frente a cuatro posibles delitos: Coalición de Servidores Públicos, Uso indebido de atribuciones y facultades, Uso ilícito de atribuciones y facultades, así como Peculado. (Antonio Díaz, El Universal, P.p)
En medio de la intensa disputa entre las diferentes fuerzas políticas rumbo a 2024, el Senado se apresta a designar a magistrados de tribunales electorales de 17 entidades que concentran a 63.7% de los 93 millones de electores mexicanos.
A los nuevos magistrados les corresponderá calificar elecciones de gubernaturas, presidencias municipales y congresos locales en los próximos años, por lo que es un asunto prioritario para los partidos políticos.
Se trata de los tribunales electorales de Baja California, Colima, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y de la Ciudad de México, cuyos electores suman 59 millones 712 mil 753 ciudadanos, según el Padrón Electoral Nacional hasta el 29 de octubre de 2021.
En total serán 20 nuevos magistrados, ya que en 15 de los 17 estados se elegirá a un magistrado o magistrada electoral, mientras que en Nayarit serán dos, una magistrada y un magistrado, y en Colima tres, un magistrado numerario y un magistrado y una magistrada supernumerarios.
Serán seleccionadas por la Cámara Alta autoridades electorales que tendrán la responsabilidad de proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos y garantizar que se respete la voluntad de los votantes expresada en las urnas durante los procesos electorales de 2022, 2023 y 2024, año en que se realizará la elección presidencial.
Los nuevos magistrados electorales serán electos en forma escalonada por las dos terceras partes de los miembros presentes en el Senado, quienes deberán garantizar la composición paritaria y la alternancia de género en cada uno de los tribunales, como lo establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. (Víctor Gamboa, El Universal, P.p)
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, invitó a los detractores de la Reforma Eléctrica a leerla a fondo y estudiarla, a fin de haya certeza de que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador está alineada a las reglas y compromisos asumidos por México con otros países incluido el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Sostuvo que en el caso del T-MEC, la reforma no contraviene lo establecido en los capítulos octavo, relativo al tema energético; 14 referente a la inversión; 21 sobre libre competencia, combate a monopolios; y el 27 cuyo núcleo duro es el compromiso en el combate a las prácticas corruptas en los tres países firmantes.
El legislador poblano explicó que respecto al capítulo octavo, queda claramente establecido que el Estado se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y la legislación interna con relación al tema energético.
“Frente a eso no cabe duda que tenemos una propuesta presidencial claramente investida de legitimidad en términos de la normatividad del tratado trilateral de la zona norteamericana de libre comercio”, señaló. (Elia Castillo, El Heraldo de México, P.p)
Petróleos Mexicanos no ha logrado mejorar su situación financiera y se mantiene como un factor de presión para las finanzas públicas del gobierno federal, a pesar del importante apoyo fiscal que ha recibido, el cual equivale a tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB), advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Para ilustrar el deterioro del manejo financiero de la petrolera, los expertos del FMI explicaron que desde el 2019 la deuda financiera de Pemex pasó de 9,000 millones de dólares a 15,000 millones en este año.
Agregaron que la empresa productiva del Estado también ha triplicado la deuda que mantiene con los proveedores, la cual pasó de 5,000 millones de dólares en el 2019 a 13,000 millones de dólares, que ha documentado hasta el día de hoy.
En la revisión anual que realizaron técnicos del FMI en México, la tercera que recibe la administración de Andrés Manuel López Obrador, destacaron que además de estas obligaciones, la empresa carga pasivos por pensiones que han crecido desde los 11,000 millones de dólares que representaban hace tres años a los 66,000 millones que tienen actualmente.
Proyectaron que los vencimientos de la deuda externa de Pemex ascienden a 4,250 millones de dólares para el 2022 y una cantidad similar para el 2023.
Estimaron que “de continuar los recortes de calificación sobre las emisiones de Pemex, el gobierno federal tendrá que otorgar mayor apoyo financiero a la empresa que terminará por afectar el spread de las emisiones soberanas”.
Como la petrolera perdió acceso al mercado desde octubre del año pasado y dejó de ser el emisor dominante del país, el gobierno tuvo que relevarla para facilitar el cumplimiento de sus compromisos financieros, precisa el documento. (Yolanda Morales, El Economista, En Primer Plano, P.p)
Morena y sus aliados planean aplicar el mismo “juego democrático” a los partidos de oposición, de dejarles expresar sus reservas en el pleno, pero al final dejarán intacta la propuesta del Ejecutivo y aplicarán el peso mayoritario para aprobar en esta semana el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2022, adelantaron legisladores del partido en el poder.
Erasmo González, de Morena, y presidente de la Comisión de Presupuesto, dijo en entrevista que no se prevén mayores modificaciones a la propuesta del Ejecutivo y agregó que la votación del dictamen del PEF en la Comisión y en el pleno al final expresará el sentir de lo que la mayoría considera que es el mejor presupuesto para el país.
El diputado morenista Omar Enrique Castañeda, precisó que “para la aprobación del presupuesto creo que no vamos a tener mayor problema, son más de 280 diputados en el bloque de la cuarta transformación”.
Los legisladores estimaron que la discusión en el pleno se llevará dos o tres días, ya que prevén un número de reservas récord, que podrían superar las mil 39 del año pasado. (Felipe Gazcón, El Financiero, P.p)
La Central de Abasto de la Ciudad de México no ha cerrado nunca, son 39 años de operación continua que se cumplen este 24 de noviembre, y ni siquiera en medio de la pandemia frenaron sus operaciones diarias: nueve mil millones de pesos se mueven todos los días en el segundo mercado más grande del mundo a donde asisten, todos los días, sin falta, 500 mil personas que se mueven en la capital del país y en los estados circunvecinos. Marcela Villegas Silva, coordinadora general de la CEDA, habla de los retos.
La Central de Abasto de la Ciudad de México no ha cerrado nunca, son 39 años de operación continua que se cumplen este 24 de noviembre, y ni siquiera en medio de la pandemia frenaron sus operaciones diarias: nueve mil millones de pesos se mueven todos los días en el segundo mercado de fresco más grande del mundo a donde asisten, todos los días, sin falta, 500 mil personas que se mueven en la capital del país y en los estados circunvecinos.
Marcela Villegas Silva, coordinadora general de la Ceda, economista doctorada de la UNAM con posgrados en el CIDE y la UAM, puso en marcha en este monstruo de 327 hectáreas un programa de economía circular que reduce el desperdicio y maximiza los ingresos propios y de los usuarios, pero además logró un apoyo inédito de parte del Gobierno capitalino que le invirtió como nunca a las instalaciones, hasta ahora llevan mil 300 millones de pesos en infraestructura vial y seguridad dentro de sus instalaciones en donde ya tienen un C2 con más de 600 cámaras conectadas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
En los últimos dos años el reto más importante, señala, fue enfrentar el brote de la pandemia y contenerlo en menos de un mes con medidas extremas fuera de los protocolos del Gobierno federal, como pruebas masivas diarias, los primeros kioscos médicos, pase directo a hospitales, triajes especializados fundamentales para el control de los enfermos, uso del cubrebocas obligatorio en todas las instalaciones, control de usuarios, alargamiento de operaciones, limpieza de los espacios y vigilancia epidemiológica.
“Nos salimos un poco del guion, pero nosotros no podíamos parar las operaciones, no podíamos cerrar nunca”, admite. La Ceda tuvo cerca de 90 mil contagiados desde que se declaró la emergencia, hoy tienen a la mayoría de sus trabajadores y usuarios. (Luis Carriles, El Sol de México, P.p)
Sergio Checo Pérez, histórico; se sube al podio del Gran Premio de México en el tercer lugar y se convierte en el único azteca en quedar entre los tres primeros lugares del Grand Prix de la Magdalena Mixhuca, en una temporada de Fórmula 1. Solamente por detrás de su coequipero Max Verstappen, de Red Bull, y de Lewis Hamilton, de Mercedes.
“Vamos por unos tequilas”, se escuchó decir a Sergio Pérez a través de su radio con destino a la cabina de su equipo que lo estaba felicitando por su destacada actuación, ya que también fue considerado como el piloto del GP de México.
Pedro Rodríguez era el piloto mexicano que más cerca había quedado en un podio de Fórmula 1, pues en 1968 terminó en el cuarto lugar de la competencia.
Es un histórico para México y eso nos da mucho gusto a todos. La gente sabe que Checo peleó este lugar por ellos y es muy importante que ellos le demuestren todo el cariño
Actualmente, Checo Pérez luce como uno de los cuatro mejores pilotos del mundo, dentro de una de las dos escuderías más poderosas del orbe (Red Bull), pero su arribo a la Fórmula 1 no fue tan sencillo como se vislumbra; en una entrevista para el canal del equipo austriaco, recordó que a su llegada a Europa dormía en un catre, pasaba frío y hasta vivió en un restaurante. (Diego A. Hernández, La Razón, P.p)