Visas de trabajo, a mexicanos
A cumplir con los acuerdos con México en materia de migración empezó el gobierno de EU. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dio a conocer que Washington aceptó entregar 300 mil visas de trabajo temporal, de las cuales 150 mil serán para mexicanos. La medida se hará oficial durante la visita del presidente López Obrador a ese país, el mes entrante. (El Heraldo de México, La dos, p. 2)
Nuestro país es lugar de origen, tránsito y destino de víctimas de trata; situación a la que contribuyen los altos flujos migratorios, la pobreza, las necesidades no satisfechas de individuos y familias, y la extendida presencia de grupos de la delincuencia organizada que operan en el territorio nacional.
Quienes se aprovechan de estas circunstancias han provocado que la trata de menores —con fines de explotación sexual comercial, producción de pornografía y turismo sexual organizado— sea el segundo delito más redituable del país; sólo por debajo del narcotráfico.
De ahí que no resulta extraño que México se posicione en el mundo en tercer lugar de trata infantil y de adolescentes, y que sea uno de los países con mayor incremento de este tipo de delitos durante los últimos años.
Sin embargo, estos actos socio-ciminales son en extremo oscuros en su ejecución y difíciles de identificar, pues muchos casos se comenten bajo la complicidad de los familiares de las víctimas, la indiferencia o complicidad de las autoridades y el pasmo de la sociedad, quien muchas veces no sabe cómo actuar para evitar o denunciar estos ilícitos; lo que complica la precisión las cifras de casos y víctimas existentes.
Conviene destacar que en abril pasado la senadora Olga Sánchez Cordero presentó un proyecto de decreto que busca reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en el que se enumeran las limitaciones legales existentes para su persecusión; los vacíos procesales en que incurren los ministerios públicos y la autoridad judicial, para determinar la forma en que se consuman y las implicaciones que tiene esto para determinar la norma aplicable en que se fundan.
Otra realidad, que muchos sabemos pero poco se dice es que -en muchos casos-, las instituciones creadas para la protección de las víctimas de trata incumplen con la obligación de acompañamiento inmediato, asesoría, separación de las víctimas del lugar de explotación y de las personas responsables; que poco se ocupan de la protección real e inmediata de las víctimas al detectar los posibles casos y menos en determinar su real identidad para reintegrarlas a su vida familiar, entre otras cosas.
Con estos antecedentes, las reformas en ciernes no sólo deben apuntar a la reformulación de los tipos delictivos asociados a la trata, en todas sus modalidades; al fortalecimiento y redefinición de los procesos procedimentales de investigación, persecución y sanción del delito, sino a intensificar el despliegue de estrategias de atención integral de las víctimas una vez que son rescatadas y que fomente la coordinación entre las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, para la intervención estratégica que permita prevenir, identificar, contener y disuadir la comisión de este delito.
Para combatir este terrible delito, desde hace año y medio México SOS y la coordinación estatal de Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia en Quintana Roo trabajan, de la mano de las autoridades locales, de la Unidad Especializada contra el Tráfico y Explotación Sexual de Menores y del Poder Judicial local, en el despliegue de una estrategia integral de combate a la trata y rescate de menores víctimas de este delito en la entidad. De ello hablaremos próximamente. (México SOS, El Sol de México, Análisis, p. 13)
La relación entre México y los Estados Unidos es demasiado importante para que nuestra diplomacia se base solo en fanfarronadas y no en avances concretos. Esas fueron mis perlas de sabiduría para el presidente Donald Trump en el 2016, después de que lanzara lo que se convertiría en la presidencia estadounidense más antimexicana en la historia moderna. Nunca esperé tener que usar ese mismo consejo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, alguien que entiende la historia compartida, los valores e intereses comunes, y la importancia del respeto mutuo en la relación entre nuestras naciones.
Lamentablemente, la ausencia del Presidente López Obrador en la Cumbre de las Américas este mes fue un gran paso atrás a nuestros esfuerzos por construir puentes, no muros, entre los Estados Unidos y México. Su boicot, una reprimenda al presidente Biden por no invitar al trío de dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua, fracasó. El desplante terminó costándole al pueblo mexicano la oportunidad de tener sus intereses representados por su presidente en la primera reunión de líderes de la región en más de cuatro años. Y en última instancia, el capricho del presidente solo generó más dudas sobre la fiabilidad de México como socio en la lucha global en contra del retroceso democrático.
Habiendo reunido líderes de todo el espectro político en Los Ángeles, la cumbre fue un momento clave para reactivar discusiones para contrarrestar los efectos hemisféricos de la pandemia del COVID-19 y acordar iniciativas que brinden beneficios del crecimiento económico a todos nuestros ciudadanos. Los mandatarios presentes también lograron forjar un nuevo consenso para responder a los altos niveles de migración que abruman a nuestra región. El no poder contar con el jefe de la tercera democracia más grande del hemisferio fue tan palpable como lamentable.
Tras cuatro largos años de insultos y agresiones, Trump resquebrajó las relaciones entre Estados Unidos y México. Todos tuvimos que aguantar a un presidente estadounidense que hizo de la comunidad mexico-americana su blanco preferido de la retórica de odio. Trump juró en vano que México pagaría por un muro fronterizo, amenazó a México con aranceles y, según su exsecretario de Defensa, incluso contempló disparar misiles a México para atacar a los cárteles de la droga.
En un marcado contraste, el presidente Biden asumió su cargo con el propósito de establecer un régimen político para restaurar relaciones bilaterales y revertir el desprecio de Trump por los valores y socios de EE.UU. Su buena voluntad se basa en parte en el entendimiento de que Estados Unidos y México cuentan con una relación casi inigualable en el mundo, y el futuro de nuestras naciones depende de que esta relación funcione. En ese contexto, la Cumbre de las Américas constituía una oportunidad de oro para asegurar el progreso de este nuevo capítulo en la cooperación entre México y los Estados Unidos.
Desgraciadamente, el presidente López Obrador optó por la decisión poco adecuada e ineficaz de tensar aún más la relación entre ambos países al utilizar la cumbre para hacer exigencias en nombre de Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Daniel Ortega; dictaduras que se conocen a nivel mundial por sus presos políticos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.
Todos sabemos que los mexicanos nunca hubieran querido que el expresidente Gustavo Díaz Ordaz fuera recibido con bombos y platillos por líderes regionales después de la masacre de Tlatelolco. Y los chilenos tampoco hubieran aceptado que el dictador Augusto Pinochet fuera celebrado en un escenario internacional. Por eso, no hay duda, el presidente Biden actuó correctamente al decidir que no habría una silla abierta para caudillos en una reunión de líderes democráticos.
Lo más preocupante de todo es que el alineamiento de López Obrador con dictadores llega en un momento en que actores democráticos en México y en todo el mundo llevan tiempo expresando su creciente preocupación por la erosión de la democracia y el estado de derecho bajo su mandato. En los últimos tres años y medio, hemos visto el uso cotidiano del poder judicial de México con fines políticos, ataques a la prensa libre, un alarmante número de periodistas asesinados, una crisis de desapariciones de personas y un estallido de desafíos a raíz de los cárteles de la droga que intentan socavar la gobernabilidad.
En pocas palabras, la democracia mexicana está bajo presión. Y la decisión del presidente López Obrador de boicotear la Cumbre de las Américas, y su justificación, solo aumentan los temores en torno a la frágil salud de la democracia de México y su asociación con Estados Unidos.
Para los que realmente nos preocupamos por la relación entre nuestros países y el papel que juega en el hemisferio, hay mucho trabajo por delante. El próximo mes, cuando el presidente López Obrador viaje a Washington para reuniones en la Casa Blanca, seguiré trabajando con el presidente Biden y el Secretario de Estado Blinken para asegurar que estos temas sean parte de la agenda en todas sus reuniones. Porque una doctrina de política exterior que se centre en abrazar a líderes autocráticos, dar la espalda a los aliados, y una agenda personal que ignore los valores e intereses del pueblo, es una estrategia destinada a fracasar tanto en los Estados Unidos como en México. (Bob Méndez, Reforma, Opinión, p. 10)
(…) La administración del presidente López Obrador (AMLO) está demoliendo y revirtiendo, lamentablemente, esos avances. En el campo político busca regresar a las prácticas nefastas del PRI de la segunda mitad del siglo pasado, al proponer la desaparición de la independencia del INE, así como de otros organismos públicos, sujetándolos al capricho del ejecutivo, con el eufemismo de la “voluntad del pueblo”, que él personifica.
En el terreno económico, además del enorme desperdicio de recursos en sus proyectos mascota, está el vuelco ideológico de su Gobierno hacia prácticas fracasadas, en las que el Estado controla la producción de energía y las decisiones en otras áreas de la economía, que serían mejor servidas por actores privados y las fuerzas del mercado.
Este camino tortuoso lleva, sin duda, a un ritmo de crecimiento muy débil, menor al de gobiernos anteriores, que desperdicia las enormes ventajas del acuerdo comercial de América del Norte. La 4T condena a México a un crecimiento inferior al de Estados Unidos (EU), lo que amplía la brecha entre ambos países. Esto explica el incremento en la migración de mexicanos que, curiosamente, se dirigen al norte de la frontera en busca de oportunidades de empleo y mejoría en el nivel de vida, y no a los “paraísos” de Cuba y Venezuela, tan admirados por el presidente.
No es accidental, por tanto, que las remesas de los trabajadores mexicanos en EU registren niveles récord durante esta administración, que ofreció crear las condiciones económicas necesarias para reducir ese flujo migratorio. Nada más alejado de la realidad.
Según estadísticas de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que corresponden al año fiscal estadounidense de octubre de un año a septiembre del siguiente, el total de mexicanos detenidos en la frontera se elevó de 237 mil 078 en 2019 a 655 mil 594 en 2021. Los detenidos desde octubre del año pasado, al mes de mayo de 2022 son 560 mil 579. A este ritmo, es probable que el año fiscal 2022 rebase las 800 mil personas, la cifra más alta en 14 años.
La responsabilidad de este resultado recae sobre todo en AMLO, cuyo celo ideológico y enfrentamientos con diferentes sectores de la sociedad disminuyen el interés de invertir en nuestro País. Los objetivos de reducir la pobreza, mejorar los empleos, la seguridad etc. son racionales, pero los medios para alcanzarlos no lo son. Los caminos de la 4T llevan a la exacerbación de los problemas que dice querer resolver. (…) (Salvador Kalifa, Reforma, Opinión negocios, p. 5)