El choque entre las bancadas de Morena y sus aliados con los partidos opositores en la Cámara de Diputados se acrecentó después del rechazo a la reforma eléctrica, y se perfila una parálisis legislativa en el interior de San Lázaro en cuanto a reformas importantes y constitucionales.
Mientras que los morenistas acordaron no avalar una sola iniciativa impulsada por la oposición, las bancadas del PRI, PAN, PRD y MC coinciden en que tampoco respaldarán las reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En entrevista con EL UNIVERSAL, la vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena, Aleida Alavez, confirmó que en su grupo parlamentario se determinó no apoyar las iniciativas de la oposición. “Hemos dicho que después de su rechazo a la reforma eléctrica hay un antes y un después, y en ese antes y en ese después nosotros no tenemos por qué estar respaldando los temas en los que ellos dicen tener interés, cuando en realidad sus intereses obedecen a sectores muy particulares. No puede ser que actúen como si nada hubiera pasado. Pasó y que se hagan responsables de ello”, dijo.
Así, reformas que incluso eran de consenso, como la prohibición al doble remolque surgida desde el PRI, se quedarán en el tintero. Según una revisión de este rotativo al portal oficial de la Cámara de Diputados, en lo que va de la 65 Legislatura se han avalado 70 iniciativas, de las cuales, 23 fueron impulsadas por el PRI (9), PAN (10), PRD (3) y MC (1). (Antonio López Cruz, El Universal, Ocho Columnas)
Arturo Zaldívar, titular del Poder Judicial de la Federación, aseguró que acceder a la justicia sigue siendo, “en buena medida”, un privilegio de las élites.
Al inaugurar la Primera Reunión Preparatoria de la XXI Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfatizó que, como impartidores de justicia, su compromiso más importante es transformar esta realidad inaceptable.
“Pocas cosas son a la vez tan añejas y tan vigentes como los reclamos de justicia. Acceder a ella sigue siendo, en buena medida, un privilegio de las élites. Obtener la protección de un tribunal que resuelva las controversias y tutele los derechos involucrados es algo que, para muchas personas —para los más pobres, marginados y discriminados— solo existe en el papel.
“Y mientras esta realidad persista, la idea de que los derechos son universales y de que asisten a toda persona, por el simple hecho de serlo, seguirá siendo una quimera, una promesa incumplida”, expuso el ministro presidente. (José Antonio Belmont, Milenio, Ocho Columnas)
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aseguró que acceder a la justicia aún es un privilegio de las élites.
“Pocas cosas son a la vez tan añejas y tan vigentes como los reclamos de justicia, acceder a ella sigue siendo un privilegio de las élites.
“Obtener la protección de un tribunal que resuelva las controversias y tutele los derechos involucrados es algo que, para muchas personas —para los más pobres, marginados y discriminados— sólo existe en el papel, y mientras esta realidad persista, la idea de que los derechos son universales y de que asisten a toda persona seguirá siendo una promesa incumplida”, enfatizó durante la inauguración de la primera reunión preparatoria de la XXI edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana.
El ministro aseguró que el compromiso más importante es transformar esta realidad inaceptable e impartir una justicia que contribuya a revertir las desigualdades históricas.
“El fortalecimiento de los poderes judiciales, su independencia, su modernidad y buen funcionamiento deben ser instrumentales a la construcción de una justicia verdaderamente igualadora, ante la que no haya ricos ni pobres, ante la que no haya poderosos”, indicó. (Diana Martínez, El Heraldo de México, Ocho Columnas)
La pandemia de covid fue una “bomba atómica” en materia de hambre. El número de personas en inseguridad alimentaria venía creciendo por millones desde 2015, dado el aumento de precios. Ahora, con la guerra entre Rusia y Ucrania, se configuró “una tormenta perfecta”, hablamos de “una crisis global y generalizada”, puntualiza Lina Pohl, representante de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) en México.
En entrevista con La Jornada, Pohl reporta que el índice de precios de alimentos de la FAO llegó en marzo a su nivel más alto desde que hay registro, un promedio de 159.3 puntos por arriba del mismo periodo de 2014; y en un solo mes avanzó 17.9 puntos. Frente a ello, México y América Latina no tienen, hasta ahora, un problema de “falta de comida” –se produce lo suficiente para el doble de habitantes de la región–, sino de escasez en los bolsillos de las familias para adquirirla.
El conflicto en Ucrania ha disparado los precios de los granos en los mercados internacionales y con ello también las alertas de hambre. Pohl reconoce que desde 2015 “ya veníamos mal” en inseguridad alimentaria. En 2019, antes de la crisis derivada de la pandemia, había 650 millones de personas en el mundo sobreviviendo sin lo suficiente para comer, un año después escalaron hasta a 811 millones (Dora Villanueva, La Jornada, Ocho Columnas)
El nuevo modelo educativo desconocerá los actuales libros de texto porque fomentan “el modelo neoliberal”, eliminará exámenes de evaluación internacional y alineará sus objetivos a los propósitos de la Cuarta Transformación, según anunció ayer la Secretaría de Educación Pública (SEP).
El modelo será “libertario, humanista, que termine con el racismo, con las pruebas estandarizadas que segregan a la sociedad”, expuso ayer el director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, Marx Arriaga, sin especificar cómo aplicaría esa retórica.
Especialistas educativos cuestionaron que el proyecto educativo gubernamental no enfrente la situación de emergencia derivada de la pandemia, que provocó la caída de matrícula escolar, la deserción y el rezago entre los estudiantes. Hay más ideología que pedagogía, juzgó la académica Alma Maldonado, experta del Cinvestav.
Marx Arriaga dijo que los actuales libros y las prácticas docentes vigentes refuerzan el viejo régimen. (Claudia Guerrero e Iris Velázquez, Reforma, Ocho Columnas)
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó ayer que la Federación ha asumido el control de la nómina educativa en los estados para apoyar sus finanzas.
“Una demanda de apoyo que las entidades reclaman es la federalización de la nómina de educación estatal. Hemos llevado a cabo ya los diagnósticos, las conciliaciones de plazas, el costeo y la determinación del techo presupuestal para materializarlo en convenios.
“La Federación asume el control de la nómina educativa estatal y apoya su financiamiento liberando a los estados de una presión de gasto, dando certeza de pago a los trabajadores”, dijo Óscar Flores, de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP.
Así se habrán basificado, a finales de 2022, 650 mil maestros, y se habrán regularizado 27 mil claves y reinstalado mil 57 profesores. (Antonio Baranda, Reforma, P.p.)
Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, se reunió la mañana de ayer con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien recorrió la réplica de la Capilla Sixtina, instalada en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.
El Ejecutivo aseguró que las relaciones con la Iglesia católica se traducen en amistad y respeto, y agregó que considera que el Papa Francisco es un dirigente espiritual y humanista excepcional.
Más tarde, el representante de la Santa Sede reconoció que durante la Conquista española, además del abuso y maltrato hacia los indígenas, también prosperó el rechazo hacia sus culturas.
Parolin, quien se encuentra en nuestro país en la conmemoración del XXX aniversario del restablecimiento de relaciones entre el Estado mexicano y el Vaticano, participó en el Encuentro académico “Laicidad abierta y libertad religiosa, una visión contemporánea”, en el que estuvo presente el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard. (Ricardo Moya, la razón, P.p.)
La consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador –cuyo costo final fue de mil 567 millones de pesos – culminará con 108 demandas diarias, en promedio, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debido a posibles irregularidades.
En comparación, en 2021, cuando se llevó a cabo la elección más grande de la historia del país, con más de 20 mil cargos en disputa, dicho tribunal electoral recibió 18 mil 242, en promedio, 49 diarias.
El órgano judicial llevará a cabo hoy la sesión en la emitirá la declaratoria de conclusión de la consulta, así como el cómputo final.
Se prevé que el tribunal electoral determine la invalidez del proceso de revocación de mandato, por no alcanzar el requisito constitucional de una participación de 40% de los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral; es decir, más de 37 millones de votos. (Ángel Cabrera, 24 Horas, Ocho Columnas)
La brutalidad policíaca patrulla sin freno: 99 de cada 100 carpetas de investigación contra elementos de seguridad pública, militares y marinos quedaron en la impunidad, de acuerdo con 3 mil 862 solicitudes de información tramitadas vía Ley de Transparencia ante las fiscalías federal y estatales.
Las respuestas oficiales constatan que los agentes investigados fueron acusados de cometer homicidios, desapariciones forzadas, tortura, lesiones y abuso de autoridad al momento de realizar detenciones.
Una investigación impulsada por el Programa de Apoyo al Periodismo en México de la Unesco, en colaboración con MILENIO, revela que de 33 mil 750 expedientes que se iniciaron por estos delitos entre 2015 y 2020, sólo 373 se judicializaron y 172 concluyeron con una sentencia condenatoria, según la respuesta de los poderes judiciales locales consultados. Es decir, que el nivel de impunidad es de 99.5 por ciento.
La organización Amnistía Internacional (AI) define la brutalidad policial como el uso ilegítimo de la fuerza que tiene como consecuencia violaciones a los derechos humanos de la población civil. Esta mala práctica trata de mantenerse oculta por los gobiernos y ha derivado en casos de privación de la vida y tratos crueles, según la organización. (Eduardo Buendía, Tamara Gidi, Patricia San Juan y Nayeli Meza, Milenio, P.p.)
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT) pagó a la empresa Semex, S.A. de C.V. casi nueve millones de pesos para suministrar e instalar señalización vertical en autopistas, corredores y vías libres de peaje para facilitar el acceso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
El consorcio que ganó el contrato es originario de Monterrey, Nuevo León, y lo preside Alejandro Brunell Meneses.
De acuerdo con el acta de fallo de la licitación por invitación a cuando menos tres personas, la dependencia que encabeza Jorge Arganis Díaz Leal consideró que Semex ofertó la mejor propuesta económica para llevar a cabo el trabajo de señalización vial frente a sus dos competidoras: Infraestructura y Desarrollo Urbano MM, S.A. de C.V. y Señales y Proyectos, S.A. de C.V. Estas últimas presentaron propuestas de 10.4 millones y 9.2 millones, respectivamente.
El documento –firmado por Salvador Fernández Ayala, director general del Centro SCT México– indica que los trabajos para colocar los señalamientos de acceso al AIFA iniciarían el 26 de enero de 2022 y concluirían el 15 de marzo, a una semana de que el presidente Andrés Manuel López Obrador inaugurara la que es considerada una de las obras insignes de su administración. (Saúl Hernandez | El Sol de México, Ocho Columnas)
La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió que TV Azteca, del empresario Ricardo Salinas Pliego, debe pagar 2 mil 447 millones de pesos al SAT por Impuesto sobre la Renta omitido en el ejercicio de 2009. Otro adeudo fue confirmado el pasado 19 de enero por la Segunda Sala de la Corte por 2 mil 664 millones de pesos que el SAT impuso a Grupo Elektra.
La Corte también tiene pendiente resolver una solicitud de Elektra para atraer su amparo contra el crédito fiscal más cuantioso que enfrenta, por 18 mil 455 millones de pesos, confirmado en octubre de 2020 por el TFJA. (Reforma Staff, Reforma, P.p. César Arellano, La Jornada, P.p.)
Quien intente cometer un feminicidio enfrentará penas de cárcel de 30 a 45 años.
Con 453 votos a favor y 24 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó reformas a diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y del Código Penal Federal.
Tras estos ajustes, los jueces podrán determinar, en función de las pruebas, si dictan prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio consumado o en grado de tentativa punible. Así, los sospechosos no gozarán de la libertad condicionada, anticipada, preparatoria ni de la sustitución de la pena.
La iniciativa, resultado de nueve iniciativas impulsadas por legisladores de Morena, PAN, PRI, PRD y PVEM, fue enviada al Senado para continuar con el proceso legislativo. En la tribuna, diputadas relataron casos en que la impunidad de los agresores, ante fallidos intentos de dar muerte a una mujer, les abrieron la puerta a posteriores feminicidios consumados.
También, los diputados aprobaron la creación del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), cuyo objetivo es mitigar la crisis forense y de desapariciones que enfrenta el país. (Ivonne Melgar, Excélsior, Ocho Columnas, Enrique Méndez, Georgina Saldierna, Emir Olivares, Alonso Urrutia y Corresponsales, La Jornada, Contraportada)
Tras rechazar la violencia feminicida en el país, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad en lo general que se castigue con hasta 40 años de cárcel, así como con prisión preventiva oficiosa, el delito de intento de feminicidio.
La reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y del Código Penal Federal, para castigar el feminicidio en grado de tentativa, fue aprobada con 453 votos a favor y 24 abstenciones, por lo que fue turnada al Senado. En lo particular, se emitieron 474 sufragios a favor de todos los grupos parlamentarios.
La propuesta establece que el delito de feminicidio en grado de tentativa ameritará prisión preventiva oficiosa, al igual que el feminicidio consumado que ya estaba en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Los castigos por tentativa de feminicidio serán de 30 a 40 años de cárcel, equivalentes a la mitad y hasta dos terceras partes de la pena máxima por feminicidio, que es de 60 años. Además, plantea que los sentenciados por este delito no gozarán de libertad condicionada, anticipada ni sustitución de su pena. (Otilia Carvajal, La razón, Ocho Columnas)
Con el objetivo de “reforzar los cambios contra la corrupción”, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una reforma para que la Secretaría de la Función Pública (SFP) centralice la política general de contrataciones públicas y participe en negociaciones internacionales relacionadas con compras del sector público.
El Ejecutivo envió ayer a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que también asignaría a la Función Pública la coordinación de compras estratégicas y elaborar disposiciones que promuevan la participación de la proveeduría nacional.
En la exposición de motivos, el mandatario explicó que la centralización de las contrataciones públicas en la SFP tiene el propósito de “asegurar un adecuado uso de los recursos públicos con probidad y eficiencia”. Como parte de los cambios planteados, se incluye transferir a la Función Pública la atribución que, desde el último día del sexenio pasado, tiene la Secretaría de Hacienda en materia de nombramiento, remoción, coordinación y conducción de los titulares de las unidades de administración y finanzas en los entes de la administración pública (Georgina Saldierna y Enrique Méndez, la Jornada, P.p.)
Una mujer está de pie en una esquina sobre la calle de Sullivan, a escasos metros del Monumento a la Madre, en la Cuauhtémoc, una de las alcaldías más importantes de la capital y de las más afectadas por la trata de personas, delito que aumentó casi tres veces en el último año en la demarcación.
La zona, solitaria, con poca iluminación, pese a los comercios de los alrededores, es conocida por ser uno de los puntos de la capital donde pulula la prostitución, en muchas ocasiones, derivada de la trata.
En el primer trimestre del año en curso, en la alcaldía gobernada por Sandra Cuevas se abrieron 19 carpetas de investigación por este delito, lo que representa 280 por ciento más que un año atrás que en el mismo periodo del año pasado, cuando se tuvo registro de cinco, de acuerdo con el mapa interactivo de incidencia del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
En enero y febrero de 2021 se tuvo reporte de dos investigaciones abiertas en cada mes y una en marzo; mientras que en este año, las estadísticas consignan seis en enero, siete en febrero y seis en marzo. (Frida Sánchez, La Razón, P.p.)
Los petroleros sindicalizados advirtieron a Pemex que en aquellas áreas de trabajo donde no exista el personal suficiente, equipos de seguridad o instalaciones seguras, se van a paralizar las labores.
Además, señalaron que de continuar con los incumplimientos al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), iniciarán una huelga.
Ayer, durante las asambleas extraordinarias que efectuaron las 36 secciones con las que cuenta el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en todo el País, condenaron que no se cumpla el CCT.
Los petroleros respaldaron a su líder, Ricardo Aldana, y pidieron emplazar al director de Pemex, Octavio Romero. Reclaman que se mantenga el congelamiento de plazas, lo que impide a los petroleros laborar en las plantas y, en consecuencia, percibir sus ingresos. (Benito Jiménez, Reforma, P.p.)
Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia, aseguró que las protestas de petroleros contra Pemex son orquestadas por los líderes sindicales que ya no podrán hacer negocio con la venta de plazas ni extorsionar a trabajadores.
En Palacio Nacional, explicó que la petrolera puso en marcha un Plan de Regularización Laboral, que impide a los líderes del sindicato petrolero realizar cobros indebidos a los empleados.
“Hay inconformidad de algunos líderes sindicales porque ahora ya no puede haber venta de plazas ni cobro de cuotas a cambio de conseguir una plaza transitoria o una definitiva”, respondió en entrevista.
“Ya no van a ser materia de extorsión. Sí hay inconformidad porque ya se les acabó el negocio”, agregó. (Claudia Guerrero, Reforma, P.p.)
El gobierno federal continúa las gestiones con empresarios y productores, a fin de acordar un plan conjunto que detenga la escalada de la inflación en nuestro país.
Fuentes del gobierno federal dijeron a El Economista que el control de precios a 25 productos de la canasta básica, como se había mencionado, no es un tema de su interés ni es abordado en el diálogo que realizan integrantes del gabinete económico con empresarios y productores. Detallaron que se buscan otros medios para impulsar el mercado interno.
Las fuentes relataron que el presidente Andrés Manuel López Obrador encargó a integrantes de su gabinete económico realizar las gestiones necesarias con los sectores para frenar el aumento de precios en productos de la canasta básica.
Por ejemplo, el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, se aboca por su parte a realizar las evaluaciones correspondientes para aumentar la producción agroalimentaria nacional en el país, principalmente en granos básicos como maíz, arroz, frijol y trigo, además de la leche. (Jorge Monroy, El Economista, Ocho Columnas, Héctor Usla, El Financiero, Ocho Columnas)
Para amortiguar el golpe del alza de precios por la guerra en Ucrania, es preferible dar apoyos específicos a grupos vulnerables, permitiendo a los precios ajustarse en función de su comportamiento global, sugirió el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Con ello, los gobiernos de América Latina y el Caribe van a poder garantizar la cohesión social y reducir el riesgo de tensión social, establecieron expertos del organismo multilateral. (Leonor Flores, Ivette Saldaña y Antonio Hernández, El Universal, P.p.)
Torreón.— María Guadalupe Pérez mira en las noticias todo lo que se ha hecho por encontrar a Debanhi Escobar, la joven de 18 años que desapareció en Nuevo León y fue encontrada sin vida tras 13 días de búsqueda, y pregunta cuál es la diferencia con su hija Jovanna Dibanhi Aguilar Pérez, desaparecida hace 10 meses en Torreón, Coahuila.
“Ella era Debanhi, mi hija es Dibanhi, con i”, dice la madre como si con eso, con la similitud del nombre, fueran a buscarla, como no lo han hecho las autoridades coahuilenses en todo este tiempo.
“Estoy viendo que con la muchacha de Monterrey hicieron muchas cosas”, señala. El mismo reclamo lo ha hecho a las autoridades de la fiscalía estatal. “Allá tienen más recursos que aquí”, cuenta la madre que le dijeron como excusa.
Esas excusas las ha recibido la madre desde que su hija desapareció, el 25 de junio de 2021. Incluso, en un inicio, cuando pedía resultados, el ministerio público que la atendió le dejó en claro que había muchas otras mujeres antes que ella: “Me dijeron así como: ‘Fórmese en la fila, señora. Hay muchas como usted que tienen más años buscando’”. Una fila que suma más de 3 mil desaparecidos en Coahuila. (Francisco Rodríguez, El Universal, P.p.)
La visita del secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, a Moscú –donde ayer mantuvo reuniones marcadas por las discrepancias con el presidente Vladimir Putin y el canciller Serguei Lavrov– difícilmente puede propiciar avances hacia un arreglo político de la guerra que mantiene Rusia contra Ucrania, pero sin duda tuvo el propósito pragmático de convencer al Kremlin –y también hablará con el gobierno de Kiev– de la necesidad de respetar los corredores humanitarios para que la población civil pueda salir de Mariupol y otras ciudades asediadas por las tropas rusas.
Desde el primer intercambio de frases entre Putin y Guterres, transmitido en directo, como es habitual, el comienzo del encuentro por el canal noticioso de la televisión pública rusa, Rossiya-24, quedó claro que las posiciones del anfitrión y del huésped son antagónicas.
Putin quiso ser amable al destacar la importancia de la ONU y agregó que Rusia en su quehacer internacional siempre actúa con apego a la Carta de Naciones Unidos, pero Guterres respondió que “violar la integridad territorial de un país soberano es, para la ONU, una invasión que no se corresponde con los principios del derecho internacional”. (Juan pablo Duch, La jornada, P.p.)