Se realizó la semana pasada, en Los Ángeles (California) la 9ª Reunión de las Américas, asistió la mayoría de los jefes de Estado y de Gobierno de los países de nuestro continente.
Brillaron por su ausencia los presidentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, que enviaron un representante después de que decidieron no asistir debido a que el gobierno de Estados Unidos no invitó a los impresentables dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Por la misma razón no fue el presidente de Bolivia.
Tampoco llegó el primer ministro de San Cristóbal y las Granadinas, quien fracasó en su intento de que los gobernantes de 14 países del Caribe no fueran a Los Ángeles.
El presidente de Uruguay canceló su viaje debido a que enfermó de Covid-19.
Bolivia y San Vicente y las Granadinas ni siquiera enviaron un representante.
Al finalizar la reunión, se difundió la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, suscrita por los jefes de Estado y de Gobierno de Argentina, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
En ella, los firmantes reiteran su voluntad de “fortalecer los esfuerzos nacionales, regionales y hemisféricos para crear las condiciones de una migración segura, ordenada, humana y regular, y de consolidar los marcos para la protección y la cooperación internacional”.
Añaden que: 1. Coinciden “en la necesidad de promover las condiciones políticas, económicas, sociales, ambientales y de seguridad para que las personas tengan una vida pacífica, productiva y digna en sus países de origen. La migración debería ser una elección voluntaria e informada, y no una necesidad”; 2. Que están “decididos a proteger la seguridad y la dignidad de todos los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y personas apátridas, con independencia de su condición migratoria, y a respetar sus derechos humanos y libertades fundamentales”, y; 3. “Que se proponen “mantener una cooperación directa para (…) promover los retornos seguros y dignos, en consonancia con la legislación de los países, el principio de no devolución y nuestras respectivas obligaciones conforme al derecho internacional”.
También reconocen que “abordar la migración internacional irregular exige un enfoque de tipo regional, y que las dificultades sanitarias, sociales y económicas que existen actualmente debido a la pandemia exacerban las causas fundamentales que propician la migración irregular, incluidas las vulnerabilidades de numerosos migrantes y comunidades”.
En pocas palabras, se comprometen a promover: “la estabilidad y la asistencia para las comunidades de destino, origen, tránsito y retorno (…) las vías regulares para la migración y la protección internacional (…) la gestión humana de la migración (…) y una respuesta coordinada ante emergencias”.
Desde ahora se ve difícil que, pese a todas las buenas intenciones anotadas en el documento, se vaya a lograr gran cosa. En primer lugar, la Declaración no es jurídicamente vinculante y, en segundo lugar, el Senado de EU no aprobará ninguna legislación que el presidente Biden le envíe para reformar el sistema migratorio de su país. (Eduardo Ruiz-Healy, El Economista, Política y Sociedad, p. 44)
La Suprema Corte de Estados Unidos mantiene su injerencia en el Gobierno de México a través del programa “Quédate en México”.
Una veintena de estados gobernados por los republicanos mantiene su injerencia en el Gobierno de México a través del Título 42.
En ambos casos el presidente López Obrador y su secretario Marcelo Ebrard no dicen nada a la opinión pública.
En efecto, la Corte ha obligado al presidente Biden a mantener el programa migratorio con el que obliga a inmigrantes a permanecer en territorio mexicano durante el tiempo que dure el procedimiento de análisis de las solicitudes de asilo.
Por lo que se refiere al Tìtulo 42, si bien es cierto que Biden también intentó cancelar sus efectos, un grupo de republicanos se amparó y un juez federal obligó al presidente Biden a seguir expulsando inmigrantes por motivos sanitarios.
Desde un restaurante español en el Wharf, un área remodelada en Washington, un funcionario de la época del presidente Obama me comenta con sorpresa la habilidad que ha tenido el presidente López Obrador para evitar que la opinión pública mexicana le interrogue sobre las razones por las que mantiene vivos los programas “Quédate en México” y el Título 42. “Con una llamada al presidente Biden es suficiente para avisarle que México no coparticipará de las obligaciones pactadas durante el Gobierno del presidente Trump”.
Si lo hiciera, ¿qué haría la administración Biden? “Tendría que enviar a los inmigrantes por avión a Guatemala o a Honduras mediante acuerdos con los respectivos presidentes”.
¿Por qué razón el presidente López Obrador permite la injerencia indirecta de los jueces y gobernadores republicanos de Estados Unidos?
“El acuerdo original lo tuvo con Trump. Fue Marcelo Ebrard y Javier López Casarín quienes negociaron con Pompeo el “Quédate en México” antes de que López Obrador jurara el cargo”, me comenta el viejo funcionario. “Lo mantiene AMLO como si de un bono se tratara, y se ve que lo cobra”.
El dogma también es ficción. AMLO y Ebrard optaron por el alboroto para llegar a la Cumbre de las Américas. El secretario de Relaciones Exteriores sobreactúa para adoptar rasgos de populista de izquierda para lograr recibir la herencia más preciada entre los precandidatos de la 4T, es decir, para ser el elegido por AMLO como candidato presidencial de Morena para el 2024.
Mencionó pocas palabras. Las necesarias para disipar un alboroto acumulado durante 30 días. Luis Almagro dijo que no le gustaría ver a Pinochet, Videla y Gregorio Álvarez en la sala del teatro Microsoft donde se llevó a cabo la Cumbre de las América la semana pasada. ¡Suficiente para generar cierto pudor a quienes deseaban la presencia de los dictadores actuales de la región?
No era necesario decir ni una palabra más. Almagro hizo ver la ridícula actuación de Fernández y Ebrard.
Sobre democracia, nada de qué hablar. Sobre derechos humanos, nada de qué hablar. Sobre problemas económicos producidos por la pandemia y la guerra, por lo que toca a Ebrard, nada de qué hablar.
Lo importante era la sobreactuación.
La debilidad de Biden en política exterior no es novedad para ningún diplomático consultado. China lo ha aprovechado para desmantelar la democracia en Hong Kong; Rusia, con la invasión a Ucrania. Latinoamérica ha sido desconectada por la Casa Blanca, por lo menos desde la época de Trump. Era el momento de AMLO y Fernández para aprovecharlo.
“Creen que han ganado, pero pierden sus instituciones democráticas”, me comenta el funcionario. “Es como celebrar la victoria de un partido amistoso engañando a la gente, haciéndole creer que ganaron un Mundial”.
“Biden es un presidente decente. Entiende que AMLO está dispuesto a soportar las injerencias de la Suprema Corte y de gobernadores republicanos”.
Con el alboroto le cobró la factura. (Fausto Pretelin Muñoz De Cote, El Economista, GeoPolítica, p. 48)
Más que los acuerdos específicos emanados de la novena Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, California –resolutivos muy limitados y ambiguos–, lo relevante es la necesaria unidad y reposicionamiento de los países de América Latina y el Caribe para hacer valer su voz en el mundo, especialmente en el continente, donde siguen prevaleciendo la visión y los intereses de los más fuertes, las dos economías más desarrolladas.
De entrada, la participación de sólo 23 de los 35 jefes de Estado y de gobierno –algunos de ellos por exclusión deliberada y explícita del anfitrión, aduciendo la orientación política de sus gobiernos–, marcaron un encuentro que hizo de la denominación de americana un eufemismo, una abstracción.
La falta de representatividad de la región hizo que los resolutivos se quedaran muy lejos de las expectativas, sobre todo en el tema más sensible, producto de las asimetrías y distorsiones del desarrollo: el fenómeno migratorio. No es una percepción personal, las cifras que subyacen a los compromisos suscritos así lo evidencian.
Mientras para los expulsados por la guerra en Ucrania, el gobierno de Estados Unidos se dijo dispuesto a recibir de inmediato a 100 mil refugiados, para todo el continente americano –para los que viven del río Bravo hasta la Patagonia–, el compromiso de ese país, suscrito en la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, es recibir a 20 mil anuales. Es decir, cinco veces menos, cuando se trata del mismo continente, donde cualquiera pensaría debiera haber más solidaridad y fraternidad regional y de grupo, espíritu de cuerpo.
En términos económicos, la asimetría se ve aún más grotesca, mientras el Congreso de Estados Unidos autorizó para Ucrania ayuda militar y humanitaria por 14 mil millones de dólares en marzo, y otros 40 mil millones en mayo (es decir, 54 mil millones), cifra que podría crecer de prolongarse el conflicto bélico, para ayuda estratégica destinada a inhibir la inmigración proveniente de América Latina, el gobierno de ese país se comprometió a gestionar en diciembre de 2021 recursos por mil 200 millones de dólares y mil 900 millones más al amparo de los acuerdos de la novena cumbre americana, es decir, 3 mil 100 millones de dólares en total. Se trata de una relación de apoyos de casi 20 a uno entre un caso y otro; además, en este último, recursos inciertos, volátiles.
Decimos inciertos y volátiles, porque, a diferencia de Ucrania, donde se trata de recursos públicos, gubernamentales –presupuestables, en el caso de la ayuda para América Latina y el Caribe, especialmente para Centroamérica–, serían recursos privados, de compañías de particulares y de corporaciones que todavía tendrían que ponderar la retornabilidad de sus inversiones, como corresponde a la lógica del capital.
Tampoco puede decirse que se trata de situaciones diferentes en la urgencia de su atención. Mientras en Los Ángeles sesionaban los jefes de Estado, a México llegaba una nueva caravana de migrantes proveniente del llamado triángulo norte de Centroamérica, es decir, Guatemala, Honduras y El Salvador. Otra más de una escalada en busca del sueño americano, decenas de miles de hombres, mujeres y niños, que en su mayoría terminan en México ante el rechazo sistemático en la frontera con Estados Unidos.
Por eso decimos que se requiere de una nueva gobernanza continental, una revisión integral de todo el entramado de instituciones que rigen, de manera permanente y no sólo periódica, como en las cumbres, las relaciones entre los países del hemisferio, bajo la premisa de un empoderamiento y reposicionamiento de los países cuya voz no ha sido suficientemente escuchada y atendida, los del sur del río Bravo.
Se requiere una reforma profunda del sistema interamericano, que incluya a la Organización de los Estados Americanos –organización creada bajo la lógica de la guerra fría– y el consecuente alineamiento de los países del área latinoamericana con las directrices de quien se asumía como el custodio del continente, con derechos para sancionar la orientación ideológica de los gobiernos.
También, revisar la operación de instituciones financieras como el Banco Interamericano del Desarrollo (BID), cuya eficacia no se ha visto para financiar programas de desarrollo que en verdad apuntalen el de los países más rezagados, que generen oportunidades en los lugares de origen y desincentiven la emigración hacia el norte.
En suma, es tiempo de fortalecer los mecanismos regionales de defensa de los intereses de América Latina y el Caribe, más allá de la especificidad ideológica de sus gobiernos, y que promuevan iniciativas con visión de futuro e impacto real, que dignifiquen las condiciones de vida de quienes, además de compartir geografía, tienen derecho al desarrollo.
Programas operativos para atemperar las asimetrías Norte-Sur, a partir de la generación de economías más eficientes y fuertes en este polo, con mayor inversión productiva, megaproyectos continentales, que detonen el empleo y eleven la calidad de vida de la población local; también, que hagan realidad, ahora mismo, el respeto a los derechos humanos de quienes emigran por esas disparidades en los ritmos regionales del desarrollo.
*Presidente de la Fundación Colosio (José Murat, La Jornada, Política, p. 14)
La Cumbre de las Américas, celebrada hace unos días, ha tenido un resultado modesto: algunos acuerdos generales y una declaración sobre migración en la que existen compromisos sobre regularización de migrantes, acogida de refugiados y cuotas de migración temporal. Como es de esperarse, la declaración sobre migración es un buen deseo que tendrá que ser implementado gradualmente por todos los involucrados. De inmediato, el observador atento, se pregunta: ¿cuándo Estados Unidos promoverá una reforma migratoria integral en su propio país que refleje un nuevo aprecio a los derechos humanos de todas las personas por igual?
La debilidad de la Cumbre de las Américas puede ser analizada desde diversos ángulos. Alberto Methol Ferré, filósofo uruguayo que pensó los desafíos geopolíticos del continente, pensaba que la unidad regional debería ser construida de “abajo hacia arriba”, como en círculos concéntricos, comenzando por unidades subregionales y evolucionando gradualmente a realidades más amplias. Methol identificaba que la “Patria grande”, América Latina, gracias a su sustrato cultural, es una gran familia de naciones hermanas. Por su parte, Estados Unidos y Canadá, poseen otra historia y otras premisas que les otorgan un perfil distinto. A la luz de este planteamiento, el papel histórico de un país como México sería precisamente servir de dique ante la tentación “colonizadora” a nivel ideológico y político de Estados Unidos.
En la actualidad, los fenómenos migratorios del siglo XXI están provocando nuevos fenómenos de hibridación y mestizaje que hacen que las convencionales fronteras territoriales entre los países y las regiones no sean límites infranqueables. Así las cosas, todo parece apuntar a que la “Patria grande” se encuentra dilatándose en territorio norteamericano. Esta “dilatación” implica en simultáneo un doble proceso: pérdida gradual de algunos referentes de cultura latinoamericana –como el idioma–, sobre todo en los hijos y nietos de quienes migraron, pero, también, inoculación de elementos latinoamericanos al interior del “ethos” cultural anglosajón.
Por ello, no es aventurado pensar que el sueño de una unidad geopolítica latinoamericana tenga que contar en la actualidad con la presencia “hispana” en las tierras más allá del Río Bravo. América Latina es un fenómeno cultural “sui géneris” que está llamado a ser uno de los factores de configuración regional del futuro continental. “Futuro” que tendrá que superar la tentación de construir muros físicos y más bien repensarse en términos de movilidad ordenada, sinérgica y cooperativa.
Manuel Ugarte, José Vasconcelos y Methol Ferré intuyeron sólo de manera lejana los escenarios que se avecinan para América Latina y el mundo en los próximos años. Sus intuiciones sobre la unidad latinoamericana, tendrán que ser repensadas por una nueva generación de hombres y mujeres, que comprendiendo más profundamente la importancia de los fenómenos de mestizaje —no sólo étnico sino también cultural–, sean capaces de imaginar el nacimiento de nuevas instituciones internacionales no ideologizadas, de carácter subregional y con una vocación a la apertura y a la solidaridad. (Rodrigo Guerra López, El Heraldo de México, País, p. 10)
El Presidente estadounidense, Joe Biden, dijo en un discurso a los Mandatarios latinoamericanos reunidos en la novena Cumbre de las Américas que no hay razón por la que el hemisferio occidental no pueda ser la región más avanzada, más democrática y más próspera del mundo.
Bueno, en realidad hay una razón: es el populismo rampante.
Los patéticos roles que jugaron los Presidentes de México, Argentina, Belice y otros países en la Cumbre hemisférica celebrada en Los Ángeles la semana pasada son solo el ejemplo más reciente de por qué la región no logra reducir la pobreza a pesar de sus enormes riquezas naturales y talentos humanos.
En lugar de aprovechar la ocasión de una reunión regional con el Mandatario de Estados Unidos -que se da solamente cada tres o cuatro años- para negociar colectivamente más exportaciones e inversiones, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, boicoteó el evento porque Biden no había invitado a los gobernantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Aunque el Presidente de Argentina, Alberto Fernández, sí asistió a la Cumbre, usó su discurso para sermonear a Biden por no invitar a los dictadores latinoamericanos y otras presuntas falencias de Estados Unidos. En lugar de tratar de promover los intereses de su país, Fernández habló para la tribuna de su base política interna.
Biden, por supuesto, hizo lo correcto al no invitar a los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
En primer lugar, como anfitrión de la cumbre, Biden tenía derecho a invitar a quien quisiera a su fiesta. Segundo, según una resolución de la Cumbre de las Américas de 2001, la reunión está reservada para países que respetan la democracia.
Y tercero, si los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua hubieran sido invitados, habrían secuestrado la agenda con acusaciones estrafalarias y hecho imposible que se discutieran seriamente temas de migración, comercio y cambio climático.
“Hay un momento y un lugar para todo, y el hecho que Fernández usara su discurso para tratar de ofender a su anfitrión fue desafortunado”, me dijo Eric Farnsworth, jefe de la oficina de Washington de la organización empresarial Americas Society.
A pesar de todo, la ausencia de los Presidentes de México, Bolivia, Honduras, El Salvador y Guatemala, quienes estuvieron representados por sus Cancilleres, y los discursos combativos de otros Presidentes no impidieron que la Cumbre alcanzara algunos acuerdos potencialmente significativos.
La Cumbre concluyó con una “Declaración de Los Ángeles” sobre migración que fue firmada por 20 países y que prevé una “responsabilidad compartida” de todas las naciones para hacer frente a los flujos migratorios.
Entre otras cosas, Washington y las instituciones financieras regionales se comprometieron a ayudar a países como México o Colombia a lidiar con la afluencia de refugiados venezolanos o haitianos, y los países latinoamericanos prometieron ayudar a Estados Unidos a monitorear a quienes planean buscar asilo en la nación norteamericana.
Pero América Latina desperdició su mayor oportunidad en décadas de utilizar la actual crisis mundial para negociar un mejor acceso al mercado de Estados Unidos, y más inversiones estadounidenses.
La pandemia y la invasión rusa de Ucrania han interrumpido muchas cadenas de suministro de las fábricas de China a Estados Unidos, y han provocado una escasez mundial de petróleo, alimentos y otros productos básicos que abundan en Latinoamérica.
Fue una oportunidad única para que los países latinoamericanos ofrecieran un acuerdo comercial y de inversión para que las multinacionales estadounidenses trasladen algunas de sus fábricas de China a México, Brasil y otros países de la región.
Un acuerdo como ese podría lograr que América Latina revierta su caída de casi el 35 por ciento en inversiones extranjeras en los últimos diez años. Y habría ayudado a detener el creciente número de pobres en la región, que pasó de 176 millones de personas en 2010 a 201 millones el año pasado, según datos de las Naciones Unidas.
Pero en lugar de proponer acuerdos económicos para fortalecer sus economías y reducir la pobreza, varios Presidentes usaron la Cumbre para dar discursos populistas para sus audiencias domésticas.
Biden se equivocó: hay una razón por la cual la región no es una de las más prósperas del mundo, y es la falta de visión -o el narcisismo político- de varios de sus líderes. (Andrés Oppenheimer, Reforma, Internacional, p. 16)
Así transcurrió la Cumbre de las Américas convocada por el gobierno de Joe Biden en Los Ángeles: con pena y sin gloria.
Trajo para el anfitrión varios desaires, encabezados por México, Bolivia, Honduras y Guatemala, cuyos presidentes no asistieron a la reunión, y por discursos no precisamente cordiales de parte del presidente de Argentina, del primer ministro de Belice y del presidente de República Dominicana, quien se negó a firmar la declaración de compromisos conjuntos de la cumbre, propuesta por Estados Unidos.
Si algún consuelo hubo para Biden en estas escoriaciones en el casco de su liderato sobre la región, fue que la cumbre no hizo ruido en los medios internacionales.
Merecidamente, podría decirse. En la propuesta final de colaboración hemisférica privó la obsesión de Washington por el desorden migratorio que bulle al sur de su frontera y termina llevando oleadas de desesperados migrantes a sus puertas.
Pero ni en ese tema de su interés parece haber una visión estadunidense de largo alcance para el continente. Y es esto lo que hay que reclamar a Washington como anfitrión de la cumbre: en realidad no ha estado pensando seriamente en “las Américas”, ni tiene nada importante, estratégico o prometedor que ofrecer a los países que empiezan en su frontera sur.
Biden sólo llevó a la cumbre una estrategia mal dibujada de cooperación en el asunto que le preocupa a él: contener los migrantes. Hubo poco más.
Tampoco parecían muy preparados los gobernantes latinoamericanos para presentarse a la cumbre con su propia visión de un horizonte ambicioso de cooperación, desarrollo económico y diplomacia hemisférica, frente a las nuevas realidades geopolíticas, económicas, sanitarias y tecnológicas del mundo.
La pequeñez de la visión estadunidense mereció en cierto modo la pequeñez de los países que usaron la cumbre para defender lo peor del continente: las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
La paradoja no es menor: México, Argentina y otros fueron a defender en Los Ángeles el derecho a la inclusión de tres países que son modelos de exclusión y opresión internas.
Países donde ninguno de los presidentes electos democráticamente en la América Latina de hoy podría haber llegado al poder mediante unas elecciones. (Héctor Aguilar Camín, Milenio, Al Frente, p. 3)
Recientemente escuchamos al presidente López Obrador hablar sobre la integración de las Américas en un símil de la Unión Europea, lo cual, sin duda, es una idea atractiva, pero que hoy se ve más que difícil. Dejando de lado que la propia Unión Europea sufre ya el desgaste propio de cualquier organización, al grado de que uno de sus más importantes miembros —el Reino Unido— la ha dejado, la sola idea de intentar generar un acuerdo similar en nuestra región requeriría contar con un mínimo entendimiento común en asuntos fundamentales que para varios países son intrínsecos a su política exterior, como la promoción y el fortalecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos, lo cual hoy no existe.
La novena Cumbre de las Américas, celebrada la semana pasada en Los Ángeles, evidenció ese desacuerdo semanas antes de que se llevara a cabo cuando, ante la posibilidad de que Estados Unidos, en su calidad de anfitrión, no invitara a Cuba, Nicaragua y Venezuela, precisamente debido a su falta de apego a los compromisos internacionales en materia de democracia y derechos humanos, el Presidente de México anunciara que, en caso de no enviarse la invitación a dichos países, no asistiría, generando un efecto cascada de ausencias de algunos jefes de Estado y de gobierno, y alentando las voces críticas de quienes sí asistieron en contra de la exclusión. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, contó las expresiones de quienes se pronunciaron en contra de la no invitación a Cuba, Nicaragua y Venezuela, sumando veinte países, diez que no tomaron partido y sólo dos que manifestaron apoyo a la decisión del anfitrión, inclinando claramente la balanza hacia el lado opuesto.
Como escribí en una columna anterior, el presidente Joe Biden tenía que elegir entre sus connacionales en un año electoral y el vecindario latinoamericano, y decidió lo políticamente racional a costa de una popularidad que de por sí es escasa entre la mayoría de los países de la región, no por la persona del presidente estadunidense, sino por el histórico distanciamiento de su país con éstos. Y así, a pesar de este importante desacuerdo, sumado a una fuerte crítica sobre el desempeño de la OEA encabezada por el presidente argentino, Alberto Fernández, quien a su vez preside la CELAC, y respaldada por México y otros países, los gobiernos trataron de acordar sobre los temas de la agenda, como la recuperación económica, los sistemas de salud, la seguridad, la desigualdad, la falta de oportunidades, el cambio climático y la migración.
Quizás el acuerdo más robusto sea el que versa sobre la migración, que incluye una aportación de Estados Unidos de casi 350 millones de dólares para procesos de integración, ayuda humanitaria y desarrollo de los migrantes, así como el compromiso de ampliar las vías legales de la migración, ampliando, por ejemplo, los trabajos temporales para migrantes en Canadá, Estados Unidos y España. Asimismo, se promoverán mecanismos de protección, de reunificación familiar y de emergencia coordinada.
Además, se acordaron otras cuatro declaraciones sobre gobernabilidad democrática, medio ambiente y cambio climático, transformación digital, salud y resiliencia, todas en consonancia con los planteamientos y compromisos de otros foros multilaterales como la ONU. El reto, como siempre, será pasar de los dichos a los hechos en estos temas tan complejos.
En conclusión, la novena Cumbre de las Américas transcurrió con el enorme elefante de los ausentes, muy presente en medio de la sala, recordándonos cuán complejas son las relaciones de los países de nuestra región y la dificultad para converger en visiones e intereses comunes, sin embargo, no podemos claudicar en la tarea de construir una mayor y mejor cooperación, indispensables para el desarrollo que tanto se necesita. (Laura Rojas, Excélsior, Alerta Coronavirus, p. 10)
La IX Cumbre de las Américas del presidente Biden fue un fracaso, no solo por la ausencia de México, sino porque Washington descubrió, de manera repentina, la existencia de gobiernos y sociedades latinoamericanas y caribeñas distantes de la cooperación con la Casa Blanca.
Aunque la Cumbre quiso ser orientada al tema de regulación migratoria, combate al narcotráfico y defensa de la democracia, la intención subyacente fue otra: la seguridad nacional estratégica de Estados Unidos frente al expansionismo ruso y chino en la región y con la nada oculta intención de militarizar la presencia estadounidense al sur del río Bravo.
La reunión en Los Ángeles careció de directrices estratégicas, de discursos coherentes y de negociaciones concretas y se encontró con la falta de liderazgo político en América Latina y el Caribe y un archipiélago de países fracturados en su interior por razones de inseguridad y de crisis económica.
El presidente López Obrador reventó la reunión con su inasistencia y el canciller mexicano Marcelo Ebrard no logró conjuntar un bloque regional frente a la Casa Blanca, dejando solo la impresión de que no existe una estrategia de seguridad nacional respecto a Washington y todo se reduce a entorpecer el funcionamiento del Departamento de Estado en la región.
La Casa Blanca carece de un equipo funcional de diseñadores de políticas exteriores y los burócratas siguen sin entender la lógica de la crisis latinoamericana y caribeña. Toda la tarea de penetración política estadounidense se ha centrado en una oficina de nivel inferior: la USAID o Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional que en América Latina tuvo mala fama porque se dedicó a asesorar y entrenar a fuerzas militares sudamericanas para la represión ideológica.
Zona Zero
El cruce de elecciones presidenciales en México y Estados Unidos en 2024, va a beneficiar a los mexicanos: los comicios aquí serán en junio de 2024, en tanto que en EU ocurrirá en noviembre de ese año; es decir, la recta final estadounidense tendrá lugar cuando en México exista ya presidente en funciones. El desplome electoral de Biden y el repunte republicano dibujan unas elecciones de incertidumbre. Los demócratas van a depender de un acuerdo migratorio con México para garantizar el voto hispano. (Carlos Ramírez, 24 Horas, Estados, p. 12)