Opinión Migración 171221

Antinomias // Los derechos humanos de los migrantes

México, históricamente, ha sido un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, por lo que es de los pocos países que tienen todas las faces de la migración. 

Por un lado, miles de mexicanos migran a los Estados Unidos (EU), de los cuales muchos de ellos retornan a territorio nacional, mientras que por otra parte recibimos miles de migrantes, principalmente de Centroamérica, algunos de ellos se quedan en el país, pero la gran mayoría son de tránsito hacia los EU. 

El principal motivo de la migración ilegal es la extrema pobreza que se vive en Centroamérica, aunado al gran índice de delincuencia, por ello emprenden el viacrucis dejando sus hogares, sus pertenencias, su familia y se aventuran en busca de una vida mejor y más segura, invirtiendo sus ahorros o endeudándose para poder pagar los gastos del viaje, las extorsiones y sobre todo el pago a los traficantes de personas que les prometen llevarlos a los EU. 

En los últimos años, el problema de la migración centroamericana se ha agravado por el crecimiento de la pobreza, la inseguridad y por las restricciones del gobierno de los EU para el ingreso de indocumentados, provocando que la mayoría de los migrantes que viajan hacia los EU se queden en territorio mexicano, viviendo en las peores condiciones. 

A los migrantes, nuestra Constitución Política, los Tratados Internacionales y la Ley de Migración, les otorgan, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad, libre expresión, el acceso a la justicia y al debido proceso, así como la prohibición a ser discriminados, a la detención arbitraria y a la tortura, siendo todos estos derechos fundamentales, los cuales el Estado Mexicano debe garantizar. 

Según el artículo diecisiete de la Ley de Migración, sólo las autoridades migratorias pueden retener la documentación que acredite la identidad o situación migratoria, haciéndolo saber a las autoridades correspondientes, situación que no se respeta, pues desde que se implementó que la Guardia Nacional patrulle la frontera sur, son sus miembros los encargados de revisar y detener a los migrantes ilegales que llegan al país, violando las disposiciones de la Ley de Migración. 

Desde luego que el Estado Mexicano se enfrenta a una clara violación de los derechos humanos de los migrantes ilegales, pues se les detiene y se les priva de la libertad sin ningún proceso legal y sin acceso a la justicia, mucho menos se les otorga la asistencia médica, todo esto propiciado por la red de corrupción que impera en el Instituto Nacional de Migración, y las mafias de tratantes de personas que hasta ahora no se han podido extinguir. 

Después del trágico accidente del tráiler que transportaba decenas de migrantes la semana pasada, y donde murieron cincuenta y cinco personas, quedaron evidenciadas las redes de corrupción y el maltrato que sufren los migrantes, con lo que sin duda estamos frente a un caso de responsabilidad civil del Estado Mexicano y de lo cual debería de responder. (Antonio Fernández, La Razón, México, p. 8)

Tráfico de migrantes: forma moderna de esclavitud

¿En qué nos hemos convertido cuando las masacres y muertes masivas de migrantes se convierten en rutina?

El año 2021 comenzó el 22 de enero con la masacre de Camargo, Tamaulipas, en la que 19 migrantes guatemaltecos fueron calcinados, y concluye el 9 de diciembre con la brutal muerte de 55 migrantes guatemaltecos en una caja de tráiler en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

No son accidentes, sino, sostiene @PMunozLedo, ‘crímenes de lesa humanidad’, que incluyen el asesinato, la esclavitud, la deportación o el traslado forzoso de población, y la privación grave de libertad, que se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.

Las rutas de migrantes y solicitantes de refugio / asilo, han sido tomadas y controladas por bandas criminales que ejercen la compraventa de seres humanos.

El tráfico de personas (‘smuggling’ en inglés) es el hecho de transportar individuos para cruzar fronteras sin papeles, de manera ilegal.

El delito de trata (‘trafficking’) es el manejo de seres humanos como mercancía, con propósitos de explotación sexual, trabajos forzados, tráfico de órganos, servidumbre o cualquier otra forma moderna de esclavitud. Es el delito más vergonzoso del mundo, señala la UNODC (https://bit.ly/3F79Zff).

El 6 de diciembre, tres días antes de la tragedia en Tuxtla Gutiérrez, los gobiernos de EU y México reanudaron el programa de Trump, ‘Quédate en México’, que devuelve a México a los migrantes y solicitantes de asilo que presentan su solicitud de protección en Estados Unidos, y los deja a merced del crimen organizado.

Ahora sí los cuidaremos, aseguran autoridades, al tiempo que nos enteramos que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) será disuelta dentro de la Segob, y disminuirá su personal. La Comar es la única agencia gubernamental calificada para recibir y acoger refugiados, y en 2021 ha debido hacer frente a más de 100 mil solicitudes de refugio mientras es sometida a una miseria presupuestal. 

Ejercemos la contención migratoria en fronteras cada vez más militarizadas, por agentes del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional. Algunos de ellos parecen considerar más peligrosos a los migrantes y solicitantes de refugio que a la delincuencia organizada transnacional.

Ninguna persona debe ser esclavizada por otra. 

Con el desmantelamiento de numerosos programas de previsión y protección social, parecería que avanzamos hacia la abdicación de diversas responsabilidades del Estado mexicano. 

Que ironía de un México que exige reforma migratoria hacia el norte mientras se comporta como verdugo implacable de quién sabe cuántos centroamericanos, caribeños y africanos pobres y desesperados que huyen de su país para salvar su vida.

Los albergues operados por las iglesias son un gesto de dignidad contra el racismo, la arbitrariedad y la humillación. Lo es también el compromiso de atender la deuda histórica del Estado mexicano en la búsqueda de personas migrantes desaparecidas. Hacen falta muchos más ante la tragedia humanitaria que vivimos día con día. (Carlos Heredia Zubieta, El Universal, Opinión, p. 17)

El tráiler asesino

En la página central de nuestro periódico se publicó la fotografía de las cámaras de seguridad que confirmaron la existencia de los tráileres acondicionados para el tráfico de migrantes. Las imágenes muestran cuando el primero cruza la caseta de cobro de Chiapa de Corzo a las 15:14 horas; el segundo pasa un minuto después; también se aprecian dos camionetas del Instituto Nacional de Migración (INM). Autoridades de Chiapas informaron que se elevó a 56 la cifra de muertos por la volcadura del 9 de diciembre pasado (Elio Henríquez y agencias, foto de video en redes sociales). 

El mismo día, en la página 10 de Política, se lee: Caravana marcha en demanda de que se regule su situación y no sea recriminada. 

Luego de un día de reposo, los integrantes de la caravana migrante se volvieron a movilizar. La tarde de ayer protestaron en la sala del INM para demandar que cese la criminalización al contingente, una reunión con funcionarios federales y que se resuelva su situación migratoria en México (nota de Emir Olivares Alonso). 

En los migrantes está presente una de las formas de la marginalidad en nuestro país. En la sobrevivencia, la muerte está presente, lo mismo en migraciones, peregrinaciones (últimamente la de Joquicingo), inundaciones, ciclones, bajas de temperatura, sometimiento con los narcos, etcétera. 

¿Cuántos camiones se vuelcan, se van a los barrancos en las carreteras mexicanas, sin que la información llegue a los periódicos nacionales? No con la gravedad de lo sucedido en el sureste, pero, camiones para 20 personas en los que se dobla el pasaje y todo termina en tragedia. 

Las posibles y terribles consecuencias en la secuela será aumentar el número de mexicanos con neurosis traumáticas; el hecho nos tiene pasivos, en estado de consternación. Perplejos y aturdidos ante tanto horror, los sentimientos que nos invaden apuntan a una espantosa sensación de vulnerabilidad extrema. La depresión por los muertos en el terrible accidente chiapaneco paraliza el alma, la desesperanza se hace presente y la desconfianza se suma a la anterior. El desvalimiento y el dolor se entremezclan. Las listas de muertos y desaparecidos van al alza. 

Las muertes, producto de la vida de la mitad de la población en sensaciones de marginalidad, son dramáticas. Sin embargo, no podemos permitir que el dolor bloquee nuestra capacidad de reflexión y menos que el rencor nuble nuestro entendimiento. Lo más dramático y duro de aceptar es no aprender la lección de nuestra historia. Nuestra gran civilización sofisticada sólo sirvió para matar de manera más sofisticada. 

México ha vivido la experiencia de lo ominoso descubierta por Freud. La parálisis, que no hay duda de lo ominoso, lo siniestro, pertenece al orden de lo terrorífico. Lo que suscita angustia y horror. 

Lo ominoso es aquella variedad de lo terrorífico que se remonta a lo consabido y antiguo, a lo familiar desde hace largo tiempo. Al preguntarse Freud cómo es posible que algo familiar se vuelva ominoso y en qué condiciones se presenta de esta forma, surge el análisis de la palabra alemana heimlich, que traducida se refiere a lo familiar, lo íntimo. Luego entonces unheimlich, lo ominoso, resulta algo terrorífico, justamente porque no es consabido. Lo novedoso se vuelve fácilmente terrorífico y ominoso; algo de lo novedoso, es ominoso, pero no todo. A lo nuevo y no familiar tiene que agregarse algo que lo vuelva ominoso. Lo ominoso sería siempre, algo dentro de lo cual uno no se orienta. (José Cueli, La Jornada, Cultura, p. 4)

Frentes políticos

Menos palabras. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció que como gobierno tienen la responsabilidad de resolver y sancionar al o a los grupos que se dedican al tráfico de migrantes que fueron responsables de la muerte de al menos 56 de ellos en el trágico accidente ocurrido la semana pasada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El funcionario encabezó ayer la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria, que agrupa a representantes de 16 dependencias federales y organismos internacionales, en la cual se aprobó el Plan Piloto de Alternativas de Regularización para personas migrantes. Hasta ahora lo que brilla es la impunidad. Y sí, proyectos hay muchos, pero no se retrasen. El tiempo es vida. (Excélsior, Nacional, p. 13)

Sacapuntas

Crimen, tras tragedia

Avanza la Cancillería, de Marcelo Ebrard, en la investigación sobre la tragedia en Chiapas que dejó 57 migrantes muertos. Informes apuntan a vínculos de la empresa propietaria del tráiler con un grupo delictivo mexicano con influencia a nivel mundial. Las indagatorias se realizan en colaboración con el FBI, y autoridades de Centroamérica. (El Heraldo de México, La dos, p. 2)

Tráfico en vidas humanas

Hace unos días se volcó un trailer en Chiapas y fallecieron 56 migrantes de Guatemala y otros países. Fue una sacudida a la conciencia nacional y un recordatorio del poder creciente de los traficantes de personas que intentan llevar a migrantes a su destino final, casi siempre en Estados Unidos.

El año termina con una tragedia que ilustra el papel creciente de los traficantes de personas, los polleros y sus redes criminales, pero así empezó el año también. En enero fueron asesinados 16 guatemaltecos en Tamaulipas por razones nunca completamente esclarecidas. Y si bien estos dos eventos —uno al inicio del año y el otro al final— subrayan la magnitud del problema, no son la totalidad de sus víctimas.

Hay decenas, si no más, que han desaparecido durante el viaje por México, y otros cientos que han perdido la vida del lado estadounidense en los desiertos, las montañas y el río que separan los dos países.

Según cálculos de mi colega Jessica Bolter, fueron más de un millón de personas (1.1 millones) las que intentaron cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en los doce meses que terminaron en septiembre, y ese es sólo el número de los que las autoridades estadounidenses encontraron en la frontera. Hay muchos más que evadieron las autoridades y otros tantos que cruzaron a México y fueron devueltos a sus países de origen por las autoridades mexicanas, o que evadieron a las autoridades en México y luego se quedaron en el país. Así que estamos hablando de un número de personas mucho mayor de un millón, quizás entre 1.5 y 2 millones de personas que trataron de pasar por México en un año para llegar a Estados Unidos, con algunos quedándose en México.

Esas son muchas vidas. Y también es mucho negocio. Los polleros están cobrando entre 100 mil y 300 mil pesos por migrante desde Centroamérica, aunque algunos pagan más por servicios de transporte más exclusivos y otros pagan menos, tratando de hacer parte del viaje sin guía para evitar los costos. En un reporte reciente del Programa Mundial de Alimentos, MPI y MIT, mi colega Ariel Ruiz y sus coautores calcularon que había por lo menos 2.2 mil millones de dólares al año en el negocio de transportar migrantes desde Centroamérica, sin contar los de otros países.

En otros momentos, el tráfico de migrantes fue un negocio menor, y si bien los cárteles de drogas cobraban su tajada en la frontera para dejarlos cruzar “al otro lado”, veían con desdén ese negocio de vidas humanas que parecía ser mucho menos lucrativo que el tráfico de drogas. Ahora se está cambiando esa percepción. Con tanto dinero invertido en mover a personas de un país a otro, empieza a sofisticarse el negocio de tráfico de migrantes y los cárteles participan cada vez más en algunas de las operaciones de transporte y cruce. Y este negocio ilícito también empieza a penetrar en los negocios legales en México, como pasó con las drogas, y también generar una complicidad con algunas autoridades.

Sin embargo, hay remedios para quitarles el negocio a los grupos criminales, por lo menos en parte, y evitar que esto se vuelva otro elemento de la criminalidad que vivimos día a día. Pero para hacer frente al creciente control de las mafias del negocio de vidas humanas se requiere de un compromiso de los gobiernos de México y Estados Unidos de quitarles el negocio abriendo canales legales para la migración a ambos países, es decir, ofreciendo visas de trabajo temporal para los que quieren ganar algo fuera de su país, fortaleciendo el acceso al asilo para los perseguidos y generando opciones de movilidad que son perfectamente legales y no requieren de un pollero. 

Hay indicios de que en la cumbre reciente entre los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá se abordó este tema y que lo estén tomando en serio. Sería vital que se haga antes de que se pierden más vidas y el crimen afiance su control de este negocio. (Andrew Selee, El Universal, Opinión, p. 16)

Desde afuera // Una relación de dos vías

Afirmar que la relación entre Estados Unidos y México es “interméstica”, o sea internacional con efectos domésticos, es una formulación ya familiar para los analistas en ambos lados de la frontera, y parece que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha terminado por aceptar esa premisa.

El hecho es que poco de lo que pase en México o en Estados Unidos no tiene algún impacto en el otro país.

Por un lado, podría decirse que López Obrador advirtió a los partidos políticos estadounidenses, demócratas y republicanos, con consecuencias en caso de rechazar propuestas de reforma migratoria que legalizarían a millones de indocumentados.

“Casi les puedo decir que si un partido de los dos que hay en Estados Unidos vota en contra de la regularización de nuestros paisanos, pues vamos a manifestarnos para que ellos no apoyen a ese partido, porque no se puede apoyar a los que están en contra de los mexicanos y en contra de México”, dijo el mandatario en su conferencia mañanera del miércoles pasado.

“Si los dos partidos apoyan esta iniciativa, pues que los ciudadanos apoyen a los dos; si ninguno de los partidos apoya, pues hay que decirles también a los paisanos: ¿de qué sirve si no nos están tomando en cuenta, si no nos respetan?”, agregó.

Pero tanto o más importante fue su formulación siguiente: “Hay que participar. Y no es nada nuevo ni extraño, los hermanos cubanos que están en Estados Unidos son cuatro millones, los mexicanos, nuestros paisanos, 38 millones, y los cuatro millones de hermanos cubanos tienen diputados, tienen senadores, gobernadores, tienen muchísima influencia, los toman en cuenta para todo, bueno, al grado de que por eso mantienen bloqueada a Cuba, por eso mismo, que es una injusticia ese bloqueo, que es inhumano, es una flagrante violación de derechos humanos, pero es por la fuerza política que ejercen los cuatro millones y sus dirigentes, de personas de origen cubano que viven y trabajan en Estados Unidos”.

La idea de promover que los estadounidenses de origen mexicano se agrupen en una fuerza política, tanto en beneficio propio como de la relación con México no es nueva y de hecho uno de sus partidarios, el académico Miguel Basáñez, fue por unos meses embajador en Washington.

Ciertamente hay precedentes en la influencia de las comunidades de exiliados cubanos y de la comunidad judía.

Pero en ambos casos están también los intereses propios de esas comunidades y su impacto sobre los países de origen. En el caso de los mexicanos habría ciertamente posibilidades, pero también obstáculos marcados por la diversidad de orígenes socio-económicos y geográficos de los migrantes.

En todo caso, el interés de México en Estados Unidos y su bienestar es obvio en todos sentidos. Pero también implica aceptar que una relación interméstica es de dos vías. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 35)

El México invisible

Cuauhtémoc Cárdenas, un hombre que supo transitar a la izquierda, lanzó una alerta que el propio Joe Biden debe tomársela en serio, que un Estado fuerte enfrente amenazas para recuperar partes del territorio que controla la delincuencia. 

Cuatro señales para tomar en cuenta. Tras la visita a EU se revive el Quédate en México; se regresan las visas a la DEA y se detiene la reforma eléctrica. Kamala Harris involucra a empresas como Nespresso, Microsoft, Mastercard y PepsiCo a invertir en Centroamérica y detonar el desarrollo, aquí se les sataniza y persigue, cuando podrían crear una sinergia similar. (Jorge Camargo, Excélsior, Nacional, p. 12)

La orquesta de la política

La migración ha sido un tema muy confuso de nuestra política. No se ha definido con claridad y ni siquiera con sinceridad si es un asunto de política exterior, de economía doméstica, de seguridad nacional, de acción humanitaria, de corrupción pública, de criminalidad organizada o de vaya usted a saber. En los recientes días fue un tema de vialidad y de tránsito. Durante 100 años mexicanos, la orquesta gubernamental mexicana ha desafinado en la sinfonía migratoria. 

Me queda en claro que los inmigrantes no son asunto ni culpa de nuestra cancillería ni de la bonanza estadunidense ni de nuestro humanitarismo, sino de nuestra corrupción y de nuestra impunidad. Allí han fallado todos nuestros sexenios y todos nuestros partidos. 

Casi toda la vida he podido dialogar con directores de orquesta clásica. Hace años platicaba con Miguel Bernal. Más tarde lo hacía con Enrique Bátiz. En estos tiempos lo hago con Lizzi Ceniceros. Ellos y ella me han confirmado que su batuta no señala las notas que se están ejecutando, sino las que se van a ejecutar en lo inmediato. (José Elías Romero Apis, Excélsior, Nacional, p. 12)

Tres años consolidando los derechos humanos 

El pasado 13 de diciembre el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, presentó un informe de las actividades y logros alcanzados en tres años del gobierno de la transformación. 

Con la llegada de este gobierno la centralidad está en fortalecer las capacidades institucionales e instaurar a los derechos humanos como una política de Estado, romper con las inercias y abrir el camino para establecerlos como parte nodal de la agenda pública. 

Se han construido instituciones y emprendido acciones para responder a las demandas de las víctimas y sus familias. La atención se concentra en los actos atroces del pasado y del presente, pero también en combatir la corrupción y la impunidad imperante en las instituciones. Se reconoce la grave crisis en desaparición y no localización de personas, la violencia de género, la crisis migratoria, el derecho de las personas a la identidad y la violencia contra niños y adolescentes, la cual se agudizó en la pandemia por Covid-19. 

Se impulsa a los gobiernos locales para crear rutas de prevención y atención inmediata en los temas más relevantes: la búsqueda de personas, el enfoque de la migración humana, el respeto a la labor periodística y de defensa de los derechos humanos, las reparaciones y soluciones amistosas, el derecho de todas las personas a la identidad, el desplazamiento forzado interno, las violencias contra niñas y mujeres, y el pleno ejercicio de sus derechos, así como la lucha contra la discriminación, sobre todo a los grupos históricamente discriminados, la atención a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, pero sobre todo el desarrollo de un engranaje institucional que permita la verdadera transversalidad de los derechos humanos. En todas estas temáticas se ha tenido un diálogo con la ciudadanía y se concretan proyectos de colaboración interinstitucionales. 

Durante las etapas más duras de la pandemia de Covid-19 se elaboraron guías para la atención con perspectiva de derechos humanos, se mantuvo la atención en el Registro Civil, la búsqueda de personas, a personas privadas de su libertad y se atendieron quejas discriminación y solicitudes de refugio. 

Se analizaron las graves afectaciones que el confinamiento ha tenido sobre niños y adolescentes derivado del Covid-19, su impacto frente a las restricciones de movilidad, la suspensión de clases, la violencia física, sicológica y sexual. Se registraron: 5.2 millones de estudiantes que no se inscribieron en el ciclo escolar 2020-21, 129 mil 20 carpetas de investigación por violencia familiar, las violaciones por parentesco alcanzaron 65.9 por ciento de los casos, el Renapo registró que cuatro de cada 100 nacimientos son de niñas madres menores de 17 años, el pensamiento suicida en adolescentes aumentó de 5.1 a 6.9 por ciento (de 2018 a 2020) y aumentaron las desapariciones de adolescentes mujeres entre 15 y 17 años. 

En la visita del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED) los representantes acudieron a 13 estados; sostuvieron reuniones con 80 autoridades de los tres poderes, con órganos autónomos y familiares y colectivos de las víctimas; con 33 colectivos, acompañaron tres búsquedas y una exhumación. 

El comité reconoció la apertura del gobierno de México por asumir como prioridad la atención a la desaparición de personas y los avances en el registro de personas desaparecidas, el fortalecimiento de las capacidades y el protocolo homologado de búsqueda, la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, los centros de resguardo e identificación humana, así como el establecimiento de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa (Covaj) y la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. 

Imposible reseñar en este espacio el conjunto de acciones y logros de una subsecretaría que abarca el amplio espectro de los derechos humanos, el informe puede consultarse en https://bit.ly/3GKyPSy. 

A tres años de gobierno, se confirma el compromiso con una transformación profunda, el énfasis en el segundo tramo del camino está en continuar con las investigaciones en la comisión de Ayotzinapa y de la del periodo conocido como guerra sucia; revertir la crisis forense y crear el centro de identificación humana; concretar el programa de reparaciones y reformar la Ley General de Víctimas; crear el sistema de protección contra la violencia contra mujeres y niños; replantear el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y el sistema de prevención y protección; enfrentar el desplazamiento forzado interno, protección complementaria a personas refugiadas, abatir violencia sexual combate al embarazo infantil y matrimonio forzado; resolución de conflictos territoriales de comunidades indígenas; consolidar la cédula única de identidad y abatir la impunidad. (Gabriela Rodríguez Ramírez, La Jornada, Opinión, p 16)

Red compartida

Fuerza Migrante, de Jaime Lucero, y el Gobierno Nacional Indígena de México, de Campeche en el 2022. Buscan establecer programas binacionales para migrantes, sobre todo en materia de inversión, comercio internacional, asuntos sociales y educación. Y es que de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores existen en el extranjero cerca de 120 mil personas de origen campechano, las cuales enviaron remeses por 115.2 millones de dólares en el 2020. (La Prensa, p. 2)

Cartón

Seguimos investigando

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(Rubén, El Sol de México, Análisis, p. 15)