Los agentes mexicanos que educó la DEA se quedarán aquí. Ojalá y pronto olviden a sus tutores. (La Jornada, Contraportada)
LA BUENA noticia es que ya quedó nacionalizado el litio, tal y como quería Andrés Manuel López Obrador. La mala noticia es que el único beneficio que se obtiene con eso es darle otra sobadita al ego presidencial.
LA DECISIÓN se debe más a su necesidad de pasar a la historia como el que nacionalizó algo, ¡lo que sea!, a que realmente tenga un proyecto estratégico para el litio. Tan es así que la reforma a la Ley Minera, por ahora sólo implica la creación de más burocracia. Un ente tipo Pemex que algunos morenistas sueñan con llamar -no es broma- Agencia Mexicana de Litio… ¡AMLitio!
AHORA al membrete falta construirle una industria, pues una cosa es el potencial y otra la realidad. Para lograrlo se necesitan tres cosas: tiempo, tecnología e inversión. Ninguna de las cuales tiene este gobierno.
A ESO hay que sumar que la reforma minera viola el T-MEC y el resto de tratados comerciales, al prohibir las concesiones para la extracción. ¿En serio se va a enfrentar la 4T a China que es propietaria de Bacanora Lithium en Sonora? Por si fuera poco, el propio López Obrador ya reconoció que no se cuenta con la tecnología para encontrar, procesar y producir el mineral.
YA QUE nacionalizaron el litio, no estaría mal que algunos personajes de la 4T tomaran su respectiva dosis… para serenarse.
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DE VERDAD que los morenistas no se ayudan. Al estilo de los regímenes totalitarios, Mario Delgado y Citlalli Hernández anunciaron una campaña para exhibir a quienes llaman “traidores a la patria”. ¿A quién? A las y los diputados que se atrevieron a votar en contra de la contrarreforma eléctrica.
AL PRIMERO al que pusieron en un cartel tipo “Se Busca” es al legislador naranja Salomón Chertorivski, quien se limitó a decir que es un honor ser parte de cualquier cosa a la que se oponga el dirigente de Morena.
EL PUNTO, sin embargo, es que esta campaña suena bastante peligrosa, al convertir la discrepancia política en traición. El ex directivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, criticó duramente esta campaña de Morena: “Típico de autócratas y fascistas asociar sus posiciones ideológicas con la patria. Así lo hacía Pinochet y ahora Ortega y Maduro. La fórmula es repugnante y peligrosa”. ¿Así o más claro?
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QUEDA CLARO que en el gobierno federal la corrupción no se barre de arriba abajo, sino que se esconde debajo de la alfombra. Cosa de ver que Ignacio Ovalle, el titular de Segalmex, se ganó un nuevo cargo público pese a las transas en su gestión.
NOMÁS la Auditoría Superior detectó irregularidades por ¡8 mil 600 millones de pesos! y hay tres ex directivos denunciados ante la FGR. Si el Presidente vuelve a sacar su pañuelito blanco, habrá que ver si es para secarse las lágrimas de cocodrilo… o para rendirse ante la corrupción en su gobierno. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)
El Conacyt se pone exigente con el postre
Nos detallan que, en los últimos días, en dependencias del gobierno federal se han lanzado licitaciones, y se han entregado contratos, para la compra de alimentos con el fin de que en sus comedores se alimente a funcionarios con dinero público. Y como la ciencia es una prioridad de este gobierno, y se debe mantener a nuestros científicos bien nutridos, el Conacyt acaba de lanzar su proyecto de convocatoria del servicio de comedor institucional para sus empleados. Nos detallan que en el apartado denominado: “Listado de requerimiento para los insumos y materia prima sin químicos y hormonas”, la institución que dirige María Elena Álvarez-Buylla se puso exigente, y solo permitirá que se surtan “tortillas de maíz y tlacoyos sin transgénicos y sin glifosato”. Además, se advierte a la empresa que gane la licitación que no podrá repetir el mismo postre en una semana. ¿Qué mexicano repite el mismo postre en una semana?
El sabio senador Guadiana
Nos hacen ver que uno de los senadores más críticos de la ley de nacionalización del litio que ayer fue aprobada por el Senado, fue el morenista Armando Guadiana Tijerina. Y si alguien sabe de temas mineros es don Armando, quien es un próspero empresario del ramo. Durante la discusión en comisiones, el legislador morenista, secretario de la Comisión de Minería, alertó que los cambios en materia de litio pueden ahuyentar las inversiones e hizo explícito un extrañamiento: “Pero, yo no sé qué tanta prisa, porque parece que lo quieren hacer en fast track el tema”. Su postura hizo pensar a algunos que dadas sus críticas podría votar en contra, sin embargo, al llegar al pleno, votó a favor de la reforma. Como diría su colega legislador, Carlos Puente, líder de la bancada del Verde en la Cámara de Diputados, quien años antes votó a favor de la reforma eléctrica del priista Enrique Peña Nieto: “Es de sabios cambiar de opinión”.
No es desconfianza, pero…
El retorno de Citlalli Hernández al Senado de la República agitó las aguas en la bancada de Morena. Nos comentan que, en la reunión de la fracción morenista, previa a la sesión de ayer, algunos legisladores reclamaron a doña Citlalli que se reintegre a las actividades legislativas y descuide su responsabilidad como secretaria general del partido, en momentos en que se necesita fortalecer al Movimiento. Ante las críticas, la senadora aclaró a sus compañeros de grupo parlamentario que sólo estará en su escaño dos semanas, por la importancia del tema del litio, y volverá a solicitar licencia para retomar su cargo en la dirigencia del partido. ¿Será que había alguna desconfianza de la senadora Hernández en su bancada?
Marzo, con alto número de homicidios dolosos
Hoy habrá reporte de seguridad en Palacio Nacional, y los datos oficiales preliminares dan cuenta de que marzo no fue un buen mes en materia de incidencia delictiva, sobre todo en homicidio doloso. Con base en los datos del conteo diario, nos hacen notar, este miércoles se podría confirmar que el mes pasado fue el más violento de este año, mientras que en feminicidio la cosa tampoco pinta bien, ya que este delito de alto impacto se mantuvo en niveles altos. Nos hacen ver que las tendencias apuntan a que, en la primera mitad del año, la actual administración podría rebasar los 120 mil asesinatos ocurridos en todo el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. (El Universal, Nación, p. 2)
Que de los 20 mil millones de pesos que Ignacio Ovalle Fernández recibió como presupuesto para Segalmex en sus dos primeros años al frente, quedó a deber ante la Auditoría Superior de la Federación cuentas por casi la mitad, más de 9 mil, y pese a todo ayer este ex colaborador de Echeverría, López Portillo, De la Madrid y Salinas de Gortari fue designado titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
Que en los cuarteles de Ricardo Monreal no dejaron pasar el resultado adverso a la reforma eléctrica 4T en la Cámara de Diputados y destacaron que el zacatecano sí ha logrado sacar adelante todas las iniciativas de AMLO, muchas por unanimidad, con diálogo y respeto. Y pusieron los números sobre la mesa: la Ley Minera, cuyos cambios propuso el Ejecutivo y tramitó San Lázaro fast track, se aprobó ayer en el Senado con 87 votos, 16 abstenciones y veinte en contra, con una asistencia de 123 de 128 legisladores.
Que el gobernador Enrique Alfaro presentó en Washington la Casa Jalisco, una apuesta para el relanzamiento de la economía estatal que entrará en funciones en mayo sobre la avenida Pennsylvania, camino a la Casa Blanca y área estratégica de las sedes de organismos como los bancos Mundial, Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional. Asimismo, la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos tendrá un espacio en las nuevas instalaciones del consulado estadunidense en Guadalajara.
Que una selecta concurrencia tendrá la entrega del Premio Biblos al Mérito 2022, que otorga la comunidad libanesa de origen mexicano y corresponde esta vez a Jeannette Clariond en Humanidades y a José Antonio Seade Kuri en Ciencias, durante una ceremonia citada para el 28 de abril. Entre los invitados figuran el embajador Sami Nmeir, el rector Enrique Graue, los empresarios Carlos Slim Helú y Alfredo Harp, así como la secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología del gobierno capitalino, Rosaura Ruiz. (Milenio Diario, Al frente, p. 2)
Relevo en Segalmex
Importante el anuncio que hizo ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al informar sobre la llegada de Leonel Cota Montaño a la dirección de Segalmex, en sustitución de Ignacio Ovalle. Nos dicen que el relevo será de gran ayuda para solventar todas las observaciones que pesan sobre esa institución.
Aprovecha el viaje
El presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechará su visita a Veracruz, donde encabezará el jueves la ceremonia con motivo del 108 Aniversario de la Defensa Patriótica del Puerto. El viernes se reunirá con empresarios norteamericanos para hablar de inversiones en el Istmo de Tehuantepec.
Se queda como está
Luego de que senadores pidieron corregir el cómputo de los votos con los que, el pasado 7 de abril, se decidió mantener vigente la Ley de la Industria Eléctrica, este martes, la Suprema Corte de Justicia aprobó por unanimidad el acta de esa sesión. El ministro presidente Arturo Zaldívar aseguró que el acta ya no será modificada.
Acoso
Diputados de la alianza Van por México temen que la insistencia de Morena de exhibirlos como “traidores a la patria”, por votar contra la reforma eléctrica, escale a violencia física. Legisladores del PAN, comandados por Jorge Romero, acusaron que ya han sido objeto de acoso en algunos de sus lugares de origen, sobre todo por grupos identificados con el partido guinda.
Cambio de timón
Al interior del CCE hay cambios. Sale Roger González y entra Régulo Salinas para encabezar la comisión de Energía de la cúpula empresarial. Esto sucede una vez que el sector privado ha celebrado que la Reforma Eléctrica no pasó y que se vienen más resoluciones a los amparos que la industria eléctrica privada interpuso para hacer frente a los cambios en el sector. (El Heraldo de México, La dos, p. 2)
Deja el puesto investigado, pero…
Como una acción para tratar de lavar la cara a una institución hoy ensombrecida por denuncias de presunta corrupción, como lo es Seguridad Alimentaria Mexicana, mejor conocida como Segalmex, se vio el movimiento en la titularidad de la misma, anunciado ayer por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Y es que resulta que al frente de la también llamada Conasupo de la 4T quedará Leonel Cota Montaño, quien hasta ayer se desempeñara como titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo que hizo a varios levantar la ceja es que al director saliente, Ignacio Ovalle, lo mandaran a otro cargo, a pesar de que la dependencia que deja tuvo observaciones por 8 mil 600 millones de pesos de parte de la Auditoría Superior de la Federación. Ahora será coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, adscrito a la Segob. Uf.
Golpea Sedena al crimen
Y fue la Secretaría de la Defensa, dependencia que encabeza el general Luis Cresencio Sandoval, la que se anotó ayer un éxito importante al lograr la captura de Juan Miguel “N”, alias El Johnny, presunto integrante de un grupo delictivo que opera en Michoacán y mantiene presencia en los estados de Morelos, Guerrero, Puebla y Estado de México. Al detenido se le señala además como presunto operador del trasiego de drogas provenientes de Sudamérica, y pesa sobre él una orden de extradición solicitada por Estados Unidos, por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y contra la salud. La captura resulta doblemente importante, pues se dio con la colaboración interinstitucional, es decir, con la Fiscalía General de la República y con la Guardia Nacional.
Lo que dijo Guadiana… y no gustó
Aunque Morena obtuvo la ansiada victoria al sacar adelante la Ley Minera en el Senado, no faltaron las voces opositoras dentro del propio partido. En esta ocasión fue la del senador Armando Guadiana, encargado de organizar al morenismo en un estado agreste para la izquierda y para el Presidente Andrés Manuel López Obrador: Coahuila. El legislador se rebeló e hizo pública su preocupación porque la legislación no funcione, ahuyente la inversión, genere incertidumbre y ni siquiera haya las fuentes de litio que se esperan en el país. Tras hacer esta advertencia en comisiones, nos dicen que el senador provocó que se levantara más de una ceja en su bancada y fue reconvenido para que garantizara su voto, que finalmente dio, sin dejar de insistir en que por lo menos se debe considerar el binomio Estado-IP para que todos ganen en el sector.
Michoacán aprieta por la educación
Así que el gobernador de Michoacán decidió “agarrar al toro por los cuernos” y enfrentar el grave problema de la escasa transparencia que había en los procesos de ingreso a las escuelas normales de ese estado. La aplicación de un examen único por parte del Ceneval terminará con la corrupción que por años ha caracterizado a los esquemas de selección de nuevos estudiantes que aspiran a ser profesores. Además de la venta de claves para los exámenes, en algunos planteles operan mecanismos extralegales que imponen unilateralmente las organizaciones estudiantiles. El problema ha estado ahí desde hace muchos años, pero ninguna administración lo había querido enfrentar por miedo a las reacciones vandálicas de los normalistas que, por la pasividad de las autoridades se han vuelto intocables. Alfredo Ramírez Bedolla ya dio el primer paso. Advirtió que a partir del próximo ciclo escolar se aplicará el examen único sin intervención de los estudiantes, aunque eso lo lleve hacia un conflicto permanente con los normalistas inconformes.
Vacuna cubana para niños
Luego de que en días pasados, ante gobernadores, el Presidente anunciara la intención de su gobierno de vacunar a niños de entre 5 y 11 años, se supo que vía el mecanismo Covax se está buscando adquirir vacunas Pfizer, únicas autorizadas para su uso en menores. Sin embargo, nos hacen ver que ayer el subsecretario Hugo López-Gatell aseguró en que otra de las alternativas que se analiza es la Abdala, de origen cubano: “Cuba ha alcanzado coberturas arriba del 96 por ciento de toda su población. Ellos incluyen niños desde los dos años de vida… Abdala podría ser una excelente opción”. Indicó incluso que “el expediente para niños se está integrando ya en Cofepris”. El doctor, pues, está más aplicado buscando opciones, y ante ello, expertos en temas de salud nos comentan que sólo queda aplicar aquello de “agárrense”.
Voto por voto en la Corte
Pues resulta que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se llevó a cabo el recuento voto por voto que se esperaba para tener certeza sobre la resolución relacionada con la revisión de la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica. Por la vía del fast track –mecanismo que se está poniendo de moda, nos comentan— el pleno de la Corte aprobó ayer el acta de la sesión del 7 de abril, durante la cual se desestimó la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición. Sin embargo, el asunto aún no está del todo concluido, porque cuatro ministros anunciaron sus respectivos votos aclaratorios. Ahora habrá que esperar a que estos votos se hagan públicos para saber qué se aprobó o qué no se aprobó el 7 de abril. Tan sencillo que era clarificar el sentido de la votación de cada ministro desde el mismo día de la sesión o bien hacerlo ayer, para terminar con una incertidumbre que no es sana. Como dijeran los clásicos: “pero qué necesidad”. (La Razón, La dos, p. 2)
El golazo que le metió la Fiscalía Anticorrupción de Morelos al gobernador Cuauhtémoc Blanco puede costarle el partido de su vida: la gubernatura y hasta la cárcel.
La Fiscalía presentó el lunes tres denuncias por enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos y fraude procesal. Lo hizo en el Congreso local que, hoy por hoy, tiene mayoría opositora.
Al inicio de la Legislatura, el Congreso de Morelos se dividía en partes iguales. Había 10 diputados de Morena, PES y PT afines a Cuauhtémoc. Los otros 10 son del PAN, PRI, PRD, MC y Nueva Alianza.
La muerte reciente del diputado Juan José Vázquez dejó en minoría al bloque oficial. El debate, ayer, era si con diez es suficiente para desaforar al gobernador o si se necesitan los once votos fundacionales para proceder.
Cuauhtémoc ya habló del tema. Dice que hizo un convenio durante la campaña, que avalaron el PES, el PT, Morena y Redes Sociales Progresistas, para librar los procesos judiciales. Jura que no tiene nada que esconder.
Édgar Núñez Urquiza, vicefiscal anticorrupción, asegura, sin embargo, que hay incongruencia en lo que Blanco ganó y lo que tiene en sus cuentas bancarias.
En cuanto a la falsedad de declaraciones, explicó que el exfutbolista no cumplía con la residencia para ser candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p. 4)
En una explosiva conferencia de prensa, los integrantes del Grupo Internacional de Expertos Independientes, GIEI, revelaron un video en el que aparecen elementos de la Secretaría de Marina sacando cosas de una camioneta y haciendo una hoguera en el basurero de Cocula, el sitio en donde, según la versión establecida por la entonces Procuraduría General de la República, PGR, un grupo de estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, la noche del 26 de septiembre de 2014.
Aquel video fue la revelación más importante del informe presentado a finales de marzo pasado por los expertos independientes: probaba, según se dio a entender, que la Marina había manipulado el escenario del basurero de Cocula, en el que más tarde se recolectaron más de 63 mil restos óseos calcinados.
Lo que siguió era inevitable: la convicción de que los marinos habían simulado la hoguera y regado los huesos, para encubrir una operación de Estado –cuyos fines ni el propio GIEI ha dejado claros.
Todo comenzó en noviembre pasado, cuando en una reunión con altos mandos de la Secretaría de Marina se proyectó ante miembros del GIEI una presentación que explicaba la actuación y presencia de los marinos en el basurero.
El documento detallaba minuto a minuto lo ocurrido en el vertedero el 27 de octubre: la solicitud de auxilio emitida esa madrugada (cerca de las 5:00 horas) por la PGR para que personal naval localizara y geoubicara coordenadas geográficas que correspondían con el vertedero; para que notificara cualquier hallazgo y realizara trabajos de registro, exploración y fijación de un cerco perimetral; y para que resguardara, finalmente, a las autoridades civiles a cargo de la indagatoria.
La presentación explicaba que en aquel operativo participaron 12 elementos, supervisados por un oficial al mando de las tareas de campo. Los elementos serían apoyados por un programa de inteligencia denominado Arcturus, el cual ocupa naves no tripuladas o drones. Dichos drones son empleados en toda labor de reconocimiento territorial y de implementación de seguridad perimetral. De manera invariable, las imágenes captadas por estos artefactos son respaldadas y archivadas, para cualquier caso de consulta, en un centro de control ubicado en la Ciudad de México.
Los marinos arribaron al basurero cerca de las 6:00 e hicieron lo que se les había solicitado: reconocer el área, establecer el cerco de seguridad y reportar que en el lugar había huellas de un gran incendio.
Sabían que el dron se dirigía al lugar. Encendieron una fogata, según el documento presentado al GIEI, con el fin exclusivo de que sirviera como señal o guía al dispositivo de rastreo. Según se desprende de lo declarado por los elementos que participaron en el operativo, la fogata se encendió, en la parte alta del vertedero, con el material contenido en tres bolsas de desperdicios –madera, platos y vasos de unicel.
Esa mañana había condiciones climatológicas que interferían con el adecuado funcionamiento del programa Arcturus.
Como se sabe, el personal de la PGR arribó al cráter del basurero hacia las 6:55. Desde ese momento, las tareas de procesamiento y preservación del sitio se desarrollaron exclusivamente bajo su responsabilidad.
Al observar esa parte de la presentación —el video completo dura casi dos horas—, una de las integrantes del grupo pidió una copia y sacó de su bolsa un USB. La respuesta fue que aquel material no podía ser entregado de ese modo. Se sabe que el video fue requerido más tarde, de manera oficial, por un funcionario de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
En declaraciones que el propio GIEI conoce, los marinos han declarado que sabían que estaban siendo grabados por un dispositivo oficial. Según el GIEI, no les importó dejar constancia del ilícito que supuestamente estaban cometiendo. Según da a entender el GIEI, aquellos 12 elementos tuvieron tiempo de sobra, además, para sembrar en el basurero y en el río San Juan más de 63 mil restos óseos –algunos de los cuales aparecieron incrustados en las paredes lodosas del propio río.
El video fue entregado al fin. No se le entregó a la fiscalía que investiga el caso. No se le entregó a la Fiscalía General de la República para que sus peritos en análisis de imágenes emitieran un dictamen. No se investigó qué elemento de la Marina operaba aquel dron y a qué lugar fueron enviadas las imágenes. No se solicitó el equipo cibernético que resguardó aquel material. No pasó por las manos de ministerio público alguno. No se siguieron los protocolos de actuación básicos en uno de estos casos.
Lo que sí ocurrió es que se hizo público, manipulando su contenido para dar a entender lo que le interesaba al GIEI, a partir de presunciones, conjeturas, inferencias e interpretaciones a modo.
Lo he escrito aquí alguna vez: las versiones serán confrontadas. Tarde o temprano la verdad saldrá a la luz.
Y ojalá ocurra pronto. (Héctor de Mauleón, El Universal, Nación, p. 5)
Como cada tres meses, el Inegi dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondientes en esta ocasión al mes de marzo de 2022.
Los resultados son mixtos. La percepción de inseguridad en el conjunto de los 75 núcleos urbanos donde se levanta la encuesta aumentó con respecto al trimestre previo: el porcentaje de personas que afirmaron sentirse inseguras en su ciudad pasó de 65.8% a 66.2% entre diciembre y marzo. El cambio es muy leve, pero la tendencia no es alentadora. Se trata del segundo trimestre consecutivo de incremento, algo que no sucedía desde 2019.
En algunas ciudades, el incremento fue más drástico. En Colima, por ejemplo, la percepción de inseguridad pasó de 66.5% a 85.7% entre diciembre y marzo. En Santa Catarina, Nuevo León, el aumento fue de 29 puntos porcentuales. Y en Querétaro, se registró un brinco de 9 puntos porcentuales. En cambio, algunas ciudades registraron caídas notables: en Chimalhuacán, Estado de México, la percepción de inseguridad disminuyó 11 puntos porcentuales. En Chetumal, Quintana Roo, la caída fue de 12 puntos porcentuales (Nota: los datos locales deben tomarse con cautela, ya que el reducido tamaño de la muestra en cada una de las ciudades puede ampliar el margen de error).
La ENSU da cuenta de un país donde el miedo al delito está distribuido de manera altamente desigual. En Fresnillo, Zacatecas, casi la totalidad de la población (97.1%) se siente insegura. San Pedro Garza García, Nuevo León, está en el otro extremo: allí solo uno de cada 9 habitantes (11.7%) declara sentirse inseguro en su ciudad.
Pero la geografía no es la única fuente de desigualdad. Las mujeres viven con mucho mayor temor que los hombres. En términos de la percepción general de inseguridad, la brecha es de casi 11 puntos porcentuales entre sexos.
La diferencia es más marcada al hacer la pregunta sobre la percepción de seguridad en espacios públicos específicos. En parques o centros recreativos, 59% de los hombres se sienten seguros; para las mujeres, el porcentaje correspondiente es 45%. En las calles que habitualmente usan, 47% de los hombres afirman sentirse seguros, mientras que solo 37% de las mujeres responden en el mismo sentido. En un banco, la brecha de género es de 13 puntos porcentuales. En un mercado, 12 puntos porcentuales.
El miedo restringe mucho más la vida de las mujeres que la de los hombres. Entre la población masculina urbana, una cuarta parte dejó de visitar a parientes o amigos por temor al delito. Entre las mujeres, la proporción es de una de cada tres. La mitad de las mujeres dejó de caminar de noche en los alrededores de su vivienda, mientras que entre los hombres, la proporción fue de 40%. Seis de cada 10 mujeres dejaron de llevar cosas de valor en la calle, contra 50% entre los hombres.
Además, las mujeres expresan mucho menos confianza en las autoridades que los hombres. Entre la población masculina, 50.8% manifiesta tener mucha confianza en la Marina y 44% afirma lo mismo para el caso del Ejército. Los porcentajes correspondientes para las mujeres son 39.6% y 33%, respectivamente. Con la Guardia Nacional, la brecha de confianza es de seis puntos porcentuales. La distancia es menor para las policías estatales y municipales debido a que muy pocos hombres o mujeres (menos de 8% en todos los casos) manifiestan tener mucha confianza en esas corporaciones.
El miedo y la desconfianza tienen rostro femenino. Si las autoridades quieren mejorar la percepción de inseguridad, bien harían en atender las causas que llevan a las mujeres a sentirse mucho más vulnerables que los hombres. (Alejandro Hope, El Universal, Nación, p. 9)
Ovalle, aún con protección // Escándalo en Segalmex // Leonel Cota, relevo electoral // Coqueteos de MC
NO DEBERÍA DEJAR así la dirección de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) el extrañamente reciclado Ignacio Ovalle Fernández, quien 46 años atrás ya era secretario de la Presidencia de México, con Luis Echeverría Álvarez como jefe (historial y contexto políticos de Ovalle, en Astillero de febrero pasado https://bit.ly/3JYoqEf).
DEBERÍA SEGUIR EN el cargo mientras se esclarecen administrativa y penalmente las escandalosas irregularidades detectadas en Segalmex en 2020 por la Auditoría Superior de la Federación (más de 5 mil 640 millones de pesos sólo en Segalmex pero, sumadas las de otras empresas conexas, 8 mil 600 millones de pesos) las más cuantiosas de la lista presentada respecto a ese año por la oficina a cargo de David Colmenares Páramo.
O, EN DADO caso, debería quedar desprovisto de cualquier otro cargo o protección gubernamental, en tanto no se esclarezcan los voluminosos expedientes relacionados con malos manejos de Segalmex, a la espera de lo que la autoridad resuelva.
PERO AYER FUE retirado del espinoso cargo de la inseguridad presupuestal alimentaria y fue enviado a un puesto menor, más con aire de refugio que de encargo trascendente, la coordinación del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, dependiente de la Secretaría de Gobernación, cuyo tabasqueño titular dio posesión a Ovalle y al relevo de este. (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p. 10)
Ayer trascendió que el gobierno de México disolvió “una selecta unidad antinarcóticos que durante un cuarto de siglo trabajó mano a mano con la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) en el combate al crimen organizado”.
Para las fuentes del reportaje de la agencia Reuters (un agente de la propia DEA que habló bajo condición de anonimato y alguien a quien sólo se refiere como “persona familiarizada con la situación”), el cierre de la unidad de investigaciones especiales (SIU, por sus siglas en inglés) amenaza “con poner en peligro los esfuerzos de Washington para combatir a los grupos del crimen organizado”, “dificultar la captura y el enjuiciamiento de los líderes de los cárteles” dentro de nuestro país, y podría “resultar costoso en las calles estadunidenses, donde las autoridades luchan por reducir un aumento en las sobredosis”.
El ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, consideró que restringir la cooperación en seguridad dañará a ambos países y significará “más drogas yendo a Estados Unidos y más violencia en México”, e incluso afirmó que “México se está disparando en el pie” al cerrar una “unidad de élite que persigue a los grupos del crimen organizado responsables de la mayoría de los asesinatos”.
Además de confundir las opiniones de sus fuentes con los hechos y presentar todos los visos de una operación de golpeteo político, la investigación contrasta fuertemente con la realidad de las actividades de la DEA en nuestro país y en el hemisferio.
En efecto, en el casi medio siglo transcurrido desde que Washington declaró su guerra global contra las drogas y los 25 años en los que han operado las SIU, no sólo no se ha logrado ninguna reducción en la demanda y consumo de estupefacientes, sino que nuestro país ha vivido un aumento vertiginoso de la violencia, el fortalecimiento de los cárteles, la desintegración del tejido social y, para colmo, la pérdida de soberanía por la aplicación de esquemas fallidos e injerencistas como la hoy cancelada Iniciativa Mérida.
Como el propio reportaje reconoce –aunque restándole importancia–, la SIU que operó en México –y que se reproduce en otros 14 países– se encuentra totalmente desacreditada desde 2017, cuando su ex jefe Iván Reyes fue detenido y se declaró culpable en un tribunal estadunidense de aceptar sobornos para filtrar información a una banda de narcotraficantes.
Más allá de este episodio, la actuación de la DEA se encuentra salpicada de escándalos, como el lavado de 13 millones de dólares al cártel de Sinaloa como parte de una operación encubierta en la primera década de este siglo; la sentencia, apenas el año pasado, a uno de sus agentes por desviar más de 9 millones de dólares que recibió de cárteles colombianos, también en el curso e investigaciones encubiertas; o la entrega de armas a los grupos criminales mexicanos en el contexto del operativo Rápido y Furioso durante el sexenio de Felipe Calderón.
Tampoco puede olvidarse que dicha administración, entusiasta “colaboradora” de Washington, tuvo al frente de la seguridad pública a un personaje como Genaro García Luna, hoy encarcelado en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico.
No es un dato menor que durante el calderonato, cuando alcanzó sus niveles más vergonzosos la supeditación a los dictados estadunidenses, los cárteles mexicanos experimentaron un crecimiento de 900 por ciento y se incrementaron en 2 mil por ciento las muertes de civiles en enfrentamientos de autoridades y presuntos delincuentes.
En suma, al terminar la operación de una de las SIU que operaban en México, el gobierno federal no sólo hace uso de sus potestades soberanas, sino que pone fin a una estrategia que para nuestro país sólo entregó resultados desastrosos y contraproducentes, lo cual está en línea con el cambio de paradigma en materia de seguridad pública puesto en marcha por la Cuarta Transformación. (Editorial, La Jornada, p. 6)
El fiscal Alejandro Gertz Manero es insostenible en su cargo. Lo sabe el Presidente, pero no lo empuja porque no le gusta que nadie le marque “sus” tiempos, y porque no tiene claro al sucesor, y por si fuera poco, porque necesita del Senado de la República para nombrar sustituto. Si dependiera exclusivamente de la voluntad del Presidente, el otrora llamado “abogado de la nación” ya estaría de patitas en la calle.
Los resultados en materia de procuración de justicia son pobrísimos. ¿Acaso no es delincuencia organizada, y por tanto federal, colocar sobre la pared a 17 personas y dispararles en Michoacán? ¿No es “terrorismo” -como reza el artículo 139 del Código Penal Federal- atentar contra la integridad física y “emocional” de unas personas para producir alarma, temor y terror en la población? ¿Dónde están las atracciones de la Fiscalía por los delitos contra los periodistas? ¿Dónde ha estado el fiscal para condolerse con las víctimas y los familiares de los desaparecidos?, preguntaría doña Rosario Ibarra de Piedra, con rubor y vergüenza ante la impunidad obradorista. ¿Ayotzinapa no es un nuevo enredo? Ya murió la #FiscalíaQueSirva.
En materia de combate a la violencia y a la corrupción es donde el rezago del gobierno de México se nota más. Lo sabe el Presidente. Lo sabe el fiscal Gertz, quien, según ha trascendido en algunos medios de comunicación, ha dicho a sus colaboradores: “me presionan para que abandone el cargo“. Tiene razón: lo presiona un país adolorido, sin justicia, para que renuncie ya. En el Senado el pasado 17 de marzo prometió que pronto veríamos resultados del espionaje que él mismo padeció.
¿Dónde están esos resultados? ¿Quién tiene esos aparatos de intercepción de comunicaciones? ¿Se va a tragar esas escuchas ilegales?
Pero el remedio puede ser peor que la enfermedad. ¿Quién lo sustituye? ¿Puede el ministro Arturo Zaldívar ser el nuevo fiscal general de la República? Lo obsequioso con el Presidente lo tiene. Le faltan los requisitos constitucionales y legales.
En 1994, cuando asesinaron al candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, el presidente Salinas nombró subprocurador especial para el caso Colosio, precisamente a un ministro, Miguel Montes García. Pero las leyes han cambiado.
“Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia no podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación”, dice la Constitución (artículo 101) y agrega: “Las personas que hayan ocupado el cargo de Ministro de la Suprema Corte no podrán dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación”.
La Constitución es clara, pero por si hiciera falta, la Ley de Amparo (artículo 5) dice que es “parte” en el juicio de amparo el Ministerio Público. ¿Cómo podría ser un ex ministro parte y representante, en ese juicio, sin violar la ley? Y además sin atentar contra el “sentido común” porque tendría la ventaja de haber colocado a jueces y promovido a magistrados. El fiscal es el “representante” social en la persecución de los presuntos delincuentes, el jefe de todos los Ministerios Públicos federales, un ex ministro, en ese lugar, rompería el equilibrio procesal en un juzgado ante cualquier acusado.
Zaldívar sólo puede ser fiscal general de la República burlando la Constitución, como cuando pretendió, él, quedarse dos años indebidamente a la cabeza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Germán Martínez, Reforma, Opinión, p. 10)