El éxodo bíblico del pueblo judío en búsqueda de la tierra prometida, y la tercera guerra servil en la antigua Roma son ejemplos de cómo ciertas condiciones obligan a grandes grupos humanos a luchar por su derecho a liberarse del yugo opresor y explorar nuevos territorios para florecer.
Y aunque la historia nos presenta a los exploradores europeos como grandes aventureros en busca de gloria y riquezas, su llegada al continente americano no fue sino otro movimiento migratorio. Norteamérica es un caso peculiar, porque las colonias inglesas optaron por el exterminio de los pueblos originarios (a diferencia de las colonias españolas, en las cuales hubo mayor mestizaje), es decir, se construyeron casi en su totalidad por migrantes.
Con los años, la pujanza económica de Estados Unidos lo ha convertido en el mayor país receptor de inmigración internacional, y su frontera sur aglutina a miles de personas provenientes de México y otras naciones latinoamericanas y caribeñas. Para los presidentes de la Unión Americana, el tema migratorio es parte de su agenda política, y en ocasiones determina la evaluación de su gestión. El voto latino cada vez cobra mayor fuerza en su sistema político, pero al mismo tiempo el nacionalismo y la xenofobia se resisten a desaparecer.
La estrategia del otrora candidato presidencial Donald Trump en 2016 fue precisamente apelar a esa nostalgia del pensamiento político antiinmigrante, que señalaba específicamente a migrantes mexicanos como causantes de los mayores males de la economía y la sociedad estadounidenses. Contra todos los pronósticos, este discurso logró triunfar en las elecciones.
Con el inicio de la nueva administración, ya con Joe Biden, que implicó una transición política del republicanismo hacia el ala demócrata, también se regeneró la relación México-Estados Unidos, con base en las coincidencias con el proyecto de nación y la noción de desarrollo e integración regional que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En esta nueva relación existe consenso respecto a que el desarrollo y el subdesarrollo de los países se encuentran estrechamente vinculados, al igual que las zonas en conflicto y las regiones en relativa paz responden a una misma lógica. Baste recordar las dictaduras latinoamericanas apoyadas desde el Gobierno estadounidense en el siglo XX, o el hecho de que la demanda de sustancias ilícitas y el tráfico de armas en esa nación hayan generado un aumento en la violencia al sur de su frontera.
En este sentido, la cooperación para el desarrollo se vislumbra como la vía más conveniente para hacer frente al problema de la inmigración irregular en nuestro vecino del norte; sin embargo, se trata de un plan a largo plazo que requiere continuidad y no intermitencias supeditadas a las transiciones políticas.
Si el derecho a la migración está reconocido en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 13) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 22.2), entonces el derecho a la inmigración también debe ser aceptado, y por ello el presidente AMLO ha insistido en la necesidad de regularizar a las y los connacionales que trabajan en Estados Unidos sin los requerimientos legales actuales, pero que suponen el mayor soporte de la economía familiar en México, y un gran impulso a la productividad al norte de la frontera; un tema que resalta entre los grandes pendientes de la agenda binacional.
Por eso, en la reunión a distancia del pasado viernes entre los presidentes López Obrador y Biden la migración fue el tema central, y su eje rector, la cooperación para el desarrollo, con mucha mayor inversión, para responder conjuntamente al posible aumento de flujo migratorio, tras el fin de las restricciones migratorias por motivos de la pandemia establecidas en la era Trump, conocidas como Título 42.
Aunque este encuentro vía remota tuvo lugar días después de las declaraciones del expresidente Trump en un acto de campaña en favor del Partido Republicano, en las que presumió sus presuntas tácticas de coacción contra el Gobierno de México, ambos mandatarios demostraron que la actualidad exige una postura más conciliadora y humanitaria, lo que abona a las expectativas sobre los resultados de la próxima Cumbre de las Américas, a celebrarse en Los Ángeles, California, del 6 al 10 de junio.
Aunque en otras latitudes, la experiencia del migrante ghanés Ousman Umar, quien viajó de los 13 a los 17 años de África hacia Europa y escribió el libro Viaje al país de los blancos, nos recuerda que “hay que trabajar en el origen del problema para evitar que futuras víctimas caigan en este infierno”, el del subdesarrollo y la inmigración ilegal.
Por eso es una buena noticia que México y Estados Unidos parezcan estar entrando a una nueva etapa en la que criminalizar la migración se reemplace por un enfoque en el cual cada migrante reciba un trato justo y humano: una meta por la que vale la pena trabajar. (Ricardo Monreal Ávila, El Universal, Opinión, p. A21)
Antes incluso que el intenso intercambio comercial y la estrecha relación de las economías de México y Estados Unidos, ningún tema es más importante y sensible que la regularización del estatus jurídico de los trabajadores migrantes en suelo estadunidense, así como el concomitante respeto a los derechos humanos de quienes son pilares del andamiaje de la nación que usufructúa su fuerza de trabajo.
Por eso, a la reunión virtual –vía una prolongada llamada telefónica de cara a la Cumbre de las Américas– entre los jefes de Estado de ambos países, el pasado 29 de abril, debe seguir la implementación de medidas de Estado con visión de largo plazo que resuelvan de fondo la problemática del fenómeno migratorio, más allá de las acciones punitivas y la cooperación de los gobiernos locales para blindar la frontera.
Eso significa apoyos reales para incentivar el crecimiento de la economía y la consecuente generación de oportunidades de empleo en el sur de México y en Centroamérica, especialmente en el llamado triángulo norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) de donde actualmente provienen los mayores flujos migratorios del continente.
Mientras se mantengan las disparidades abismales en los niveles de ingreso y estándares de calidad de vida entre la mayor potencia económica del mundo y los países de Latinoamérica, debido a la carencia de infraestructura productiva y fuentes estables de empleo en el sur, la emigración no cesará, así se erijan muros y se dupliquen los operativos de contención en la frontera de Estados Unidos con México.
Las cifras de detenciones y deportaciones, lejos de disminuir, se han disparado en la actual administración del vecino del norte, muy por encima de los mayores registros del anterior gobierno, cuando se creía que se había alcanzado el techo de las expulsiones sumarias y sin oportunidad de un juicio.
Según la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP por sus siglas en inglés), las personas que son detenidas no son retenidas en áreas congregadas para su procesamiento y son expulsadas inmediatamente a su país de último tránsito. De acuerdo con esa oficina gubernamental del gobierno federal estadunidense, desde marzo de 2020 se han enviado de regreso a México o a su país de origen 1.8 millones de migrantes, la mayoría a partir de 2021, con el inicio del nuevo gobierno. Sólo en febrero de 2022, último reporte mensual, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos realizó más de 158 mil detenciones en la frontera sur, según datos de la propia agencia.
Esa cifra sin precedentes se debe, en buen grado, a la emisión de una orden ejecutiva de la administración Trump, conocida como Título 42, un formato neofascista por el cual el gobierno de Estados Unidos expulsa a migrantes en un esquema fast track y, de entrada, sin la oportunidad de solicitar asilo. Una orden emitida presuntamente por razones de salud pública dictada los primeros días de la contingencia sanitaria por covid-19, justamente en marzo de 2020, y que tenía como objetivo detener la expansión de la pandemia, como si los migrantes fueran agentes especialmente portadores y propagadores del letal virus.
La orden permitió a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres de Estados Unidos y, lo más grave, fue ratificada y mantenida por la actual administración. A pesar de que el presidente Biden expresó que será retirada este mes, un juez federal de Louisiana ha ordenado mantener vigente esa medida mientras analiza el caso y emite una resolución definitiva, obviando el dato de que la tasa de propagación y letalidad del virus ha descendido sustancialmente por el alto porcentaje de población vacunada.
Sin embargo, lo más grave es la falta de regularización del estatus migratorio y, en general, el respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales que laboran en ese país, nuestro principal socio comercial; una añeja asignatura pendiente que generó una gran esperanza de ser atendida y resuelta en una administración que anunció desde el principio un programa ambicioso para regularizar a 11 millones de personas, la mayoría de origen mexicano.
No obstante, lejos de procesarse esa reforma de avanzada en las cámaras legislativas de Estados Unidos, se han recrudecido los operativos de blindaje en la frontera y continúa el proceso de expulsión sumaria, al amparo de la citada orden administrativa, una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo.
Históricamente, los flujos migratorios responden a realidades económicas y sociales complejas. Debido a las dinámicas demográficas, está claro que la migración de mexicanos hacia Estados Unidos ha tenido un repunte significativo este año de pospandemia, mientras la migración del triángulo norte de Centroamérica se ha disparado. La problemática migratoria afecta a México tanto en lo relativo a sus connacionales que emigran como en su condición de país de tránsito.
En suma, es importante revisar de manera integral en la próxima Cumbre de las Américas y en todos los foros la agenda de relaciones México-Estados Unidos, pero comenzando por el fenómeno migratorio; además de promover un libre comercio sin barreras subrepticias, acuerdos específicos para apoyar al más débil, seguridad fronteriza, cooperación auténtica en materia de salud y, sobre todo, respeto a los derechos humanos, sociales y laborales de los trabajadores migrantes. (José Murat, Presidente de la Fundación Colosio, La Jornada, Política, p. 16)
La conversación telefónica entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden fue caracterizada por los dos países, como siempre, como “cordial” y “constructiva”. No se esperaba menos, porque este tipo de pláticas no son de confrontación, aunque las relaciones entre los dos países, como hoy, estén en un mal momento donde la balanza, por la relación asimétrica, esté del lado de Estados Unidos. Biden ha sido muy prudente con López Obrador, lo que ha sido censurado en Washington y ha sorprendido a los críticos del mexicano en casa. La razón de ello parece ser el final de la política excepcional del expresidente Donald Trump de procesar las peticiones de asilo en territorio mexicano –conocida como Título 42–, que coincide con el incremento extraordinario de la migración mexicana a Estados Unidos, que produjo 221 mil detenciones en el último mes.
Biden necesita que López Obrador frene la migración, que le cuesta enormemente en términos político-electorales, y López Obrador parece creer que tiene a Biden en sus manos, y que puede hacer lo que quiera. En el corto plazo se está saliendo con la suya, pero está sembrando el camino de heridos y agravios. La síntesis de ello es el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien ha sido envuelto –y él lo ha permitido– en la retórica nacionalista sobre la reforma eléctrica, que llevó a que en diciembre un grupo de empresarios pidiera al secretario de Estado, Antony Blinken, que lo removiera porque no estaba defendiendo los intereses de su país, afectando al sector privado.
Blinken aguantó la presión, y aunque Salazar ha ido modificando su actuar, ha perdido la confianza en varios sectores estadounidenses. Biden no cambió a Salazar quizá por las mismas razones que frenó a la representante comercial de la Casa Blanca, Katherine Tai, cuando ante las violaciones al acuerdo comercial de América del Norte que denunció por la ley eléctrica –y la negativa de López Obrador a hablar del tema con John Kerry, responsable del cambio climático–, iba a imponer aranceles a varios productos. Biden, de acuerdo con personas que conocen al detalle lo que sucedió en Washington, le dijo que todo lo relacionado con México tenía que ser coordinado y supervisado por Blinken.
Públicamente las cosas se transmiten diferente para minimizar daños. Por ejemplo, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, al responder el viernes pasado en el briefing sobre si Biden había amenazado a López Obrador con elevar aranceles para que reforzara los controles migratorios, dijo que “no era la forma como enfocaban” las cosas, y que el presidente estadounidense no había amenazado al mexicano “de ninguna forma”.
Usar la palabra “amenaza” para describir lo que no hizo Biden fue un recordatorio de lo que sí hizo Trump en 2019 al amenazar con la imposición de aranceles si no frenaba López Obrador la inmigración centroamericana, y que entre su amenaza y la negociación bastaron menos de siete días para que el gobierno mexicano cediera en todo lo que deseaba. Aquel momento fue recordado por Trump hace dos sábados en un mitin político, que sacudió a Palacio Nacional. La respuesta de López Obrador, minimizando los dichos de Trump, fue parte de una estrategia planteada por el canciller Marcelo Ebrard para salir inmediatamente del problema, pero el Presidente le pidió una información detallada sobre qué temas que lo comprometieran y a su gobierno podrían comenzar a salir a la opinión pública.
Ebrard ofreció entregarle el informe antes de partir a Washington, en un viaje repentino como consecuencia de la conversación telefónica del viernes entre Biden y López Obrador. En aquel momento, López Obrador cedió a las presiones de Trump y accedió a enviar miles de soldados a la frontera con Guatemala para frenar la migración hacia Estados Unidos y Ebrard, según reveló la exembajadora en Washington Martha Bárcena, fue quien negoció –aparentemente a espaldas del Presidente mexicano– el programa Quédate en México, que daba sustento al Título 42. Qué otras concesiones hizo López Obrador a Trump en esos tiempos, se desconocen, pero preocupan tanto al Presidente mexicano, que quizás ayudan a entender por qué la miel que arroja sobre el polémico exjefe de la Casa Blanca cada vez que habla de él.
Las declaraciones públicas requieren de contexto para entender lo que significan. Por ejemplo, aunque el énfasis de la plática fue migración, tocaron un tema que molesta en Washington, que López Obrador no haya sancionado comercialmente a Rusia por la invasión a Ucrania, aunque es epidérmico, porque en términos estratégicos, su gobierno aceptó la asistencia técnica de Estados Unidos para incrementar su capacidad de seguridad en el ciberespacio, cuyo objetivo es que los hackers rusos no interrumpan las cadenas de abastecimiento norteamericanas.
Igualmente, como informó la Casa Blanca en la declaración sobre la plática, “reafirmaron su visión… de tener la región más competitiva y dinámica del mundo”, y sobre “sus objetivos compartidos” en economía, cambio climático y energía, lo que es una contradicción con los dichos y posiciones de López Obrador. En la práctica, López Obrador se encuentra en las antípodas de Biden, pero eso tiene sin cuidado al presidente de Estados Unidos. Lo revela la declaración al precisar que su conversación fue en línea con el Diálogo Económico de Alto Nivel, que apenas unos días antes, en la Ciudad de México, ratificó el marco de referencia de la relación bilateral suscrito en septiembre del año pasado, que mantiene vigente que por encima de todo están las necesidades estratégicas de Estados Unidos, que incluye acotamientos geopolíticos a Rusia y China.
Está claro que López Obrador tiene dos frentes abiertos. Uno es con Trump, por la alarma que causaron sus amenazadoras palabras en Palacio Nacional, y el otro es con Biden, aunque el Presidente piense que puede chantajear sin consecuencias. La prudencia de Biden no significa aceptación a sus posturas. Lo estamos viendo. Lo deja que diga lo que quiera, pero en lo fundamental, sigue apretando a López Obrador. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 38)
En Estados Unidos hay más de 62 millones de personas de origen hispano en la actualidad. Si bien es cierto que la población blanca es la más numerosa, el más reciente censo indica que ha comenzado un proceso de disminución del tamaño de la misma: de 63.7 por ciento en el año 2010 a 57.8 por ciento en 2020.
Esto significa, entre otras cosas, que la población hispana en Estados Unidos cada día adquiere mayor relevancia cuantitativa y cualitativa. Pensemos por un momento que la población hispana en la Unión Americana es más grande que la población de España y que la de cualquier otro país de América Latina, con la excepción de México y Brasil.
Las proyecciones indican que hacia el año 2060, uno de cada cuatro norteamericanos será de origen hispano.
En este contexto, durante la semana pasada, los principales responsables de la pastoral hispana de Estados Unidos, se reunieron en Washington, para reactivar los compromisos estratégicos necesarios para una renovación eclesial y social más plena, de acuerdo a los llamados del papa Francisco.
En el marco de este evento el Consejo Nacional Católico para la Pastoral Hispana de Estados Unidos realizó un día de cabildeo en el Capitolio, dirigido por el obispo Mario Dorsonville, presidente del Comité de Migración de la Conferencia Episcopal; 400 líderes hispanos de la Iglesia católica se encontraron con sus representantes para exigir una “reforma migratoria integral”.
Esta petición nace de la recuperación de la conciencia en Estados Unidos sobre la importancia que posee la doctrina social de la Iglesia como “buena noticia” para los miembros de todos los partidos políticos. “Se trata de salvaguardar la dignidad de las personas que, por un sistema migratorio ineficiente e injusto, viven en la oscuridad y sin poder defender sus derechos”, apuntó monseñor Dorsonville.
“No más promesas vacías, necesitamos ya una reforma legal de las leyes migratorias”. Casi al mismo tiempo, los presidentes Biden y López Obrador tuvieron una conversación virtual de 52 minutos, el pasado viernes, sobre asuntos migratorios.
Las notas de prensa reportan que se buscan crear nuevas medidas para frenar la migración proveniente de la frontera con México. Tal vez sea el momento en que tanto los diálogos gubernamentales, como los procedentes de las iglesias y de la sociedad civil organizada, en ambos lados de la frontera, comiencen a adquirir el horizonte que ofrece el concepto de “reforma migratoria integral”.
Más allá de tecnicismos, lo que involucra un esfuerzo de esta naturaleza, es que todas las personas puedan migrar ordenadamente, bajo normas renovadas, que aseguren la vigencia plena de los derechos humanos en todo momento.
Una visión parcial o ideológica de los derechos humanos, conlleva no sólo una injusticia para cierto segmento de la población, sino un desajuste en el Estado de derecho, que antes de ser un “estado de leyes” consiste en la búsqueda continua de que la igual dignidad de cada ser humano, sea protegida con igual justicia.
En este tema una importante área de oportunidad se abre para Estados Unidos, para México y para todos los países involucrados en la migración actual hacia el vecino del norte. (Rodrigo Guerra López, Secretario de la Pontificia comisión para América Latina, El Heraldo de México, País, p. 10)
RESQUICIOS
EU alerta sobre una “presión extraordinaria” de migrantes desde México. Es probable que lo que vaya a pasar es que los migrantes que están en las dos fronteras mexicanas busquen que el gobierno mexicano los deje salir. La situación es desde hace años la misma, bailamos al son que tocan desde el norte. (Javier Solórzano Zinser, La Razón, LADOS, p. 2)
Coincidentemente fue el desenlace de la Primera Guerra Mundial lo que despertó la preocupación de un sinfín de grupos, por atender de manera prioritaria a los niños. Hoy, son tres fenómenos los que nos obligan a subrayar la urgencia de dar prioridad a las niñas y niños de nuestro planeta: el Covid-19, la migración y la guerra.
Al día de hoy se discute en nuestro país, acerca de la necesidad de vacunar a los menores de edad para protegerlos del virus. Más allá de los efectos directos que pudieran presentarse en ellos al verse contagiados, los niños han sido afectados con el encierro, la falta de convivencia con sus amigos en los espacios abiertos y la pérdida de clases presenciales que afectaron su aprendizaje y desarrollo.
Lo más doloroso de los efectos del Covid-19 sobre los niños, es la orfandad en la que muchos de ellos han quedado. Hacia finales de junio del 2021, más de 2 millones de niños en el planeta habían perdido a su madre, padre, abuelo o abuela, que estaban a cargo de sus cuidados de manera rutinaria.
El Banco Mundial ha estimado tasas de muerte de cuidadores primarios (adultos encargados del cuidado de los niños) de 10 niños por cada 1,000 niños en Perú, 5.1 niños en Sudáfrica, 3.5 niños en México y 1.5 en Estados Unidos. Los efectos de la orfandad son diversos y profundos: depresión, deserción escolar, violencia, entre muchos otros.
Con base en un reporte del Imperial College of London, se calcula que la pandemia dejó en México más de 215 mil niños y adolescentes huérfanos. En contraste, el Senado mexicano revela que la cifra podría alcanzar los 400 mil.
El segundo recordatorio de la necesidad de redoblar el paso por nuestros niños nos lo da la guerra. Unicef se encuentra realizando tareas para brindar a los niños estabilidad, protección y seguridad, en un contexto de violencia y zozobra en Ucrania. Se calcula que existen más de 7.5 millones de afectados. Los niños han muerto, han sido heridos y han sufrido traumas que afectan su presente y futuro. Se calcula que más de 5 millones de menores ucranianos se han visto obligados a dejar su país.
El tercer recordatorio urgente nos lo da la migración en nuestro continente. Son miles los niños que cruzan a pie países enteros buscando llegar a Estados Unidos. México se ha convertido en un país de origen, tránsito y retorno de niños, procedentes principalmente de Honduras, El Salvador y Guatemala.
Los niños caminan en muchas ocasiones solos, en un completo estado de vulnerabilidad, afectados física y mentalmente, y se vuelven presa fácil de la violencia, la explotación y la trata. Unicef calcula que el 30 por ciento de la población migrante alojada en albergues en territorio mexicano son niños, de los cuales, la mitad ha viajado solo, sin ningún acompañante que pudiera cuidar de ellos.
Enfrentamos un gran reto, profundamente doloroso, considerando únicamente a estos tres grupos de niños que sufren efectos importantes de la realidad por la que atraviesan. Sector privado, público y social, debemos fortalecer acciones para rescatar a estos niños que se encuentran en la etapa más importante de formación, que condicionará su desarrollo y futuro. (David E. León Romero, La Razón, México, p. 10)
Ante las evidencias de un inminente colapso migratorio en Estados Unidos por los errores estratégicos del presidente Joseph Biden, México pudo colocarse como parte fundamental del sistema de toma de decisiones de la Casa Blanca en materia de migración.
Esta sería la principal conclusión estratégica que quedó definida en el encuentro telefónico del viernes al mediodía entre los presidentes Biden y López Obrador. Gracias -quizá- a la estridencia del expresidente Donald Trump en su discurso de Ohio, Biden se comprometió a no presionar a México para frenar los flujos migratorios que se preparan en el escenario de la finalización del Título 42 y su principal efecto en la reducción de restricciones para el ingreso legal e ilegal muy grandes.
Trump se había solazado de su presión a México vía amenazas arancelarias para conseguir la movilización “gratis” de 25 mil soldados mexicanos para contener la ola migratoria desordenada de 2019. El viernes Biden asumió el compromiso de una coordinación binacional, sin duda una de las victorias diplomáticas más importantes en los últimos años.
Asimismo, el presidente López Obrador le quitó la dirección política unilateral a la Cumbre de las Américas que el presidente Biden estaba definiendo a partir de los intereses geopolíticos y estratégicos de la Casa Blanca y como parte de su intención de obligar a todos los países de la región Iberoamericana a sumarse a las sanciones contra Rusia definidas por los intereses estadounidenses en la guerra de Ucrania. La petición mexicana de no excluir a ningún país de la región le puso un obstáculo al interés unilateral de Biden.
Si no alcanzan estos datos para redefinir las relaciones bilaterales, sí podrían ser suficientes para evitar decisiones autoritarias de Washington.
Zona Zero
En el contexto del encuentro telefónico tiene que colocarse también la redefinición en los hechos de las actividades de las agencias de inteligencia de EU que se dedican a labores de lucha contra el narcotráfico -sobre todo la DEA-, pues ahora tienen la obligación -como parte de las reformas a la ley de seguridad nacional mexicana- de registrar nombres de agentes, movimientos y operativos en México, otra victoria diplomática en la relación con el imperio. (Carlos Ramírez, 24 Horas, Estados, p.12)
El único anuncio sustantivo que hizo el presidente López Obrador sobre su conversación con el presidente Biden el viernes pasado es que se acordó que el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, iría a Washington el lunes siguiente. Los otros comentarios fueron ambigüedades comunes de su forma de expresarse: “cordial”, “amistoso”, etcétera. Previo a la conversación, López Obrador había dicho que no tenía la menor idea de qué quería hablar Biden.
En el read-out que ofreció la Casa Blanca sobre la conversación entre los dos presidentes, se recalcó que había un acuerdo previo tomado en la Cumbre de Líderes de América del Norte, en noviembre de 2021, para impulsar la competitividad de la región frente a la economía mundial.
También se mencionaron los retos que impone a la región la volatilidad económica y política que provocó la invasión rusa a Ucrania. Por ello, es importante avanzar en los encuentros y tra- bajos del Diálogo Económico de Alto Nivel.
También hablaron de la próxima Cumbre de las Américas, a realizarse en junio en Los Ángeles, California, y la necesidad de impulsar el desarrollo económico y social de América Central y el sur mexicano.
Reconocieron el interés compartido por atender los flujos migratorios y enfatizaron la necesidad de coordinar esfuerzos con los países de la región.
Agregando efemérides, notaron que el 12 de diciembre de 2022 se conmemoran los 200 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre las dos naciones.
La pregunta que surge de este informe que ofrece la Casa Blanca sobre la conversación, y ante la falta de información de la parte mexicana, es, ¿qué objeto tiene la visita precipitada de Ebrard a Washington?
No se desprende ninguna explicación del viaje con la información ofrecida. Por tanto, tenemos que recurrir a un mecanismo indiciario para extraer alguna lógica al asunto.
Primero, hay mucha tensión entre México y Estados Unidos sobre el tema Centroamérica y el Caribe. Mientras Kamala Harris, vicepresidenta de EU, está construyendo un bloque entre Estados Unidos, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, aglutinados en la Alianza por el Desarrollo en Democracia, López
Obrador quiere crear un mecanismo alternativo integrado por México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y Cuba como contrapeso a la iniciativa de Estados Unidos. La Cuenca del Caribe se calienta políticamente por la confrontación entre México y Estados Unidos. Pero ¿cuál gobierno podrá ofrecer más apoyos a esos países?
Segundo, según fuentes diplomáticas, está presente el conflicto sobre la participación de Cuba en la Cumbre de las Américas.
Biden desconfía de los cubanos porque considera que traicionaron la buena fe negociadora de Obama, después de haber llegado a acuerdos de fondo entre ambas naciones. Al parecer, López
Obrador insiste en que Cuba sea invitada a la cumbre, amenazando con retirar la participación mexicana al evento si la isla no está presente. Lo precipitado de la conversación entre Biden y
López Obrador tenía que ver con el hecho de que el Presidente mexicano estará de visita en Cuba la próxima semana. El tono de su discurso durante la visita revelará si se puso de acuerdo, o no, con Biden.
Tercero, todo sugiere que el T-MEC está a punto de entrar en aguas legales turbulentas, a la par de que el gobierno mexicano aplica su interpretación de lo que acordó la SCJN sobre la indus tria eléctrica y, aunque es distinto, la nueva ley de minería agrega un componente adicional de incertidumbre para la inversión extranjera.
Cuarto, el problema migratorio sigue presionando a ambos gobiernos. Con buena voluntad, podrán ponerse de acuerdo para administrar una situación difícil. O, caso contrario, podría descomponerse peligrosamente la situación en la frontera, para complacencia del crimen organizado. Con una anotación al calce: la mayoría de los indocumentados devueltos a México no son centroamericanos. Son mexicanos.
Presumiblemente, éste es el menú que llevará Marcelo a Washington. ¿Se doblará como lo hizo con Trump? (Ricardo Pascoe Pierce, Excélsior, Comunidad, p. 19)