Estados Unidos aceptó a 100 mil refugiados de Ucrania. De América Latina sólo recibirá a 20 mil, y en dos años. Hay prioridades, ¿no? (La Jornada, Contraportada)
No en África, Europa o países latinoamericanos ve uno este trato de las autoridades migratorias mexicanas contra una docena de académicas os argentinos, colombianos y centroamericanos. Eran invitados al evento de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso). Parte de 3 mil 500 académicasos de 836 centros de investigación o posgrado. A pesar de esto, laslos colegas fueron aislados, agredidos, amenazados y algunos, expulsados del país (Néstor Jiménez, La Jornada, 8622). Los agentes migratorios confirmaban el nombre de la mesa y de la ponencia e incluso, con fino talento académico buscaban poner en difícil entredicho a los autores: ¿por qué si usted vive en Argentina, la ponencia habla sobre Chile? La aclaración que hizo luego el Instituto Nacional de Migración (INM) (?algunos traían familia?; La Jornada, 10622), confirma la política de facto de un fuerte prejuicio, desconfianza y hasta racismo. ¿Por qué?
No hay un solo factor, pero ciertamente contribuye el hecho de que a raíz de la amenaza del presidente Trump (habrá aranceles si no detienes la migración a Estados Unidos), México ha asumido como propia y hasta ha interiorizado la tarea de establecer una frontera interna al paso migrantes del sur. Así, la frontera de México se ha recorrido hasta el interior a más de 3 mil kilómetros, ya que en cualquier puerto o estación en el interior se detiene a quien coincida con el perfil de potencial migrante. Y esto a pesar de que la Ley de Migración nunca establece que la intención o el hecho de migrar (aún sin documentación del país receptor) constituya una falta. No es legal la política de detener, amenazar, expulsar a imaginarios o reales migrantes a Estados Unidos. Y a pesar de eso esta práctica se normaliza, y eso no es inocuo, contribuye a rebajar en México los estándares de los derechos de las personas. Es decir, políticas que degradan a las mujeres, a los más pobres, y que fortalecen la reticencia o abierto rechazo de las autoridades públicas a abrir de par en par ámbitos tan elementales como el derecho a la educación y a tener condiciones dignas de trabajo en las instituciones educativas, el respeto a la autonomía, a una educación que abra horizontes, para todas y todos.
México ha sido un laboratorio de ensayo de políticas que luego se intenta aplicar en países latinoamericanos. Después de que en los años 90 se estableció en México el Tratado de Libre Comercio (TLCAN), y se restringió la educación superior y aumentaron los cobros o aranceles, casi de inmediato Estados Unidos pretendió extenderlo al resto de los países de la región, y apareció la Alianza de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Ya prevenidos, los gobiernos acumularon suficiente fuerza social y lograron que no se materializara.
Hoy también les será importante revisar la experiencia mexicana, Para que no se repita, por ejemplo, el explosivo crecimiento en el número de desaparecidos. Cien mil es una cifra enorme y un indicador del grado de violencia en una sociedad. Y también en la educación. En la Universidad Autónoma Metropolitana (UAMX), y en una sola división académica en estos días, tenemos un joven estudiante de sicología asesinado y una académica bajo amenaza de muerte por su estudio sobre el litio.
Y no existe una política clara que pueda contribuir ?como la educación? a mitigar al menos esta violencia. A pesar de ser uno de los dos países más ricos de la región (y la décimo cuarta potencia económica mundial), México desde hace décadas mantiene una fuerte restricción del gasto educativo. En consecuencia, es uno de los países de América Latina más atrasados en cobertura de la educación superior. Tener apenas 40 por ciento de jóvenes estudiando cuando en Argentina, Cuba y otros países latinoamericanos llega hasta 80 y 100 por ciento, es sintomático de una visión gubernamental errada. Peor aún, cuando se fortalece con la reciente aprobación de la Ley General de Educación Superior, que no busca aumentar sustancialmente el gasto, coloca en las autoridades de las instituciones la determinación del derecho a la educación (que sin fondos, restringen el acceso), simula la gratuidad y mercantiliza la educación superior. Esto es muy significativo y va contra cualquier política de dar oportunidades de futuro para los jóvenes como una respuesta a la criminalidad y el desamparo. Al mismo tiempo y por lo mismo, decenas de miles de profesores ?sobre todo jóvenes? trabajan en la precariedad, con bajísimos salarios, pésimas condiciones laborales y en un panorama cerrado. Por eso, hoy todos los colegios preuniversitarios que sostiene la Ciudad de México están en huelga.
Un país que no amplía su base educativa y científica está, como México, condenado a un desarrollo siempre frágil, fincado en factores externos que no controla: inversión extranjera, remesas de migrantes, turismo, venta de petróleo y agricultura gourmet de exportación. (Hugo Aboites, UAM-X, La Jornada, Opinión, p. 14)
Como parte de los acuerdos suscritos en el último día de la Cumbre de las Américas, se presentó la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, centrada en compartir responsabilidades en la gestión del flujo migratorio. En ella, Estados Unidos se compromete a acoger a 20 mil refugiados de América Latina en 2023 y 2024, así como a desembolsar 314 millones de dólares en ayuda para migrantes en la región. El gobierno del presidente Joe Biden también ofrece “aumentar” la acogida de refugiados haitianos, pero no da cifras al respecto, y otorgará 11 mil 500 visas de trabajo temporal a ciudadanos de Haití y países de Centroamérica.
Los ofrecimientos de Washington no podrían estar más distantes de lo que se requiere para atender el fenómeno migratorio, y son perfecta muestra de dónde se encuentran las prioridades de la superpotencia: el monto de la ayuda para migrantes supone menos de uno por ciento de lo que destinará en un solo paquete de apoyo para continuar las acciones bélicas en Ucrania, y la cantidad de refugiados latinoamericanos a los que abrirá las puertas es una quinta parte de los ucranios a los que recibirá. Igualmente brutal es el contraste entre la raquítica admisión de refugiados y la marea humana que busca integrarse a la sociedad estadunidense para huir de la violencia, el hambre o la falta de oportunidades: según datos oficiales, 7 mil 500 migrantes irregulares (en su mayoría de Centroamérica, pero también de Cuba, Nicaragua Venezuela y Haití) intentan cruzar a diario la frontera con Estados Unidos; sólo en abril pasado 234 mil personas indocumentadas fueron detenidas en la franja fronteriza, y más de 1.8 millones de migrantes han sido expulsados de manera expedita desde que en marzo de 2020 el entonces presidente Donald Trump puso en vigor el Título 42, una disposición que habilita a las autoridades a deportar sin mayor trámite con el pretexto de la pandemia de covid.
Más allá de que evidencia de nueva cuenta la falta de voluntad de la administración Biden para abordar de manera realista y humana el drama migratorio, la frustrante insuficiencia de la Declaración de Los Ángeles resulta característica de los saldos de una cumbre que no puede dejar satisfecho a nadie. Desde antes de comenzar, el encuentro quedó marcado por la decisión de la Casa Blanca de excluir unilateralmente a tres países cuyos gobiernos no son de sus afectos, y por la determinación de los mandatarios de Bolivia, Honduras y México de no acudir en protesta por el veto. Con estos antecedentes, se desarrolló entre los reclamos de líderes progresistas latinoamericanos, como los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y Chile, Gabriel Boric, o el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, para reconstruir las relaciones continentales sobre bases democráticas y de respeto a las soberanías nacionales, y el empecinamiento de Washington en su cada día más insostenible pretensión de “guiar” la manera en que sus vecinos conducen sus asuntos internos.
Tal como destacó Ebrard en su alocución de despedida, es necesario dejar atrás el paradigma intervencionista sostenido por Estados Unidos y lanzar una nueva etapa en la relación entre las Américas, una en la que la unidad responda a las realidades presentes y al sentir de la mayoría de las naciones. En este sentido, era insoslayable reiterar el rechazo a una de las políticas de Washington que generan mayor malestar en América Latina y en el mundo: la persistencia del ilegal e inhumano bloqueo contra Cuba, contra el cual han votado 29 de los 32 estados que enviaron delegaciones a California esta semana. Sólo cuando Washington se decida a escuchar el clamor de sus vecinos y a apegarse a la legalidad en sus vínculos con ellos podrá realizarse una Cumbre de las Américas con resultados y trascendencia a la altura de las circunstancias globales. (Editorial, La Jornada, p. 4)
El cierre de la IX Cumbre de las Américas organizada por Estados Unidos en el Centro de Convenciones de Los Ángeles sirvió para escenif car el aparente declive de su influencia en la región y los hasta ahora escasos resultados de las políticas del presidente Joe Biden para hacer frente a los gobiernos autoritarios y populistas que proliferan en ella.
Debía ser la gran cita continental y Biden esperaba sacar de ella compromisos concretos de sus vecinos del sur para el control de la inmigración irregular, pero estuvo marcada por las ausencias de algunos líderes latinoamericanos principales. Al cierre de esta edición se esperaba una declaración conjunta en materia migratoria, principal resultado tangible de la Cumbre. Con todo, la «Declaración de Los Ángeles», cuyo objetivo es crear incentivos para los países que acogen a un gran número de migrantes y repartir la responsabilidad por toda la región es vista con incredulidad por algunos analistas pues las promesas, algunas de las cuales parecen más bien simbólicas, no son lo suficientemente signifcativas como para marcar una diferencia importante. Además, el hecho de que los gobernantes de algunos de los principales países implicados en este fenómeno declinaran participar invita al escepticismo. Como ha sido habitual en los últimos años, Washington no invitó al venezolano Nicolás Maduro, el cubano Miguel Díaz-Canel ni el nicaragüense Daniel Ortega, dictadores con un sombrío currículo en materia de derechos humanos.
Pero, quizá para sorpresa del equipo de Biden, se sumaron después ausentes voluntarios. No estuvieron el boliviano Luis Arce, el guatemalteco Alejandro Giammatei, ni la hondureña Xiomara Castro. La ausencia más destacada fue la del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que, f el a su estilo populista, rehusó participar en protesta por la exclusión de Maduro, Díaz-Canel y Ortega. La diplomacia estadounidense trató de minimizar el f asco ofreciendo encuentros bilaterales con Biden a otros líderes que habían coqueteado con la posibilidad de no asistir y así aseguró la presencia del brasileño Jair Bolsonaro y el argentino Alberto Fernández, que como el chileno Gabriel Boric criticó el veto a Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Con México, cuya colaboración es clave para frenar a los inmigrantes clandestinos rumbo a Estados Unidos, Washington optó por tragarse el sapo del desplante de AMLO y confirmó una reunión con Biden en el Despacho Oval el mes que viene.
Biden ha centrado sus esfuerzos de cara a esta cumbre en la lucha contra el cambio climático y la inmigración irregular, cuyo volumen no ha parado de crecer y se ha convertido en uno de sus frentes más vulnerables ante las críticas de los republicanos. El expresidente Donald Trump insiste en que hay una «crisis en la frontera» provocada por la tolerancia de Biden con los sin papeles y los viajes a Centroamérica de la vicepresidenta Kamala Harris, que tuvo un gran protagonismo en la cumbre, no han dado hasta ahora el resultado deseado.
Juan González, el diplomático estadounidense encargado de los asuntos de América Latina, dijo en un encuentro con periodistas que Biden y las otras dos docenas de líderes asistentes a la Cumbre f rmarían una declaración sobre migraciones, «enviando una fuerte señal de unidad y determinación para controlar la crisis migratoria regional», un mensaje que pone de manif esto la urgencia de Washington por implicar a sus vecinos del sur para combatir el problema en origen. Y Harris prometió 1.900 millones de dólares del sector privado para crear oportunidades en los países de origen, pero no parece que el dinero pueda solucionar un problema tan complejo si no hay voluntad política.
A la espera de conocer el alcance real de la declaración, todos los observadores coinciden en que el modesto desenlace de la cumbre revela los escasos resultados de la política menos agresiva que su predecesor que Biden ha adoptado ante las dictaduras cubana, nicaragüense y venezolana, un eje regional que se mantiene bien engrasado y sigue mostrando olímpico desprecio por los derechos humanos y las libertades públicas.
Pese a que Washington suavizó recientemente las sanciones aprobadas en la era Trump contra Caracas, permitiendo, por ejemplo, que Repsol y la italiana ENI reanuden sus tratos con la petrolera estatal venezolana, y contra Cuba, moderando los límites a las remesas y vuelos con destino a la isla, la respuesta no ha sido en absoluto amistosa.
Díaz-Canel proclamó desde La Habana que nunca participaría en una cumbre organizada por Estados Unidos aunque le invitaran y Maduro se permitió escenificar que ya no se siente tan aislado internacionalmente con una gira internacional que lo ha llevado a Turquía, Irán y Argelia. Ortega f rmó ayer un decreto que autoriza la presencia de militares rusos en Nicaragua. El líder sandinista autorizó el ingreso de tropas, naves y aeronaves de las Fuerzas Armadas de Rusia para participar en operaciones «en contra de ilícitos» en el mar Caribe y en el océano Pacíf co nicaragüense. Ortega autorizó que un número indeterminado de militares, naves y aeronaves rusas ingresen a Nicaragua del 1 de julio al 31 de diciembre de este año. (Carlos Velázquez, La Razón, Internacional, p. 2)