Esa Europa, tan preocupada y exigente con las energías limpias, regresa ahora al tan desprestigiado carbón. (La Jornada, Contraportada)
“La Parka” en la nómina de la SEP
Exsecretario general del Comité de Base Estudiantil de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y señalado en la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como uno de los que ejercía el control de drogas al interior de ese plantel antes de la desaparición de los 43 normalistas, David Flores Maldonado, alias “La Parka”, trabaja en la Secretaría de Educación Pública como subdirector de área eventual. Según el portal Nómina Transparente, Flores Maldonado percibe un sueldo mensual de poco más de 31 mil pesos mensuales. Por cierto, nos recuerdan que a él, junto a otro grupo de normalistas, se les conocía como “Los Pachecos”. ¿Será que la dependencia mantiene a don David en sus filas para alejarlo de la delincuencia? Trabajos, no balazos.
Adán Augusto, rounds en redes sociales
En la pelea por la candidatura de Morena a la Presidencia de la República, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, busca ganar algunos rounds en el ring de las redes sociales. Nos hacen ver que a la cuenta de Facebook “Yo voy con Adán” subieron un video de respaldo del exboxeador Juan Manuel Márquez. “¿Qué tal Adán Augusto López? Te manda un saludo tu amigo Juan Manuel Márquez. Échele muchas ganas y abrazo a la distancia, hermano ¡Con todo!”, dice en un breve video el púgil. Aún falta tiempo para que suene la campana por la pelea estelar, pero ya todos los aspirantes tienen los guantes puestos, nos hacen ver.
La presencia de la 4T en el funeral de los jesuitas
Nos hacen ver que la encargada de hacer llegar el acompañamiento del gobierno federal en el duelo que se vive en la comunidad de Cerocahui, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, luego de los hechos violentos que cobraron la vida de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas, así como la desaparición de dos hermanos que hasta el momento no han sido encontrados, fue la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel. Nos explican que dado que uno de los jesuitas asesinado, Javier Campos Morales, conocido como “El Padre Gallo”, así como uno de los desaparecidos Paul Berrelleza Rábago, fueron beneficiarios del programa Sembrando Vida, que administra la dependencia federal, y que doña Ariadna ha tenido por años con las comunidades tarahumaras y coordinación con los miembros de la Compañía de Jesús en esa área, se facilitó la posibilidad de que existiera presencia de un miembro cercano del presidente López Obrador en el funeral de los sacerdotes.
Diputados Mier, Anaya y Puente en riesgo de recibir sanciones penales
La Junta de Coordinación Política en San Lázaro se reunirá este miércoles para resolver definitivamente el tema de la integración de Movimiento Ciudadano (MC) a la Comisión Permanente. Nos dicen que esta reunión se dará luego de que se conoció el proyecto de sentencia del magistrado Felipe de la Mata en el que propone que, ante el desacato de la resolución del Tribunal Electoral de no integrar a MC a la Permanente, se impongan las sanciones necesarias, incluso penales, contra los coordinadores del bloque de la autollamada Cuarta Transformación, es decir, Ignacio Mier (Morena), Alberto Anaya (PT) y Carlos Puente (PVEM) ¿Será que cambian de opinión? (El Universal, Nación, p. 2)
Que la directora general del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, citó ayer en sus oficinas a diputados y senadores de Morena y PT para sostener un diálogo “directo y abierto”, aunque restringió el derecho de admisión a su charla de amigos y evitó convocar a representantes de la oposición, por lo cual el panista Juan Carlos Romero Hicks, ex titular del organismo, cuestionó el “comportamiento faccioso” de la funcionaria y le recordó que para construir es preciso escuchar la pluralidad de voces y dialogar sin sesgos de partidos.
Que no todo fue reconciliación en la reunión del PAN con Gustavo Madero pues la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, lo acusó de traidor y cobarde para luego lanzarse contra Javier Corral. Sin embargo, el senador no desiste de su proyecto para que en 2024 se concrete una candidatura ciudadana con elecciones primarias de las que PAN, PRI y PRD acepten los resultados, aunque no se sabe qué será más difícil: superar las grillas internas o que líderes como el priista Alejandro Moreno Cárdenas abandonen sus aspiraciones personales.
Que hablando de Chihuahua y de Alito, los ex gobernadores priistas de aquella entidad Fernando Baeza Meléndez, Patricio Martínez García y José Reyes Baeza demandaron al dirigente nacional priista “no aferrarse a los restos de un naufragio”, porque su presencia no abona al campo electoral, mientras que la otrora lideresa Dulce María Sauri mandó a volar a su correligionario campechano con la ocurrencia de meter una reforma a la ley para que la población se arme ante la ola de violencia.
Que a propósito de violencia, mañana jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificará su estrategia de seguridad con la celebración del tercer aniversario de la Guardia Nacional, acto al que ya fueron convocados gobernadores y funcionarios del gabinete, por si no le había quedado claro a alguien, en la oposición, en la sociedad civil y en el clero, de que todo se queda como está, pese a episodios como el de la sierra Tarahumara. (Milenio Diario, Al frente, p. 2)
El caso Lozoya estaba diseñado para ser la gran muestra de la corrupción del régimen de Enrique Peña Nieto. Hoy se ha convertido en la gran muestra de la corrupción en el régimen de Andrés Manuel López Obrador.
Se esperaba que Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex, fuera el testigo protegido estrella del gobierno actual que revelara la trama de sobornos a políticos priistas y panistas. Lo que en realidad ha revelado el caso Lozoya ha sido el apetito del gobierno obradorista por mentir y ha profundizado el escándalo en la gestión del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.
Hoy sabemos, por testimonio de su entonces abogado Javier Coello, que a Lozoya lo detuvieron y extraditaron hasta que su papá ―el exsecretario de Estado salinista, Emilio Lozoya Thalmann― y el fiscal Gertz acordaron que declararía que había dado millones en mordidas a un listado de personas que al gobierno le convenía desprestigiar para mantener aislados de la política y sobre todo para alimentar la narrativa del presidente AMLO. Y eso lo haría a cambio de un trato privilegiado para él y su familia.
Lozoya llegó a México y dijo lo que el gobierno quería que dijera. El montaje fue tan burdo que en la denuncia era claramente identificable el cambio de tipo de letra al citarse los nombres que el gobierno había pedido agregar. Lozoya cumplió y el gobierno también: le otorgó la prisión domiciliaria. Tan a gusto se sentía el exdirector general de Pemex con su arreglo, que cometió el error político de restregar a la sociedad su pacto de impunidad: una foto cenando pato laqueado en el cotizado restaurante Hunan lo puso de regreso tras las rejas.
Han pasado dos años desde su extradición y el caso se ha caído pedazo por pedazo. Del listado de personajes de alto nivel no hay a la vista ninguna prueba. De las 18 horas de videos que ―filtraron― habría con altos funcionarios recibiendo maletas de efectivo, no se vieron más que unos minutos de un par de operadores panistas de medio pelo. Ayer entrevisté en W Radio a Coello, exabogado de Lozoya, y lo dejó claro: el exdirector de Pemex sabía que lo que iba a declarar eran mentiras, sabía que no tenía pruebas, pero el gobierno lo estaba extorsionando. Incluso hizo pública una carta en la que Lozoya, cariñosamente, da cuenta de esa presión gubernamental.
En cambio, de lo que sí se están acumulando pruebas es de la actuación del fiscal Gertz Manero: las grabaciones telefónicas lo exhiben envuelto en un rosario de irregularidades y delitos. Su gran ventaja es que el presidente lo respalda, al costo que sea. Ese costo es chapotear en el pantano y luego sonreír para las cámaras.
De aquella bandera anticorrupción que enarboló con gallardía López Obrador, hoy queda un trapo roído y despedazado por Pío, Martinazo, la casa gris, Bartlett, Esquer… y un largo etcétera que llega al apellido Gertz. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. 5)
¿Sobre quién, pregunto, es más fácil suponer que tiene un pacto con el narco?
¿Sobre un Presidente qué, frente a la prensa y en el marco de una gira, se acerca a un vehículo y atiende a una anciana que le pide ayuda para poder visitar a su hijo; un capo preso en Estados Unidos? O ¿sobre un Presidente que encumbra, nombra y sostiene, por seis años, además, en el cargo de secretario de Seguridad Pública, a un hombre que hoy está preso y a punto de ser juzgado en EU, por su presunta vinculación con el narco?
Mira la derecha conservadora la paja (o cree mirarla más bien) en el ojo ajeno, mientras ignora al cártel de la droga en el propio.
Los límites entre política y delito, a los que se refiere Hans Magnus Enzensberg, se borraron por completo en el periodo neoliberal; al grado de que gobernantes y capos terminaron por ser dos caras de la misma moneda.
La corrupción y la impunidad, características genéticas esenciales del viejo régimen, fueron el caldo de cultivo para el crecimiento y la consolidación del crimen organizado en nuestro país. Dos guerras fueron determinantes para que se hiciera el narco del control territorial y del poder político; con la guerra sucia se tomó Guerrero, Durango y Chihuahua. Con la guerra de Felipe Calderón se afianzó su dominio en las zonas fronterizas al sur y al norte de México, se tomó Los Pinos y se hizo cargo, con Genaro García Luna al mando, de la conducción de las operaciones.
En el colmo del cinismo dirigentes opositores, intelectuales, periodistas y conductores de radio y TV guardan un sepulcral silencio en torno a García Luna mientras cuestionan que López Obrador viaje con frecuencia a Badiraguato. Qué, con su presencia en la zona, el Presidente encabece personalmente la tarea de disputar la base social al narco, en su propio territorio, para así construir la paz les parece “sospechoso”. Tienen el descaro de lanzar, por este hecho, acusaciones en su contra, pero no la honestidad intelectual para investigar, para preguntarse al menos, por las razones y evidencias que movieron, a los propios estadunidenses, a detener y a llevar ante un juez a ese al que consideraban el “súper policía”, su principal aliado, su hombre de confianza en México.
Algo muy grueso tiene en sus manos el Departamento de Justicia para ir contra el hombre al que tantos homenajes se le hicieron en Washington. (Epigmenio Ibarra, Milenio Diario, Política, p. 12)
La espiral de sangre que vive México alcanza en estos días rasgos de una catarsis. Entre otras cosas, porque la Iglesia católica, sacudida también por la violencia, empezó a hablar de lo que ven y viven sus sacerdotes y sus feligresías: una captura criminal de la vida de las comunidades que no perdona recintos, creencias ni jerarquías espirituales.
Dos misioneros jesuitas fueron muertos frente al altar en el interior de su iglesia, por la mano de un sicario que es el dueño de la región de la Tarahumara.
La Conferencia Episcopal Mexicana emitió un comunicado que vale como un retrato de la profundidad social y moral del daño.
El arzobispo de Zacatecas y el cardenal de Guadalajara revelaron que en sus visitas pastorales han sido detenidos e interrogados por delincuentes.
El cardenal de Guadalajara ilustró la profundidad de la captura criminal de la sociedad describiendo lo que pasa con las fiestas patronales en el norte de Jalisco.
“Todas las parroquias que están en esa zona”, declaró el cardenal, “para poder celebrar la fiesta patronal, es decir, la feria del pueblo, tienen que obtener el permiso del encargado de la plaza. El encargado de la plaza le autoriza al sacerdote celebrar la fiesta patronal, pero tiene que reportarse con el 50 por ciento del resultado de la fiesta” (https://bit.ly/3QMYbVT). (Héctor Aguilar Camín, Milenio Diario, Al frente, p. 3)
La suerte del abogado Jesús Hernández Alcocer parece estar echada. Existen condiciones no sólo para que el abogado de las élites, detenido por el presunto asesinato de su esposa Yrma Lydya el jueves pasado en el restaurante Suntory, continúe su proceso bajo arresto domiciliario, sino que lo declaren inocente. Se ha declarado inocente del asesinato, y su defensa habla con mucha confianza que recuperará su libertad. Hombre poderoso por sus relaciones políticas y judiciales, Hernández Alcocer caminará por una ruta opaca y turbia desde el primer momento de su captura.
Detenido por un escolta en el restaurante momentos después de que Yrma Lydya murió de tres balazos tras discutir en el privado que siempre ocupaba Hernández Alcocer en el Suntory, fue presentado por la policía de la alcaldía Benito Juárez ante el Ministerio Público. De acuerdo con una versión de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México publicada por El Universal, el arma que entregaron al Ministerio Público no había sido disparada. El arma homicida, hasta donde se sabe, está desaparecida. No se necesitaría esa arma para imputar al abogado, pero tampoco se conoce si le hicieron la prueba de rodizonato de sodio para saber científicamente si disparó un arma de fuego.
El arma homicida, sin embargo, es altamente relevante. Según las fuentes de El Universal, esa pistola pudo haber sido intercambiada por terceros, lo que revela la sospecha informada de los funcionarios, de que la cadena de custodia del arma se rompió. Esto significa que minutos después del asesinato, la evidencia estaba contaminada, la escena del crimen alterada y el caso prendido de alfileres. El que supuestamente hayan encontrado el arma asesina 48 horas después, como informaron las autoridades capitalinas, no repone la cadena de custodia, vital para poder establecer jurídicamente la validez de esa prueba. Se necesitaría llamar a declarar a todos los policías involucrados en la detención del abogado para tener claridad y certidumbre sobre la prueba. De otra manera, lo que tienen terminará en el basurero, pues ni huellas dactilares de él podrían encontrar en el arma.
Todo esto no significa que se libraría del proceso, pero, por su edad, 79 años, sin tomar en cuenta que Hernández Alcocer tiene un cuerpo de roble y una energía que sorprendía a muchos, existe la posibilidad de que un juez le permita salir de la cárcel y defenderse bajo arraigo domiciliario. Ya sería su evaluación si la red de amigos poderosos, como su íntimo por más de tres décadas, el fiscal general Alejandro Gertz Manero, o su segundo Juan Ramos, fiscal de Control Competencial, por cuyas citas con él Hernández Alcocer cobraba comisiones de hasta 4 millones de pesos, llevaría al juez a considerar que sacarlo de la cárcel podría ser riesgoso. El abogado tiene otro amigo poderoso, el director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez, y relaciones en los pisos más altos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Hay otra variable que lo podría dejar en libertad, aunque generará controversia jurídica. Es la acusación que le ha fincado la Fiscalía General de Justicia capitalina por el presunto delito de feminicidio, y que podría abrirle el cerrojo de la prisión. De acuerdo con penalistas, el delito de feminicidio, de acuerdo con el artículo 148 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, establece, como razones de un crimen de género, que existan antecedentes o datos que establezcan que el imputado haya cometido amenazas, acoso, violencia, lesiones o cualquier otro tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar de la víctima; que haya existido entre el imputado y la víctima una relación sentimental, afectiva laboral, docente o de confianza, y que haya existido una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad, subordinación o superioridad.
Penalistas experimentados sostienen que el delito por el cual lo acusó la Fiscalía, feminicidio, es correcto. Otros difieren. La agresión, dicen, derivó no por ser mujer, sino por ser cónyuge, donde esta descripción desvanece la cuestión de género, de acuerdo con las leyes de la Ciudad de México, que permite matrimonios entre personas del mismo sexo. Cónyuge, agregan, es un término más preciso que mujer y, al ser más específico, suele aplicarse en general el concepto específico, que sería cónyuge, no esposa.
Este alegato tiene que ver con el artículo 14 constitucional, que establece que, en los juicios del orden criminal, queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Si la defensa escogiera esta estrategia, podría argumentar que a Hernández Alcocer lo juzgaron por un delito equivocado, por lo que tiene que sobreseerse el caso y no volverlo a acusar del mismo delito. Si son persuasivos, el juez podría determinar su libertad.
No es tan sencillo, pero es un camino con potencial para esa defensa. Al utilizar el término cónyuge en lugar de esposa, apoyada la defensa en el artículo 125 del Código Penal capitalino, la discusión sobre el futuro de esa relación matrimonial, que es lo que ha trascendido como móvil del crimen, se convertiría en una pieza clave de la argumentación en contra de acusarlo de feminicidio. La discrepancia que finalmente provocó el homicidio, explicó un penalista, fue porque, según los medios, había un desacuerdo en cuanto al divorcio de los sujetos, por lo que el crimen se inscribe en un ámbito netamente civil y no así por una razón de género.
Aunque el asesinato de Yrma Lydya es de alto impacto, por las relaciones del abogado y el perfil de la cantante, hay puertas de salida para su libertad. La Fiscalía capitalina haría bien en adelantarse a esta eventualidad y, por ejemplo, abrir investigaciones sobre muertes sospechosas muy ligadas a Hernández Alcocer: su hija, que estaba discapacitada, y su anterior esposa, donde se usaron armas de fuego. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 36)
En su obsesión por el control, la derecha de EU parece dispuesta a convertirse en una nueva versión de Estado totalitario.
El punto de partida en este caso sería la decisión de la Suprema Corte de revocar el fallo que dio paso a la libertad de aborto.
La preocupación actual es que algunos de los estados donde ya se prohibió esa práctica, las autoridades decidan emprender investigaciones criminales para castigar a quienes busquen cómo y dónde obtener el procedimiento.
Esto, potencialmente, incluye desplazamientos a sitios donde sí está autorizado.
La herramienta que lo permitiría sería la información recolectada por las grandes empresas tecnológicas, desde las telefónicas hasta las buscadoras, que retienen datos sobre los números a donde se llamó y las compras por internet, y pueden ser compelidas a colaborar con la Policía.
Ciertamente no es algo nuevo. Esa herramienta ya se usa en indagaciones criminales, sin embargo, ahora sería en detrimento de las decisiones respecto al propio cuerpo.
Pero la implicación también es que una vez en posesión de los datos de un individuo que buscó información o hizo contactos alrededor de aborto, la Policía puede tener nombres y números que comprometan a organizaciones completas.
Así, se cree que en los hasta 26 estados donde se penaliza o busca castigar la interrupción del embarazo, cualquier mujer que sufra por ejemplo, un aborto espontáneo puede verse en el centro de un caso criminal.
¿Hasta dónde puede llegar esa ofensiva? Algunos creen que un paso siguiente sería el control de las píldoras anticonceptivas, o limitaciones para que una mujer embarazada viaje a estados donde se permita el aborto y hasta la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo o la eliminación de algunos derechos a la comunidad LGBTQ.
No obstante, el mayor punto de preocupación está en los posibles precedentes.
Si esto se parece a las acusaciones que se lanzan contra las acciones de la República Popular China es una mera coincidencia, por supuesto.
O lo que sería prácticamente el establecimiento de una especie de inquisición o Policía religiosa, al estilo de los estados o movimientos musulmanes más tradicionalistas.
En Texas, uno de los estados más conservadores, hay una recompensa de hasta 10 mil dólares a cualquiera que ayude a la persecución judicial de quienes deseen abortar, desde la mujer en el centro hasta el taxista que la haya transportado.
En otras palabras, una red de espionaje ciudadano.
La derecha estadounidense se ha quejado por años sobre la “corrección política” y demandas, a veces tan absurdas como exageradas, en el uso de lenguaje o presión social, sobre todo, en lo referente a raza y libertad sexual.
Ahora que tiene la oportunidad, sin embargo, busca imponer por ley conductas y códigos morales a su gusto. Como el Talibán. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 27)
Las encuestas son contundentes: el país aprueba al Presidente y repudia su política de seguridad. El asesinato de dos jesuitas y un guía de turistas desencadenó un clamor pidiendo una revisión de la estrategia actual, el Presidente se negó y descalificó a los peticionarios. Ante esto, se abre la posibilidad de que una parte del México organizado impulse un diálogo nacional.
Miguel de la Madrid reconoció en 1987 que el crimen organizado era la principal amenaza a la seguridad nacional mexicana. A partir de entonces siete presidentes han decidido las líneas maestras de la estrategia. Los siete han fracasado y una de las razones es que han sido excluyentes a la hora de diseñar sus políticas. Si uno revisa las experiencias en otros países, los avances vienen cuando gobierno y sociedad acuerdan las líneas maestras.
Con Andrés Manuel López Obrador parecía ser diferente porque el día de su elección prometió, en su breve discurso en el Zócalo, elaborar un “plan de reconciliación y paz” para lo cual convocaría, dijo, “a representantes de derechos humanos, a líderes religiosos, a la ONU y a otros organismos nacionales e internacionales, para reunirnos las veces que sean necesarias”. Empezó haciéndolo, pero luego cambió de opinión y les cerró la puerta. La política de seguridad la deciden él y su gabinete de seguridad.
Estos antecedentes y la ola de violencia explican el comunicado de los obispos mexicanos del 24 de junio. Toman la iniciativa y hacen un llamado “a todo el pueblo de Dios”, para “concretar el proyecto de PAZ de Cristo” (resaltado en el original). Resta saber si en esa convocatoria consideran otras religiones, a laicos y a no creyentes. En tanto sabemos qué tan ecuménica es, lanzo la pregunta obvia, ¿qué gobernantes participarían en un diálogo de este tipo?
Por lo pronto, el Presidente y las Fuerzas Armadas se han autoexcluido; sería deseable que reconsideraran. Me detengo en los cuatro precandidatos de Morena a la Presidencia porque según las encuestas uno de ellos gobernará México entre 2024 y 2030. Tres han dado señales de que considerarían opciones frescas en este tema. Los mejor posicionados en las encuestas, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, refrendan todo el tiempo su lealtad al Presidente, sin embargo, han mostrado en la práctica una actitud más abierta. Ricardo Monreal ha tenido el mensaje más claro y autónomo: Morena tiene “una asignatura pendiente” en el tema de la seguridad. Adán Augusto López es un enigma, salvo en lo relativo a las alabanzas al Presidente.
En los próximos dos años, las cuatro personas aspirantes se verán obligadas a reducir su dependencia del Presidente porque buscarán el apoyo de una sociedad que en su mayoría repudia la política de seguridad. Es lógico suponer que estarán dispuestas a escuchar lo que se discuta y decida en el hipotético encuentro convocado por los obispos. Doy por descontado que los partidos opositores y algunos gobernadores y presidentes municipales harán lo mismo.
Un encuentro de este tipo ya cuenta con cimientos sólidos. La comunidad académica ha acumulado una cantidad enorme de conocimiento; ciudades y entidades como Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey, Coahuila y la CDMX tienen experiencias que compartir al igual que otros países. El principal reto está, como siempre, en la forja de un consenso entre sectores y actores muy diversos.
Hay dos alicientes que juegan a favor del consenso. Es insoportable la arrogancia de unos criminales que actúan con impunidad y la actitud del Presidente que, consciente de su popularidad, se aferra a una estrategia que naufraga porque es una balsa que flota a la deriva, que está atada con buenas intenciones y supuestos jamás demostrados, y porque ha excluido o ignorado a la sociedad que se comprometió a consultar en el lejanísimo 1o. de julio de 2018.
Medio siglo de políticas erradas y un enorme costo en vidas deben dar paso a una política de seguridad que priorice la atención a las víctimas y se base en hechos verificables y en un acuerdo entre una sociedad consciente y unos gobernantes dispuestos a escuchar a sus gobernados. Si el Presidente se rehúsa a dialogar, construyamos nosotros un diálogo nacional basado en la pluralidad y el respeto. (Sergio Aguayo, Reforma, Opinión, p.9)
¿Y dónde está la protección al medio ambiente? ¿Y dónde está la política de cambio climático en un país donde su población es tan vulnerable a sus impactos? Esas preguntas se tejen en mi cabeza mientras observo dos mecheros de Pemex quemando metano en la orilla del majestuoso Río Grijalva. La sensación de observar y sentir esas llamaradas, al mismo tiempo que pienso en la falta de agua en Monterrey y Ciudad de México, las inundaciones en Tabasco y Chiapas, y las sequías en el 81.3% del país (Conagua, mayo 2022) es, por decir lo menos, devastadora. Siento que se está quemando no solo el metano que tengo enfrente sino el presente y el futuro.
Esa sensación me orilla a reflexionar sobre la gravedad del evidente deseo del presidente de México de postergar por lo menos 13 años más la priorización de una política centrada en el cambio climático. Ese afán desmedido del partido en el poder por priorizar la soberanía energética basada en fuentes fósiles por encima de lo que establece la Constitución y el consenso internacional con relación a la urgencia de la transición energética.
Durante los últimos tres años el gobierno ha estado dispuesto a todo con tal de sostener su política de quema de combustibles fósiles: construcción de refinerías, quema de combustóleo, inversión en tecnologías viejas, etc. Los ejemplos son claros y mucho se ha hablado de ellos, sin embargo, hoy me llama la atención la ambivalencia del discurso. Por un lado, el decálogo de compromisos presentados por el presidente de México para combatir el cambio climático en el marco del Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima, organizado por Estados Unidos, sin una planificación de corto, mediano y largo plazo y sin priorizar, realmente, la transición energética. Otro contradiscurso es que se dice que habrá menos emisión de CO2 por el uso de más energía limpia, pero el Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN), que es el documento más importante para la planeación eléctrica del país, reconoce que México no llegará a las metas de energía limpia y, además, unos días después la Secretaría de Energía alteró ese documento para modificar temas sustanciales como si no hubiéramos leído ese Programa. Otra clara contradicción son las violaciones deliberadas del gobierno federal a las suspensiones decretadas por los juzgadores federales para proteger el medio ambiente, lo que, de igual manera, provoca más emisiones de CO2 y ecocidio. Y, ojo, todas esas acciones en el marco de las 4 visitas en menos de 6 meses del enviado especial para asuntos climáticos de Estados Unidos, John Kerry.
México está perdiendo años relevantes para desarrollar una política de cambio climático que requiere acuñar nuevos conceptos, nuevas dinámicas, nuevos sistemas. El mundo está cambiando de piel. Los países que no generen ese cambio tendrán costos sociales, ambientales y políticos que generarán más desigualdad. El Estado en el contexto de la crisis climática debe entender su lugar como facilitador y garante de esa transición, de lo contrario las incertidumbres para su población serán devastadoras. De no actuar, la sensación de impotencia y desesperación por las afectaciones al medio ambiente se volverán un problema social de difícil contención. No hay tiempo que perder, las consecuencias del cambio climático se ven todos los días, pero pareciera que sólo unas cuantas personas las vemos, mientras que la clase política en el poder decide seguir invirtiendo y defendiendo un sistema extractivista y altamente contaminante. ¡Basta de quemar nuestro futuro! (Nora Cabrera Velasco, Reforma, Opinión,p.10)