Las instituciones financieras aumentan el cierre de operaciones en y con Rusia ante la invasión de Ucrania, y este fin de semana Mastercard, American Express y Visa suspendieron sus servicios de red. Las tarjetas emitidas por bancos rusos con esas marcas ya no funcionarán en comercios o cajeros automáticos internos ni en el extranjero; tampoco servirán las emitidas en cualquier parte del mundo que quieran usarse en Rusia.
El apretón de tuercas también se verá en el combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) prepara informes especiales sobre lavado de dinero por tráfico de migrantes (aquí se incluirá a México), y deficiencias severas sobre el mismo tema en el sector inmobiliario.
De acuerdo con GAFI, millones de migrantes que “buscan escapar de los conflictos regionales, la inestabilidad política, la persecución y la pobreza en busca de un futuro mejor” arriesgan sus vidas a manos de traficantes de personas; se estima que los ingresos generados superan los 10 mil millones de dólares por año. “Si bien este negocio criminal se ha expandido, muchos países no lo consideran un delito de alto riesgo por lavado de dinero y los flujos financieros asociados rara vez se investigan”, aunque incluyen negocios legítimos como tiendas, agencias de viajes y empresas de transporte.
Destacó que en el sector “tienen un nivel deficiente de comprensión de los riesgos” en este tipo de ilícitos. Los delincuentes lo utilizan para asegurar la residencia y/o la ciudadanía, transmitir respetabilidad social o “simplemente proporcionar un bien de beneficio material disponible de inmediato. Se ha documentado que las redes criminales compran bienes raíces para su uso como casas de suministro, o como un lugar para cultivar, fabricar o distribuir narcóticos”.
En muchas jurisdicciones “los medios para determinar información adecuada, precisa y actualizada sobre los beneficiarios reales detrás de las transacciones de bienes raíces son pocos y, en algunos casos, no hay un requisito para recopilar esta información. Esto permite a los delincuentes abusar de las personas jurídicas y los acuerdos, como las empresas ficticias y los fideicomisos, para ocultar su participación en cualquier actividad de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo”.
Cuarto de junto
La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, que preside David Gutiérrez Muguerza, apoyó a Concamin en su preocupación por los anuncios de la Secretaría de Economía a favor de un TLC con Corea… Bajo la presidencia de Enrique Guillén en Canacintra se recibieron 12 millones de pesos para impulsar a mipymes, y hasta ahora no se ha justificado el uso de recursos; se presumen desvíos para fines personales y ya hay investigación oficial. (J. Jesús Rangel M., Milenio, Negocios, p. 18)
La semana anterior tuve la oportunidad de asistir como invitado especial a la Segunda Asamblea Nacional Ordinaria de la Asociación Nacional de Legisladores 4T. Estuvieron senadores, diputados federales y locales de Morena. Además, representantes de los Congresos de algunos estados como Aguascalientes, Campeche, Colima, Quintana Roo, Hidalgo y Veracruz. En el evento, Mario Delgado reafirmó el compromiso del partido para luchar por la defensa del bien común.
El evento tuvo como invitado especial al expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, uno de los líderes más importantes de la izquierda latinoamericana, quién compartió su experiencia cuando fue opositor, y en su mandato como presidente. Su visita a México es importante para fortalecer el progresismo en América, ya que siempre será necesario conocer las experiencias de una figura, que desde sus inicios como líder sindical demostró compromiso hacia los más pobres.
Una buena noticia durante su visita fue que la Corte Suprema de Brasil anuló la última acción penal en su contra, por lo que podrá competir en las elecciones en octubre. Dijo que ha advertido un retroceso en el bienestar social en su país, por lo que tomará la decisión si se presenta a las elecciones en este mes. Las encuestas lo colocan como puntero.
En su mandato se crearon 15 millones de empleos y el salario mínimo subió 54 por ciento en términos reales, lo que permitió que 28 millones de brasileños salieran de la pobreza. Con su programa Hambre Cero (Fome Zero) garantizó el acceso a productos alimenticios básicos, para superar la situación de millones de brasileños; en su primer mandato, la desnutrición infantil bajó 46 por ciento; aumentó la inversión en educación de 13 mil a 32 mil millones de dólares, por lo que cerró su segundo mandato con 80 por ciento de aprobación.
En su visita al país, el exmandatario hizo una advertencia a partir de su experiencia de la cual Morena habría de tomar nota. Por ser el partido gobernante va a ser muy atacado y no les van a dar tregua. Tendrá muchas críticas y ataques, ya que las grandes élites no quieren una política de bienestar social, de la misma forma que ocurrió con el PT brasileño, organización a la que pertenece. Para refrendar el compromiso, Morena y el PT de Brasil firmaron un acuerdo de colaboración para impulsar la transformación democrática a través de la unidad.
En los últimos años la izquierda que ha tenido a Gabriel Boric, en Chile; a Xiomara Castro, en Honduras, y a Pedro Castillo, en Perú, a representantes del giro progresista, por lo que un triunfo de Lula en Brasil en las elecciones daría un nuevo impulso a la región, para convertir a Latinoamérica en un gran bloque con una relevante presencia internacional.
Según Lula, la inmigración terminará cuando no haya guerras y cuando haya inversiones, empleos y programas sociales en países pobres. Algo que comparte con lo expresado por el presidente López Obrador, quién ha reiterado que es necesario atender las causas de la migración. (Arturo Ávila Anaya, El Heraldo de México, Merk-2, p. 23)
“Estamos de acuerdo con muchas de las prioridades del presidente López Obrador, como la desigualdad, la pobreza y la corrupción. Tenemos una causa común con AMLO. En lo que estamos en desacuerdo es en las respuestas”, dijo Juan González, encargado de temas latinoamericanos en el Consejo Nacional de Seguridad estadounidense.
El señalamiento como tal no es nuevo. Durante décadas, el mantra de las relaciones entre Estados Unidos y México ha sido el de “estar de acuerdo en estar en desacuerdo” literalmente en todo para trabajar soluciones a partir de esa consideración.
Rara vez los desacuerdos habían sido tan amplios y complicados por factores de política doméstica en ambos países.
En ese sentido, dos señalamientos hechos la semana pasada, un editorial del diario La Opinión de Los Ángeles en torno a los periodistas muertos en México y una crítica del senador Robert Menéndez a la posición mexicana sobre la invasión de Ucrania por tropas rusas, ilustraron y de hecho acentuaron las complicaciones que encuentra el gobierno del presidente López Obrador en su relación con Estados Unidos.
El texto de La Opinión, el más importante y antiguo diario en español de EEUU, expresa solidaridad con las demandas de seguridad de los informadores y critica la impunidad de los responsables, ha sido reproducido en más de una docena de publicaciones por periodistas profesionales.
La puntualización se agrega a los reportes sobre violencia y aparente incapacidad gubernamental para controlar grupos de crimen organizado en diversas partes del país, que ya han causado tanto la preocupación gubernamental estadounidense, como denuncias de grupos de derechos humanos y feministas.
Y se suman a grupos empresariales que creen que serán afectados por las políticas del gobierno mexicano. Para Menéndez, México “se está poniendo de parte del opresor, que es (Vladimir) Putin”. Y más aún, afirmó, “No me sorprende”.
La declaración sería simplemente interesante si no fuera porque Menéndez es demócrata, preside actualmente el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU y teóricamente sería un aliado del presidente Joe Biden en la defensa de las relaciones con México. De hecho, el gobierno del presidente López Obrador sólo parece tener un aliado en Washington: la Casa Blanca del presidente Biden.
Pero de acuerdo con versiones en Washington, algunos componentes del gobierno Biden son cada vez menos entusiastas, aunque la importancia de la vecindad y el interés en evitar un México desestabilizado, emisor de migrantes, sería su principal preocupación. Y de hecho, hay interés en mantener abiertos los canales con López Obrador.
Para complicar más las cosas, hay quienes en la derecha estadounidense, como Donald Trump, se han preguntado sobre la posibilidad de militarizar la frontera y en imitación del ejemplo ruso en Ucrania, intervenir directamente en México para prevenir migración y narcotráfico.
Son, como dice la maldición china, “tiempos interesantes”. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 30)
Hay un país que invade a otros y mata a civiles en violación del derecho internacional y ha declarado repetidamente que usará toda su fuerza militar, incluido su armamento nuclear que está modernizando, para defender sus intereses de seguridad nacional.
Ha sido denunciado repetidamente por interferir en los asuntos político-electorales de varios países, incluso los de su principal contrincante.
Es un país que militarizó fronteras y considera como amenaza a países en su región que no se subordinan a su visión geopolítica. Sus políticas causan desplazamientos y éxodos de migrantes y refugiados, los cuales ahora mismo están buscando desesperadamente cruzar fronteras.
En el pasado sus fuerzas armadas se vieron obligadas a retirarse rápidamente de Afganistán, mientras en casa padeció crisis económicas, fraudes masivos y el deterioro de los derechos y las libertades civiles.
Es un país con una cúpula política que es cómplice de algunos de los oligarcas más ricos del mundo y de gobernantes antidemocráticos de varias naciones aliadas.
Ha sido denunciado por perseguir a periodistas, disidentes y ex oficiales que no son leales a su cúpula a veces declarándolos enemigos del pueblo.
Ese país mantiene un sistema carcelario masivo que ha sido repetidamente criticado por su brutalidad, incluso en el trato de presos políticos.
Aparentemente por su gran paranoia, ha espiado masivamente a toda su población.
Ha sido acusado de violaciones severas de derechos humanos dentro de su propio país como en el extranjero, ha financiado y armado a regímenes aliados y hasta ordenado asesinatos en varias partes del mundo.
Es un país donde se suprime la participación libre en la política, cuyas fuerzas de seguridad pública se han militarizado y han sido empleadas en repetidas represiones de movimientos civiles.
Y resulta que ese mismo país se atreve a pedir cuentas a otro.
Estamos viendo reportes muy creíbles de ataques deliberados contra civiles, lo cual constituye un crimen de guerra, declaró el secretario de Estado Tony Blinken en CNN. Invadir un país es un crimen de guerra, confirmó la ex canciller Condoleezza Rice. Joe Biden denuncia que Rusia ha librado una guerra totalmente no provocada. Todos ellos han de saber. Hicieron todos lo mismo en el caso de Irak e Afganistán, entre otros.
En la llamada guerra contra el terror librada en esos países, así como en Siria, Pakistán y Yemen, han muerto por causas directas del conflicto por lo menos 900 mil personas –casi 400 mil de ellas civiles– y los efectos indirectos de esas guerras han cobrado múltiples muertes más; o sea, millones. (https://watson.brown.edu/costsofwar/figures/2021/WarDeathToll ).
Estados Unidos ha empleado sus fuerzas armadas en el extranjero cientos de veces durante los últimos dos siglos (para ver la lista completa: https://sgp.fas.org/crs/natsec/R42738.pdf), además de decenas de instancias de intervenciones clandestinas. Entre 1898 y 1994 Washington intervino exitosamente para cambiar regímenes en América Latina por lo menos 41 veces; en promedio una intervención cada 28 meses durante todo un siglo (https://revista.drclas.harvard.edu/united-states-interventions/).
Biden afirmó que el mundo libre le pide cuentas a Putin. Pero los gobernantes estadunidenses aún no rinden cuentas por sus invasiones e intervenciones ni por violar los derechos y libertades civiles dentro de su país, ni por dejar a Estados Unidos en una situación en la cual la sobrevivencia de nuestra democracia depende de si nos unimos para frenar una oligarquía creciente, como alerta el senador Bernie Sanders.
Toda guerra, intervención y violación de derechos humanos, incluida la librada por Rusia, debe y tiene que ser condenada.
Estados Unidos dice desear ser líder mundial a través de su ejemplo. Tal vez podría empezar con autoimponerse sanciones por su responsabilidad en crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos –y hasta incautar yates de sus propios oligarcas– o por lo menos, mínimo, no presentarse como juez sin verse primero en un espejo. (David Brooks, La Jornada, Mundo, p. 27)
Mikel Arriola Peñalosa tiene encima el mayor proyecto de su carrera profesional. La manera en que lo resuelva impactará las relaciones y las interacciones de las multitudes congregadas por el futbol profesional en México y, lo que es peor, sus resultados pueden dar pie a la exportación del modelo a otras interacciones sociales. Tengan por seguro que, considerando el historial discursivo de Arriola, sus propuestas de solución no serán las más apegadas a la protección de los derechos humanos y comenzaremos con una invasión a la privacidad y al derecho de protección de datos personales.
Los hechos de violencia extrema registrados durante el partido entre Gallos de Querétaro y Atlas de Guadalajara, el sábado 5 de marzo de 2022, serán la justificación de un enorme experimento social de vigilancia y control en el futbol que incorporará dispositivos tecnológicos de videovigilancia, reconocimiento facial e inteligencia artificial.
Todo, con el consentimiento de una audiencia que quiere ver sangre. No basta con la que vimos el sábado, lo que sigue son las represalias de un Estado que ha perdido el control y que hará todo por hacer notar que algo le queda.
Como sociedad nos duele la violencia extrema del estadio La Corregidora de Querétaro porque los estadios se suponían todavía lugares “neutrales” en nuestra historia reciente de violencia y crueldad. Una neutralidad que de repente se rompía, pero que seguía siendo un espacio de encuentro familiar. Nos identificamos con las víctimas y las familias aterrorizadas porque “son como nosotros”, a diferencia de las víctimas de otras violencias de crueldad extrema, como las del fusilamiento de San José de Gracia o las recurrentes masacres de migrantes. Estas víctimas no son como nosotros: viven en barrios depauperados, en comunidades periféricas, son extranjeros del Sur.
Por eso la violencia del sábado permitirá los excesos punitivistas y de disciplinamiento institucional, llámese de un Estado o de la corporación privada. Ejemplos existen, como el que se desarrolla en el estadio Nemesio Díez de Toluca, Estado de México, donde un sistema de videovigilancia y reconocimiento facial de la empresa privada Seguritech recopila y analiza los datos personales biométricos de todos los asistentes al estadio desde 2017 sin consentimiento de sus titulares.
Ahora tocará directamente a Arriola diseñar las medidas preventivas y correctivas, una tarea justo a su medida y acorde con algunas páginas de su currículum como persona pública, como político profesional.
Como efímero como director del Instituto Mexicano del Seguro Social (2016-2018), Arriola encabezó una cruzada moral contra un par de doctoras residentes que se equivocaron al exhibir el miembro amputado de un paciente en sus redes sociales. Bastaba con la aplicación de las normas correctivas y sancionatorias, pero Arriola quiso linchar a las doctoras también en los medios. Al final, como buen político, Arriola dejó el puesto antes de que llegaran los coscorrones de los tribunales: el IMSS tuvo que restituir salarios y reconocer que juzgó sin perspectiva de género (entre otras arbitrariedades de la justicia de Arriola, en el caso también estuvo involucrado un varón, pero a él nunca se le persiguió).
Como candidato de ultraderecha nominado por el PRI para gobernar la Ciudad de México, Arriola abrazó la agenda antiderechos, invocando a un electorado en contra del matrimonio igualitario, a favor de un concepto de familia tradicional y en contra de la interrupción legal del embarazo y la despenalización de la mariguana.
Y desde hace unas semanas, como representante de la Liga MX, Arriola impulsa un sistema de fichaje de los aficionados que acuden a los partidos de la Selección Mexicana, considerándolos a todos como presuntos futuros infractores de hacer el grito prohibido de “¡Puto!”.
La solución de Arriola para crear un ambiente sin gritos homofóbicos fue fichar a todos los aficionados, exigiendo una serie de datos personales que permitan identificar con precisión a las personas y también entregarles publicidad personalizada, pues el aviso de privacidad de la Liga MX sigue considerando el registro para acciones mercadológicas. Ganar-ganar, que le dicen.
Arriola no es la persona adecuada para la tarea, pero le tocará encabezarla en un momento de shock social que le permitirá aplicar casi cualquier cosa. Vienen tiempos todavía más oscuros. (José Soto Galindo, El Economista, p. 41)