Es una pena, pero no se puede dejar de admitir que la relación entre México y Panamá quedó lastimada. (La Jornada, Contraportada)
¡UY, UY, UY! A ver si no le toca regaño al secretario Jorge Arganis en la conferencia mañanera por el retraso en la construcción de los accesos al aeropuerto de Santa Lucía. Mientras los baños de la terminal aérea ya están hasta decorados con personajes de Chespirito, ¡chanfle!, no hay cómo llegar a la magna obra de la 4T.
EN LOS recorridos que han estado dando al AIFA, los militares han sido muy claros en decir que a ellos les encargaron de la barda perimetral pa’ adentro. En ese sentido, que ellos sí van a poder decir “¡misión cumplida!”, pero que la pifia en las obras alrededor del aeropuerto ya no es cosa de ellos.
DE HECHO, la parte que le tocó al gobierno del Estado de México también lleva buen avance y todo indica que entregarán a tiempo, pero el nudo está en las obras que corren a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero, bueno, no hay de qué preocuparse: siempre se podrá tomar un vuelo del AICM para llegar a tiempo al AIFA.
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DA LA IMPRESIÓN de que la expulsión de Quirino Ordaz del PRI va a quedar sólo en una bravata más de Alejandro Moreno. Y es que ni siquiera los priistas le creen a su dirigente nacional.
SI REALMENTE “Alito” tuviera el mando tricolor como presume, el nombramiento del ex gobernador sinaloense no pasaría en el Senado. Pero hasta donde se sabe, la bancada tricolor está del lado de Ordaz y no de Moreno. Además, si su intención fuera en serio, también tendría que expulsar a Claudia Pavlovich, que irá como cónsul a Barcelona, y a Carlos Miguel Aysa, que será embajador en República Dominicana. Y evidentemente eso nunca va a pasar.
QUIENES saben del asunto dicen que, en realidad, la campaña de Alejandro Moreno contra Quirino Ordaz es más bien un asunto personal, igual que el berrinche que trae contra el hidalguense Omar Fayad. Si ya de por sí “Alito” traía en contra a buena parte del priismo, con estos pleitos a ver si no termina quedándose solo, solito.
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ALGO RARO pasó al interior del Consejo de la Judicatura Federal. De manera sorpresiva, Alejandro Ríos Camarena dejó de ser secretario ejecutivo de Administración, un cargo crucial, pues controla el presupuesto de los tribunales federales.
EL FUNCIONARIO estuvo en el SAT el sexenio pasado y llevaba tres años trabajando con el ministro presidente, Arturo Zaldívar. Como relevo entrará Diego Gutiérrez, quien hasta ahora se desempeñaba como oficial mayor de la Suprema Corte. Sería bueno saber qué pasó ahí.
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ENTRE el escándalo de su hijo, el estancamiento de la economía y el portazo panameño a Pedro Salmerón, ha sido una semana difícil para el Presidente. La mala noticia para el mandatario es que… ¡apenas es miércoles! (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)
Chispas en la bancada de Morena en el Senado
César Cravioto, vocero de la bancada de Morena en el Senado, afirmó ayer desde la tribuna que hay indicios de que Jalisco tiene un “narcogobierno”. Las acusaciones del senador suplente de Martí Batres no fueron acompañadas por el líder del grupo parlamentario, Ricardo Monreal, quien pidió serenidad y prudencia a sus compañeros de fracción. “Yo no puedo acusar sin pruebas. No creo que se merezca ningún estado eso”, atajó Monreal al referirse al tema. Nos hacen ver que apenas comienza el periodo ordinario de sesiones en el Senado y las diferencias entre los radicales y el coordinador Monreal comienzan a sacar chispas y amenazan con encender la pradera en cualquier momento.
Una prueba para Alito
Al parecer, la línea de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, para iniciar en breve la expulsión de ese partido del exgobernador de Sinaloa Quirino Ordaz, propuesto para ser embajador en España, no convenció a todos los senadores tricolores. Hay incluso quienes ven en el nombramiento presidencial una ventana de oportunidades para promover el turismo y sector hotelero, la atracción de bancos e industrias energéticas españolas a tierras sinaloenses. Habrá que ver cuántos senadores del PRI votan en contra de la designación de don Quirino. Una buena oportunidad para medir el liderazgo de don Alito, como lo suelen llamar sus cercanos.
Marx, el “Che” Guevara y los libros de texto
El director general de Materiales Educativos, Marx Arriaga, no deja de generar polémica. Nos dicen que en las asambleas que realiza en distintos estados la Secretaría de Educación Pública para modificar los planes y programas, así como los libros de texto gratuitos para educación básica, repite una y otra vez que el dinero no trae la felicidad. Don Marx, quien se ha echado a cuestas la misión de quitarle lo “neoliberal” a los libros de texto, nos recuerdan, ha también parafraseado a Ernesto “Che” Guevara, para comunicar al mundo su misión. “Es una fantasía realizar las metas del socialismo con la ayuda de las armas melladas que nos lega el capitalismo. Parafraseo la cita. Es una fantasía generar un libro de texto gratuito que posea un enfoque social, humanista, que responda a las necesidades de nuestro entorno, que no permita una segregación ni un predominio o un privilegio en algún sector, con la ayuda de las armas melladas que nos hereda un sistema capitalista centrado en el individualismo, la competencia, la productividad y el cansancio. La esclavitud disimulada a través de metas de éxito comercial. Por eso estamos aquí”, asegura. Échese ese trompo a la uña. (El Universal, Nación, p. 2)
La deuda social. El gobierno de Martín Orozco, en Aguascalientes, ha fallado en varios temas: seguridad y derechos humanos, entre otros. El diputado de Morena Juan Carlos Regalado señaló un problema en el acceso e impartición de justicia para las víctimas o sus familiares. El aumento en 16 delitos del fuero común durante el gobierno de Orozco es el resultado de una administración “omisa y que ha desatendido a la sociedad”, por lo que el llamado es a que priorice las necesidades de quienes no habían sido visibilizados. Exhortó al gobierno estatal a que “se dedique a trabajar por la dignidad de las personas”, pues se ha centrado en la obra pública y no en el bienestar social. Orozco andaba de gira por Sudamérica. Poco le ha de importar.
Sólo buenas nuevas. De gira por Hidalgo, Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar, visitó los municipios de San Salvador y Pachuca para cumplir con el pago de los programas de apoyo a la población vulnerable. Resolvió un problema persistente. Recordó que, en la entidad, 265 mil personas reciben la Pensión de Adultos Mayores y más de 21 mil niñas y niños son beneficiarios de la Pensión para Discapacidad. Además, con el agrado de sentirse satisfecha por haber alcanzado en menos tiempo del asignado la meta de inscribir a 10 millones de adultos mayores al programa de la Pensión Universal, Montiel dijo que la meta estaba programada para el próximo mes de marzo, pero ya se superó. Si todas las mujeres de la 4T tuvieran el mismo ritmo…
A todo vapor. A manera de bienvenida a las fuerzas de seguridad a Morelos, el mandatario Cuauhtémoc Blanco sostuvo que “la suma de esfuerzos es fundamental y ahora, con su presencia, debemos trabajar de manera conjunta con todos los integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, gracias por su apoyo”. Blanco se reunió con el capitán Cándido Tarango Velázquez, de la Secretaría de Marina Armada de México, para establecer el apoyo en funciones de seguridad pública en el estado. Agradeció el respaldo que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha brindado en temas de seguridad, obra pública y mejoras en las vías de comunicación. A trabajar, que es para hoy.
Sin obstáculos. Habrá consulta de revocación de mandato. Eso es un hecho. A pesar de las diferencias cada vez más grandes entre los consejeros del INE y la actual administración federal y el morenismo. Además, otro gran paso fue dado ayer, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la pregunta incluida en la consulta del próximo 10 de abril. El proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo proponía eliminar de la Ley Federal de Revocación de Mandato cualquier referencia al concepto de “ratificación del mandato”, cuyo apoyo debió haber sido de, al menos, ocho ministros para ser aprobado. Consideraron que la pregunta es lo suficientemente clara para que la ciudadanía tome una decisión. Otro punto a favor del Poder Judicial.
No soy yo, eres tú. Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, dijo que, aunque el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, no violó los estatutos del partido, el Consejo Político Nacional no le dio la autorización para aceptar el nombramiento como embajador en España. “Nadie está promoviendo una expulsión”, precisó. Sin embargo, Alito aclaró, en entrevista con Grupo Imagen, que las posibles sanciones que se le aplicarían al exmandatario no son de origen personal, y dijo que dependen del consejo político del partido, el cual procederá con apego a sus estatutos, añadiendo que, ante los hechos, Quirino “dio la espalda a la dirigencia”. ¿Y desde cuándo tan apegados a lo escrito, si generalmente lo tienen olvidado? (Excélsior, Nacional, p. 11)
Que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, presidida por el priista Rubén Moreira, alista ya el envío de invitaciones personalizadas al presidente del grupo Femsa y de la cadena de tiendas Oxxo, José Antonio El Diablo Fernández, así como a altos ejecutivos de Bimbo, Walmart y otros grandes corporativos para asistir y debatir en los foros del parlamento abierto sobre la reforma eléctrica. Así es como el empresario se ha convertido en uno de los más requeridos en este inicio de año, pues incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador lo retó la semana pasada a presentarse en la conferencia mañanera para discutir sobre el monto de los pagos de energía eléctrica en las tiendas de conveniencia, presuntamente menores a los de la mayoría de hogares en el país.
Que a propósito del parlamento abierto sobre la reforma eléctrica, lo que se perfilaba como un duelo de pronóstico reservado para este miércoles era el del director de la CFE, Manuel Bartlett, frente al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, pero anoche, de última hora, el funcionario canceló su asistencia. Buuu.
Que Andrés Manuel López Obrador dirigió sus baterías contra la “inquisidora” canciller de Panamá, Erika Mouynes, y no sobre su presidente, Laurentino Cortizo, por la negativa de beneplácito al historiador Pedro Salmerón como embajador, envuelto en una polémica por acusaciones de acoso, y con no poco filo expuso que a ver si a la senadora suplente Jesusa Rodríguez no le ponen “peros”. La actriz agradeció la invitación “a tan honorable cargo”.
Que en oficinas del gobierno federal comentan que avanzan las investigaciones contra el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, Inés Gómez Mont, confiados en que “muy pronto” serán localizados y detenidos. Cuentan que algunos de los involucrados en este caso, que tiene que ver con desvíos millonarios a través de empresas fantasma, permanecen detenidos desde hace tres meses, pero la Fiscalía General de la República no ha querido darlo a conocer. (Milenio Diario, Al frente, p. 2)
Se integra al BPI
Al Consejo de Administración del Banco de Pagos Internacionales fue integrada la gobernadora del Banxico, Victoria Rodríguez Ceja. El organismo al que se incorpora es la corporación financiera internacional más antigua, y aglutina a 60 bancos centrales. Su director general es nada más ni nada menos que el ex gobernador del Banxico, Agustín Carstens.
Respaldo a Ebrard en EU
Nos cuentan que la cereza en el pastel para la gestión de Marcelo Ebrard como canciller va viento en popa. Si logra ganar la demanda contra fabricantes y distribuidores de armas se colocaría en una posición inmejorable, no sólo en el país, sino en el mundo. En la querella, dice, lo apoyan 26 fiscales y 13 procuradores de Estados Unidos, por lo que está optimista.
Va por su foto
Le va a tomar la palabra al presidente López Obrador el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. El mandatario dijo que el zacatecano tiene abiertas las puertas de Palacio Nacional, por lo que ya le pidió audiencia para hablar, explica, de los temas de la agenda legislativa. Por supuesto, habría foto y toda la cosa. Falta que le definan la fecha.
Alito amaga a sus senadores
Como la advertencia de expulsión a ex gobernadores priistas que acepten embajadas ya ni preocupa a los involucrados, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, amagó con aplicar la misma medida a sus senadores que ratifiquen esos nombramientos. Dice que los deja en libertad de votar como deseen, pero “la militancia estará muy pendiente”.
Nuevo estudio
México Evalúa, liderado por Edna Jaime, y la Iniciativa Spotlight de ONU Mujeres, presentan hoy “Cada una cuenta. El desafío de los datos sobre violencia contra mujeres y niñas en México”. Estudio interesante, pues el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, registra 809 asesinatos por razones de género entre enero y octubre de 2021. (El Heraldo de México, La dos, p. 2)
Simulacros ante balaceras
Mientras el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, pregonó durante su Tercer Informe de Gobierno que ha combatido a la delincuencia con mano firme, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, nos cuentan, optaron por no pecar de ingenuos y decidieron incorporar a sus planes de regreso a clases la preparación de simulacros ante posibles balaceras, como una estrategia para salvar la vida en medio del clima de inseguridad, que contrasta con las afirmaciones del exfutbolista, quien, por cierto, nos dicen que este martes aprovechó para agradecer al Presidente Andrés Manuel López Obrador el apoyo enviado para atender los pendientes que él, como mandatario estatal, no ha logrado solucionar. Uf.
Agenda por las personas con discapacidad
La atención a los grupos vulnerables, entre los que se cuenta la población con discapacidad, irá adquiriendo, nos comentan, una relevante fuerza en la administración de la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila. El propósito es ir avanzando hacia la universalidad, así que como parte de los acuerdos entre el Gobierno federal y el de la entidad, 200 beneficiarios recibieron apoyos provenientes de un fondo de 380 millones de pesos. También arrancó una serie de acciones en favor de alumnos que padecen distintas discapacidades, intelectual, auditiva, visual, motriz, múltiple y del espectro autista, mediante estrategias pedagógicas. La mandataria estatal dio cuenta además de la entrega de 2 mil 800 pesos bimestrales, también en acuerdo con el Gobierno federal.
Otra vez contra los módulos de pruebas
El alcalde de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, Mauricio Tabe, denunció que la suspensión de dos módulos de pruebas rápidas para detectar Covid-19 en su demarcación es un asunto “político” y no administrativo. Nos dicen que después de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) inhabilitó ambos stands, el panista acusó que los encargados de los laboratorios que realizan los test han recibido amenazas por parte de la instancia federal. Incluso, señaló que la suspensión de este lunes se aplicó sin dar a conocer cuál fue el motivo y advirtió que la medida forma parte de una estrategia del Gobierno federal para ocultar los contagios de Covid-19.
La dichosa pregunta y los puntos relevantes
Nos cuentan que uno de los argumentos más equilibrados de la discusión que tuvo lugar en la Corte sobre si se debía o no ajustar la pregunta de la consulta de revocación de mandato fue el de la ministra Margarita Ríos-Farjat. Esta última apoyaba la idea de que la pregunta sólo se refiriera a la revocación de mandato. En este tipo de ejercicios de democracia directa, señaló, “es necesario evitar preguntas o cuestiones que pudieran generar distorsiones en su finalidad. La revocación de mandato, en teoría, va encaminada a que participen quienes no desean que el gobernante permanezca en el cargo”. También acotó que hay experiencia internacional en la materia, aunque “estoy clara que nuestro país tiene su propia trayectoria política y constitucional y va generando sus propias formas…”. Por cierto que al final se mantuvo la pregunta tal y como está, es decir, incluyendo el elemento ratificatorio, porque no se sumaron los ocho votos requeridos en este caso para invalidarla y ajustarla.
La visita pendiente
Con la novedad de que quien ayer visitó a la Jefa de Gobierno en sus oficinas fue el candidato morenista a la gubernatura de Oaxaca, Salomón Jara. De los seis abanderados guindas que este año estarán en contiendas era el que faltaba para completar la lista de seis. Nos cuentan que las lecturas sobre estos encuentros han venido sucediéndose desde que se conoció el primero. Acuerdos, acompañamientos, espaldarazos, alianzas para ir pavimentando futuros políticos, pase de lista y hasta bendición son algunas formas en las que éstos han sido vistos. Lo que es un hecho es que casi todos han terminado en cordiales imágenes publicadas en las benditas redes, con un elogio de la mandataria capitalina. El de ayer: “Con mucho gusto recibí y platiqué con Salomón Jara, un hombre trabajador con gran amor por Oaxaca y convencido de la Cuarta Transformación de México”. Ahí el dato.
Las sucursales del Banco del Bienestar
Así que este jueves el Presidente realizará una gira por Hidalgo, entidad donde gobierna el priista Omar Fayad, para inaugurar dos sucursales del Banco del Bienestar, una en Cuautepec de Hinojosa y la otra en Tepeapulco, dio a conocer la Oficina de la Presidencia. Nos cuentan que desde el año pasado, el tabasqueño adelantó que iba a inaugurar 500 nuevas sucursales para principios de 2022 y que escogería un estado para hacerlo de manera simbólica. Por lo pronto, de acuerdo con los mismos datos ofrecidos en las mañaneras, los mayores desafíos que se tenían para terminar estos bancos han sido la colocación de cajeros y la complicación en la instalación de Internet, porque se encuentran en las comunidades más alejadas. La acción, nos comentan, implica darle un nuevo empujón al tema de las sucursales. (La Razón, La dos, p. 2)
En Quintana Roo se han producido graves actos de violencia en las últimas semanas. El más grave, el asesinato de dos turistas canadienses en Xcaret, dentro de un hotel donde vacacionaban con sus familias. Pero no se trataba de dos simples turistas: estos hombres eran parte de grupos delincuenciales de Canadá que tenían operaciones con organizaciones mexicanas. El crimen fue planeado en Canadá, en la Ciudad de México se consiguieron los sicarios y se ejecutó en la Riviera Maya. La causa: supuestamente un adeudo de dinero derivado de un negocio de drogas.
Más allá de las confusiones derivadas de la mala información que recibió el presidente López Obrador sobre la participación de agentes estadunidenses en la investigación de estos hechos, lo cierto es que se trató de un crimen multinacional derivado de un fenómeno que tampoco respeta fronteras. La colaboración con el FBI se ha dado, lo ha aclarado la cancillería, en el marco del nuevo Entendimiento Bicentenario y tiene relación con un fenómeno que hemos ignorado, tanto en México como en Canadá, pero que con ese crimen en Xcaret ha sido exhibido públicamente: la creciente relación de los grupos criminales de los dos países a través del comercio de fentanilo y cocaína.
En los últimos días del sexenio pasado un amplio informe de la Defensa Nacional sobre el tema del tráfico de fentanilo ya advertía que si bien buena parte de ese tráfico de fentanilo ilegal provenía de México hacia Estados Unidos, se perdía de vista que un porcentaje alto se movía desde Canadá, con participación de grupos locales y también mexicanos afincados en ese país.
El fentanilo ilegal se produce básicamente en China y se envía en estado puro, o como algunos de sus precursores, hacia América y llega básicamente a México, a los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo y en muchas ocasiones por tráfico aéreo. Los cargamentos suelen pasar antes por otros países como Corea del Sur, para dificultar su localización.
Pero un importante porcentaje del fentanilo ilegal que se consume en Estados Unidos llega también por Canadá, donde el comercio con las naciones del Pacífico es muy intenso y los controles para este tipo de productos más laxos, como ocurre también con el cruce fronterizo entre Canadá y la Unión Americana, infinitamente menos controlado que el de la frontera con México. Hay grupos mexicanos que ya están trabajando con las organizaciones canadienses en esa operación. Al mismo tiempo, los grupos mexicanos están aprovisionando de cocaína a sus socios canadienses. No es una simple casualidad que días atrás se haya detenido a un ciudadano canadiense que transportaba 69 kilos de cocaína pura en el baúl de su coche y se dirigía al aeropuerto de Toluca. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 8)
Es sin duda una muy buena noticia que varios fiscales federales, y otro tanto estatales, se hayan unido para apoyar la demanda del gobierno de México en contra de fabricantes de armas estadunidenses.
Lo que a ojos de la industria de armas y políticos aliados podría haber sido visto como la aventura de un lobo solitario contra todo ese poder, hoy podría volver a poner el tema de las armas en la opinión pública.
Hay que tener claro que los amicus enviados por los fiscales son, por lo pronto, para que el juez no deseche la demanda y permita a las partes exponer sus argumentos en un juicio civil. El mayor obstáculo para que siga la demanda, según los productores, es la “Ley de Protección de las Ventas Legales de Armas”, aprobada por el Congreso federal en 2005 y que impide que productores y distribuidores de armas sean hechos responsables por lo que sucede con sus productos. La ley ha sido cuestionada desde entonces en varios tribunales con diferentes resultados, pero en lo esencial sigue vigente.
Ese es el lado técnico jurídico, pero que haya juicio más allá de su resultado le da un empuje político a la discusión en un año complicado y polarizado por las elecciones y el regreso de Trump a la arena pública; recordemos que el trumpismo ama las armas. (Carlos Puig, Milenio Diario, Al frente, p. 2)
Con la reciente detención de Facundo Rosas —aprehendido tras matar por accidente con su auto a una mujer— aumenta el círculo de capturas alrededor de la vieja cúpula policial dominante del país.
Junto a Genaro García Luna, Iván Reyes Árzate y otros mandos, Rosas formó parte del cartel policial que operó la llamada guerra del narco y en buena medida agudizó la violencia hasta la fecha, contando con cierto nivel de respaldo de la sucursal mexicana de la DEA, tal y como se explicó antes en este espacio (La Reina ante la caja de pandora).
Por culpa de este irresponsable actuar del grupo de García Luna hay numerosas víctimas civiles, pero también las hubo al interior de las propias corporaciones, donde laboraban efectivos honestos y convencidos de su misión, sin saber que algunos de sus propios compañeros y jefes no solo estaban coludidos con el crimen organizado, sino que eran los que realmente lo organizaban.
Uno de esos otros policías era Roberto Velasco Bravo, director de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, asesinado en mayo de 2008 tras descubrir algunos de los vínculos criminales que existían al interior del gobierno, los cuales han salido a relucir ahora durante diversos juicios celebrados en México y EU. (Diego Enrique Osorno, Milenio Diario, Al frente, p. 2)
Ayer le contaba aquí, pero en privado, que el gobierno de Panamá había negado el beneplácito para que Pedro Salmerón, a propuesta del presidente López Obrador, fuera el nuevo embajador de México en ese país.
Y le decía que el martes 25 de enero su ministra de Asuntos Exteriores, Erika Mouynes, a la que ayer López Obrador descalificó como la Santa Inquisición, declaraba que ya había enviado a la cancillería mexicana la respuesta.
Los reporteros insistieron, pero ella se resistió: Ya lo tiene México, y de ahí no se movió.
Y era verdad. La SRE ya había recibido la contestación: le habían negado el beneplácito.
Pasaron esos días en los que, estando al tanto López Obrador del rechazo, se trató de negociar, pero no hubo modo. No, fue no. Y en eso se sostuvo inamovible el gobierno panameño.
En estas condiciones, y antes de que la negativa trascendiera, ayer el Presidente subió al tema en la mañanera, claro, y dijo que en una carta fechada este domingo 30 de enero, Salmerón le pidió que no enviáramos la solicitud de beneplácito al gobierno de Panamá, lo que había hecho la SRE desde que anunció su propuesta, y ya habían bateado, y pidió a Jesús Ramírez que leyera el texto que firmó como Dr. Pedro Salmerón, historiador.
El punto central es que la carta de solicitud del desistimiento está fechada el 30 de enero, cuando desde el 25 sabían que había sido rechazado.
Pero en revancha, el Presidente anunció la propuesta del relevo: ¡Jesusa Rodríguez! La animadora de sus mítines zocaleros, de la carpa a la embajada.
Y se oyó: ¡Tengan para que aprendan!
A seguir morralleando al servicio exterior que calla y aguanta. (Joaquín López Dóriga, Milenio Diario, Al frente, p. 3)
El historiador Pedro Salmerón hizo lo correcto y declinó el nombramiento como embajador de México en Panamá.
Pero eso llevó a que el presidente Andrés Manuel López Obrador volviera a hacer designaciones y pronunciamientos muy a su estilo, aunque no necesariamente de la mejor manera diplomática.
Desde el anuncio de su nombramiento, Salmerón estuvo en el centro de una polémica, debido a acusaciones de hostigamiento sexual que datan de su desempeño como profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Las acusaciones tuvieron eco tanto en México como en Panamá, y de hecho llevaron a que la canciller Erika Mouines, con una reputación de feminista, pidiera a México retirar la petición de beneplácito, en un efectivo rechazo a la designación.
El hecho no sorprendió a nadie. Pero evidentemente irritó al presidente López Obrador, que literalmente acusó a Mouines, de actuar “como si fuera la Santa Inquisición”, y luego buscó una salida de cortesía política para expresar que no creía que el presidente de Panamá estuviera enterado de las acciones de su canciller.
El problema no es Mouines, que recibió cartas de grupos panameños opuestos a la designación, sino la fama pública de Salmerón, que donde ha ido y adonde vaya, ha enfrentado y va a enfrentar el mismo ruido. Su eficacia y su potencial impacto como embajador estaban comprometidos, de entrada.
De hecho, el diario La Prensa de Panamá consignaba el 20 de enero que “en las últimas horas diferentes colectivos feministas, organizaciones no gubernamentales y defensores de los derechos humanos en Panamá, como la Asociación De Agnósticos y Ateos de Panamá, Juventudes Revolucionarias de Panamá, Movimiento Mujeres de Panamá, entre otros se sumaron a un comunicado en conjunto a los grupos que se oponen desde México a la designación de Salmerón”. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 31)
En la historia moderna, México ha tenido pocas experiencias en materia de rechazos de sus potenciales embajadores. En conversaciones con fuentes diplomáticas pude documentar dos casos, ambos con Reino Unido.
Londres nunca dio el beneplácito a sendas solicitudes mexicanas, para que fueran embajadores los políticos Everardo Espino de la O (dirigió Banrural) y Porfirio Muñoz Ledo.
Este último acababa de finalizar su encargo al frente de la misión en Naciones Unidas (1979-1985) y el gobierno del presidente Miguel de la Madrid pidió el plácet para que el exsecretario del Trabajo y de Educación ocupara la embajada. La respuesta nunca llegó y la siguiente vez que se supo de Muñoz Ledo estaba echando a andar la Corriente Democrática del PRI con Cuauhtémoc Cárdenas. Informalmente se conoció que el gobierno británico había resentido su postura durante la Guerra de las Malvinas, cuando México fue parte del Consejo de Seguridad de la ONU (1981-1982).
Lo que nunca había sucedido es que una propuesta mexicana fuera abiertamente rechazada por un país. Ayer, en la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que justo eso ocurrió con el historiador Pedro Salmerón, nominado como embajador en Panamá.
En la mañanera del 17 de enero, el mandatario dio a conocer su nombre, junto con el de otros, para llenar cargos diplomáticos. De inmediato, Salmerón comenzó a ser descalificado por haber estado en el centro de acusaciones de acoso sexual cuando se desempeñaba como profesor en el ITAM. Ante los señalamientos, López Obrador lo defendió reiteradamente, diciendo que no había denuncias formales en su contra.
Para su mala suerte, el ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá está encabezado desde diciembre de 2020 por la feminista Érika Mouynes, quien, desde el 25 de enero, dio a entender, en términos diplomáticos, que Salmerón no recibiría el beneplácito. Ayer, en la mañanera, el Presidente hizo público que su candidato a embajador había dado un paso de costado y confirmó el rechazo. Después, se lanzó contra la canciller panameña por haber actuado “como si fuese la Santa Inquisición” y anunció que su nueva candidata a embajadora sería la actriz y senadora con licencia Jesusa Rodríguez. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nacional, p. 2)
El 21 de abril de 2017, López Obrador denunció en Twitter las viviendas de dos políticos norteños: “Las casas de los candidatos del PRI-PAN en Coahuila, Riquelme y Anaya, constituyen prueba plena, como dicen los abogados, de que son malandros”. En las dos fotos que adjuntó, no parece que esas casas tengan alberca de 23 metros ni cine privado, como la de su hijo José Ramón López Beltrán.
El 10 de noviembre de 2014, tras revelarse el escándalo de la Casa Blanca de Peña Nieto, López Obrador tuiteó: “El asunto de la nueva casa de EPN huele a lavado de dinero. Es un delito que debe investigarse de oficio. Un motivo más para que renuncie”.
Apenas hace cuatro meses, en la mañanera del 21 de septiembre de 2021, declaró: “El corrupto afecta a sus familiares. Antes a lo mejor no había conciencia de eso. Al contrario, las hijas, los hijos, los familiares, presumiendo con carros de lujos, con alhajas, viajes al extranjero, todo, y era normal, pues ahora no”.
Este jueves 27 de enero, el tuit que promovía su conferencia mañanera llevaba como título: “La austeridad no es un asunto administrativo, sino de principios”. Tenía un “me gusta” de su hijo José Ramón.
Y la frase de este lunes 31 de enero, tropezando para justificar la mansión: “al parecer la señora tiene dinero”, haciendo como que no sabe, contrasta con sus propias palabras del 3 de septiembre de 2019: “este es un sistema político presidencialista: el presidente se entera de todo”. O las de unas semanas después, el 21 de octubre de ese año: “no es de que hacen las cosas y yo no me entero… el presidente de México tiene información y sabe muy bien lo que está sucediendo”.
Estas son cinco estampas de las redes sociales que ya no son “benditas” para el presidente de México. Cinco estampas como hubo cientos, en un alud de críticas a López Obrador, después de la revelación de las casas a todo lujo en las que vive su hijo en Houston.
El presidente no deja de insultar y calumniar. A juzgar por su virulenta reacción, parecería que su armadura de teflón ha sido penetrada.
¿Será que las imágenes de los lujos de su hijo han indignado a sectores de la sociedad que habían permanecido impermeables al cúmulo de abusos, arbitrariedades y hasta delitos del presidente y su equipo, que se han venido denunciando en estos tres años?
¿Será la derrota del discurso de la austeridad? Porque para López Obrador éste no era sólo un tema de gestión de recursos públicos, era una instrucción de cómo había que vivir para no ser considerado corrupto. “La austeridad no sólo como forma de gobierno, sino como forma de vida”, proponía adoptar. ¿Será que de ahora en adelante, cada que hable de austeridad, fustigue a las clases medias y criminalice las aspiraciones de una vida mejor, el nombre José Ramón brotará naturalmente, así como el nombre Pío surge orgánicamente cada que habla de corrupción?
El presidente está enfurecido: sus dos banderas están roídas. Corrupción y austeridad. La familia demostró que es un discurso hipócrita.
SACIAMORBOS
Y encima, se le cae Salmerón, el brazo derecho de Romero Deschamps gana la elección del sindicato petrolero, hay recesión económica y… ejecutan al cuarto periodista en un mes. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. 7)
Decía Shakespeare que “hay puñales en las sonrisas de los hombres y cuánto más cercanos son más sangrientos”. Y la frase del escritor británico aplica muy bien para lo que está sucediendo entre el fiscal Alejandro Gertz Manero y el exconsejero Jurídico de la Presidencia Julio Scherer Ibarra. Después de haber sido amigos y aliados, y de que Gertz prácticamente le debe a Scherer el cargo de fiscal, pues fue él quien convenció al presidente López Obrador de postularlo, ahora don Alejandro persigue con toda la fuerza de la FGR al abogado que es “como hermano” del presidente.
Con varias carpetas de investigación abiertas en su contra, el fiscal ha emprendido prácticamente una cacería judicial en contra de Julio a quien busca acusar de haber cometido el delito de “extorsión” en contra de varios personajes de alto perfil que fueron acusados, perseguidos y detenidos por la FGR. Para llegar a Scherer, el fiscal ha utilizado a varios despachos de abogados que tenían relación directa con él y a los que, según acusa la Fiscalía, el exconsejero jurídico utilizaba para ofrecer “protección” a los personajes acusados, quienes entregaban importantes sumas de dinero a los despachos en cuestión para evitar ser aprehendidos o incluso si ya habían sido detenidos para lograr su libertad.
Fugitivos y procesados como el abogado Juan Collado, el facturero Víctor Manuel Álvarez Puga, y el empresario Alonso Ancira, han sido buscados por la Fiscalía para pedirles que denuncien y acusen el modus operandi de despachos jurídicos vinculados a Scherer y cuyos abogados presuntamente les pidieron dinero a cambio de la promesa de retrasar sus casos o impedir sus detenciones. Al menos dos de ellos, el caso de Collado y de Álvarez Puga, ya declararon ante la FGR y acusaron a la firma Consultores Legales, SC, en particular a dos de sus socios, los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio y César González, de haber sido los intermediarios que pidieron sumas millonarias a cambio de “arreglar” su situación jurídica en la Fiscalía.
A partir de una declaración formal de Antonio Collado, hermano del abogado Juan Collado, quien aseguró que tanto a él como a su hermano preso los buscaron los litigantes del despacho referido para ofrecerles “ayuda legal” a cambio de un pago económico, el fiscal Gertz Manero pudo integrar la acusación formal contra los abogados Araujo y González por el delito de extorsión y tráfico de influencias, quienes han sido citados a una audiencia judicial el próximo 28 de febrero, en la que el juez va a definir si se configura la “conducta delictiva” que acusa la FGR contra los abogados. Hay versiones que dicen que ese mismo día los dos litigantes podrían ser detenidos.
En el otro caso en el que Gertz Manero ha logrado avanzar en su intención de acusar a Julio Scherer Ibarra de esas conductas delictivas a través de sus amigos abogados, ese el del empresario prófugo Álvarez Puga. En ese caso, la esposa del facturero consentido de varios exgobernadores y políticos, Inés Gómez Mont, declaró ante la FGR, a través de su tío Fernando Gómez Mont, que el matrimonio le había entregado a Julio Scherer una residencia en el fraccionamiento Tres Vidas en Acapulco, como pago a presuntos favores legales.
A partir de esa declaración, el fiscal Gertz Manero comenzó a investigar la propiedad que efectivamente estaba en posesión de Scherer y presionó para que el exconsejero Jurídico regresara la casa, por ser parte de las propiedades con las que el matrimonio de Álvarez Puga e Inés buscaría resarcir el daño por los delitos de lavado de dinero, peculado y delincuencia organizada de los que se les acusa. Según fuentes de la propia Fiscalía General de la República, el exconsejero jurídico habría tomado posesión de esa mansión el año pasado, antes de que el empresario y la conductora de televisión se dieran a la fuga en septiembre del año pasado.
Las mismas fuentes confirman que Scherer Ibarra ya regresó la propiedad y la entregó a la Fiscalía General de la República, luego que le fuera solicitada oficialmente la devolución, por tratarse de una propiedad que sería confiscada dentro del proceso legal en contra de Álvarez Puga y Gómez Mont.
El próximo 28 de febrero, fecha en que está programada la audiencia judicial, será el día clave para saber si Gertz Manero logra acreditar la conducta delictiva de la que acusa a los abogados César González Hernández y Juan Antonio Araujo Rivapalacio y si el juez le concede la razón en sus acusaciones contra los dos litigantes. Si eso ocurre, el fiscal habrá dado un paso decisivo para poder acusar al que fuera su gran amigo y hoy se volvió uno de sus objetivos prioritarios, de haber incurrido en un tráfico de influencias mientras era el consejero Jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y entonces sí las cosas se complicarían sobremanera a Julio Scherer Ibarra que en los últimos seis meses pasó de ser el hombre de mayor confianza del presidente y su principal operador político e interlocutor con políticos y empresarios del más alto nivel, a convertirse en un hombre acosado por la justicia y en una presa de caza para el fiscal al que él mismo ayudó a encumbrar en la República. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p. 9)
Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó investigar la operación Rápido y Furioso y pedir información a Estados Unidos, no se entendía en Washington cuál era la razón para abrir algo que estaba cerrado. Lo que no sabían era que la motivación detrás de ello era poner al expresidente Felipe Calderón en el banquillo de los acusados y juzgarlo. Pero lo que López Obrador no sabe es que, si quiere llegar a fondo, quizá termine mordiéndose la cola el gobierno y afectando a quien más quiere proteger y de quien depende su estabilidad política, el Ejército.
La investigación de Rápido y Furioso, una operación fallida de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego en Phoenix, Arizona, hace 12 años, provocó una investigación en el Congreso que estuvo a punto de poner en la cárcel al entonces procurador Eric Holder, por desacato. El caso se extendió hasta 2019, cuando los demócratas, para entonces con el control de la Cámara de Representantes, sobreseyeron la investigación.
Durante aquellas audiencias en el Capitolio hablaron los responsables de ATF en Phoenix, Washington y México. En una audiencia en el Comité de Vigilancia y Reforma Gubernamental en julio de 2011, William Newell, que era el jefe de ATF en Phoenix, reconoció que si bien informó a la oficina en la embajada y a la Procuraduría General de la República, no les dio detalles de que las armas que estaban rastreando “caminarían” a México. Newell dijo que en 2010, después de iniciado Rápido y Furioso, informó al representante de la PGR en Phoenix, Carlos Luque Ordoñez, de lo que estaban haciendo, “aunque no en específico”.
Luque Ordoñez era el funcionario del gobierno de Calderón que más sabía de la operación, pero no figura entre las órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía General de la República este año contra presuntos responsables de una supuesta colusión con el gobierno de Estados Unidos. No es algo extraño.
El exdelegado de la PGR en Phoenix es hijo del general Carlos Fernando Luque Luna, que fue jefe de la Sección Segunda del Estado Mayor Presidencial, responsable de la inteligencia y contrainteligencia militar, cuando el secretario de la Defensa era el general Enrique Cervantes Aguirre, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, de donde saltó a coordinador del Centro de Planeación para el Control de Drogas, bajo las órdenes del procurador, el general Rafael Macedo de la Concha, en el gobierno de Vicente Fox, y de ahí a jefe del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, en el gobierno de Felipe Calderón.
El general Luque Luna trabajó en el gobierno de Calderón bajo las órdenes del entonces procurador Eduardo Medina Mora, y llevó a su hijo a trabajar con él. Desde esa posición lo impulsó para que Medina Mora lo nombrara agregado de la PGR en la oficina de ATF en Phoenix, la única delegación de esa agencia que tenía un representante mexicano. Luque Ordoñez participó en la reunión en Phoenix que organizó Newell en diciembre de 2010 con otros funcionarios de la PGR, donde les informaron sobre Rápido y Furioso.
Cuando comenzó Rápido y Furioso, Medina Mora ya no era procurador general, y había sido sustituido por Arturo Chávez y Chávez. Sin embargo, la experimentada corresponsal Dolia Estévez encontró un memorando de una reunión entre Medina Mora y el procurador estadounidense Michael Mukasey, en Washington, donde hablaron de investigaciones conjuntas de “entregas controladas” en las que participarían agentes mexicanos. No se sabe con precisión a qué se referían por “entregas controladas”, pero en mayo de 2020, en una mañanera, una de las preguntas inducidas a López Obrador le permitió decir, citando a Estévez, que el gobierno mexicano sí había participado en esa operación con el gobierno estadounidense.
Se desconoce si Medina Mora, que tiene una muy estrecha relación con el fiscal Alejandro Gertz Manero, se encuentra dentro de las cuatro personas todavía sin identificar, contra las que pidió órdenes de aprehensión. Pero Medina Mora, por esa reunión de 2007 y su delegado en Phoenix, Luque Ordoñez, deberían ser parte central en la investigación de Rápido y Furioso para aportar toda su información posible. Medina Mora ha estado fuera del ojo público del caso, salvo en la mañanera donde lo mencionó López Obrador. Luque Ordoñez parece tener la protección del Ejército.
Su padre fue uno de los impulsores del hoy general brigadier Luis Rodríguez Bucio, actual comandante de la Guardia Nacional, para que entrara al Cisen como enlace del Ejército, cuando en 1994 se creó una coordinación institucional tras una serie de atentados que se consideraron “terroristas”, llamada GAT, donde estuvo bajo las órdenes del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. Bucio, entrenado por los estadounidenses en la infame Escuela de las Américas en Panamá, fue contemporáneo del general secretario, Luis Cresencio Sandoval, de quien es amigo.
Las potenciales claves de qué tanto sabía Calderón sobre Rápido y Furioso se encuentran a la mano, cerca de Lomas de Sotelo, y no tanto en la Fiscalía General, donde parecen dar nuevamente palos de ciego. De los cuatro nombres sobre los que obtuvo órdenes de aprehensión, ninguno ha figurado en ninguna investigación sobre Rápido y Furioso, García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Facundo Rosas, que estaban en la Secretaría de Seguridad Pública, y el otro, Joaquín el Chapo Guzmán, que vivía a salto de mata protegido por el jefe del Cártel de Sinaloa, Ismael el Mayo Zambada, sobre el que no hay proceso alguno en México.
Con la información que ha dado a conocer la Fiscalía General, no parece haber una intención real por saber qué realmente sucedió aquí con Rápido y Furioso, sino cómo construyen una ruta para encarcelar a Calderón. Si es responsable, que se le juzgue, pero con evidencias sólidas. De otra forma, como se aprecia hasta ahora, sólo se quiere saciar el deseo de venganza de López Obrador contra Calderón y no la verdad. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 32)
Ya se confirmó que la economía mexicana creció 5% durante 2021, después de caer -8.4% en 2020. Ambas cifras con datos desestacionalizados, para no tener problemas de comparación. Para este año, según los expertos encuestados por el Banco de México, la expectativa es de apenas 2.2%. Todavía les cuesta mucho a los colegas aceptar tasas de crecimiento inferiores, especialmente en el largo plazo. Para los siguientes 10 años, la expectativa es que el promedio sea de 2%.
Cuesta trabajo corregir ideas. Si durante casi 40 años (1980-2018) el crecimiento promedio anual fue de 2.4%, pues así debería seguir, se imaginan muchos. Pero el cambio de dirección que implicó la cancelación del NAIM fue de gran profundidad. En los hechos, cerró la etapa de apertura y globalización, pero pasaron meses sin que muchos especialistas quisieran aceptar que ése había sido el momento de transformación. Aunque ahora mismo no hay muchas señales de que podamos crecer algo durante el año, aceptarlo no es sencillo.
Algo similar nos ocurre con el tema demográfico. Veo a muchos comparando el PIB per cápita, cuando no tenemos una idea clara de lo que ocurre con la población. Mientras en 2010 el crecimiento natural (nacimientos menos defunciones) era del 1.8%, para 2019, antes de la pandemia, ya estaba en 1.1%. El crecimiento promedio de la década fue de 1.4% anual, pero al comparar los censos, apenas llega a 1.2%. La diferencia debe ser migración, y no veo razón alguna para que se haya reducido en estos últimos dos años.
Por el contrario, lo que se redujo fue el crecimiento natural. En 2020 tuvimos entre 350 y 400 mil nacimientos menos a los esperados, pero 350 mil fallecimientos en exceso. Es decir, 700 mil mexicanos menos, la mitad porque no nació, la mitad porque murió antes de tiempo. Para 2021 no tenemos aún cifras de nacimientos, pero sí de fallecimientos, y se repite la cifra. Esto significa que en lugar de incrementos anuales de 1.3 millones de personas, el dato de 2020 no llega a 600 mil, y el de 2021 es posible que no alcance 800 mil personas. Ya los demógrafos estudiarán bien los datos y nos podrán dar estimaciones de población para los próximos años, pero no se espante si la tasa de crecimiento poblacional aparece en apenas medio punto porcentual.
Esta menor población, por otra parte, trae un déficit educativo considerable. Se perdió la segunda mitad del ciclo 2019-2020, todo el siguiente, y al menos la primera mitad del actual. Dos, o tal vez tres años perdidos, que los expertos consideran tiene un costo superior, porque la pérdida de la dinámica escolar borra parte de lo previamente aprendido. También hay que aguardar a que ellos nos indiquen lo que podemos esperar.
Sin embargo, aunque sea de manera gruesa, menos población, con menos capital humano, con menos capital físico (porque ya en otra ocasión hablamos de la pérdida de activos de los últimos años) lleva obligadamente a una menor capacidad productiva.
El crecimiento promedio anual durante la primera mitad del sexenio fue de -1.3%. Yo sé que no es fácil aceptarlo, pero esa cifra puede ser la nueva normalidad. Si se ahuyenta la inversión, al grado de perder capital instalado; si se distrae la energía social en temas absurdos; si se reduce la población, su salud y educación, no se ve razón alguna por la que cada año se produciría un poco más.
Prácticamente toda la actividad económica viene del exterior. Inundación de remesas, superávit comercial casi constante, son señales de una economía interna muy débil, no motivo de celebración.
Los defensores dicen que no ocurrió la tragedia que se vaticinaba. Les falta información. (Macario Schettino, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 30)
Quizá sea hora de comenzar a gritar que México es un país infanticida. Para comenzar, de forma literal: cada año cientos de niñas, niños y adolescentes son asesinados o negligentemente dejados morir. Pero también están todas las formas de anulación, abandono y violencia en contra de ellas y ellos. Hoy, la fuerza vital, creativa, económica que representan nuestras nuevas generaciones es sacrificada sin ningún sentido.
Si tú que me lees estás informado, sabes de qué hablo. Si no, puedes revisar el Balance anual 2021 de la Red por los Derechos de la Infancia en México**, o simplemente usar tu buscador de internet. Los números disponibles son apabullantes.
Quienes nos dedicamos a trabajar con niños y jóvenes tenemos además de datos, experiencias de primera mano. Historias de alumnos, pacientes, chicos en situación de calle, migración, desplazamiento, conflicto con la ley, adicciones, violencia intrafamiliar, que duelen mucho más que los números. Niños centroamericanos que atraviesan México completamente solos. Huérfanos por feminicidio, desaparición, asesinato o abandono que sobreviven con deficiente o nulo apoyo del Estado. Bebés, niñas y niños abusados sexualmente por familiares o por redes de pederastas, que tendrán que lidiar el resto de su vida con el estrés postraumático que les hará experimentarse como indignos de vivir, de amar, de disfrutar, y les llevará a repetidas relaciones abusivas. Niños que desde los 5 años deben trabajar para vivir o son explotados. Adolescentes desde los doce son reclutados por organizaciones criminales. Pequeños indebidamente medicados con psicofármacos. Pueblos enteros desplazadas por la violencia atroz.
El Covid-19 ha agravado el panorama: los jóvenes sin escuela presencial se encuentran tristes, desorientados, en muchos casos dejados a su suerte por sus familias frente a la pantalla, o bien han abandonado los estudios. Han sido irracionalmente exigidos a tener éxito escolar en un entorno pandémico que les ha significado deshumanización, suspensión del aprendizaje relacional, sexual, experiencial. Muchas familias han recrudecido esquemas autoritarios y regresivos, situación facilitada por el encierro. En otras ha escaseado el dinero, o han fallecido uno o varios cuidadores o proveedores.
A pesar de todo, la normalización de los fenómenos que significan sufrimiento de niños y adolescentes predomina en nuestra sociedad. Quizá sea el miedo lo que propicia el silencio y la inacción, pero también existe un tremendo anacronismo en los paradigmas con que contamos para enfrentar estos retos. De forma generalizada, seguimos utilizando la dimensión privada de la vida familiar como coartada para denegar la dimensión pública y colectiva del cuidado y los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes. A la vez, políticamente estamos siendo cómplices de un Estado que hoy no solamente tiene en la congeladora al Sistema Integral de Protección de Niños y Adolescentes -que ya funcionaba de forma casi decorativa en sexenios anteriores-, sino que amaga con involucionarlo a un DIF asistencial ligado a la caridad privada.
No, no se trata de atender a una minoría en desgracia. Se trata de que la desgracia está generalizada, estamos hablando nada menos que de la tercera parte de la población (que, al no representar votos para la maquinaria electoral, pareciera no existir). Es una catástrofe negada por el Estado y por una sociedad machista, racista y adultocéntrica para la cual los más jóvenes deberían aguantar todo; no es necesario escucharles ni darles un lugar digno. Mucho menos si son pobres, mujeres, indígenas, extranjeros. Una sociedad infanticida para la cual los niños son prescindibles, a menos que puedan ser usados.
¿Seremos capaces de revertir esto mediante la organización comunitaria y un replanteamiento de la relación del Estado -que somos todos- con sus integrantes más jóvenes? (Francisco Landa Reyes, Dr. en Psicología y representante de Nosotrxs en Querétaro, El Sol de México, Análisis, p. 15)
Desde el inicio de la pandemia por Covid-19 en México ha habido una constante, la creación de obstáculos por parte de la autoridad sanitaria a las posibles soluciones para enfrentar al nuevo coronavirus.
Una enfermedad nueva, compleja y cambiante hubiera requerido de un apoyo ágil, continuo y actualizado para los que enfrentamos día a día a la enfermedad. Esto debería de haber consistido en una adecuada comunicación por parte de la autoridad hacia la población general, así como proporcionar las autorizaciones necesarias de pruebas, medicamentos y biológicos que fueron recomendados por las organizaciones internacionales que investigaban la evolución del SARS-COV-2.
Por irreal que parezca, no solo no ha habido esa cooperación que tanto se ha necesitado, la autoridad sanitaria encargada de la pandemia en México se ha caracterizado por su constante desinformación, falta de apoyo y la obstrucción en el uso de medicamentos y biológicos para tratar a esta enfermedad.
Todo empezó con un discurso que minimizó la enfermedad, el cual en múltiples ocasiones dio por terminada la pandemia cuando apenas eran los primeros meses, cuando las medidas preventivas elementales fueron menospreciadas e incluso se les pedía a los pacientes que esperaran en sus casas y no acudieran a los hospitales para no contagiar a los demás. Esto llevó a que los enfermos llegaran con cuadros avanzados que requerían de intubación, ventiladores y atención de especialistas en medicina crítica, de lo cual carecían la mayor parte de los centros de salud donde se atendió a los pacientes que morían en su mayoría a las 24 horas de haber sido admitidos a los hospitales.
El modelo austero que se decidió emplear llevó a la realización de pocas pruebas diagnósticas, diseñando un modelo de vigilancia epidemiológico que acabó por mantener la pandemia a ciegas. El número de casos de Covid-19 en México podría ser 30 veces mayor al reportado y el número de fallecidos, 2 veces mayor al oficial. Pero el mayor problema es que las decisiones para contener la dispersión de la enfermedad eran tomadas sin tener el dato más importante: cuántos casos nuevos se estaban presentando en las diferentes zonas de la República.
La aprobación de medicamentos se ha hecho en forma tardía y aplicando candados como el de denominarlos de “uso de emergencia” lo cual requiere la aprobación de Cofepris como juez que decide quién sí y quién no tiene derecho a los medicamentos. Fue así como algunos centros recibieron el apoyo para aplicar Remdesivir, pero otros no. El uso de antivirales requiere de su administración en los primeros 5 a 7 días de iniciada la enfermedad, de otra forma su efectividad disminuye. Sin pruebas, con la necesidad de tener autorizado el medicamento caso por caso y la consiguiente dificultad para la disponibilidad de los fármacos, los pacientes progresan sin tener oportunidad de ser tratados a tiempo. Esto también ha llevado a la aparición del mercado negro en donde los mismos medicamentos son vendidos a precios muy superiores al de su valor real.
En fecha reciente se ha comentado que el uso de Molnupiravir y Paxlovid, los nuevos antivirales orales que se usan ya en la mayor parte del mundo, serán autorizados por la autoridad, la misma que retrasó o negó la aprobación de los anticuerpos monoclonales. La decisión para recibir el medicamento pasa entonces a manos de un tercero, que por lo general no está a cargo de pacientes y no sufre del estrés emocional y físico de no poder administrar lo que el paciente necesita en el momento que lo requiere. Las cédulas de especialidades podrían ser usadas para que los especialistas en diferentes campos pudieran prescribir estos fármacos, pero entonces se perdería el tan anhelado control de a quién sí y a quién no.
Las vacunas han sufrido el mismo proceso, se inició una campaña ante lo que parecía ser la solución de la pandemia, pero en los primeros meses se discriminó al personal de salud privado, posteriormente se decidió aplicar una vacuna sin fase 3 al magisterio, biológico que aún sigue sin ser aprobado por la OMS. A pesar de la evidencia de la necesidad de terceras dosis desde agosto del 2021 para completar y proteger de manera adecuada a la población, estas no estuvieron disponibles hasta cuatro meses después cuando ya iniciaba la cuarta ola en México. Los menores aún no son considerados para la vacunación siendo que desde septiembre del año pasado y con la aparición de la variante Delta se demostró un aumento en las hospitalizaciones y fallecimientos de este grupo de edad.
La salud es un derecho de todos, una base elemental en el bienestar de un país. Hoy en día parecería que este derecho está condicionado a la voluntad de unos cuantos. Ellos deciden a quién le darán el tratamiento, a quiénes vacunarán, con qué, en dónde y cuándo. Seguimos luchando para evitar que la tragedia sea mayor a lo que hemos vivido, pero parece ser que el virus no es el peor enemigo, en realidad, lo han sido aquellos que fueron designados para liderar, comunicar y apoyar, pero que olvidaron que en sus decisiones estaba la salud de un país. (Francisco Moreno Sánchez, Reforma, Opinión, p. 10)
La administración federal en turno no pasó la prueba de fuego para acabar con el viejo cacicazgo al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, como lo prometió Andrés Manuel López Obrador desde su campaña presidencial.
Pero, ¿por qué logra mantener Carlos Romero Deschamps el control del sindicato, vía el triunfo de Ricardo Aldana, su brazo derecho desde hace más de 20 años, para lo que resta del sexenio? Primero, decir que el gobierno no pudo ir a fondo en las investigaciones en contra de quien viene acusando, desde hace más de 12 años consecutivos, como uno de los personajes de actualidad más corruptos del país.
El extraño congelamiento de las investigaciones desde la FGR, a pesar de las graves acusaciones contra Romero Deschamps por enriquecimiento ilícito y triangulación de recursos, se dio cuando en medio de las pesquisas salió a relucir el nombre del papá de una secretaria del gabinete federal. El personaje, cuyo nombre empieza con la letra A y su apellido también, es un abogado laboral que trabaja para Romero Deschamps e hizo negocios, así como con líderes de sindicatos del IMSS y de la UNAM, desde hace varias administraciones. Este proceso de relevo, llevado a cabo la noche del lunes, todo fue una simulación democrática en la que no se ocultó la intervención directa del Estado —la pasarela de Ricardo Aldana por el podio de Palacio Nacional y otros competidores es lo de menos— en una consulta que la debió organizar el propio sindicato petrolero.
Pero la participación del Ejecutivo en este proceso tiene una explicación: se debió a que, de haber soltado los hilos del relevo existían todas las posibilidades de que la base trabajadora hiciera pedazos a Romero Deschamps y a su candidato Aldana. No le convenía al régimen actual la derrota de ambos caciques, de lo contrario se hubiera ido entre las patas: una familia completa conformada por el socio y prestanombres de Romero, la esposa del socio y abogado laboral, quien es cercana al poder presidencial; así como la hija de ambos, quien está al frente de una secretaría de Estado. Por eso, los de la 4T pueden gritar: ¡Viva Deschamps! ¡Viva Aldana! ¡Vivan los caciques del régimen neoliberal! En cambio, mueren las denuncias que están en la FGR en contra de Romero y Aldana, quienes tienen más denuncias encima que años de vida.
UPPERCUT: El fuego sigue abierto en el Senado. Al arranque de la primera sesión del nuevo periodo hubo enfrentamientos verbales entre morenistas para posponer la discusión de las violaciones a los derechos humanos en Veracruz. Después del estira y afloja se acordó pasarla al final de la sesión. Pero cuánto duele a un grupo de ese partido el tema Veracruz, pues desde la Mesa Directiva se dio la instrucción de sacar del recinto a los reporteros que cubren las actividades para no hacer la crónica. Son tan burdos que hasta en eso hacen historia. (Alejandro Sánchez, El Heraldo de México, País, p. 8)
Malabares en la mañanera // Inquisición panameña // Aldana y Romero Deschamps // Investigar caso Houston
El presidente de México enderezó hacia la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá el estigma de Santa Inquisición porque pidió en documento oficial que no fuera solicitado el beneplácito de ese país centroamericano para la postulación del historiador Pedro Salmerón Sanginés como embajador.
En la práctica diplomática no es necesario que un país de adscripción explique o justifique la razón por la cual no extiende un beneplácito (o, en el caso, por la cual pide que no se le coloque en una situación indeseada al pedir tal aprobación, llamada plácet). Basta que ese país no considere de su agrado una propuesta para que ésta sea desechada.
Sin embargo, el presidente mexicano asumió tal rechazo a Salmerón como algo litigable al menos en la conferencia mañanera de prensa, donde invocó el pensamiento del fallecido general Omar Torrijos, quien fue llamado líder máximo de la revolución panameña y recordó a Graham Greene y su libro Descubriendo al General (cuya lectura recomendó a la canciller Erika Mouynes). (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p. 8)