Este lunes empiezan a trabajar de manera formal en Nayarit los primeros 60 médicos cubanos que llegaron al país y forman parte de una lista de más de 900 especialistas que reforzaran clínicas y hospitales de zonas pobres.
El arribo nos hace recordar el programa Barrio Adentro, un proyecto de salud primaria ideado en 2003 por el expresidente Fidel Castro e implementado por el gobierno de Venezuela, como estrategia para fortalecer la popularidad de Hugo Chávez cuando la oposición propuso convocar a un referéndum revocatorio en su contra.
Los médicos cubanos enviados a diversos suburbios de Venezuela fueron instalados en módulos improvisados de 30 metros cuadrados, donde dormían, cocinaban e iban al baño hasta cuatro cubanos. Sin embargo, en poco tiempo la misión mostró otras caras ocultas.
Empezaron las deserciones del personal médico, era una buena oportunidad de no volver a la Isla y fugarse sin necesidad de arriesgarse en una balsa en busca de una vida mejor. Los que continuaron, quedó demostrado con trabajos periodísticos y de investigación, que Chávez, y después Nicola Maduro, usaron médicos cubanos y a los servicios de salud para presionar a los votantes.
Se obtuvieron, por parte de diversos periodistas entre ellos el que esto escribe durante una cobertura en aquel país para el diario La Crónica, testimonios de médicos que revelaron la existencia de un sistema de manipulación política deliberada en el que sus servicios se usaron para afianzar los votos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV, a través de la coerción. También The New York Times reveló que se usaron diversas tácticas que iban desde simples recordatorios para participar y votar por el gobierno hasta negar tratamiento a los simpatizantes de la oposición con padecimientos de enfermedades mentales.
En nuestro país, según Roberto Tovar Gutiérrez, director de Atención de Hospitales de Nayarit, los primeros enviados van a trabajar por tiempo indefinido con un permiso de parte de Migración por 180 días sujetos a renovación y agregó que serán instalados en viviendas por cada presidente municipal de acuerdo a la zona en que les toque prestar servicio médico. No quiso responder si tal y como ocurrió en Venezuela, el gobierno de México pagará los sueldos de los especialistas en efectivo al gobierno de Cuba.
Los médicos cubanos tienen una misión que cumplir debido al desdén de los médicos mexicanos para prestar sus servicios en zonas rurales o de alta pobreza, entre otras cosas debido a las bajas percepciones y a la falta de garantía de seguridad (en el último mes fueron ejecutados tres médicos en el país por parte del crimen organizado).
Uppercut: Ojalá que los cubanos encuentren las condiciones para ejercer sus servicios, pues se necesitan especialistas activos en el servicio público, pero ojalá que mantengan distancia y no manipulen las consultas y atenciones médicas con fines electoreros. Como sea, debemos observar su desempeño y trato con la gente. (Alejandro Sánchez, El Heraldo de México, País, p. 8)
Arribó a Nayarit, el sábado pasado, un equipo de 60 médicos cubanos de varias especialidades que trabajarán en esa entidad con el propósito de extender la atención a la salud, particularmente en sectores vulnerables de la población.
Como se sabe, la decisión de contratar a profesionistas extranjeros se basa en la carencia de facultativos en regiones marginadas y remotas; si bien el sistema público dispone de plazas para esas zonas, no hubo suficientes médicos nacionales que concursaran para ocuparlas.
Otro elemento ineludible de contexto es la campaña de opinión lanzada recientemente por grupos de interés que, por una parte, se quejaron de que el gobierno federal no contratara a profesionistas mexicanos y recurriera en cambio a sus pares cubanos.
Esa campaña ha sido precedida por otra más antigua, que ha buscado desprestigiar a los profesionistas de la salud de la isla caribeña, con argumentos insostenibles sobre una supuesta formación deficiente.
Lo cierto es que los médicos cubanos tienen una importante y prestigiada presencia en numerosos países, incluido el nuestro, y que han prestado servicios inestimables en las más diversas circunstancias críticas en varios continentes. Por mencionar únicamente casos recientes, especialistas de esa nacionalidad acudieron a nuestro país tras los sismos de 2017, y atendieron a miles de personas en Oaxaca, y a Haití, cuatro años después, a raíz de las graves circunstancias que se presentaron allí por el evento telúrico de 2021.
También hubo galenos cubanos en México y en otras naciones latinoamericanas y europeas en la etapa inicial de la pandemia de covid-19. En años recientes, grupos de oftalmólogos cubanos trabajaron en varias entidades de nuestro país en la detección y cirugía gratuitas de cataratas, un programa del gobierno de La Habana para diversos países y que contó con financiamiento de Venezuela.
Por lo demás, en medio de las penurias económicas causadas por el bloqueo comercial que Estados Unidos mantiene contra la isla desde hace seis décadas, Cuba ha desarrollado un sector salud sin paralelo en América Latina, no sólo por su investigación y desarrollo de fármacos –entre los que destaca la reciente creación de vacunas para prevenir el covid-19– sino también por sus centros educativos, en los cuales se han formado decenas de miles de facultativos de diversas especialidades procedentes de muchas naciones, entre ellas, México.
A la vista de esos hechos, es inevitable concluir que las campañas en contra de la contratación de médicos cubanos y de difamación en contra de ellos no tienen más fundamento que la ignorancia, en el mejor de los casos, o de una inocultable mezquindad. Para los profesionales caribeños que han empezado a trabajar en zonas marginadas y mal comunicadas del territorio nacional, México no debería tener más que agradecimiento. (Editorial, La Jornada, p. 2)
Las relaciones entre México y Estados Unidos son cada vez más conflictivas y las mayores consecuencias serán resentidas por quien resulte sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador, es el resumen de un reciente análisis del Grupo Eurasia, uno de los más importantes grupos comerciales de análisis político y de riesgos.
El gobierno estadounidense anunció formalmente, la semana pasada, el inicio de un proceso de consulta para resolución de disputas, contra una política energética que en su opinión es violatoria del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), al privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en desventaja de inversores estadounidenses y de convenios existentes. El gobierno canadiense se unió a la queja, que aborda también lo que se asegura es una desviación de los Acuerdos de París contra el cambio climático y los problemas de la empresa petrolera estatal PEMEX para cumplir con los compromisos sobre contenido máximo de azufre.
La posibilidad de la denuncia había sido anunciada ya hace meses, así que no fue sorpresa para nadie, aunque el momento, días después de una visita del presidente López Obrador a Washington, acentuó la impresión de mayores y más confrontacionales problemas en relaciones que se han basado en “aislar” temas conflictivos y el retórico recurso del “acuerdo en estar en desacuerdo”.
Los problemas de delincuencia organizada y seguridad en México son cada vez más objeto de atención en EU, donde hay señalamientos respecto al impacto de los cárteles mexicanos del narco, sus vínculos con proveedores chinos de productos químicos y preocupaciones sobre la cooperación bilateral.
El reciente arresto del viejo capo Rafael Caro Quintero, fue visto como un gesto simbólico de apaciguamiento.
Las últimas cifras de las autoridades migratorias estadounidenses reflejan un incremento considerable en el número de mexicanos detenidos en la frontera, luego de una disminución igualmente importante la década pasada.
México continúa, de cualquier forma, como el principal aliado estadounidense para detener caravanas de migrantes de Centroamérica hacia Estados Unidos. En ese sentido se recuerda que López Obrador presentó una serie de propuestas que el gobierno del presidente Joe Biden declinó en principio.
Más allá, sin embargo, queda el reconocimiento de que el proceso de queja dentro del T-MEC tomará meses y tanto como dos años, pero dado el compromiso del mexicano con sus políticas energéticas, el Eurasia Group vaticinó que “parece que las consecuencias las sentirá principalmente el sucesor de López Obrador”.
Peor aún, concluyó, “esta disputa energética sugiere que López Obrador no está dispuesto a dejar de lado una política energética nacionalista por vínculos comerciales o de inversión más profundos, a pesar de las oportunidades de nearshoring que brinda el T-MEC y la guerra comercial entre Estados Unidos y China”. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 29)
La segunda gira del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington se llevó a cabo teniendo aún en mente su ausencia en la Cumbre de las Américas. No obstante, a pesar de venir de esta fricción, se alcanzó el objetivo primordial de la reunión: dar un mensaje al mundo, como a sus respectivos países, sobre la fortaleza de la relación bilateral.
Aun cuando existan desacuerdos en temas puntuales, la cooperación entre México y Estados Unidos continúa avanzando en la búsqueda de brindar prosperidad a nuestras comunidades.
La doctrina López Obrador, encabezada por el canciller Ebrard, ha traído una nueva coyuntura a la relación bilateral, consolidando un enfoque a nuestra política exterior que prioriza nuestros intereses nacionales, buscando recuperar el liderazgo de México en la región, abogando siempre por la igualdad entre las naciones, las libertades y el bienestar del pueblo de México y las Américas.
Vale la pena resaltar tres puntos claves de la reunión: migración, seguridad y comercio.
Al plantear la expansión de visados para trabajadores estacionales, se da un paso importante en la búsqueda de un nuevo marco migratorio que garantice la regularización de cientos de miles de mexicanos, previniendo nuevas tragedias que han golpeado duramente a las comunidades migrantes.
El entendimiento de la migración como resultado de crisis sistemáticas en nuestros países, debe traducirse en políticas regionales que promuevan nuestra cooperación de seguridad.
Bajo este contexto, México apuesta a atender las causas de raíz, combatiendo redes de tráfico de personas, corrupción en los niveles de gobierno en ambos países, buscando poner fin al tráfico ilícito de armas que ha auspiciado la violencia en nuestro país por décadas, impulsando mecanismos como los Diálogos de Alto Nivel en Materia de Seguridad, y el Entendimiento Bicentenario.
La ofensiva mexicana vislumbra la responsabilidad compartida que México y Estados Unidos tienen de cara a resolver los problemas de inseguridad que se viven en ambos lados de la frontera.
Finalmente, en materia económica, se celebra el segundo aniversario del T-MEC, albergando una reunión del mandatario mexicano con una delegación de 40 empresarios de México y Estados Unidos, con la tarea de impulsar nuevas inversiones en la búsqueda de una estabilidad económica en tiempos de guerra.
De igual forma, al destinar una inversión de mil 500 millones de dólares en 26 proyectos de modernización en la frontera, entre ellos el Puerto Mesa de Otay II.
Así como para el corredor T-MEC San Jerónimo-Santa Teresa, con lo que se busca avanzar en nuestra integración económica, resguardar la seguridad de nuestras cadenas de suministros de cualquier secuestro político, posicionando a la región como la más competitiva del mundo, y trayendo prosperidad a los más de 14 millones de personas a lo largo de nuestras 10 comunidades transfronterizas. (Manolo Préstamo, El Heraldo de México, Editorial, p. 12)
En mayo de 2019, el presidente Donald Trump torció la mano al gobierno mexicano al advertir que si no se frenaba la migración al sur de la frontera estadounidense, subiría los aranceles a bienes que ingresaran desde México a Estados Unidos.
Entonces dio un mes de plazo al gobierno mexicano para cumplir. De inmediato el canciller Marcelo Ebrard viajó a Washington para calmar las aguas. Al final de la historia el gobierno mexicano desplegó una fuerza de tarea militar impresionante por la frontera sur para disuadir a colectivos de migrantes que intentaban cruzar el país, abrió visas temporales, facilitó el desplazamiento de migrantes para que permanecieran en México y mitigó el ingreso de miles a territorio estadounidense.
Trump se fue y la migración se quedó. Pero el desplante del magnate dejó la marca de un nuevo estilo presidencial: colocó en un solo caldero problemas que tradicionalmente se cocinaban en hornillas separadas.
La mezcla fue explosiva: migración con comercio. La atención mexicana fue inmediata.
Con Joe Biden la relación binacional retornó a lo tradicional. No todos los asuntos se deciden, discuten o procesan en la Casa Blanca. Tampoco al mismo tiempo. La relación bilateral es de círculos concéntricos donde los temas recorren su ruta aún en sentidos encontrados. La parte comercial, fuertemente presionada por los intereses de empresas estadounidenses y mexicanas, no lleva el mismo ritmo que la cooperación de agencias norteamericanas con instituciones de seguridad mexicanas para combatir la narcoviolencia. Y alrededor de ello hay voces estruendosas de congresistas que presionan en todos los puntos posibles.
Estados Unidos mantuvo una presión persistente para la captura de Rafael Caro. Pero eso circulaba en la zona del archivo, de la gaveta histórica. La captura alivia y aliviana. Pero no reduce la presión por la (in)acción mexicana en la destrucción de la producción y tráfico de fentanilo, la droga que ha alterado los términos de la cooperación en materia de seguridad. La próxima consulta solicitada por Estados Unidos para revisar los términos de la política energética en el marco del T-MEC no se mezclará con las cuitas de la DEA ni con las presiones para bajar la migración. Eso hace más compleja la relación.
En el T-MEC no hay mucho margen para la ruptura. Así fue con Trump: frente al ladrido hubo arreglo.
El estilo Trump, paradójicamente, era más manejable para el actual gobierno federal. Una sola reunión, una sola llamada para abordar todo.
Quizás por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador ha convocado para el 16 de septiembre a una proclama patriótica-comercial que sea el eje del entendimiento de toda la relación con nuestro poderoso vecino. Prefiere atraer todo a un solo momento y a un solo lugar. Independientemente de que las negociaciones con los funcionarios de la Secretaría de Economía transcurran conforme a lo establecido en las normas del T-MEC y lleguen inevitablemente a un acuerdo.
La advertencia mexicana de no ceder en materia de soberanía coloca a los funcionarios de gobierno, a los militantes partidistas y seguidores de la causa en el poder en pie de guerra. Deben rápidamente mutar a la causa de la Independencia nacional que se inflamará en septiembre pero que suena más a una causa de movilización con fines de política interna que a una presión para las negociaciones de la consulta y eventualmente del panel de controversia del T-MEC.
El aislamiento de la oposición, su colocación ahora en la arena de la traición a la patria, puede ser altamente rentable frente a la eventual negociación de una reforma electoral y desde luego ante la formalización de la Guardia Nacional como pilar castrense.
Y con las notas de La Marcha Dragona las tropas morenistas deben salir a defender la causa, aunque andan distraídas pues sus escuderos están más en la campaña personal por la candidatura grande que en la lucha contra las cláusulas del T-MEC. (Roberto Zamarripa, Reforma, Opinión, p. 11)
Aunque el emplazamiento de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá es para discutir con el de México su política energética porque la consideran violatoria del tratado comercial, el presidente López Obrador dice que no hay violación alguna, argumenta con sofismas y se apresta a encabezar una guerra patriótica por lo que nadie ha cuestionado: la soberanía nacional.
De los mejores entre los escasos ilustrados de su gabinete, el canciller Marcelo Ebrard también contempla una contienda ideológica, que no económica y legal:
“Ahora la función de la Secretaría de Relaciones Exterior será apoyar, coordinar, junto con la Secretaría de Economía; presentar los argumentos y defender la soberanía de México, la autodeterminación de México, porque ningún tratado puede estar por encima de eso…”.
Y osó decir:
“El argumento de los aranceles es en el peor de los casos, pero México también lo podría hacer, y ya en esta administración lo hemos sorteado varias veces. Que yo recuerde, llevamos tres de esas y nunca hemos cedido”.
Aunque quizá Trump exageró al alardear con sorna que “dobló” al gobierno de AMLO a través, precisamente, de Ebrard, con la amenaza de los aranceles, ¿acaso México no cedió y levantó un muro militar para tratar de contener las avalanchas migratorias?
Pese a sus asegunes, no es la política petrolera lo que está por debatirse, sino la eléctrica.
López Obrador asegura que el entuerto “se limita a dos párrafos” del tratado: ‘Reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos Mexicanos de los hidrocarburos”.
Una reportera le preguntó:
–¿Este artículo que mostró ampararía el sector de la electricidad…?
“Sí. Y además en el mismo tratado se establece el procedimiento para lo que tiene que ver con la electricidad, porque dicen: ‘Es que esto tiene que ver nada más con el petróleo, no con la comercialización o con el comercio’.
“¿Cómo no va a tener que ver si la energía eléctrica se produce en su mayor cantidad con gas…?
La salida por peteneras es tan obvia como que se tienen hidroeléctricas y nadie está pidiendo revisar los tratados de aguas México-EU.
El meollo es que López Obrador ha modificado leyes para reimponer los monopolios de la CFE y Pemex contraviniendo tanto la Constitución como los compromisos internacionales y la libre competencia del Estado Mexicano.
Ufano de su empeño por garantizar la soberanía en el T-MEC, quizá no sepa que el 27 de agosto de 2018 su actual embajador en China y negociador de última hora del T-MEC, Jesús Seade, aseguró:
“El presidente electo ha sido muy claro desde toda su campaña, casi en todas las formas, al enfatizar que no va a echar para atrás la reforma energética (de 2013). No piensa cambiar la Constitución. Él respeta el marco legal como lo tenemos y eso incluye por supuesto los contratos, que son parte del marco legal, los contratos como los tenemos…”.
Ese, no otro, es el canijo problemón. (Carlos Marín, Milenio, Política, p. 7)
Muchos empresarios mexicanos están migrando a España en busca de mejores oportunidades de inversión y perspectivas de negocio. Algunos de los principales multimillonarios del país como Carlos Slim, Antonio del Valle, Fernando Chico Pardo, María Asunción Aramburuzabala, Carlos Fernández, David Martínez, Germán Larrea, Valentín Diez Morodo, la familia Baillères y los hermanos Amodío amplían sus horizontes en el país al que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha exigido disculpas por la Conquista de hace más de 500 años.
Los empresarios mexicanos llevan por lo menos tres años buscando oportunidades de inversión en España en los sectores de construcción, inmobiliario, hotelero y financiero. Tras la pandemia, los inversionistas se han afianzado en el mercado español, aprovechando las condiciones financieras, como la depreciación del euro, que cayó hace unos días al nivel del dólar estadounidense, y beneficios gubernamentales para obtener las llamadas “visas doradas” con por lo menos 500 mil dólares de inversión.
Actualmente hay más de 500 empresas mexicanas en España, las cuales generan más de 30 mil puestos de trabajo, según información de la Embajada de México. En los últimos años se han registrado 16 operaciones de fusiones o adquisiciones por cerca de mil millones de euros de firmas nacionales en el mercado español.
El acumulado de inversiones de México en España suma más de 36 mil millones de euros, por lo que el país europeo representa el tercero más importante para la atracción de capitales mexicanos en el extranjero.
Carlos Slim anunció en junio pasado que adquirió 14.4 millones de acciones de la empresa Metrovacesa, dedicada al tratamiento de aguas y construcción, por 125 millones de euros. Lo hizo a través de la firma española FCC, de la cual es el accionista mayoritario. Él y su yerno, Arturo Elías Ayub, también son accionistas del club de futbol Real Oviedo.
El mexicano más activo y que más inversiones tiene en España –donde además vive– es el expresidente de Grupo Modelo, Carlos Fernández, quien es el accionista individual más importante del grupo Santander y tiene posiciones en las inmobiliarias Colonial y Realia, el grupo de medios Prisa y la cadena hotelera AmRest. El multimillonario mexicano está casado con Lucrecia Aramburuzabala, quien junto con su hermana Mariasun –también herederas de Modelo– están invirtiendo en España.
El año pasado, a través de Abilia, adquirieron por 12 millones de euros un conjunto de viviendas de lujo de la antigua sede de la Universidad de Villanueva, en Madrid. El sector financiero también está en el radar de las Aramburuzabala. Su fondo Tresalia está metido en los dos bancos más importantes de España: BBVA, Santander y el Banco Popular.
A través de la firma mexicana RLH Properties, el magnate mexicano Fernando Chico Pardo se hizo del histórico hotel Villa Magna de Madrid por 201 millones de euros y a mediados del año pasado adquirió el lujoso Bless Hotel Madrid. Hace unos meses también cerró la compra del hotel Formentor, de Mallorca, por 165 millones de euros.
Los hermanos Amodío, quienes compraron en mayo de 2020 el 16% de OHL por casi 50 millones de euros, aumentaron su participación a cerca de 26%, invirtiendo un total de 87 millones. La constructora española posee el lujoso Four Seasons de Madrid, donde se ve comúnmente a los dueños de Grupo Caabsa, con estrechas relaciones en la 4T, especialmente en el gobierno capitalino de Claudia Sheinbaum.
Así como estos multimillonarios mexicanos están apostando por España, muchos otros empresarios medianos también buscan propiedades y oportunidades. El flamante embajador mexicano, Quirino Ordaz, llegó con todo el empuje para ayudar a todos aquellos que quieran invertir en el país europeo y viceversa. El Presidente le pidió asesorarse con su amiga, la presidenta de Santander, Ana Botín.
Posdata 1
En cuestión de días o semanas la Secretaría de Economía, que encabeza Tatiana Clouthier, va a presentar una nueva política industrial sectorial que busca darle rumbo y certeza a la inversión nacional y extranjera en el país, a contracorriente, muchas veces, del discurso presidencial.
Posdata 2
La plataforma de compras de gobierno Compranet no va a desaparecer, como se ha esparcido el rumor. Ha estado sin funcionar cerca de 10 días por fallas técnicas en la infraestructura, pero se reactivará. En tanto, los concursos en proceso son presenciales.
Posdata 3
Por vacaciones, esta columna volverá a publicarse el 1 de agosto. (Mario Maldonado, El Universal, Nación, p. A12)