Uno de los temas que más parece importarle al presidente López Obrador de cara a la última parte de su sexenio es lograr es constitucionalizar y hacer permanente la participación militar en tareas de seguridad pública en todo el país. Apenas la semana pasada volvió a insistir, desde la mañanera, en la importancia de que los militares se conviertan en policías de tiempo completo y en la necesidad de reformar la Constitución para que esto sea así, aun cuando él ya no sea presidente.
“No hemos tenido ―prácticamente― acusaciones por excesos de violación de derechos humanos a la Guardia Nacional. Nada que ver con lo que pasaba antes. Porque reciben instrucción y porque hay la convicción de proteger al pueblo. Porque el soldado es pueblo uniformado y porque se ha insistido mucho en eso y tanto marinos como soldados están actuando con responsabilidad. Y también porque depende del comandante supremo de las fuerzas armadas, que es el presidente. Los errores que se han cometido y que han llevado a excesos en Marina y en la Secretaría de la Defensa ha sido en lo fundamental por órdenes dadas por civiles del más alto nivel.” dijo López Obrador, a fin de exculpar a los militares. El presidente falta a la verdad, una vez más. Uso las próximas líneas para referir a algunos datos que lo desmienten.
Es falso que la Guardia Nacional no haya recibido “prácticamente” quejas por violaciones a los derechos humanos. En 2020 (su primer año de operación), la Guardia ya figuraba entre las 10 autoridades con más quejas recibidas ante la CNDH. En 2021, la Guardia y Sedena conjuntamente recibieron 940 quejas (como punto de comparación, entre 2000 y 2006, la CNDH recibió 1,135 quejas en contra de todas las FFAA). En lo que va de este año la Guardia Nacional y la Sedena ya se ubican como la séptima y octava autoridad con más quejas recibidas. Ninguna otra autoridad encargada de la seguridad les supera en esa cifra.
El reciente informe Bajo la Bota, militarización de la política migratoria en México, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) muestra, además, las violaciones que han resultado de darle a los militares funciones en materia migratoria (en violación del derecho mexicano e internacional). Según este trabajo, la Guardia Nacional realiza detenciones arbitrarias, basadas en perfiles raciales y con uso excesivo de la fuerza. Esto ha llevado a la pérdida de vidas, “la mayoría de las cuales han quedado en la impunidad” y a un escenario que propicia la violación de derechos de las personas migrantes.
El informe del Centro ProDH: Poder militar, también da cuenta de múltiples violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas bajo la administración actual. Ahí se muestra el ascenso el uso excesivo de la fuerza letal por parte de militares y la ineficiencia de la estrategia militar para reducir la violencia en el país.
Todo esto, recordemos, se da en el contexto de un comandante supremo cuya orden es de no usar la fuerza letal en exceso y no violar los derechos humanos. López Obrador quiere luz verde para cambiar la Constitución, que ignoremos la evidencia abrumadora que lo desmiente y que confiemos en que los siguientes presidentes no harán lo que hicieron sus antepasados. Nada garantiza que, en tres años, cuando él ya no sea presidente, su sucesora(or) no revertirá lo que dice él que es su orden. ¿O espera que también este o esta lo obedezca a pie juntillas? (Catalina Pérez Correa, El Universal, Opinión, p. 16)
Pánico y zozobra. En esas palabras se resume lo que miles de habitantes de San Cristóbal de las Casas vivieron durante horas el pasado 12 de junio, cuando decenas de civiles armados, encapuchados y con chalecos antibalas, dispararon con fusiles Kalashnikov y AR-15, bloquearon con camiones de doble remolque avenidas y calles y pintaron muros, disputando el control del Mercado Norte de la ciudad. Buscaban remover a su eterno administrador, Domingo Pishol, personero de Hugo Pérez, autoproclamado alcalde de Oxchuc.
Con el sonido de las primeras ráfagas, la gente tuvo que guarecerse o tirarse al piso en almacenes, centros escolares, clínicas y negocios, temerosos de que algún proyectil los alcanzara. Los disparos son cosa frecuente en esa parte de la ciudad pero en esta ocasión tuvieron una intensidad inusitada.
La existencia de grupos delincuenciales en Chiapas no es novedosa. Comenzó a crecer a partir de la gubernatura de Juan Sabines (2006-12). Pero en los últimos años, en amplias zonas de la entidad se han intensificado su presencia y sus pleitos por territorios, rutas y mercados. Guatemala es una inmensa bodega al servicio de la industria criminal. Desde allí salen, a través de la porosa frontera chiapaneca, rumbo a Estados Unidos y diversas regiones de México, drogas, armas, piratería, seres humanos, vehículos robados. Controlar la frontera y los caminos es fundamental para trasladar las mercancías. El corredor Frontera Comalapa, Comitán, San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez ha adquirido gran importancia en el trasiego de drogas.
Un par de ejemplos, entre muchos. En julio de 2021, el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ahora en vertiginosa expansión en la entidad, ejecutó en Tuxtla Gutiérrez, a El Junior, hijo del líder del cártel de Sinaloa en Chiapas. La vertiginosa expansión del cártel de Chamula, evidenciada por los permanentes accidentes de vehículos cargados con migrantes centroamericanos y la difusión de sus narcocorridos.
San Cristóbal no es ajena a esta guerra. Al igual que otros puntos turísticos, como Cancún o Acapulco, es un enclave deseado por el crimen organizado. En esa ciudad, impunemente, por lo menos cinco grupos conocidos (hay quien señala que son ocho) como motonetos o motopandilleros, ligados al narcomenudeo, cobran derecho de piso, roban, asesinan y realizan disparos de armas de fuego al aire, sembrando terror e incertidumbre (https://bit.ly/3OaDMs0). Surgieron como grupo de choque durante la administración de Marco Antonio Cancino González (2015-18), del PVEM. Su hermano Sergio Natarén los controlaba. La batalla por el control del Mercado Norte del pasado 12 de junio forma parte de esta trama en la entidad y en la urbe coleta. (Luis Hernández Navarro, La Jornada, Política, Opinión, p. 18)