Quieren bono
En lo que va del año, el Instituto Nacional de Migración ha detenido a 73 mil 34 migrantes, tan sólo en 2021 detuvo a 228 mil 115 migrantes, lo que quiere decir que se han detenido en poco más de dos meses al 32% de lo que se detuvo en 2021. Ya algunos dicen que este año la migración va a cerrar con cifras históricas, como si buscaran un bono por detener cada vez a más. ¿Será? (24 horas, La 2, p.2)
A la sombra del brutal debate político estadounidense, comenzaron los trabajos de la primera cadena de radio conservadora en español de los Estados Unidos.
Que la nueva red, llamada “Americano” tenga base en Miami no puede ser una sorpresa y que tenga como meta consolidar la tendencia a la derecha entre hispano-parlantes no es accidente. El grupo parte de la base de que hay una audiencia real, reflejada en casi 32 por ciento de los hispanos que votaron por Donald Trump en las elecciones de 2020.
En parte, el voto latino por Trump fue influenciado por la llegada de inmigrantes y refugiados de Centroamérica y especialmente de Venezuela, y en parte por la propia situación de los latinos en los Estados Unidos.
Para muchos analistas, los latinos tienen una afinidad natural por los republicanos, como resultado del conservadurismo y la religiosidad en la cultura hispana. Pero al mismo tiempo, el trato que reciben en los Estados Unidos los empuja a las posiciones liberales, más inclusivas racial y culturalmente.
El resultado es que prácticamente dos tercios de los latinos vota por los demócratas.
Es en ese marco que surge la empresa radial, impulsada por veteranos de la campaña de Trump y vinculada con intereses republicanos en Florida, donde por 60 años ha habido un continuo impacto de exiliados de origen cubano, centroamericano –en especial nicaraguense– y venezolano. Pero no son los únicos. En Texas, por ejemplo, regiones donde latinos son considerados como tradicionalmente demócratas, registraron un incremento de votos republicanos.
“Si se nos considera demócratas naturales o republicanos naturales, se nos está subestimando como pensadores políticos”, señala Geraldo Cadava, profesor en la Northwestern University y autor de The Hispanic Republican: The Shaping of an American Political Identity, from Nixon to Trump (El Hispano Republicano; la conformación de una identidad política estadounidense de Nixon a Trump).
De acuerdo con la cadena NBC, los demócratas atribuyen las ganancias de Trump, tanto a lo que consideran como “una avalancha de desinformación en español en el periodo previo a las elecciones de 2020”, aunque dicen que, sin embargo, perdió votantes hispanos por márgenes de dos dígitos en todo el país. Lo tradicional es que alrededor de un tercio de los latinos vota consistentemente por los republicanos.
Parte podría ser también por orígenes nacionales. De los 65 millones de latinos que se estima viven en los Estados Unidos, 60 por ciento son de origen mexicano, un grupo que ha sido consistentemente golpeado por los republicanos.
Pero eso no explica el éxito de Trump en municipios de Texas fronterizos con México, con intereses muy distintos a los de los cubanos, centroamericanos o sudamericanos en Florida.
Pero al mismo tiempo, no se puede subestimar el posible impacto de una cadena radial específicamente orientada a difundir ideas y tesis conservadoras. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p.27)
El nombre es tan ambiguo que, si uno no tiene el contexto, todo lo que produzca puede parecer distante o poco relevante. Pero la denuncia de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos este martes no es para echar en saco roto. En su reporte anual sobre la evaluación de amenazas para Estados Unidos, coloca por primera vez a los cárteles de las drogas mexicanos al nivel de peligrosidad y riesgo de las organizaciones terroristas Al Qaeda y Estado Islámico, y recoge lo que se denunció el año pasado en México y fue soslayado por las autoridades: la participación directa del crimen organizado en los procesos electorales y su crecimiento, el cual les permite financiar la compra del Estado mexicano, si no se les pone un alto.
La Comunidad de Inteligencia la componen 18 organizaciones civiles y militares, además de oficinas específicas en otras siete dependencias, que recopilan información en el mundo y desde el espacio para que el presidente de Estados Unidos tome decisiones de política pública. Opera bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Inteligencia, que se encuentra dentro de la Casa Blanca, donde revisan las evaluaciones de todos los miembros, cruzan la información y miden su impacto a la seguridad nacional, y producen un reporte desclasificado que no sólo sirve como mapa de riesgos, sino como mensaje para aquéllos que están en posiciones de hacer y no están haciendo nada.
En el caso mexicano, la evaluación señala que en “las batallas por las plazas entre las OCT (organizaciones criminales trasnacionales) mexicanas para controlar las rutas de las drogas y territorios, hay resultado en tasas sólidas y altas desde 2018, que son cuatro veces la tasa de homicidios en Estados Unidos”, contradiciendo las declaraciones oficiales de que se han contenido los asesinatos dolosos y que hay una tendencia a la baja. “En algunas partes de México”, agrega la Comunidad de Inteligencia en la parte más ominosa de su evaluación, “las OCT están usando miles de millones de dólares de las ganancias de la droga para intimidar políticos e influenciar elecciones, así como para reclutar a combatientes capaces de confrontar directamente a las fuerzas de seguridad del gobierno”.
Está muy claro lo que le están diciendo al gobierno de México. Los cárteles de las drogas están conquistando territorio y se están involucrando en la política electoral para decidir quién gobierna qué para que responda a sus intereses, no mediante la vieja práctica de plata o plomo, sino como parte orgánica del crimen organizado. Los políticos, como hay casos en estados como Sonora, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Zacatecas o Veracruz, no tienen opción, porque no hay un Estado mexicano que pueda blindarlos y defenderlos. Hay alcaldes que cuando han recibido las propuestas de nombrar a militares como responsables de la seguridad, responden que no pueden hacerlo porque tienen más miedo a los jefes de los cárteles que a los jefes de las Fuerzas Armadas.
El Estado mexicano, no sólo el gobierno federal, ha perdido la batalla contra los cárteles de las drogas por omisión, la mayor parte de las veces, o porque las alertas que dentro de las instituciones se han levantado sobre la penetración del narcotráfico en el sistema político han sido desatendidas. Tampoco parece haber un diagnóstico certero, o deliberadamente insuficiente, para entender la nueva realidad del negocio de las drogas. El mejor ejemplo de ello es lo que sucedió como externalidad con las megaobras del Tren Maya y el Canal Interoceánico, que hizo voltear los ojos a los cárteles de las drogas hacia el sur del país.
Durante décadas, el sur del país no significó un territorio que necesitaran controlar, porque la droga que entraba por la frontera con Guatemala o por las playas de Oaxaca no alteraba la escala del negocio. Por esa razón, visto de manera somera, el número de homicidios dolosos vinculados al crimen organizado era irrelevante frente a la tasa en el centro y el norte del país, donde entre más cercanía había con Estados Unidos, el principal mercado de consumo de las drogas mexicanas, más difícil y costoso introducirlo, pero también más lucrativo el negocio.
Las megaobras presidenciales en este sexenio cambiaron el statu quo. El narcotráfico es un negocio, y para que funcione requiere de buena logística y transporte. El Tren Maya y el Canal Interoceánico son un sueño que los cárteles no habían imaginado: la posibilidad de mover fentanilo y precursores químicos de China, la India o los superlaboratorios en Jalisco, a través de una ruta de 200 kilómetros al golfo de México, que les permitirá surtir todo el este de la Unión Americana con rapidez y menor costo. El Tren Maya le abrirá la puerta a Cancún, por donde, en palabras de militares, “entra todo”, desde drogas que llegan de Colombia, Venezuela y Perú, hasta eslavas y sudamericanas para la trata, que podrán moverse fácilmente hacia el centro del país.
Los cárteles ya no necesitan de protección policial o judicial, sino de un andamiaje orgánico. Los miles de millones de dólares que inyectan a las campañas y que, de acuerdo con la evaluación, se incrementarán, les permitirán tener toda la cadena ilegal y legal para esos fines. En algunos municipios esto ya opera. En Valle de Bravo, por ejemplo, no hay construcción que pueda llegar al final si los materiales no los abastecen las empresas que controla La Familia Michoacana. En la zona del istmo de Tehuantepec y en Los Altos de Chiapas, la guerra es entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
El Presidente debe hacer algo, aunque mantenga públicamente el discurso de abrazos no balazos. De otra forma, la advertencia enviada desde Washington de que México camina hacia un Estado controlado por el narcotráfico, podría cobrar forma con otro tipo de presión. Quizá no lo crea, pero 3 mil 200 kilómetros de frontera común con los cárteles tomando las decisiones en México, es algo que definitivamente no van a permitir. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, p.32)
IMPACTO EN TURISMO
Desde luego, el turismo es uno de los sectores afectados por la guerra en Ucrania. Ante el temor de represalias nucleares, se han registrado cancelaciones de viajes a Europa, Turquía y Oriente Medio, y el incremento en los precios de la turbosina eleva los costos de los boletos, cuando apenas comenzaba a repuntar la demanda después de la pandemia y se abrió la esperanza de que, gradualmente, todos los países levantaran sus restricciones, como exigir comprobantes de vacunación y que, además, fueran sólo vacunas aceptadas por la OMS, que, por cierto, no ha reconocido aún la Sputnik.
En el caso de México, de acuerdo con un reporte de Cicotur Anáhuac, hay resultados mixtos, porque se incrementó en 1.1% la llegada de pasajeros internacionales a Cancún al cierre del primer bimestre de este año, creció 2.4% en Los Cabos, pero retrocedió 21.3% en Puerto Vallarta. (Maricarmen Cortes, Excélsior, Finanzas, p.4)