Huyen de la violencia hacia Estados Unidos
En el país vecino del norte, nos hacen notar, la política de “abrazos, no balazos” sigue reflejándose de manera contundente en las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. El mes pasado aumentó el número de mexicanos que huyen de la violencia en nuestro país y buscan refugio en suelo estadounidense. En marzo, nos detallan, 87 mil 338 paisanos intentaron cruzar la frontera, 15 mil 596 más que durante febrero de este año. Nos aseguran expertos que 2022 cerrará superando por mucho a 2021 en el número de ciudadanos mexicanos detenidos en territorio estadounidense, porque seguirán los intentos de dejar atrás la inseguridad que nos azota de este lado de la frontera. (El Universal, A2, p.2)
Más de mil muertos, aunque oficialmente fueron 212, incluidos 800 desaparecidos, fue el saldo de la terrible exposición de gasolina en el drenaje del sector Reforma de Guadalajara, ayer hace 30 años. El fideicomiso de apoyo a las víctimas casi acabado, las heridas sin cicatrizar y al olvido de políticos, conmemoraron a las víctimas. Reflejo es que el gobernador Enrique Alfaro (MC) sigue de vacaciones de Pascua, en Chicago. Está muy cansado de eventos públicos el emecista.
CHIHUAHUA: La gobernadora Maru Campos (PAN) le hizo saber a su par en Texas, Greg Abbott, que su gobierno cumple el compromiso firmado de contener a los migrantes que buscan cruzar a Estados Unidos. Luego que el texano amenazó con nuevas inspecciones al transporte de carga en puentes internacionales, Maru implementó la plataforma Centinela que evitará, desde Chihuahua o Delicias, migrantes lleguen a Ciudad Juárez. La Ejecutiva manda señales de buena voluntad al texano. Ojalá Greg lo valore.
ACAPULCO: Mañana regresa de su exitoso viaje a Florida la también exitosa alcaldesa de Morena Abelina López. No vayan a creer que se fue a Orlando de vacaciones. Para nada. Fue a ver lo horrendo del capitalismo en Disney. Aquí, los acapulqueños se quedaron a disfrutar del morenismo, con la inseguridad, la basura y la falta de agua. (Víctor Sánchez Baños El Heraldo de México, Estados, p.11)
El estudio del derecho constitucional enseña que en materia de derechos humanos las actuales concepciones consagradas en las cartas magnas y tratados internacionales nunca habían sido tan amplias. Ninguna conquista es permanente, pero la existencia de estas prerrogativas es una lucha constante y cotidiana que presenta enormes retos para los Estados democráticos.
Hace unas semanas fue presentado por Amnistía Internacional su más reciente informe que describe la situación que guardan los derechos humanos en 154 países, durante 2021.
En el caso de México, los temas señalados son: desapariciones forzadas e impunidad, uso excesivo de la fuerza, homicidios, detenciones arbitrarias, tortura, libertad de expresión, violencia contra mujeres, ataques contra defensores de derechos humanos, derechos de los migrantes y derechos de los pueblos indígenas.
Llama la atención que en materia de seguridad pública se destaca que —a pesar de las recomendaciones internacionales— la estrategia de seguridad pública siguió militarizándose con el despliegue en las calles del mayor número de efectivos militares desde 2006.
De acuerdo con datos oficiales, más del 60% de los integrantes de la Guardia Nacional provienen de la Secretaría de la Defensa Nacional y cerca del 17% provienen de la Secretaría de Marina. Es decir, casi el 80% de los efectivos que realizan labores de seguridad pública en nuestro país tienen su origen en instituciones militares.
Por otra parte, en 2021 se registraron al menos 7,698 casos de personas desaparecidas y no localizadas. Con ellas, se elevó a más de 97,000 el número total de denuncias de personas desaparecidas y no localizadas en México. A pesar de lo alarmante de las cifras anteriores, se resalta que sólo se habían dictado 35 sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada. Y según cifras oficiales, existen más de 52,000 cadáveres no identificados, la mayor parte de los cuales se encuentran en fosas comunes.
En materia de homicidios dolosos, la cifra ha aumentado en los últimos meses. De febrero a marzo se pasó de 1,903 a 2,186, lo que representa un aumento porcentual de cerca del 15 por ciento. De enero a marzo existieron 7,354 homicidios dolosos, es decir un promedio diario de 82 asesinatos.
En cuanto a la libertad de expresión, el informe resalta la preocupación de organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación; defensores y defensoras de los derechos humanos, así como instituciones académicas, porque han recibido ataques por parte de autoridades que siguen estigmatizando y reprimiendo diversos movimientos de protesta, haciendo un uso indebido del sistema de justicia penal para disuadir la participación de las personas.
Los retos que el país enfrenta son muchos y muy variados. El informe revela una situación compleja y con diversas aristas que demanda solución; y ello no acepta respuestas únicas porque exige un esfuerzo decidido por parte del Estado mexicano.
Y es que hoy, el centro de todo actuar público debe situarse en el respeto a los derechos humanos, pues cuando su ejercicio se limita a ser meras declaraciones semánticas, resultan ser sólo un disfraz de la realidad.
Se requiere que en las instituciones públicas exista una real convicción de la importancia del respeto y responsabilidad para garantizar la plena vigencia de estos derechos. Sólo así, las cifras tan alarmantes presentadas por Amnistía Internacional habrán de reducirse.
Como Corolario la frase de la abogada bangladesí y exsecretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan: “Sin justicia y sin respeto por los derechos humanos no puede haber paz”. (Raúl Contreras Bustamante, Excélsior, Nacional, p.12)
El Informe recién emitido por el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) vuelve a poner en el centro una de las problemáticas más importantes en nuestro país: prevenir y erradicar las desapariciones, incluyendo las de personas migrantes. Habiendo recogido voces de cientos de familias, colectivos, organizaciones e información del propio gobierno, el CED nos deja el diagnóstico y el remedio. Algunas reflexiones sobre lo que se requiere:
Que las fiscalías funcionen y hagan de éste un tema prioritario. El CED refiere una impunidad casi absoluta: frente a más de 95,000 desapariciones (a su visita) había sólo 36 sentencias. Si las fiscalías no investigan y no sancionan, hay un permiso implícito para que desaparezcan personas. La participación de agentes del Estado y del crimen organizado por sí, aliado o coludido con el Estado, sólo se frenará si se sanciona; también se debe sancionar si no se les busca o no se investigan los casos. Ahí no hay escape. Todos los autores y todas las cadenas de responsabilidad deben estar incluidas.
Una implementación efectiva del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, con los recursos y colaboración de las fiscalías. La crisis forense reporta más de 52,000 cuerpos sin identificar. El CED pudo vivir la experiencia de madres buscadoras y palpar el dolor de recuperar fragmentos óseos de una o decenas o centenas de personas desaparecidas y asesinadas; entendieron la importancia de regresarles el nombre, saber lo que les sucedió y castigar a los responsables.
Desmilitarizar al país: el CED señaló la militarización de la seguridad pública como un riesgo frente a violaciones a derechos humanos. Mientras los militares participen en tareas de seguridad pública, control migratorio y otras que sólo deberían estar en manos de civiles, el riesgo de que siga habiendo desapariciones y otras violaciones a derechos humanos sigue latente.
Que las comisiones de búsqueda tengan recursos, dejen de buscar sólo caso a caso y hagan uso de herramientas de contexto; se organicen para completar sus registros y se coordinen para la búsqueda. Esto pasa por tener la colaboración de todos los actores.
Que no dejemos de lado que desaparecen migrantes, mujeres, niñas, jóvenes, adolescentes, periodistas, transportistas, defensores, personas LGBTIQ+, comunidades indígenas que defienden territorio y recursos naturales. Cada una de estas poblaciones requiere medidas específicas para buscarles y para investigar dónde están las causas y quiénes se están beneficiando con su desaparición.
Dada la deuda histórica con familiares de personas migrantes desaparecidas y ejecutadas, el CED recomendó una Comisión Especial con enfoque regional para dar respuesta a los casos de las masacres. La FGR ya ha aceptado el apoyo técnico de la ONU pero falta implementarlo. La Secretaría de Relaciones Exteriores y la FGR tienen que emitir lineamientos para que funcione efectivamente el Mecanismo de Apoyo Exterior y así las familias puedan participar desde cualquier país en la búsqueda y la investigación.
Se requiere que las familias sean escuchadas e incluidas en las políticas públicas que se implementen; son ellas quienes aportan información en las investigaciones, arriesgan su vida buscando a sus familiares y son un actor fundamental en el país para crear políticas públicas de búsqueda y justicia.
Prevenir y erradicar las desapariciones no puede quedar únicamente a cargo de la Secretaría de Gobernación, sino ser una voluntad de todo el Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno y de los tres poderes, las fiscalías y demás órganos autónomos. Sin coordinación difícilmente habrá resultados.
AMLO dijo que atender las desapariciones era prioridad de su gobierno, pero durante su mandato se sumaron más de 24,800 casos. Si es una prioridad, se debe reflejar en acciones reales de todo el gobierno federal y de la Fiscalía General. Aún es tiempo de sentar las bases. Las familias lo reclaman. (Grace Fernández y Ana Lorena Delgadillo, Reforma, Nacional, p.9)
Alguna vez le leí a André Glucksmann que sólo había dos tipos de democracias: las deportivas, como la estadunidense, y las de divorcio conyugal de los franceses. En una gana quien resiste, aunque para ello deba tomar esteroides anabólicos, y en la otra una parte es eliminada como Luis XVI y María Antonieta. Ahora que la oposición a la 4T se ha conformado en el bloque que exigían los abajofirmantes del desplegado de julio de 2020, Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia, me pregunto qué democracia tiene en mente la vieja inteligentsia prianista.
Un primer dato a tomar en cuenta es que llamaron a no votar en la revocación de mandato y, con ello, quisieron contabilizar la abstención como fuerza propia. Ver en la nada tu solidez no es posible, así seas el monje tibetano más ducho. La abstención no constituye ninguna mayoría porque, además de un número, no existe en su marasmo ni intención política ni existencia social. Es renuncia y abandono de lo público, que no alcanza ni siquiera a tener interpretación. Computarla a tu favor es pensar que Dios te toma fotografías cuando el cielo relampaguea. El segundo indicio es el orgullo que sus diputados sienten por no representar a ciudadano alguno. Lo digo por la diputada del PRI, antes encargada de la relación con medios estatales de las giras de Enrique Peña Nieto, que salió a burlarse de quienes se manifestaban hace unos días para exigir que se aprobara la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados. Llamó a los ciudadanos acarreados y se carcajeó como bruja de cuento infantil. Luego, ya en el salón de sesiones, el martes siguiente, presumió: “Yo no tengo que ir a buscar votos. Soy pluri”. Se refería a que su cargo le viene de la burocracia de su partido, del lugar de la lista en que la inscribieron y no de tener que lidiar con acarreados.
Este desdén por los representados fue teatralizado por las diputadas Margarita Zavala y Edna Díaz Acevedo, del PAN y el PRD, que no se excusaron de participar en la votación de la reforma eléctrica a pesar de haber recibido dinero de Iberdrola y, en el otro caso, haber sentado en una curul a un cabildero de la empresa italiana Enel. Ambas adujeron violencia de género. A pesar de que los demás diputados de oposición hablaron de la ciudadanía que los respaldaba, lo que queda claro es que se conciben como externos a ella, a sus demandas, mandatos y exigencias.
Es curioso que acepten abiertamente venir de listas de burocracias de partido y que no les dé vergüenza presentar propuestas energéticas que se redactan en consejos de administración de otros países y, al mismo tiempo, sostengan que su voto es en plena libertad, ya no se diga de las presiones del dinero, sino del mundo. Una inocencia previa a todo lo mundano, un voto que brota del interior, de una conciencia ajena a lo político, inspirada, que se representa a sí misma. Pero se refirieron, no importa, a los ciudadanos como ente que no estaba ni afuera de la Cámara de Diputados ni en las votaciones de la revocación de mandato. ¿Dónde está esa ciudadanía que sólo es una invocación y no existe, como normalmente sucede, en el ejercicio mismo de derechos políticos?
El patrón de la alianza opositora, el autodenominado filántropo Claudio X. González, nos ofrece una pista: La unidad de una sociedad civil con los partidos. Uno de sus cerebros, abajofirmante de Contra la deriva autoritaria…, empieza ya a hablar de mayoría silenciosa, como hizo Richard Nixon por televisión el 3 de noviembre de 1969. En ese bautizo, la expresión aludía a los que no se manifestaban en las calles contra la guerra en Vietnam, pero que, de existir, apoyarían la estrategia de aumentar las tropas estadunidenses y buscar una paz digna, es decir, sin comunistas. Esta mayoría silenciosa que la oposición a la 4T recicla ahora también fue invocada por Ronald Reagan en referencia a la minoría blanca en el sur, republicana y anti-Estado.
Más tarde, Donald Trump apeló a ésta cuando trató de demostrar que las encuestas no favorecían realmente a Joe Biden y existía algo que políticamente era antipolítico, esa mayoría muda. Lo que en verdad sucede cuando se alude a la mayoría silenciosa es que surgirá de una campaña de miedo: no mandar a tus hijos a la guerra es poner en riesgo tu forma de vivir; no enviar a prisión a los afroamericanos y latinos nos sumirá a todos en las drogas y la violencia; si no votas contra el sistema, te seguirá quitando los trabajos para dárselos a los mexicanos ilegales.
La expropiación que nos hicieron del término sociedad civil no puede pasar inadvertida. Cuando Carlos Monsiváis la puso en juego en los días del terremoto de 1985, se refería a la gente, en su mayoría de los barrios y unidades habitacionales de la Ciudad de México, organizada en una toma de poder donde la autoridad permanecía paralizada. Su indignación democratizó a la capital. La derecha intelectual le quitó el contenido popular y lo sustituyó por los expertos, los que saben. Así, la sociedad civil se convirtió en una red de organizaciones privadas, académicas y evaluadoras, que formaron un gobierno paralelo, no electo, que no representaba a nadie salvo a sí mismo y no rendía cuentas a nadie. Fideicomisos e institutos autónomos sustituyeron a los brigadistas del terremoto de 1985. De ahí su despolitización inherente: su base social es la abstención; su posición jerárquica se debe a que te maneja el Excel.
La oposición a la 4T tiene el aspecto de una nave a la deriva que no quiere reconocer el mar. Sus referentes son la abstención y la irrepresentabilidad del que sabe, y se ha creado una ficción en la que México era, en sus cinco sexenios letales, una democracia y los conflictos no existían. Ni la corrupción, los saqueos al dinero público ni los fraudes electorales. Están en medio de una tempestad y sólo pueden recurrir a una nave inexistente, la mayoría silenciosa, que no se manifiesta políticamente. Volviendo a las democracias deportivas o conyugales, me parece que no saben en qué competencia se inscribieron y tampoco quieren reconocer que viven solos. (Fabrizio Mejía Madrid, La Jornada, Política, p.8)