Con la firma de un memorando de entendimiento entre los gobernadores de Texas, Greg Abbott, y Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, ayer se puso fin a la crisis abierta por la política del primero de inspeccionar todos los camiones de carga y pasajeros que cruzan por cuatro pasos fronterizos entre nuestra nación y esa entidad estadunidense. El jueves, Abbott ya había llegado a acuerdos similares con sus homólogos de Chihuahua y Coahuila, María Eugenia Campos y Miguel Ángel Riquelme, y un día antes con el mandatario de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, en los que éstos se comprometen a reforzar el combate al tráfico de drogas y migrantes.
El pasado 6 de abril, el gobernador republicano anunció que, con fines de contención migratoria, todo el flujo comercial proveniente de México sería sometido a inspecciones de funcionarios estatales después de pasar por una inspección federal en los puertos de entrada. Dicha disposición derivó en gravísimos retrasos en el traslado de mercancías, con tiempos de espera de hasta 20 horas, y en una caída de 70 por ciento en el flujo comercial. A modo de ejemplo, el cruce Reynosa-Pharr (el mayor puerto terrestre para el ingreso de verduras a Estados Unidos) pasó de despachar 3 mil camiones por día a sólo entre 500 y 700 unidades por jornada. De acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el cambio de inspecciones aleatorias a totales causó sobrecostos operativos que se estiman en hasta 8 millones de dólares diarios y amenazó con colapsar el comercio internacional transfronterizo. Debe considerarse que, aunque México comparte frontera con California, Arizona, Nuevo México y Texas, cerca de 70 por ciento de los camiones de carga que ingresan a Estados Unidos lo hacen por esta última entidad.
La injustificada y visceral política de Abbott causó severas afectaciones a miles de transportistas, quienes quedaron atrapados en interminables filas a kilómetros de distancia de cualquier instalación sanitaria y de provisión de alimentos; generó pérdidas a un gran número de empresas a ambos lados de la frontera –de hecho, es posible especular que la rápida resolución del conflicto se debió al malestar entre el empresariado texano–, y sometió a una enorme presión a los gobernadores mexicanos referidos, quienes debieron lidiar con el enojo de los choferes, la inquietud de la iniciativa privada e incluso con presuntas expresiones del crimen organizado, como el incendio de tractocamiones en Reynosa.
El desquiciamiento del tránsito fronterizo no fue provocado por ninguna acción u omisión del lado mexicano, sino por el juego de poder entre Texas y el gobierno federal demócrata, y en particular por el uso del tema migratorio por parte de Abbott para azuzar a los sectores más conservadores del electorado texano. De manera significativa, las inspecciones vehiculares fueron impuestas después de que la administración Biden anunció el fin de las expulsiones migratorias amparadas por el Título 42, un subterfugio implementado bajo el trumpismo a fin de usar la emergencia sanitaria como pretexto para rechazar sin más trámite las solicitudes de asilo.
Además de levantar preocupaciones por los compromisos a los que pudieron verse orillados los gobernantes de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para sortear la crisis, este lamentable episodio deja al descubierto que del otro lado de la frontera puede violarse impunemente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), mientras aquí la oposición lo invoca como espantajo ante cualquier esfuerzo de las autoridades federales para impulsar la soberanía nacional y recuperar la rectoría el Estado sobre sectores estratégicos. (La Jornada, Editorial, p.2)
Una ola, gigante, está por llegar a la frontera entre México y Estados Unidos. El próximo 23 de mayo Estados Unidos va a levantar el llamado Título 42 que permitía deportar en solo minutos a inmigrantes que entraban ilegalmente al país y que buscaban refugio o asilo político. La pandemia ya no podrá ser una excusa para estas deportaciones exprés. Y nadie parece estar lo suficientemente preparado para lo que se viene.
¿Qué tan grande sería la nueva ola migratoria? Imposible de saber. Pero el Departamento de Seguridad Interna calcula que podría enfrentar a hasta 18 mil personas por día (o 540 mil indocumentados al mes), según reporta The New York Times. Esta nueva ola migratoria se sumaría a los 1.7 millones que entraron en el año fiscal 2021.
Tras la pandemia, las economías centroamericanas han sido fuertemente afectadas. Su recuperación tomará mucho tiempo. Y hay familias enteras que han tomado la decisión de no esperar más.
Al mismo tiempo estos inmigrantes potenciales ven a través del internet y de las redes sociales que Estados Unidos se está recuperando rápidamente -el desempleo bajó a 3.6 por ciento en marzo- y que hay muchas oportunidades de trabajo. Además, con 60 millones de latinos, muchos de ellos ya tienen a familiares, amigos o conocidos ahí.
Los primeros inmigrantes que tratarán de entrar a Estados Unidos en mayo -tan pronto se anule el Título 42- están a solo unos pasos de la frontera. Fueron deportados durante la pandemia y esperan en campamentos en el país vecino debido al programa Quédate en México. Entre ellos hay muchos venezolanos, cubanos y nicaragüenses que, debido a la ausencia de relaciones diplomáticas con esas dictaduras, no pueden ser deportados directamente desde Estados Unidos.
Entiendo que este no es un problema sencillo y, seguramente, creará una nueva crisis en la frontera. Pero no hay ningún sistema migratorio o cuerpo policiaco que pueda detener a miles de inmigrantes que están huyendo de la violencia, el hambre, la corrupción y las terribles consecuencias económicas de la pandemia.
Las críticas abundarán al presidente Biden. Aunque este fenómeno sobrepasa a cualquier gobierno. Es absurdo pensar, como sugieren muchos republicanos, que es posible tener una frontera sellada y segura. No se puede. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Solo podemos aspirar a regular, con cierta eficiencia, la entrada de inmigrantes. Pero es una ilusión política el tener un país tan rico junto a uno en desarrollo y que su frontera sea inviolable. Eso es prácticamente imposible.
El fallecido escritor Carlos Fuentes todavía nos ayuda a entender lo que pasa en esa línea que divide a México de Estados Unidos. La llamaba “la frontera herida”. De hecho, para Fuentes, no se trataba de una frontera sino de “una cicatriz”. Y para repetir las mismas palabras que el escritor utilizó en 1994: “La herida se está abriendo de nuevo”.
Veintiocho años después, la herida sigue abierta y sangrando.
La ola que viene puede ser indeseable para el gobierno de Estados Unidos. Pero es lógica y sigue todas las tendencias históricas de otras olas migratorias. Es normal que los migrantes vayan de países pobres y violentos a otros que no lo son tanto. Es razonable que alguien que no tiene trabajo y que quiere darles una mejor educación a sus hijos o que tiene a un familiar enfermo se vaya con todos al norte. Es de esperarse que millones busquen una vida mejor en el único lugar rico del continente al que pueden llegar caminando y cruzando un río.
A pesar de las presiones diplomáticas que recibirá, México no debe obstaculizar el paso de los inmigrantes que quieren llegar a Estados Unidos. Ese no es su papel. Qué ironía que un país que ha enviado tantos millones de mexicanos al norte ahora impida el paso a otros.
Esta enorme ola migratoria va a crear fuertes tensiones. Ya estamos advertidos. Yo solo espero que estemos a la altura de las circunstancias y que tratemos a estos recién llegados con paciencia, generosidad y solidaridad. Que se note que Estados Unidos es un país de inmigrantes. Hay que tratarlos como quisiéramos que nos trataran a nosotros. Ellos son muy vulnerables y, aun así, serán parte de nuestro futuro.
Vienen huyendo de lo peor. Lo menos que podemos hacer es darles la mano. (Jorge Ramos Ávalos, Reforma, Opinión, p.8)
PASAN los días y el gobierno federal sigue sin entrarle al tema de las revisiones fronterizas ordenadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott, que casi estrangularon los cruces fronterizos.
Y MIENTRAS la SRE, Economía, SCT y la Segob guardan silencio, los gobernadores de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas tuvieron que viajar a territorio texano para negociar acuerdos sin apoyo de la Federación.
QUIZÁS lo peor es que, a pesar de que cada estado firmó su memorando, el texano los sigue chantajeando, presionando y amenazando con reponer las revisiones si piensa que no hacen lo suficiente para frenar la migración ilegal. (Fray Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)
Como ya lo señalábamos, fueron finalmente los buenos oficios de los gobernadores de entidades que comparten fronteras con Texas, los que consiguieron que el gobernador republicano Greg Abbott echara abajo su decisión unilateral de forzar que su estado hiciera dobles revisiones a los camiones de carga que cruzan al otro lado, por considerar que la actividad comercial oculta el tráfico de personas migrantes. Ayer fue el tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca el que firmó un memorándum de entendimiento para fortalecer las revisiones del lado mexicano. Nos hacen ver que la secretaria de Economía podría ahora mostrar sus capacidades de gestión para que Texas, como lo señaló su gobernador, no mantenga vivo el amago de volver a ahorcar las fronteras, si considera que alguno de los mandatarios estatales no está cumpliendo. Uf., (La razón, La 2, p.2)