Que mientras le sigan aplaudiendo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sigue muy activo haciendo política por todo el país, como ayer en Ciudad Juárez y el lunes en Tijuana, lugares donde se reunió con las gobernadoras de Chihuahua, María Eugenia Campos, y de Baja California, Marina del Pilar Ávila. En ambas visitas destacó proyectos de mejora en la infraestructura fronteriza que ya están en marcha en esas ciudades sin dejar de atender el conflicto con el aguacate en Michoacán. (Milenio Diario, Al frente, p. 2)
La relación entre los gobiernos de EU y México es buena, sin duda, pero vulnerable a vaivenes políticos en las dos naciones.
La administración de Andrés Manuel López Obrador ha procurado mantener una buena comunicación con la de su par Joe Biden, sobre todo en temas migratorios y en los planes para tratar de resolver problemas en los países del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador).
Una buena parte de los conflictos que se avizoran, respecto a cuestiones vinculadas con el comercio bilateral y el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), puede ser considerada como una cuestión de interpretaciones legales y trabajo de abogados.
El gobierno mexicano ha tratado de presentar su, por ahora, intento de fortalecer la participación nacional en la industria eléctrica como una causa nacionalista comparable a la expropiación petrolera de 1938.
El estadounidense, por su parte, ha adoptado una posición cautelosa, pero expresado sus preocupaciones y su intención de defender los intereses de los inversionistas de su país.
El gobierno de Biden ha sido cuidadoso en la comunicación bilateral y evitado que la evidente irritación de grupos de sociedad civil, organismos no-gubernamentales e inversionistas preocupados se convierta en un factor dominante en su política hacia México.
Los temas de seguridad son una constante de la relación y a veces crean problemas de otra índole, como la suspensión de importaciones de aguacate por amenazas contra un inspector estadounidense en Michoacán.
Para complicar las cosas, los planes energéticos mexicanos –que incluyen el uso de petróleo y carbón– están en ruta de colisión con propuestas de energía limpia estadounidenses y por supuesto, en alguna medida, con lo convenido en el T-MEC.
Las negociaciones son seguidas atentamente por otros países que tienen inversiones en la industria energética mexicana, incluso Japón, Italia, España, y ese sentido, la Unión Europea, así como en intereses mineros importantes, como Canadá y China.
Una disputa sobre el contenido de origen de automóviles está en marcha en el marco del T-MEC.
Ese es un panorama difícil, complicado incluso, pero no necesariamente negativo y en cierta medida a la par de una relación de vecindad que es desafiante por definición.
Pero la relación del gobierno mexicano con la sociedad estadounidense no es exactamente buena. De hecho, podría decirse que tiene pocos aliados entre grupos de derechos humanos, defensores de derechos civiles, centros académicos y de análisis político y económico, y por supuesto, en la comunidad de negocios.
La cercanía de las elecciones legislativas estadounidenses, donde se espera que los republicanos enfoquen parte de sus campañas en los problemas fronterizos, especialmente migración y drogas, harán poco por relaciones más armónicas.
Y eso, sin contar lo que se haga o diga en México. (José Carreño, El Heraldo de México, Orbe, p. 27)
Retales
EVACUACIÓN. Extraordinaria la embajadora de México en Ucrania, Olga Beatriz García Guillén. Ha organizado la primera evacuación de mexicanos en aquel país, de Kiev, la capital, a una ciudad cercana a la frontera con Europa Occidental. Ella permanecerá al frente de la embajada hasta el último momento, en caso de guerra. Es la calidad del personal de carrera del servicio exterior. Imagínense a Pedro Salmerón, el primero preguntando por dónde está el aeropuerto. O a Jesusa Rodríguez organizando la evacuación, en lo que es experta. (Joaquín López Dóriga, Milenio Diario, Al frente, p. 3)
En el Corredor Interoceánico proyectado a lo largo de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, además de ser una quimera con cara autoritaria y una larga cola de corrupción (ver Istmo, sueño dictatorial y vorágine, https://bit.ly/3BmqKlJ), busca atender un mandato imperial: la creación de un muro económico que detenga el flujo de migrantes mexicanos del sur y centroamericanos hacia Estados Unidos.
Aunque se centra en Oaxaca y Veracruz, el megaproyecto abarca también Tabasco y Chiapas, mediante la construcción y modernización de carreteras, vías férreas, gasoductos y oleoductos que estarán al servicio de 10 complejos industriales.
Todo esto implica un proceso de reconfiguración territorial en marcha, que puede ser entendido mejor tras revisar el informe de la organización civil Poder, elaborado por Isabel Clavijo, así como el estudio de Marco Antonio Vázquez Vidal, antropólogo anarquista y de origen ayuujk, uno de los once pueblos indígenas que habitan la región.
Mediante una fraudulenta consulta popular, acompañada de ataques, coerción y compra de voluntades, grupos políticos y empresariales quieren destruir la organización social existente para avanzar en el proceso de despojo de tierras que busca no solo la ejecución de las obras oficiales del corredor, sino la respectiva especulación inmobiliaria, comercial y turística.
Pero lo que resuena también es el restablecimiento de un viejo plan de la nomenklatura estadunidense: convertir el Istmo de Tehuantepec en una base que, aunque sea operada por el gobierno mexicano, queda enmarcada dentro de su agenda geoestratégica de seguridad nacional.
Inspirado en su principal figura de referencia histórica, el presidente Andrés Manuel López Obrador pareciera revivir de facto el non grato Tratado McLane-Ocampo, celebrado en 1859 por el gobierno de Benito Juárez con el de Estados Unidos, mediante el cual nuestro país otorgaba el derecho de tránsito por el Istmo al país vecino. Por más que la correlación de fuerzas de aquella época explicara la maniobra, la decisión de Juárez no puede ser juzgada de otra forma que como una traición.
Con tal de quedar bien con EU y ciertos grupos económicos, una nueva traición al Istmo está siendo cometida por López Obrador. (Diego Enrique Osorno, Milenio Diario, Al frente, p. 2)
La decisión de Beto O’Rourke de lanzarse a la contienda por la gubernatura de Texas este noviembre, desafiando al actual gobernador Republicano Greg Abbott, deja puesta la mesa para uno de los pulsos políticos -e ideológicos- más importantes del ciclo electoral de 2022, uno que además conlleva implicaciones a nivel nacional y cara a la elección presidencial de 2024.
Y si bien a O’Rourke no le fue muy bien con el voto hispano en 2018, la inversión de recursos y tiempo que ha hecho desde entonces con ese bloque sociodemográfico y el que haya iniciado su gira en el sur de Texas demuestra que su campaña está tomando en serio la necesidad de ganarse ese segmento vital del voto en el estado. Como sucede en el resto del país, el voto hispano ahí no es homogéneo y el GOP en Texas históricamente ha obtenido entre el 30 y el 35 por ciento del voto hispano, o lo que muchos estrategas y analistas políticos estatales llaman el “voto tejano”.
Para O’Rourke, esta contienda es la proverbial “tercera o la vencida”: después de perder con Cruz en 2018 y de abandonar la primaria Demócrata en 2019, dos meses antes del arranque de ese proceso en enero de 2020, otra derrota en Texas podría representar el fin de su carrera política.
Para Abbott, su reelección, recurriendo al manual de juego trumpiano, incluyendo el alcahueteo electoral de México, lo colocaría como uno de los contendientes más sólidos para el GOP camino a 2024; evidentemente, una derrota aniquilaría cualquier ambición presidencial. Incluso apenas hace unos meses, Abbott nombró como secretario de estado de Texas a John Scott, quien estuvo entre los abogados que representaron a Trump cuando éste trató de anular los resultados de las elecciones de 2020. Sin embargo, no son solo Abbott y O’Rourke quienes estarán en la boleta.
En momentos en los que Texas ha aprobado leyes restrictivas en materia de aborto, que 36 por ciento de los votantes en el estado (según encuesta del lunes de la Universidad de Texas-Austin) cree que el actual presidente no ganó legítimamente en 2020 y que Abbott le está pegando a los panderos de la frontera, la migración y las políticas de contención y mitigación de la pandemia, la contienda es también sobre Biden y Trump así como los valores que encarnan cada uno de ellos, o quizá de manera más puntual, entre el actual mandatario y lo que el trumpismo ha hecho del GOP. Y al igual que lo ocurre con las proyecciones nacionales para el destino Demócrata en noviembre, sobre todo en la Cámara de Representantes, en este momento el escenario tampoco es halagüeño para ese partido en Texas. (Arturo Sarukhán, El Universal, Opinión, p. 17)