Muy grave debe ser lo que ocurre en los lugares de origen de donde provienen miles de niños “no acompañados” que cruzan territorio mexicano para llegar a Estados Unidos: sin duda, existen problemas sociales extremos para que las familias tomen las riesgosas decisiones que conllevan las migraciones de niños y niñas “no acompañados”. Hay dramas humanos y familiares en el origen, que se prolongan en el peligroso, doloroso e incierto tránsito para llegar a Estados Unidos.
La migración infantil y de adolescentes no deja de crecer, si se considera que, conforme a la estadística de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, el número de niñas y niños que arriban solos a ese país se ha multiplicado más de cinco veces entre octubre de 2017 y abril de 2022. De una cifra superior a los 2 mil “encuentros” mensuales: los últimos datos registran más de 12 mil casos.
Viajan en solitario, lejos de sus familias y seres queridos. Tendrán que cruzar México para llegar a Estados Unidos, donde posiblemente viva algún pariente. Los días se vuelven larguísimos, amargos, crece su vulnerabilidad, con la sed, cansancio, hambre. Su situación se vuelve más difícil al prolongarse durante horas de incertidumbre. Se tragan las ganas de llorar hasta que explotan. Su mirada sólo alcanza a ver la incertidumbre. ¿Y si no encuentran a ningún pariente? A no pocos les esperará una especie de reclusión y la más traumática de las incertidumbres.
Las situaciones por las que atraviesan los niños solitarios migrantes requerirían la atención que no tienen. Dependen de sí mismos. Frente a su aguda vulnerabilidad, que es una realidad de la que están conscientes, requerirían una atención especial, lo mismo de los gobiernos que de la sociedad civil orientada a su protección. Afortunadamente, hay algunos refugios que brindan seguridad de parte de organizaciones de la sociedad civil y religiosas. ¡Son muy importantes, pero desgraciadamente no alcanzan para atender todas las necesidades! Por parte de los gobiernos de los países por los que transitan, se hace muy poco o casi nada para atender el grave desafío humanitario que enfrentan los niños en su tránsito.
La niñez migrante no acompañada es la población en movimiento desde México y en tránsito por nuestro país, bajo las situaciones más vulnerables y dramáticas. “Más aguda es su vulnerabilidad, si se trata de niñez extranjera; y más aún si se trata de niñas o de indígenas”. La situación es delicadísima y requeriría el mayor de los esfuerzos gubernamentales y de la sociedad civil, dirigidos a su protección, pero la realidad es que lo que se hace es insuficiente para atender a fondo la crisis humanitaria por la que atraviesan los niños y las niñas “no acompañados”.
En su mayoría, los niños y jóvenes que buscan llegar a EU proceden de Guatemala, Honduras y El Salvador; otros muchos más proceden de regiones mexicanas conocidas, con agudas problemáticas sociales, en particular de los estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla y Zacatecas.
Desde la perspectiva del marco jurídico vigente, en particular, la niñez migrante no acompañada, en su conjunto queda tajantemente expropiada de sus derechos: el derecho a la familia, a un espacio sano y propio para una vida adecuada y libre de violencia, el derecho a la alimentación, vestido, vivienda, servicios básicos, educación, salud y recreación, entre otros derechos de facto conculcados a la niñez migrante. Imposible ejercerlos, aunque fuera parcialmente, durante el tránsito migratorio. “Y quién sabe si puedan lograrlo en el destino: la incertidumbre, los riesgos, la inmigración y la vida en su sentido más elemental se mezclan como una incierta realidad durante el tránsito migrante”, considera el doctor Tonatiuh Guillén, que no pierde de vista la legalidad de los derechos.
Guatemala y México son los dos países que tienen el mayor número de niños y adolescentes no acompañados que buscan llegar a Estados Unidos, padeciendo agudas problemáticas sociales determinadas por el flujo infantil en esas inaceptables condiciones. “El promedio mensual de arribos a la frontera sur de Estados Unidos, entre enero y abril de 2022, es de más de 4,500 niñas y niños en el caso de Guatemala. En cuanto a México, el promedio mensual es de más de 2,600 en el mismo periodo. Ambos países alcanzan el 61% de la niñez migrante que llega a Estados Unidos en el mismo periodo”.
A todo ello hay que agregar que entre la niñez migrante hay un amplio número de casos, probablemente una mayoría, que son objeto de explotación por organizaciones criminales y redes de complicidad que lo instrumentan y se nutren del flujo migrante. De manera que lo crudo y rudo puede convertirse también en ataques de gran crueldad para la niñez migrante.
“Los niños y niñas migrantes viven situaciones que debieran ser atendidas con urgencia, sobre todo porque se trata de niños o niñas no acompañados. ¿Acaso no es urgente y prioritaria la atención a la niñez migrante? ¿o simplemente se suma lo que no se observa y por lo mismo no se atiende ni se asumen responsabilidades que corresponden? Se trata de algo muy serio y muy delicado que no puede simplemente dejarse pasar”, afirma contundente.
“Lo que hace falta se llama voluntad política. Es relativamente sencillo identificar los lugares precisos de origen de los flujos migrantes para, sobre esa base, implementar las acciones de protección y prevención necesarias. Sólo se requiere voluntad y el compromiso genuino que no siempre existen, a pesar de que lo requieren niñas y niños que seguramente no tuvieron en su horizonte migrar y menos en esas condiciones, dramáticas y traumáticas.
México y Guatemala tienen la mayor responsabilidad en la construcción de soluciones efectivas que protejan a la niñez migrante. La falta de recursos no puede encubrir la inacción: los rostros de las niñas y niños tallados por las heridas de la migración no pueden ser soslayados por los gobiernos”. La responsabilidad de México es aún mayor, por la protección a los niños y niñas que atraviesan territorio nacional. ¿Quién los protege y cómo en su seguridad?
(Agradecimiento al Doctor Tonatiuh Guillén, Profesor e Investigador del PUED de la UNAM, quien fue Comisionado del Instituto Nacional de Migración). (Enriqueta Cabrera, El Universal, Opinión,p.14)
Pedirán extradición
Nos hacen ver que las tres órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna obtenidas por la FGR, de Alejandro Gertz, cayeron como anillo al dedo en Palacio Nacional. Porque, es un hecho que se solicitará la orden de extradición para procesar aquí al ex secretario de Seguridad, y esperan se les conceda justo en pleno auge de la carrera presidencial. (El Heraldo de México, La 2, p.2)
La secretaria del Interior del Reino Unido, Priti Patel, autorizó la extradición a Estados Unidos del informador australiano Julian Assange, quien se encuentra recluido en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh desde abril de 2019 y sujeto a acoso judicial por los gobiernos de Estados Unidos, Suecia y Gran Bretaña desde 2010. Washington lo reclama para juzgarlo por 17 cargos de espionaje y uno por supuestos delitos cibernéticos.
A pesar de que decenas de organizaciones internacionales han denunciado los atropellos, arbitrariedades y violaciones a los derechos fundamentales en el juicio que se realiza en contra del fundador de WikiLeaks –entre ellas, la Relatoría de la Organización de Naciones Unidas sobre la Tortura y Amnistía Internacional– y no obstante los llamados de diversas personalidades mundiales a que Assange sea puesto en libertad, un comunicado de la oficina de Patel afirma que la extradición no puede ser opresiva, injusta o un abuso procesal y que tampoco se ha determinado que sea incompatible con sus derechos humanos, incluyendo su derecho a un juicio justo y a la libertad de expresión.
La hipocresía y la falsedad de esas expresiones resulta evidente a la vista de las revelaciones sobre el espionaje ilegal que la estadunidense Agencia Central de Inteligencia llevó a cabo sobre Assange, en el curso del cual interceptó conversaciones entre éste y sus abogados con la finalidad de debilitar las estrategias de defensa legal del acusado. No debe soslayarse, por otra parte, que en 2019 más de medio centenar de médicos de Suecia, Australia y el Reino Unido expresaron en un mensaje público a Patel su preocupación por el severo deterioro físico y mental que han causado en el informador las condiciones excepcionalmente severas de su reclusión.
Más allá de las aberraciones de la persecución en contra del fundador de WikiLeaks, la disposición del gobierno británico a entregar a Assange al Departamento de Justicia de Estados Unidos, así como el empecinamiento de los gobernantes de ese país en fabricarle delitos imaginarios –porque no cabe acusar de espía a quien no sirvió a potencia alguna, sino que trabajó para informar a la opinión pública internacional–, es claro que las maniobras entre Washington y Londres para consumar la farsa judicial constituyen un inequívocomensaje de escarmiento para todo el gremio periodístico del mundo: el poder público de esas naciones no tolera ser exhibido en sus actos delictivos, en su corrupción y en su indecencia, y se vengará de quienes se atrevan a ponerlo en evidencia. Y, por añadidura, la determinación impone una intolerable limitación al derecho a la información de las sociedades.
La paradoja salta a la vista en el caso del video intitulado Asesinato colateral, que grabó el homicidio de 12 civiles –entre ellos, dos periodistas de la agencia Reuters– en la Bagdad ocupada por las tropas estadunidenses en julio de 2007: la grabación, tomada desde un helicóptero, muestra el momento en que el grupo de peatones fue ametrallado por los tripulantes, quienes unos segundos más tarde perpetraron otro ataque sobre una familia iraquí que acudió en ayuda de los heridos. Los autores materiales, intelectuales y políticos de ese crimen no fueron llamados a cuentas nunca, pero quienes enteraron al mundo de ese hecho –la ex soldado estadunidense Chelsea Manning y el propio Assange– fueron sometidos desde entonces a un implacable acoso judicial que, en el caso del australiano, desemboca ahora en la aprobación para que sea extraditado a Estados Unidos.
No debe olvidarse, respecto a México, que Julian Assange brindó un servicio trascendente a la transparencia y a la información, al entregar a este diario miles de cables diplomáticos enviados al Departamento de Estado por la embajada y los consulados estadunidenses en nuestro país en los que se registró, así fuera de manera involuntaria, la descomposición del gobierno de Felipe Calderón y su indignante sumisión ante Washing-ton, en el contexto de la Iniciativa Mérida. La información correspondiente, publicada en estas páginas en el curso de 2011 y 2012, permitió ponderar algunos de los abismos a los que fueron llevadas las instituciones en ese periodo.
Finalmente, WikiLeaks ha anunciado que la defensa del informador impugnará la decisión de Patel. Cabe esperar que en la justicia británica haya más sensatez y decencia que en el gobierno de Londres y que Assange sea puesto en libertad en el menor tiempo posible. Ese sería el único buen final de este episodio tan alarmante como vergonzoso. (La Jornada, Editorial, p.2)
La narrativa oficial que se impuso en México sobre el narcotráfico y la guerra contra las drogas, generó una serie de confusiones en la sociedad mexicana que hay que despejar para comprender el problema que enfrentamos. Un primer fenómeno por esclarecer es el de dimensionar que el narcotráfico es sólo uno de los negocios de una industria criminal que, además, es trasnacional. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el crimen organizado trasnacional se caracteriza por actuar en más de un Estado y contempla más de 20 negocios, entre los que destacan la extorsión, el secuestro, el tráfico ilegal de armas, personas y recursos naturales y el narcotráfico, entre otros.
Un negocio clave, por ser uno de los puntos de enlace entre lo legal y lo ilegal, es el lavado de dinero: es ahí donde los recursos generados en los negocios de la industria criminal, y otros como la corrupción y la evasión fiscal, se lavan para ser insertados en los sistemas financieros. Para que esto suceda, se desarrolla un complejo entramado entre corporaciones criminales, banqueros, políticos, cuerpos de seguridad, instituciones de gobierno y financieras.
Como en otros negocios, la industria criminal se conforma de corporaciones, conocidas como cárteles. Las corporaciones criminales compiten entre ellas por territorios, por ramas de su industria, por mercados, por vías y medios de comunicación y por expandir su influencia en otros negocios. Ejemplo de esto último es la participación de esos grupos en el huachicol (Santa Rosa de Lima), en la minería ( Caballeros Templarios), en el aguacate (cartel Jalisco Nueva Generación) o como paramilitares para una forma de represión subrogada ( Zetas). En esta competencia por el control de mercados y territorios, las corporaciones criminales no sólo se enfrentan entre ellas con sus ejércitos privados, cuentan con sus aliados en los cuerpos de seguridad municipales, estatales y federales, quienes hacen o los dejan hacer la guerra. Las poblaciones que habitan esos territorios viven directamente el terror de la guerra: asesinatos, desapariciones forzadas, reclutamiento forzado… En ocasiones, también forman alianzas con otras corporaciones nacionales o trasnacionales para enfrentar enemigos comunes o para incrementar sus ganancias.
Fue el proceso de neoliberalización el que facilitó la expansión y diversificación de los negocios de estas industrias. El crimen organizado también se globalizó. Las armas producidas en Alemania llegaron a México, el dinero de las corporaciones criminales mexicanas llegó a Panamá, Suiza u otros paraísos fiscales. La amapola que cosechan campesinos mexicanos arribó en forma de heroína a Estados Unidos, y los químicos que provienen de China son utilizados en laboratorios mexicanos para producir el fentanilo que se consume en el país vecino del norte y cada vez más en México.
También en la industria criminal hay clases sociales. En la punta de la pirámide están aquellos a los que de manera elitista se les llama ladrones de cuello blanco, los que aparentemente no tienen nada que ver, pero que son los principales beneficiarios. Igualmente, surgen nuevos ricos, como aquel que se ofreció a pagar la deuda externa del país si era liberado.
Los sectores empobrecidos son los que desempeñan los trabajos de producción, distribución y los que engrosan los ejércitos privados. Muchos de los trabajos que desempeñan estos sectores se dan mediante violencia, presión o extorsión: comunidades indígenas y campesinas obligadas a cambiar sus cultivos tradicionales por el de mariguana o amapola. Mujeres secuestradas obligadas a prostituirse y a producir pornografía. Infantes y adolescentes son reclutados para hacer trabajo de vigilancia o de halcones. Incluso se ha dado el caso del secuestro de grupos de albañiles o ingenieros para la construcción de infraestructura y sistemas de comunicación. La renta de niños y niñas para el tráfico ilegal de personas, o la utilización de cuerpos –mayoritariamente de mujeres– para el tráfico internacional de drogas, son parte de estas formas contemporáneas de esclavitud.
Las corporaciones criminales también tienen influencia y control en sectores del aparato administrativo del Estado mexicano. Ya sea financiando campañas, imponiendo a sus propios integrantes como gobernantes o asesinando candidatos o gobernantes, las corporaciones criminales se entremezclan con el poder político para garantizar protección, impunidad y también la asignación de carteras. Para mejor ejemplo, el caso Genaro García Luna, pero no es el único.
Mucho más podría seguirse escribiendo al respecto, como el carácter patriarcal de la industria criminal o el mercado cultural que se ha formado al respecto. Contrario a lo que muchos afirman, las corporaciones criminales no son una falla o anomalía del mercado, sino una consecuencia de un sistema que todo mercantiliza. El problema no es nuevo ni local, lleva décadas desarrollándose y valdría observar con esta perspectiva el lugar que ocupa la industria criminal en la economía nacional y global. La salida no está cerca ni es sencilla, pero hay alternativas. De eso no queda duda. (Raúl Romero, La Jornada, Opinión, p.15)
La violencia que vivimos en México angustia y perturba tanto como la infame tranquilidad con que el gobierno reacciona a la tragedia ciudadana. Un día sí y otro también esa violencia asesina a muchos mexicanos.
Cuando se busca la respuesta de la autoridad, lo mismo escupe el lugar común y la estadística, que una tormentosa pasividad.
Ya forma parte de nuestras vidas, de lo que vemos y oímos todos los días. Ni siquiera hay que acudir a los medios y las redes, solamente hay que mirar alrededor. Tristemente nos hemos acostumbrado a ella y a la presencia omnipresente de la delincuencia. Prácticamente no hay sitio del país donde no azote. Es cierto, en unos más que en otros estados, pero en todos.
Los gobernantes no tienen empacho en ensalzar sus “logros”, como es lógico.
Esta semana, el presidente presumió que el secuestro ha bajado 75 por ciento durante su gobierno. (Lo que contrasta con la alerta de viaje de Estados Unidos que previene a sus ciudadanos de NO venir a México porque en el país han aumentado los crímenes violentos, secuestros, robo de autos y asaltos. Advierte que definitivamente no se debe viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas).
Cuestionado sobre los enfrentamientos esta semana de hombres armados en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y en Texcaltitlán, Estado de México, de policías contra maleantes, el presidente respondió: “es muy lamentable que se sigan presentando estos hechos de violencia. Se están atendiendo”.
Sobre todo porque, “en el caso de San Cristóbal, son dos grupos que se están disputando el control de un mercado (…) y el del Estado de México porque es parecido al que se presentó hace tiempo, con las mismas características, y es parte del mismo grupo. Así están las cosas”.
Para acabar de calmarnos, el Presidente sentenció: “tenemos que actuar con la misma estrategia porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia (…) muchísima gente opina que se puede enfrentar el mal con el mal, que se puede aplicar la Ley del Talión, de diente por diente y el ojo por ojo, y nosotros pensamos que hay que atender las causas y eso es lo mejor”.
Pero mientras el Presidente pontifica, en lo que va del año, según cifras oficiales al 20 de mayo, han asesinado a 13,761 personas, de los más diversos estratos. Lo mismo personas comunes y corrientes, que servidores públicos de todos los niveles, políticos y mafiosos.
En lo que va de la administración, el número de homicidios suma 149,791. De seguir a este ritmo, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador será recordado como el más sangriento de la historia reciente. (Y eso que cada vez que puede se burla de Calderón y Peña Nieto).
Para el presidente, que amanezca tempranísimo todos los días, se reúna con su Gabinete de Seguridad de 6 a 7 de la mañana, que supuestamente se trabaje de manera coordinada, que se mantenga una comunicación constante con autoridades locales, que supuestamente también se atiendan los problemas con más profesionalismo e inteligencia y que no haya contubernio entre la autoridad y la delincuencia, es suficiente.
Quizás para él, pero no es eficiente. Inquieta que esté convencido de que sí lo es.
Un principio básico de la actividad pública es no creerse sus propios boletines, es decir, no creerse sus propias mentiras.
Ojalá que cuando se mire al espejo, el Presidente de México no se crea que, en materia seguridad, lo está haciendo bien.
Monitor republicano
Faltan dos años para las elecciones de 2024 y ya estamos metidos de lleno en la sucesión presidencial. No será una carrera de velocidad sino de resistencia, para los electores. (Amador Narcia, El Universal, Nación, p.8)