La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó frenar los juicios de amparo pendientes en juzgados y tribunales de todo el país, en contra de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), hasta que el pleno de ministros resuelva sobre la constitucionalidad de esta norma, la cual es impugnada por empresas privadas de generación de energía.
Este tipo de aplazamientos es un procedimiento que contempla la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para los casos en los que se acumulan varios amparos sobre un mismo tema y se detecta que en las instancias iniciales se han emitido fallos contradictorios entre sí.
El máximo tribunal publicó un acuerdo general en el que señala que ningún juzgado ni tribunal federal podrá emitir fallos sobre estos asuntos hasta en tanto el pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve las controversias constitucionales y la acción de inconstitucionalidad pendientes en la SCJN sobre la LIE.
Actualmente continúan abiertos en el primer tribunal colegiado de circuito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones los amparos 459/2021, 462/2021, 496/2021, 434/2021, 482/2021, 497/2021, 522/2021, 452/2021, 457/2021, 437/2021, 495/2021, 519/2021 y 521/2021.
Mientras, en el segundo tribunal colegiado de circuito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, están en litigio los amparos en revisión 292/2021, 22/2022 y 32/2022. (Eduardo Murillo, La Jornada, Ocho Columnas)
Después de una reunión de tres horas con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio Del Valle Perochena, confía en que pronto se llegue a un acuerdo relacionado con la iniciativa de reforma eléctrica.
“Hablamos justamente sobre las oportunidades que ofrece la coyuntura y también hablamos, por supuesto, que ojalá en un tiempo corto ya se defina el tema del sector eléctrico, que es tan importante para el país”, refirió al salir de la reunión en Palacio Nacional.
“En vez de estar discutiendo cómo hacerlo, ponernos a hacerlo todos, creo que ese fue el consenso, y estoy muy optimista de que se va a llegar a un arreglo rápidamente”, abundó el presidente del CMN.
Abundó en que los empresarios están viendo el proceso de debate de la iniciativa en el parlamento abierto, con los diputados, y cree “que ellos y el mismo Ejecutivo también están llegando a ciertas conclusiones que esperamos que se definan en muy corto plazo”, dijo. (Pedro Domínguez y Silvia Rodríguez, Milenio, P.p. Paris Alejandro Salazar, El Heraldo de México, P.p.)
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) adquirió un sistema antidrones para crear una “No Fly Zone” (lugar libre de vuelo de drones), en Palacio Nacional y sus inmediaciones – 34 mil 300 metros cuadrados -, con el fin de evitar que se vulnere la seguridad y la privacidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante ataques, espionajes o hackeos.
La Sedena señaló que se han detectado sobrevuelos de drones no autorizados en zonas cercanas al recinto histórico, los cuales – según la institución castrense – podrían ser utilizados para atacar con material explosivo o venenoso el sitio donde vive el mandatario, o bien, robar información.
“Los usos de drones maliciosos pueden tener diferentes fines, entre ellos; ataques por medio de drones con material explosivo venenoso y ataques con drones adaptados con armas de fabricación casera. Realizar espionaje que pueda vulnerar la privacidad de actividades tácticas, así como ataques de hackeo o robo de información, por medio de equipo de recopilación electrónica atado a drones (IMSI cátcher furtivo casero) o equipo de robo de información IP”.
Lo anterior fue descrito en el contrato firmado entre la Sedena y la empresa “Soluciones Tecnológicas y Protección Aeroespacial S.A. de C.V.”, del cual MILENIO tiene una copia, para la adquisición de un sistema antidrones, cuyo costo fue de 5 millones 487 mil 356 pesos. (Gaspar Vela, Milenio, Ocho Columnas)
Al reducir la vigencia de permisos de importación de combustibles y cancelar operaciones de almacenamiento, como sucedió con Monterra Energy, la Secretaría de Energía (Sener) está orillando a las empresas a restablecer una relación de suministro con Pemex.
Conforme los permisos van venciendo, la Sener no los refrenda, lo que desincentiva la operación de las empresas, de acuerdo con especialistas.
“Lo que está haciendo la Sener con los permisos de importación vigentes es esperar a que caduquen para ya no dar un referendo, de hecho hay varios permisos que vencen (en este mes).
“Esto lo que implica es falta de inversiones porque las empresas extranjeras están muy desilusionadas y, obviamente, la estrategia de crecimiento que se tenía ya no se visualiza de esa manera. Realmente el mercado se está cerrando completamente a Pemex y CFE”, aseguró Alicia Zazueta, directora general de EServices. (Diana Gante, Reforma, P.p.)
El Gobierno federal impulsa ahora sus gasolinerías del Bienestar que serán surtidas por Pemex. La primera de ellas será inaugurada el 21 de marzo en Guelatao, Oaxaca, por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. A la par se construyen otras 11 gasolineras en la ruta del Tren Maya, según lo confirmó el Fonatur. (Reforma Staff, Reforma, P.p.)
El conflicto entre Rusia y Ucrania, que se prevé subirá de tono en los próximos días, puede presionar al alza en el corto plazo los precios de las gasolinas a escala global, efecto que no podrá esquivar el mercado mexicano, dijeron especialistas.
Analistas indicaron que los aumentos comienzan a registrarse y es posible que se perciban casi de inmediato, con algunas estaciones de servicio superando niveles de 25 pesos por litro en el caso de la gasolina regular y 27 pesos en el caso de la premium, provocados por el alza en las cotizaciones del petróleo crudo a nivel internacional.
El barril de petróleo West Texas Intermediate, referencia para el mercado local, cerró ayer en 92.35 dólares, un alza de 1.41%, mientras que la mezcla mexicana de exportación terminó en 88.48 dólares por tonel, es decir, un avance de 3.42%. A últimas fechas, el WTI llegó a máximos de siete años y medio.
Alejandro Montufar Helú, CEO de PetroIntelligence, comentó que los petroprecios se elevan y “vamos a ver mayores presiones para los precios de los energéticos en México”. (Noé Cruz Serrano, El Universal, P.p.)
Un golpe económico contra líderes, instituciones bancarias, diputados, oligarcas y hasta proyectos energéticos rusos fue la respuesta contundente de aliados de Ucrania ante el reconocimiento del presidente Vladimir Putin a las zonas separatistas Lugansk y Donetsk, que Estados Unidos ve como el inicio de una invasión y por el que aliados de Volodimir Zelenski alistan despliegues ante una posible anexión como en 2014.
Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Canadá, la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) activaron sus primeros paquetes de sanciones económicas como se anticipaba y aumentaron apoyo militar para robustecer a las fuerzas en Kiev, región que abandonaron por seguridad.
Aunque destacaron un plan conjunto, cada nación anunció de manera independiente restricciones contra rusos implicados en los planes de invasión, pues el presidente de EU, Joe Biden, insistió que las recientes decisiones y movilizaciones demuestran que Rusia está lista para la ocupación, castigos que aplaudió el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba.
Apuntó que Rusia tiene a más de 160 mil tropas con sistemas de misiles rodeando a Ucrania, algunas en Bielorrusia, así como buques en el mar Negro y hasta suministros como sangre lo que hace temer un ataque, y es claro que “no son fuerzas de paz”, según el líder de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, sino que se trata de una de las mayores crisis que alteran la paz mundial. (Stephanie Reyes, La Razón, Ocho Columnas)
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes una “primera tanda” de sanciones que cortarán a Rusia del financiamiento de Occidente y golpearán a las “élites rusas”, así como a las instituciones financieras.
“Estamos implementando sanciones sobre la deuda soberana de Rusia. Esto significa que cortamos al gobierno ruso del financiamiento occidental”, declaró Biden en la Casa Blanca.
Las medidas incluyen bloqueos contra el Banco de Desarrollo y Asuntos Económicos Exteriores (VEB, por su acrónimo en ruso), una corporación en control del Estado, así como el banco militar de Rusia. De igual forma, a partir de mañana habrá sanciones contra la élite rusa y sus familiares.
El mandatario estadounidense consideró que el reconocimiento de Rusia a la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, es “el comienzo de la invasión de Ucrania” y amenazó al Kremlin con “ir más allá con las sanciones” si continúa en esta línea. (Agencias, El Economista, Ocho Columnas, Reforma Staff, Reforma, P.p. Marcel Sanromá, La Crónica de Hoy, Ocho Columnas, Redacción, Excélsior, Ocho Columnas, Juan Pblo Duch, La Jornada, Contraportada)
La FGR pidió a un juez federal una audiencia para acusar al hijo del senador morenista José Luis Pech Várguez, candidato de MC a la gubernatura de Quintana Roo, por una contratación ilegal que facilitó un desvío de 20 millones de pesos, en el caso de la Estafa Maestra.
El expediente acusa a José Luis Pech Galera, ex Rector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQR), y José Antolino Orozco, ex jefe de la Unidad de Planeación de la Sedatu.
De acuerdo con la investigación, de los 20 millones pagados por la Sedatu a la UPQR, se usaron 6.8 millones de pesos para subcontratar a la empresa Centro de Capacitación y Evaluación Peninsular, en la que Pech Galera era apoderado legal y único facultado para manejar el dinero de la cuenta bancaria.
Con ese dinero, la compañía representada por el entonces Rector adquirió 3 camionetas Mazda CX3 y una Mazda CX9, por un total de 1 millón 559 mil 800 pesos. Con el resto, hizo transferencias a distintas empresas. (Abel Barajas, Reforma, P.p.)
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, declaró que fue objeto de presiones durante el gobierno de Felipe Calderón, debido al proyecto de resolución que presentó en 2010 por el caso de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde perdieron la vida 49 niños, el 5 de junio de 2009.
“Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa (Margarita Zavala) del presidente (Felipe Calderón), para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy vienen a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad para decirlo”, expresó.
Durante la presentación de su libro 10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial, en la Escuela Federal de Formación Judicial, el ministro aseguró que incluso terminó a gritos una conversación con el entonces secretario de Gobernación. En dicha época, el titular de la Segob era Fernando Gómez Mont.
“Le avisé a quien era el secretario de Gobernación que iba a presentar el proyecto, me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas y según mi entonces secretaria particular que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos. (Rubén Mosso, Milenio, P.p. Eduardo Murillo, la jornada, P.p.)
Rogelio López-Velarde Estrada, exjefe del Departamento Legal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y quien en 2016 aparecía como accionista en una de las empresas del conglomerado Baker Hughes, hoy litiga contra la Cuatroté y le ha ganado al menos dos casos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El abogado fue representante del gobierno de Carlos Salinas de Gortari en el Comité Asesor para Controversias Comerciales Privadas del Tratado de Libre Comercio (TLC) y trabajó de 1988 a 1993 como asesor financiero del Departamento de Finanzas de Pemex.
Además, en 2016 era presidente de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de BJ Services Company Mexicana, que forma parte del conglomerado de Baker Hughes México, según se lee en las fojas 368 y 369 del expediente judicial P-838/2017 por el que la petrolera texana se amparó para no pagar impuestos, como dio a conocer ayer El Sol de México.
En los últimos tres años, su despacho jurídico, Dentons López-Velarde, litigó a favor de empresas extranjeras y de la Comisión Nacional de Competencia Económica (Cofece), y además ganó al menos dos casos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la Secretaría de Energía (Sener).
Por su trayectoria, ha sido calificado por publicaciones como Chambers, Euromoney, Who is Who y Latin Lawyer como “el mejor abogado en temas de energía de México y uno de los mejores del mundo”. (Rivelino Rueda | El Sol de México, P.p.)
Frente a las dificultades económicas y salariales de la mayoría de los reporteros en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador estudia destinar un porcentaje del gasto de publicidad gubernamental para integrar un fondo que permita a los periodistas tener garantizado el derecho a la salud y a su pensión.
En su conferencia matutina, el mandatario expuso que enfrenta una campaña mediática de fondo, ni siquiera es un asunto personal o periodístico, es una disputa por la nación. Es una lucha de poder entre dos concepciones distintas.
De la revocación de mandato recomendó que no haya ningún acto de apoyo, que mejor como ciudadanos libres, independientes, participen el día 10 de abril. Y enseguida apuntó al Instituto Nacional Electoral (INE) porque sólo instalará 30 por ciento de las casillas (55 mil de un total de 175 mil), y lo están haciendo todo a regañadientes, no lo hacen con gusto, no les causa placer la democracia.
Así destacó la recomendación a participar en el ejercicio de revocación, porque el que quiere ser libre, lo será. Entonces, si hay que estar desde un día antes, hay que estar. Siempre hemos luchado en contra de la corriente, estamos enfrentando al INE, parece mentira. (Roberto Garduño y Fabiola Martínez, la Jornada, P.p.)
México es el país sin conflicto armado más peligroso para la prensa en todo el mundo, advierte la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) y alerta sobre el aumento de la violencia contra periodistas y los altos índices de impunidad.
En su reporte Bajo riesgo: un informe inédito de RSF sobre las deficiencias de los mecanismos de protección a periodistas en América Latina, señala que México concentra el 42 por ciento de los asesinatos de periodistas ocurridos en Latinoamérica entre 2011 y 2021.
Asegura que las políticas públicas implementadas por el gobierno mexicano, a través del mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas, no han sido suficientes para frenar la violencia contra la prensa. (David Saúl Vela, El Financiero, P.p.)
En el contexto de la firma del Pacto Nacional por una Justicia Abierta con Perspectiva de Género, convocado por la organización Equis, Justicia para las Mujeres, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, destacó la importancia de intensificar la relación de los tribunales con la sociedad para construir mayor transparencia en las decisiones. Mencionó que según el Latinobarómetro en América Latina, la confianza social apenas es de 25 por ciento y en México, de 24 por ciento
Por su parte, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Margarita Ríos Farjat reconoció a necesidad de un mayor acercamiento social para el acompañamiento de las sentencias. Reconoció que en muchos casos las sentencias no son comprendidas entre la sociedad, por lo que no se entiende la actuación del Poder Judicial.
Ríos Farjat refirió que el lenguaje es parte fundamental de la justicia abierta, por lo que debe ser utilizado de manera adecuada para no generar un mensaje discriminador, excluyente o de estereotipos. La justicia es una construcción social y por ello es indispensable la participación ciudadana, dijo, y consideró necesario que las sentencias de los tribunales sean claras y entendibles. (Alonso Urrutia, La Jornada, P.p.)
A menos de un mes de que se inaugure el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), los trabajos para terminar las diversas vías y entronques que llevarán a la nueva terminal aérea se realizan a marchas forzadas, aunque por el momento las que tienen mayor nivel de avance son las que se encuentran en la autopista México-Pachuca.
Durante un recorrido hecho por este diario en la zona de obras, se pudo observar que poco después de pasar la caseta de cobro de la mencionada carretera, viniendo desde la Ciudad de México, hay gran cantidad de puntos en los que se realizan obras de construcción o remozamiento de vialidades, los cuales en ocasiones hacen que el tránsito vehicular sea más lento.
Uno de ellos es la llamada armonización de la carretera de cuota México-Pachuca, a la altura de Ojo de Agua –a cargo de Banobras–, que consiste en la ampliación de los carriles de dicha vía con el objetivo de llegar a ocho, cuatro en cada sentido.
En otros es posible observar también que se realizan labores de mejora de la carpeta asfáltica, en particular en ciertos tramos de acotamientos, con la colocación de nuevo material pétreo y chapopote. (Fernando Camacho Servín, La Jornada, Contraportada, Jorge X. López, 24 Horas, Contraportada)
Mil 500 elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), realizarán operaciones de vigilancia, inspección, apoyo y control en el recinto aeroportuario para neutralizar el tráfico de armas, drogas, divisas, mercancía ilegal y evitar el tráfico de personas dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
A través de un comunicado de prensa, la institución señaló que se tiene contemplada la participación directa del personal naval en las áreas de periferia, ambulatoria, plataformas y sala de monitoreo, con mil 255 elementos desplegados, 23 vehículos y 16 binomios caninos de la Armada de México, con los que se apoyará a la seguridad privada contratada por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a fin de evitar el robo o sustracción de pertenencias y cumplir con la Reglamentación Aeroportuaria Internacional correspondiente.
También se trabajará en conjunto con personal de Sanidad Internacional, para prevenir la diseminación en el territorio nacional de las enfermedades consideradas como objeto de vigilancia epidemiológica internacional, brindando apoyo con médicos y enfermeros navales, coadyuvando con las funciones del área.
Como parte de la Estrategia de Seguridad Aeroportuaria Integral, personal de la Semar, se integró al trabajo que se realiza en coordinación con dependencias de los tres órdenes de gobierno, con el propósito de garantizar la seguridad. (Raúl Flores, Excélsior, P.p.)
La diputada de Morena, Reyna Celeste Ascencio, presentó una iniciativa para impedir que organizaciones civiles reciban donativos del extranjero para cabildeos o litigar en México.
La reforma busca evitar que los donativos internacionales sean utilizados para entorpecer proyectos -algunos de ellos del Gobierno federal- o para promover y retrasar leyes, acusa la propuesta.
“En caso de que las organizaciones reciban donaciones en forma directa o indirecta de Gobiernos o corporaciones privadas de carácter extranjero no podrán realizar las actividades a que se refiere esta fracción III (influir en la legislación o emprender acciones de litigio estratégico)”, señala la iniciativa presentada ayer por la diputada de Morena.
La propuesta obligaría a que las asociaciones informen al SAT y a la Secretaría de Gobernación el monto de los donativos, a desglosar su origen y a precisar el porcentaje que constituye de sus ingresos totales. (Martha Martínez, Reforma, P.p.)
En algunas ciudades ya está dando resultados la estrategia de seguridad. El arranque de 2022, el tercer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha traído esperanza a decenas de municipios, donde la ola de ejecuciones ha comenzado a revertirse.
De acuerdo con las más recientes cifras de homicidios dolosos dadas a conocer por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), 25 de los 50 municipios prioritarios han registrado una disminución de 21 por ciento en promedio.
Así Tijuana, Ciudad Juárez, Celaya, Guadalajara, Culiacán y Chihuahua, donde los tres niveles de gobierno han coordinado tareas conjuntas, han logrado contener la tendencia de crímenes generados por las disputas entre grupos delictivos.
Otro caso de éxito es Cajeme, en Sonora, que desde hace más de 20 años no registraba un solo día sin que nadie muriera a causa del plomo. (Israel Navarro, Milenio, P.p.)
La aportación promedio que ha hecho cada contribuyente al erario público ha disminuido de manera consecutiva desde el 2017, de acuerdo con el análisis realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Tercera Entrega del Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública del 2020.
La “Evaluación de la Política Pública del Sistema Tributario Mexicano”, elaborada por la ASF, detalló que en el periodo comprendido entre el 2010 y el 2020 la aportación promedio del contribuyente ha sufrido una caída de 26% pese al incremento en el padrón de contribuyentes y, desde el 2017, ha mostrado caídas consecutivas.
“Entre el 2010 y el 2020, el número de contribuyentes activos creció 138.3% al pasar de 33.4 millones a 79.7 millones de contribuyentes, mientras que los ingresos tributarios se incrementaron en 74.1%”, señaló la auditoría, quien destacó el constante problema de México de incrementar su recaudación de impuestos como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).
Del 2017 al 2020 el padrón de contribuyentes aumentó 23.3% al pasar de 64.6 millones a 79.7 millones de contribuyentes. En tanto, en el 2016 cada causante aportó al SAT alrededor de 37,714 pesos anuales, monto que disminuyó a 32,550 en el 2017. (Belén Saldívar, El Economista, P.p.)
En enero del año pasado una menor de edad fue violada en calles de Iztapalapa por un individuo cuya detención se logró apenas hace cuatro días.
La menor fue una víctima más de un delito que ha crecido paulatinamente a lo largo de la primera gestión de Clara Brugada al frente de la demarcación, al grado de que de 2019 a 202i registró un incremento de casi 30 por ciento.
De acuerdo con datos del mapa interactivo del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), en 2019 se abrieron 252 carpetas de investigación por este delito; para 2020 la cifra subió a 265 y en el 2021 llegó a 325, es decir 28.9 por ciento más que los dos años anteriores.
Iztapalapa es la alcaldía con la mayor cantidad de carpetas abiertas por violación de las 16 demarcaciones de la capital.
Solo en el último trimestre del año pasado, el delito aumentó en 38 por ciento respecto al mismo periodo de 2020. Entre octubre y diciembre del año pasado se abrieron 90 carpetas de investigación por ese delito en la demarcación, mientras que en los últimos tres meses del 2020 se iniciaron 65 averiguaciones. (Frida Sánchez, La Razón, P.p.)
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas de la Secretaría de Gobernación (Segob) reporta, desde 1964 hasta ayer, 98 mil 190 personas sin localizar en el país, con un aumento de 39 casos diarios en promedio, aunque la cifra podría ser mayor debido a que hay familias que no denuncian por miedo o desconfianza en las autoridades.
El Estado mexicano reconoció una situación grave en las desapariciones, pero también en materia forense y justicia que fue creciendo a partir de 2006, en la administración del expresidente Felipe Calderón, cuando se registró un repunte en la desaparición de personas, fenómeno que permanece hasta hoy.
Aunque en este sexenio la cifra de desaparecidos es mayor comparada con la de las administraciones de los expresidentes Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, eso no significa que actualmente haya más desapariciones, sino que se presentan más denuncias relacionadas incluso con casos de hace cinco, 10 o más años.
La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNBPD) se creó en 2017, pero fue hasta febrero de 2019 cuando Karla Quintana Osuna asumió el cargo de comisionada, que se comenzó a trabajar con un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas y gracias a él, hoy se sabe que las principales víctimas son hombres de entre 20 y 40 años, y mujeres de 15 a 25 años. (Víctor Gamboa y Ariadna García, El Universal, P.p.)
El narcotraficante Héctor Luis “El Güero” Palma Salazar obtuvo un amparo que deja sin efecto la decisión judicial que mandató reponer el procedimiento de delincuencia organizada en su contra el año pasado. El amparo fue concedido a favor de quien se ubica como fundador del Cártel de Guadalajara y podría significar su libertad.
De acuerdo con el magistrado Ricardo Delgado Quiroz, titular del Tercer Tribunal Unitario del Tercer Circuito, reponer el procedimiento contra Palma Salazar, interno actualmente en el penal federal de El Altiplano, Estado de México, afecta sus derechos en razón de que la ampliación de declaración de dos testigos colaboradores —por la que se ordenó la recaptura de Palma— fue declarada desde 2017 y 2018 como agotada debido a que no fue posible llevarlas a cabo.
En un caso porque se declaró ausente al testigo y en el otro por existir una imposibilidad material para desahogar la comparecencia.
De ello, expuso el magistrado, fue enterado el Ministerio Público federal y nunca recurrió a la impugnación de los acuerdos.
De mantener esta circunstancia se prolongaría de forma indefinida y no justificada el proceso contra Palma Salazar, lo que contraviene el principio constitucional de una justicia expedita. (Isabel González Aguirre, Excélsior, P.p.)
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó lo que La Jornada publicó la semana pasada respecto a que funcionarios de Seguridad Alimentaria Mexicana –Segalmex-Liconsa– invirtieron en 2019 y 2020 recursos públicos en valores privados, lo que va en contra de la ley.
En la fiscalización de la cuenta pública 2020, la ASF encontró que Liconsa colocó 850 millones de pesos correspondientes a recursos públicos en certificados bursátiles fiduciarios privados, y que si bien estas inversiones fueron recuperadas por la empresa estatal, no se ha aclarado el destino de más 10 millones de pesos de rendimientos.
Documentos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia señalan además que estas anomalías habían sido reportadas a la Secretaría de la Función Pública (SFP) en diciembre de 2020 por un despacho de auditoría privado.
De acuerdo con el escrutinio de cumplimiento forense 2020-2-08VST-23-0330-2021, mediante la que la ASF revisó la gestión financiera de Liconsa, 850 millones de pesos del presupuesto del organismo fueron invertidos en contravención a los lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las entidades paraestatales federales, publicados por la Secretaría de Hacienda que regulan las inversiones que pueden hacer las entidades públicas.
Los recursos recuperados fueron depositados en las cuentas bancarias de Liconsa como sigue: 30 millones el 23 de septiembre de 2020, 155 millones 225 mil pesos el 17 de diciembre de 2021, 250 millones el 12 de enero de 2022 y 420 millones el 13 de ese mismo mes. (Arturo Sánchez Jiménez, La Jornada, Contraportada)
Con una cobertura en 18 ciudades del país y el potencial para alcanzar a más de 48 millones de personas, Telcel lanzó su red comercial 5G en México, la cual, de acuerdo con sus directivos, representa el despliegue de infraestructura más importante de América Latina.
Con una inversión de mil 800 millones de dólares, se tiene contemplado que la quinta generación de redes móviles –la cual desató el conflicto entre China y Estados Unidos antes de la pandemia de covid– llegue a 120 ciudades del país al finales de este año.
La que se anuncia como la red 5G más grande de América Latina, por el momento deja al margen a Estados Unidos, que durante el gobierno de Donald Trumpo impulsó la iniciativa Clean Network, dado que Telcel adquirirá la infraestructura física con la sueca Ericsson y la china Huawei.
En conferencia de prensa, Daniel Hajj, director general de América Móvil, explicó que en las 18 ciudades donde ya están en operación las antenas de 5G, el servicio se comercializará entre el público de pospago a partir del 28 de febrero. (Dora Villanueva, La Jornada, Contraportada)
El fuerte encarecimiento de productos como limón, aguacate, chile y tortilla ha provocado que el precio de la canasta básica se dispare 14.7 por ciento en la primera quincena de febrero de 2022 respecto de igual periodo de 2021, reveló el más reciente monitoreo de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).
De esta forma, el aumento de precios en los productos de primera necesidad duplica la inflación general del país, que al cierre de enero pasado se ubicó en 7.07 por ciento; además, es casi tres veces superior al punto máximo del objetivo del Banco de México, que es de 4 por ciento.
De esta forma, según la Anpec, una familia mexicana necesita mil 223 pesos para adquirir 38 productos de la canasta básica, cuando un año antes bastaba con mil 66 pesos.
Cuauhtémoc Rivera, presidente del organismo que aglutina a pequeños comercios del país, los cuales tienen contacto directo con los consumidores, enfatizó que en este arranque de año sus agremiados han tenido bajas ventas, dado que la gente no ha recuperado su poder adquisitivo y su consumo sigue estando por debajo de su línea de bienestar. (Braulio Carbajal, La jornada, Contraportada)
El Gobierno de Morelos ha excedido en 73 por ciento el gasto programado para el área de Comunicación Social y Publicidad durante los tres años que Cuauhtémoc Blanco Bravo lleva al frente de la administración.
Además, el gasto en este rubro superó lo que la Secretaría de Obras Públicas ejerció en diversas áreas, como son urbanización y servicios, carreteras y vialidades, oficinas, fomento cultural, promoción deportiva y otras.
Las obras en el área educativa fueron las únicas en las que superó el monto de Comunicación Social, ya que en los tres años de la administración se ejercieron 693 millones de pesos.
De acuerdo con información compartida a La Razón por el Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas, el Gobierno estatal había programado 279 millones de pesos para Comunicación Social del 2019 a 2021; sin embargo, durante estos años la suma gastada fue de 483 millones, es decir, 204 más. (Yulia Bonilla, La Razón, P.p.)
A quienes tomen casetas de cobro en las autopistas se les va a imponer una sanción, desde tres meses hasta siete años de prisión y una multa de entre nueve mil 622 a 48 mil 110 pesos, de acuerdo con la reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación.
Con su ajuste documentado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), esta reforma entra en vigor hoy, un día después de su publicación.
Además, el artículo 533 de esta ley deja en claro que las sanciones y multas son para quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicaciones o los medios de transporte o incluso, hasta la construcción de dichas infraestructuras.
El artículo previo, si bien contenía ya multas del doble de cantidad y prisión de dos a nueve años, ahora especifica que los castigos serán también para quienes obtengan un lucro, interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje, total o parcialmente, o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte.
La Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial (AMCIV) apunta que este fenómeno dejó pérdidas a los operadores de autopistas, entre 2020 y 2021, por siete mil millones de pesos. (Everardo Martínez, El Heraldo de México, Ocho Columnas)