La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenó los efectos del acuerdo publicado por el Ejecutivo federal para blindar la reserva de información relacionada con las obras impulsadas por la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y que define como de “seguridad nacional”.
Esto quiere decir que la Corte únicamente frenó la reserva de información “automática” establecida por el Ejecutivo federal, pero las demás consecuencias del decreto, como la adjudicación directa de las obras y la agilización en los trámites burocráticos, prevalecen.
Ayer el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá notificó que concedió la suspensión solicitada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) para que, de manera inmediata, deje de surtir efectos el acuerdo con el que fueron clasificados como de seguridad nacional los proyectos prioritarios del gobierno federal para efectos de transparencia. El organismo alegó que el Ejecutivo federal no tiene atribuciones para realizar esta clasificación sin cumplir los parámetros establecidos en la ley de la materia.
“Es procedente la suspensión para que se suspendan todos los efectos y las consecuencias del acuerdo impugnado que deriven en catalogar la información detallada en éste como de interés público y/o seguridad nacional, sin cumplir con los supuestos que las leyes respectivas prevén para ese efecto”, señala la Corte. (Diana Lastiri y Antonio López, El Universal, P.p. José Antonio Belmont, Milenio, P.p. Mario D. Camarillo, La Crónica de Hoy, Ocho Columnas, Eduardo Murillo, La Jornada, P.p.)
Aunque aparece en su listado de bienes muebles dados de baja en el primer trimestre de 2021, la Oficina de la Presidencia de la República no tiene información sobre el destino de un equipo de espionaje de teléfonos celulares, adscrito desde 2014 al desaparecido Estado Mayor Presidencial (EMP) y valuado en ocho millones 314 mil 183.85 pesos.
En el primer trimestre de este año, la Oficina de la Presidencia de la República reportó en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en el apartado “Inventario de bajas practicadas a bienes muebles”, la baja de un “equipo de seguridad nacional” con el número de inventario 02-1300000000-65049, con fecha del 22 de marzo de 2021.
La causa por la que el despacho del presidente Andrés Manuel López Obrador prescindió de este bien –según consta en la PNT– fue por una “transferencia”, aunque no especifica a qué instancia. El área responsable de publicar estos datos fue la Dirección de Bienes Muebles.
Este medio realizó la solicitud de información a la Presidencia de la República, registrada con el folio 331000121000066, para conocer en qué consistía dicho “equipo de seguridad nacional” dado de baja y a qué dependencia se había transferido.
Mediante un oficio con el folio UAF/DGRMSG/SAI/377/2021, esta instancia del Ejecutivo federal respondió que su Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales no encontró información referente sobre la descripción y destino de ese bien tras hacer una búsqueda exhaustiva en registros, archivos físicos y electrónicos. (Rivelino Rueda | El Sol de México, Ocho Columnas)
Los gobiernos de México y Estados Unidos pusieron en marcha el Entendimiento Bicentenario, una nueva etapa de colaboración, cooperación y respeto mutuo en materia de seguridad que sustituye a la Iniciativa Mérida.
Ambos países acordaron delinear y aprobar los programas de trabajo y las acciones de interés común para proteger a la población, prevenir los delitos transfronterizos y perseguir a las redes criminales.
Combatir la violencia, la impunidad y la corrupción; el homicidio doloso, el reclutamiento de grupos vulnerables por parte de criminales, el tráfico ilegal de armas, el trasiego de drogas de todo tipo, la trata de personas y el tráfico humano, así como los crímenes cibernéticos y lavado de dinero, son algunos de los objetivos del Entendimiento Bicentenario.
En su mensaje durante la Revisión del Plan de Acción e Instalación del Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Estados Unidos (Ganseg), el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que ambos países expiden el acta de defunción a la Iniciativa Mérida y dan la de nacimiento al Entendimiento Bicentenario (Paris Salazar, El Heraldo de México, Ocho Columnas)
El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su beneplácito por la reciente actitud del PAN, al promover una reunión con el gobierno federal. Es bueno el diálogo, que depongan la actitud extremista de rechazar todo, señaló, al tiempo de sugerir al PRI sumarse a esta conversación.
Sin embargo, el mandatario dejó en claro que a diferencia del pasado, ahora no hay toma y daca, es decir, negociar frente a una reforma estructural a cambio de beneficios político-electorales.
Cuando habló de las actitudes negativas y politiquerías de la oposición, puso de ejemplo los bloqueos a temas de todo tipo, incluido el de los ascensos de los oficiales del Ejército, en un afán de oponerse por oponerse.
Hasta pidió al general Agustín Radilla Suástegui –quien ayer asistió a la conferencia de prensa matutina en lugar del secretario de la Defensa Nacional– explicar el rigor de las promociones de los mandos de las fuerzas armadas. (Fabiola Martínez y Laura Poy, la Jornada, P.p.)
Si bien la perspectiva de no poder sufragar los gastos del mes afecta a 43.4% de los adultos en México y 11.3% tiene incertidumbre al respecto, la población del país es optimista.
De acuerdo con la primera Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado, levantada por el Inegi, en medio de la crisis sanitaria la satisfacción con la vida en general se ubica en 8.45 sobre un total de 10, siendo las mujeres quienes muestran menor satisfacción (8.37) respecto a los hombres (8.53). La familia es el principal satisfactor, mientras que la seguridad pública es el aspecto que menor satisfacción otorga.
Nuevo León es el estado cuya población tiene mayor nivel de satisfacción con la vida (8.79), mientras que la más baja la tiene la Ciudad de México (8.15).
El balance anímico tiene un promedio de 5.07 (en una escala de -10 a +10). Los resultados indican que las mujeres muestran en promedio menor balance anímico (4.69) respecto a los hombres (5.49). (Karla Ponce, Excélsior, Ocho Columnas)
Asustados por la irrupción de trabajadores sindicalizados de la Cámara de Diputados, los legisladores suspendieron la sesión plenaria y echaron a correr en medio de un escándalo.
Los trabajadores intentaron ingresar al salón de plenos enardecidos porque la administración de la Cámara de Diputados rechazó pagarles la devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR), como complemento a prestaciones por Estímulos por Antigüedad, Prima Vacacional y Gratificación de Fin de Legislatura.
Ese privilegio, que no tienen otros trabajadores en el País, pero sí lo gozan los diputados, les fue quitado a los sindicalizados el pasado lunes 13.
Los legisladores ya recibieron un bono de 71 mil pesos como prestación de ISR para reponer el descuento del impuesto en su aguinaldo de 40 días, por 140 mil 504 pesos, el cual recibieron en los primeros días de diciembre. (Claudia Salazar, Reforma, Ocho Columnas)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) advirtió al Instituto Nacional Electoral (INE) que pese al recorte a su presupuesto debe cumplir con la realización de la consulta sobre revocación de mandato o de lo contrario los consejeros pueden incurrir incluso en responsabilidades penales.
El órgano electoral promovió la semana pasada la controversia 208/2021 contra el ajuste a su presupuesto de 2022. Este juicio fue admitido a trámite; sin embargo, el ministro Fernando Franco González Salas les negó la suspensión del acto reclamado, en lo que hace a cualquier posible suspensión de la consulta sobre revocación de mandato, por falta de recursos.
Es improcedente la suspensión respecto a que el Instituto Nacional Electoral no tenga que hacer ajustes a su presupuesto, como se prevé en el artículo cuarto transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato (LFRM), así como que se exima al instituto y a su personal de las sanciones administrativa, penales o de diversa índole a que hubiera lugar, señala el acuerdo del ministro Franco.
Dicho artículo transitorio de la LFRM advierte que el INE debe hacer los ajustes presupuestales que fueren necesarios para la realización de la consulta. (Eduardo Murillo, La Jornada, Ocho Columnas)
Ministro frena acuerdo presidencial en la parte de la reserva de datos de proyectos al clasificarlos de seguridad nacional; aplica de inmediato; niega medida contra ejecución de obras y agilización de permisos; en otro resolutivo, ordena a órgano electoral ajustar presupuesto para hacer consulta
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional interpuesta por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y otorgó una suspensión que evita que la información sobre las obras del Gobierno de México sea reservada, pero permite que se ejecuten.
“Se concede la suspensión al INAI en los términos y para los efectos en la parte denominada Apartado Primero, es procedente la suspensión para que se suspendan todos los efectos y las consecuencias del acuerdo impugnado que deriven en catalogar la información detallada en éste como de interés público y/o seguridad nacional, sin cumplir los supuestos que las leyes respectivas prevén para ese efecto”, informó.
La resolución de la SCJN establece que la suspensión surtirá efectos inmediatos; sin embargo, negó la suspensión contenida en el Apartado Segundo sobre los proyectos y obras del Gobierno de México.
“Se niega la suspensión, en los términos precisados en la parte denominada Apartado Segundo. Es improcedente la medida cautelar solicitada para suspender las acciones que se indican en el acuerdo impugnado en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México”, indicó. (Roberto Cortes, La Razón, Ocho Columnas)
Pese a los llamados a la austeridad, las críticas por sus privilegios y sus quejas por falta de recursos para organizar la revocación de mandato, los 11 consejeros y funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) disfrutarán en 2022 de un servicio de comedor, con seis chefs, un nutriólogo y 75 personas a su servicio para preparar alimentos, con un costo máximo de 31.5 millones de pesos.
El organismo electoral firmó un contrato con Procesadora y Distribuidora los Chaneques, cuyo fallo fue publicado el 10 de diciembre pasado y contempla dos escenarios: uno con epidemia y restricciones sanitarias, con el cual el costo máximo se reduciría a 4.3 millones de pesos, y el otro, con el regreso a la normalidad.
Aunado al comedor institucional, los 11 consejeros y el secretario ejecutivo tienen derecho a 11 mil 970 pesos mensuales para alimentos.
El instituto adjudicó ese servicio en un contexto, en el cual han sido criticados los privilegios que mantienen los altos funcionarios encargados de organizar las elecciones en el país. (Ángel Cabrera, 24 Horas, Ocho columnas)
La Suprema Corte de Justicia cerrará hoy el año sin resolver, y ni siquiera agendar, la resolución de impugnaciones a las principales políticas que impulsa el actual Gobierno federal, como la militarización de la seguridad pública o la extinción de fideicomisos.
El Pleno tiene agendados 114 asuntos para las sesiones que realizará entre el 6 de enero y el 12 de mayo de 2022, pero ninguno relacionado con las prioridades del actual Gobierno, entre ellos 14 litigios que iniciaron entre finales de 2018 y la primera mitad de 2021.
Distintas impugnaciones a leyes promovidas por el Gobierno federal no han sido revisadas por la Corte ni tampoco están enlistadas en la agenda de los ministros para el próximo año
El 66 por ciento de lo que sí se agendó corresponde a acciones y controversias por temas estatales, mientras que 16 por ciento corresponde a 18 controversias de municipios de Chihuahua contra el Gobierno federal, por el conflicto de la Presa La Boquilla, además de 10 contradicciones de tesis e incidentes de inejecución de amparo. (Víctor Fuentes, Reforma, P.p.)
El Instituto Nacional Electoral (INE) buscará que el Tribunal Electoral se pronuncie sobre la falta de recursos para organizar la consulta de revocación de mandato al plantear dos posibles soluciones ante la insuficiencia presupuestal: suspenderla o bien achicarla e instalar un tercio de las casillas que normalmente hay en una elección presidencial. Una impugnación de Morena, forzará un pronunciamiento del Tribunal y si eso no ocurre, la decisión quedaría firme.
Entre los consejeros discuten y buscan acuerdos para aprobar este mismo viernes una resolución que, o bien frene el proceso de revocación de mandato a partir de enero o avance con un “plan B” que reduzca las 162 mil casillas que obliga la ley a instalar; ambos escenarios, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve si el gobierno federal debe cubrir el boquete de dos mil 300 millones de pesos o la autoridad electoral puede violar la ley y organizar la consulta de acuerdo al presupuesto del cual dispone.
MILENIO confirmó que con cualquiera de estos acuerdos que se aprobarían en la que será la última sesión del año en el Consejo General, podrían llegar a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación -a raíz de una impugnación de Morena- para que, como única instancia superior al INE, defina cuál es la ruta que deben seguir mientras la Corte dice la última palabra sobre el recorte presupuestal de tres mil millones de pesos para la revocación de mandato frente a los tres mil 800 que se solicitaron.
Los integrantes del Consejo General del INE comenzaron este martes reuniones privadas para decidir si presentan el proyecto que frene por completo el proceso a partir del 2022 ante la incertidumbre presupuestal, o si continúan pero con un plan alternativo de menores dimensiones a las de una elección federal como indica la ley. Pues a pesar de los ajustes y ahorros aprobados hace una semana, sumaron apenas mil 500 millones de pesos, manteniendo un boquete de dos mil 300 millones, lo que los coloca en un escenario “imposible” para cumplir los estándares legales. (Jannet López Ponce, Milenio, P.p.)
Morena impulsó un recorte de 4 mil 913 millones de pesos al INE en 2022, pero aceptó, sin protesta, los mil 819 millones de pesos que le fueron asignados en financiamiento público para el año próximo.
Ayer, luego de que se confirmó la desaparición de tres minipartidos, la Comisión de Prerrogativas del INE definió los montos millonarios que los institutos políticos recibirán en el próximo ejercicio.
De los 5 mil 821 millones 851 mil 704 pesos de dinero público que se repartirán entre los siete partidos nacionales, por su desempeño en la elección pasada, Morena se llevará el 31 por ciento. (Érika Hernández, Reforma, P.p.)
Ante el proyecto del gobierno de Estados Unidos de otorgar nuevos incentivos fiscales a la compra de autos eléctricos fabricados en ese país, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la medida se contrapone a lo establecido en el acuerdo comercial de América del Norte (T-MEC). Por ello, México no descarta la posibilidad de acudir a un panel para dirimir controversias.
Lo anterior, dijo el mandatario, porque de aprobarse ese plan de Washington se afectaría a la industria automotriz de México. Sin embargo confió en llegar a un acuerdo en el contexto de las muy buenas relaciones con el gobierno de Joe Biden.
No me gusta hablar de acciones arancelarias de parte nuestra, porque hay mecanismos legales a los que vamos a acudir en el caso de que se llevara a cabo esta medida. Y lo cierto es que hay muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y podemos llegar a un acuerdo para que no se perjudique a México, señaló en conferencia de prensa.
El estímulo fiscal propuesto aumentaría de 7 mil 500 a 12 mil 500 dólares, por familia, en la compra de un vehículo eléctrico ensamblado en Estados Unidos con trabajadores sindicalizados; el gobierno canadiense ya expuso su protesta, y la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier ha advertido que la aprobación de una medida de esa naturaleza en el Congreso del vecino país, provocaría la reducción de inversiones en México. (Fabiola Martínez y Laura Poy, La Jornada, Contraportada)
Enclavada en la orilla sur del Río Grande, la desértica Ciudad Juárez vive su propio auge económico. Parece haber excavadoras y bulldozers por todas partes, el espacio que excavan en el suelo del desierto albergará una larga lista de nuevas fábricas de empresas que buscan librarse de los problemas de las cadenas de suministro.
Ambu A/S, un fabricante danés de dispositivos médicos, construye una fábrica en las afueras de Ciudad Juárez. A varios kilómetros de distancia, Keeson Technology, un productor de muebles chino, levanta una segunda planta apenas unos pocos meses después de abrir la primera. Boyd, un conglomerado con sede en California, inauguró recientemente una fábrica y planea construir tres más. Y MGA Entertainment, una juguetera con sede en California, empezó a manufacturar Little Tikes Cozy Coupes en su planta el mes pasado.
MGA tiene 750 contenedores de juguetes atrapados en el infierno de las cadenas de suministro en los puertos de Los Ángeles. Fabricados en China, se suponía que esos artículos estarían en los estantes de las tiendas de Estados Unidos esta temporada navideña. Eso no sucederá, reconoció Isaac Larian, director ejecutivo de MGA. Pero la planta de Juárez está enviando dos camiones cargados de juguetes a Estados Unidos cada día y ese número pronto aumentará a 10. Además, Larian planea comenzar la construcción de una segunda fábrica en México el próximo año y empezará a trasladar parte de la producción china de MGA a estas plantas. “Tenemos grandes ambiciones y grandes planes para México”, dijo. (Thomas Black, El Financiero, Ocho Columnas)
La administración del presidente Joe Biden desafió la serie de ultimátums que han enviado México, Canadá y la Unión Europea, en los que advierten que Estados Unidos violaría las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y otros acuerdos comerciales si se aprueban subsidios automotrices en vías de votarse en el Congreso estadounidense.
“Nuestra Ley Build Back Better reducirá el precio de etiqueta de los vehículos eléctricos nuevos fabricados en Estados Unidos por trabajadores sindicalizados hasta en 12,500 (dólares)”, dijo la vicepresidenta Kamala Harris el lunes.
Su promoción a la iniciativa se da a unos días de que previsiblemente ocurra la votación en el Senado de esa iniciativa y tras advertencias de sus principales socios comerciales automotrices de que responderán con represalias si esos subsidios se implementan. (Roberto Morales, El Economista, Ocho Columnas)
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) arrastra un daño patrimonial de más de 400 millones de pesos producto de actos de corrupción en anteriores administraciones, relacionados con irregularidades en la contratación y ejecución de obras e incluso desvío de recursos desde la tesorería, señaló la rectora de esa casa de estudios, Tania Rodríguez Mora.
Por ello, señaló en entrevista con este diario, se han interpuesto una treintena de denuncias, tanto administrativas como penales, e incluso laborales, para deslindar responsabilidades y recuperar la mayor parte de los recursos perdidos o terminar obras que a más de cinco años siguen inconclusas.
Subrayó que se irá hasta las últimas consecuencias, pese a las amenazas que han recibido ella y la abogada general de la UACM, Paulina Jaime Muguiro, las cuales, afirmó, me queda claro que están relacionadas con las acciones (legales) que hemos emprendido, pues entre los mensajes intimidatorios hay una advertencia de no más denuncias.
En el caso de las obras contratadas desde 2016, explicó Rodríguez Mora, se celebraron contratos a precio alzado para la construcción de auditorios, bibliotecas y laboratorios en los que no se cumplieron a cabalidad los trabajos, lo que representa un daño para la UACM de al menos 300 millones de pesos. (Alejandro Cruz Flores, La Jornada, Contraportada)
Dueños de departamentos de la unidad habitacional Fuerte de Loreto, en Iztapalapa, detallan que los delincuentes que los han despojado de su patrimonio han conseguido documentación con la que tratan de acreditar la propiedad de los inmuebles para, incluso, después ponerlos a la venta.
Algunos de esos documentos que los invasores han conseguido es el certificado de inexistencia de gravamen o presuntas escrituras.
Sin embargo, los legítimos dueños no han logrado verificar la autenticidad de tales documentos, pues quienes habitan los departamentos sólo se los han mostrado desde el interior de éstos.
Somos varios vecinos y pues hay demasiadas anomalías porque esta mafia está involucrada con alguien de dependencias gubernamentales por que sacan documentos supuestamente de que ellos son los propietarios”, dijo Blanca, una víctima de despojo desde julio de 2020.
Excélsior publicó ayer que autoridades de la ciudad acudieron a notificar a quienes tienen la posesión ilegal de diez departamentos, entre ellos el de Blanca, sin embargo, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía, se indagan alrededor de 100 casos. en esa unidad. (Wendy Roa y Iván Mejía, Excélsior, P.p.)
Diferentes factores amenazan la reactivación económica que espera el comercio en pequeño de la Ciudad de México en esta temporada decembrina, como son la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores, desempleo y crecimiento de la informalidad entre 20 y 40% en lo que va del año.
Así lo señaló el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope CDMX), Eduardo Daniel Contreras Pérez, al señalar que al menos 120 mil pequeñas y medianas empresas tuvieron que cerrar de forma definitiva y 40 mil pasaron al sector informal.
Al hacer un balance de la situación por la que ha atravesado el sector comercial en pequeño de la Ciudad de México durante el año que termina, Eduardo Daniel Contreras señaló que otros factores que amenazan la reactivación económica y la sobrevivencia de las pequeñas y medianas empresas son la falta de apoyos gubernamentales, así como como la creciente e imparable inflación. (Genoveva Ortiz | La Prensa, Ocho Columnas)
Chilpancingo.— La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, envió al Congreso local la terna para elegir al próximo fiscal General del Estado (FGE).
La terna está integrada por una mujer, por uno de los principales operadores políticos del senador Félix Salgado Macedonio y por el abogado que defendió al papá de la gobernadora de una denuncia por violación sexual.
Los elegidos no sorprendieron a nadie. Desde inicios de noviembre, cuando Jorge Zuriel de los Santos Barrila presentó su renuncia como fiscal, corrió como pólvora que el sucesor sería un cercano de Salgado Macedonio.
A De los Santos Barrila le restaban dos años en el cargo y renunció después de la difusión de fotografías y un video donde lo muestran sosteniendo una reunión con un presunto líder de una organización criminal. (Arturo de Dios Palma, El Universal, P.p.)
A siete años de la implementación del impuesto especial contra la obesidad en México, no se ha logrado el objetivo para el que fue creado, como tampoco ha sucedido con la nueva norma de etiquetado, muestra un análisis divulgado por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).
El estudio realizado por el fiscalista Javier Eli Domínguez refiere que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas y alimentos no básicos con alta densidad calórica se creó para disminuir el porcentaje poblacional con problemas de obesidad y sobrepeso.
Sin embargo, señala, no se ha cumplido con su finalidad y, por el contrario, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2021 (Ensanut), la proporción de adultos del país con obesidad y sobrepeso aumentó de 71.3% en 2012 a 74.1% el año pasado, es decir, un incremento de 2.8 puntos porcentuales. (Leonor Flores, El Universal, P.p.)
En la CDMX hay tres veces menos ambulancias públicas que las que debería haber por la cantidad de habitantes.
La Organización Mundial de la Salud recomienda cuatro unidades de atención primaria por cada 100 mil personas.
Con 9.2 millones de habitantes, deberían operar 368; sin embargo, los cuerpos de emergencia gratuitos -como la Cruz Roja o el ERUM- apenas suman 104, según información de las propias corporaciones.
Este déficit abre las puertas a las ambulancias privadas, algunas operadas por empresas profesionales, pero otras dadas de alta por grupos o personas con poca experiancia. (Viridiana Martínez, Reforma, P.p.)
En los pasados cuatros meses el precio internacional del litio se ha disparado 152 por ciento como resultado de una mayor demanda y temores de escasez de este mineral, clave en la elaboración de baterías para autos eléctricos, pero que también es importante en la elaboración de teléfonos y computadoras.
De acuerdo con datos de Trading Economics, a finales de julio pasado el precio internacional de la tonelada de litio se cotizaba en 14 mil 130 dólares, mientras el día de ayer martes se ubicaba en 35 mil 700 dólares, su nivel más alto desde que hay registros.
El litio es un mineral considerado estratégico para la economía del futuro. En octubre pasado, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso una iniciativa que, entre otras cosas, establece que el litio sólo podrá ser explotado por el Estado, por lo que se negarán todas las concesiones al respecto y se retirarán aquellas que no estén en proceso de producción.
Según el registro histórico de la empresa encargada de darle seguimiento a los precios de diferentes minerales en 200 países, el valor del litio comenzó una acelerada escalada desde la segunda parte del año; sin embargo, había estado creciendo de manera paulatina desde comienzos de 2021. (Brauilo Carbajal, La Jornada, Contraportada)
Una tormenta invernal que azota a esta frontera dejó ayer un saldo de, al menos, un muerto y cinco lesionados cuando una estructura cayó del techo de un centro comercial. Además, varios vehículos fueron arrastrados por la corriente, confirmó el Cuerpo de Bomberos municipal.
Se presume que una mujer fue arrastrada por la corriente generada por las lluvias, cuando cayó a una alcantarilla.
La tormenta invernal que azota Tijuana está dejando a su paso derrumbes, deslaves; encharcamientos e inundaciones en varios puntos de la ciudad. Por lo que Protección Civil extiende una alerta máxima para extremar precauciones.
La tormenta provocó inundaciones y apagones en diversos puntos de la ciudad, donde la temperatura descendió hasta los 9 grados. El gobierno municipal está preparado para recibir a posibles familias afectadas en al menos dos albergues habilitados, ya que la Dirección de Protección Salud ha etiquetado más de tres mil 700 viviendas con engomados rojos de alto riesgo. (Arturo salinas, Excélsior, P.p.)
A pesar de la crisis de seguridad que ha orillado a la suspensión de algunas actividades y que amenaza la recuperación económica del sur de Morelos, según empresarios, los diputados afines al Gobierno rechazan modificar el Paquete Económico 2022, que presentó el gobernador Cuauhtémoc Blanco, al cual legisladores opositores propusieron aumentos en materia de seguridad y otros rubros importantes para la estabilidad del estado.
El diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso de Morelos, Julio César Solís, señaló que el presupuesto global de 29 mil 624 millones de pesos, que planteó el mandatario estatal, no contempló un incremento a la seguridad, al campo, educación, salud e infraestructura, por lo que 11 de los 20 diputados —miembros del PRI, PAN, MC y Nueva Alianza (G-11)— sugirieron incrementos a los que se oponen los integrantes de Morena, PES, PT y RSP (G-9).
“El proyecto del Ejecutivo no viene así; la justificación (para el aumento) para seguridad es muy clara: Morelos es de los estados con mayor inseguridad, con un número creciente de delitos de alto impacto y esperamos que el grupo de diputados afines al gobernador se sienten y dialoguemos, para llegar a un acuerdo”, dijo.
El presupuesto del 2019, primer año en funciones del mandatario, contempló un monto de mil 297 millones de pesos para la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP); en el 2020 aumentó 3.7 por ciento, al llegar a mil 346 millones, pero para este año, el presupuesto se redujo 0.07 por ciento, al contar con mil 345 millones de pesos. (Yulia Bonilla, La Razón, P.p.)
El fortalecimiento del apoyo a los cuerpos policiacos, la mejora de servicios e infraestructura y la innovación con programas de apoyo a las mujeres serán parte de las acciones que emprenderá Angélica Moya Marín al asumir la presidencia de un municipio con “muchos trienios de malos gobiernos”: Naucalpan de Juárez.
Moya Marín, quien asumirá funciones el próximo 1 de enero —luego de haber gobernado Naucalpan entre 2003 y 2006—, recibirá un municipio en el que, al menos, el 88.3 por ciento de su población refirió sentirse insegura al vivir ahí, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que el Inegi publicó en octubre, lo que llevó al municipio a ocupar el cuarto lugar con mayor porcentaje de este indicador a nivel nacional.
Consciente de la preocupación que los naucalpenses viven a diario, Moya Marín compartió, en entrevista con La Razón, que la apuesta para solucionar los conflictos de inseguridad será fortalecer a los cuerpos policiacos y que el perfil de cada elemento cumpla con los requisitos que los vecinos esperan: “honestidad, profesionalismo, y eso lo están esperando de toda la administración pública, no sólo de la policía”. (Yulia Bonilla; La razón, P.p.)
Nueva York., La cámara baja de Estados Unidos aprobó una medida para solicitar que el Departamento de Justicia formule cargos criminales por desacato al Congreso contra Mark Meadows, ex jefe de gabinete de Donald Trump, mientras el procurador general de la ciudad de Washington anunció demandas civiles contra dos agrupaciones ultraderechistas por su participación en el asalto al Capitolio del 6 de enero pasado, algo que definió como acto coordinado de terrorismo doméstico.
La Cámara de Representantes debatió y aprobó por 222 votos contra 208 la medida promovida por el comité selecto de la cámara baja encargado de investigar los actos del 6 de enero en el asalto al Capitolio por fuerzas pro-Trump –lo que algunos califican de intento de golpe de Estado– después de que Meadows anunció hace una semana que no cooperará más con la investigación.
Aunque el ex jefe de gabinete y ex legislador federal inicialmente cooperó con la pesquisa oficial, anunció la semana pasada que no se presentaría ante el comité argumentando que sus intercambios privados con el entonces presidente están protegidos por el llamado privilegio ejecutivo. (David Brooks, La Jornada, Contraportada)