La jueza séptima de distrito en materia administrativa emitió una suspensión definitiva que ordena a la Secretaría de Educación Pública (SEP) no aplicar las Reglas de Operación de La Escuela Es Nuestra (LEEN) para 2022, con lo que evita que las escuelas con jornada ampliada y servicios de alimentación desaparezcan.
Claudia Aguilar, socia del despacho Aguilar Barroso y Asociados, explicó que con este fallo la SEP no puede aplicar dichas reglas de operación y, por tanto, los componentes de LEEN que se refieren a los servicios de ampliación de la jornada escolar y de alimentación deben continuar.
La jueza consideró que aplicar las reglas de operación tal como se publicaron en el Diario Oficial va en perjuicio de los derechos a la educación y a la alimentación de la niñez.
La resolución, de efecto inmediato, tomó en cuenta el interés superior de la niñez y su derecho a recibir educación, cuidado y atención mientras sus padres o tutores se encuentren empleados, no tienen trabajo o tienen uno que no les brinda seguridad social o el acceso a los servicios de cuidado y atención infantil, así como el derecho de la niñez de recibir alimentación adecuada para su desarrollo y que ésta permita su aprovechamiento académico. (Alma Paola Wong, Milenio Diario, Política, p. 9)
El gobierno federal interpuso un recurso de impugnación al fallo del juez Adrián Fernando Novelo Pérez, titular del juzgado primero de distrito en Yucatán, quien la semana pasada concedió la suspensión provisional contra la construcción del tramo 5 del Tren Maya a los habitantes del municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
Marco Aurelio Colín Hinojosa, apoderado legal del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) Tren Maya, y Nacional Financiera, como fiduciaria en el fideicomiso de la dependencia turística, fueron los encargados de interponer el recurso.
Ahora, el caso se turnará a un tribunal colegiado que en los próximos días determinará si confirma, modifica o revoca el fallo del juzgado federal. (César Arellano García, La Jornada, Política, p. 7)
En el país, 80 por ciento de los feminicidios son perpetrados por familiares o personas cercanas a las víctimas. En el caso de niñas o adolescentes, la cifra se eleva a nueve de cada 10 casos, explicó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez.
Por desgracia la mayoría de los homicidios y de los feminicidios son por personas conocidas de las víctimas, no es en las calles necesariamente dónde ocurren estos delitos. Lo quiero subrayar, indicó luego de las manifestaciones registradas este fin de semana en las que mujeres en todo el país pidieron justicia por el caso del feminicidio de Debanhi Susana Escobar en Nuevo León.
Sobre el resto de los casos, dijo, tiene que ver con la intervención y responsabilidad de bandas del crimen organizado, esa es otra parte que tiene que ver con homicidios.
Ante ello, enfatizó la importancia de no dejar pasar las alertas, ni normalizar la violencia, y en cambio, presentar las denuncias correspondientes, ya que muchas mujeres siguen inmersas en el ciclo de violencia sin estar conscientes del riesgo que sufren sus vidas. (Néstor Jiménez, La Jornada, Política, p. 3)
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) declaró desierta la licitación para la compra de docenas de armas de alto poder, en la que participaban dos de las empresas fabricantes de Estados Unidos que fueron demandadas por el gobierno federal, a las que acusa de prácticas “negligentes”, que facilitan el contrabando de sus armas a México.
En el fallo de la licitación LA-007000999-E192-2022, se indica que ninguna de las cuatro empresas que buscaban adjudicarse el contrato cumplieron técnicamente con lo requerido en la convocatoria.
“No cumplen técnicamente por no haber obtenido por lo menos 37.5 de los 50 puntos posibles y por lo tanto se consideran insolventes técnicamente”, se lee en el documento.
El pasado 14 de abril EL UNIVERSAL reveló que Barrett Firearms Manufacturing, Inc, y Colt’s Manufacturing Company, dos de las 11 empresas fabricantes de armas en Estados Unidos, demandadas por el gobierno mexicano y a las que acusa de prácticas “negligentes” que facilitan su contrabando a México, buscaban nuevamente venderle a la Sedena 63 fusiles, ametralladoras y escopetas de apoyo aéreo y terrestre de alto poder. (Pedro Villa y Caña, El Universal, Nación, p. 8)
El Estado de México sumó 41 feminicidios en el primer trimestre del año, según cifras dadas a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Tan sólo en enero y febrero sumaron 22 y en el mes de marzo se registraron 19 más, lo que significó un aumento del 86% respecto a las cifras de los dos primeros meses del año.
El secretario de Gobierno del Estado de México, Ernesto Nemer, reconoció que las alertas por feminicidio y desaparición, que respectivamente tienen 11 y siete municipios mexiquenses, son de los temas que más preocupan al gobernador Alfredo del Mazo Maza, por lo que en este año se han emitido 25 sentencias por feminicidio, cuatro de ellas con prisión vitalicia.
Señaló que de más de mil 400 desaparecidas en el último año, al menos 75% han sido localizadas con vida. (Rebeca Jiménez y Emilio Fernández, El Universal, Metrópoli, p. 14)
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que el nuevo Reglamento de Cementerios, Crematorios y Servicios Funerarios es para panteones públicos y privados, por lo que no están regulando los de barrios y pueblos originarios, ya que tienen que ser consultados.
“Se hizo un cambio en el reglamento, quiero decir y aprovechar, porque ha habido mucha incertidumbre en el caso de cementerios que tienen que ver con pueblos originarios, ahí son usos y costumbres (y) no estamos entrando a la regulación dado que tienen que ser consultados por los pueblos y barrios de acuerdo con nuestra Constitución. [La regulación] es esencialmente para panteones civiles públicos y privados”, explicó tras el reporte de incidencia delictiva mensual.
A pregunta expresa sobre si se prevé construir memoriales para las osamentas que han sido abandonadas en cementerios durante varios años, Sheinbaum dijo que los administradores deben seguir un protocolo para tener mayor orden y que haya un espacio digno donde reposen los restos.
EL UNIVERSAL publicó este lunes que el consejero Jurídico y de Servicios Legales (Cejur), Néstor Vargas Solano, dijo que con el nuevo reglamento buscan detener la comercialización de osamentas en los 118 panteones de la ciudad con la construcción de memoriales para los restos humanos abandonados. (Salvador Corona, El Universal, Metrópoli, p. 14)