La concentración de poder del Presidente Andrés Manuel López Obrador se desgajará en los próximos meses, vaticinó el ex diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo.
Al recibir la medalla “Benito Juárez” -que otorga Movimiento Ciudadano- por su trayectoria, trabajo y talento, aseguró que la concentración del 1 de diciembre en el Zócalo por el informe del mandatario, demuestra sus temores.
“¿Por qué el ciudadano Jefe del Estado nos receta con un zocalazo la semana pasada? No es un prodigio de popularidad, sino un prodigio de organización; algo teme, y lo lamento, yo creo que está sintiendo el vacío del abandono del poder, de manera que ya prematura. (Érika Hernández, Reforma, Nacional, p.6)
La Fiscalía General de la República (FGR) pidió a un juez federal condenar a 15 años de prisión a Roberto Borge por presuntamente haber lavado más de 900 millones de pesos en la compra-venta a familiares y amigos de terrenos de la Riviera Maya, que eran parte de las reservas naturales de Quintana Roo.
Elizabeth Alcántar Cruz, agente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, presentó su acusación contra el ex Gobernador de Quintana Roo ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcóyotl, Estado de México.
La pena solicitada es la máxima para el lavado de dinero, único delito imputado en este proceso.
Para el juicio, la FGR ofreció 145 pruebas, entre ellas 61 testigos, 4 peritajes,
9 documentales, 37 documentos registrales, 20 oficios del Servicio de Administración Tributaria (SAT), 8 de distintas dependencias, 2 del Registro Público Marítimo Nacional y 4 anexos fotográficos. (Abel Barajas, Reforma, Nacional, p.2)
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunció su salida, en los próximos días, del Foro de Sao Paulo, “en congruencia con nuestro repudio al afianzamiento de los gobiernos antidemocráticos, represivos y de carácter dictatorial en varios países de nuestra América Latina, a los cuales ha apoyado esta organización latinoamericana”.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el líder nacional del sol azteca, Jesús Zambrano Grijalva, explicó que el partido no puede mantenerse dentro de una organización que ha expresado en los últimos años y meses su respaldo a gobiernos de países de carácter dictatorial, como son el caso de Venezuela, Nicaragua y Cuba.
“Nosotros no compartimos de ninguna manera estas decisiones, y congruentes con lo que estamos decidiendo, hemos dicho: no podemos ni debemos seguir participando en eso y sí, en cambio, afianzar nuestra relación con otras organizaciones de carácter internacional que asumen principios democráticos; que compartimos con ellos las causas fundamentales de la socialdemocracia”, señaló el sonorense. (Víctor Gamboa, El Universal, Nación, p.6)
Tres horas antes de que el agua desbordada del Río Tula comenzara a entrar al hospital del IMSS la noche del 6 de septiembre pasado, las autoridades municipales fueron alertadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sobre la cantidad de líquido que llegaría a ese municipio hidalguense.
Ni con ese tiempo de antelación se pudo evacuar a los pacientes del área Covid del Hospital Regional de Zona, ubicado en el Centro de Tula, de los que finalmente 15 fallecieron por falta de oxígeno asistido.
Luis Felipe Puente, ex coordinador Nacional de Protección Civil, destacó que con ese tiempo la autoridad federal debió trabajar en conjunto con el nivel municipal para atender la emergencia, pues en esos casos siempre son quienes están más cerca. (César Martínez, Reforma, Nacional, p.4)
Chilpancingo, Gro., Unas 30 organizaciones que integran la Asamblea Nacional Popular (Anapo) ratificaron su apoyo a la lucha de los familiares de los 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014, informó Melitón Ortega, vocero del comité de padres y madres de los jóvenes.
En entrevista, señaló que a la asamblea –realizada en las instalaciones de la normal Raúl Isidro Burgos–, que concluyó el sábado por la tarde, asistieron representantes de 30 organizaciones estatales y nacionales que acordaron también caminar juntos, y construir la unidad de todas las luchas a lo largo y ancho del territorio nacional.
Mencionó que hubo críticas al gobierno de Guerrero, que encabeza Evelyn Salgado Pineda, quien no ha fijado una postura respecto a la desaparición de los estudiantes. El gobierno no habla sobre la demanda de las víctimas; además, continúa generándose violencia, impunidad y desapariciones; también sigue la pobreza. (Sergio Ocampo Arista, La Jornada, Política, p.4)
Contrario a lo expuesto el pasado 16 de noviembre, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, afirmó ayer que el candidato a la gubernatura de Aguascalientes no se definirá únicamente por encuesta.
En medio de protestas en Aguascalientes, señaló que aún no es tiempo para la contienda, pues ni siquiera se ha emitido la convocatoria.
“Se harán muchas encuestas, menciones, pero vamos poco a poco, todavía ni siquiera hay una invitación formal, todavía no es el tiempo, en breve el partido emitirá formalmente una invitación para que todos aquellos aspirantes, mujeres, hombres, puedan registrar intención, que inicie el proceso de precampañas, se harán todas las mediciones”, indicó. (Oscar Uscanga, Reforma, Nacional, p.6)
La empresa Ingeniería y Control de Proyectos (Incop) ganó un contrato de 347.5 millones de pesos, IVA incluido, para la ampliación y rehabilitación del edificio principal del Parque Nacional de la Justicia (PNJ), que será la nueva sede de la Fiscalía General de la República (FGR) en Lomas de Bezares.
Incop, empresa especializada en construcción de hospitales, derrotó el pasado martes a 20 constructoras en la licitación de la FGR, incluidas 14 como Prodemex, Jaguar Ingenieros y GAMI Ingeniería, que presentaron cotizaciones más bajas, pero que fueron descalificadas o tuvieron deficiencias en sus propuestas.
El Parque ocupará dos predios de 163 mil metros cuadrados, localizados en el kilómetro 14.5 de la Carretera México-Toluca. Los terrenos fueron destinados por el Gobierno federal a la FGR, mediante acuerdos publicados el 5 de junio de 2020. (Víctor Fuentes, Reforma, Nacional, p.2)
Con una división de criterios respecto al impacto que tuvieron algunos factores en la elección federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación definirá el destino de los tres partidos políticos que no alcanzaron el 3 por ciento de la votación que exige la ley en los pasados comicios federales. En el insólito proyecto del magistrado Indalfer Infante, que ya circula en ese órgano, se plantea devolver el registro a Fuerza por México, que sólo obtuvo 2.5 por ciento, apelando a la homogeneidad de criterios.
Por primera vez en la historia, un partido que no consiguió el respaldo legal en las urnas puede obtenerlo por los criterios de un magistrado que evaluó que Fuerza por México fue particularmente afectado por las circunstancias de la contienda, a diferencia del resto de los contendientes.
En el documento se descalifica las pretensiones de Infante, para quien la pandemia tuvo especial repercusión en detrimento de los potenciales electores de Fuerza por México. (Alonso Urrutia, La Jornada, Política, p.8)
Con una histórica abstención de 86.4 por ciento, ayer se efectuó la elección extraordinaria de una fórmula por el Senado en Nayarit que estaba vacante desde noviembre de 2020. Al cierre de la edición, según el Programa de Resultados Electorales Preliminares, la candidata de la alianza de Morena, Partido Verde y PT, Rosa Elena Jiménez Arteaga, se proyectaba como ganadora con 70.25 por ciento de las casillas computadas, pues había obtenido 4 mil 745 votos, equivalentes a 50.35 por ciento.
Sólo el candidato de Movimiento Ciudadano, Ignacio Flores Medina, le disputaba a la distancia el triunfo con 31 mil 460 votos, esto es, 35.4 por ciento del total. Entre tanto, los partidos tradicionales, que no contendieron en coalición esta vez, obtuvieron porcentajes muy marginales. (Alonso Urrutia, La Jornada, Política, p.8)
Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), propuso a Juan Ignacio Zavala Gutiérrez –hijo de Juan Ignacio Zavala, hermano de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón– como secretario general de acuerdos de ese partido. No hubo sorpresas, los consejeros sabían de antemano quién llegaría a ese puesto.
En el World Trade Center, Delgado aseguró que Zavala será, desde la secretaría general, un puente generacional que aporte grandes cosas a su partido. (Víctor Ballinas, La Jornada, Política, p.10)
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ya recuperó 70 por ciento en la movilización de pasajeros y de sus operaciones aéreas prepandemia. De acuerdo con fuentes aeroportuarias, a diario concurren en promedio hasta 250 mil personas en sus dos terminales entre usuarios, visitantes, así como trabajadores de dependencias, negocios, servicios como taxis autorizados y maleteros.
Sin embargo, autoridades mantienen las mismas medidas sanitarias para evitar contagios de Covid-19, aunque no restringen el ingreso de pasajeros internacionales. Una vez más, pasajeros procedentes principalmente de Estados Unidos dijeron les aplicaron protocolos laxos y no como los de su país, que son mucho más estrictos.
Durante un recorrido ayer se observó a cientos de personas que acudieron con cubrebocas a la terminal aérea para recibir o despedir a familiares y amigos sin respetar la sana distancia, a pesar del llamado de no aglomerarse. En tanto, sobre los pasillos permanecen los carteles que difunden medidas precautorias a los pasajeros antes, durante y después de viajar para no enfermar. (César Arellano García, La Jornada, Política, p.13)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá esta semana si se permite a Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, apelar su sentencia de nueve años de prisión. El político busca que se disminuya su estancia en la cárcel, a lo cual la Unidad de Inteligencia Financiara se opone.
Más allá del caso, el asunto es relevante, pues permitirá al máximo tribunal sentar precedentes sobre si las sentencias dictadas en un procedimiento abreviado –salida que permite el sistema de justicia penal acusatorio, donde el acusado admite su culpabilidad para no ser sometido a juicio y obtener a cambio una sentencia reducida– pueden ser revisadas mediante apelación.
El litigio comenzó luego de que en 2018 el ex gobernador se declaró culpable por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, por lo que fue sentenciado a nueve años de prisión. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p.13)