Los 20 países que asistieron a la Cumbre de las Américas prometieron en la Declaración de Los Ángeles proteger a los migrantes. Es un compromiso hipócrita porque evade la raíz del problema.
La Declaración flota sobre una nube de buenas intenciones. Los 20 garantizan un tránsito “seguro” y “digno” a los migrantes, y prometen combatir a “quienes abusan de, y violan los derechos humanos”. Hay suficientes informes confiables que los contradicen: en México se maltrata a los migrantes. Para corregirlo hay que entender el problema.
El documento evade el principal riesgo para los desplazados. Solo menciona en dos ocasiones, y de puntillas, a las “organizaciones criminales” que trafican con personas. Su descripción es incompleta porque el crimen organizado ya es el principal actor detrás de los movimientos de población que se dirigen a los países industrializados, los imanes que atraen a las multitudes que huyen de las violencias y las desigualdades.
Lo revelador es que los principales afectados, Estados Unidos y la Unión Europea, financiaron la elaboración del Índice global de crimen organizado 2021 que ignoraron cuando redactaron la Declaración. El Índice estudia 193 países y demuestra, con cifras, que el “80% de la población mundial vive hoy en países con altos niveles de criminalidad”; y que la trata de personas es la actividad más lucrativa para la delincuencia organizada. Con eso en mente, me centro en el caso de México, el cuerno invertido por el cual fluyen los ríos de humanidad que llegan de todo el planeta queriendo entrar a Estados Unidos, y de no lograrlo, asentarse en México.
Como sabemos, en 2019 Donald Trump doblegó a nuestro Presidente y lo obligó a desplegar 28 mil militares para frenar migrantes (en el mismo discurso presumió de que fue gratis). El despliegue ha sido inútil. En 2021 México detuvo a 300 mil migrantes, pero una cantidad superior logró superar los filtros mexicanos para asentarse en el centro del país, llegar a la frontera norte o entrar a Estados Unidos. Ignoramos cuántos viajaron por cuenta propia y cuántos contrataron a un grupo criminal al cual pagaron entre 5 y 7 mil dólares para transportarlos. Sí hay estimaciones de que es una de las principales fuentes de ingresos de las bandas criminales. Según el Banco Mundial, en 2021 los delincuentes obtuvieron 3 mil 800 millones de dólares (La Jornada, 12 de junio de 2022). La Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito lo estima en 7 mil millones.
Los desplazados tienen quien los respalde. En primer lugar, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que hace lo posible por documentarlos sin tener el presupuesto, el personal o los instrumentos para tener éxito. En jerarquía, se encuentra después la comunidad internacional encabezada por la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Y finalmente, la solidaridad de un sector de la población y de organismos no gubernamentales, entre los cuales destacan los cercanos a las iglesias. Sin embargo, el balance es negativo para quienes entran a México.
¿Qué hacer? El desplazamiento forzoso es un drama planetario. A finales de 2021, ACNUR estimaba en 90 millones el número de personas en esa situación. Los pronósticos coinciden en que las cifras crecerán. Cada desplazado capturado por las bandas es una fuente de ingresos que las fortalece y les permite incrementar su capacidad delictiva. Lógico, va en el interés nacional evitar que los criminales capturen desplazados.
Una solución relativamente simple sería permitirles iniciar sus trámites en el sureste y que esperen los resultados en otras partes de México. Chiapas y Tabasco están llenos de solicitantes de asilo que deben esperar ahí la respuesta. Se desesperan y toman el riesgo de seguir su viaje hacia el centro o norte de México con lo cual se exponen a ser detenidos y deportados por los agentes del Instituto Nacional de Migración. Su otra opción es entregarse a los criminales.
Esa y otras soluciones requieren aceptar que los criminales son los principales beneficiarios de los desplazamientos de población. La Declaración de Los Ángeles es una gran evasión porque lo invisibiliza.
Colaboró Dulce Alicia Torres Hernández. (Sergio Aguayo, Reforma, Opinión, p. 11)
En la ciudad de Los Ángeles, California, hogar de cientos de miles de inmigrantes mexicanos, centroamericanos y de otros países, se realizó la novena Cumbre de las Américas. Al mismo tiempo, en Tapachula, Chiapas, se organizaba una de las caravanas de migrantes más grande que se ha visto en los últimos años, incluyendo centroamericanos, colombianos, haitianos y venezolanos. En las dos localidades, tanto en Los Ángeles como en Tapachula, se vive la triste realidad de verse obligado a abandonar el país de origen porque las condiciones de vida son intolerables.
La Cumbre en Los Ángeles nos ofrece un dramático contraste. Por un lado, están los mandatarios, que, ante la presión de EU, se propusieron bregar con el tema de la inmigración. Y por el otro, están miles de inmigrantes, víctimas de las políticas económicas impulsadas por la élite de Latinoamérica y de EU. Al no incluir a los inmigrantes, la discusión entre los mandatarios en la Cumbre parece ser el guion para un teatro del absurdo.
Mucho se ha escrito y comentado sobre la llamada Cumbre de las Américas y la decisión unilateral del gobierno de EU de excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Dados estos hechos, mandatarios como el mexicano Andrés Manuel López Obrador, la hondureña Xiomara Castro y el boliviano Luis Arce, entre otros, no asistieron. La postura de estos mandatarios puso al presidente Joe Biden a la defensiva y resaltó la nueva realidad que EU enfrenta en América Latina.
La primera Cumbre fue inaugurada en Miami por Bill Clinton con el propósito de promover un Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) y desde su primera reunión se excluyó a Cuba. La principal meta de la Cumbre siempre era asegurar a EU control de la riqueza mineral de la región y acceso a sus mercados, y este objetivo no ha cambiado. Cabe resaltar que en esta meta EU contaba con el apoyo total de los mandatarios latinoamericanos, ninguno criticó los objetivos de la Cumbre. Lo mismo volvió a suceder cuando el encuentro se celebró en Chile en 1998. Es hasta 2001, cuando la Cumbre se celebra en Quebec, que se comienzan a escuchar voces disidentes expresadas por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien se atrevió a reclamar el papel de la salud, la educación y la inclusión social. Al celebrar la cuarta Cumbre en Mar del Plata en 2005, las críticas de Chávez en Quebec se habían generalizado, llegando a incluir el rechazo al ALCA por países que pertenecían al Mercosur como Argentina, Uruguay y Brasil ante la negativa de EU de eliminar los subsidios que proveía al sector agrícola de su país.
Mucho ha cambiado desde la primera Cumbre en 1994, lo que no ha cambiado es el interés de EU en ejercer su dominio sobre América Latina, especialmente ahora que China se ha convertido en un importante socio económico para los países de la región. Desde 1994, aun cuando no se aprobó el ALCA, los proyectos neo[1]liberales han sido factor determinante en la economía de América Latina, impulsando el neoextractivismo que desplaza a miles de personas, mientras contamina los ríos. El énfasis en una agricultura de exportación, como la palma africana y su aceite en Honduras, desaloja a comunidades enteras. Igual sucede en otros países. La política de seguridad nacional y la supuesta guerra contra el narco hace poco por promover la seguridad pública y más bien convierte al Estado en un represor de la población y criminaliza la protesta social. Estos factores impulsan la inmigración y no se discutieron en la Cumbre de Los Ángeles.
Ignorando el pasado y buscando restablecer su postura en América Latina, Biden propuso lo que calificó como un nuevo plan económico, la ahora llamada Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas. Reciclando propuestas del pasado, sus principales objetivos son: 1) revitalizar las instituciones económicas regionales (léase el uso del Banco Interamericano de Desarrollo); 2) mejorar cadenas de producción; 3) actualizar negociación básica; 4) crear empleos de energía limpia, y 5) asegurar un comercio sostenible. Aun cuando no ofreció mayores detalles, la mayoría de estas propuestas ya están contempladas en los tratados de libre comercio que EU tiene con países latinoamericanos. Aún más importante, ninguna de estas propuestas remediará la pobreza que enfrenta la población o detendrá la inmigración.
Los mandatarios firmaron un mosaico de propuestas que el gobierno de EU llamó la Declaración de Los Ángeles sobre Inmigración. Incluyen un fondo de 3.2 mil millones de dólares del sector privado para el “desarrollo” en Centroamérica y una serie de iniciativas para emplear braceros o “humanizar” la inmigración.
Por su parte, EU se compromete a aceptar 20 mil refugiados de América La[1]tina en dos años, cuando aceptó 100 mil de Ucrania. Además, establece la Operación Aguijón, donde propone despachar mil 300 agentes federales a América Latina para interrumpir el “tráfico de humanos”, constituyendo el lado represivo de la llamada declaración de Los Ángeles.
La novena Cumbre de las Américas terminará igual que las ocho anteriores. Al pasar el tiempo, los llamados logros se desvanecerán. Lo que no cambia es la intención de EU de mantener su hegemonía en la región. Ninguna de las propuestas frenará la inmigración. Fon[1]dos para el sector privado implican más neoextractivismo, más parques industriales (maquiladoras) y la expansión de la agricultura de exportación y por tanto más inmigración. Los fondos prometidos por EU son pálidos en comparación con los miles de millones que los propios inmigrantes envían a sus países de origen en forma de remesas. Aun cuando son un factor determinante en la economía de EU, y ayudan a mantener a flote la economía de sus países de origen, los inmigrantes no fueron considerados en la llamada Cumbre de las Américas. (Miguel Tinker Salas, Departamento de Historia, Pomona College, La Jornada, Opinión, p. 18)
Durante dos semanas, los principales medios de la izquierda latinoamericana se llenaron de titulares sobre el “declive de Estados Unidos”, el “liderazgo de AMLO”, la “solidaridad con Cuba” y el “rechazo a la exclusión de Venezuela y Nicaragua”. Pero la documentación que firmaron a nivel hemisférico o regional, los treinta gobiernos representados en la novena Cumbre de las Américas, habla de una realidad muy diferente.
La Declaración sobre Migración fue firmada por una veintena de gobiernos, entre los que se encuentran varios encabezados por la izquierda, como los de México, Argentina, Chile y Perú, además de la mayoría de países caribeños y centroamericanos. Aunque no es vinculante, el documento alude a una “responsabilidad compartida” ante el fenómeno migratorio, que debe incluir la colaboración para el desarrollo, el control de los flujos ilegales y el ordenamiento y regularidad de la migración legal.
La declaración logró que la visión de Estados Unidos fuera públicamente compartida por los gobiernos latinoamericanos, aislando la posición tradicional de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que atribuye el éxodo, no a problemas domésticos estructurales como la pobreza, la desigualdad y la violencia, sino, centralmente, al incentivo de la emigración desde Estados Unidos.
Dado que los gobiernos de esos países parten de la premisa de que sus limitaciones económicas y sociales se deben a las sanciones de Estados Unidos, la causalidad de la emigración se transfiere exclusivamente al vecino del norte. Más o menos esa misma fue la respuesta, en días pasados, del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y su canciller Bruno Rodríguez a una Declaración que, según ellos, no atendía las “causas reales” del fenómeno.
México, el país al que ellos mismos agradecen su “solidaridad” y atribuyen el liderazgo de la izquierda regional, también rubricó el documento que da inicio a la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica, una estrategia que profundiza el T-MEC y el “entendimiento bicentenario”, que firmó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, primero, con el de Donald Trump y, luego, con el de Joe Biden.
En los textos de los protocolos bilaterales y trilaterales que firmó México con Estados Unidos y Canadá, en el marco de la cumbre de Los Ángeles, el gobierno de AMLO suscribió algunas prioridades de la política exterior de Estados Unidos como el rechazo a la invasión rusa de Ucrania, la integración de América del Norte para enfrentar el ascenso de China y la defensa de los derechos humanos y la democracia.
De manera que México, y no sólo México, también los otros gobiernos de la izquierda latinoamericana que intervinieron en la cumbre, se opusieron a la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero sostuvieron principios y normas de política interna y externa, que no comparten los tres excluidos de Los Ángeles. La letra pequeña dice lo que los grandes titulares quieren ocultar. (Rafael Rojas, La Razón, México, p. 6)
Contra los pronósticos más pesimistas, la Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles la semana pasada, concluyó con la declaración más relevante que ese mecanismo haya adoptado desde su primera reunión, también en Estados Unidos, en 1994.
El liderazgo del presidente Joe Biden y el oficio de la diplomacia estadounidense fueron centrales para impulsar los acuerdos adoptados. Y si bien México suscribió la Declaración de Los Ángeles, los dislates en las actuaciones previas quedan como una evidencia más de la falta de brújula respecto al papel que debe desempeñar nuestro país en el ámbito internacional y, particularmente, en el hemisférico.
La cumbre tiene un valor político importante; no es sólo una ocasión para tomarse fotos: más allá de que delegaciones y grupos técnicos trabajen en los distintos temas de la agenda, es una muy buena oportunidad para celebrar reuniones bilaterales o en grupos compactos a nivel de jefes de gobierno, donde la voluntad política de los líderes puede y suele ser lo que permite arribar a acuerdos y compromisos. No entender la oportunidad que ello representa es un error elemental de estrategia política. Más aún en una reunión como ésta, donde la declaración final terminó por ser sumamente relevante.
Como se sabe, el país anfitrión decidió no invitar a las tres autocracias consolidadas del continente: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Entre invitar a todos los países, o privilegiar el mensaje de protección de la democracia y los derechos humanos, la administración Biden no titubeó. Y es aquí donde son más evidentes los desatinos del gobierno mexicano: la amenaza, cumplida del Presidente, de no asistir a la cumbre si no se invitaba a todos —que fue emulada por un pequeño grupo de gobiernos afines—, fue desde un principio equivocada, dado que los tres autócratas ni siquiera mostraron el más mínimo interés en asistir.
El mexicano se lanzó, pues, a una cruzada que nadie quiso ni pidió, aderezada con lamentaciones sobre la supuesta actitud imperialista de Estados Unidos. Como era de esperarse, el amago no hizo mella en el gobierno de Biden, que continuó según lo programado. ¿Es acaso esta una actitud que favorezca a México en la relación con su vecino y principal socio? ¿Qué se ganó? Definitivamente nada. Si, al final, el órdago buscaba que el foco estuviera en las ausencias y no en los contenidos sustantivos tratados en la cumbre… pues ni siquiera ese objetivo se logró.
Si hay algo que hemisféricamente se tiene que atender con premura es la migración, para volverla lo más ordenada, legal y segura posible. A los problemas económicos y sociales estructurales y los periódicos desastres naturales, se han sumado diversos agravantes al drama migratorio. La pandemia –catastróficamente- contribuyó a profundizar las desigualdades sociales en la región.
Sabemos que los recursos y acciones a los que se comprometieron los países signantes de la declaración angelina no resolverán por completo un problema de dimensiones tan vastas y complejas, pero es un excelente paso en la dirección correcta (y una repasada más a la estrategia diplomática y política internacional de México… si es que algo así existe). (Horacio Vives Segl, La Razón, México, p. 9)
Días atrás decíamos aquí que la verdadera preocupación de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y más particularmente del Comando Norte de la Defensa de la Unión Americana, era la posibilidad de que el territorio mexicano, ya sea por el fenómeno de la migración o del narcotráfico, pudiera servir como base para ataques, de cualquier tipo, contra ese país de sus principales adversarios, como China o Rusia. El problema es cuando a esos fenómenos se suman políticas o indiferencias gubernamentales.
Hace una semana, un avión Dreamliner de una empresa de carga venezolana partió del aeropuerto de Querétaro hacia la ciudad de Córdoba, en Argentina. Supuestamente llevaba repuestos de automóviles. El problema se presentó cuando, antes de aterrizar en esa ciudad argentina, se descubrió que ese avión, registrado por la empresa Emtrasur, en realidad había sido de la Guardia Revolucionaria (GR) Iraní, considerada una organización terrorista por Estados Unidos, estaba reportado como tal, no podía volar en territorio americano y ya había sido denunciado, apenas el 13 de mayo pasado, cuando hizo un vuelo similar en el que llegó a la llamada Triple Frontera, uno de los lugares de menor control en términos de contrabando, tráfico de armas, drogas y gente del continente americano, donde hacen frontera Paraguay, Brasil y Argentina.
Según las autoridades paraguayas que hicieron la denuncia pública avalada por el gobierno de Estados Unidos, en ese viaje, unos 19 tripulantes, la mayoría de ellos venezolanos, pero unos siete iraníes habrían transportado cigarros, tabaco ilegal, según investigaciones posteriores. Comenzó a llamar la atención por las características del vuelo, por la muy numerosa tripulación venezolana e iraní, más del doble que la habitual, que no participaron en absoluto en el desembarco de la carga y porque literalmente desaparecieron durante los dos días que estuvieron en Paraguay. Las autoridades de ese país se comunicaron con las de Estados Unidos y descubrieron que el avión había pertenecido a la Guardia Revolucionaria, que estaba boletinado y que no podía volar. También descubrieron que el piloto era un comandante en activo de la Guardia Revolucionaria. Pero el avión ya había partido, según su hoja de ruta rumbo a Aruba, pero poco tiempo después de despegar, desconectó los transpondedores para que no se le pudiera seguir el rastro.
Apareció tres semanas después en Querétaro. Llama la atención que las autoridades mexicanas, teniendo el avión boletinado, lo hayan dejado aterrizar y operar en el país, lo mismo que a su tripulación. Aquí supuestamente recogieron autopartes (aunque las primeras investigaciones, en Argentina, dicen que los fabricantes han desmentido que se trate de productos suyos) para llevarlas a Argentina. Cuando llegaron a ese país, al avión boletinado no se le proporcionó combustóleo y quiso partir nuevamente hacia Paraguay o Uruguay. Esos países le negaron la entrada y terminó en Buenos Aires. Iban en ese vuelo 14 venezolanos y 5 iraníes, incluyendo el mismo piloto que fue identificado como comandante de la Guardia Revolucionaria. Todos permanecen retenidos, lo mismo que el avión en Buenos Aires. Ayer, en el hotel en que se alojan, se registró un fuerte operativo en su habitaciones. Los agentes salieron de ellas con varias cajas de documentos.
La preocupación en Argentina es mayor porque agentes iraníes realizaron el 18 de julio de 1994 un atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en pleno Buenos Aires, que dejó por lo menos 80 muertos y más de 300 heridos. Fue el mayor ataque contra la comunidad judía fuera de Israel, cometido desde la Segunda Guerra Mundial. Una investigación tortuosa que duró años, se terminó descubriendo que habían sido agentes de Hezbolá apoyados por la Guardia Revolucionaria, quienes cometieron el atentado. Años después, el fiscal argentino Alberto Nisman denunció a la presidenta, ahora vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de haber negociado con Irán, una suerte de acuerdo para no perseguir a los responsables del ataque a cambio de un convenio económico. La noche anterior en que el fiscal Nisman iba a presentar toda la información, ante el pleno del Congreso, en enero de 2015, apareció muerto en su departamento, se dijo que había sido un suicidio, pero las investigaciones establecieron más tarde que había sido asesinado.
El gobierno de Irán, una vez develado por la inteligencia estadunidense el nombre del principal organizador del atentado, que murió en él, lo homenajeó con un lugar especial en el cementerio de héroes de la República Islámica y designó con su nombre una calle de Teherán. El caso tanto del atentado a la AMIA como de la muerte del fiscal Nisman siguen abiertos y sin mayores avances.
Las preguntas son cada día más y pueden convertirse en un escándalo internacional donde, como casi siempre en los últimos tiempos, el gobierno mexicano parece ignorar sus consecuencias. Lo cierto es que ese avión boletinado desde tiempo atrás y con un aviso internacional despachado apenas un mes antes, estuvo en México, con sus pasajeros originales, incluyendo un comandante de una organización considerada terrorista como la GR de Irán y otros cuatro miembros de la misma. Transportó productos que la empresa fabricante niega haberles vendido. Están, avión y tripulación, detenidos en Argentina y comienzan a develarse lazos con otras operaciones.
Si casos como la relación con Venezuela e Irán, a través de personajes como Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro y con fuertes negocios en México, detenido, cuando viajaba entre Venezuela e Irán y ahora extraditado a Estados Unidos, era tóxica para México, el caso del misterioso avión iraní se convierte en francamente peligroso. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 8)
En el marco del Día Internacional de las Remesas Familiares proclamado por la Asamblea de Naciones Unidas que se conmemora este 16 de junio, el organismo revela la influencia y peso estratégico que tienen: 14% de la población mundial genera y recibe recursos bajo esa modalidad; el año pasado el flujo de dinero registrado a países de ingresos bajos y medianos ascendió a 605 mil millones de dólares (mdd), de los que el 50% se destinó a zonas rurales.
México es ya el segundo receptor de remesas en el mundo superado por la India (89 mil mdd) y por encima de China. En 2021, el monto de divisas que llegó a nuestro país alcanzó los 51 mil 600 mdd, un asombroso crecimiento de 27% en relación al 2020 cuando inició la pandemia. Jalisco, Michoacán y Guanajuato mantienen su posición como los principales estados receptores, que a su vez registran, con Zacatecas, la migración más antigua a Estados Unidos desde hace un siglo.
La importancia de las remesas en la dinámica económica del país es impresionante: representan el 4% del PIB y superan por mucho a la Inversión Extranjera Directa y las exportaciones petroleras. La influencia que tienen las mujeres migrantes en su volumen resulta determinante.
Un interesante estudio elaborado por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla), revela que, del total de dinero enviado desde EU, el 25% es realizado por mujeres; la relación se invierte si se observa que quienes lo reciben son precisamente mujeres en un 65%. Las destinatarias del dinero enviado por ellas son sus madres, hermanas, hijas e hijos.
Las remesas que envían las mujeres son de menor monto que las de los hombres; eso se explica porque buena parte se ocupa en actividades de baja remuneración, sumado a la desigualdad salarial a la que se enfrentan; también es mayor la proporción de mujeres que estudian y emprenden negocios.
La ONU considera que un 75% de las remesas se gastan en necesidades inmediatas de las familias receptoras. Durante la pandemia, el dinero recibido fue fundamental para que miles de hogares sobrevivieran a la crisis económica por la pérdida de ingresos y el desempleo.
Les debemos tanto a nuestras y nuestros migrantes que debe existir una política pública binacional para respaldarlos, reconocerlos y visibilizar sus aportes. Específicamente, considerar la inserción productiva, laboral e inclusión financiera de aquellas que reciben remesas aquí, y dotar de documentos oficiales en la red consular en Estados Unidos a quienes no cuenten con papeles que les facilite su ingreso a un empleo o a una institución educativa allá. (Claudia Corichi, El Sol de México, Análisis, p. 14)
En el mundo existen más de 281 millones de migrantes, 48% son mujeres, según un informe del año 2020 de la ONU, cifra equivalente al 3.6% de la población mundial. Estas personas que cambian su residencia original lo hacen para buscar la mejora de sus ingresos económicos y, consecuentemente, de su vida y la de sus familias.
Son los migrantes quienes realizan transferencias de dinero a sus familiares y comunidades de origen. Sólo en Estados Unidos las remesas aumentaron de 126 mil millones de dólares en el 2000 a 702 mil millones de dólares en 2020.
La India, China, México, Filipinas y Egipto fueron los cinco principales países con destino de las remesas; las de la India y China registraron montos superiores a los 83 mil y 59 mil millones de dólares provenientes de Estados Unidos.
La economía mexicana registró en 2021 una cifra total de 51,585.7 millones de dólares en remesas, una cantidad histórica que representa un aumento de 27% respecto del año anterior, que ingresaron 40,605 millones de dólares.
En nuestro país, las remesas registraron un incremento del 17.57% en el primer cuatrimestre de 2022, además, la remesa individual fue de 383 dólares, cantidad superior a la registrada durante el mismo periodo en 2021. Así, nuestra economía recibió, sólo en este periodo, 17,240.09 millones de dólares de ciudadanos residentes en el extranjero.
El número de operaciones financieras pasó de 40.63 millones a 45.03 millones, la mayoría de ellas vía transferencia electrónica. Fue con la pandemia de covid-19 que se registró un aumento importante, pues desde marzo de 2020 se superó por primera vez la cifra de 400 millones de dólares recibidos en territorio nacional.
En Estados Unidos existen 38 millones de mexicanos que, con trabajo cotidiano, realizan la heroica tarea de enviar cantidades importantes a sus familiares en México. El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla) reportó que son 4.9 millones de hogares y unos 11.1 millones de adultos reciben remesas de sus parientes que radican en el país del norte.
Estas importantes sumas de dinero constituyen la segunda fuente de divisas de nuestro país, sólo después de las exportaciones automotrices, por cierto, ahora con problemas serios de suministro de partes eléctricas (censores, softwares, etcétera) por la pandemia, que inundó a 30 ciudades chinas, suspendiendo, de tajo, todas las exportaciones de ese país a México y al mundo.
Ahora bien, sabemos de la importancia de los flujos económicos del exterior para fortalecer la economía de millones de hogares y familias mexicanas, imaginemos la desgracia que vivieron los habitantes de Cuba por el bloqueo económico de Estados Unidos a la isla. Pues bien, gracias a la presión que ejerció el presidente Andrés Manuel López Obrador de no asistir a la Cumbre de las Américas por no haber invitado a los presidentes de Venezuela, Nicaragua y Cuba, es que el canciller Marcelo Ebrard desplegó sus habilidades diplomáticas para decir y poner las cosas en su estricta dimensión, desde el llamado a la integración regional para enfrentar retos comunes, como la guerra, la inestabilidad alimentaria y energética, la migración, además de reiterar el compromiso asumido con el presidente Biden para regularizar a 11 millones de mexicanos migrantes que no pueden regresar a nuestro país.
Estados Unidos oficializó el levantamiento de restricciones al envío de remesas y de los viajes grupales a la isla de Cuba —que, por cierto, tiene una gran infraestructura hotelera en La Habana y Varadero—, medidas adoptadas por el grotesco expresidente Donald Trump, que tanto insultó a México y a los mexicanos. De esta manera, la economía del pueblo cubano se fortalecerá como, sin duda, la de México. ¿O no, estimado lector? (Juan Carlos Sánchez Magallán, Excélsior, Editorial, p. 10)
Los argumentos de nuestro gobierno por el desaire a Estados Unidos en la convocatoria a la Cumbre de las Américas son insostenibles por sus contradicciones. Puede discutirse si habrá consecuencias para los intereses de la nación, pero por lo pronto revelaron, nuevamente, un gran extravío de dichos intereses en nuestra política exterior, a merced de la improvisación, la política partidista local e ideas y preferencias también partidistas o personales.
Decir que nuestra representación fue “bajo protesta” por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, porque busca “la unidad de todos los países”, no empata con la acusación al anfitrión de alentar bloqueos, discriminación e intervencionismo dictado por “las cúpulas de poder económico y político” y “cuestiones ideológicas, por dogmatismos, por intereses”.
Hablando de intervencionismo en las “cúpulas”, el ex Presidente estadounidense Donald Trump se ha jactado de cómo dobló fácilmente a nuestro gobierno para contener la migración incluso con la participación del ejército. Igualmente, ha sido criticado por su displicencia contra la administración actual en Washington y la complacencia y hasta de respaldo electoral con el anterior. Inconsecuencia que no puede pasar desapercibida, ni aquí ni en el exterior: esta última ha sido la más hostil a los mexicanos en la historia contemporánea. No olvidemos sus banderas: muro fronterizo, expulsión masiva de indocumentados, proteccionismo comercial y rechazo al TMEC, posturas apoyadas todavía por millones de estadounidenses.
Más aún, la retórica de no intervencionismo de regímenes antidemocráticos suele encubrir el incumplimiento de obligaciones internacionales, incluyendo derechos humanos. México no debería hacerles el juego, ni mucho menos emularlos. Para llevar una política exterior efectiva para los intereses nacionales, debemos tener claros dónde están.
En Estados Unidos viven alrededor de 11 millones de personas nacidas en México, alrededor de 5 millones sin estancia legal, en riesgo de ser deportadas y separadas de sus familias. Y hay 37 millones con ascendencia mexicana. De una población extranjera con residencia legal elegible a naturalización de aproximadamente 9.2 millones, 2.45 millones vienen de México. En esa categoría, el siguiente grupo es de China, con menos de 550 mil.
Para contrastar, la población de Nicaragua es 6.7 millones; la de Cuba, 11.33 millones; la de Venezuela, 28.4 millones. Es decir, los mexicanos en Estados Unidos superan a la población de Nicaragua en 4.3 millones y son casi la de Cuba y hay más estadounidenses con raíces mexicanas que habitantes en Venezuela.
Eso explica mucho en nuestra economía. Como que en 2021 llegara al país un récord de 51 mil 594 millones de dólares en remesas, 95% de Estados Unidos. Además de su importancia para millones de familias, son fundamentales para la balanza de pagos, más que la inversión extranjera directa, que también viene en mayor medida de ese país.
En cuanto al comercio, el que hacemos con Estados Unidos cerró 2021 con cerca de 619 mil 800 millones de dólares, con 398 mil 792 millones en exportaciones, el 80% del total de éstas. Para comparar: el intercambio con Venezuela en ese año sumó 243 millones de dólares, y es destino del 0.047% de nuestras exportaciones. Con Cuba fue de 284 millones y el 0.058% de nuestras ventas. Con Nicaragua, más importante, casi mil 800 millones, 0.19% de las exportaciones.
En suma, el comercio de México con estos tres países juntos, 2 mil 326 millones de dólares, no alcanza ni el 0.4% del que sostenemos con nuestros vecinos del norte.
Algo tenemos en común con esos países: en los primeros lugares, con los mexicanos a la cabeza, en el disparo en lo que va del año en la emigración indocumentada a Estados Unidos.
Las razones de la convergencia están, por una parte, en un importante declive económico y empobrecimiento, cada cual con sus particulares circunstancias y grados. Desde la inflación de 1,600% en Venezuela en 2021 y las protestas en Cuba por hambre en 2021, con su peor crisis económica en tres décadas, al desplome de 8.3% de México en 2020, sin apoyos fiscales emergentes mientras Estados Unidos lanzaba ayudas masivas.
La otra parte es un negro panorama de derechos humanos: desde fraude electoral, persecución y detenciones arbitrarias de opositores en Nicaragua a la intensificación de la maquinaria de control de la libertad de expresión y reunión en Cuba, con vigilancia física e interrupciones del servicio de Internet. En Venezuela, acusaciones reiteradas de ejecuciones extrajudiciales y una emergencia humanitaria, con un sistema de salud colapsado y escasez de agua, combustible, alimentos, electricidad. No porque lo que diga Estados Unidos, sino Amnistía Internacional (AI).
¿Y México? Hablando de “autoridad moral” para dar lecciones, AI destaca el uso excesivo de la fuerza de agentes migratorios y la Guardia Nacional contra migrantes en tránsito. La ONU recién instó al país a combatir la impunidad, ante más de 100 mil desapariciones y sólo 35 con sentencia a los perpetradores. Todo ello en un contexto con amplias zonas controladas o acosadas por la delincuencia.
La emigración masiva de cubanos, nicaragüenses y venezolanos se debe a una doble tragedia: económica y de derechos humanos. La de mexicanos ya no sólo responde a la pobreza y las oportunidades del otro lado: mucha gente huye de la violencia, el crimen y la impunidad.
Son hechos y datos objetivos: los factores a considerar para determinar las prioridades de nuestra política exterior, si se trata de estar a la altura de los retos de los mexicanos, los de aquí y los que están fuera. Habría que empezar por tener claro qué tipo de país aspiramos a ser y qué no. (Gerardo Gutiérrez Candiani, El Sol de México, Análisis, p. 14)
Sucedió lo que muchos temían. La IX Cumbre de las Américas concluyó sin avances sustanciales. El vínculo entre Estados Unidos y el resto del continente seguirá tan estancado como un noviazgo que no se rompe, pero tampoco se resuelve en un enlace matrimonial.
Después del desprecio por la región que mostró Donald Trump, visitándola sólo en una ocasión, se esperaba que con Joe Biden las cosas serían muy diferentes. Como enviado de Obama, estuvo muchas veces en los países más importantes y se compenetró en sus preocupaciones y proyectos. Su estilo no confrontativo auguraba buenos entendimientos.
Biden pudo haberle dado continuidad a la iniciativa América crece, que enfatiza el desarrollo con sostenibilidad y equidad. Era una política que tenía cierto apoyo bipartidista y ya estaba estructurada dentro de la Corporación para el Financiamiento del Desarrollo (DFC), el Banco de Exportaciones e Importaciones (EximBank) y la Agencia de Ayuda para el Desarrollo (USAid).
No sustituyó a ese esfuerzo con un plan específico para el hemisferio. En el Build Back Better World (B3W), el compendio de buenas intenciones que presentó en Europa el año pasado, añadió algunas promesas indefinidas para la región.
Previo a la cumbre, envió a algunos funcionarios a hacer un listening tour. Por lo visto no escucharon mucho o no comprendieron lo que les dijeron. La agenda de la reunión incluyó los asuntos de siempre para ellos, pero muy pocas de las inquietudes de sus vecinos del sur.
La iniciativa que se lanzó, llamada Sociedad de las Américas para la Prosperidad Económica (APEPI) cubre todos los temas, pero tiene pocas propuestas viables. Nos sigue viendo como un montón de problemas (migración, narcotráfico, corrupción) y no como un posible socio. No refleja una nueva visión ni es un reset en la relación. Es, a lo más, una invitación a discutir.
Ni siquiera planteó algo para frenar la creciente influencia de China en la región, que tanto les obsesiona. Mientras el gigante asiático ha concedido (desde 2005) 137 mil millones en préstamos soberanos y ha aumentado sus inversiones en infraestructura y telecomunicaciones, la Casa Blanca hace muy poco para refinanciar al Banco interamericano de desarrollo y anuncia inversiones inciertas, sujetas a condiciones complejas y trámites engorrosos.
Un diplomático sudamericano comparó a los estadounidenses con los misioneros católicos: predican una moral estricta, con muchas reglas y te dicen que constantemente estás en peligro de condenarte. En cambio, los chinos son como los mormones: tocan a la puerta un par de jóvenes con impecable camisa blanca, que te hablan de Dios sin juzgarte y te preguntan en qué te pueden ayudar.
… SOY YO
Históricamente, las naciones de Latinoamérica y el Caribe han sido incapaces de sacar adelante sucesivos intentos de integración económica o de alianzas políticas. Sus patrones de votación en la OEA o en la ONU nunca han sido coherentes.
El régimen presidencialista nos dificulta entender el papel del congreso en la Unión Americana. Creemos que los presidentes de allá pueden ser tan voluntariosos como los nuestros. Dada nuestra poca institucionalización, también se nos complica el trato con las agencias y dependencias en Washington.
El presidencialismo provoca que la política exterior de nuestros países sea personalista, de corto plazo, alineada a los ciclos electorales y, por lo tanto, cambiante. Da bandazos que reflejan las luchas internas por el poder y no necesariamente diferencias ideológicas. Va de Violeta Chamorro a Daniel Ortega; de Carlos Menem a Cristina Fernández.
Son excepciones las naciones que tienen un servicio exterior profesional y alguna continuidad en su conducción internacional (Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, Costa Rica y México). Ejemplos de lo opuesto son Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador y los tres del Triángulo del Norte centroamericano. Típicamente, estos últimos no llegaron a la cumbre, cada uno por diferentes razones.
Lo cierto es que dejamos pasar otra oportunidad. Se puede argumentar que los acontecimientos han rebasado a nuestras élites políticas y difícilmente se hubieran podido poner de acuerdo para llegar a Los Ángeles con una plataforma común. Pero al menos podrían haber llevado posicionamientos claros sobre las políticas migratorias o tópicos urgentes, como la vacunación.
En suma, nos seguimos quejando de la asimetría, la dependencia y los agravios del pasado, pero no somos capaces de sostener una postura compartida que vea al futuro y que nos permita asociarnos productivamente con el Coloso del norte. (Alejandro Gil Recasens, El Financiero, Mundo, p. 27)
Finalmente, el gobierno de España se decantó por amarrar sus relaciones con uno de sus socios económicos, culturales, históricos y geopolíticos más importantes: Marruecos.
La sorpresiva y arriesgada, pero inteligente, decisión del presidente ibérico, Pedro Sánchez, de calificar el plan de autonomía para el Sáhara Occidental, que presentara Marruecos en abril de 2007 ante la ONU, como “la base más seria, realista y creíble”, tiene tanta relevancia como entender que el mundo está cambiando y es tiempo de apostar por quienes ofrecen un futuro sustentable.
España reconoce, junto con varios socios europeos como Alemania y Francia, y otros allende las fronteras del viejo continente, como Estados Unidos, el peso de Marruecos en la escena internacional en pleno siglo XXI y que será clave para hacer frente a los retos que están renovando a las relaciones internacionales. En este contexto, las potencias se juegan palmo a palmo la supremacía.
A pesar de que cada país ha matizado sus calificativos al plan de autonomía marroquí, las potencias globales, Rusia, China, EU y la Unión Europea, ven a Marruecos como el país con mayor viabilidad para implementar medidas urgentes y desarrollar al Sáhara Occidental, pero sobre todo, a una sociedad que lleva décadas en el desamparo y malvive en los campos de refugiados dentro del territorio argelino.
Todo esto tiene eco en México, justo en momentos en que se han logrado varios encuentros entre el reino de Marruecos con miembros del gabinete presidencial y legisladores y legisladoras mexicanas. Miguel Ángel Torruco, secretario de Turismo, junto con el embajador de Marruecos en México, Abdelfattah Lebbar, anunciaron el 2 de junio que ya se iniciaron gestiones para que “Royal Air Maroc” vuele entre Casablanca y la Ciudad de México, lo cual ratificaría una de las alianzas más importantes y directas de México con el mundo árabe.
Se imaginan que en 12 horas de vuelo se encuentra en una de las cunas más apasionantes del islamismo, e identifique entre su sociedad y arquitectura los intercambios que se han dado con el paso de los años entre visigodos, romanos y bizantinos. Y es que con Marruecos no sólo nos une el trópico de Cáncer, tenemos a la par que Europa, lista una puerta de entrada para África y Asia.
La semana pasada, senadores y senadoras mexicanas visitaron la capital, Rabat, para fortalecer la “Diplomacia parlamentaria” con legisladores marroquíes, y de esta forma, afianzar los vínculos políticos, económicos y culturales, afirmó la senadora Cora Cecilia Pinedo, en su calidad de presidenta de la Comisión de Relaciones Asia-Pacífico. Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, fue recibida por el ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, con quien abordó temas como la migración y los derechos humanos. La exsecretaria de Gobernación aplaudió que en varias de las ciudades principales, además de Rabat, gobiernen mujeres, como en Casablanca y Marrakech. Cierto, es de reconocerse.
Paralelamente, al mismo tiempo en Tánger, al norte de Marruecos, se celebraba el “Foro Internacional sobre el Diálogo Intercultural”, cuyo objetivo fue promover la alianza y los valores de tolerancia entre los países. Un cruce de ideas tan necesario en estos tiempos, que sirvió para reflexionar sobre el futuro de nuestras civilizaciones después de las diversas crisis que nos acechan, pero poniendo énfasis en la guerra que se disputa en Ucrania. Participaron líderes como el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki, el expresidente de la Liga árabe, Amr Mousa, o el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero.
Regresando al punto de partida, evidentemente hay quienes crujieron con la decisión de España de reconocer el plan de autonomía del Sáhara Occidental. Argelia fue el principal país en perder los estribos, ya que defiende los intereses de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), principal damnificada con el reconocimiento de Pedro Sánchez, quien ahora lidera junto con Marruecos una estrategia internacional para que esa zona territorial, el Sáhara Occidental, que vive sin presente, finalmente cabalgue hacia el futuro.
En un inicio, 83 países reconocieron a la RASD, pero con el paso de los años, poco a poco, decenas de ellos le han dado la espalda. En gran parte, por la las denuncias contra varios dirigentes del Frente Polisario, entre ellos su líder, Brahim Gali, por asesinatos, desapariciones y torturas entre 1976 y 1987, contra la población saharaui disidente que vivía en campamentos de refugiados.
En 2013, Gali fue denunciado nuevamente, esta vez por una mujer saharaui, Jediyetu Mahmud Mohamed Zubeir, quien aseguró que fue acosada, agredida sexualmente y violada. En 2020 fue denunciado por tortura ante la Audiencia Nacional de España por el activista saharaui, Fadel Mihdi Breica.
Actualmente la RASD sólo mantiene el “reconocimiento” de 45 países. Entre ellos hay interesantes contrastes que van desde Corea del Norte, Irán, Afganistán o Siria, hasta países latinoamericanos como Bolivia, Venezuela, Perú… incluso México, quien lo lleva reconociendo desde 1979. Pero el tiempo pasa, y aunque los siglos siempre traen consigo nuevas realidades, es momento de que los saharauis sean reconstruidos por un proyecto, que como dice Pedro Sánchez, sea serio, realista y creíble. (Omar Cepeda, Periodista mexicano especializado en asuntos internacionales, El Finaciero, Opinión, p. 28)