El reciente registro redoblado de camiones cargueros por la Policía de Texas que semibloqueó cruces con los estados mexicanos de Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas pudo haber costado tanto como nueve mil millones de dólares a la economía estadounidense y otra vez puso de relieve la importancia política que asume la frontera común.
La región, que va del Golfo de México al Pacífico en una línea de más de dos mil 900 kilómetros de largo, se plantea como un punto de fricción entre los dos países a los que la vecindad obliga a cooperar, pero con circunstancias políticas domésticas que, a querer o no, los llevan a problemas.
Los temas son siempre los mismos y sólo varían en orden de importancia en un momento dado: migración, tráfico de drogas, trasiego de armas y dinero en efectivo, inseguridad, medio ambiente (en especial agua) e infraestructura.
Son problemas que se pueden resolver con cooperación, pero con más frecuencia que no, se impone la conveniencia política inmediata. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, desde octubre pasado, más de un millón de personas fueron arrestadas al tratar de cruzar la frontera sin documentos, un aumento que no se veía hace años.
Así, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció parte de lo que viene cuando la semana pasada ordenó que la Policía estatal hiciera inspecciones propias de los camiones de carga que llegan desde México en busca de drogas y narcóticos.
El impacto económico y político se dejó sentir de inmediato y sus proclamas de “triunfo” recibieron críticas tanto desde México como en los propios Estados Unidos.
La iniciativa fue un semifracaso, como otras antes que ella y montadas también por gobernadores de Texas (Abbott incluido) con ambiciones políticas, con más impacto por el ruido provocado que por sus resultados.
Pero la idea deja marca en la relación, sobre todo, como antecedente de lo que se puede esperar en la ya inminente temporada electoral 2022, cuando los republicanos tienen esperanzas de reconquistar la mayoría en las dos cámaras del Congreso federal, como prolegómeno al posible retorno de Donald Trump a la Presidencia estadounidense, en 2024.
Para nadie es un secreto que justamente los temas de migración y narcotráfico, tanto como la idea de inseguridad en la frontera, van a ser una parte importante de campañas como la de Abbott, que aspira a la reelección en Texas, como de los comicios legislativos.
Y eso será meramente la preparación para 2024, cuando se espera que Trump se presente y otra vez haga hincapié en los problemas de la frontera con México para promover su nueva elección a la Casa Blanca.
Pero esa posible elección incorpora el recuerdo de declaraciones en las que se ha preguntado por qué Estados Unidos no puede hacer en México lo mismo que los rusos en Ucrania, o amenazado con presiones económicas para agilizar la cooperación mexicana en el control del tráfico de personas. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 23)
Se bromea, pero se dice muy en serio en España, que muy pronto será el Jefe de Gobierno un inmigrante africano. Que a nadie le sorprenda que llegue pronto al Palacio de la Moncloa una persona que se apellide Abara, Abebe, Abimbola, Chuke o Dogo.
De la misma manera también en broma, pero se dice muy en serio, que en los Estados Unidos muy pronto será huésped de La Casa Blanca un mexicano. Que a nadie le sorprenda que llegue muy pronto a vivir al 1600 de la Avenida Pennsylvania un Hernández, García, González o Ramírez.
El fenómeno de la migración está muy bien estudiado, y nadie puede negar la fuerza política de estos flujos; a tal grado que algunas ciudades españolas se habla más suajili, igbo, yoruba y amárico que castellano. De igual manera en Los Ángeles, Chicago, Nueva York y muchas ciudades de la Unión Americana, se puede sobrevivir comunicándose en español.
Pero mientras gobierna España un argelino o tunecino; y mientras gobierna Los Estados Unidos un mexiquense o campechano, al norte de Sonora (cruzando la línea) se está gestando un movimiento, que vale la pena detenerse a a observar.
Marco López, ex alcalde de Nogales, Arizona, e hijo de migrantes mexicanos, podría convertirse en el primer gobernador inmigrante de todo el sureste de los Estados Unidos.
Fue funcionario de la administración Obama (realizaba las avanzadas en los viajes del vicepresidente Al Gore y su esposa Tipper) y ante el desplome de la administración de Doug Ducey, un joven moreno va por toda la entidad asegurando que es posible, que nada lo detendrá y que no importa de donde vengas (en clara alusión a su mexicanidad).
Al principio, cuando anunció su intención de competir, muchos estadounidenses no voltearon ni a verlo, pero ha crecido la intensión de voto de los rubios, ojos claros y rednecks. Algunos pensaron que de ganar, sólo trabajaría para los latinos, pero en sus discursos, y entrevistas en medios formales, ha dejado claro que tiene más conocimiento que sus competidores.
Lo mismo habla de salud, que de educación; de empleos de calidad y de una visión a mediano plazo, no menos de 10 años para poder observar a los 15 condados y a las 22 entidades tribales.
No pasa los 45 años y el demócrata nació en Nogales Sonora, pero como muchos pertenecientes a la clase media, fue creado en Nogales Arizona. Sus papás, Esther y Marco Antonio, son pequeños empresarios, pero nadie debe olvidar que hace algunos años, la familia López se sostenía con un noble oficio: la plomería.
López también trabajó muy de cerca con la gobernadora Janet Napolitano, como Director Ejecutivo de la Comisión Sonora-Arizona (donde hizo muchos amigos en los 72 municipios mexicanos).
¿Qué pasaría si un mexicano logra ganar las elecciones y se convierte en gobernador de Arizona? ¿Cuántas alianzas y convenios de colaboración podrían firmar el gobernador Durazo y López? ¿Cómo le iría a los municipios de Naco y San Luis Río Colorado? ¿Cómo le iría al presidente municipal Juan Gim, y qué desarrollo podría plantear para Nogales, Sonora?
No debemos perder de vista “las primarias” y las elecciones constitucionales en Arizona, porque de ganar Marco López otro gallo nos podría cantar. Esta entidad -tradicionalmente racista y antimexicana- podría ser un paraíso para el respeto de los derechos humanos, y reactivar las relaciones económicas entre México y los Estados Unidos. (Gustavo Rentería, 24 Horas, Estados, p. 14)
El próximo mes de junio está prevista la celebración, en Los Ángeles, de la novena cumbre de las Américas. Desde enero, el presidente Joe Biden anunció que la cumbre pondría el foco en la construcción de un “futuro sostenible, resiliente y equitativo” en el hemisferio. Una formulación suficientemente abarcadora para atraer a la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos y caribeños, en el contexto de la postpandemia.
A pesar de la flexible convocatoria, la amenaza de las exclusiones ensombrece la cumbre desde antes de su anuncio. En una conferencia virtual sobre la democracia, en diciembre del año pasado, donde se dio a conocer el cónclave de junio, Estados Unidos no invitó a representantes de ocho países latinoamericanos: Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia, Haití, El Salvador, Guatemala y Honduras.
Como comentamos en esta columna, se trató de un error diplomático en que se mezclaron argumentos políticos, relacionados con la naturaleza democrática o autoritaria de cada régimen, y diagnósticos severos sobre el estado de la seguridad nacional o la paz social en diversos países de la región. Algunos, como los del Triángulo Norte de Centroamérica, Cuba o Haití, con graves problemas estructurales y voluminosos potenciales migratorios, que también involucran a Estados Unidos como país de destino y a México como territorio de tránsito.
Desde que asumió la presidencia pro tempore de la Celac, el gobierno argentino de Alberto Fernández ha mostrado interés en rebajar algunos diferendos diplomáticos que, en los últimos años, han restado cohesión a ese foro. Además de sostener buenos vínculos con gobiernos de un perfil ideológico parecido, como los de Andrés Manuel López Obrador en México, Luis Arce en Bolivia o Gabriel Boric en Chile, Fernández ha intentado reconducir pragmáticamente la relación con Brasilia y levantar el perfil del vínculo bilateral con Luis Lacalle en Uruguay y Guillermo Lasso en Ecuador.
En la reciente visita de Lasso a Buenos Aires se trató el tema de la normalización diplomática con Venezuela. Ambos gobernantes parecieron estar de acuerdo en la importancia de diálogo diplomático con Caracas para avanzar en un restablecimiento democrático, que contribuya a poner fin al deterioro de los derechos humanos, la aguda crisis económica y el éxodo multitudinario. Lasso podría jugar un papel clave en una eventual distensión de la vecindad entre Venezuela y Colombia. (Rafael Rojas, La Razón, México, p. 4)

(Llera, Excélsior, Nacional, p. 8)