La Cámara de Diputados aprobó ayer la realización de foros de parlamento abierto para el análisis de la reforma constitucional en materia de energía eléctrica, del 17 de enero al 15 de febrero de 2022.
Rubén Moreira, coordinador del PRI, puntualizó que si el gobierno quiere dialogar con su partido sobre este tema, lo tiene que buscar.
La iniciativa viene del Ejecutivo, no de nosotros. En todo caso, ellos deben buscarnos; tan sencillo como eso, destacó el priísta, al reiterar que al término de los foros no se aprobará la propuesta. Insistió en que la votación se haga hasta después de las elecciones de junio. (Enrique Méndez y Georgina Saldierna, La Jornada, Política, p.6)
Ayer miércoles concluyó el primer periodo de sesiones de la 65 Legislatura en la Cámara de Diputados. Los congresistas terminan 2021 con 518 pendientes y omisiones que arrastran desde 2014.
Se trata de 15 resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con respecto a disposiciones jurídicas que tienen inconstitucionalidad; 179 omisiones legislativas en torno a leyes que deben adecuarse a reformas realizadas en el pasado; así como 324 minutas que se aprobaron en el Senado y falta que la Cámara Baja haga lo propio y viceversa.
La semana pasada, los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) tuvieron una reunión para abordar estos pendientes y encontrar la manera de atender la mayoría de los casos en la 65 Legislatura. (Antonio López, El Universal, nación, p.6)
El presidente Andrés Manuel López Obrado dijo que sería positivo que el PRI rectificara su posición ante la iniciativa de la reforma eléctrica: eso ayudaría más que mil pronunciamientos de que son revolucionarios, que son centristas; hechos, no palabras.
En México, dijo, se viven momentos de definición, y votar contra la reforma eléctrica es hacerlo contra el pensamiento y la acción que llevó a la práctica Adolfo López Mateos, del PRI, quien nacionalizó la industria eléctrica. Si votan en contra estarán traicionando los orígenes de ese partido. Es traicionar a Lázaro Cárdenas, a Adolfo López Mateos y mantener como jefe político y moral a Carlos Salinas de Gortari.
En conferencia matutina en Palacio Nacional, señaló que no se descarta que el ex gobernador de Baja California Jaime Bonilla pueda integrarse al gobierno federal, pero afirmó que en los próximos días no habrá cambios en el gabinete. (Laura Poy y Fabiola Martínez, La jornada, Política, p.6)
Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, impugnó a través de un recurso de revisión el fallo de un juez federal que desechó el amparo contra el bloqueo de sus cuentas bancarias. El caso se turnó al octavo tribunal colegiado en materia penal, que admitió a trámite la apelación. El 10 de noviembre, la juez Yazmín Eréndira Ruiz, resolvió sobreseer la demanda, ya que el ex funcionario la promovió de forma extemporánea. (César Arellano García, La Jornada, Política, p.3)
El Senado de la República cerró ayer el periodo ordinario de sesiones con una confrontación en tribuna entre Morena y el Grupo Plural, en el que hubo calificativos de traidores, luego del reclamo airado de Germán Martínez Cázares al coordinador morenista, Ricardo Monreal, por no haber incluido a ninguno de los cinco integrantes de ese grupo en la Comisión Permanente.
Hay quienes quieren ser presidentes de México y no tienen ninguna estatura para cumplir su palabra política, sostuvo Martínez, quien reclamó que las bancadas de PT y PRD no cuentan con cinco miembros, pero sí tendrán un lugar en la Permanente. Reprochó a Monreal que no le haya notificado del acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el que se nombró a los 18 senadores que integran ese órgano del Congreso.
De inmediato, Monreal subió a tribuna para rechazar los señalamientos y advertir: no se vale poner en duda mi palabra con argumentos frívolos. Leyó el acuerdo por el que se aprobó crear el Grupo Plural, que creó Martínez al dejar la bancada de Morena, el cual establece que sus cinco integrantes no tendrán acceso a puestos de la mesa directiva ni en ningún otro órgano del Senado. Recordó que en la Jucopo tienen voz, pero no voto, y hablan ante la tribuna del Senado en más ocasiones que el grupo mayoritario. (Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, Política, p.7)
Morena tuvo que dar marcha atrás a su intención de eliminar mediante una fe de erratas la obligación de la Federación de destinar recursos en los presupuestos anuales para el funcionamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres en el país. La oposición se opuso a ello y el tema debió desecharse.
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Malú Micher (Morena) propuso ayer una fe de erratas a una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que dijo, fue aprobada por unanimidad el pasado 11 de septiembre, y el lunes, también por unanimidad, la avaló la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. (Víctor Ballinas y Andrea Becerril, La Jornada, Política, p.8)
La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación las reglas de operación del Registro Nacional del Delito de Tortura (RNDT), el cual, además de contar con una base de datos de victimarios y afectados, permitirá realizar estudios especializados o de inteligencia, incluyendo el análisis de contexto y patrones sobre la comisión del delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
Este mecanismo estará bajo la responsabilidad del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la FGR.
El RNDT servirá a todas las fiscalías y procuradurías del país, y para evitar alguna acción ilegal o alteración de los registros se tendrá un sistema de vigilancia y control para identificar a la persona servidora pública que acceda al sistema (Gustavo Castillo, La Jornada, Política, p.12)
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció que no realizará una auditoría que tenía planeada sobre la política contra el tráfico de armas como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2020.
En un texto publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, la ASF dio cuenta de diversas modificaciones a su Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, entre ellas que dio de baja tres auditorías.
La primera es la auditoría 1510-GB, que sería realizada a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para evaluar la política pública contra el tráfico de armas. (Arturo Sánchez Jiménez, La Jornada, Política, p.12)
El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer la llegada de la ex titular de Economía, Graciela Márquez, a la presidencia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
“Ya está, es público, es Graciela”, indicó en su conferencia mañanera al ser cuestionado por el relevo en la titularidad del organismo.
Márquez, quien se integró en enero pasado al Inegi como vicepresidenta de la Junta de Gobierno, reemplazará a Julio Santaella en la presidencia del Instituto a partir del 1 de enero próximo. (Reforma Staff, Reforma, Nacional, p.3)
La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, clausuró el periodo ordinario de sesiones en el Senado, que aseguró fue productivo, ya que desahogaron 105 asuntos legislativos, entre ellos dos reformas constitucionales, incluida la del artículo tercero, impulsada por el morenista Héctor Vasconcelos.
El martes en la noche el pleno aprobó por unanimidad la modificación al artículo tercero de la Constitución para que en la educación que imparta el Estado se promuevan valores de carácter humanista y conocimientos científicos.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Eduardo Ramírez (Morena), destacó que esta modificación expone la importancia de manifestar en el texto constitucional la solidaridad, la cultura de paz y el método científico. (Víctor Ballinas y Andrea Becerril, La Jornada, Política, p.7)
La Secretaría de Salud (Ssa) dio a conocer en su reporte técnico diario sobre el Covid-19 en México que el martes se aplicaron 932 mil 13 biológicos, por lo que el total acumulado ascendió a 138 millones 851 mil 637.
Detalló que se ha inmunizado a 81 millones 770 mil 394 personas en el país. De ellas, 66 millones 459 mil 570 (81 por ciento) tienen el esquema completo, mientras 15 millones 310 mil 824 han recibido al menos una dosis contra el SARS-CoV-2.
Agregó que esta semana México dispondrá de 6 millones 110 mil 40 biológicos. De éstos, 4 millones 130 mil 400 son de AstraZeneca y un millón 979 mil 640 son de Pfizer-BioNTech. (Carolina Gómez Mena, La Jornada, Política, p.14)
Tecámac, Méx., Veintidós trabajadores que laboran en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en la Base Aérea de Santa Lucía, resultaron con lesiones menores al caer de la plataforma de una grúa que los transportaba a la zona de obras, informó la Secretaría de la Deefensa Nacional (Sedena).
La dependencia federal afirmó que el accidente ocurrió la mañana del miércoles, cuando los empleados decidieron subir a un camión con grúa para trasladarse a iniciar sus actividades, en lugar de esperar el autobús asignado para ello.
En el trayecto, la barra de contención del camión se venció y quienes se recargaban en ella cayeron, de una altura aproximada de 1.2 metros. (Javier Salinas Cesáreo y Eduardo Murillo, la Jornada, Política, p.16)
WASHINGTON.- La Administración del Presidente Joe Biden anunció ayer sanciones en contra de las organizaciones criminales Los Rojos y Guerreros Unidos al congelar sus bienes bajo jurisdicción estadounidense y prohibiendo transacciones con ellos.
Las sanciones anunciadas por la Oficina de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro están basadas en una nueva orden ejecutiva que amplia el universo de personas que Estados Unidos puede castigar por tráfico de drogas, pues no necesariamente tendrán que estar conectadas a una organización específica.
“Utilizando la nueva orden ejecutiva del Presidente Biden, el Tesoro desplegará su autoridad de sanciones con mayor velocidad, poder y efecto en todo el ecosistema de drogas ilícitas”, dijo ayer Brian Nelson, subsecretario del Tesoro para asuntos de terrorismo e inteligencia financiera sobre las sanciones. (José Díaz Briseño, Reforma, Nacional, p.2)
El nuevo Gobierno de San Miguel de Allende, Guanajuato, encontró un desorden administrativo y faltantes de alrededor de 100 millones de pesos, por pólizas de contratos, garantías y facturas sin comprobar, así como por pasivos y convenios vencidos.
Al revisar las cuentas que dejó la pasada administración, se identificó la omisión de cobro del impuesto predial, por lo que se calcula un daño de 130 millones de pesos que dejaron de entrar a las arcas municipales.
La administración que dirige el alcalde priista Mauricio Trejo prevé promover las presuntas responsabilidades a los servidores públicos salientes, encabezados por el ex edil panista Luis Alberto Villarreal. (Claudia Salazar, Reforma, Nacional, p.4)
CHILPANCINGO.- La Gobernadora morenista de Guerrero, Evelyn Salgado, propuso al Congreso local que el DIF, dirigido por su hermana Liz Salgado, tenga en 2022 un presupuesto de 850 millones de pesos, cifra mayor a la que se piensa destinar para algunas secretarías.
Aunque no es nuevo que el DIF sea dirigido por familiares del mandatario en turno, Liz Salgado sí tendría en sus manos un monto mayor al que el priista Héctor Astudillo le dio en 2021 a su esposa Mercedes Calvo, con 725 millones, o al que el perredista Ángel Aguirre destinó en 2013 a su esposa Laura Herra: 554 millones de pesos.
La propuesta de la Ley de Egresos en manos de los diputados plantea que esos recursos se destinarán para ayudas de desayunos calientes, donación de láminas galvanizadas, sillas de ruedas, despensas a grupos vulnerables, mejoramiento de vivienda y programas de salud. (Jesús Guerrero, Reforma, Nacional, p.4)
Los hijos de Alejandra Cuevas Morán, en prisión por una denuncia del Fiscal Alejandro Gertz Manero, pidieron ayer la intervención del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que su caso sea resuelto.
Con megáfono en mano, Alonso y Gonzalo Castillo Cuevas le expusieron los hechos al Presidente en el breve lapso que le tomó caminar de Palacio Nacional a la Suprema Corte de Justicia a donde acudió para el tercer informe de labores del Ministro presidente, Arturo Zaldívar.
“El Fiscal General de la República tiene una mujer ilegalmente encarcelada hace 425 días, señor Presidente”, gritó Alonso cuando el Mandatario, quien iba acompañado de su esposa, subió la escalinata del acceso principal. (Rolando Herrera, Reforma, Nacional, p.2)