La pobreza extrema, el desempleo, la inestabilidad política, la nula posibilidad de desarrollo económico, y la violencia e inseguridad, son las razones más comunes para que una persona tome la decisión de migrar a otro país como alternativa para mejorar su calidad de vida y la de su familia.
Históricamente, México por su ubicación es concebido como un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes; de acuerdo con el World Migration Report, en 2019, fue el primer país de migrantes de América Latina y el Caribe.
Diariamente, en su paso por nuestro país, miles de migrantes sudamericanos que anhelan el “sueño americano”, se enfrentan a un sistema que viola sus derechos fundamentales, como la libertad, dignidad, igualdad y el acceso a la justicia, dejándolos en estado de completa indefensión.
En México, desde 1947, la Ley General de Población reconoce la facultad de la Secretaría de Gobernación, para implementar las Estaciones Migratorias, conocidas como espacios para alojar de manera temporal a las personas que no acreditan su legal situación migratoria en México.
El gran problema de las estaciones migratorias, además de encontrarse superadas en capacidad, las deplorables características estructurales y de operación, es que constituyen un verdadero modelo carcelario, en el que no sólo se mantiene a las personas en celdas con barrotes, sometidas a rutinas características de centros de reinserción social, donde lamentablemente son trastocados sus derechos humanos al estar privados ilegalmente de su libertad.
Nuestro marco jurídico es muy claro: el respeto irrestricto a los derechos humanos de la población migrante sustenta la regulación migratoria, la Constitución reconoce estos derechos para todas las personas que se encuentren en territorio nacional, ejercicio que no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos que esta misma establece, esto indiscutiblemente incluye a la población migrante, con independencia de su condición jurídica.
La crítica central es que en la práctica, la irregularidad migratoria se ve como un delito, que amerita figuras como la detención migratoria con fines de castigo y de restricción total de la libertad, aun cuando no se lesiona ningún bien jurídico fundamental protegido por el poder punitivo del Estado.
Tal como lo prevé la Normativa Internacional, la detención debe ser únicamente de naturaleza administrativa y con fines auxiliares en los procedimientos que determinan la deportación de las personas irregulares, previo sometimiento a un control de detención por las autoridades competentes.
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, reitero mi compromiso desde el Senado Mexicano para establecer las pautas que permitan ofrecer soluciones duraderas en términos de integración social, económica y política, es un hecho que la inclusión de la población migrante en nuestra sociedad tiene el potencial de generar un importante impulso económico para el país.
Estoy cierta que México debe responder a los desafíos del nuevo sistema migratorio, basado en un marco normativo e institucional adecuado a los Tratados internacionales y con reformas presupuestarias, donde se garantice el respeto de los Derechos Humanos, en especial de las mujeres y de los grupos históricamente discriminados. (Nadia Navarro, El Sol de México, Análisis, p. 4)
Las relaciones entre México y Estados Unidos parecen regresar a su normal, complicado y, a veces contradictorio estado, aunque esta vez el gobierno mexicano tiene al menos, temporalmente, una palanca de importancia: la migración.
Las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos serán en noviembre del año próximo y los republicanos han dejado saber que será uno de sus temas de campaña, y en alguna medida puede afirmarse que el papel de México en detener los flujos migratorios tendrá un rol importante.
A reserva de cambios, los analistas políticos estadounidenses creen probable que en 2022 los republicanos capturen al menos la mayoría en la Cámara baja; actualmente tienen 213 representantes contra 221 demócratas, y quizá en el Senado, donde hay un literal empate a 50.
La situación política y un fallo judicial obligaron al gobierno del presidente Joe Biden a retroceder, por lo menos temporalmente, en sus promesas de terminar con la política migratoria de “Quédate en México” impuesta por el régimen de Donald Trump.
El gobierno mexicano condicionó su aceptación a que hubiese mejorías humanitarias, como la aceleración del procesamiento legal y la vacunación contra COVID-19 para los peticionarios de asilo a EU.
Pero eso no ha reducido las quejas de activistas que consideran que la política obliga a los migrantes a estar en México en condiciones negativas de salubridad y seguridad.
El hecho es que a gusto o no con el papel, dice Karin Zissis, de la Sociedad de las Américas, México sirve ahora “como un amortiguador” del fenómeno: por un lado, se ha convertido de facto en un “tercer país” y ha recibido una cantidad considerable de peticiones de asilo de quienes esperaban o esperan llegar a Estados Unidos desde Centroamérica y, por otro, ha desplegado tanto a la Guardia Nacional como a personal militar en sus fronteras para ese efecto.
Pero al mismo tiempo eso, ayuda a que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tenga una relativa posición de fuerza en la relación bilateral, reflejada en la aquiescencia estadounidense a apoyar sus programas de “Sembrando Vida” en el sur de México y en Centroamérica.
Sin embargo, la situación tiene un costo: junto con las quejas de activistas en EU respecto a las promesas incumplidas del presidente Biden, hay también críticas sobre el papel del gobierno mexicano, con particular énfasis en lo que consideran como trato violatorio de derechos humanos a los integrantes de las caravanas.
Hay además señalamientos sobre un incremento de migrantes mexicanos detenidos en la frontera, tras años de descenso. La renovada importancia política del debate estadounidense sobre migración y la relativa influencia del gobierno mexicano marcan, pero no son los únicos aspectos, de una nueva etapa en las relaciones bilaterales donde por tradición, los desacuerdos son parte de la norma. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 31)
Mientras que en México y en los países latinoamericanos la gente que ha perdido su empleo ve muy difícil la posibilidad de poderlo recuperar y tener ingresos, en Estados Unidos hay una crisis por la falta de mano de obra.
Los negocios que ofrecen servicios se están enfrentando con que cada vez es menos la gente que quiere trabajar en ciertos rubros. Desde personal de construcción, limpieza y hasta meseros.
Por ejemplo, McDonald’s, en Tampa, Florida, ofrece 50 dólares a quien se presente a la entrevista de trabajo, y Delta Airlines tuvo que cancelar un centenar de vuelos por falta de personal.
La escasez de empleados es un fenómeno que se incrementa en Estados Unidos. Es difícil poder cubrir vacantes en sectores hoteleros, restauranteros y de manufactura. Los estadounidenses, principalmente los jóvenes, no están interesados en estos trabajos donde la paga es baja y el crecimiento es poco.
Según la Federación Nacional de Negocios Independientes, 40 por ciento de empresarios tiene problemas para contratar personal.
Con la pandemia, hubiéramos imaginado que la gente estaría desesperada por cuidar su trabajo, pero ha sido todo lo contrario.
Muchos trabajadores empezaron a recibir apoyos del Gobierno federal, y el presidente Joe Biden amplió los apoyos de desempleo. La gente que reúne los requisitos está recibiendo hasta 300 dólares a la semana. Si ya tienen este dinero y no les gusta su trabajo, están dejando de hacerlo, pero las ayudas no serán eternas.
Sin embargo, existe un grupo que sí está dispuesto a ser contratado, pero con la pandemia escasea, y son los migrantes. Ante su ausencia en el ámbito laboral, muchos dueños de restaurantes, bares y hoteles han cerrado o permanecen a la mitad de sus operaciones.
Aquí hay dos temas complicados, la falta de mano de obra en Estados Unidos y también el control y la seguridad de sus fronteras en un momento donde pasa mucha droga y tráfico de personas de manera ilegal a ese territorio que está comprometiendo la seguridad en nuestro vecino país del norte.
La única manera de poder tener migrantes en su país para que trabajen de forma segura es saber quiénes son, dónde están y qué antecedentes tienen estas personas.
Platicamos con Marco López, precandidato demócrata para gobernar el estado de Arizona.
López trabajó con la exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Janet Napolitano, y durante la administración del presidente Barack Obama fue el director del Departamento de Comercio como jefe de la Agencia Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection), que es la más grande agencia de seguridad y comercio en el país, 60 mil empleados y un presupuesto de 15 billones de dólares.
Desde esa trinchera, López colaboró para que se hiciera un programa para identificar a los viajeros frecuentes a su país, mismo que ha facilitado el trabajo en las fronteras, agiliza la entrada a los viajeros, pero sobretodo se tiene un control de tener identificadas a todas las personas que entran a Estados Unidos con el programa de viajero frecuente.
Marco López asegura que un programa como este sería muy benéfico para que entren trabajadores migrantes a Estados Unidos de una manera segura y ordenada.
“Únicamente es una decisión difícil porque se ha politizado, la realidad es que, si no tienes un sistema que regule apropiadamente a quienes entran y salen, van a entrar de todas formas, solo que van a darle la vuelta al sistema y eso es lo que vemos, eso es lo que hemos visto desde los 90, porque no hay una manera legal de hacerlo y la gente le da la vuelta. Así que tienes que resolver eso para que puedas liberar el problema en los puntos fronterizos, yo creo que se puede hacer.”
BB: ¿Cómo lo legalizas?
ML: “Bueno, tienes que tener un sistema que permita a las personas registrarse y que puedas procesar rápidamente sus visas para que puedan venir a trabajar, a quienes quieran venir a trabajar aquí por largo tiempo, un sistema que prácticamente lo haga por ellos y los puedas monitorear que no cometen crímenes, que son buenos residentes en el país, que es gente buena, nosotros sabemos que es gente buena, ellos viven en nuestras comunidades.”
BB: También para trabajos temporales, visas temporales.
ML: “Y si quieren regresarse de que el sistema se los permita, que puedan visitar a sus familias y puedan volver a entrar si son empleos temporales, ahora se tiene la tecnología para poder hacerlo, no debería ser difícil, lo repito, es difícil porque la política está involucrada.”
BB: Bueno, tú creaste un programa muy importante, Global Entry, con el cual sabes quién entra al país, se tiene muy bien monitoreada a la gente, es una forma de proteger al país y hacer más fácil viajar, ¿podría ser algo como eso, pero con migrantes?
ML: “Recuerda que empezó con el programa SENTRI (Secure Electronic Network for Travelers Rapid Inspection) en los puertos de entrada y el programa FAST (Free and Secure Trade) en la frontera con Canadá, cuando yo estuve ahí lo expandimos a viajes aéreos, Global Entry, es un sistema muy especial de confianza, por eso se llama Programa de Viajero Confiable (Trusted Traveler Program TTP), que de vez en cuando vas a ser revisado.”
BB: Que es importante, es confiable porque sabes quién está entrando.
ML: “Sabes quién está entrando y es lo mismo que se puede hacer con trabajadores, es lo mismo que se puede hacer con las personas que quieren seguir haciendo crecer nuestra economía, otra vez, estamos creando más empleos de los trabajadores que tenemos en Estados Unidos.”
“Así que una de estas dos cosas va a pasar o creas un sistema para regular y procesar debidamente a estos trabajadores o no lo hacen y vendrán de todas formas; ahorita estamos en la segunda categoría, creamos estos empleos, no tenemos un sistema para regularlos y procesarlos debidamente y le dan la vuelta al sistema.”
BB: Y no sabes quién está dentro de tu territorio.
ML: “Y no sabes quién está aquí. Cincuenta por ciento de ellos sabes porque son turistas que se quedaron más tiempo que su visa, son gente que sabes que vinieron de compras a Scottsdale y decidieron no regresar, cincuenta por ciento de las personas no sabes dónde están ni quien son.”
Platicando con Marco López me dice que urge una reforma de este tipo, que hay que cuidar las fronteras, que se evite el trasiego de droga, de personas y de criminales, pero también dice que se necesita mano de obra migrante, que tiene que darse de una manera en donde se tenga registro de quien entra a los Estados Unidos, me asegura que se tiene la tecnología para poderlo hacer, pero que además se han entablado pláticas con sindicatos que podrían darle certeza laboral a estos migrantes que muchas veces son explotados y además así se tiene un registro por medio de los cheques de pago si efectivamente esos migrantes están trabajando para donde se registraron.
De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), los extranjeros hacen los trabajos más peligrosos en Estados Unidos, pues los centroamericanos que laboran allá tienen 45 por ciento más de probabilidades de padecer un accidente o una enfermedad de trabajo que les quite la vida.
Se necesitan estos trabajadores, pero de forma ordenada y legal y donde a ellos también se les den garantías. (Bibiana Belsasso, La Razón, México, p. 12)
Estamos dentro de las 15 economías más grandes del mundo y de los 10 países más visitados. Somos una potencia comercial. Nos merecemos un mejor aeropuerto capitalino del que tenemos.
El Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) es la primera impresión de nuestro país que tienen millones de turistas e inversionistas. Es una pena que esté en tan malas condiciones. Está sucio y mal iluminado, los baños no funcionan, hay pocas pantallas con información de vuelos y algunas no sirven. Los limitados intentos de decoración —una bandera en la zona de migración de la terminal 2— son propios de una escuela secundaria.
Después está la organización o, mejor dicho, la desorganización. Ejemplos hay muchos. Normalmente hay dos filas para pasar migración: una para los mexicanos y otra para los extranjeros. Este es un esquema que se utiliza en todo el mundo para agilizar las filas y darles trato preferente a los nacionales. Sin embargo, la última ocasión que pasé por migración las filas estaban mezcladas. No había ninguna ventaja de ser mexicano al entrar a nuestro propio país.
Otro ejemplo es el desorden en las horas pico de llegada. Si saben en el aeropuerto que hay horarios en los que se concentran muchos vuelos, ¿por qué no meter más agentes de migración para procesarlos? ¿Por qué no abrir las filas para que no se aglutine la gente? La demora en la salida de las maletas es otra falla de logística que frecuentemente enfrentamos los viajeros. Ha habido percances más graves —como la inundación del aeropuerto en septiembre— que han sido tendencia en redes y que dañan la imagen del país. ¿Esta es la cara que le quiere dar México a los ciudadanos del mundo a su llegada?
Lo que es más frustrante es que muchos de los problemas que enfrenta el AICM se pue den resolver con poco presupuesto, sin violentar la austeridad republicana: cambiando focos o coordinando mejor al personal, por ejemplo. Me sorprende que no haya un equipo interno atendiendo estos asuntos. Se conseguiría mucho con poco. Obviamente el problema de fondo es estructural: necesitamos un nuevo aeropuerto.
Las malas condiciones en las que se encuentra el actual es lo de menos. Lo más grave es que está saturado. Por desgracia, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles no es la solución. Está lejos de resolver nuestras necesidades futuras y menos convertirnos en un hub regional que impulse el crecimiento. Sí lo era el aeropuerto de Texcoco que canceló López Obrador en lo que representa el pecado original de su administración.
Los aeropuertos son una oportunidad para mostrarle al mundo el compromiso de un país con su desarrollo de largo plazo. Es triste ver cómo nosotros perdimos esa gran oportunidad mientras que Turquía y otras naciones hicieron realidad proyectos de vanguardia.
Las malas condiciones en las que se encuentra el AICM y la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco para construir el de Santa Lucía dicen mucho de la situación que vive el país. (Julio Serrano Espinosa, Milenio Diario, Negocios, p. 22)
A ver si así. Los gobernadores Samuel García, de Nuevo León, Miguel Riquelme, de Coahuila y Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, así como la embajada de Estados Unidos, acordaron realizar unas mesas de seguridad a las que invitarán al FBI y la DEA, así como autoridades federales de México. Pretenden solucionar los problemas de tráfico de armas, de personas y desaparición forzada, que son asuntos que atañen a los dos lados de la frontera. Junto con el embajador de EU en México, Ken Salazar, dieron a conocer los acuerdos. Es verdad que la violencia en el norte requiere de un extra, pero también lo es un cariz que tiene que ver con el término soberanía, siempre en los límites de lo espinoso. (Excélsior, Nacional, p. 15)
Hace doce años (en 2009), Manuel Zelaya, expresidente de Honduras elegido democráticamente en 2006, fue defenestrado de la primera magistratura del país a través de un golpe de Estado llevado a cabo por militares, la oligarquía y sectores conservadores, nacionales y extranjeros, debido, entre otros factores, a sus políticas sociales y a su acercamiento con gobiernos como los de Cuba, Ecuador, Venezuela y Bolivia. Desde entonces, la derecha ha gobernado al país, aplicando el modelo neoliberal de economía, con una corrupción ascendente y con resultados que se encuentran a la vista.
En 2019, de acuerdo con la ONU, el número de migrantes de Honduras hacia el norte del continente americano ascendió a 800,707, lo que supuso un 8.2 por ciento de su población. En lo que va del año fiscal 2021, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, las de nacionalidad hondureña representaron a casi la mitad de las 701,049 personas centroamericanas detenidas en la frontera suroeste de aquel país. Entre las causas de este fenómeno migratorio se encuentran la pobreza, la violencia, la corrupción y los desastres naturales.
De 2019 a 2020, el desempleo ascendió del 5.7 a 10.9 por ciento y el empleo informal pasó del 60.7 al 70.7 por ciento, mientras que para septiembre de 2021 alrededor de 3.3 millones de personas enfrentaban inseguridad alimentaria, sin mencionar que la pobreza en Honduras afecta a casi el 70 por ciento de la población.
En 2020, según proyecciones del Banco Mundial, la proporción de quienes vivían en ese año por debajo de la línea de pobreza de 115.9 pesos al día (5.5 dólares estadounidenses) habría aumentado a un 55 por ciento, es decir, más de 700,000 nuevas personas en situación de pobreza.
Asimismo, la tasa de homicidios en 2020 fue del 37.6 por ciento por cada 100,000 habitantes.
En este contexto, el 28 de noviembre de 2021, con una participación del electorado de alrededor del 70 por ciento, Xiomara Castro, candidata del Partido Libertad y Refundación (de tendencia de izquierda) y quien está casada con el expresidente Zelaya, logró imponerse en la primera vuelta de la elección presidencial, junto con otras formaciones políticas, al candidato oficialista Nasry Asfura, del Partido Nacional.
Cabe señalar que el compañero de fórmula de la presidenta electa es Salvador Nasralla, del Partido Salvador de Honduras (de centroderecha). El ahora vicepresidente electo decidió unirse unas semanas antes de los comicios a la entonces candidata Castro, por lo que ahora ambos deberán coexistir políticamente con todo lo que esto conlleva, incluida la eventual aparición de diferencias ideológicas.
Entre las propuestas de la jefa de Estado y de Gobierno electa se encuentran las siguientes: una consulta popular para que el pueblo organice y elija la Asamblea Nacional Constituyente que redacte una nueva Constitución; venta del avión presidencial; disminución de los altos sueldos de personas funcionarias; revisión y cancelación legal de los contratos de energía eléctrica otorgados por el Estado a precios sobrevalorados, e ingreso universal para las familias en situación de pobreza.
La presidenta electa ha propuesto una refundación del país, y señaló que llamará a todos los sectores de la sociedad para que se puedan utilizar puntos de coincidencia y formar bases mínimas para el nuevo gobierno.
Por lo pronto, a fin de conocer la composición del Congreso, Xiomara Castro deberá esperar los resultados oficiales de la elección que se realizó el mismo 28 de noviembre. Y es que del órgano legislativo depende, por ejemplo, la votación en 2022 tanto del fiscal general (cuyo mandato concluye en 2023) como de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el periodo 2023-2030.
Castro asumirá la presidencia del país el 27 de enero de 2022. Su elección da esperanza a la mayoría del pueblo hondureño, pero también se opone al neoliberalismo empobrecedor, a la violencia crónica y a una oligarquía política y económica que controla al país. (Ricardo Monreal, El Sol de México, Análisis, p. 13)
En 1993 Samuel P. Huntington, renombrado politólogo y académico de la Universidad de Harvard, publicó su obra más importante e influyente: Choque de Civilizaciones. En esta su idea principal postulaba que los conflictos post-Guerra Fría ya no serían entre el liberalismo capitalista de Estados Unidos y el comunismo de la Unión Soviética. Según su tesis, los enfrentamientos entre ideologías se volverían obsoletos y darían paso a choques entre culturas o civilizaciones, como él prefería denominarlas. Huntington categorizó a las naciones y los pueblos del mundo (acción controvertida desde entonces) según sus características históricas, culturales, lingüísticas y religiosas en común. Así fue como bautizo a las llamadas civilizaciones como la Africana, Islámica, Sínica, Occidental, Latinoamericana, entre otras.
De manera llamativa, Huntington creó un pequeño grupo de países que no entraban cabalmente ni en una civilización ni en otra. A estos los denominó los países “desgarrados”. Entre ellos se encuentran Turquía (indeciso entre su pertenencia al mundo islámico o a Europa), Rusia (conflictuada entre si es parte de Occidente o el centro de su propia civilización) y México. De acuerdo a Huntington, México se encuentra en una encrucijada perpetua en la que disputa su pertenencia a Latinoamérica o a la esfera estadounidense de Norteamérica. A un cuarto de siglo del diagnostico de Huntington podemos seguir viendo cómo continúa manifestándose su tesis en la política mexicana actual.
La llegada de MORENA al poder ejecutivo ha significado un cambio discursivo al de las décadas pasadas. Mientras que las recientes administraciones panistas y priistas habían enfocado sus esfuerzos en la integración de Norteamérica, la administración actual ha revirado su atención hacia el sur. El presidente Andrés Manuel López Obrador incluso llegó a plantear en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) la formación de una comunidad económica semejante a la Unión Europea. Previsiblemente, el acercamiento a Latinoamérica ha implicado reconocer varios obstáculos.
Los proyectos de unidad latinoamericana han fracasado repetidamente ya que no hay objetivos políticos en común. Quizá su único punto de acuerdo histórico ha sido formar un contrapeso frente al poder y la influencia de Estados Unidos. Más allá de ello, incluso los consensos sobre el respeto a la democracia y los derechos humanos se han desmoronado frente a los retos que imponen al grupo regímenes autoritarios como el venezolano, el hondureño y el cubano.
A pesar de la apertura política del gobierno mexicano hacia el sur del continente, es evidente que el proyecto de unidad latinoamericana no ha llegado a ser nada más que buenos deseos. Esto revela un contraste interesante si se comparan con sus relaciones con Estados Unidos y Canadá. Actualmente, existe cierta indiferencia política entre las tres naciones norteamericanas, sin embargo, la integración de sus culturas, industrias y economías continúa profundizándose de forma independiente a los deseos de sus gobiernos.
Son los individuos, los migrantes y las empresas las que parecen tener la batuta en decidir a qué esfera pertenece México. Esto continúa resonando a la tesis de Huntington, aludiendo a lo conflictivo que puede llegar a ser el dirigir explícitamente la integración hacia un lado u el otro. Incluso más relevante, deja en descubierto que el gobierno mexicano, sin importar el partido que lo controlé, no ha podido reconciliar lo que tiene planeado para el país, lo que es éste en los hechos y lo que aspiran a llegar a ser sus ciudadanos. (Isauro López Rosso, El Heraldo de México, País, p. 17)