La reunión de AMLO con Joe Biden, en Washington, lleva un componente extra, que son los niños migrantes centroamericanos que pasan por México en su camino al norte. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración, tan sólo en lo que va del 2022 se ha logrado identificar y retener a 5 mil 379 migrantes, principalmente originarios de Centroamérica, de los cuales 15% eran menores de edad. Lo que nos dicen es que en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, armaron un proyecto muy completo para intentar paliar esta situación y se entregó a la oficina presidencial, pero al parecer, no salió de ahí por lo que será el propio titular de la dependencia, quien lo hable directamente con el presidente para saber su opinión o por lo menos para enterarse de lo que hicieron. (La Prensa, Opinión, p.2)
En unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador hará una visita de Estado a su homólogo estadunidense Joe Biden. Se ha dicho que en el encuentro se tratarán algunos asuntos que fueron tema de la pasada Cumbre de las Américas, pero en especial el problema conjunto de la migración.
El éxodo es un fenómeno consustancial a la humanidad. A lo largo de la historia explica el surgimiento y evolución de la propia sociedad, pero es indudable que, a partir del siglo XX, las problemáticas planteadas por los flujos masivos de personas en todo el mundo se han acentuado. En la actualidad la migración es definida como el desplazamiento que realiza una persona o un grupo de personas para cambiar su lugar de residencia, ya sea de un país a otro, o dentro del mismo país.
Hoy debemos entender que México es un país muy activo en el origen, tránsito, destino y retorno de millones de personas.
Al ser un problema añejo e irresuelto entre México y Estados Unidos, los acuerdos migratorios que deberán concertarse entre ambos mandatarios adquieren un matiz de crudeza con motivo del más reciente hallazgo de un tráiler encontrado en Texas con más de 50 personas migrantes muertas, donde al parecer 27 de ellos eran mexicanos.
Se trata de un fenómeno muy complejo que presenta diferentes aristas. Una de ellas –sin duda– es la importancia del aspecto económico que representa el dinero enviado por nuestros connacionales en remesas, que alcanza año con año récords históricos. Tan sólo en 2021 se llegó a los 50 mil 537 millones de dólares, cifra superior a la de 39 mil 706 millones de dólares reportada en 2020.
Desde antes de su llegada a la Casa Blanca, el presidente Joe Biden prometió revertir muchas de las medidas migratorias impuestas por Donald Trump, pero lo cierto es que su proyecto de reforma –como era de esperarse– ha enfrentado férreas resistencias republicanas en el Congreso y, a más de un año de haber sido enviada, sigue sin aprobarse.
El fenómeno migratorio debe ser una prioridad para los gobiernos de ambos países, pues de los 47 millones de inmigrantes no nacidos en Estados Unidos, se estima que una cuarta parte son de origen mexicano. Por ello, lo dialogado entre ambos mandatarios será clave para el futuro de los países.
También debe verse que este fenómeno social representa grandes áreas de oportunidad; la migración puede traer beneficios tanto para quienes migran como para las sociedades que los ocupan, pues éstas se benefician al recibir personas capacitadas y con ello se aumenta su fuerza de trabajo.
Seguir manteniendo a la migración con oídos sordos y mirada ciega representará seguir propiciando grandes y graves violaciones a los derechos humanos de quienes tienen la necesidad de emigrar; es condenarlos a padecer discriminación, limitar su libertad y seguridad, poner en riesgo su vida, salud e integridad psicofísica.
La complejidad del fenómeno nos exige como país mirar de manera critica lo que sucede dentro de nuestras propias fronteras. Se debe aceptar que muchas de las violaciones a los derechos humanos que sufren los migrantes están relacionadas con la inseguridad en el trayecto y paso a su destino final que, en la mayor parte de los casos, es llegar a Estados Unidos.
México sigue teniendo una enorme deuda con sus migrantes, a quienes les ha fallado por no ofrecerles las condiciones necesarias para desarrollar un plan de vida digno en sus propias comunidades de origen, en su propia nación.
Como Corolario, las palabras de Kofi Annan: “Los migrantes enriquecen nuestras vidas. La tolerancia hacia ellos abrirá nuevos mundos y hará que sean bienvenidos dondequiera que vayan”. (Raúl Contreras Bustamante, Excélsior, Nacional, p.12)
Por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el gobierno de México rechazó la orden ejecutiva en la que el gobernador de Texas, Greg Abbott, instruyó a las fuerzas de seguridad estatales a aprehender y devolver a migrantes sin papeles a la frontera con México. En un comunicado, la dependencia recordó que en Estados Unidos la aplicación de las políticas migratorias es facultad exclusiva del gobierno federal, y sostuvo que la orden del mandatario local republicano “sólo se puede entender como parte de las campañas electorales en Texas”, postura refrendada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tildó la medida de inmoral y politiquera. La Casa Blanca se manifestó en el mismo sentido, al señalar que la aplicación de la ley de inmigración es competencia “de las autoridades federales y los estados no deberían entrometerse en ella”.
Lo cierto es que no es la primera vez en que Abbott desafía abiertamente la legislaciónde su país para llevar adelante su cruzada xenofóbica. Desde el año pasado, puso en marcha la Operación Lone Star (Estrella Solitaria, sobrenombre del estado de Texas), enorme dispositivo con la que policías y guardias nacionales estatales se convirtieron en cazadores de migrantes, pero también se multiplicaron detenciones que parecen tener poca o ninguna relación con la seguridad fronteriza, hechos que ya son investigados por el Departamento de Justicia federal por posibles violaciones a los derechos civiles. En su mecanismo masivo de “seguridad fronteriza”, Abbott ha gastado 3 mil millones de dólares de dinero público, 5 millones sólo en la pantomima de enviar migrantes detenidos en autobuses a Washington para “llevar la crisis a la puerta del Congreso”.
Tampoco puede olvidarse que apenas en abril el gobernador reaccionó a la suspensión del Título 42 (un subterfugio implementado bajo el trumpismo a fin de usar la emergencia sanitaria como pretexto para expulsar migrantes de forma expedita, violando su derecho a la petición de asilo) imponiendo revisiones de funcionarios estatales a los camiones de carga y pasajeros que cruzan cuatro pasos fronterizos entre nuestro país y esa entidad estadunidense. Esta medida, que contraviene el tratado de libre comercio vigente, provocó retrasos de hasta 20 horas en los cruces, redujo en 70 por ciento el flujo comercial y dejó pérdidas por cerca de 42 millones de dólares a empresas mexicanas en sólo seis días.
Con sus acciones y declaraciones de los últimos meses y, sobre todo, con su obsesiva animosidad hacia la administración federal demócrata –cada tuit que publica sobre temas migratorios va acompañado por una diatriba contra el presidente Joe Biden–, Abbott pareciera apuntar a erigirse en un nuevo Donald Trump, es decir, en receptor del apoyo incondicional y la simpatía ciega de los sectores más cavernarios del electorado estadunidense. Para ello, como el magnate neoyorquino, no duda en jugar con los límites de la ley, en mentir a la luz del día y en azuzar peligrosamente a grupos racistas y xenófobos. La voluntad de identificación es tal que incluso ha revivido en su entidad el proyecto del muro fronterizo trumpiano.
Cabe desear que en la reunión que sostendrán este martes los presidentes Biden y López Obrador acuerden fórmulas que permitan dar una salida humanitaria al clamor de cientos de miles de personas que han dejado sus lugares de origen para intentar afincarse en Estados Unidos, al mismo tiempo que se desactiva a los actores políticos que usan el tema migratorio para lucrar electoralmente y exacerbar el odio. (La Jornada, Editorial, p.2)
Vaya lío en que metió el gobernador de Texas, Greg Abbot, al presidente de su país, Joe Biden, pues a días de su reunión con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el texano ordenó a sus policías detener a migrantes. Es probable que el asunto se aborde en el encuentro entre ambos mandatarios, por lo que Biden tendrá que modificar su guion. (El Heraldo de México, La 2, p.2)
Las remesas enviadas por mexicanos en Estados Unidos alcanzan cifras cada vez más altas. En el primer cuatrimestre de 2022 sumaron 17 mil 240 millones de dólares, de acuerdo con el Banco de México —la proyección es llegar a 60 mil millones al terminar el año, y eso tiene contento al presidente López Obrador: “¡Gracias paisanas y paisanos!”, dijo en su discurso del 1 de julio en la inauguración de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.
Unos días antes había ocurrido la tragedia de San Antonio, en Texas. El horror inenarrable de la muerte por asfixia de más de cincuenta personas, 26 de ellas de nacionalidad mexicana, atrapadas, amontonadas en el interior de un tráiler abandonado en un camino solitario.
Todos los pasajeros, todas las víctimas buscaban un futuro mejor, alejarse de la pobreza y la violencia. Mientras llega el olvido, los medios han entrevistado a sus familiares en comunidades y pueblos maltrechos, donde, entre muchas otras cosas, ahora han perdido también la esperanza de recibir de vez en cuando, para cubrir sus necesidades mínimas, algunos dólares de los parientes muertos en el intento de alcanzar “el sueño americano”.
En los primeros días de su gobierno —el cartujo lo ha consignado en otras ocasiones—, López Obrador le escribió en una carta a Donald Trump: “No estás de más recordarle que, en poco tiempo, los mexicanos no tendrán necesidad de acudir a Estados Unidos y que la migración será opcional, no forzosa. (…) Nuestros paisanos podrán trabajar y ser felices donde nacieron, donde están sus familiares, sus costumbres y sus culturas”.
Por supuesto, no fijó plazos para hacer realidad su promesa, mientras tanto la migración de mexicanos sigue en aumento, como las tragedias y las remesas.
El próximo 12 de julio se reunirán en la Casa Blanca los presidentes de México y Estados Unidos, uno de los puntos centrales de su agenda será la migración. Ojalá, más allá de los discursos y las declaraciones en la prensa, hagan algo concreto para disminuir los riesgos para quienes pretenden, exponiendo incluso la vida, cruzar la frontera en busca de trabajo, y un poco de paz.
Queridos cinco lectores, El Santo Oficio los colma de bendiciones. El Señor esté con ustedes. Amén. (José Luis Martínez S., Milenio, Al Frente, p.2)
La visita de AMLO a la Casa Blanca el próximo 12 de julio arriba en un momento históricamente tenso entre México y Estados Unidos. Pero en medio de desacuerdos sobre energía y seguridad, fortalecer los derechos humanos laborales de personas migrantes puede ser un punto de consonancia.
Ambos países se han dedicado a promover la expansión de los programas de trabajo temporal. En el marco de la Declaración de Migración de Los Ángeles (fruto de la pasada Cumbre de las Américas), Estados Unidos anunció un programa piloto de $65 millones de dólares para apoyar a granjas que contraten a personas trabajadoras con visa. Un par de semanas después, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró que el gobierno del país vecino otorgará 300 mil visas de trabajo para personas mexicanas y centroamericanas. Sin embargo, México tiene en sus manos evidencia contundente que demuestra los efectos nocivos que tienen dichos programas en las trabajadoras mexicanas -y una responsabilidad de ponerlo sobre la mesa durante la reunión con Biden.
Los abusos laborales que enfrentan las personas migrantes con visas de trabajo están al centro de la primera comunicación pública en contra del gobierno de los Estados Unidos bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la cual fue presentada por dos trabajadoras migrantes con el apoyo del Centro de los Derechos del Migrante, Inc. (CDM). La comunicación presentada el 23 de marzo del 2021 argumenta que el gobierno estadounidense está violando sus obligaciones bajo el acuerdo comercial al facilitar la discriminación estructural basada en sexo en los esquemas de migración laboral existentes.
Tras 473 días sin una resolución, hemos continuado recibiendo denuncias de más trabajadoras mexicanas quienes han enfrentado impedimentos para obtener empleos con visas temporales, acoso sexual e intimidación y barreras para acceder a remedios legales. Algunos de estos testimonios fueron incluidos en un suplemento entregado al gobierno de Estados Unidos en marzo del año en curso.
Frente a nuestra comunicación pública e incontables reportes de abusos laborales, la propuesta de ampliar el acceso a estos programas de trabajo temporal a lo largo del continente americano resulta aún más preocupante. Quienes huyen de países del triángulo norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) a causa de violencia y persecución buscan seguridad y asilo en Estados Unidos, no acceso a canales de explotación laboral.
La próxima reunión bilateral es una oportunidad para que México tome un rol de liderazgo en avanzar la igualdad de género, destacando nuestra comunicación pública bajo el T-MEC, priorizando las voces y experiencias de trabajadoras migrantes temporales y exigiendo protecciones como el acceso a servicios legales. Cuando el T-MEC entró en vigor hace poco más de dos años, los países firmantes aseguraron que sería una herramienta para mejorar las condiciones laborales en la región. Estados Unidos ha allanado el camino, empujando por la resolución de quejas relacionadas a la libertad y democracia sindical en México. Pero sin atender la comunicación pública en su contra, estos esfuerzos encarnan estándares dobles.
La cooperación bilateral es fundamental para mejorar las condiciones laborales en la región -tan fundamental como asegurar un abordaje inclusivo que no deje a poblaciones de personas trabajadoras de lado-. Expandir los programas de trabajo temporal, sin primero abordar el abuso estructural que enfrentan las trabajadoras migrantes, solo propagará la explotación. Y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes será una imposibilidad. (Evy Peña, Reforma, Opinión, p.9)
La vida es una y es demasiado corta como para invertirla en la tragedia de una guerra y sin embargo millones de seres humanos han sido sacrificados por su vileza. En Colombia murieron alrededor de 800 mil personas y desaparecieron más de 120 mil almas durante un conflicto que duró medio siglo entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC).
Según un informe publicado recientemente por la Comisión de la Verdad de ese país, a esos números habrían de sumarse un millón de individuos que padecieron desplazamiento forzado o de plano destierro, por la misma causa.
Después de que el ex presidente Juan Manuel Santos y los líderes de la guerrilla firmaron los acuerdos de paz, en noviembre de 2016, la memoria colombiana se miró en un espejo lastrado por incontables cicatrices.
En esos documentos ambas partes se comprometieron a edificar tres sitios –uno en La Habana, otro en Nueva York y un tercero en Colombia– para significar el fin de tan sanguinaria confrontación.
La extraordinaria artista internacional Doris Salcedo recibió el encargo de la obra que sería ubicada detrás del palacio de gobierno, en el centro de Bogotá. Dos años después fue inaugurado Fragmentos, un espacio dedicado al diálogo entre las diferentes narrativas de la guerra colombiana y de tantas otras guerras que han dejado quebrada el alma, por su similitud, en otros países de América Latina.
Salcedo explica que esta obra es lo contrario a un monumento, se trata de una crítica realizada, desde el arte, contra la épica de la muerte, el sufrimiento y la violencia. Un antimonumento para denunciar el poder de las armas y a quienes, durante más de cinco décadas, las usaron para someter la vida de cientos de miles de inocentes.
Entre los compromisos para la paz, los integrantes de las FARC se comprometieron a renunciar a todo su armamento. Por lo que se apilaron 37 toneladas de rifles, pistolas y metralletas que serían fundidas en hornos especiales. Luego, con ese material se fabricaron mil 300 placas de metal.
Previamente, los moldes donde se vertió el acero fueron martillados por una veintena de mujeres esclavizadas sexualmente. La mayoría fueron secuestradas, siendo adolescentes, por los señores de la guerra. Si intentaban escapar corrían el riesgo de ser acusadas por traicionar la causa de la revolución.
Afirma Doris Salcedo que no logró involucrar en esta obra colectiva a las mujeres que también sufrieron abuso y violencia a manos de los militares y paramilitares participantes en el conflicto. Esto fue así porque, a diferencia de las prisioneras de las FARC, el riesgo de represalia contra estas otras víctimas no fue conjurado con la firma de los acuerdos.
Con las placas de acero heridas por los golpes de esas antiguas esclavas se construyó un piso de 800 metros cuadrados que hoy se puede visitar en una antigua Casa del Nariño, una edificación del siglo XIX ubicado a espaldas de la residencia presidencial.
Con esta obra Salcedo desafía al poder porque las armas que apuntaron y dispararon contra tantas cabezas son hoy el lugar que la gente pisa con desenfado mientras visita Fragmentos. Antes la boca del rifle miraba desde arriba, ahora los ojos humanos se dirigen hacia el lugar donde se encuentran las armas transfiguradas.
Esta pieza de arte es un emblema de la paz lograda. Cada elemento ahí simbolizado conjura la repetición del dolor y aporta dignidad al sufrimiento que tantas y tantos padecieron durante los años de guerra. Es un recinto para hilvanar la memoria de quienes fueron asesinados, quienes desaparecieron y quienes sufrieron las consecuencias de la migración forzada.
Al visitar la obra de Salcedo es difícil disociar los argumentos expuestos en Fragmentos de otras experiencias latinoamericanas que también han provocado devastación. En México, por ejemplo, igual se cuenta en más de 100 mil el número de desapariciones provocadas por la violencia. Y aunque aquí no se lleva una lista precisa de las personas desplazadas, ni un cálculo confiable sobre la verdadera cifra de personas muertas, víctimas de la guerra, es evidente que, en un plazo mucho más corto en comparación con el colombiano, aquí las armas han causado mucho peores estragos.
En México las cicatrices de la violencia son también terribles y el duelo que se vive en la mayoría de las regiones es grande. Pero nuestro país no cuenta aún con un antimemorial donde pueda reinventarse una sociedad reventada por 15 años de flagelo.
En efecto, guardamos aún una distancia grande respecto de la posibilidad de lograr un acuerdo de paz porque no hay todavía imaginación que alcance para concebir el diálogo entre organizaciones más letales que las colombianas, las cuales no han tenido como reivindicación explícita la revolución ya que el principal cemento que supuestamente les reúne es el negocio criminal.
Por más críticas que haya recibido el ex presidente colombiano y premio nobel de la paz, Juan Manuel Santos, cuando promovió un acercamiento entre su gobierno y los líderes de las FARC, éstas en nada se parecen al juicio que dentro y fuera de México podría imponerse sobre el gobierno si este se atreviese a emprender una negociación para desmovilizar y desarmar a las empresas criminales.
Y, sin embargo, ni la ideología ni la falta de ella, deberían ser punto relevante a la hora emprender un acercamiento público como el que aquí se sugiere. El propósito, en cualquier caso, sería desescalar la dinámica de violencia de tal manera que toda persona que quisiera salir de la guerra pudiese hacerlo sin pagar costos fatales, bien porque la organización que controla su vida pueda cobrar venganza contra el individuo y su familia, o bien porque el gobierno procediera penalmente contra aquellos que, al apartarse, se quedasen sin ningún respaldo de las redes criminales.
Hoy México, como Colombia, es un país fragmentado. Pero a diferencia de esa nación hermana, el compromiso por la paz y la reconciliación no aparece todavía en nuestro discurso, mucho menos en las decisiones de la política, tampoco en la visión ética de la élite que gobierna.
Mientras más tardemos en reconocer la realidad, la violencia multiplicará el camino inflacionario seguido en México desde que comenzó este siglo. Se requiere de una ancha puerta de salida y de garantías de sobrevivencia para quienes depongan las armas. Ese tendría que ser el corazón del acuerdo mexicano de paz y reconciliación. (Ricardo Raphael, Milenio, Política, p.10)