Durante varios años el principal flujo de migración hacia Estados Unidos estuvo compuesto por mexicanos de prácticamente todos las entidades de la República, pero en años recientes su número se redujo y se vieron rebasados por migrantes centroamericanos, lo que tal vez hablaba de alguna mejora en las condiciones de vida en territorio mexicano y que a sus habitantes les hacía ya poco necesario tratar de buscar oportunidades de ese lado de la frontera.
Parte de la razón fue sin duda el recrudecimiento de la política antiinmigrante que se dio en Estados Unidos con la llegada de Donald Trump al poder de esa nación en 2017.
Pero ahora, una vez con el cambio de gobierno en Estados Unidos y el ascenso del demócrata Joe Biden, aunado a una doble crisis motivada por los efectos de la pandemia de Covid-19 y la inseguridad en ya varias regiones de México por el control que ejercen los grupos del crimen organizado, los mexicanos en ruta hacia el norte del continente vuelven a ser el flujo más abundante de migración hacia el territorio estadounidense y en menor medida hacia el canadiense.
Hasta enero pasado y en tan solo cuatro meses, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos reportó la detención de más de 241 mil mexicanos que intentaron cruzar sin documentos hacia el territorio norteamericano. Esta cantidad representa un incremento de 41% con respecto al mismo periodo pero de 2020-2021. Además, llamó la atención que de entre ellos, más de 25 mil eran menores de edad que intentaron ingresar solos, lo que significa un alarmante aumento de más de 57% hacia lo registrado un año atrás, lo que tal vez se explique por el cierre de escuelas a raíz de la pandemia, el desempleo, las sequías e inundaciones y la presión de los cárteles que buscan reclutarlos y los obligan a huir del país.
Este fenómeno habla de una doble incapacidad del Estado tanto para generar empleo como para hacerles frente a las organizaciones criminales que están desplazando a comunidades enteras de sus lugares de residencia.
Por lo anterior, resulta indudable que solo será posible retenerlos si se mejoran las condiciones económicas del país, si se crean oportunidades tanto para el empleo como para la inversión, y sobre todo si el Estado también garantiza la seguridad y tranquilidad de la población. (El Universal, Opinión, p. 14)
*Ajuste migratorio desde Segob
En una acción para hacer frente a la migración irregular, nos comentan, el Gobierno de México dio marcha atrás a la decisión de suprimir la obligación de que los ciudadanos de Ecuador presenten visa para entrar en el país. Y es que las autoridades migratorias encontraron que se estaba haciendo un uso irregular de esa disposición y se había detectado un aumento sustancial de personas de ese país que entraron a México a realizar actividades distintas a las que habían reportado. “Se continúa observando algunas declaraciones falsas… y la identificación de algunos delitos asociados a la movilidad internacional de personas, lo cual refleja un uso inadecuado de la visa mexicana con distintos impactos”, refirió la Secretaría de Gobernación, a cargo de Adán Augusto López. (La Razón, La 2, p.2)
El muro imaginario de Berlín
En una posición difícil dejó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a algunos opinadores afines a la causa oficial que se manifestaron —antes de que México condenara la invasión— en defensa de la incursión rusa. Nos hacen ver que antes y durante el anuncio del “operativo militar” iniciado el 24 de febrero, dichos opinadores justificaron la posición de Vladimir Putin ante el conflicto; pero una vez que el canciller Marcelo Ebrard hizo oficial que el gobierno mexicano condenaba la acción rusa, los promotores de la verdad oficial se quedaron en silencio sobre la pugna internacional o tuvieron que hacer maromas para elogiar la posición por su neutralidad, en vez de reconocer la dureza de las expresiones, para no tener que contradecirse a sí mismos. En cualquier caso, otra sorpresa de los últimos días fue ver que en la izquierda todavía hay a quien le cuesta trabajo entender que el mundo de hoy ya no es bipolar; es muy diferente al de 1989. El muro de Berlín cayó, pero vive en muchas cabezas.
México ante la ONU
Nos comentan que dejó un buen sabor de boca entre los asistentes al Consejo de Seguridad de la ONU, en Nueva York, la posición de México frente al conflicto en Ucrania. “Estamos ante la invasión de un país soberano por parte de otro”, dijo el embajador ante Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente. “Llamamos a las partes al cese inmediato de las hostilidades”, añadió. Junto con el voto a favor de condenar la invasión, la claridad de México contrastó con el de otras naciones cuya orientación ideológica se mezcló en la toma de decisiones. (El Universal, La 2, p.2)
Que la evacuación de mexicanos de Ucrania removió rencores cuando Jorge Guajardo, ex embajador de México en China, cuestionó en redes “por qué diablos no se salieron antes” los compatriotas solo para responderse: “Luego me acuerdo de que la embajada les dijo que no era necesario salirse y pues quizá por eso”. El actual jefe de la oficina de Marcelo Ebrard, Daniel Millán, no dejó pasar el tuit y dijo que “la aseveración es falsa”, pues desde la semana pasada la sede mexicana en Kiev rescató a paisanos, los resguardó varios días en Ivano-Frankivsk y ayer los trasladó a Rumania. (Milenio, Al Frente, p.2)
Firme posicionamiento. El canciller Marcelo Ebrard lo anticipó, que sería difícil que México apoyara una respuesta bélica. Reiteró que nuestro país mantendrá su posición para resolver el conflicto mediante el diálogo. Oficialmente el gobierno mexicano condenó “enérgicamente” la invasión que emprendió Rusia a Ucrania. Ebrard aseguró que esta postura es la que asume la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador a nivel diplomático, luego de la ofensiva militar emprendida por el presidente Vladimir Putin. “Nuestra orientación principal es rechazar el uso de la fuerza y condenar enérgicamente la presencia de fuerzas de la Federación Rusa en territorio de Ucrania”, expuso. El tono es importante; para que se escuche. Para encontrar la paz. (Excélsior, Nacional, p.11)
Una reforma migratoria que permita regularizar entre 8.5 y 12 millones de indocumentados, después de cumplir con un conjunto de requisitos, ha sido un espejismo, promesas incumplidas que los proponentes, sean demócratas o republicanos, han utilizado para convertirlos en votos en todo lo que va del siglo. Una rápida revisión permite comprobar que el ir y venir de las discusiones en el Congreso sobre una posible reforma migratoria genera enormes expectativas, pero con pocos visos de hacerse realidad.
Cuando el republicano George W. Bush, entre 2006-2007, propuso una reforma migratoria el Congreso insistió que antes se tenía que reforzar la frontera. Por tanto, se incrementaron los integrantes de la Patrulla Fronteriza, se construyeron 600 kilómetros de muro fronterizo, se instalaron 70 radares y cámaras y se otorgó a las autoridades migratorias nuevas funciones para detener migrantes. Sin embargo, nada sirvió y la posibilidad de una reforma se detuvo. Llegó Barak Obama decidido a reparar un sistema migratorio fracturado, para lo cual trabajó un grupo de ocho legisladores, cuatro demócratas y cuatro republicanos e hicieron una propuesta de reforma migratoria. Se votó y aprobó en el Senado, con 68 votos a favor y 32 en contra, el 27 de junio de 2013. Pero al pasar a la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, fue votada en contra, argumentando que las deportaciones eran insuficientes, cuando la administración de Obama fue la que más utilizó este inhumano mecanismo en la historia reciente.
Joseph Biden presentó el proyecto denominado US Citizenship Act of 2021 que ha sufrido la misma suerte, la oposición republicana simplemente no la acepta. La otra propuesta Build Back Better (Reconstuir mejor), presentó en septiembre 2021 un gigantesco proyecto de ley de gasto social que plantea incluir a unos 6.5 millones de migrantes sin autorización que residen en el país desde 2010 y puedan solicitar permisos de trabajo temporales. Se encuentra estancada en el Senado, es más, la parlamentaria Elizabeth MacDonough señaló que los elementos de reforma migratoria contenidos en el paquete deben quitarse porque violan las leyes.
La congresista por Florida, María Elvira Salazar presentó el proyecto de ley para otorgar residencia legal a millones de indocumentados a partir del proyecto Programa Dignidad, cuyos requisitos son el pago de una multa de 10 mil dólares a pagar en 10 años, pago de impuestos y cuota para la seguridad y podrían ser residentes legales con posibilidad de obtener la ciudadanía en un futuro. Han señalado que la congresista simplemente busca votos en la medida en que ni remotamente será aceptada su propuesta.
¿Cómo explicar esta renuencia cuando las condiciones demográficas del envejecimiento poblacional que sufre Estados Unidos generan dificultades para satisfacer demandas laborales y continuar con sus proyectos de desarrollo? La estrategia es más o menos clara. Se mantiene a cerca de 12 millones de trabajadores en un marco de alta vulnerabilidad y en el limbo jurídico que permite retirarlos o incorporarlos al mercado laboral en función de los requerimientos de ganancia de los empresarios, y lo importante sin la obligación de otorgarles ningún derecho laboral. No es extraño que los migrantes presenten las más altas tasas de desempleo en momentos de crisis. Si estos trabajadores recibieran la residencia permanente o la ciudadanía podrían ejercer sus derechos laborales, y los empresarios se sentirían afectados en sus intereses, en la medida en que buscan máximos beneficios. Pero, poner a la discusión la posibilidad de la reforma migratoria, sin duda genera expectativas de alcanzarla todo lo cual genera votos para quienes la proponen. Todas estas manifestaciones han servido, al mismo tiempo, para oscurecer la realidad de los trabajadores en general y en particular de los migrantes cuyos salarios reales han tenido una tendencia a la baja en las décadas recientes.
Lo anterior se relaciona con la estrategia neoliberal cuyo objetivo ha sido dividir a los trabajadores, permitiendo generar las condiciones para que un pequeño grupo de poderosos se adueñen de la riqueza mundial. Revertir las decisiones cupulares que afecta a todos los trabajadores, sean nativos, migrantes, indocumentados o legales requiere unificarse bajo una misma agenda social que supere esa división ficticia para poder eliminar tan obscenas condiciones de desigualdad. (Ana María Aragonés, La Jornada, Opinión, p.15)