Pudieron encontrar a Debanhi con vida y no lo hicieron. ¿Qué clase de autoridades son esas de Nuevo León? (La Jornada, Contraportada)
SI BIEN la falta de lluvias no es culpa del gobierno federal, en la crisis por falta de agua en Nuevo León, la 4T la está regando. Y feo.
MIENTRAS usted lee esta columna, la refinería de Cadereyta utiliza 468 mil litros de agua por hora. Es decir, con el agua que consume diariamente la planta de Pemex, se podría abastecer a más de ¡10 mil familias!, algo que sin duda en mucho ayudaría a la situación que se vive en aquel estado. Pero no, para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo importante no es la gente, sino su sueño petrolero.
EL COLMO es que mientras el agua que requiere la sociedad es utilizada en la refinería de Cadereyta para producir gasolina, Pemex tiene millones de litros de gasolina en buques tanque en el Golfo de México esperando poder descargarla.
AH, PERO eso sí, según el presidente López Obrador quienes deberían parar su producción son las fábricas de refrescos y cervezas. ¿Y la refinería, apá?
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EN LA reanudación de las obras para el tramo 5 del Tren Maya, hay algo muy raro: alguien miente o alguien se está burlando del Poder Judicial, de los ecologistas y, en general, de todo el sistema legal.
PORQUE dicho tramo estaba suspendido por órdenes de un juez, en tanto no se pusieran en orden con el tema ambiental. Pero las obras a cargo del Ejército fueron reanudadas de un día para otro, sin el aval de la justicia. Según el responsable del proyecto, Javier May, las obras se retomaron porque ahora el Tren Maya es un asunto ¡de seguridad nacional!
NOMÁS QUE esa versión no cuadra porque, supuestamente, la decisión fue tomada la semana pasada. Sin embargo, hasta ahora no se conoce decreto alguno que confirme esa maroma legaloide. Y hasta que eso no pase, el hecho de que se hayan reanudado las obras simple y sencillamente viola el amparo concedido por el juez.
UNA VEZ MÁS, en la 4T a la legalidad… se la llevó el tren. Y luego se preguntan por qué no llegan inversiones a México.
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BUEN DETALLE del Presidente al conjuntar a los embajadores de Francia, Estados Unidos y Cuba en el homenaje a Benito Juárez. Pero mejor detalle hubiera sido que Andrés Manuel López Obrador acudiera al homenaje de los 14 marinos caídos en el cumplimiento de su deber.
QUIENES estuvieron en la ceremonia realizada en la Secretaría de Marina dicen que en lo que va del sexenio no se había tenido un momento tan solemne y sentido para la comunidad naval. Se sabe que el homenaje fue privado por cuestiones de seguridad, pero alguien le podría haber recordado al Presidente que él es el comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.
¿Y EN DÓNDE andaba el mandatario? En una gira más por Veracruz, así que de haber querido hubiera podido llegar a rendirle honores a los marinos fallecidos. Pero, bueno, cada quien sus prioridades. (Fray Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)
En la reunión del Gabinete de Seguridad del lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, nos dicen, instruyó a dar seguimiento puntual a todo el proceso de extradición a Estados Unidos de Rafael Caro Quintero, El Narco de Narcos. A la instrucción presidencial tomó nota la SRE, pero también las áreas de Seguridad y Consejería Jurídica de Presidencia para blindar el proceso contra el fundador del Cártel de Guadalajara. En la mañanera, el Presidente hizo público su interés al enfatizar que cuidarán que no haya corrupción ni ningún acto fuera de la ley. Recordó que en 2013 el capo —sin haber cumplido su sentencia— obtuvo un amparo y fue puesto en libertad, pero luego la autoridad judicial resolvió que debía continuar detenido; por ello —subrayó— se debe cuidar cada detalle del caso.
Guerrero, refugio de las corcholatas
Nos comentan que las corcholatas presidenciales siguen su autopromoción en Guerrero. Mientras la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, acudió el domingo a un evento en Acapulco para promover la reforma electoral del Ejecutivo federal, acompañada por la gobernadora Evelyn Salgado, mañana será el turno del canciller Marcelo Ebrard, quien visitará el puerto para anunciar una inversión a fin de ayudar a resolver el problema de aguas negras que aqueja a sus habitantes, según adelantó la alcaldesa Abelina López. Incluso, al ser cuestionada sobre el acto de Sheinbaum, nos dicen, respondió que la invitaron, pero les dio las gracias porque “no está en campaña”.
Acto en el Congreso de la Unión
Por protocolo, nos informan, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión invitó a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial para que asistan como invitados de honor a la sesión solemne de mañana, cuando se conmemorarán 100 años de la llegada a México de la poetisa chilena Gabriela Mistral, Nobel de Literatura en 1945. Sin embargo, se da por descontada la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador por el distanciamiento que mantiene con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, quien no se cuenta entre sus corcholatas para 2024 y rechaza el método de la encuesta para elegir al aspirante de Morena. Se prevé, nos detallan, que por parte del Ejecutivo asistan los secretarios de Cultura, Alejandra Frausto, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, entre otros funcionarios.
De desacato en desacato
Nos recuerdan que a julio ya le quedan menos de dos semanas y la bancada mayoritaria en San Lázaro continúa sin respetar el lugar de MC en la Comisión Permanente. Hace dos semanas, la Jucopo de la Cámara de Diputados se comprometió a modificar el marco normativo para que en el futuro todos los grupos parlamentarios tengan al menos un espacio en la Permanente, lo que fue tomado como un desacato por incumplir con la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en lo inmediato. De los guindas, ya se sabe que no quieren y harán lo imposible por seguir pateando el bote, pero la pregunta es, ¿qué harán los magistrados electorales? (El Universal, Nación, p. 2)
Que mientras la oposición formó un grupo de trabajo para analizar la estrategia de seguridad, algunos morenistas se reunieron en privado con la secretaria Rosa Icela Rodríguez en el contexto de la próxima iniciativa sobre la Guardia Nacional que enviará el Ejecutivo. La funcionaria divulgó en redes sociales que el encuentro fue para avanzar en el trabajo conjunto en beneficio de la población mientras que la ex presidenta cameral Mónica Fernández Balboa precisó: “Trabajamos en un mismo objetivo. #JuntosConstruimoslaPaz”. Se prevé que la propuesta llegue al Senado y se discuta en el próximo periodo ordinario que se inicia en septiembre.
Que la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, encabezada por Ignacio Mier, y sus aliados PVEM y PT decidieron ir adelante con el parlamento abierto sobre la reforma electoral, por lo que han solicitado al priista Rubén Moreira convocar a reunión de Junta de Coordinación Política mañana miércoles para votar y avalar el programa, con o sin el respaldo de la coalición opositora, e iniciar los foros la próxima semana. Aunque la bancada morenista insistió en su llamado al bloque PAN-PRI-PRD a desistir de la llamada “moratoria constitucional” y avanzar, el hecho es que los diputados lopezobradoristas no tienen hoy los votos suficientes para aprobar el proyecto.
Que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, orador en el 150 aniversario luctuoso de Benito Juárez, dijo que el legado del benemérito es indestructible y que el movimiento de la cuarta transformación los impulsa hacia “el lado correcto de la historia”, el de un orden social más humano, todo frente al Presidente, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y el embajador de Francia, Jean-Pierre Asvazadourian. Sin embargo, llamó más la atención que se dieran cita y posaran juntos con AMLO los representantes de Estados Unidos, Ken Salazar, y de Cuba, Marcos Rodríguez Costa, quienes dirán sin duda, cada uno desde sus posiciones irreconciliables, que sus países van por el sendero indicado. (Milenio Diario, Al frente, p. 2)
El góber que no tiene noticia
El que parece no tener mayor noticia sobre sucesos relevantes que ocurren en su entidad es el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. Y es que tras la captura que se dio de Rafael Caro Quintero en el municipio de Choix, el mandatario estatal dijo desconocer si el buscado por la DEA era generador de violencia. “Yo no tengo ninguna información relativa a si a él se le podría hacer cargo de temas como la violencia en Choix. Lo que sí sé es que, si hubiera sido una persona con demasiada actividad en el tema, debería haber tenido un ejército que lo cuidara”. Para muchos esto contrastó con otra declaración que hizo ayer mismo, según la cual sí se podría recrudecer la violencia en la zona, tras la captura. “¿Que si se puede recrudecer (la violencia)? Sí, sí puede, pero nosotros estamos atentos, porque no podemos nosotros decir: ‘Fíjate que no va a pasar nada’”.
Ahí los dichos del góber.
Acción relevante en Coyoacán Un paso importante en favor de la inclusión dio ayer la alcaldía de Coyoacán, al iniciar una campaña de balizamiento de “cajones azules” de estacionamiento, espacios ni los que las personas con discapacidad pueden tener facilidades de ascenso y descenso de vehículos en sus trabajos o domicilios. El titular de la demarcación, Giovani Gutiérrez, informó que en principio serán 65 los espacios que en distintas colonias —el primero fue en la Adolfo Ruiz Cortines— quedarán debidamente balizados, como parte de uno de los ejes de gobierno de la demarcación que es el de Calidad de Vida. El primer espacio fue entregado, nos comentan, por el director Jurídico, Obdulio Ávila, quien destacó la importancia que tiene para la alcaldía la atención de esta población que, calcula podría ser de 40 mil personas. Una población a la que se está atendiendo con prioridad, nos hacen ver.
Derrota del !scal de NL
Con la institución que encabeza con una nueva abolladura enorme en su credibilidad, Gustavo Adolfo Guerrero, fiscal de Nuevo León, asumió ayer los resultados a los que llegó el tercer peritaje forense al cuerpo de Debanhi Escobar, elaborados a instancias del Gobierno federal y con apoyo de los servicios forenses de la CDMX. Y es que dos elementos centrales de esta investigación relevante que realizó la institución que encabeza fueron ayer derribados: la joven de 18 años no murió por un golpe en el cráneo ni tampoco el día de su desaparición. Titubeante e inseguro al intervenir, el funcionario deberá ahora acometer la tarea de enderezar una indagatoria que ya lleva cuatro meses y vuelve a puntos de origen. Y todavía hay quien se pregunta por qué hay tanta impunidad en torno a los feminicidios. ¡Uf!
Invitados a Palacio
La inauguración de la remodelación del museo dedicado a Benito Juárez, en Palacio Nacional, reunió, si se le puede llamar así, a los embajadores de Cuba, Marco Fermín Rodríguez Costa, y al de Estados Unidos, Ken Salazar. El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, a través de su cuenta de Twitter, que “con respeto a las soberanías, son tiempos de reconciliación y unidad”. Sin embargo, en las benditas redes el diplomático estadounidense publicó una fotografía de su visita a Palacio Nacional, en la que aparecen el Presidente y él. Quien sí compartió la fotografía publicada por el mandatario fue el cubano Marco Rodríguez, a través de su cuenta en Twitter, aunque tampoco menciona a Ken Salazar. La diplomacia alcanzó para estar juntos, pero no revueltos, nos comentan.
De!niendo rumbos ¿y Marko?
Nos aseguran que ayer quizá a Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, le zumbaron los oídos. Y es que resulta que varios exmandatarios panistas se reunieron con Martín Orozco, gobernador saliente de Aguascalientes —con quien, es sabido, no la lleva muy bien el líder del albiazul—, para hablar sobre los rumbos que tiene que tomar su partido. Y fue el propio mandatario quien se encargó de difundir en las benditas redes el encuentro con Juan Carlos Romero Hicks, Miguel Márquez, Francisco Domínguez y Carlos Medina Plascencia. Al que adhirió un mensaje no desprovisto de cierto filo: “Ante los futuros retos, es momento de reflexionar sobre el rumbo que ha tomado nuestra institución y definir hacia dónde debemos dirigirla. En una primera reunión con exgobernadores del PAN abordamos este tema, seguiremos trabajando en alternativas a favor de nuestro partido”.
La sanción al PRI
De cara a la presentación, por parte del INE, de los resultados en materia de fiscalización de los partidos, que contempla multas para diferentes fuerzas políticas, el Consejo General confirmó sanciones para el PRI por el desvío de recursos públicos, nos aseguran. Y es que los consejeros electorales determinaron, mediante un procedimiento oficioso, que el tricolor trianguló recursos públicos por 8.9 millones de pesos, desviados de trabajadores estatales de Baja California, en el 2015. Sin embargo, por los millones desviados, el órgano electoral determinó que el Revolucionario Institucional sólo amerita una sanción de 1.2 millones de pesos, lo que pareciera, nos dicen, un costo calculado por ese partido. (La Razón, La dos, p. 2)
El arresto de Rafael Caro Quintero ha vuelto a poner en la in[1]formación las voces de quienes en aquellos años, y guiados por la DEA, hicieron cualquier cantidad de ilegalidades para castigar a alguien por aquel asesinato ante la pasividad del gobierno mexicano.
Hace un tiempo en este espacio conté parte de esta historia que me tocó reportear en su momento.
Aquí la recuerdo: Hace poco más de 32 años, en una Corte de Los Ángeles, después de filtraciones, notas diplomáticas, quejas a través de la prensa y amenazas de que se terminaría la cooperación bila[1]teral entre México y EU, se presentó Antonio Gárate Bustamante.
Gárate era el hombre que había hecho temblar la relación entre ambos países. Gárate había sido policía estatal en México, agente de la Dirección Federal de Seguridad; trabajó para Ernesto Fonseca, Don Neto, y se había puesto al servicio de la agencia antidrogas estadunidense como informante. La DEA lo reconoció como su “operador”.
A nombre de la DEA, Gárate fue el responsable del secuestro y traslado ilegal del doctor Humberto Álvarez Machain, a quien testigos que después se comprobarían falsos, habían acusado de participar en la tortura y asesinato del agente Camarena. Gárate y su supervisor de la DEA, Héctor Berrellez, pagaron testigos para que inventaran historias y logra[1]ron que Rubén Zuno Arce fuera condenado por el asesinato de El Kiki.
El cuñado del ex presidente Echeverría murió en prisión. Me tocó cubrir aquellos juicios en California y conocer a los protagonistas de aquel carnaval de venganza que poco tuvo que ver con la justicia. Carnaval siempre arropado por series de televisión y best sellers. Gárate era la prueba que la DEA no solo pagaba para secuestrar mexicanos en México, sino que pagaba a colaboradores de capos del narco que podían contar lo que quisieran.
En aquel tiempo, Gárate y su handler de la DEA, Berrellez, acusa[1]ron a secretarios de Estado mexicanos, políticos y por supuesto a todos, todos los capos del narco del asesinato del Kiki. Un par de décadas después, Berrellez se acordó que fue la CIA la que en verdad mató a Camarena —la CIA y la DEA se han deslindado de la declaración— y cuando El Chapo fue noticia, se acordó que hasta Guzmán había cachetea[1]do al agente de la DEA antes de su asesinato.
Berrellez, no podía ser de otra manera, tiene su serie en streaming. En fin, en to[1]das partes se cuecen habas. (Carlos Puig, Milenio Diario, Al frente, p. 2)
La realidad es mucho más compleja que los intentos del gobierno de simplificarla, trivializarla o, de plano, caricaturizarla.
En las primeras horas, luego de la detención del narcotraficante Rafael Caro Quintero, los voceros privilegiaron la difusión de la historia de la perrita Max que, según nos cuentan, olfateó y encontró en la blindada maleza del Triángulo Dorado (llamado por AMLO el Triángulo de la Gente Buena), en lo más profundo de la cuna del narco, a uno de los hombres más buscados por el asesinato del agente norteamericano Enrique Kiki Camarena.
Mientras esto ocurría, pasaron horas sin que dieran más información sobre el desplome del helicóptero donde murieron elementos que participaron en la captura del sinaloense, fundador del cártel de Guadalajara.
Ese mismo día, la administración americana mandó felicitaciones. Circuló también el memorándum interno de la DEA, donde indicó que su equipo trabajó con las autoridades mexicanas para lograr el arresto y lamentó “la trágica muerte de 14 marinos, quienes perdieron la vida sirviendo a su país”.
Todo esto unos días después del encuentro de Andrés Manuel con Kamala Harris y Joe Biden. Y llegó la mañanera. Ahí, López Obrador expresó que nada tuvo que ver su visita a la Casa Blanca. Señaló que un presidente de México no puede ir a tratar con el de otro país “el asunto de un presunto delincuente”.
Como si Caro Quintero fuera un reverendo desconocido. Como si no apareciera en la lista de los más buscados. Como si no urgiera la colaboración para enfrentar las redes locales que operan en EU y el mundo. Como si no existiera un comunicado donde los dos gobiernos se comprometen a combatir, de manera conjunta, el crimen transnacional. Como si en el caso del homicidio de Camarena no estuvieran mencionados funcionarios, incluyendo su actual subalterno Manuel Bartlett.
También dijo que no sabía exactamente sobre las actividades del capo —por el cual, por cierto, se ofrece una recompensa de 20 millones de dólares—. Recalcó que la aprehensión fue una labor de inteligencia de la FGR y la Semar para que no se perdieran vidas humanas (como si 14 no contaran). Y aseguró que la DEA no tuvo injerencia ni dio información. ¿Ustedes le creen?
Aquí entre nos
Bueno, hay que darle el beneficio de la duda. Tal vez no fue Biden. Quizá no fue la DEA… Fue Kamala Harris. (Elisa Alanís, Milenio Diario, Al frente, p. 3)
La DEA no hará ninguna aclaración sobre su participación en la operación con la que la Marina logró la captura de Rafael Caro Quintero, pues para la Agencia Antidrogas es “un asunto en desarrollo” hasta tenerlo en una corte estadunidense donde será juzgado, entre otros crímenes, por el que lo ha perseguido durante más de 30 años: la tortura y asesinato del agente especial de la corporación, Enrique Kiki Camarena.
“Debido a que este es un asunto en desarrollo, no comentaremos en este momento”, dijo la portavoz de la DEA, Katherine Pfaff, a la solicitud que le hicimos en MILENIO al respecto.
Con ello la única postura de la agencia es el texto que se difundió el sábado, en el que su directora, Anne Milgram, le dice a su personal que “nuestro increíble equipo de la DEA en México trabajó en colaboración con las autoridades mexicanas para capturar y arrestar a Rafael Caro Quintero”. Y aunque el embajador Ken Salazar emitió un comunicado aclarando que “ningún personal de Estados Unidos participó en la operación” y que “la detención fue realizada exclusivamente por el gobierno mexicano”, la DEA no se ha retractado sobre que algo tuvo que ver en la hazaña.
En el texto en el que Milgram celebró la detención también consideró que era “resultado de años de sangre, sudor y lágrimas” de sus agentes, por lo que un pleito con el gobierno de México echaría abajo esos esfuerzos.
El silencio de la DEA obedece a que le falta lo más importante, que Rafael Caro Quintero sea entregado a la justicia estadunidense y para eso requiere del gobierno mexicano, para que fundamente correctamente los motivos por los cuales el juez debe conceder la extradición y le entregue al llamado “narco de narcos”.
La DEA se quedará con su comunicado, cuyo contenido era solo para sus empleados, y ya no dirá más, esperará a que se concrete el objetivo central: tener en sus manos al criminal que torturó y mató a su agente especial Kiki Camarena. Y entonces sí, podrá alardear de su participación en la operación que logró la detención del narco más buscado y por el que ofrecía la recompensa más alta de su historia. (Alejandro Domínguez, Milenio Diario, Al frente, p. 3)
Tren Maya y Lawfare // Tramo cinco se reanuda // Seguridad Nacional // Debanhi e injusticia
Es sabida la estrategia de entrampamiento de proyectos relevantes de gobiernos de orientación progresista o popular mediante acciones judiciales. La guerra jurídica o persecución judicial (en inglés se usa el término lawfare) busca enredar, retardar y culpar.
En México se han producido cascadas de solicitudes de amparo de la justicia federal contra determinados proyectos del obradorismo. El nuevo turno toca al tramo del Tren Maya contra el que se han manifestado grupos diversos, que plantean inconsistencias en el cumplimiento de obligaciones en materia ambiental y posibles daños irreversibles en las zonas rediseñadas por donde pasará el citado tren.
Ante decisiones judiciales que han ordenado frenar provisionalmente la construcción del tramo de la discordia, y que están en proceso de emitir una resolución definitiva, Javier May, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), confirmó que se han reanudado los trabajos en ese tramo cinco pues, aseguró, el Consejo Nacional de Seguridad, en concreto las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana, determinaron que el Tren Maya es una obra prioritaria y de seguridad nacional.
El fundamento para esa decisión es el acuerdo expedido por el presidente López Obrador el 22 de noviembre de 2021 y publicado el mismo día en el Diario Oficial de la Federación (https://bit.ly/3yN1UKY), mediante el cual se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México en un amplio abanico de rubros, que incluye aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional. (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p. 8)
El presidente Andrés Manuel López Obrador parecía molesto ayer en la mañanera con el tema de la captura de Rafael Caro Quintero, sobre quien pidió Estados Unidos su detención y extradición. También se mostró desarticulado y con afirmaciones confusas para desmentir la participación de la DEA en el operativo, y negar que había sido una petición de la vicepresidenta Kamala Harris. La participación de la DEA fue informada por su directora y el procurador general de Estados Unidos el viernes. La versión sobre la petición de Harris fue publicada ayer por Héctor de Mauleón en El Universal.
Información recabada de la visita de López Obrador a Washington la semana pasada valida estas tres últimas afirmaciones. Harris habló con López Obrador poco antes de que conversara con el presidente Joe Biden, y las versiones iniciales de que había sido un desayuno difícil y tenso hoy pueden ser confirmadas. López Obrador, se puede decir, cayó en una trampa.
El Presidente había mostrado resistencia a aceptar la invitación que le formuló Biden para ir a Washington, pero, como le dijo a Harris, lo que buscaba era limar los desacuerdos por su inasistencia a la Cumbre de las Américas, un mes antes en Los Ángeles, y explicar los porqués de su posición de que había que invitar a todos los gobiernos del continente. Harris no dejó pasar mucho tiempo y, tras decirle que entendían lo que había hecho, le aclaró que tenía que haber otros hechos concretos para reafirmar la relación. Entonces, le dejó caer la bomba. El quid pro quo sería Caro Quintero.
Efectivamente, como reveló De Mauleón, Harris le dijo al presidente López Obrador durante el desayuno que tuvieron en la residencia oficial de la Vicepresidencia, que la DEA había localizado a Caro Quintero en San Simón, en el municipio de Choix, en la punta de Sinaloa, colindante con Sonora y Chihuahua, producto de un trabajo realizado por un equipo especial de la agencia, operando desde San Diego. Caro Quintero, uno de los 10 fugitivos más buscados por Estados Unidos, es acusado del secuestro y asesinato del exagente Enrique Camarena Salazar en 1985, crimen organizado y narcotráfico.
El asesinato de Camarena Salazar ha sido, para la DEA, una obsesión, y planeó la Operación Leyenda para encontrar a los responsables del crimen. En el gobierno de López Obrador, el tema de Camarena Salazar ha sido motivo de preocupación desde hace más de ocho meses por otras razones, tras ser alertado de que Estados Unidos pensaba declarar persona non grata a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, e imputado como cómplice en el asesinato. El Presidente instruyó a la Cancillería bloquear esa declaración, lo que sucedió, y el fiscal general le sugirió a López Obrador que en su reunión con el presidente Joe Biden abordara este asunto.
López Obrador no tuvo tiempo para plantearlo, porque Harris lo sorprendió con la petición de detener a Caro Quintero con fines de extradición. La información de las personas que estuvieron en Washington es que el Presidente se sorprendió, ante lo cual la vicepresidenta actuó rápidamente para evitar un choque. Primero le aseguró que la información de la DEA se había hecho sin vulnerar la soberanía territorial de México, algo que López Obrador, en sus respuestas confusas ayer en la mañanera, mencionó, como algo del pasado, que la DEA había apoyado en otros momentos con información recopilada por drones.
Luego, para acorralar al Presidente, le dijo Harris que le preocupaban las resistencias públicas de su gobierno a capturar y extraditar a narcotraficantes buscados por Estados Unidos, que es una queja recurrente de Washington, acentuada por la liberación de uno de ellos, Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, en Culiacán en 2019.
Durante el encuentro con Harris el Presidente reaccionó y alegó contra la extradición, argumentando que Caro Quintero había sido juzgado, sentenciado y purgaba su condena en México, lo cual era impreciso porque era prófugo de la justicia. Estados Unidos se ha quejado, desde que Caro Quintero salió en libertad en 2013, por un tecnicismo legal, de que nunca debió haber dejado la cárcel. López Obrador tuvo que pagar por una falla de la Procuraduría General de la República del gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, la recaptura de Caro Quintero no había estado en los planes ni en las intenciones de López Obrador, de acuerdo con su propia política de no perseguir jefes del narcotráfico para evitar, es su creencia, que haya más violencia.
López Obrador se quedó sin margen de maniobra ante Harris y aceptó la petición, pero estableciendo que el operativo lo realizaría la Guardia Nacional. La respuesta fue tajante. Ni la Guardia Nacional ni nada vinculado con el Ejército podía participar en la acción de captura. Estados Unidos lleva años desconfiando del Ejército, por la vinculación de altos miembros de la Secretaría de la Defensa con capos de la droga, incluido el Cártel de Guadalajara, del que Caro Quintero era uno de los líderes; su rancho El Búfalo, en Chihuahua, cuyo descubrimiento por Camarena Salazar es a lo que se atribuye su asesinato, era protegido por soldados. Como escribió De Mauleón, Harris impuso que fuera la Marina la responsable del operativo.
Una vez que admitió las condiciones de Harris, la DEA entregó la información a la Marina. Para respaldar jurídicamente lo que iba a suceder, el procurador general estadounidense, Merrick Garland, reactivó desde el jueves la petición al gobierno de México de búsqueda con fines de extradición. Fue la misma solicitud que se había hecho sobre el hijo del Chapo Guzmán, pero ahora cambiando la institución que llevaría a cabo el operativo.
La captura de Caro Quintero estaba en los planes del gobierno de Estados Unidos previo a la Cumbre de las Américas. Pero la forma como lo solicitaron, sin conversarlo antes con la Cancillería, como procedía, es una prueba más de lo que le costó a López Obrador el boicot a la cumbre. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 32)
La reciente visita del presidente López Obrador a Washington, D.C., tuvo un componente central en materia de inversión. La reunión con el CEO Dialogue México-Estados Unidos, que encabezó el primer mandatario con empresarios y empresarias de ambos países, tuvo lugar en el Instituto Cultural Mexicano, nuestra antigua embajada. Durante el evento, el Presidente de México destacó la importancia del trabajo conjunto con el sector empresarial en beneficio del desarrollo de ambos países y extendió una invitación al sector privado para fortalecer sus inversiones en México. Dicha invitación fue acompañada por una nutrida delegación de alto nivel del gobierno de México compuesta por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon; la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos; la secretaria de Energía, Rocío Nahle; el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza; el director general de CFEnergía y CFE Internacional, Miguel Santiago Reyes Hernández; la subsecretaría de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, y el autor de esta columna.
Por parte del sector privado destaca la participación del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes Díaz, y del vicepresidente para las Américas de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Neil Herrington. Vale la pena subrayar la presencia de Guillermo Vogel y Patrick Ottensmeyer, copresidentes del CEO Dialogue, así como de Wes Edens, CEO de New Fortress Energy. Acompañaron también el presidente de Grupo Carso, Carlos Slim, y el director ejecutivo de Sempra, Jeff Martins, quien anunció nuevos proyectos en el sector energético, entre otras y otros.
En el encuentro se presentaron los avances y propuestas de los cinco grupos de trabajo que son parte del CEO Dialogue: inversión, política comercial, servicios, facilitación comercial, energía y cambio climático. El objetivo de dicho encuentro es simple, pero trascendental: México mantiene las puertas abiertas para las inversiones desde Norteamérica.
Las condiciones que ofrece nuestro país son sumamente atractivas: un mercado laboral capacitado; una infraestructura terrestre y portuaria profundamente conectada con Estados Unidos a distancias inmejorables; una muy compleja serie de industrias de exportación comparables con las de cualquier potencia económica a nivel global; un régimen fiscal sumamente competitivo, además de una arquitectura institucional norteamericana, bajo el T-MEC y espacios como el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) que dan certidumbre al sector privado. Destaca, además, la fortaleza de nuestra moneda, sumamente estable, como recientemente mostró The New York Times, y apreciándose frente a múltiples divisas, en el actual contexto económico global.
Tiene razón Roberto Lazzeri, el jefe de Oficina del secretario de Hacienda y Crédito Público, en su reciente respuesta al Financial Times cuando señala que se ignora el valor de las negociaciones del gobierno de México no sólo para dirimir controversias, sino precisamente para pactar acuerdos e inversiones. Un solo dato duro para ilustrar la confianza de las empresas internacionales en nuestro país es la inversión extranjera directa en nuestro país en 2021, que rebasó los 31 mil millones de dólares, de los cuales cerca de 15 mil millones provinieron de empresas estadunidenses.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) emite anualmente el informe sobre las inversiones en el mundo (World Investment Report). Según el más reciente reporte publicado en junio, en 2021 México ocupó el décimo lugar a nivel mundial como país receptor de inversión extranjera directa. Las ofertas de inversión que nuestro país representa, aunadas a la voluntad de diálogo y puertas abiertas del gobierno de México, continuarán dando resultados. En la misma línea, seguiremos fortaleciendo nuestra infraestructura fronteriza, a fin de tener puertos de entrada y caminos más eficientes para el comercio, además de más sustentables e innovadores. (Roberto Velasco, Excélsior, Nacional, p. 20)
No me imagino de qué manera podría negarse México a extraditar a Estados Unidos a Rafael Caro Quintero. Ayer un juez detuvo provisionalmente esa extradición, pero, ya en varias oportunidades anteriores, los abogados de quien fuera el jefe del Cártel de Guadalajara habían presentado solicitudes de amparo para evitar que se aprobara la solicitud de extradición y, en todos los casos, habían sido rechazadas. El argumento de que, como ya había sido juzgado por el caso Camarena en nuestro país, impedía que fuera procesado por el mismo caso en la Unión Americana, se topaba con el hecho de que Caro Quintero tiene abiertos ocho procesos diferentes en ese país, los últimos relacionados con su más reciente actividad al frente de lo que se ha dado en llamar el Cártel de Caborca.
Pero la decisión de extraditar o no a Caro Quintero será esencialmente política. En caso de ser extraditado, el responsable de la tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena sería procesado en la misma Corte de Nueva York donde se juzgó a Joaquín El Chapo Guzmán y donde en octubre comenzará el proceso contra Genaro García Luna. Allí también se juzgó al hermano del presidente saliente de Honduras y ahí se juzgará al propio mandatario, Juan Orlando Hernández, acusados ambos de narcotráfico y de haber recibido sobornos del Cártel de Sinaloa.
En el caso de Caro Quintero habría, desde el terreno político, tres grandes vertientes: primero y principal, la del caso Camarena y todo lo relacionado con el Irán-Contras, el mecanismo de intercambio de armas por cocaína, las primeras para aprovisionar a la contra nicaragüense desde Honduras, y la droga que enviaba como contraparte el Cártel de Medellín de Pablo Escobar, que el Cártel de Guadalajara recibía en Honduras de manos del intermediario, Juan Matta Ballesteros, y era trasladada a México, desde donde se traficaba a Estados Unidos, con el visto bueno de agencias de seguridad estadunidense.
En toda esta amplísima vertiente, pueden aparecer muchos nombres relacionados con la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, pero en el terreno político, el más sensible sigue siendo el de Manuel Bartlett, entonces secretario de Gobernación, bajo cuyo mando estaba la DFS, y ahora director de la Comisión Federal de Seguridad. La DEA siempre ha querido sentar a declarar a Bartlett sobre el tema. En su versión de los hechos, Bartlett, junto con el general Arévalo Gardoqui y otros funcionarios, estuvo en la casa de Rubén Zuno Arce, cuñado del expresidente Echeverría, al mismo tiempo, en que era torturado Camarena. Hemos dicho muchas veces que esa tesis, la de la casa, es inverosímil, pero eso no quitará el tema de la agenda de la DEA. Más aún porque el único político en activo de esa época sería Bartlett.
El otro tema de esa vertiente es la del Ejército. En el secuestro y asesinato de Camarena, la DEA siempre ha insistido en la participación de mandos militares y, en particular, del entonces secretario de la Defensa, el general Juan Arévalo Gardoqui. Nunca se pudieron comprobar esas acusaciones e, incluso, el general, fallecido en 2000, fue defendido, en su momento, por los altos mandos del ejército estadunidense. Pero la distancia entre la DEA y el Ejército se ha mantenido desde entonces. De darse un juicio contra Caro Quintero en Nueva York, todos esos temas se reactivarán.
Hay otra vertiente que sería abordada: ¿cómo consiguió salir de la cárcel Caro Quintero en 2013? Su liberación sorprendió a todos, por lo menos eso se supone, porque un tribunal incomprensiblemente decidió que había fallas al debido proceso, porque Caro fue procesado en el ámbito federal y tendría que haber sido en el local, considerando el de Camarena un homicidio común, porque no tenía, al momento de ser asesinado, ningún cargo diplomático. Ordenada la liberación, en minutos se procesó la libertad de Caro Quintero, que salió por la puerta de Puente Grande sin que siquiera se enteraran las fuerzas federales. Sin duda, las complicidades para obtener esa liberación estarán a la orden del día. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 10)
Cuando se trata de partidos políticos aplica aquel dicho de que “a cada santo le llega su capillita”. Y es que en las dos fuerzas principales de la Alianza por México, el PRI y el PAN; sus dirigentes enfrentan presiones internas y disputas de grupos que se empezarán a agudizar conforme se acerquen los tiempos de definir candidaturas y nominaciones para las próximas elecciones presidenciales, empezando por la definición de un candidato o candidata presidencial y siguiendo con las dos gubernaturas pendientes en 2023, Estado de México y Coahuila, pero también con las codiciadas listas de diputados y senadores para 2024.
Si al líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ya le brotaron todos los conflictos internos y los movimientos de grupos de exdirigentes, exgobernadores y senadores que lo intentan forzar a concluir su mandato anticipadamente o en agosto de 2023 para que no pueda intervenir en las definiciones de candidatos al 2024, además de enfrentar el acoso político y judicial del gobierno federal, la FGR y de la ladilla en que se le ha convertido la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ahora le tocó el turno al dirigente nacional del PAN, Marko Cortés.
Ayer, el gobernador de Aguascalientes, con quien el líder panista tiene conocidas diferencias políticas, reunió a un grupo de exgobernadores del PAN que intentan articular un movimiento de disidencia interna para “limpiar la casa” y poder influir en la postulación de candidatos en las elecciones federales y presidenciales del 2024, con el argumento de que el panismo nomine sólo a candidatos “con trayectoria intachable” para esos comicios.
“Queremos trabajar con la premisa de limpiar la casa, para que el partido tenga autoridades estatales y municipales. Queremos autoridades limpias y transparentes para que la ciudadanía vuelva a confiar en Acción Nacional, con candidatos honestos, creíbles y con trayectoria política intachable”, comentó ayer tras el cónclave de panistas en Aguascalientes, el exgobernador de Jalisco y exsecretario de Gobernación federal, Francisco Ramírez Acuña.
Al encuentro auspiciado por el gobernador Orozco asistieron también exmandatarios como Carlos Medina Plascencia, Carlos Romero Hicks y Miguel Márquez, de Guanajuato; Francisco Domínguez, de Querétaro, y la exaspirante a la presidencia nacional del PAN, Adriana Dávila. La principal premisa que se abordó en el cónclave fue la necesidad de “cambiar al PAN porque no es el mismo partido que fue hace algunos años”.
Se planteó una reforma de fondo al panismo, que incluya cambio de estatutos, una actualización de su Plataforma de Acción Política y, sobre todo, la exigencia de elecciones primarias para elegir al candidato presidencial del PAN (o de la Alianza va Por México) en 2024. “Antes podíamos ganar la elección solos, y hoy estamos teniendo una serie de dificultades con los tres partidos (de la alianza Va por México, PAN, PRD y PRI) para presentar una opción viable donde la ciudadanía pueda creer”, dijo en entrevista Ramírez Acuña.
Sobre el liderazgo de Marko Cortés al frente del PAN, el grupo encabezado por el gobernador Martín Orozco dice “respetar al presidente de la institución”, pero sí habla de promover una reflexión sobre el 2024 al interior de su partido en plan propositivo, para presentar la mejor opción, ya sea panista o ciudadana, a los mexicanos.
Marko Cortés y el gobernador Martín Orozco chocaron abiertamente en 2021 cuando desde Aguascalientes se filtró un audio en el que el dirigente panista hablaba de los comicios de gobernador en 2022 en seis estados y se le escuchaba decir que “el PAN sólo ganará Aguascalientes”. La difusión de aquella grabación, producto de una reunión interna en la que estuvieron los dos personajes, provocó un enfrentamiento que tenía que ver con la definición de la candidatura del PAN para los comicios del 5 de junio pasados. Finalmente, hubo una negociación en la que Orozco tuvo que aceptar la postulación de Tere Jiménez, que nunca fue su candidata y con quien tenía diferencias políticas, y que a la postre ganó las votaciones recientes con un amplio margen y ahora será su sucesora.
Por eso, aunque el cónclave de ayer en Aguascalientes habla de un “movimiento propositivo” y dice no querer guerra con la actual dirigencia del PAN que encabeza Cortés, lo cierto es que sin duda vendrán presiones, jaloneos y hasta posibles enfrentamientos entre los grupos internos del PAN con miras a las definiciones que tendrán que tomarse en los próximos meses, empezando por los candidatos al Edomex y Coahuila, y siguiendo con la sucesión presidencial y las listas de integración del Congreso de la Unión en 2024.
Veremos cómo resuelven los albiazules, en el actual contexto de la Alianza Va Por México, y con la presión de Morena y de López Obrador enfrente, sus disidencias y diferencias internas que, si no son bien procesadas, terminarán ocasionando rupturas que no sólo debilitarían al panismo, sino a la oposición en su conjunto y a la alianza opositora con el PRI, que claramente está en la mira del gobierno lopezobradorista, porque sabe que son el único obstáculo que lo separa de la anhelada continuidad en el poder para el siguiente sexenio. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p. 9)
Murió Luis Echeverría, más no uno de los capítulos más infames de nuestra historia. Una historia de violencia y abuso del poder.
Murió Echeverria, más no la memoria del desprecio de este personaje a las libertades y la democracia. En particular a los jóvenes disidentes, a quienes calificaba, como lo dijo en su informe de 1974, como: […]estos pequeños grupos de cobardes terroristas, desgraciadamente integrados por hombres y por mujeres muy jóvenes que en México […] Surgidos de hogares generalmente en proceso de disolución, creados en un ambiente de irresponsabilidad familiar, víctimas de la falta de coordinación entre padres y maestros, mayoritariamente niños que fueron de lento aprendizaje; adolescentes con un mayor grado de inadaptación en la generalidad, con inclinación precoz al uso de estupefacientes en sus grupos con una notable propensión a la promiscuidad sexual y con un alto grado de homosexualidad masculina y femenina; víctimas de la violencia; […] estos grupos, fácilmente manipulables por ocultos intereses políticos nacionales o extranjeros que hallan en ellos instrumentos irresponsables para estas acciones de provocación en contra de nuestras instituciones.
Echeverría fue promotor de una política de terrorismo de Estado que desplegó desde la Secretaría de Gobernación y desde la Presidencia de la República; estrategias de contrainsurgencia, que salieron a la luz en los años 60 tras reprimir estudiantes en Michoacán y tomar militarmente su capital, Morelia. Ánimo represivo que se propaló rápidamente a todo el territorio nacional, bajo el manto de la Guerra Fría y el combate a la fábula de una “conspiración comunista internacional”, que derivó en la desaparición, tortura y ejecución extrajudicial de líderes sociales, dirigentes políticos, jóvenes y los movimientos contraculturales y de la diversidad.
Echeverría fue el artífice de las represiones del 2 de octubre de 1968, del 10 de junio de 1971, perpetrada por el grupo paramilitar “Los Halcones”, y de la Guerra Sucia.
Bajo la tutela de la Escuela de las Américas, creó estrategias de contrainsurgencia, como el “Plan Telaraña”, para desarticular las guerrillas encabezadas por Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, e instituciones represivas, como la temible Brigada Blanca; responsables de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas para acabar con toda expresión de disidencia política y social.
Es emblemática la orden emitida por el titular de Sedena a la comandancia de la 35° Zona Militar de Chilpancingo, señalando: “Ratifíquese orden y sentido de incrementar actividades, a fin de localizar, hostigar, capturar o exterminar a las gavillas que operan en esa región”.
Echeverría fue artífice del golpe contra el periódico Excelsior, dirigido por Julio Scherer, en 1976, como una venganza personal, por las duras críticas que este medio publicaba de su gestión.
La represión y el control hegemónico del poder formaron parte de una política de Estado que implementó estrategias de contrainsurgencia a fin de consolidar un sistema de control.
Echeverría buscó crearse una imagen liberal al abrir las puertas al exilio chileno tras el golpe militar a Salvador Allende y al promover la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados, con la que pretendía liderar a los países en desarrollo y a la ONU. Fracasó.
La verdad y la muerte lo alcanzaron. No pudo limpiar la sangre que derramó y las profundas heridas que infligió al país. Echeverría murió solo, acompañado de los fantasmas del abuso del poder y la violencia de Estado, olvidado por quienes aplaudieron su ignominia. Ahora falta que la justicia lo alcance. (Alejandro Encinas, El Universal, Opinión, p. 16)
Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, publicó este 16 de julio un hilo en Twitter para explicar la trayectoria de Rafael Caro Quintero. “Tras la detención de Caro” en 1985, dijo, “la DEA lanza la Operación Leyenda. Van detrás de todos los presuntos implicados en la muerte de Camarena, incluyendo poderosos aliados de la CIA, como el narco hondureño Matta Ballesteros y Rubén Zuno Arce, cuñado de Echeverría”.
Muchos internautas cuestionaron la omisión de Manuel Bartlett, el entonces secretario de Gobernación, de esta lista de “presuntos implicados”. Bartlett no es santo de mi devoción, pero la verdad es que, fuera de las declaraciones de unos “testigos protegidos” que buscan beneficios judiciales con sus testimonios, no hay pruebas de que él u otros funcionarios del gobierno de aquel entonces hayan participado en el asesinato del agente Enrique (Kiki) Camarena.
Los integrantes de la Drug Enforcement Administration (DEA) enfurecieron tras la tortura y ejecución de Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala. El tema se convirtió en obsesión para la agencia, que buscó el respaldo de testigos protegidos que incriminaran a funcionarios y otros ciudadanos mexicanos que consideraban habían estado involucrados.
El médico Humberto Álvarez Machain fue secuestrado en México para ser llevado a juicio a Estados Unidos, donde se le acusó de haber participado en la tortura de Camarena. Rubén Zuno Arce, cuñado del expresidente Luis Echeverría, fue detenido en Estados Unidos porque supuestamente Camarena había sido torturado en una casa de su propiedad. A Bartlett lo acusaron de haber participado con otros funcionarios en acciones para proteger al cártel de Guadalajara. Los testigos protegidos declararon que hubo reuniones sobre el tema de Camarena con la asistencia del presidente Miguel de la Madrid, el secretario de la Defensa Juan Arévalo Gardoqui, Bartlett y otros altos funcionarios. Un reportaje de J. Jesús Esquivel para Proceso en 2021 citaba a fuentes no identificadas del gobierno de Estados Unidos: “Bartlett Díaz estuvo presente en varias reuniones previas al secuestro en las que se habló del secuestro de Camarena… y… también lo han ubicado como uno de los que estuvieron presentes la noche del 7 de febrero en la casa con el número 881 de la calle Lope de Vega”, el inmueble de Guadalajara donde Camarena fue torturado y asesinado.
No hay señales, sin embargo, de que el ahora director general de la CFE haya tenido algo que ver con ese crimen. El exprocurador general Ignacio Morales Lechuga declaró en una entrevista en 2020 con Carlos Loret de Mola que su homólogo de Estados Unidos, William Barr, le pidió extraditar a Bartlett, pero que él se negó porque las historias de los testigos protegidos “no tenían ni pies ni cabeza”. A Álvarez Machain lo liberó una corte de California, que señaló que la acusación en su contra estaba basada en “sospechas y corazonadas, pero no en pruebas”, una “completa fabricación, la especulación más loca”. Álvarez Machain fue liberado y repatriado a México. Zuno pasó el resto de su vida en la cárcel, pese a que comprobó que había vendido la casa de Lope de Vega a un médico, quien después la vendió a Caro Quintero.
No dudo que Bartlett prefiera no ir a Estados Unidos. La detención del general Salvador Cienfuegos, sin que hubiera pruebas en su contra, demuestra la rabia que la DEA sigue manteniendo contra el gobierno mexicano. Las acusaciones contra el militar fueron retiradas, pero es fácil presentar acusaciones en Estados Unidos con testigos protegidos que declaran todo lo que quieren los fiscales.
ESTRATEGIA
Nada más en 2022 ya son tres los médicos pasantes asesinados durante su servicio social, 12 los periodistas, tres los sacerdotes. No, no es cierto que la estrategia de seguridad sea un gran éxito. (Sergio Sarmiento, Reforma, Opinión, p. 8)